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  "id": "nexus-sen-1-0005-1240732",
  "citation": "Res. 01560-2024 Sala Segunda de la Corte",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "court_decision",
  "title_es": "Modificación retroactiva del porcentaje de dedicación exclusiva vulnera derechos del trabajador",
  "title_en": "Retroactive modification of exclusive dedication percentage violates worker's rights",
  "summary_es": "La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, por mayoría, anula la sentencia de primera instancia y acoge parcialmente la demanda de un gestor ambiental de la Municipalidad de Turrubares. El trabajador había pactado en 2015 un contrato de dedicación exclusiva con un plus del 50% sobre el salario base. La Municipalidad modificó posteriormente el reglamento, reduciendo ese porcentaje al 30%, y le hizo firmar un nuevo contrato en 2016 aplicando retroactivamente la reforma. La Sala considera que la Administración violentó el principio de intangibilidad de los actos propios, la seguridad jurídica y la irretroactividad de las normas, pues el contrato original generó un derecho subjetivo que no podía ser alterado retroactivamente. Ordena pagar la diferencia del 20% y diferencias en aguinaldos, intereses, costas y cuotas de seguridad social. Se deniega el daño moral reclamado por falta de prueba. El voto salvado de dos magistrados sostiene que el trabajador aceptó voluntariamente el nuevo contrato y que el reglamento permitía la modificación, por lo que la actuación municipal fue legítima.",
  "summary_en": "The Second Chamber of the Supreme Court of Justice, by majority, annuls the lower court ruling and partially grants the claim of an environmental manager from the Municipality of Turrubares. The worker had agreed in 2015 to an exclusive dedication contract with a 50% salary bonus. The Municipality later amended its regulation, reducing the percentage to 30%, and made him sign a new contract in 2016, retroactively applying the reform. The Chamber finds that the Administration violated the principle of intangibility of its own acts, legal certainty, and the non-retroactivity of norms, since the original contract created a subjective right that could not be retroactively altered. It orders payment of the 20% difference, differences in bonuses, interest, costs, and social security contributions. Moral damages are denied for lack of evidence. The dissenting vote of two justices argues that the worker voluntarily accepted the new contract and that the regulation allowed modification, so the municipal action was lawful.",
  "court_or_agency": "Sala Segunda de la Corte",
  "date": "06/07/2024",
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    "dedicación exclusiva",
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      "law": "Constitución Política"
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    "dedicación exclusiva",
    "derechos adquiridos",
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    "exclusive dedication",
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    "public employment"
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  "excerpt_es": "En el caso concreto, estima esta Sala que, con fundamento en la Constitución Política, que impide la aplicación retroactiva de la ley nueva en perjuicio de sus destinatarios (o cualquier otra fuente normativa, en el caso concreto la modificación al Reglamento sobre la Dedicación Exclusiva) la Municipalidad no podía modificar el acto que dictó en favor del actor, que fue la base de la firma de este para someterse al Régimen de Dedicación Exclusiva, el que se firmó bajo la legítima confianza del servidor que tendría como contraprestación un 50% sobre el salario base, -generando no una expectativa sino un derecho subjetivo-, pues con ello lesionó ese derecho con violación también del principio de seguridad jurídica, al imponerle, luego de la modificación del Reglamento en cuanto al porcentaje que se fijó para los Bachilleres, hecho que ocurrió varios meses después de la firma del contrato, variando el porcentaje de un 50% a un 30%, pues el primero de esos porcentajes ya había causado efectos positivos sobre la esfera jurídica del promovente. Este órgano no comparte la tesis del Juzgado en cuanto consideró que la Municipalidad de Turrubares si se encontraba facultada para disminuir el porcentaje pagado por el plus de Dedicación Exclusiva, bajo el argumento de que la legitimación le viene dada por el artículo 26 del Reglamento, puesto que ese numeral si bien estaba vigente cuando el actor firmó el contrato de dedicación exclusiva, tal modificación no se hizo bajo el alero de ese numeral, sino bajo el argumento de que se había modificado el Reglamento de ese ente territorial, y le dieron efecto retroactivo, de manera que el alegato dado en la contestación de la demanda y que acogió la juzgadora, vino a sorprender al trabajador, quien confiado en que recibiría un 50% de retribución sobre el salario base, esto para no ejercer su profesión en el cambio de su especialidad, y porque la Municipalidad lo requería, bajo el principio de buena fe lo firmó.",
  "excerpt_en": "In this specific case, this Chamber finds that, based on the Political Constitution, which prevents the retroactive application of new law to the detriment of its addressees (or any other normative source, in this case the amendment to the Regulation on Exclusive Dedication), the Municipality could not modify the act it issued in favor of the plaintiff, which was the basis for his signing to submit to the Exclusive Dedication Regime, signed under the legitimate trust of the employee that he would receive 50% of his base salary as consideration—generating not a mere expectation but a subjective right—since this injured that right also in violation of the principle of legal certainty, by imposing on him, after the amendment to the Regulation regarding the percentage set for Bachelor’s degree holders, which occurred several months after the contract was signed, changing the percentage from 50% to 30%, since the first of those percentages had already produced positive effects on the plaintiff’s legal sphere. This body does not share the lower court’s thesis that the Municipality of Turrubares was authorized to reduce the percentage paid for the Exclusive Dedication bonus, based on the argument that its authority derives from Article 26 of the Regulation, since even though that article was in force when the plaintiff signed the exclusive dedication contract, such modification was not made under the umbrella of that article, but under the argument that the Regulation of that territorial entity had been amended, and they gave it retroactive effect, so that the argument given in the answer to the complaint and accepted by the judge came as a surprise to the worker, who, trusting that he would receive 50% remuneration on his base salary in exchange for not practicing his profession elsewhere and because the Municipality required it, signed it under the principle of good faith.",
  "outcome": {
    "label_en": "Partially granted",
    "label_es": "Parcialmente con lugar",
    "summary_en": "The lower court ruling is annulled; the claim is partially granted, ordering payment of the 20% difference in exclusive dedication, annual bonuses, interest, and costs, but moral damages are denied.",
    "summary_es": "Se anula la sentencia de primera instancia; se declara parcialmente con lugar la demanda, ordenando pagar la diferencia del 20% en dedicación exclusiva, aguinaldos, intereses y costas, pero se deniega el daño moral."
  },
  "pull_quotes": [
    {
      "context": "Considerando VI",
      "quote_en": "The Municipality could not modify the act it issued in favor of the plaintiff, which was the basis for his signing to submit to the Exclusive Dedication Regime, signed under the legitimate trust of the employee that he would receive 50% of his base salary as consideration—generating not a mere expectation but a subjective right.",
      "quote_es": "La Municipalidad no podía modificar el acto que dictó en favor del actor, que fue la base de la firma de este para someterse al Régimen de Dedicación Exclusiva, el que se firmó bajo la legítima confianza del servidor que tendría como contraprestación un 50% sobre el salario base, -generando no una expectativa sino un derecho subjetivo-."
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    {
      "context": "Considerando VI",
      "quote_en": "That action by the defendant entity was contrary to the principle of contractual good faith, placing the worker in a difficult position since if he did not sign the modification presented to him, he risked losing the entire bonus contracted, effectively forcing him to give up part of his income.",
      "quote_es": "Esa actuación del ente demandado fue contraria al principio de buena fe contractual, poniendo al trabajador en una difícil posición pues si no firmaba la modificación que le presentó se exponía a perder del todo la retribución del plus contratado, teniendo por efecto una especie de forzamiento a renunciar a parte de sus ingresos."
    },
    {
      "context": "Considerando V",
      "quote_en": "The Public Administration, by the principle of legality and legal certainty for the administered party, cannot go back on its own acts when these constitute subjective rights, except in those legal cases of damages that empower Public Administrations to undo the administrative act when authorized under the lesividad process.",
      "quote_es": "La Administración Pública, por el principio de legalidad y seguridad jurídica para el administrado, no puede volver sobre sus propios actos cuando estos son constitutivos de derechos subjetivos, salvo en los supuestos legales de daños que legitiman a las Administraciones Públicas para deshacer el acto administrativo cuando así sea autorizado bajo el proceso de lesividad."
