{ "id": "nexus-sen-1-0005-1235080", "citation": "Res. 00854-2024 Sala Segunda de la Corte", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "court_decision", "title_es": "Reestructuración municipal no requiere procedimiento administrativo sancionatorio", "title_en": "Municipal restructuring does not require a disciplinary administrative procedure", "summary_es": "La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso de casación interpuesto por una educadora ambiental de la Municipalidad de San José, quien fue despedida como parte de un proceso de reestructuración administrativa motivado por la caída de ingresos durante la pandemia de COVID-19. La actora alegó violación al debido proceso, falta de estudios técnicos, discriminación y omisión del procedimiento del artículo 308 de la Ley General de la Administración Pública. La Sala confirmó la sentencia de primera instancia, determinando que la prueba documental de la municipalidad era válida y demostraba el cumplimiento de los requisitos: el plan de reorganización afectó al 75% de las dependencias (equivalente al 94% de las plazas), existieron estudios técnicos, y el despido se fundamentó en el artículo 155 inciso b) del Código Municipal y el artículo 16 de la Convención Colectiva. La Sala aclaró que los artículos 308 de la LGAP y 159 del Código Municipal rigen procedimientos sancionatorios, no procesos de reestructuración por razones económicas. También desestimó los alegatos procesales por preclusión y renuncia expresa de la actora a solicitar prueba certificada.", "summary_en": "The Second Chamber of the Supreme Court of Justice rejected the cassation appeal filed by an environmental educator from the Municipality of San José, who was dismissed as part of an administrative restructuring process prompted by a drop in revenues during the COVID-19 pandemic. The plaintiff alleged a violation of due process, lack of technical studies, discrimination, and failure to follow the procedure under Article 308 of the General Public Administration Law. The Chamber upheld the trial court's decision, finding that the municipality's documentary evidence was valid and showed compliance with the requirements: the reorganization plan affected 75% of departments (equivalent to 94% of positions), technical studies were conducted, and the dismissal was based on Article 155(b) of the Municipal Code and Article 16 of the Collective Agreement. The Chamber clarified that Articles 308 of the LGAP and 159 of the Municipal Code govern disciplinary proceedings, not restructuring processes for economic reasons. It also dismissed procedural objections due to preclusion and the plaintiff's express waiver of requesting certified evidence.", "court_or_agency": "Sala Segunda de la Corte", "date": "02/04/2024", "year": "2024", "topic_ids": [ "_off-topic" ], "primary_topic_id": "_off-topic", "es_concept_hints": [ "fuero especial", "reestructuración", "despido con responsabilidad patronal", "Código Municipal", "Convención Colectiva", "debido proceso", "preclusión", "Sala Segunda" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 155(b)", "law": "Código Municipal" }, { "article": "Art. 192", "law": "Constitución Política" }, { "article": "Arts. 540, 541, 486, 587", "law": "Código de Trabajo" }, { "article": "Arts. 133, 159, 308", "law": "Ley General de la Administración Pública" }, { "article": "Art. 16", "law": "Sexta Convención Colectiva de la Municipalidad de San José" } ], "keywords_es": [ "reestructuración municipal", "debido proceso", "despido con responsabilidad patronal", "fuero especial", "artículo 155 Código Municipal", "Convención Colectiva", "prueba documental", "recurso de casación", "Sala Segunda", "estabilidad laboral", "derecho laboral público" ], "keywords_en": [ "municipal restructuring", "due process", "dismissal with employer liability", "special protection (fuero)", "Article 155 Municipal Code", "collective agreement", "documentary evidence", "cassation appeal", "Second Chamber", "employment stability", "public labor law" ], "excerpt_es": "Nuevamente, no es de recibo el agravio, porque los artículos que a los que se refiere la parte recurrente son para procedimientos sancionatorios y en este caso, no existe ninguna sanción, sino que es un proceso de reestructuración en la Municipalidad de San José por una situación económica.\n\nComo se analizó en el considerando tercero supra, el Juzgado de Trabajo de Primer Circuito Judicial de San José le confirió audiencia a la actora para que manifestara lo que considerara necesario con respecto a dicha prueba, sin embargo, hasta la audiencia la accionante se refirió a esta prueba documental. Reproche que había precluido y se aceptaba la prueba documental de acuerdo con el criterio de necesidad consagrado en el numeral 486 del Código de Trabajo. De igual manera, el juez en audiencia le dio la opción a la actora de suspender la audiencia para que se aportara la copia certificada y reprogramar la audiencia complementaria una vez que se aportara la prueba solicitada por la recurrente, pero esta renunció a su solicitud y decidió continuar con la audiencia.", "excerpt_en": "Once again, the objection is not admissible, because the articles referred to by the appellant pertain to disciplinary proceedings and, in this case, there is no sanction involved, but rather a restructuring process in the Municipality of San José due to an economic situation.\n\nAs analyzed in section III above, the Labor Court of the First Judicial Circuit of San José granted the plaintiff an opportunity to state her position regarding that evidence; however, she only addressed this documentary evidence at the hearing. This objection had already precluded, and the documentary evidence was admitted based on the necessity criterion enshrined in Article 486 of the Labor Code. Moreover, during the hearing, the judge gave the plaintiff the option to suspend the hearing so the certified copy could be submitted and the supplementary hearing rescheduled once the evidence requested by the appellant was provided, but she waived her request and decided to continue with the hearing.", "outcome": { "label_en": "Denied", "label_es": "Sin lugar", "summary_en": "The Second Chamber denied the cassation appeal, upholding the validity of the dismissal for restructuring since the legal and contractual requirements were met.", "summary_es": "La Sala Segunda declaró sin lugar el recurso de casación, confirmando la validez del despido por reestructuración al cumplirse los requisitos legales y convencionales." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando IV", "quote_en": "Once again, the objection is not admissible, because the articles referred to by the appellant pertain to disciplinary proceedings and, in this case, there is no sanction involved, but rather a restructuring process in the Municipality of San José due to an economic situation.", "quote_es": "Nuevamente, no es de recibo el agravio, porque los artículos que a los que se refiere la parte recurrente son para procedimientos sancionatorios y en este caso, no existe ninguna sanción, sino que es un proceso de reestructuración en la Municipalidad de San José por una situación económica." }, { "context": "Considerando IV", "quote_en": "In accordance with the Reorganization Plan August 2020, its respective annexes... they certify that effectively 75% of the departments comprising the structure defined for 2020 were budgetarily impacted, a percentage equivalent to 94% of the positions, and that the necessary technical studies existed.", "quote_es": "De conformidad con el Plan de Reorganización Agosto 2020, sus respectivos anexos... acreditan que efectivamente el 75% de las dependencias que componen la estructura definida para el 2020 fue impactada presupuestariamente, porcentaje que es equivalente a un 94% de las plazas y que existieron los estudios técnicos necesarios." }, { "context": "Considerando III", "quote_en": "During the hearing, the judge gave the plaintiff the option to suspend the hearing so the certified copy could be submitted... but she waived her request and decided to continue with the hearing.", "quote_es": "El juez en audiencia le dio la opción a la actora de suspender la audiencia para que se aportara la copia certificada... pero esta renunció a su solicitud y decidió continuar con la audiencia." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0005-1235080", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [ { "doc_id": "norm-40197", "norm_num": "7794", "norm_name": "Código Municipal", "tipo_norma": "Ley", "norm_fecha": "30/04/1998" } ], "sentencias_relacionadas": [], "temas_y_subtemas": [], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Segunda de la Corte\n\nResolución Nº 00854 - 2024\n\nFecha de la Resolución: 02 de Abril del 2024 a las 09:44\n\nExpediente: 21-000101-1178-LA\n\nRedactado por: Luis Porfirio Sánchez Rodríguez\n\nClase de asunto: Proceso especial de protección\n\nAnalizado por: SALA SEGUNDA\n\n\n\nSentencias del mismo expediente\n\nSentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente\n\n\n\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto unánime\n\nRama del Derecho: Laboral\n\nTema: Proceso de protección en fueros especiales y tutela del debido proceso\n\nTema: Debido proceso\n\nTema: Reestructuración\n\nTema: Empleado municipal\n\nPROCESO ESPECIAL DE PROTECCIÓN. INEXISTENCIA DE VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO EN REESTRUCTURACIÓN MUNICIPAL. La Sala rechazó el recurso de casación interpuesto por la actora, quien alegó que su despido, motivado por una reorganización administrativa en la Municipalidad de San José, vulneraba el debido proceso establecido en el artículo 308 de la Ley General de la Administración Pública. Se argumentó que no existieron estudios técnicos adecuados y que el despido fue discriminatorio. Sin embargo, la Sala concluyó que la prueba presentada por la Municipalidad fue legítima, pues cumplió con los requisitos establecidos en la normativa aplicable. También se determinó que el proceso de reestructuración se justificó adecuadamente bajo el artículo 155 inciso b del Código Municipal y el artículo 16 de la Convención Colectiva de los Trabajadores de la Municipalidad de San José. [854-24]\n\n... Ver más\nCitas de Legislación y Doctrina\nTexto de la resolución\n\n\n\n \n\nCorte Suprema de Justicia\n\nSALA SEGUNDA\n\n\t\n\n \n\nExp: 21-000101-1178-LA\n\nRes: 2024000854\n\nSALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cuarenta y cuatro minutos del dos de abril de dos mil veinticuatro .