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Segunda de la Corte\n\nResolución Nº 01560 - 2024\n\nFecha de la Resolución: 06 de Julio del 2024 a las 00:05\n\nExpediente: 20-000064-1529-LA\n\nRedactado por: Julia Varela Araya\n\nClase de asunto: ordinario\n\nAnalizado por: SALA SEGUNDA\n\n\n\n\nSentencia con Voto Salvado\n\nSentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente\n\n\n\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: Laboral\n\nTema: Dedicación exclusiva\n\nTema: Derecho adquirido\n\nTema: Empleado municipal\n\nTema: Principio de seguridad jurídica\n\nTema: Daño moral\n\nPROCEDE DEDICACIÓN EXCLUSIVA Y DERECHOS ADQUIRIDOS. La Municipalidad de Turrubares no podía modificar el porcentaje del pago de dedicación exclusiva pactado en el contrato firmado en 2015 (50%), aplicando retroactivamente un reglamento posterior. La actuación de la administración violó el principio de seguridad jurídica y la intangibilidad de los actos propios. NO PROCEDE EL DAÑO MORAL SUBJETIVO. No existe prueba de perjuicio extrapatrimonial que lo justifique. [1560-24]\n\nCitas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto salvado\n\nRama del Derecho: Laboral\n\nTema: Dedicación exclusiva\n\nTema: Derecho adquirido\n\nTema: Empleado municipal\n\nTema: Principio de seguridad jurídica\n\nVOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA CHACÓN ARTAVIA Y DEL MAGISTRADO AGUIRRE GÓMEZ. Discrepan del fallo de mayoría. Consideran que la Municipalidad de Turrubares actuó conforme a derecho al modificar el porcentaje de dedicación exclusiva del 50% al 30%, ya que el actor firmó un nuevo contrato aceptando dichas condiciones. Sostienen que el artículo 26 del reglamento vigente autorizaba la modificación o rescisión del contrato sin generar derechos adquiridos. Afirman que la reforma al reglamento fue debidamente justificada y que no se vulneró el principio de intangibilidad de los actos propios ni el de seguridad jurídica. Para ellos, la actuación de la Municipalidad fue legítima y no procede el reclamo del actor. [1560-24] \n\n... Ver más\nCitas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas\nTexto de la resolución\n\n\n\n \n\nCorte Suprema de Justicia\n\nSALA SEGUNDA\n\n\t\n\n \n\nExp: 20-000064-1529-LA\n\nRes: 2024-001560\n\nSALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las cero horas cinco minutos del seis de julio de dos mil veinticuatro.\n\n Proceso ordinario establecido ante el Juzgado Civil, de Trabajo y Familia de Puriscal, por [Nombre 001], casado, gestor ambiental, vecino de San José; contra la MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES, representada por su apoderado especial judicial, el licenciado Daniel Araya González casado, de domicilio ignorado. Figura como apoderado especial judicial de la parte actora el licenciado Walter Brenes Soto, soltero, vecino de Puntarenas. Todos mayores y abogados, con las excepciones indicadas.\n\n Redacta la Magistrada Varela Araya; y,\n\nCONSIDERANDO:\n\nI.- ANTECEDENTES: En escrito de demanda, el actor indicó que trabaja para la Municipalidad de Turrubares, como gestor ambiental desde mayo de 2011. Mediante oficio n.° MT-OGA-032-2015, el 08 de junio de 2015, le solicitó a la demandada acogerse al régimen de dedicación exclusiva, el cual fue aprobado el 11 de junio de 2015, entrando a regir el 15 de junio del mismo año. Indicó que el 19 de agosto de 2015, el Concejo Municipal aprobó la modificación al monto a pagar por concepto de dedicación exclusiva previsto en el Reglamento y el 08 de enero de 2016, recibió un oficio de la alcaldía de la municipalidad, el cual le señalaba que, debido al cambio en el reglamento municipal, debía modificársele el contrato originalmente firmado. Apuntó que el 20 de octubre de 2016, realizó el reclamo correspondiente por la ilegalidad e inconstitucionalidad del reglamento. Explicó que dicho rebajo le causa perjuicio económico, afectando su presupuesto personal. Por lo anterior solicitó se declare ilegal e inconstitucional la aplicación retroactiva de un cambio de reglamento que regula el pago de la dedicación exclusiva, ya que dicho cambio sólo debió afectar los nuevos contratos y no los que se encontraban vigentes; se reconozcan lo sumas dejadas de percibir durante todo el tiempo que se dejó de cancelar hasta que se realice el correcto pago del porcentaje; aguinaldo correspondiente por el plazo no cancelado del correcto pago del porcentaje de la dedicación exclusiva; pago del daño moral subjetivo por la suma de ₡8.000.000 millones de colones por los daños y perjuicios ocasionados; intereses e indexación desde que debieron ser cancelados hasta su efectivo pago; y ambas costas del proceso (imágenes 1-8 del expediente electrónico del Juzgado descargado en formato PDF). El apoderado especial judicial de la municipalidad contestó en término negativos la demanda y opuso la excepción de falta de derecho. Indicó que “El Reglamento para el Pago de Compensación por Disponibilidad, Dedicación Exclusiva y Prohibición en la Municipalidad de Turrubares”, estuvo vigente hasta diciembre de 2015, siendo derogado, y estableciéndose nuevas condiciones para dichas figuras jurídicas. Mencionó que el reclamo incoado por el promovente carecía de fundamento, al ser que la naturaleza jurídica de la figura de dedicación exclusiva es de carácter contractual, por lo que debía existir un acuerdo bilateral de voluntades para que el derecho a exigir la dedicación se configure. Explicó que en la cláusula sexta del contrato firmado por las partes señalaron que el reglamento de dedicación exclusiva formaba parte del contrato, por lo que, según expuso el apoderado de la municipalidad, los artículos 2 y 26, son parte de las condiciones voluntariamente aceptadas por el actor, lo que facultó a la accionada a modificar de manera unilateral las condiciones pactadas, sin que significara un perjuicio o menoscabo de los derechos del trabajador. Detalló que el accionante al firmar un nuevo contrato dejó sin efecto el anterior. Expuso que ambas versiones del reglamento para el pago de la compensación por disponibilidad, dedicación exclusiva, y prohibición de la Municipalidad Turrubares, establecían que no generaba derechos adquiridos, por lo que la accionada, podía rescindirla o modificar su vigencia, sin generar responsabilidad ni indemnización alguna por ello (imágenes 58-92 ibídem). El Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Puriscal (materia laboral), mediante la sentencia n.° 183 de las 16:07 horas del 30 de octubre de 2020, declaró sin lugar la demanda, y sin especial condenatoria en costas. Estimó que la municipalidad se encontraba facultada para disminuir el porcentaje pagado por el plus de dedicación exclusiva para el caso de los bachilleres, de un 50% a un 30%. Además, que la modificación fue debidamente justificada y legalmente acordada.  Por otro lado, señaló que, existió aceptación del cambio ordenado por la Municipalidad, porque el 05 de enero de 2016, firmó el nuevo contrato por dedicación exclusiva que le fue enviado, estableciéndose con ello nuevas condiciones en el porcentaje, pasando del 50% al 30% de la dedicación sobre el salario mensual (imágenes 452-466 ibídem).\n\nII.- RECURSO DE CASACIÓN: El apoderado especial judicial de la parte actora inconforme con lo resuelto presenta recurso ante la Sala. Agravia motivos procesales, como son la falta de determinación, clara y precisa, de los hechos acreditas por el juzgado, así como falta de fundamento o fundamento insuficiente de la sentencia. 1.- Cuestiona el hecho probado número cuatro, porque no se determina si la modificación al reglamento le podía ser aplicada al actor o no. Explica que la modificación es factible para los futuros funcionarios que pidan la dedicación exclusiva y no para los trabajadores vigentes. Menciona que el juzgador no realiza una adecuada valoración de la prueba, pues no valora el decreto ejecutivo aportado que establece que la dedicación exclusiva tiene derechos adquiridos, y no aprecia lo dispuesto en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que establece que no procede hacer reducciones en los contratos vigentes. Apunta que la municipalidad realiza una incorrecta interpretación y aplicación de las facultades que le confiere el bloque de legalidad, y en ese mismo vicio incurre la juzgadora. En apoyo de su argumento pide tomar en consideración el dictamen de la Procuraduría General de la República, n.° C-293-2014., en donde se hace referencia a los derechos adquiridos. Detalla que los derechos adquiridos están englobados dentro de la esfera de los derechos subjetivos de los individuos lo que no ha sido tomado en cuenta en el fallo recurrido. Dijo que, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas reconoce la existencia de derechos subjetivos y aplica el principio de seguridad jurídica y el principio de indemnidad salarial,  al disponer que no aplican los cambios en los porcentajes a pagar por concepto de dedicación exclusiva a aquellos contratos que se encuentre vigentes al momento de entrar a regir la Ley. En sustento de lo anterior cita el Dictamen C-109-2020 de la Procuraduría General de la República. Asimismo, transcribe Decreto Ejecutivo N° 41161-H, en donde se decreta el reconocimiento de derechos adquiridos en los contratos de dedicación exclusiva vigentes antes de la modificación legal. Insiste en la errada interpretación  dada en el fallo atendiendo el argumento de la municipalidad respecto a la potestad de cambiar o reajustar los porcentajes a pagar por concepto de dedicación exclusiva, pues según su entender, dicha norma es para los funcionarios nuevos o para los que, aunque ya trabajen para la municipalidad aún no están dentro del régimen de dedicación exclusiva. 2.- Indica que se tuvo como hecho no probado que el promovente haya firmado en contra de su voluntad el nuevo contrato, el cual le rebajaba el 20% del contrato anterior. Menciona que de la declaración del actor se desprende que “era firmar eso o nada”, lo que significa en su momento firmar o quedarse sin los ingresos. Expone que no es necesario ser amenazado de muerte o coaccionado violentamente para demostrar que firmó un contrato en contra de su voluntad, pues el verse presionado y agobiado es suficiente para demostrar lo forzado que se vio a firmar el cambio, o sea, que no fue voluntario el cambio en el porcentaje que luego reclamó, en sede administrativa en dos ocasiones, sin resultado positivo por lo que acudió a la vía judicial. 3.- Indica que la fundamentación que utiliza el A quo es limitada, sin observar los reglamentos y decretos aportados por el actor, en los cuales se logra demostrar que existen leyes que indican que, lo que hizo la Municipalidad de Turrubares es invalido para personas trabajadoras que ya contaban con un contrato previo, por lo que al tener derechos adquiridos no pueden hacer un contrato nuevo en donde se le perjudique al trabajador, pues tenía un derecho subjetivo al porcentaje del contrato firmado al someterse al régimen de Dedicación Exclusiva. Expone que le Decreto N° 23669-H, Normas para la Aplicación de la Dedicación Exclusiva para Instituciones y Empresas Públicas Cubiertas por el Ambito de la Autoridad Presupuestaria (versión número 3) es de aplicación para las instituciones y empresas públicas cubiertas por el ámbito de la Autoridad Presupuestaría, por lo que, las corporaciones municipales no están cubiertas, por lo que dicho decreto no puede ser tomado como la norma que obliga y motiva a la administración municipal a rebajar los porcentajes de dedicación exclusiva. Explica que antes de la promulgación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en el año 2018, no existía ninguna norma de aplicación o acatamiento obligatoria y vinculante a las municipalidades, que les indicara  el porcentaje que debían pagar por concepto de dedicación exclusiva a sus colaboradores, por lo que, en aplicación del principio de autonomía municipal, es la misma municipalidad la que se autorregulaba antes del año 2018. Por lo que el porcentaje del 50% de dedicación exclusiva del año 2015, bajo el que firmó el contrato de dedicación exclusiva, es completamente legal, y además era la voluntad de la misma municipalidad, ya que fue ella misma quien determinó que debía pagar el 50% a los bachilleres, así lo plasmó en su reglamento y lo público en gaceta, de forma voluntaria. Refiere que la modificación al reglamento del año 2015, nunca tuvo el criterio de la comisión de asuntos jurídicos del concejo, lo que evidencia la premura con la que se realizaron las reformas. Aporta prueba para mejor resolver, la cual solicita sea analizada, en donde pretende demostrar la presión económica por lo que no le quedó alternativa que firmar la modificación del contrato que estaba vigente, donde la Municipalidad le rebajó el porcentaje contratado por  dedicación exclusiva,  pues de no firmar esa modificación se quedaría sin percibir el porcentaje correspondiente de la dedicación exclusiva. Por lo anterior, solicita se declare con lugar el recurso, se revoque la sentencia y se declare con lugar la demanda (imágenes 471-482 ibídem).\n\nIII.- SOBRE LA PRUEBA PARA MEJOR PROVEER: La prueba para mejor proveer puede ser ordenada por quien juzga, en el ejercicio de una potestad jurisdiccional. Se trata de una facultad discrecional respecto de la cual no puede ejercerse control de legalidad alguno, dado que, con base en los hechos que han definido el litigio, la persona juzgadora puede disponer, de oficio o a petición de parte, la evacuación de nuevas pruebas tendentes a aclarar algún punto controvertido, a partir de las probanzas ofrecidas por ambas partes. Sin embargo, tal facultad no debe servir para solventar la incuria o desidia procesal en que hayan incurrido los litigantes. Ordenar prueba para mejor proveer constituye una facultad de la persona juzgadora, pero limitada. En el caso bajo estudio, el accionante pretende que con ese carácter se admita el estudio del préstamo de vivienda, con el fin de que se acredite que el mismo tenía deudas que pagar. Tal petición no resulta admisible porque de conformidad con lo dispuesto por el artículo 594 del Código de Trabajo, ante esta Sala no es factible proponer ni admitir prueba alguna, ni siquiera con el mencionado carácter de prueba para mejor resolver. La única excepción es que se trate de prueba absolutamente indispensable para decidir con acierto el punto controvertido. Analizado el caso concreto, se estima que no se está en presencia de ese supuesto que hace posible admitir las probanzas citadas, pues no es posible introducir vía prueba para mejor resolver, elementos que no fueron sujetos a discusión durante el proceso, sin que genere una afectación al derecho de defensa y al principio de preclusión. La competencia funcional de este órgano está limitada en función de la revisión de una sentencia, dictada conforme a las pruebas concretas que las partes sometieron a juicio del juzgador, oportunamente en la instancia precedente.\n\nIV.- RAZONES PROCESALES: En el recurso se alega la falta de determinación, clara y precisa, de los hechos acreditados por el Juzgado y la falta de fundamento o fundamento insuficiente de la sentencia, vicios de naturaleza procesal (artículo 587 del Código de Trabajo), sin embargo, revisado el fallo no se aprecia que el Juzgado haya incurrido en tales yerros. En primer término, la Sala no aprecia la existencia de una falta de determinación clara y precisa de los hechos acreditados en la sentencia. A propósito de ello, debe tenerse presente que, el órgano jurisdiccional tiene potestades suficientes para elaborar el marco fáctico demostrado e indemostrado de la sentencia y esta tarea fue cumplida, con independencia de la conformidad o no que el recurrente tenga con la base probatoria o valoración que la persona juzgadora haya hecho del resultado del contradictorio, lo que cualquiera de las partes pueden someter a consideración del superior mediante el recurso por el fondo. Luego, tampoco se está en presencia del supuesto previsto en la norma citada, referido a la falta de fundamento o fundamento insuficiente del fallo. La motivación de una sentencia consiste en plasmar las razones o fundamentos fácticos y jurídicos por los que se adopta una decisión. Por ello forma parte integrante del debido proceso y del derecho de defensa, pues sólo conociendo los motivos por los que se arriba a esa determinación, es que se coloca al afectado en posibilidad de combatirla. La ausencia de motivación se advierte en dos hipótesis, la primera, cuando es inexistente, que es precisamente cuando el juzgador o juzgadora omite consignar los cimientos de su pronunciamiento. La segunda, en aquellos casos en que el despliegue argumentativo del órgano decisor resulta confuso o exhibe contradicciones que se erigen como un obstáculo para determinar de forma diáfana los motivos que le sirven de base. Esta situación es distinta a una discrepancia con los motivos o los argumentos de hecho o de derecho, como sucede en este caso. La sentencia recurrida contiene los motivos jurídicos y fácticos en los cuales se sustentó  la denegatoria de la demanda. Si las razones no son acertadas, como reiteradamente se dice en el recurso, es una cuestión que debe analizar en las consideraciones de fondo de este asunto (artículo 421 y 588 del Código de Trabajo).\n\nV.- SOBRE EL RÉGIMEN DE INTANGIBILIDAD DE LOS ACTOS PROPIOS: Por su incidencia en el presente asunto, previo al examen del fondo, y desprendiéndose del marco del debate la inconformidad del trabajador porque la Municipalidad, luego de firmar con él de toda conformidad el contrato de dedicación exclusiva, donde le pagaría el 50% en su condición de Bachiller Universitario, estando vigente dicho contrato le hizo una modificación (volviendo así la Municipalidad sobre sus propios actos y en perjuicio del trabajador) y no le quedó más remedio que firmar con afectación en su ingreso, pues se le rebajó el 20% del plus que había pactado originalmente y estaba vigente el contrato, al que no se le había puesto término final, lo que configura la causa por la que se busca la tutela judicial. En este caso, es necesario traer a colación algunas reflexiones respecto al principio de intangibilidad de los actos propios que priva en el desempeño de toda Administración Pública, la que por el principio de legalidad y seguridad jurídica para el administrado, no puede volver sobre sus propios actos cuando estos son constitutivos de derechos subjetivos, salvo en los supuestos legales de daños que legitiman a las Administraciones Públicas para deshacer el acto administrativo cuando así sea autorizado bajo el proceso de lesividad debidamente regulado en la Ley General de la Administración Pública, o sea, como lo ha dicho la jurisprudencia de la Sala Constitucional, acudiendo a los mecanismos legales que tiene para deshacer los actos administrativos generadores de derechos subjetivos, cuando se dan los supuestos que legitiman a la Administración para tal proceder. Tal  principio (de intangibilidad de los actos propios), como regla general, impide a la Administración desconocer los actos favorables que ha dictado en favor de una persona. La razón de ser de tal proceder tiene por objeto, como se indicó antes, garantizar el respeto del principio de seguridad jurídica que se concreta en el de intangibilidad de los actos propios. La Sala Constitucional se ha pronunciado sobre el tema y ha indicado que este principio: “(...) deriva de la interpretación de los artículos 11 y 34 de la Carta Magna y configura un límite en el proceder del poder público que le inhibe desconocer sus propios actos de contenido y efectos positivos al destinatario. La imposibilidad de ir contra sus propias conductas de contenido favorable funge como un límite fundamental en el accionar de las Administraciones Públicas, que dimana del propio principio de legalidad (numeral 11 de la Constitución Política y 11, 12, 13, 59, 66 y 132 de la Ley General de la Administración Pública) y cuyo tratamiento en la doctrina patria ha sido prolijo (ver, entre muchas otras, las sentencias N° 1635-90 de las 17:00 horas del 14 de noviembre de 1990; 2186-94 de las 17:03 horas del 4 de mayo de 1994; 13447-2006 de las 10:06 horas del 8 de setiembre de 2006 y 16314-2010 de las 15:16 del 29 de setiembre de 2010, todas de la Sala Constitucional). El desconocimiento de sus propias conductas favorables solo es posible para las señaladas Administraciones acudiendo a los mecanismos de supresión de conductas que pone a su disposición el ordenamiento jurídico (...). Se trata de garantías mínimas que emergen a favor del receptor de los efectos benéficos de un acto de poder público, que, exigen a la Administración acudir a esas sendas procedimentales legales para suprimir esa conducta, sin lo cual, no podrá, en ningún caso, desaplicar, desconocer o suprimir las consecuencias fácticas y jurídicas de ese acto previo” (resaltado no es del original) (ver también sentencias de esa misma Sala, nºs 18881-2008 de las 13:31 horas del 19 de diciembre de 2008 y 51-2012-VI, de las 9 horas del 21 de marzo de 2012). Del anterior marco jurisprudencial se desprende que existe una preservación de garantías mínimas que emergen a favor de la persona receptora de los efectos benéficos de un acto del poder público, que exigen a la Administración, acudir a sendas procedimentales legales para suprimir esa conducta, caso contrario, no podrá en ningún caso, desaplicar, desconocer o suprimir las consecuencias fácticas y jurídicas de ese acto previo, pues esa potestad administrativa de anulación de actos declaratorios de derechos subjetivos, tiene carácter excepcional y su ejercicio requiere el cumplimiento previo del debido proceso, pues de lo contrario la Administración estaría violentando no sólo el principio de seguridad jurídica sino  también el de legalidad, que deben ser el norte de la administración activa.\n\nVI.- SOBRE EL CASO CONCRETO: El apoderado especial judicial del actor recurre ante esta Sala al considerar indebida valoración y apreciación, tanto de la prueba como del reglamento, al señalar que las modificaciones del reglamento son para las personas de nuevo ingreso, no para aquellas que habían estipulado un contrato anteriormente. Expuestos los agravios por parte del apoderado y analizada la prueba aportada a los autos, esta Sala estima que la sentencia recurrida debe ser anulada por las razones que a continuación se exponen. La estructura salarial típicamente empleada en el sector público, -antes de la vigencia de la Ley número 9635 (Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas)- como es el caso de estudio, implica el pago de la base salarial más pluses, el cual determina la cuantía total del salario atendiendo a las circunstancias profesionales de cada persona trabajadora. El salario tiene una doble perspectiva en el ámbito de la relación laboral. Una económica y otra de contenido social. Conforme lo dispone el numeral 18 del Código de Trabajo, el salario, constituye la contraprestación debida por la parte patronal ante la prestación realizada por la persona trabajadora consistente en su fuerza de trabajo. Es por esta condición que recibe una especial protección en el ordenamiento nacional e internacional. Este carácter económico y social, no constituye simplemente el precio que paga el empleador como contraprestación a la energía desplegada en el trabajo, sino que contiene un elemento que permite garantizar las condiciones y de salud de la persona trabajadora y su familia, permitiéndole \"...elevarse hacia una vida auténticamente humana\" (tal y como lo indica De la Cueva en \"El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo\" p. 293) y también \"...satisfacer con amplitud generosa las necesidades de toda índole\" (De la Cueva, ob. cit.). Dicha tutela bajo criterios de dignidad se encuentra garantizada en nuestro país, a nivel constitucional, con fundamento en el numeral 57 que establece el derecho de toda persona trabajadora de percibir un salario, sino que el mismo debe ser brindado en condiciones que \"procuren su bienestar y su existencia digna\", bajo el principio que dispone que \"el salario será siempre igual para trabajo igual en idénticas condiciones de eficiencia\". En el presente asunto, se discute el porcentaje del derecho al pago del complemento salarial denominado “dedicación exclusiva” que fue pactado en un