\n\n Proceso de protección por fuero especial y tutela del debido proceso establecido ante el Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José, Sección Primera, por [Nombre 001], bachiller en enseñanza de primer y segundo ciclo, vecina de Cartago, contra la MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ, representada por su alcalde, [Nombre 002], ingeniero, vecino de San José, y contra este último en su carácter personal. Figura como apoderado especial judicial de la actora, el licenciado Juan Carlos Gutiérrez González, abogado, vecino de Heredia. Todos mayores y casados.\n\nRedacta el Magistrado Sánchez Rodríguez; y,\n\nCONSIDERANDO:\n\nI.- ANTECEDENTES: La parte actora interpuso demanda, aduciendo que desde el 6 de setiembre de 2010 ha trabajado en la Municipalidad de San José, en el Departamento de Servicios Ambientales, en el puesto de profesional 1 bajo el mando de la señora [Nombre 003]. Devengó un salario bruto de ochocientos veinticinco mil colones exactos. Desarrolló las funciones de Educación Ambiental y durante todo el tiempo se mantuvo con calificaciones de muy bueno a excelente. Manifestó que, producto del trabajo realizado durante todo el año, se logró obtener la bandera azul ecológica en la Categoría Promoción de la Higiene. Aclaró que, dicho trabajo es en apoyo a la Comisión Programa de Gestión Ambiental Institucional y de acuerdo con el decreto No. 36499-S-MINAE es una obligación institucional contar con dicho programa y presentar los informes semestrales a la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental, del Ministerio de Ambiente y Energía. Señaló que, con motivo de una reorganización debido a una caída en los ingresos proyectados, producto de la pandemia COVID-19, el día 18 de diciembre de 2020 se le despidió con responsabilidad patronal mediante el oficio No. Alcaldía 02881-2020, haciéndose efectivo a partir del día 21 de diciembre de 2020. Exterioriza que, el empleador a través de su equipo gerencial ha considerado que, por falta de recursos, se tomó la decisión de que el programa de Educación Ambiental debía cerrarse, sin embargo, en el Plan de Reorganización no se detalla más allá de una carencia de recursos y se justifica que no se podrían llevar a cabo actividades presenciales por la pandemia. Agrega que, si bien la Municipalidad de San José se fundamenta en el artículo 155 inciso b del Código Municipal debe tenerse presente que la determinación debe ser fundamentada en estudios técnicos y no como el realizado por la demandada que nunca existió en la vida jurídica. Detalló que, se encuentran vigentes normas que protegen el empleo, tal es el caso de la Convención Colectiva de Trabajadores. Consideró que su despido por reestructuración no es más que un despido encubierto, no solo porque no se efectuaron los estudios de rigor sino porque la Municipalidad desaplicó el numeral 16 de la Convención Colectiva. Indicó que, se ha violentado el debido proceso. Asimismo, determinó que, el alcalde municipal, inobservó en todo el proceso el ordinal 308 de la Ley General de la Administración Pública, que garantiza, como funcionario municipal, la existencia de un procedimiento ordinario administrativo previo a mi despido. Finalmente, estableció que, al quedarse sin trabajo ha sufrido un detrimento en su fuente de ingresos y por lo tanto un daño patrimonial. Solicitó que, se acoja en todos sus extremos el proceso y la reinstalación inmediata al cargo de profesional 1 como Educadora Ambiental. Pidió que, se determine la discriminación en el proceso del despido por basarse en criterios definidos por el equipo gerencial y no con base en criterios técnicos objetivos. De igual manera, que se defina la violación al debido proceso al omitirse formalidades descritas en el artículo 155 inciso b del Código Municipal y 16 inciso b de la Convención Colectiva de Trabajadores de la Municipalidad de San José. Se ordene al alcalde a la anulación inmediata del oficio 02881-2020, al pago de ambas costas del proceso, intereses e indexación solidariamente con la Municipalidad y se acoja las medidas cautelares peticionadas. Por último, que, en caso de haberse eliminado ilegalmente la plaza del puesto se le ordene al Concejo Municipal y Alcalde tomar las previsiones presupuestarias a efecto de que se vuelva a crear la plaza. (Escrito presentado el 15 de enero de 2021 a las 8:51:18 ante el Juzgado). El señor [Nombre 002] en su condición personal y como Alcalde de la Municipalidad de San José contestó negativamente la demanda e interpuso la excepción de falta de derecho por cuanto el proceso de la Administración no violenta el debido proceso y además la parte no logra demostrar la discriminación. (Escrito presentado el 27 de abril de 2021 a las 13:15:38 ante el Juzgado). El Juzgado de primera instancia acogió la excepción de falta de derecho y declaró sin lugar la demanda porque concluye que no demostró, la actora, que haya existido una violación al debido proceso o haya sido objeto de alguna conducta discriminatoria por parte de la demandada. Resolvió sin especial condenatoria en costas. (Sentencia incorporada al expediente el 5 de noviembre de 2021 a las 22:24:12) A razón de la inconformidad con la sentencia, la parte actora presentó recurso de casación. (Escrito presentado el 24 de noviembre de 2021 a las 13:55:56 ante el Juzgado)\n\nII.- AGRAVIOS: Razones procesales: La parte accionante alega incongruencia en la sentencia porque no se resuelve un punto fundamental, específicamente la ausencia del debido proceso previsto en el artículo 308 de la Ley General de la Administración Pública. Indica que, el funcionario público tiene un doble fuero de protección especial: primero, el derivado de las disposiciones del numeral 192 de la Constitución Política y segundo, el correspondiente al procedimiento ordinario administrativo desarrollado en el artículo 308 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública. El juez no se refirió en su sentencia si existía o no un expediente administrativo en donde se diera la apertura de un procedimiento administrativo en contra de la demandante. De igual manera, reprocha una falta de fundamentación o fundamento insuficiente porque la resolución se fundamenta en la prueba documental sin certificar, y a su vez fue presentada extemporánea. Se encuentra disconforme porque declaró la prueba testimonial como complaciente y no se indicó las razones por las cuales dicha prueba la calificó como tal y no señaló las contradicciones entre la testimonial y la documental. Cita el canon 560 del Código de Trabajo, la sentencia número 279-2021 del Tribunal de Apelación Civil y Laboral de Cartago del 10 de agosto de 2021, y la resolución de esta Sala número 1505-2021 del pasado 7 de julio de 2021. Acusan fundamentación de la sentencia en medios probatorios no sólo ilegítimos, sino que fueron introducidos ilegalmente al proceso de conformidad con el numeral 543 y 544 del Código de Trabajo. Señala que, de una simple interpretación de la norma se desprende la obligación del juez a contar con el expediente administrativo certificado y si no fuere aportado su omisión se debe sancionar con que la acción se declare con lugar. Detalla que, en audiencia se le planteó al juez la respectiva oposición por la admisibilidad de la prueba sin certificar ofrecida por la accionada, pero esta fue rechazada por el juzgador. Reitera que, en materia de proceso de fueros especiales, la prueba que es conforme con el ordenamiento jurídico es el expediente administrativo debidamente certificado y como en el caso concreto no se aportó, la totalidad de la prueba ofrecida por la Municipalidad es ilegítima. Estima que, existe una indebida valoración de la prueba documental admitida a la Municipalidad y la testimonial evacuada en audiencia. Insiste en la prueba primordial es el expediente debidamente certificado. Resalta nuevamente que calificar la testimoniales fueron complacientes por el simple hecho de ser contraria a la prueba documental de la Municipalidad es igualmente a hacer una indebida valoración de la prueba. Finalmente, estableció que no se valoró la ausencia del expediente administrativo del debido proceso.  