contrato durante la vigencia de éste. En líneas generales, se entiende por dedicación exclusiva la retribución que efectúa la entidad patronal, como contraprestación a una persona trabajadora que, voluntariamente, decide restringir su derecho a la libertad de trabajo, consagrado en el numeral 56 de la Constitución Política, obligándose a poner a disposición de la entidad patronal, de forma exclusiva, sus conocimientos en determinada ciencia, arte, o industria, bajo el porcentaje establecido al firmar ese tipo de contratos. También se ha indicado que la dedicación exclusiva, no tiene como base de su otorgamiento la prohibición legal del ejercicio de la profesión, por no poder imponerse, sino que resulta necesariamente del acuerdo entre el patrono y el trabajador. En el servicio público, la persona funcionaria puede libremente decidir si solicita que se le compense salarialmente por dedicarse exclusivamente a su puesto, ante cuya solicitud la entidad patronal, en el ejercicio de su discrecionalidad, está facultado para analizar si el cargo ocupado requiere o no esa dedicación (votos n° 1081 de las 9:50 horas del 29 de noviembre de 2012; 72, a las 10:20 horas del 27 de febrero de 2002; y 171, de las 14:30 horas del 3 de noviembre de 1989). Ya esta Sala ha indicado que es a la Administración activa a la que le corresponde determinar, conforme a sus requerimientos, posibilidades económicas, necesidades y conveniencia, si resulta procedente o no pactar el contrato de dedicación exclusiva con la persona profesional contratada y que los órganos jurisdiccionales no pueden suplantar la voluntad de la Administración. La jurisdicción laboral lo que puede es determinar si el accionar de la Administración activa se encuentra ajustado a la legalidad, en los porcentajes reglados que rigen en la institución de la que se trate en el momento de la firma del contrato, mas no puede suplantarla en su condición de empleadora, es por ello que esta Sala procede con el análisis, para determinar si la Municipalidad accionada incurrió en violación del principio de legalidad y con ello también los de seguridad jurídica y de intangibilidad de los actos propios, para determinar si procede la tutela reclamada por el actor. En el caso concreto no es un hecho controvertido que la Municipalidad de Turrubares, producto de la decisión de firmar con el petente un contrato que limita su derecho a trabajar fuera de la institución, le cancela el plus salarial por dedicación exclusiva, sin embargo, el tema en discusión es el porcentaje del plus. La parte actora acude a la vía judicial porque la Municipalidad, a pesar de las dos gestiones que realizó para que se le pagara la diferencia del 20% sobre el salario base pues se le viene pagando solo el 30%, exigiendo que se respeten los términos del contrato de dedicación exclusiva en cuanto al porcentaje pactado cuando se sometió a ese régimen. Sustenta su demanda en los siguientes hechos. Indica que en la resolución municipal n.° 04-15, del 11 de junio de 2015, base del contrato por dedicación exclusiva al que se sometió, indica: “Esta Alcaldía Municipal, en el usó de las potestades conferidas en el Código Municipal y demás legislación vigente; aprueba la incorporación del puesto del Gestor Ambiental dentro del ámbito de la Dedicación Exclusiva conforme al Reglamento para el Pago de Compensación por Disponibilidad, Dedicación Exclusiva y Prohibición, aprobado en Sesión Ordinaria No 34 celebrada el 17 de Julio del 2009, publicado en la Gaceta No 148 el viernes 31 de Julio del 2009. Por lo tanto, dicho señor debe firmar contrato con la Municipalidad y abstenerse de realizar trabajos profesionales fuera del ámbito municipal. Conforme al artículo 9 del citado reglamento se le reconocerá un 50% sobre su salario base. Esta imposición rige a partir del 15 de junio de los corrientes. Se solicita confeccionar y firmar el Contrato respectivo…” (énfasis agregado) (imágenes 16-20 ibídem). El 12 de junio de 2015 se firma el contrato de dedicación exclusiva el cual tiene vigencia a partir del 15 de junio de 2015, sin señalar la fecha de término, el cual en la cláusula segunda se estipula: “En virtud de lo anterior, La Municipalidad le reconocerá un 50% sobre su salario base mensual, en virtud de su condición de Bachiller Universitario en la carrera de Biología de la Universidad de Costa Rica. Debidamente incorporado al Colegio de Biólogos de Costa Rica, No 1924 del 23 de marzo del 2011” (énfasis agregado,imágenes 22-24 ibídem). Por medio del oficio n.° AMT-0005-2016, el Alcalde de la Municipalidad, le informa que la cláusula segunda del contrato de dedicación exclusiva, que fue originalmente suscrito por las partes fue modificada, por lo que, a partir del 16 de enero de 2016, el porcentaje de pago por concepto de dedicación exclusiva será del 30% sobre el salario base, según su condición de bachillerato universitario. La parte demandada niega los hechos, y estima que la dedicación exclusiva es un contrato y la parte promovente aceptó las nuevas condiciones pactadas respecto a la cláusula del plus en mención, dejando con ello sin efecto el contrato del año 2015. En los términos anteriores quedó trabada la litis. La persona juzgadora declara sin lugar la demanda al estimar: “Así las cosas, entendiendo el carácter contractual que posee el plus de Dedicación Exclusiva en la Municipalidad de Turrubares, para lo cual se ha considerado no solo la jurisprudencia de la Sala Segunda y las resoluciones de la Sala Constitucional, sino también el Reglamento propio de la Municipalidad accionada, y valorando que el artículo 26 del tan mencionado Reglamento indica que la compensación por Dedicación exclusiva no genera derechos adquiridos ni a futuro, para el servidor municipal que la disfruta por lo que la Corporación Municipal, justificadamente, podrá rescindirla o modificarla durante su vigencia, sin generar responsabilidad ni indemnización alguna por ello; y valorando que la Sala Constitucional ha sido enfática en determinar que la dedicación exclusiva no está sujeta, en cuanto a su cancelación o supresión, a un proceso de lesividad o, en general, al cumplimiento del debido proceso previo a su rescisión o anulación, considera este juzgador que la Municipalidad de Turrubares si se encontraba facultada para disminuir el porcentaje pagado por el plus de Dedicación Exclusiva, para el caso de Bachilleres, de un 50% a un 30%, tal como ocurrió en el caso que nos ocupa. Lo cual ocurrió en amparo al ordenamiento jurídico vigente, tal como se ha venido explicando…”. Analizada la prueba en conjunto es necesario traer a colación lo que indica el Reglamento para el Pago de Compensación por Disponibilidad, Dedicación Exclusiva y Prohibición de la Municipalidad de Turrubares, n.° 34-1 del 17 de julio de 2009, en los artículos 2, 9 y 26, en ese orden señalan: Artículo 2: “Dedicación exclusiva: La dedicación exclusiva consiste en una restricción, derivada de acuerdo contractual o norma legal, al ejercicio liberal de la profesión que requiere el puesto en el cual ha sido nombrado y que conlleva una compensación económica porcentual al salario base, para aquellos servidores municipales de nivel profesional.” Artículo 9: “Compensación económica de la dedicación exclusiva: Una vez suscrito el contrato correspondiente entre las partes, se reconocerá un 50% a los profesionales para el cual se requiera el grado de bachiller universitario y un 65% a los profesionales que tengan como mínimo un grado de licenciatura universitaria y que así lo requiera el puesto en que se desempeñe”. Artículo 26: “Derechos adquiridos: La compensación por disponibilidad o dedicación exclusiva al ser contractual y temporal, no genera derechos adquiridos ni a futuro, para el servidor municipal que la disfruta, por lo que la Corporación Municipal, justificadamente, podrá rescindirla o modificarla durante su vigencia, sin generar responsabilidad ni indemnización alguna por ello, pero deberá notificarlo al servidor afectado durante la vigencia del contrato. En el caso de la dedicación exclusiva la Corporación Municipal, podrá no prorrogar el contrato correspondiente en caso de que se estime mediante acto motivado, que no se requiere más esta condición en la relación de servicio. Deberá notificarlo durante la vigencia del plazo del contrato. Estas dos condiciones regirán para las nuevas contrataciones a partir de la vigencia del presente reglamento”. En aras de una mejor comprensión, conviene transcribir parcialmente la resolución n.° 2765 de las 15:03 horas, del 20 de mayo de 1997 de la Sala Constitucional: “Los conceptos de \"derecho adquirido\" y \"situación jurídica consolidada\" aparecen estrechamente relacionados en la doctrina constitucionalista. Es dable afirmar que, en términos generales, el primero denota aquella circunstancia consumada en la que una cosa -material o inmaterial, trátese de un bien previamente ajeno o de un derecho antes inexistente- ha ingresado en (o incidido sobre) la esfera patrimonial de la persona, de manera que ésta experimenta una ventaja o beneficio constatable. Por su parte, la \"situación jurídica consolidada\" representa no tanto un plus patrimonial, sino un estado de cosas definido plenamente en cuanto a sus características jurídicas y a sus efectos, aun cuando éstos no se hayan extinguido aún. Lo relevante en cuanto a la situación jurídica consolidada, precisamente, no es que esos efectos todavía perduren o no, sino que -por virtud de mandato legal o de una sentencia que así lo haya declarado- haya surgido ya a la vida jurídica una regla, clara y definida, que conecta a un presupuesto fáctico (hecho condicionante) con una consecuencia dada (efecto condicionado). Desde esta óptica, la situación de la persona viene dada por una proposición lógica del tipo «si..., entonces...»; vale decir, si se ha dado el hecho condicionante, entonces la \"situación jurídica consolidada\" implica que, necesariamente, deberá darse también el efecto condicionado. En ambos casos (derecho adquirido o situación jurídica consolidada), el ordenamiento protege -tornándola intangible- la situación de quien obtuvo el derecho o disfruta (sic) de la situación, por razones de equidad y de certeza jurídica. En este caso, la garantía constitucional de la irretroactividad de la ley se traduce en la certidumbre de que un cambio en el ordenamiento no puede tener la consecuencia de sustraer el bien o el derecho ya adquirido del patrimonio de la persona, o de provocar que si se había dado el presupuesto fáctico con anterioridad a la reforma legal, ya no surja la consecuencia (provechosa, se entiende) que el interesado esperaba de la situación jurídica consolidada. En el caso concreto, estima esta Sala que, con fundamento en la Constitución Política, que impide la aplicación retroactiva de la ley nueva en perjuicio  de sus destinatarios (o cualquier otra fuente normativa, en el caso concreto la modificación al Reglamento sobre la Dedicación Exclusiva) la Municipalidad no podía modificar el acto que dictó en favor del actor, que fue la base de la firma de este para someterse al Régimen de Dedicación Exclusiva, el que se firmó bajo la legítima confianza del servidor que tendría como contraprestación un 50% sobre el salario base, -generando no una expectativa sino un derecho subjetivo-, pues con ello lesionó ese derecho con violación también del principio de seguridad jurídica, al imponerle, luego de la modificación del Reglamento en cuanto al porcentaje que se fijó para los Bachilleres, hecho que ocurrió varios meses después de la firma del contrato, variando el porcentaje de un 50% a un 30%, pues el primero de esos porcentajes ya había causado efectos positivos sobre la esfera jurídica del promovente. Este órgano no comparte la tesis del Juzgado en cuanto consideró que la Municipalidad de Turrubares si se encontraba facultada para disminuir el porcentaje pagado por el plus de Dedicación Exclusiva, bajo el argumento de que la legitimación le viene dada por el artículo 26 del Reglamento, puesto que ese numeral si bien estaba vigente cuando el actor firmó el contrato de dedicación exclusiva, tal modificación no se hizo bajo el alero de ese numeral, sino bajo el argumento de que se había modificado el Reglamento de ese ente territorial, y le dieron efecto retroactivo, de manera que el alegato dado en la contestación de la demanda y que acogió la juzgadora, vino a sorprender al trabajador, quien confiado en que recibiría un 50% de retribución sobre el salario base, esto para no ejercer su profesión en el cambio de su especialidad, y porque la Municipalidad lo requería, bajo el principio de buena fe lo firmó. El hecho de que luego se viera obligado a firmar la modificación del contrato vigente, que dispuso unilateralmente la Municipalidad, con aplicación retroactiva de la reforma, como bien lo alega el recurrente, no puede considerarse que actuó sometido al principio de legalidad y menos al de seguridad jurídica, al que tiene derecho el petente y lo legitiman para buscar la tutela judicial a la que accedió mediante este proceso, esto por no haber sido atendidos sus legítimos reclamos que hizo en dos ocasiones, como se desprende de la demanda y las pruebas que aportó.  