Razones de fondo: La parte recurrente expresa que, la sentencia de primera instancia incurre en una violación al artículo 192 de la Constitución Política, 540 y 541 del Código de Trabajo, 308 y 133 de la Ley General de la Administración Pública y 159 del Código Municipal. Hace referencia a los votos números 1425-2007 del 12 de octubre de 2007 y 1995-00426 de las nueve horas con cuarenta y dos minutos del veinte de enero de mil novecientos noventa y cinco de Sala Constitucional. Concluye que, la Sala Constitucional ha insistido en la necesidad de que, de manera previa a la implementación de la reorganización, se contara con la disponibilidad presupuestaria para hacer las erogaciones respectivas. Exterioriza que, al contrastar el contenido de las resoluciones citadas con el proceso de reestructuración que se llevó a cabo en la Municipalidad demandada se deduce que quedó debiendo los estudios técnicos, que estos fueran elaborados por los funcionarios municipales y que fueran aprobados por el Concejo Municipal. Agrega que, la Contraloría General de la República negó la disponibilidad presupuestaria para la ejecución del plan de reestructuración y además de que fue un proceso subjetivo, oscuro y apurado. Manifiesta que, los funcionarios municipales son funcionarios públicos y en esa medida están protegidos por el principio de estabilidad previsto en el artículo 192 de la Constitución Política y, por lo tanto, el previo al despido debe llevarse a cabo el debido proceso contemplado en el ordinal 308 de la Ley General de la Administración Pública. Menciona la sentencia número 10172-2010 del 11 de junio de 2010 de Sala Constitucional en donde se hace alusión a la trascendencia que tiene el procedimiento administrativo para el efectivo ejercicio del derecho de defensa. Bajo esta línea, se refiere al voto número 4287-93 de las quince horas con doce minutos del primero de setiembre de mil novecientos noventa y tres. Insiste en que para remover a cualquier servidor no es suficiente con dar cumplimiento a los trámites de un proceso de reorganización administrativa. Considera que es claro que los estudios municipales fueron subjetivos y complacientes y que la escogencia fue una manera de represalia. Argumenta que, si se observa el acto impugnado, se puede apreciar que las razones en él estipuladas resultan en extremos generales y omiten cualquier alusión que permita sustentar la elección de la plaza a suprimir. Explica que, ninguna de las copias simples contiene un traslado de cargos con señalamiento de audiencia oral y privada con un plazo mínimo de quince días hábiles para preparar la defensa, el acta de la audiencia y el acto final, por lo tanto, se violenta el numeral 159 de Código Municipal. Razona que, con el incumplimiento del artículo 16 de la Convención Colectiva se esta violando el debido proceso que defiende la estabilidad laboral de un trabajador. Cita la sentencia número 2006-0002 de las nueve horas con cuarenta minutos del dieciocho de enero de dos mil seis. Remite al ordinal 62 de la Constitución Política y menciona criterios de la Procuraduría General de la República y de esta Sala. Finalmente, se encuentra inconforme por una ilegítima aplicación del régimen probatorio porque el juzgador incumplió una norma de imperio que le obligaba a contar con prueba certificada, admitió la incorporación de prueba ilegítima, la cual posteriormente utilizó para fundamentar los hechos probados de la sentencia y para desvirtuar la testimonial ofrecida por la accionante. Solicita que se revoque la sentencia y se declare con lugar la demanda.\n\nIII.- SOBRE LAS RAZONES PROCESALES: a. Sobre la incongruencia:  El ordinal 587 del Código de Trabajo admite el recurso de casación por vicios de orden procesal, en los supuestos que ahí se regulan de manera taxativa. Esta Sala, por medio de la resolución número 156-2002 de las 09:45 horas del 12 de abril del 2002, definió que: “(…) II.- El derecho a la congruencia, integrante del debido proceso, exige que las sentencias sean armoniosas en sí mismas y que se ajusten a los términos de la litis, de tal manera que resuelvan todas las cuestiones propuestas y tan sólo éstas. Obliga, por lo tanto, al órgano jurisdiccional a no omitir pronunciarse sobre alguno o sobre varios de los extremos debatidos durante la sustanciación del proceso (incongruencia infra petita), a no conceder más de lo solicitado en el petitum (incongruencia ultra petita) y a no otorgar uno o más derechos no reclamados, teniendo en consideración aspectos fácticos que no estuvieron comprendidos en la causa de pedir (incongruencia extra petita). (...) (Voto N° 322, de las 14:30 horas, del 17 de diciembre de 1997; y, también se pueden consultar los números 47, de las 9:40 horas del 4 de marzo de 1994; y 42, de las 16:40 horas del 19 de febrero de 1997)” (lo subrayado no es del original). En este caso, la parte recurrente alega la incongruencia en el fallo porque el juez no resuelve un punto fundamental sometido a debate, es decir la ausencia del debido proceso previsto en el artículo 308 de la Ley General de la Administración Pública. El inciso 2° del numeral citado prevé como motivo de casación por la forma la incongruencia de la sentencia u oscuridad absoluta de esta última parte, estableciendo como requisito de admisibilidad el agotamiento del trámite de adición y aclaración. Ante tal omisión, la parte afectada debió agotar la gestión referida, pero no lo hizo; circunstancia que impide admitir el recurso por razones de orden procesal. b. Sobre la falta de fundamentación o fundamento insuficiente: La actora indica que, durante la audiencia celebrada en el presente proceso, se atacó por todos los medios procesales disponibles la prueba ofrecida por la Municipalidad debido a que dicha prueba había sido presentada en copia simple sin embargo dichos reproches se rechazaron por medio del artículo 481 del Código de Trabajo. Ahora bien, en sentencia de primera instancia, el juez fundamentó toda su sentencia en la prueba documental sin certificar y también declaró la prueba testimonial como complaciente sin indicar las razones por las cuales dicha prueba parecía de esa manera. Con respecto al tema de la fundamentación, esta Sala se ha pronunciado en reiteradas ocasiones y específicamente mediante el voto de número 181 de las 9:45 horas del 05 de febrero del año 2010 mencionó: “La fundamentación de la sentencia es la labor intelectiva del juzgador empleada para justificar la decisión que adopta con respecto al asunto que es sometido a su conocimiento. Para ello el operador del derecho, debe hacer constar los motivos fácticos y jurídicos que le sirven para sustentar su criterio, pues de lo contrario su decisión será arbitraria. Lo anterior no es mero requisito de forma de la sentencia, sino una exigencia derivada del principio del debido proceso, ya que, por medio de la motivación del fallo, tanto actor como demandado podrán hacer uso de los recursos ordinarios que les otorga la legislación, con el fin de realizar el control del poder jurisdiccional”. De ahí que los artículos 421 y 560 del Código de Trabajo regulan expresamente la obligación de razonar las decisiones. Este último canon señala que en la parte considerativa de la sentencia se tienen que indicar “(…) los medios de prueba en que se apoya la conclusión y las razones que la amparan y los criterios de valoración empleados, para cuyo efecto deberá dejarse constancia del análisis de los distintos elementos probatorios evacuados, mediante una explicación detallada y exhaustiva de cada uno de ellos… se darán las razones de hecho, jurídicas, doctrinales y jurisprudenciales, se bastanteará la procedencia o improcedencia de las proposiciones... Es indispensable citar las normas jurídicas que sirven de base a las conclusiones sobre la procedencia o improcedencia de las pretensiones o excepciones propuestas”. Al respecto, revisada la sentencia venida en alzada, esta Sala considera que el juez de instancia sí expuso las razones jurídicas, de hecho, probatorias y jurisprudenciales, por las cuales, consideró que a la actora no se le asiste derecho a lo pretendido. No obstante, por la redacción de dicho agravio se percibe que es una cuestión más de fondo que de forma, mismo que será analizado en el siguiente considerando, por lo anterior, no es de recibo el agravio. c. Sobre la fundamentación de la sentencia en medios probatorios ilegítimos o introducidos ilegalmente al proceso: Se encuentra disconforme porque la parte accionante le planteó al juez la respectiva oposición por la admisibilidad de la prueba sin certificar ofrecida por la Municipalidad y se le explicó que en materia municipal quien tiene la competencia para certificar es la Secretaría del Concejo Municipal, pero la misma fue rechazada procediéndose a revocar esa decisión pero al final se impuso la voluntad del juez. Asimismo, agrega que el juez admitió esa prueba siendo extemporánea, bajo el mecanismo de prueba complementaria.  Revisado el expediente completo, esta Sala considera que no lleva razón la parte demandante. El Juzgado de Trabajo de Primer Circuito Judicial de San José, en su resolución de las diez horas con tres minutos del treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, le confirió audiencia a la actora por el plazo de tres días para que manifestara lo que considerara necesario, sin embargo, fue hasta la audiencia del quince de octubre de dos mil veintiuno que la accionante se refirió a esta prueba documental. En dicha audiencia el juez fue claro en establecer que dicho derecho ya precluyó y que fundamento su decisión en que aceptaba la prueba porque era necesaria para la resolución del caso y de conformidad con el numeral 486 del Código de Trabajo. Bajo esta línea de hecho, el juez en audiencia le dio la opción a la actora de suspender la audiencia para que se aportara la copia certificada y reprogramar la audiencia complementaria una vez que se aportara la prueba solicitada por la recurrente. No obstante, la parte renunció a su solicitud y decidió continuar con la audiencia. (minuto 39 segundo 55 del audio de la audiencia incorporada al expediente el 15 de octubre de dos mil veintiuno a las 16:08:03) Por otro lado, con relación a la extemporaneidad de la presentación de dicha prueba, no es de recibo no solo porque ya se encuentra precluido, sino que es un alegato novedoso y de acuerdo con el numeral 589 del Código de Trabajo no podrán ser objeto de casación cuestiones que no hayan sido propuestas o debatidas oportunamente por los litigantes. Es por lo anterior que se rechaza el agravio. d. Sobre la indebida valoración de la prueba: Dentro de las razones procesales que plantea la parte vencida en el recurso se argumenta una indebida valoración de la prueba, sin embargo, por la redacción y al no ser causal de casación por la forma regulada en el artículo 587 del Código de Trabajo, esta Sala lo analizara en el siguiente considerando, por lo anterior, no es de recibo el agravio como razón procesal.\n\nIV.- SOBRE LAS RAZONES DE FONDO: La parte actora muestra su disconformidad con el fallo de primera instancia porque se incurrió en la violación al artículo 192 de la Constitución Política, 540 y 541 del Código de Trabajo, 308 y 133 de la Ley General de la Administración Pública y 159 del Código Municipal.  El numeral 192 de la Constitución Política regula que: “Con las excepciones que esta Constitución y el estatuto de servicio civil determinen, los servidores públicos serán nombrados a base de idoneidad comprobada y sólo podrán ser removidos por las causales de despido justificado que exprese la legislación de trabajo, o en el caso de reducción forzosa de servicios, ya sea por falta de fondos o para conseguir una mejor organización de los mismos.”  (Sic. Resaltado en negrita no es del original) Ahora bien, el ordinal 540 del Código de Trabajo estipula: “Las personas trabajadoras, tanto del sector público como del privado, que en virtud de un fuero especial gocen de estabilidad en su empleo o de procedimientos especiales para ser afectados, podrán impugnar en la vía sumarísima prevista en esta sección, con motivo del despido o de cualquier otra medida disciplinaria o discriminatoria, la violación de fueros especiales de protección, de procedimientos a que tienen derecho, formalidades o autorizaciones especialmente previstas. Se encuentran dentro de esa previsión: 1) Los servidores y las servidoras del Estado en régimen de servicio civil, respecto del procedimiento ante el Tribunal de Servicio Civil que les garantiza el ordenamiento. 2) Las demás personas trabajadoras del sector público para la tutela del debido proceso o fueros semejantes, a que tengan derecho de acuerdo con el ordenamiento constitucional o legal. 3) Las mujeres en estado de embarazo o período de lactancia, según se establece en el artículo 94 de este Código. 4) Las personas trabajadoras adolescentes, conforme lo manda el artículo 91 de la Ley N.° 7739, Código de la Niñez y la Adolescencia, de 6 de enero de 1998. 5) Las personas cubiertas por el artículo 367 de este Código y cualquier otra disposición tutelar del fuero sindical. 6) Las denunciantes y los denunciantes de hostigamiento sexual, tal como se establece en la Ley N.º 7476, Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia, de 3 de febrero de 1995. 7) Las personas trabajadoras indicadas en el artículo 620 de este Código. 8) Quienes gocen de algún fuero semejante mediante ley, normas especiales o instrumento colectivo de trabajo. La tutela del debido proceso podrá demandarse en esta vía, cuando se inobserve respecto de las personas aforadas a que se refiere este artículo. También, podrán impugnarse en la vía sumarísima prevista en esta sección, los casos de discriminación por cualquier causa, en contra de trabajadores o trabajadoras, que tengan lugar en el trabajo o con ocasión de él.” La parte vencida fundamentó su demanda en el inciso segundo del canon citado supra. Además, concordó este con el numeral 541 inciso a que enuncia: “Las personas indicadas en el artículo anterior tendrán derecho a un debido proceso, previo al despido, el cual se regirá por las siguientes disposiciones: a) El debido proceso de las personas indicadas en los incisos 1), 2) y 8) del artículo anterior se regulará por el procedimiento administrativo de la dependencia competente conforme a la norma de tutela correspondiente, salvo el caso del inciso 8) en que no esté previsto un debido proceso.”  Es así como lo primordial en este proceso es definir si existió una violación al debido proceso. El juez de primera instancia tuvo como hechos probados: “(…) 2-) Que el despido inciso b) del Código de Trabajo, y artículo 16 párrafo segundo inciso a) de la Convención Colectiva de la Institución. (hecho séptimo de la demanda, prueba documental N° 1, aportada con la demanda que es carta de despido visible a imágenes 47 a 75; Copia de Convención Colectiva aportada por las partes). 3-) Conforme acuerdo 1, Artículo único de la Sesión extraordinaria N° 009 celebrada por el Consejo Municipal del Cantón de San José, el día 09 de septiembre del año 2020, Se autorizó al Alcalde Municipal a la aplicación, trámite y ejecución de la figura de Movilidad Laboral Voluntaria, así como la figura jurídica de Proceso de Reestructuración en la Municipalidad de San José. (Prueba documental visible imágenes 465 a 542) 4-) Que la Municipalidad de San José estableció el Plan Reorganizacional para la Municipalidad de San José, en el cual se abordaron elementos jurídicos, financieros y técnicos para el mismo. (ver copia del plan Reorganización y anexos, incluido el Informe de la Auditoría Interna, Informe de Diagnósticos Asuntos Jurídicos; visibles imágenes 543 a 743, prueba documental no objetada ni desvirtuada por la parte actora). 5) Que los planes de Reorganización de la Municipalidad de San José fueron socializados por dicha ALCALDÍA, en la cual se señalaba como uno de sus factores el impacto de los ingresos de la Municipalidad producto de la Pandemia, y su afectación en todos los sectores económicos del país. (Lo anterior se desprende del Oficio ALCALDIA -01081-2020 de fecha 05 de junio del año 2020, visibles imágenes 744 a 748; ver además oficios DTH-027-200 del 04 de septiembre del año 2020 y DTH-044-2020 de la misma fecha suscritos por el Secretario de la Junta de Relaciones Laborales de la Municipalidad de San José, visible imágenes 749 a 751; copia de acta sesión ordinaria N° 031-2020 en la cual de igual forma fue partícipe la Junta de Relaciones Laborales). 6) Que los estudios técnicos que propiciaron la reorganización efectuada, y conllevó la supresión con responsabilidad patronal de la actora se fundamentó en el numeral 155 de plazas incluidas la plaza de la actora en este proceso, fueron puestas en conocimiento de la Junta de Relaciones Laborales (Lo anterior se desprende del propio oficio aportado por la parte actora JRL-178-2020 de fecha 18 de diciembre del año 2020, en donde dicha Junta en el punto 3. que esto lo fue en fecha 10 de septiembre del año 2020; copia del oficio DTH-044-2020 de fecha 04 de septiembre del año 2020, visible imagen 316; oficio JRL-179-2020 fecha 18 de diciembre del año 2020; 7-) Que con base en los análisis y estudios técnicos previstos con relación al proceso de reorganización o la reestructuración involucró el 75% de las dependencias que componen la estructura definida para el año 2020, equivalente al 94% del total de la estructura de plazas de la Municipalidad, motivada por la reestructuración de plazas, movilidad laboral, supresión de plazas vacantes y transformaciones (ver plan Reorganización y anexos, incluido el Informe de la Auditoría Interna, Informe de Diagnósticos Asuntos Jurídicos; visible imagen 543 a 743; oficio DTH-0159-2020; oficio ALCALDÍA -01728-2021 de fecha 08 de julio 2021, dirigido a la Dirección Nacional de Inspección del Trabajo, que consta en carpeta de escritos ingresado el día 27/08/2021 11:28:36). (…)” (Sic.) Esta Sala al estudiar el expediente y analizar la prueba documental y testimonial aportada al proceso concluye que lleva razón el juzgador en su sentencia. Según la carta de despido, el despido se fundamenta en el artículo 155 inciso b del Código Municipal en el cual se indica que los servidores municipales protegidos por esta ley gozarán de los siguientes derechos, además de los dispuestos en otras leyes: “b) La municipalidad podrá finalizar los contratos de trabajo con responsabilidad patronal, fundamentada en estudios técnicos relacionados con el cierre de programas, la reducción forzosa de servicios por falta de fondos o la reorganización integral de sus dependencias que el buen servicio público exija.” Y en el artículo 16 de la Sexta Convención Colectiva de la Municipalidad de San José, mismo que señala: “Ningún empleado de la Municipalidad de San José, independientemente de la categoría (jerarquía), podrá ser destituido sin causa justa, estipulada en las leyes de trabajo y la Convención Colectiva vigente, ni aún con pago de prestaciones legales, por supresión de plazas vía Presupuesto Ordinario o Modificación al mismo. No ostente, la Municipalidad podía dar por concluidos los contratos de trabajo, previo pago de las prestaciones legales que pudieren corresponder, de acuerda a este Convenio y cuando estime que el pago está comprendido en alguna de las siguientes excepciones muy calificadas: a) Reducción forzosa de servicio de trabajo, para conseguir una más eficaz y económica organización del mismo, siempre que esta reorganización, afecte por lo menos al 60% de los trabajadores de la Municipalidad. b) Reducción forzosa de servicios de trabajo por falta absoluta de fondos, previa comprobación de la misma por parte de la Controlaría General de la República y la Junta de Relaciones Laborales, a la cual la Municipalidad se compromete o suministrar los informes respectivos.”  (Sic. Resaltado en negrita no es del original) De conformidad con el Plan de Reorganización Agosto 2020, sus respectivos anexos, el Informe de Auditoria Interna Agosto 2020, el Informe de análisis ocupacional de asistentes de gerencia Agosto 2020, Oficio AI-159-2020 del 18 de agosto de 2020, el Informe Diagnostico Dirección Asuntos Jurídicos Junio 2020, Oficio DTH-306-2021 y específicamente el oficio Alcaldía-01728-2021 del 8 de julio de 2021 acreditan que efectivamente el 75% de las dependencias que componen la estructura definida para el 2020 fue impactada presupuestariamente, porcentaje que es equivalente a un 94% de las plazas y que existieron los estudios técnicos necesarios. Así las cosas, se cumple con el requisito del artículo 16 inciso a de la Convención Colectiva misma que daba aval para dar por concluido el contrato de trabajo de la accionante. No lleva razón la parte actora que se violentan dichas normas, porque en este caso estamos en el supuesto a del ordinal 16 de la Convención Colectiva y no en el inciso b como lo defiende la parte actora. Bajo esta línea, como se determinó anteriormente, la prueba documental es válida y, por ende, al ser analizada en conjunto con la prueba testimonial (de acuerdo al numeral 481 del Código de Trabajo) ambas pruebas no se contradicen, toda vez que la testimonial solamente demuestra los requisitos que no son aplicables al caso, es decir, que no se cumple el inciso b del canon en discusión. Al no haber prueba por parte de la actora que desacredite los medios probatorios aportados por la parte demandada no se puede concluir que no se realizó el debido proceso.  