Por otro lado, el principio de intangibilidad de los actos propios, exige que no se puede desconocer los actos favorables que se ha dictado en favor de una persona como ocurrió con el petente. Lo que se dio en el caso del trabajador fue un contrato por dedicación exclusiva, que no tiene fecha de expiración, por lo que ante esa omisión ha de considerarse la intención del empleador de mantenerlo mientras estuviera en el puesto para el que fue contratado y que se estimó que requería el sometimiento a ese tipo de limitación del ejercicio de la profesión que ostenta. Es más, la continuidad de dicho plus no ha sido cuestionado, pues se basa en las mismas necesidades con las que se creó, las cuales fueron “proteger los intereses municipales, así evitar la profesión liberal para evitar que brinde servicios profesionales a terceros (conflicto de intereses)”, por lo que no podría la demandada afectarle en el ingreso salarial en los términos que fue originalmente establecido, sea en el 50%  de la dedicación exclusiva, pues el reglamento lo que indicaba era \"podrá rescindirla o modificarla durante su vigencia\", haciendo referencia al contrato y no al porcentaje, o al menos no dejó claro al trabajador que la modificación sería en el porcentaje, pues de haber sido esa la intención del Reglamento emitido en el año 2009, debió establecerse claramente en esos términos, esto por razones de seguridad jurídica para el trabajador;  pues de lo contrario llamaría al engaño a los trabajadores que se someten a limitaciones bajo la seguridad jurídica y confianza legítima de que van a recibir una compensación que les satisfaga su privación del ejercicio profesional fuera del ente que los contrata. Además, hacer un cambio sorpresivo, como ocurrió en este caso, no deja de ser una actuación contraria a la buena fe contractual y un abuso del ius variandi, pues el poder del empleador de modificar los contratos de trabajo, en este caso de su extensión por el dedicación exclusiva, no puede afectar lo relativo a los ingresos contratados como contraprestación o limitaciones como la impuesta al trabajador, como ocurrió en este caso. En consecuencia, se observa un quebranto a las garantías y derechos fundamentales del demandante, en el tema salarial, pues no se resguardó su derecho. Además, la actuación de la Municipalidad accionada vulnera el principio de seguridad jurídica que comprende el de intangibilidad de los actos propios que generaron un derecho subjetivo del trabajador, con vigencia indefinida, como fue el caso de estudio, donde el actor fue contratado y pactó un contrato de dedicación exclusiva y no hubo solución de continuidad entre ese acto que le garantizó el devengo del 50% por el citado plus y la fecha en que se le varió el porcentaje. Si bien la Sala no ignora el poder reglamentario y con ello de modificarlo que tiene la Municipalidad accionada, es claro que ese poder no le permite lesionar derechos subjetivos de sus funcionarios. Este Tribunal no desconoce la naturaleza consensual de la dedicación exclusiva, en lo que lleva razón la juzgadora de instancia, pero para el caso de estudio, ello no es suficiente para legitimar las decisiones posteriores que tomó la Municipalidad en perjuicio directo del trabajador, haciendo que éste firmara una modificación a pocos meses de haberse comprometido con limitar su ejercicio profesional a cambio del 50% sobre el salario base. Esa actuación del ente demandado fue contraria al principio de buena fe contractual, poniendo al trabajador en una difícil posición pues si no firmaba la modificación que le presentó se exponía a perder del todo la retribución del plus contratado, teniendo por efecto una especie de forzamiento a renunciar a parte de sus ingresos. Dejó de lado la juzgadora de instancia, que  la imposición al actor del porcentaje fijado en la modificación al Reglamento, lo que ocurrió a finales del año 2015, hecho que aconteció después de la fijación contractual del porcentaje a recibir por el actor por el citado plus, implicó una violación al principio de irretroactividad de las normas, que también aplica para las fuentes normativas de carácter reglamentario, por lo que la demandada no estaba legitimada para modificar los términos originales del porcentaje fijado con base en el Reglamento del año 2009 que era el vigente cuando se consolidó el contrato por dedicación exclusiva. El  hecho de que el rebajo se le hiciera a futuro no era suficiente para cumplir con ese principio constitucional, para el caso de estudio, pues la Municipalidad debió respetar los términos contractuales que estaban vigentes, de manera que  la potestad de la modificación reglamentaria, debía hacerse para los contratos que por primera vez firmara a partir de la modificación y no para los que había firmado antes y estaban vigentes, como es el caso del aceptado por el aquí actor. Lo que sí podía hacer la Municipalidad, con base en el artículo 26 del Reglamento que rigió el acuerdo original, era rescindirlo porque eso sí quedó claro en dicho numeral, pero no modificarlo en cuanto al porcentaje acordado, pues esa norma reglamentaria no dejó clara esa posibilidad y su interpretación debe hacerse a la luz del principio del in dubio pro operario, el cual manda que cuando una norma ofrece la posibilidad de más de una interpretación, los juzgadores deben hacerlo a favor de la persona trabajadora. Esta interpretación tiene alto significado cuando está en juego el ingreso de las personas trabajadoras, las que parten de la confianza legítima de que los ingresos ofrecidos cuando son contratados, desde la firma de ese tipo de contratos que limitan en su ejercicio profesional, les permite atender su proyecto de vida  y el de sus dependientes. Es por esa razón que el salario (en este caso compuesto también por el plus por dedicación exclusiva) tiene una tutela reforzada bajo el principio de irrenunciabilidad, de modo tal que aunque el trabajador, por su condición real de parte más débil de la relación laboral, \"acepte un rebajo\", puede hacer el reclamo durante la vigencia del contrato de trabajo e incluso dentro del año siguiente a la terminación del vínculo.  En síntesis, el tema del ingreso salarial por dedicación exclusiva no debe modificarse mientras esté vigente la relación laboral, cuyo inicio fue anterior a cualquier modificación de la fuente normativa que sirvió de base para el acuerdo original. Es por lo antes razonado que esta Sala estima que la interpretación que hace la juzgadora de instancia, del artículo 26 del Reglamento vigente cuando el actor se sometió a la limitación del ejercicio de su profesión a cambio del 50% de salario calculado sobre el salario base, no es la correcta, pues con ello desaplica el principio de irretroactividad, en este caso de la modificación del Reglamento para el pago de la Dedicación Exclusiva, lo que se alegó en la demanda y se reitera en el recurso. En consecuencia procede anular el fallo recurrido para disponer que la Municipalidad accionada debe pagar al actor la diferencia dejada de cancelar por dedicación exclusiva, sea del 20% sobre el salario base, desde el 16 de enero de 2016 en que dejó de pagarle por ese concepto el 50% que correspondía al contrato firmado desde el año 2015, mientras se mantenga vigente la limitación al ejercicio de la profesión que ostenta fuera de esa Municipalidad.\n\nVII.- SOBRE EL DAÑO MORAL SUBJETIVO RECLAMADO: La parte en la demanda solicita el pago de ocho millones de colones al haber sufrido perjuicio económico por el indebido pago del plus salarial de dedicación exclusiva. Al respecto, la Sala ha señalado que el reconocimiento del daño moral subjetivo procede cuando se compruebe que la actuación arbitraria de la parte patronal ha afectado derechos o bienes de naturaleza extrapatrimonial. El daño solicitado debe ser denegado al ser que no existe ninguna razón ni elemento objetivo, y ni siquiera indiciario, que permita sostener que al actor se le haya causado algún perjuicio que evidenciara un temor o angustia ocasionados por la decisión patronal. El tema económico, en el que pretende sustentar ese miedo, no es de recibo por cuanto el tipo de contrato  fue modificado, no eliminado, pues este tipo de contrato no constituye un derecho adquirido o consolidado, por lo que, puede ser desaplicado por el empleador. En el caso particular, si bien se entiende que la modificación pudo generar una situación de angustia y tristeza en la parte promovente, lo cierto es que no se observa la concurrencia de circunstancias adicionales que hayan podido generar un daño adicional en el fuero interno del actor, que amerite una indemnización adicional. Por lo antes expuesto, no procede conceder el daño reclamado.\n\nVIII.- COSTAS: En materia laboral, el tema de las costas está regulado en los artículos 562, 563 y 564 del Código de Trabajo. El canon 562 del Código de Trabajo , en lo que resulta de interés, estipula: “ En toda sentencia...se condenará al vencido...al pago de las costas personales y procesales causadas./Si la sentencia resuelve el asunto por el fondo… las personales no podrán ser menores del quince por ciento (15%) ni mayores del veinticinco por ciento (25%) del importe líquido de la condenatoria o de la absolución, en su caso./ En los demás supuestos, así como cuando el proceso no fuera susceptible de estimación pecuniaria, la fijación se hará prudencialmente  ./ Para hacer la fijación del porcentaje o del monto prudencial se tomarán en cuenta la labor realizada, la cuantía de la cosa litigada y la posición económica del actor y demandado./  En los asuntos inestimables en que hubiera trascendencia económica se hará la fijación con base en el monto resultante hasta la firmeza de la sentencia y, si a consecuencia del proceso se siguiera generando en el futuro el resultado económico, podrá agregarse al monto fijado, según criterio prudencial, hasta un cincuenta por ciento (50%). Si el resultado económico fuera intrascendente se hará la fijación de forma prudencial con fundamento en los criterios mencionados” (negrita no pertenece al original). Con fundamento en esa normativa, la regla es condenar al vencido en el litigio a pagar ambas costas del juicio. Sin embargo, al tenor del artículo 563 del Código de rito, se puede eximir del pago de esos gastos a quien se encuentre en alguno de los supuestos señalados en ese numeral, esto es: cuando el vencido haya litigado con evidente buena fe; cuando las proposiciones hayan prosperado parcialmente; o cuando haya vencimiento recíproco. De lo anterior se deduce que la regla es la condenatoria y la situación contraria es la excepción, por lo que tales circunstancias deben inferirse claramente de los autos para poder ser aplicadas, aparte de que la exención es una facultad, y no una obligación para el juzgador. No obstante, analizado el actuar procesal de la parte demandada, no se advierte alguna causal para exonerar el pago de costas. Quedó debidamente acreditado que la modificación del porcentaje en la dedicación exclusiva violentó el derecho subjetivo del trabajador, que obligó a acudir a la vía judicial para buscar la tutela de ese derecho, sin que resulte justo que deba asumir los gastos que ello le significó. Además, tampoco se está en un caso de vencimiento recíproco. Por lo que estima este Tribunal que las costas deben  fijarse a la parte vencida. El presente asunto conlleva una pretensión inestimable con trascendencia económica, por ende, corresponde condenar al accionado al pago de ambas costas, fijando las personales en el quince por ciento de las sumas adeudadas a la firmeza de la sentencia y, por las consecuencias económicas futuras, cabría agregar a la suma resultante del porcentaje fijado, según criterio prudencial, hasta un cincuenta por ciento adicional, a partir de la firmeza del fallo; lo cual se determinará en ejecución de esta sentencia.