Por otro lado, manifiesta que los funcionarios municipales son funcionarios públicos y en esa medida están protegidos por el principio de estabilidad previsto en el artículo 192 de la Constitución Política y, por lo tanto, el previo al despido debe llevarse a cabo el debido proceso contemplado en el ordinal 308 de la Ley General de la Administración Pública. Asimismo, explica que ninguna de las copias simples contiene un traslado de cargos con señalamiento de audiencia oral y privada con un plazo mínimo de quince días hábiles para preparar la defensa, el acta de la audiencia y el acto final, por lo tanto, se violenta el numeral 159 de Código Municipal, mismo que estipula que: “Los servidores o las servidoras podrán ser removidos de sus puestos cuando incurran en las causales de despido que determina el artículo 81 de la Ley N.° 2, Código de Trabajo, de 27 de agosto de 1943, y las dispuestas en este Código. El despido deberá estar sujeto tanto al procedimiento previsto en el libro segundo de la Ley general de la Administración Pública, como a las siguientes normas: a) En caso de que el acto final disponga la destitución del servidero servidora, esta persona podrá formular, dentro del plazo de ocho días hábiles, contado a partir de la notificación del acto final, un recurso de apelación para ante el tribunal de trabajo del circuito judicial a que pertenece la municipalidad. b) Dentro del tercer día, el alcalde o alcaldesa remitirá la apelación con el expediente respectivo a la autoridad judicial, que resolverá según los trámites ordinarios dispuestos en el Código de Trabajo y tendrá la apelación como demanda. El tribunal laboral podrá rechazar, de plano, la apelación cuando no se ajuste al inciso anterior. c) La sentencia del tribunal de trabajo resolverá si procede el despido o la restitución del empleado o empleada a su puesto, con pleno goce de sus derechos y el pago de los salarios caídos. En la ejecución de sentencia, el servidor o servidora municipal podrá renunciar a ser reinstalado, a cambio de la percepción del importe del preaviso y el auxilio de cesantía que puedan corresponderle, y el monto de dos meses de salario por concepto de daños y perjuicios. d) El procedimiento anterior será aplicable, en lo conducente, a las suspensiones sin goce de sueldo determinadas en el artículo 158 de esta ley.” (Sic.) Nuevamente, no es de recibo el agravio, porque los artículos que a los que se refiere la parte recurrente son para procedimientos sancionatorios y en este caso, no existe ninguna sanción, sino que es un proceso de reestructuración en la Municipalidad de San José por una situación económica.  Finalmente, reitera la parte accionante la existencia de una ilegitima aplicación del régimen probatorio porque el juzgador incumplió una norma de imperio que le obligaba a contar con prueba certificada, admitió la incorporación de prueba ilegítima, la cual posteriormente utilizó para fundamentar los hechos probados de la sentencia y para desvirtuar la testimonial ofrecida por la accionante e insiste en la prueba primordial es el expediente debidamente certificado. Resalta de nuevo que calificar la testimoniales fueron complacientes por el simple hecho de ser contraria a la prueba documental de la Municipalidad es igualmente a hacer una indebida valoración de la prueba.  Como se analizó en el considerando tercero supra, el Juzgado de Trabajo de Primer Circuito Judicial de San José le confirió audiencia a la actora para que manifestara lo que considerara necesario con respecto a dicha prueba, sin embargo, hasta la audiencia la accionante se refirió a esta prueba documental. Reproche que había precluido y se aceptaba la prueba documental de acuerdo con el criterio de necesidad consagrado en el numeral 486 del Código de Trabajo. De igual manera, el juez en audiencia le dio la opción a la actora de suspender la audiencia para que se aportara la copia certificada y reprogramar la audiencia complementaria una vez que se aportara la prueba solicitada por la recurrente, pero esta renunció a su solicitud y decidió continuar con la audiencia. (minuto 39 segundo 55 del audio de la audiencia incorporada al expediente el 15 de octubre de dos mil veintiuno a las 16:08:03) Por lo anterior, este órgano reitera que no es el momento procesal para alegar dicho agravio y también se denota la mala fe por parte de la accionante al insistir en el tema precluido, máxime que el juzgador de primera instancia le había otorgado el poder de decidir en que se aportara la copia certificada que reclama y ella renunció expresamente a dicha opción. De conformidad con las razones esgrimidas no son de recibo.\n\nV.- CONSIDERACIONES FINALES: Con base en los argumentos anteriormente descritos, se procede a declarar sin lugar el recurso.\n\nPOR TANTO:\n\nSe declara sin lugar el recurso. \n\nRes: 2024000854\n\nCCASTRILLO\n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nLuis Porfirio Sánchez Rodríguez\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nJulia Varela Araya\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Enrique Olaso Álvarez\n\n\n\n\nRoxana Chacón Artavia\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nOlman Gerardo Ugalde Gonzalez\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n INOOYSE4ZPW61\n\n1\n\n \n\nClasificación elaborada por SALA SEGUNDAdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 13:45:49.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "**SALA SEGUNDA OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE.** San José, at nine hours forty-four minutes on April second, two thousand twenty-four.\n\nProtection process for special immunity (fuero especial) and safeguard of due process established before the Labor Court of the First Judicial Circuit of San José, First Section, by [Name 001], bachelor in primary and secondary education, resident of Cartago, against the MUNICIPALITY OF SAN JOSÉ, represented by its mayor, [Name 002], engineer, resident of San José, and against the latter in his personal capacity. Licensed attorney Juan Carlos Gutiérrez González, lawyer, resident of Heredia, acts as special judicial representative of the plaintiff. All of legal age and married.\n\nDrafted by Judge Sánchez Rodríguez; and,\n\nCONSIDERING:\n\nI.- BACKGROUND: The plaintiff filed a lawsuit, alleging that since September 6, 2010, she has worked for the Municipality of San José, in the Department of Environmental Services, in the position of professional 1 under the command of Mrs. [Name 003]. She earned a gross salary of exactly eight hundred twenty-five thousand colones. She performed Environmental Education functions and throughout the entire time maintained ratings from very good to excellent. She stated that, as a result of the work carried out throughout the year, the ecological blue flag in the Hygiene Promotion Category was obtained. She clarified that this work supports the Institutional Environmental Management Program Commission and according to Decree No. 36499-S-MINAE, it is an institutional obligation to have such a program and to submit semi-annual reports to the Directorate of Environmental Quality Management of the Ministry of Environment and Energy. She indicated that, due to a reorganization prompted by a drop in projected revenues resulting from the COVID-19 pandemic, on December 18, 2020, she was dismissed with employer liability through official letter No. Alcaldía 02881-2020, effective as of December 21, 2020. She explains that the employer, through its management team, considered that due to a lack of resources, the decision was made that the Environmental Education program had to be closed; however, the Reorganization Plan does not detail beyond a lack of resources and justifies that in-person activities could not be carried out due to the pandemic. She adds that, although the Municipality of San José bases its action on Article 155 subsection b of the Municipal Code, it must be kept in mind that the determination must be supported by technical studies and not like the one carried out by the defendant, which never had legal existence. She detailed that norms protecting employment are in force, such as the Workers' Collective Bargaining Agreement. She considered that her dismissal due to restructuring is nothing more than a disguised dismissal, not only because the rigorous studies were not carried out but because the Municipality failed to apply numeral 16 of the Collective Bargaining Agreement. She indicated that due process has been violated. Likewise, she determined that the municipal mayor disregarded, throughout the entire process, ordinal 308 of the General Law of Public Administration, which guarantees, as a municipal official, the existence of a prior ordinary administrative procedure before her dismissal. Finally, she established that, upon losing her job, she has suffered a detriment to her source of income and therefore patrimonial damage. She requested that the process be upheld in all its aspects and immediate reinstatement to the position of professional 1 as Environmental Educator. She requested that discrimination be determined in the dismissal process for being based on criteria defined by the management team and not on objective technical criteria. Similarly, that the violation of due process be defined by omitting formalities described in Article 155 subsection b of the Municipal Code and Article 16 subsection b of the Workers' Collective Bargaining Agreement of the Municipality of San José. That the mayor be ordered to immediately annul official letter 02881-2020, to pay both costs of the process, interest, and indexation jointly and severally with the Municipality, and that the requested precautionary measures be granted. Finally, that, in the event the position was illegally eliminated, the Municipal Council and Mayor be ordered to take the necessary budgetary provisions to recreate the position. (Brief filed on January 15, 2021, at 8:51:18 before the Court). Mr. [Name 002], in his personal capacity and as Mayor of the Municipality of San José, answered the lawsuit negatively and raised the defense of lack of right because the Administration's process does not violate due process and, furthermore, the party fails to demonstrate discrimination. (Brief filed on April 27, 2021, at 13:15:38 before the Court). The Court of first instance upheld the defense of lack of right and dismissed the lawsuit because it concludes that the plaintiff did not demonstrate that there was a violation of due process or that she was subjected to any discriminatory conduct by the defendant. It ruled without special award of costs. (Judgment incorporated into the case file on November 5, 2021, at 22:24:12). Due to disagreement with the judgment, the plaintiff filed an appeal for cassation. (Brief filed on November 24, 2021, at 13:55:56 before the Court).