\n\nIX.- CONSIDERACIONES FINALES: Corolario de lo expuesto, resulta procedente declarar con lugar el recurso de la parte actora y anular el fallo impugnado. En su lugar, deberá declararse parcialmente con lugar la demanda, rechazándose la excepción de falta de derecho respecto de lo concedido y acogiéndose en cuanto a lo denegado. Debe pagar al actor la diferencia dejada de cancelar por dedicación exclusiva, sea del 20% sobre el salario base, desde el 16 de enero de 2016 en que dejó de pagarle por ese concepto el 50% que correspondía al contrato firmado desde el año 2015, mientras se mantenga vigente la limitación al ejercicio de la profesión que ostenta fuera de esa Municipalidad. También deben cancelarse las diferencias salariales generadas en aguinaldos por los periodos correspondientes. Respecto a las diferencias salariales dejadas de percibir, como se solicita en la acción, deberá la parte demandada, cancelar los intereses legales y la indexación a partir de que cada emolumento resulto exigible y hasta el efectivo pago, conforme la tasa prevista en el numeral 1163 del Código Civil, es decir, con base en la tasa reconocida por el Banco Nacional de Costa Rica para los certificados de depósito a seis meses plazo. De conformidad con lo previsto en el numeral 567 del Código de Trabajo, debe condenarse a la parte accionada a pagar a la Caja Costarricense de Seguro Social las cuotas obrero-patronales y demás obligaciones adeudadas a la Seguridad Social, con ocasión de la condena dispuesta. Se debe denegar el daño moral subjetivo reclamado, debiéndose acoger, a su respecto, la excepción de falta de derecho. Por la forma como ahora se resuelve, deberá condenarse a la parte accionada a pagar ambas costas del proceso. El presente asunto conlleva una pretensión inestimable con trascendencia económica, por ende, se fija las personales en el quince por ciento de las sumas adeudadas a la firmeza de la sentencia y, por las consecuencias económicas futuras, cabría agregar a la suma resultante del porcentaje fijado, según criterio prudencial, hasta un cincuenta por ciento adicional, a partir de la firmeza del fallo; lo cual se determinará en ejecución de esta sentencia.\n\nX.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA CHACÓN ARTAVIA Y EL MAGISTRADO AGUIRRE GÓMEZ: Compartimos las razones expuestas en el voto de mayoría con respecto a las reclamaciones de orden formal; sin embargo, nos apartamos de los motivos expuestos sobre el fondo. SOBRE EL CASO CONCRETO: La estructura salarial típicamente empleada en el sector público implica el pago de la base salarial más pluses, lo cual determina la cuantía total del salario atendiendo a las circunstancias profesionales de cada persona trabajadora. Los complementos salariales proceden en atención al cumplimiento de los requisitos legales o reglamentariamente establecidos, atendiendo al principio de causalidad.  En el presente asunto, se discute el pago del complemento salarial denominado “dedicación exclusiva”. En líneas generales, se entiende por dedicación exclusiva la retribución que efectúa la entidad patronal, como contraprestación a una persona trabajadora que, voluntariamente, decide restringir su derecho a la libertad de trabajo, consagrado en el numeral 56 de la Constitución Política, obligándose a poner a disposición de la entidad patronal, de forma exclusiva, sus conocimientos en determinada ciencia, arte o industria. En el servicio público, la persona funcionaria puede libremente decidir si solicita que se le compense salarialmente por dedicarse exclusivamente a su puesto, ante cuya solicitud la entidad patronal, en el ejercicio de su discrecionalidad, está facultado para analizar si el cargo ocupado requiere o no esa dedicación (votos de esta Sala números 1081 de las 9:50 horas del 29 de noviembre de 2012; 72, a las 10:20 horas del 27 de febrero de 2002; y 171, de las 14:30 horas del 3 de noviembre de 1989). No debe olvidarse que la dedicación exclusiva es un régimen consensual que permite al Estado contar con un grupo de funcionarios y funcionarias que brinden la totalidad de sus servicios a la institución contratante, a cambio de una retribución económica o un plus salarial, cuando a su juicio la naturaleza del puesto así lo amerite. También se ha indicado que la dedicación exclusiva, no tiene necesariamente como base de su otorgamiento la prohibición legal del ejercicio de la profesión, como ocurre con la Compensación por Prohibición, sino que resulta del acuerdo entre el patrono y la persona trabajadora (voto de esta Sala n.° 171, de las 14:30 horas del 3 de noviembre de 1989). Contrario a la dedicación exclusiva, la prohibición es inherente al puesto por disposición de ley y, por ello, es ineludible e irrenunciable, quedando fuera del alcance de la Administración concederlo o de la persona servidora de renunciarlo. Ya la Sala Constitucional ha explicado que la dedicación exclusiva es de origen \"netamente contractual\" (voto 5548-2017) y es una facultad para el Estado y sus instituciones que puede poner en práctica, cuando así se considere conveniente por razones de interés público, mediante acuerdo con sus servidores y servidoras profesionales, a cambio de un plus en su salario, con el propósito de que laboren de manera exclusiva para el empleador. Como consecuencia de lo dicho -y contrario a lo que sostiene la parte recurrente- la fuente de la obligación de pago del plus para la Administración es el contrato. Es importante resaltar que, tratándose de relaciones de empleo público, el contrato de dedicación exclusiva es un contrato típicamente administrativo que consiste en un acuerdo de voluntades que surge entre la Administración y sus funcionarios y funcionarias, cuando se identifica la necesidad de que quien ostente un cargo público se desempeñe en ese puesto de manera exclusiva. En el caso de la Municipalidad de Turrubares, el Reglamento para el pago de compensación por disponibilidad, dedicación exclusiva y Prohibición, establece como presupuestos para su aplicación, que la persona funcionaria ostente un grado académico que lo califique para ejercer de manera liberal, que esté inscrito o inscrita en el respectivo colegio profesional, si lo hubiere; y que ocupen un puesto para el cual se requiere el ejercicio de determinada profesión. De esta forma, no podría otorgarse el beneficio de dedicación exclusiva a un puesto para el que no se necesite ser profesional liberal, cualquiera que sea el grado académico que ostente el funcionario, pues no existiría una causa que justifique el otorgamiento del beneficio cuando la persona trabajadora no se desempeña para la Administración como un profesional liberal, a pesar de que lo sea. La dedicación exclusiva se pacta mediante un contrato formal, con lo cual la Administración se asegura que el funcionario o la funcionaria no se desempeñe de manera privada en el ejercicio de su profesión y que se dedicará todo su tiempo y esfuerzo a las labores encomendadas, a cambio de un sobresueldo (votos de esta Sala números 01546 – 2020, 00781 – 2023, 00896 – 2022, entre otros). Así, la sujeción voluntaria de la persona funcionaria al régimen de dedicación exclusiva le impide el desempeño de labores relacionadas con su profesión de manera privada e implica como contraprestación un pago adicional al salario del funcionario y una vez acordado dicho pago, el servidor no puede dedicarse en forma privada a labores o actividades relacionadas con la profesión por la que fue contratado de manera exclusiva por la Administración. Consecuentemente, al tratarse de un contrato administrativo firmado entre la Administración y la persona funcionaria, a este instrumento jurídico le resultan aplicables principios generales de la actividad contractual administrativa, tales como, el principio denominado pacta sunt servanda (lo pactado obliga), buena fe, mutabilidad, ley entre las partes, confianza legítima, seguridad y certeza jurídica, etcétera. En el caso concreto, no ha sido controvertido que la Municipalidad de Turrubares cancela al actor el plus salarial por dedicación exclusiva, sin embargo, el tema en discusión es si el porcentaje del plus, el cual fue modificado con un nuevo contrato de dedicación, en enero de 2016, está ajustado a derecho. La parte actora en el proceso judicial pretende el pago de las diferencias salariales entre el 30% que percibe por contrato de dedicación exclusiva y el 50% que él manifiesta se le dejó de pagar a partir del 2016 como consecuencia de la suscripción, el 5 de enero del año 2016, de un nuevo contrato, el cual, el actor firmó, aceptando las nuevas condiciones para el reconocimiento de la dedicación exclusiva, entre las que se incluye el rebajo del porcentaje por ese concepto al 30%; aplicando la Municipalidad, las reglas de la reforma al Reglamento vigente a esa fecha. El reconocimiento de la dedicación exclusiva, en favor del petente, fue acordada en la resolución municipal n.° 04-15, del 11 de junio de 2015, en donde se indica: “Esta Alcaldía Municipal, en el uso de las potestades conferidas en el Código Municipal y demás legislación vigente; aprueba la incorporación del puesto del Gestor Ambiental dentro del ámbito de la Dedicación Exclusiva conforme al Reglamento para el Pago de Compensación por Disponibilidad, Dedicación Exclusiva y Prohibición, aprobado en Sesión Ordinaria No 34 celebrada el 17 de Julio del 2009, publicado en la Gaceta No 148 el viernes 31 de Julio del 2009. Por lo tanto, dicho señor debe firmar contrato con la Municipalidad y abstenerse de realizar trabajos profesionales fuera del ámbito municipal. Conforme al artículo 9 del citado reglamento se le reconocerá un 50% sobre su salario base. Esta imposición rige a partir del 15 de junio de los corrientes. Se solicita confeccionar y firmar el Contrato respectivo…” (énfasis agregado) (imágenes 16-20 ibídem). Dicha normativa, el Reglamento para el Pago de Compensación por Disponibilidad, Dedicación Exclusiva y Prohibición, aprobado en Sesión Ordinaria No 34 celebrada el 17 de Julio del 2009; establecía en su artículo 9°, lo siguiente: “—Compensación económica de la dedicación exclusiva: Una vez suscrito el contrato correspondiente entre las partes, se reconocerá un 50% a los profesionales para el cual se requiera el grado de bachiller universitario y un 65% a los profesionales que tengan como mínimo un grado de licenciatura universitaria y que así lo requiera el puesto en que se desempeñe.” (énfasis suplido).  Es por lo anterior, que el 12 de junio de 2015 se firma el contrato de dedicación exclusiva el cual tiene vigencia a partir del 15 de junio de 2015 y por tiempo indefinido, el que estipula en la cláusula segunda lo siguiente: “En virtud de lo anterior, la Municipalidad le reconocerá un 50% sobre su salario base mensual, en virtud de su condición de Bachiller Universitario en la carrera de Biología de la Universidad de Costa Rica. Debidamente incorporado al Colegio de Biólogos de Costa Rica, No 1924 del 23 de marzo del 2011” (énfasis agregado, imágenes 22-24 ibídem). Ahora bien, por medio del oficio n.° AMT-0005-2016, el Alcalde de la Municipalidad, le informa al accionante que la cláusula segunda del contrato de dedicación exclusiva, que fue originalmente suscrito por las partes, fue modificada, por lo que, a partir del 16 de enero de 2016, el porcentaje de pago por concepto de dedicación exclusiva será del 30% sobre el salario base, según su condición de bachillerato universitario (imagen 26). En virtud de ello, con fecha 5 de enero del 2016, la Municipalidad y el actor firman un nuevo Contrato de Dedicación Exclusiva, que establece en la cláusula segunda que el porcentaje que se le reconocerá por concepto de dedicación exclusiva corresponde a un 30% sobre su salario mensual, en virtud de su condición de bachiller universitario, estableciendo que la modificación de dicho contrato rige a partir del 16 de enero del 2016, sin fecha de vencimiento (imágenes 27-29). Lo anterior con base en el Acta de Sesión Ordinaria n.° 37-2015, de la Municipalidad de Turrubares, en donde acuerda modificar el Pago de Compensación por Disponibilidad, Dedicación Exclusiva y Prohibición en la Municipalidad de Turrubares, de los siguientes articulados: “1. El articulo No 8 se modifica y se debe leer de la siguiente manera: Artículo 8º—Compensación económica de la disponibilidad: A cambio de esa disponibilidad y una vez suscrito contrato entre las partes, al servidor municipal se le reconocerá una compensación económica, la cual consistirá en un porcentaje que podrá ser de un 20% sobre el salario base. Para que proceda el pago de disponibilidad, el requerimiento de la Municipalidad de los servicios eventuales de las funciones asignadas al puesto, deberán ser al menos igual o superior a 12 horas por semana, caso contrario y de requerirse la presencia del servidor fuera de la jornada laboral se reconocerá el pago de horas extras cuando legalmente así proceda y no se trate de puestos de confianza. 2. El articulo No 9 se modifica y se debe leer de la siguiente manera: Artículo 9º—Compensación económica de la dedicación exclusiva: Una vez suscrito el contrato correspondiente entre las partes, se reconocerá un 30% a los profesionales para el cual se requiera el grado de bachiller universitario y un 55% a los profesionales que tengan como mínimo un grado de licenciatura universitaria y que así lo requiera el puesto en que se desempeñe”. (lo destacado es propio). La parte demandada argumentó que la dedicación exclusiva es un contrato y la parte promovente aceptó las nuevas condiciones pactadas respecto a la cláusula del plus en mención, dejando con ello sin efecto el contrato del año 2015. En los términos anteriores así quedó trabada la litis. La persona juzgadora declaró sin lugar la demanda al estimar: “Así las cosas, entendiendo el carácter contractual que posee el plus de Dedicación Exclusiva en la Municipalidad de Turrubares, para lo cual se ha considerado no solo la jurisprudencia de la Sala Segunda y las resoluciones de la Sala Constitucional, sino también el Reglamento propio de la Municipalidad accionada, y valorando que el artículo 26 del tan mencionado Reglamento indica que la compensación por Dedicación exclusiva no genera derechos adquiridos ni a futuro, para el servidor municipal que la disfruta por lo que la Corporación Municipal, justificadamente, podrá rescindirla o modificarla durante su vigencia, sin generar responsabilidad ni indemnización alguna por ello; y valorando que la Sala Constitucional ha sido enfática en determinar que la dedicación exclusiva no está sujeta, en cuanto a su cancelación o supresión, a un proceso de lesividad o, en general, al cumplimiento del debido proceso previo a su rescisión o anulación, considera este juzgador que la Municipalidad de Turrubares si se encontraba facultada para disminuir el porcentaje pagado por el plus de Dedicación Exclusiva, para el caso de Bachilleres, de un 50% a un 30%, tal como ocurrió en el caso que nos ocupa. Lo cual ocurrió en amparo al ordenamiento jurídico vigente, tal como se ha venido explicando…”. En criterio de quienes suscribimos este voto salvado, lo dispuesto por la persona juzgadora se encuentra conforme a derecho, según lo establecido en el Reglamento de la Municipalidad, en su artículo 26, pues, como queda dicho, en el mismo se dispuso que la accionada podía rescindir o modificar el contrato de dedicación exclusiva, por lo que el trabajador no desconocía que dicha modificación era viable. Es por ello que, al haber firmado un nuevo contrato, dejaba sin efecto el anterior, sin que por ello sea válido afirmar que el promovente haya adquirido un derecho al porcentaje de manera irrevocable, pues claramente la norma reglamentaria que regía esa contratación dejaba claro que no se trataba de derechos adquiridos y claramente delimitadas las potestades de la Municipalidad, la que ejecutó la modificación hasta el momento en que fijó los nuevos parámetros del plus por dedicación exclusiva. Si bien contrato anterior establecía un porcentaje de dedicación exclusiva del 50% y no estableció una fecha de vencimiento, el nuevo contrato, por su contenido, dejaba sin efecto el anterior; estableciendo nuevos términos. Sobre este aspecto, es importante dejar claro que existe un derecho subjetivo al pago de la dedicación exclusiva bajo determinadas condiciones, como es el porcentaje, en la medida en que el contrato respectivo se encuentre vigente; sin embargo, al firmarse un nuevo contrato, esas condiciones pueden ser modificadas, pues se trata de una liberalidad de las partes que suponen una mera expectativa que no se puede concretar en una exigibilidad de esa condición.  En efecto, estimamos que no existe un derecho subjetivo del actor, mucho menos un derecho adquirido o situación jurídica consolidada a que se le continúe pagando el porcentaje que reclama por concepto de dedicación exclusiva, en tanto aceptó las nuevas condiciones contractuales. Sobre tales conceptos, vale traer a colación lo indicado por la Sala Constitucional, alta instancia que en sentencia No. 1119-90 de las 14 horas del 18 de setiembre de 1990, citada en el fallo No. 2005-07642 de las 11 horas 39 minutos del 16 de junio del 2005, sobre tales figuras indicó: \" Los conceptos de ‘derecho adquirido’ y ‘situación jurídica consolidada’ aparecen estrechamente relacionados en la doctrina constitucionalista. Es dable afirmar que, en términos generales, el primero denota a aquella circunstancia consumada en la que una cosa -material o inmaterial, trátese de un bien previamente ajeno o de un derecho antes inexistente- ha ingresado en (o incidido sobre) la esfera patrimonial de la persona, de manera que ésta experimenta una ventaja o beneficio constatable. Por su parte, la ‘situación jurídica consolidada’ representa no tanto un plus patrimonial, sino un estado de cosas definido plenamente en cuanto a sus características jurídicas y a sus efectos, aun cuando éstos no se hayan extinguido aún. Lo relevante en cuanto a la situación jurídica consolidada, precisamente, no es que esos efectos todavía perduren o no, sino que -por virtud de mandato legal o de una sentencia que así lo haya declarado- haya surgido ya a la vida jurídica una regla, clara y definida, que conecta a un presupuesto fáctico (hecho condicionante) con una consecuencia dada (efecto condicionado). Desde esta óptica, la situación de la persona viene dada por una proposición lógica del tipo ‘si..., entonces...’; vale decir: si se ha dado el hecho condicionante, entonces la ‘situación jurídica consolidada’ implica que, necesariamente, deberá darse también el efecto condicionado. En ambos casos (derecho adquirido o situación jurídica consolidada), el ordenamiento protege -tornándola intangible- la situación de quien obtuvo el derecho o disfruta de la situación, por razones de equidad y de certeza jurídica.\" Es claro que en tanto suscrito el contrato de dedicación exclusiva se concede un derecho de pago de plus salarial, pero tal efecto no incluye un derecho de mantenimiento perenne de condiciones salariales contenidas en convenios anteriores. No se deja de lado que toda decisión de la Administración debe contar con la debida motivación, ello en consonancia con lo establecido en el artículo 136 de la Ley General de la Administración Pública; que, en el caso bajo estudio, la modificación del porcentaje de dedicación exclusiva se justifica en la reforma al Reglamento ocurrida el 19 de agosto del año 2015, que entró en vigencia el primero de enero del año 2016.  Es importante tener presente que con respecto al acuerdo de modificación de los porcentajes, el Juzgado dejó consignado la justificación de la Municipalidad, según la cual era necesario, por recomendaciones de la Contraloría General de la República, ajustar los porcentajes a las reglas generales aplicables en el sector regido por la Autoridad Presupuestaria. Al respecto, en la Sesión Ordinaria n.° 37-2015 Sesión Ordinaria, celebrada por el Concejo Municipal de Turrubares en el el 19 de agosto del año dos mil quince, dijo lo siguiente: \"En aquel momento se valoró la moción presentada por el Alcalde Municipal, siendo que, la justificación de esta modificación reglamentaria, versa principalmente sobre los siguientes aspectos, derivados de los considerandos 2 y 3 de la moción: “ 3. Que la Alcaldía Municipal luego de realizar un análisis profundo de dicha reglamentación y con el aporte de diferentes expertos en la materia, considera importante y urgente realizar cambios y ajustar dicho articulado al bloque de legalidad, debido que se podría estar equiparando estos pagos con los establecidos en las diferentes regímenes de prohibición, sobre los cuales existe legislación clara y concisa. 4. Que la Contraloría General de la República, en su estudio realizado sobre este tipo de  pagos junto con el de prohibición también considera importante se ajuste el reglamento a otros escenarios inferiores a la  sobre prohibiciones”. (El subrayado no es propio del texto original). (Véase imágenes 119 y 120 del expediente electrónico descargado en formato PDF en  orden ascendente). De toda suerte que fue mediante esta modificación debidamente justificada y legalmente acordada, que se redujo el porcentaje de dedicación exclusiva. Esa justificación, necesaria para cumplir con la exigencia reglamentaria de fundamentar la modificación del plus, no ha sido rebatida; y, tomando en en cuenta la naturaleza del rubro salarial de dedicación exclusiva que permite su modificación en pro de un uso correcto de los fondos públicos, no consideramos procedente mantenerlo invocando derechos como irrenunciables, y que que la Administración para remover el acto haya debido acudir a la via de la lesividad para lograr el ajuste al ordenamiento. Por otra parte, no es admisible el argumento del recurrente en cuanto dice que firmó el nuevo contrato bajo temor, pues desde la firma del primer contrato sabía que la Municipalidad contaba con la posibilidad reglamentaria (Reglamento para el Pago de Compensación por Disponibilidad, Dedicación Exclusiva y Prohibición de la Municipalidad de Turrubares, n.° 34-1 del 17 de julio de 2009, que se mantuvo en la regulación sobre potestad del ente municipal de modificar el contrato de dedicación exclusiva e incluso rescindirlo sin responsabilidad para éste, lo que era del conocimiento del petente) de dejar sin efecto el contrato de dedicación exclusiva o de modificación, siendo éste último lo que sucedió, para lo que fue avisado (único requisito que debía cumplir la Municipalidad para eliminarlo o modificarlo) le pidió la firma del nuevo contrato, o sea, la modificación prevista en la norma reglamentaria. La modificación se hizo invocando una justificación, la cual no ha sido desvirtuada en el proceso. Por todo lo anterior, contrario a lo señalado en el voto de mayoría, quienes suscribimos este voto salvado consideramos que no se ha inobservado el principio de intangibilidad de la actos propios. Al respecto, impera tomar en consideración que la Municipalidad demandada no modificó unilateralmente derechos subjetivos del trabajador; como se dijo, ambas partes acordaron, mediante la suscripción de un nuevo Contrato de Dedicación Exclusiva, modificar los términos para el reconocimiento de dicho plus salariales. Y es que, tratándose de un tema meramente contractual, como ampliamente se ha desarrollado, es mediante la suscripción de un contrato entre las partes que se deben establecer las condiciones para el reconocimiento y pago de la dedicación exclusiva en el caso concreto y mediante ese mismo medio, que se pueden modificar o prorrogar. Por los motivos expuestos, no se aprecia que, en el asunto bajo estudio, se hayan violentado derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas del accionante; tampoco que se violentaran los principios de irretroactividad de la ley y principio de legalidad. En consecuencia, procede  declarar sin lugar el recurso planteado.