\n\nII.- GRIEVANCES: Procedural grounds: The plaintiff alleges inconsistency in the judgment because a fundamental point is not resolved, specifically the absence of the due process provided for in Article 308 of the General Law of Public Administration. She indicates that the public official has a double special protection immunity (fuero): first, the one derived from the provisions of numeral 192 of the Political Constitution, and second, the one corresponding to the ordinary administrative procedure developed in Article 308 and following of the General Law of Public Administration. The judge did not refer in his judgment to whether or not there was an administrative file where the opening of an administrative procedure against the plaintiff was initiated. Similarly, she reproaches a lack of reasoning or insufficient reasoning because the decision is based on uncertified documentary evidence, which was also submitted untimely. She disagrees because the judge declared the testimonial evidence to be complacent, and the reasons why he classified said evidence as such were not indicated, nor were the contradictions between the testimonial and documentary evidence pointed out. She cites canon 560 of the Labor Code, judgment number 279-2021 of the Civil and Labor Appeals Court of Cartago of August 10, 2021, and the decision of this Chamber number 1505-2021 of last July 7, 2021. They accuse the judgment of being based on evidentiary means that are not only illegitimate but were illegally introduced into the process in accordance with numerals 543 and 544 of the Labor Code. She points out that a simple interpretation of the norm reveals the judge's obligation to have the certified administrative file, and if it was not provided, its omission must be sanctioned by upholding the action. She details that, in the hearing, the respective objection was raised to the judge regarding the admissibility of the uncertified evidence offered by the defendant, but this was rejected by the judge. She reiterates that, in matters of special immunity (fueros especiales) processes, the evidence that conforms to the legal system is the duly certified administrative file, and since it was not provided in this specific case, the entirety of the evidence offered by the Municipality is illegitimate. She considers that there is an improper valuation of the documentary evidence admitted to the Municipality and the testimonial evidence presented at the hearing. She insists that the primary evidence is the duly certified file. She highlights again that classifying the testimonial evidence as complacent simply because it contradicts the Municipality's documentary evidence is equally to carry out an improper valuation of evidence. Finally, she established that the absence of the administrative file for due process was not assessed. Grounds on the merits: The appellant expresses that the first-instance judgment incurs a violation of Article 192 of the Political Constitution, Articles 540 and 541 of the Labor Code, Articles 308 and 133 of the General Law of Public Administration, and Article 159 of the Municipal Code. She refers to rulings numbers 1425-2007 of October 12, 2007, and 1995-00426 of nine hours forty-two minutes on January twentieth, nineteen ninety-five, from the Constitutional Chamber. She concludes that the Constitutional Chamber has insisted on the need, prior to the implementation of the reorganization, to have the budgetary availability to make the respective disbursements. She explains that, upon contrasting the content of the cited decisions with the restructuring process carried out in the defendant Municipality, it is deduced that it lacked the technical studies, that these were prepared by municipal officials, and that they were approved by the Municipal Council. She adds that the Office of the Comptroller General of the Republic denied the budgetary availability for the execution of the restructuring plan and, furthermore, that it was a subjective, obscure, and rushed process. She states that municipal officials are public officials and, to that extent, are protected by the principle of stability provided for in Article 192 of the Political Constitution and, therefore, prior to the dismissal, the due process contemplated in ordinal 308 of the General Law of Public Administration must be carried out. She mentions judgment number 10172-2010 of June 11, 2010, from the Constitutional Chamber, where reference is made to the importance of the administrative procedure for the effective exercise of the right to defense. Along these lines, she refers to ruling number 4287-93 of fifteen hours twelve minutes on September first, nineteen ninety-three. She insists that to remove any public servant, it is not sufficient merely to comply with the formalities of an administrative reorganization process. She considers it clear that the municipal studies were subjective and complacent, and that the selection was a form of retaliation. She argues that, if the impugned act is observed, it can be seen that the reasons stipulated therein are extremely general and omit any allusion that would allow supporting the choice of the position to be eliminated. She explains that none of the simple copies contains a formal statement of charges with a scheduled oral and private hearing with a minimum period of fifteen business days to prepare a defense, the hearing minutes, and the final act; therefore, numeral 159 of the Municipal Code is violated. She reasons that non-compliance with Article 16 of the Collective Bargaining Agreement violates the due process that defends a worker's job stability. She cites judgment number 2006-0002 of nine hours forty minutes on January eighteenth, two thousand six. She refers to ordinal 62 of the Political Constitution and mentions criteria from the Office of the Attorney General of the Republic and this Chamber. Finally, she disagrees with an illegitimate application of the evidentiary regime because the judge failed to comply with a mandatory rule that obliged him to have certified evidence, admitted the incorporation of illegitimate evidence, which he subsequently used to support the proven facts of the judgment and to discredit the testimonial evidence offered by the plaintiff. She requests that the judgment be revoked and the lawsuit be upheld.\n\nIII.- ON THE PROCEDURAL GROUNDS: a. On the inconsistency: Ordinal 587 of the Labor Code admits the cassation appeal for procedural defects, in the cases exhaustively regulated therein. This Chamber, through decision number 156-2002 at 09:45 hours on April 12, 2002, defined that: “(…) II.- The right to consistency, integral to due process, demands that judgments be harmonious in themselves and conform to the terms of the litigation, in such a way that they resolve all the proposed issues and only these. It therefore obliges the jurisdictional body not to omit ruling on some or several of the points debated during the substantiation of the process (infra petita inconsistency), not to grant more than what was requested in the petitum (ultra petita inconsistency), and not to grant one or more unclaimed rights, considering factual aspects that were not included in the cause of action (extra petita inconsistency). (...) (Ruling No. 322, at 14:30 hours, on December 17, 1997; and, one can also consult numbers 47, at 9:40 hours on March 4, 1994; and 42, at 16:40 hours on February 19, 1997)” (underlining is not from the original). In this case, the appellant alleges inconsistency in the judgment because the judge did not resolve a fundamental point submitted for debate, that is, the absence of due process provided for in Article 308 of the General Law of Public Administration. Subsection 2° of the cited numeral provides as a ground for cassation based on form the inconsistency of the judgment or absolute obscurity of the latter part, establishing as a requirement for admissibility the exhaustion of the procedure for supplementation and clarification. Given such omission, the affected party should have exhausted the referred proceeding, but did not do so; a circumstance that prevents admitting the appeal for procedural reasons. b. On the lack of reasoning or insufficient reasoning: The plaintiff indicates that, during the hearing held in the present process, the evidence offered by the Municipality was attacked by all available procedural means because said evidence had been presented in simple copy; however, those objections were rejected based on Article 481 of the Labor Code. Now then, in the first-instance judgment, the judge based his entire decision on the uncertified documentary evidence and also declared the testimonial evidence as complacent without indicating the reasons why said evidence appeared that way. Regarding the issue of reasoning, this Chamber has ruled on repeated occasions and specifically through ruling number 181 at 9:45 hours on February 5, 2010, mentioned: “The reasoning of the judgment is the intellective work of the judge used to justify the decision adopted regarding the matter submitted to his knowledge. For this, the legal operator must record the factual and legal motives that serve to support his criterion, otherwise his decision will be arbitrary. The foregoing is not a mere formal requirement of the judgment, but a requirement derived from the principle of due process, since, through the motivation of the ruling, both plaintiff and defendant may make use of the ordinary remedies granted by legislation, in order to exercise control over jurisdictional power”. Hence, Articles 421 and 560 of the Labor Code expressly regulate the obligation to provide reasons for decisions. This latter canon indicates that the reasoning part of the judgment must indicate “(…) the evidentiary means on which the conclusion is based and the reasons that support it and the valuation criteria used, for which purpose a record must be made of the analysis of the different evidentiary elements presented, through a detailed and exhaustive explanation of each one of them… the factual, legal, doctrinal, and jurisprudential reasons shall be given, the appropriateness or inappropriateness of the propositions shall be assessed... It is essential to cite the legal norms that serve as the basis for the conclusions on the appropriateness or inappropriateness of the proposed claims or defenses”. In this regard, after reviewing the appealed judgment, this Chamber considers that the trial judge did set forth the legal, factual, evidentiary, and jurisprudential reasons why he considered that the plaintiff is not entitled to what was sought. However, due to the wording of said grievance, it is perceived to be more a question on the merits than of form, which will be analyzed in the following considering; therefore, the grievance is not accepted. c. On the judgment being based on illegitimate evidentiary means or means illegally introduced into the process: The appellant disagrees because the plaintiff raised before the judge the respective objection to the admissibility of the uncertified evidence offered by the Municipality, and it was explained to him that in municipal matters, the competence to certify belongs to the Secretariat of the Municipal Council, but it was rejected, proceeding to revoke that decision, but ultimately the judge's will prevailed. Likewise, she adds that the judge admitted this untimely evidence under the mechanism of supplementary evidence. Having reviewed the complete case file, this Chamber considers that the plaintiff's argument is not correct. The Labor Court of the First Judicial Circuit of San José, in its decision at ten hours and three minutes on August thirty-first, two thousand twenty-one, granted a hearing to the plaintiff for a period of three days to state what she deemed necessary; however, it was not until the hearing of October fifteenth, two thousand twenty-one, that the plaintiff referred to this documentary evidence. In said hearing, the judge was clear in establishing that this right had already expired and that he based his decision on accepting the evidence because it was necessary for the resolution of the case and in accordance with numeral 486 of the Labor Code. Along this factual line, the judge in the hearing gave the plaintiff the option to suspend the hearing so that the certified copy could be provided and to reschedule the supplementary hearing once the evidence requested by the appellant was provided. However, the party waived her request and decided to continue with the hearing. (minute 39, second 55 of the audio of the hearing incorporated into the case file on October fifteenth, two thousand twenty-one, at 16:08:03). On the other hand, regarding the untimeliness of the presentation of said evidence, it is not accepted, not only because it has already expired, but because it is a novel argument and according to numeral 589 of the Labor Code, issues that have not been timely raised or debated by the litigants cannot be the subject of cassation. It is for the foregoing that the grievance is rejected. d. On the improper valuation of evidence: Among the procedural grounds raised by the losing party in the appeal, an improper valuation of evidence is argued; however, due to its wording and as it is not a ground for cassation based on form regulated in Article 587 of the Labor Code, this Chamber will analyze it in the following considering; therefore, the grievance is not accepted as a procedural ground.\n\nIV.- ON THE GROUNDS ON THE MERITS: The plaintiff expresses her disagreement with the first-instance ruling because it incurred a violation of Article 192 of the Political Constitution, Articles 540 and 541 of the Labor Code, Articles 308 and 133 of the General Law of Public Administration, and Article 159 of the Municipal Code. Numeral 192 of the Political Constitution regulates that: \"With the exceptions that this Constitution and the civil service statute determine, public servants shall be appointed on the basis of proven suitability and can only be removed for the causes of justified dismissal expressed in labor legislation, or in the case of forced reduction of services, whether due to lack of funds or to achieve a better organization of the same.” (Sic. Bold highlighting is not from the original). Now, ordinal 540 of the Labor Code stipulates: “Workers, both from the public and private sector, who by virtue of a special immunity (fuero especial) enjoy stability in their employment or special procedures to be affected, may challenge, through the summary procedure provided in this section, on the occasion of dismissal or any other disciplinary or discriminatory measure, the violation of special protection immunities (fueros), of procedures to which they are entitled, formalities, or authorizations especially provided. Within this provision are: 1) State civil service regime employees, regarding the procedure before the Civil Service Tribunal guaranteed by the legal system. 2) Other public sector workers for the protection of due process or similar immunities (fueros), to which they are entitled according to the constitutional or legal system. 3) Women in a state of pregnancy or breastfeeding period, as established in Article 94 of this Code. 4) Adolescent workers, as mandated by Article 91 of Law No. 7739, Children and Adolescents Code, of January 6, 1998. 5) Persons covered by Article 367 of this Code and any other provision protecting trade union immunity (fuero sindical). 6) Complainants of sexual harassment, as established in Law No. 7476, Law against Sexual Harassment in Employment and Teaching, of February 3, 1995. 7) Workers indicated in Article 620 of this Code. 8) Those who enjoy some similar immunity (fuero) by law, special norms, or collective bargaining instrument. The protection of due process may be demanded through this procedure when it is disregarded regarding the protected persons referred to in this article. Also, cases of discrimination for any reason against workers, occurring at work or on occasion of it, may be challenged through the summary procedure provided in this section.” The losing party based her lawsuit on subsection two of the canon cited above. Furthermore, she aligned this with numeral 541 subsection a, which states: \"The persons indicated in the previous article shall have the right to due process, prior to dismissal, which shall be governed by the following provisions: a) The due process of persons indicated in subsections 1), 2), and 8) of the previous article shall be regulated by the administrative procedure of the competent department in accordance with the corresponding protective norm, except for the case of subsection 8) where due process is not provided for.” Thus, what is fundamental in this process is to define whether there was a violation of due process. The first-instance judge established as proven facts: “(…) 2-) That the dismissal [was based on] subsection b) of the Labor Code, and Article 16, second paragraph, subsection a) of the Collective Bargaining Agreement of the Institution. (fact seven of the lawsuit, documentary evidence No. 1, provided with the lawsuit, which is the dismissal letter visible at images 47 to 75; Copy of the Collective Bargaining Agreement provided by the parties). 3-) According to agreement 1, Sole Article of Extraordinary Session No. 009 held by the Municipal Council of the Canton of San José on September 9, 2020, the Municipal Mayor was authorized for the application, processing, and execution of the figure of Voluntary Labor Mobility, as well as the legal figure of the Restructuring Process in the Municipality of San José. (Documentary evidence visible at images 465 to 542). 4-) That the Municipality of San José established the Reorganization Plan for the Municipality of San José, which addressed legal, financial, and technical elements for the same. (see copy of the Reorganization Plan and annexes, including the Internal Audit Report, Diagnostic Report of Legal Affairs; visible at images 543 to 743, documentary evidence not objected to or disproved by the plaintiff). 5) That the Reorganization Plans of the Municipality of San José were socialized by said MAYOR'S OFFICE, which indicated as one of its factors the impact on the Municipality's revenues due to the Pandemic, and its effect on all economic sectors of the country. (The foregoing is evident from Official Letter ALCALDIA -01081-2020 dated June 5, 2020, visible at images 744 to 748; see also official letters DTH-027-200 dated September 4, 2020, and DTH-044-2020 of the same date signed by the Secretary of the Labor Relations Board of the Municipality of San José, visible at images 749 to 751; copy of the minutes of ordinary session No. 031-2020 in which the Labor Relations Board also participated). 