\n\nPOR TANTO:\n\nSe declara con lugar el recurso de la parte actora. Se anula la sentencia impugnada. En su lugar, se declara parcialmente con lugar la demanda, rechazándose la excepción de falta de derecho respecto de lo concedido y acogiéndose en cuanto a lo denegado. Debe pagar al actor la diferencia dejada de cancelar por dedicación exclusiva, sea del veinte por ciento sobre el salario base, desde el dieciséis de enero de dos mil dieciséis en que dejó de pagarle por ese concepto el cincuenta por ciento, mientras se mantenga vigente la limitación al ejercicio de la profesión que ostenta fuera de esa Municipalidad. También debe cancelar las diferencias salariales generadas en aguinaldos por los periodos correspondientes. Respecto a las diferencias salariales dejadas de percibir, deberá la parte demandada, cancelar los intereses legales y la indexación a partir de que cada emolumento resultó exigible y hasta el efectivo pago, conforme la tasa prevista en el numeral mil ciento sesenta y tres del Código Civil.  Al tenor de lo estatuido en el numeral quinientos sesenta y siete del Código de Trabajo, deberá condenarse a la parte accionada a pagar a la Caja Costarricense de Seguro Social las cuotas obrero-patronales y demás obligaciones adeudadas a la Seguridad Social, con ocasión de la condena dispuesta. Se deniega el daño moral subjetivo reclamado. Se condena a la parte accionada al pago de ambas costas. Las personales se fijan en el quince por ciento de las sumas resultantes a la fecha de la firmeza del fallo. Por las consecuencias futuras, podrá agregarse a la suma que resulte, hasta un cincuenta por ciento más, según criterio prudencial, a determinarse en la etapa de ejecución. El Magistrado Aguirre y la Magistrada Chacón Artavia salvan el voto, declaran sin lugar el recurso planteado y confirman la sentencia recurrida.\n\nRes: 2024-001560\n\nKACUNAL/DMENESES\n\n \n\n\t\n\n\n\nATU43BTKCTJO61\nLUIS PORFIRIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ - PRESIDENTE/A\n\n\t\n\n \n\n\n\n\n\n\nJ0GTPLXWNSC61\nORLANDO AGUIRRE GÓMEZ - MAGISTRADO/A\n\n\t\n\n \n\n\t\n\n\n\n4TVPITV47NTO61\nROXANA CHACÓN ARTAVIA - MAGISTRADO/A\n\n\n\n\n\n\nONCFYP66OSC61\nJORGE ENRIQUE OLASO ÁLVAREZ - MAGISTRADO/A\n\n\t\n\n \n\n\t\n\n\n\nZVO7UJPMWXW61\nJULIA VARELA ARAYA - MAGISTRADO/A\n\n \n\n1\n\nEXP: 20-000064-1529-LA\n\n \n\n Teléfonos: 2295-3671, 2295-3676, 2295-3675 y 2295-4406. Facsímile: 2295-3009. Correo Electrónico: sala-segunda@poder-judicial.go.cr\n\nClasificación elaborada por SALA SEGUNDAdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 13:46:52.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "**CONSIDERING:**\n\n**I.- BACKGROUND:** In the complaint, the plaintiff stated that he has worked for the Municipality of Turrubares as an environmental manager (gestor ambiental) since May 2011. By official letter no. MT-OGA-032-2015, on June 8, 2015, he requested the defendant to accept him into the exclusive dedication (dedicación exclusiva) regime, which was approved on June 11, 2015, effective June 15 of the same year. He indicated that on August 19, 2015, the Municipal Council approved the modification to the amount to be paid for exclusive dedication provided in the Regulation and, on January 8, 2016, he received an official letter from the municipality's mayor's office, which indicated that, due to the change in the municipal regulation, the contract originally signed by him had to be modified. He noted that on October 20, 2016, he made the corresponding claim for the illegality and unconstitutionality of the regulation. He explained that said reduction caused him economic harm, affecting his personal budget. Based on the foregoing, he requested that the retroactive application of a regulatory change governing the payment of exclusive dedication be declared illegal and unconstitutional, since said change should only have affected new contracts and not those that were in effect; that the sums not received during the entire time payment was withheld be recognized until the correct percentage payment is made; the corresponding year-end bonus (aguinaldo) for the period not paid at the correct exclusive dedication percentage; payment of subjective moral damages for the sum of ₡8,000,000 colones for the damages caused; interest and indexation from when they should have been paid until their effective payment; and both costs of the proceeding (images 1-8 of the electronic court file downloaded in PDF format). The special judicial representative of the municipality responded in a timely manner, denying the complaint and raising the defense of lack of right. He indicated that \"The Regulation for the Payment of Compensation for Availability, Exclusive Dedication and Prohibition in the Municipality of Turrubares,\" was in effect until December 2015, when it was repealed, and new conditions were established for said legal figures. He mentioned that the claim filed by the plaintiff lacked merit, given that the legal nature of the exclusive dedication figure is contractual, meaning a bilateral agreement of wills must exist for the right to demand exclusivity to be configured. He explained that in the sixth clause of the contract signed by the parties, they stated that the exclusive dedication regulation formed part of the contract, such that, according to the municipality's representative, articles 2 and 26 are part of the conditions voluntarily accepted by the plaintiff, which empowered the defendant to unilaterally modify the agreed conditions, without it signifying harm or detriment to the worker's rights. He detailed that upon signing a new contract, the plaintiff rendered the previous one void. He stated that both versions of the regulation for the payment of compensation for availability, exclusive dedication, and prohibition of the Municipality of Turrubares established that they did not generate acquired rights, so the defendant could rescind them or modify their validity, without generating any liability or compensation for doing so (images 58-92 ibid.). The Civil, Labor, and Family Court of Puriscal (labor matters), through judgment no. 183 at 4:07 p.m. on October 30, 2020, dismissed the complaint, without special judgment on costs. It considered that the municipality was authorized to decrease the percentage paid for the exclusive dedication bonus for the case of bachelor's degree holders, from 50% to 30%. Furthermore, that the modification was duly justified and legally agreed upon. On the other hand, it noted that acceptance of the change ordered by the Municipality existed, because on January 5, 2016, the plaintiff signed the new exclusive dedication contract that was sent to him, thereby establishing new conditions regarding the percentage, changing from 50% to 30% of the exclusivity on the monthly salary (images 452-466 ibid.).\n\n**II.- CASSATION APPEAL:** The special judicial representative of the plaintiff, disagreeing with the decision, files an appeal before the Chamber. He raises procedural grounds, such as the lack of a clear and precise determination of the facts accredited by the court, as well as lack of reasoning or insufficient reasoning in the judgment. 1.- Challenges proven fact number four, because it does not determine whether the modification to the regulation could be applied to the plaintiff or not. He explains that the modification is feasible for future officials requesting exclusive dedication and not for current workers. He mentions that the judge did not make an adequate assessment of the evidence, as they did not assess the provided Executive Decree establishing that exclusive dedication has acquired rights, and they did not appreciate the provisions of the Law for Strengthening Public Finances (Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas) which establishes that reductions to existing contracts are not permissible. He points out that the municipality made an incorrect interpretation and application of the powers conferred by the legal framework, and the judge incurred the same defect. In support of his argument, he asks to take into consideration opinion no. C-293-2014 of the Attorney General's Office, which references acquired rights. He details that acquired rights are encompassed within the sphere of subjective rights of individuals, which was not considered in the appealed ruling. He stated that the Law for Strengthening Public Finances recognizes the existence of subjective rights and applies the principle of legal certainty and the principle of wage indemnity (principio de indemnidad salarial), by stipulating that changes in the percentages to be paid for exclusive dedication do not apply to those contracts that are in effect at the time the Law enters into force. In support of the above, he cites Opinion C-109-2020 of the Attorney General's Office. Likewise, he transcribes Executive Decree No. 41161-H, which decrees the recognition of acquired rights in exclusive dedication contracts in effect prior to the legal modification. He insists on the erroneous interpretation given in the ruling regarding the municipality's argument concerning the power to change or readjust the percentages to be paid for exclusive dedication, since, in his understanding, said rule is for new officials or for those who, although already working for the municipality, are not yet within the exclusive dedication regime. 2.- He indicates that it was held as an unproven fact that the plaintiff signed the new contract, which reduced the previous contract by 20%, against his will. He mentions that the plaintiff's statement shows that \"it was sign that or nothing,\" which at the time meant signing or losing the income. He states that it is not necessary to be threatened with death or violently coerced to demonstrate that he signed a contract against his will, as feeling pressured and overwhelmed is sufficient to demonstrate how forced he was to sign the change, i.e., that the change in the percentage was not voluntary, which he later claimed, in administrative proceedings twice, without a positive result, leading him to resort to the judicial route. 3.- He indicates that the reasoning used by the lower court (A quo) is limited, without observing the regulations and decrees provided by the plaintiff, which demonstrate that there are laws indicating that what the Municipality of Turrubares did is invalid for workers who already had a previous contract, such that having acquired rights, they cannot make a new contract that harms the worker, as he had a subjective right to the percentage of the contract signed when submitting to the Exclusive Dedication regime. He states that Decree No. 23669-H, Norms for the Application of Exclusive Dedication for Institutions and Public Companies Covered by the Scope of the Budgetary Authority (version number 3) is applicable to institutions and public companies covered by the scope of the Budgetary Authority, and therefore, municipal corporations are not covered, meaning said decree cannot be taken as the rule that obliges and motivates the municipal administration to reduce exclusive dedication percentages. He explains that before the enactment of the Law for Strengthening Public Finances in 2018, there was no mandatory and binding rule of application or compliance for municipalities, indicating the percentage they should pay for exclusive dedication to their collaborators, meaning that, in application of the principle of municipal autonomy, the municipality itself regulated itself before 2018. Therefore, the 50% exclusive dedication percentage in 2015, under which he signed the exclusive dedication contract, is completely legal, and furthermore, it was the will of the same municipality, since it was the municipality itself that determined it should pay 50% to bachelor's degree holders, it set this forth in its regulation and published it in the gazette, voluntarily. He refers to the fact that the modification to the 2015 regulation never had the opinion of the council