6) That the technical studies that led to the reorganization carried out, and entailed the elimination with employer liability of the positions, including the plaintiff's position in this process, were made known to the Labor Relations Board (The foregoing is evident from the official letter itself provided by the plaintiff JRL-178-2020 dated December 18, 2020, where said Board in point 3. states that this occurred on September 10, 2020; copy of official letter DTH-044-2020 dated September 4, 2020, visible at image 316; official letter JRL-179-2020 dated December 18, 2020); 7-) That based on the analyses and technical studies foreseen in relation to the reorganization or restructuring process, it involved 75% of the departments that make up the structure defined for the year 2020, equivalent to 94% of the total structure of positions of the Municipality, motivated by the restructuring of positions, labor mobility, elimination of vacant positions, and transformations (see Reorganization Plan and annexes, including the Internal Audit Report, Diagnostic Report of Legal Affairs; visible at images 543 to 743; official letter DTH-0159-2020; official letter ALCALDÍA -01728-2021 dated July 8, 2021, addressed to the National Directorate of Labor Inspection, which appears in the briefs folder filed on 08/27/2021 11:28:36). (…)” (Sic.). This Chamber, upon studying the case file and analyzing the documentary and testimonial evidence provided in the process, concludes that the judge's reasoning in his judgment is correct. According to the dismissal letter, the dismissal is based on Article 155 subsection b of the Municipal Code, which indicates that municipal employees protected by this law shall enjoy the following rights, in addition to those provided in other laws: “b) The municipality may terminate employment contracts with employer liability, supported by technical studies related to the closure of programs, the forced reduction of services due to lack of funds, or the comprehensive reorganization of its departments that good public service demands.” And on Article 16 of the Sixth Collective Bargaining Agreement of the Municipality of San José, which states: “No employee of the Municipality of San José, regardless of category (hierarchy), may be dismissed without just cause, stipulated in the labor laws and the current Collective Bargaining Agreement, not even with payment of legal severance benefits, due to elimination of positions via the Ordinary Budget or Modification thereof. However, the Municipality could terminate employment contracts, upon prior payment of the legal severance benefits that may correspond, in accordance with this Agreement, and when it deems that the payment falls within one of the following highly qualified exceptions: a) Forced reduction of labor services, to achieve a more efficient and economical organization thereof, provided that this reorganization affects at least 60% of the Municipality's workers.\n\nb) Forced reduction of labor services due to an absolute lack of funds, upon prior verification thereof by the Comptroller General of the Republic (Controlaría General de la República) and the Labor Relations Board (Junta de Relaciones Laborales), to which the Municipality undertakes to provide the respective reports.” (Sic. Bold emphasis not in the original) In accordance with the Reorganization Plan August 2020, its respective annexes, the Internal Audit Report August 2020, the Occupational Analysis Report for management assistants August 2020, Official Communication AI-159-2020 of August 18, 2020, the Diagnostic Report of the Legal Affairs Directorate June 2020, Official Communication DTH-306-2021, and specifically Official Communication Alcaldía-01728-2021 of July 8, 2021, they certify that indeed 75% of the units comprising the structure defined for 2020 were impacted budgetarily, a percentage equivalent to 94% of the positions, and that the necessary technical studies existed. Thus, the requirement of Article 16, subsection a of the Collective Agreement is met, the very provision that authorized the termination of the plaintiff’s employment contract. The plaintiff is incorrect in claiming that said norms were violated, because in this case we are within the scenario of subsection a of Article 16 of the Collective Agreement and not subsection b, as the plaintiff argues. Along these lines, as previously determined, the documentary evidence is valid and, therefore, when analyzed jointly with the testimonial evidence (in accordance with Article 481 of the Labor Code), both sets of evidence do not contradict each other, since the testimonial evidence only demonstrates requirements that are not applicable to the case—that is, it shows that subsection b of the article under discussion is not met. In the absence of evidence from the plaintiff to discredit the evidentiary means presented by the defendant, it cannot be concluded that due process was not followed. On the other hand, the plaintiff states that municipal officials are public officials and, to that extent, are protected by the principle of stability provided for in Article 192 of the Political Constitution and, therefore, prior to dismissal, the due process contemplated in Article 308 of the General Law of Public Administration must be carried out. Likewise, the plaintiff explains that none of the simple copies contains a formal statement of charges with notice of an oral and private hearing with a minimum period of fifteen business days to prepare a defense, the hearing record, and the final act; therefore, Article 159 of the Municipal Code is violated, which stipulates: “Servants may be removed from their positions when they incur the grounds for dismissal set forth in Article 81 of Law No. 2, Labor Code, of August 27, 1943, and those provided in this Code. The dismissal shall be subject both to the procedure set forth in Book Two of the General Law of Public Administration and to the following rules: a) In the event that the final act orders the dismissal of the servant, that person may file, within a period of eight business days counted from the notification of the final act, an appeal before the labor court of the judicial circuit to which the municipality belongs. b) Within three days, the mayor shall forward the appeal and the respective case file to the judicial authority, which shall resolve it according to the ordinary procedures set forth in the Labor Code and shall treat the appeal as a complaint. The labor court may summarily reject the appeal when it does not comply with the preceding subsection. c) The judgment of the labor court shall decide whether the dismissal or the reinstatement of the employee to his or her position is proper, with full enjoyment of his or her rights and payment of back wages. In the enforcement of the judgment, the municipal servant may decline reinstatement in exchange for receiving the amount of the notice period payment and the severance pay that may correspond to him or her, and the amount of two months’ salary for damages. d) The foregoing procedure shall be applicable, as appropriate, to suspensions without pay established in Article 158 of this law.” (Sic.) Again, the grievance is not admissible, because the articles to which the appellant refers are for disciplinary procedures, and in this case, there is no sanction; rather, it is a restructuring process in the Municipality of San José due to an economic situation. Finally, the plaintiff reiterates the existence of an illegitimate application of the evidentiary regime because the judge failed to comply with a mandatory rule that required him to have certified evidence, admitted the incorporation of illegitimate evidence, which he subsequently used to support the proven facts of the judgment and to detract from the testimonial evidence offered by the plaintiff, and insists that the primary evidence is the duly certified case file. The plaintiff again emphasizes that characterizing the testimonies as complacent for the simple fact of being contrary to the Municipality’s documentary evidence is likewise an improper assessment of the evidence. As analyzed in Considerando III supra, the Labor Court of the First Judicial Circuit of San José granted the plaintiff a hearing to state whatever she deemed necessary regarding said evidence; however, the plaintiff only referred to this documentary evidence at the hearing. A reproach that had been waived (precluido), and the documentary evidence was accepted in accordance with the criterion of necessity enshrined in Article 486 of the Labor Code. Likewise, during the hearing, the judge gave the plaintiff the option to suspend the hearing so that the certified copy could be provided and to reschedule the supplementary hearing once the evidence requested by the appellant was submitted, but she renounced her request and decided to continue with the hearing. (minute 39, second 55 of the hearing audio incorporated into the case file on October 15, two thousand twenty-one at 16:08:03) For the foregoing reason, this body reiterates that it is not the procedural moment to allege said grievance, and the bad faith on the part of the plaintiff is also evident in insisting on a waived matter, especially since the first-instance judge had granted her the power to decide that the certified copy she claims be provided, and she expressly renounced that option. In accordance with the reasons set forth, the grievances are not admissible.\n\nV.- FINAL CONSIDERATIONS: Based on the arguments described above, the appeal is hereby dismissed.\n\nPOR TANTO:\n\nThe appeal is dismissed.\n\nRes: 2024000854\n\nCCASTRILLO\n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nLuis Porfirio Sánchez Rodríguez\n\n\t\n\n \n\n\n\nJulia Varela Araya\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Enrique Olaso Álvarez\n\n\n\nRoxana Chacón Artavia\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nOlman Gerardo Ugalde Gonzalez\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n INOOYSE4ZPW61\n\n1\n\n \n\nClasificación elaborada por SALA SEGUNDA del Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 13:45:49.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }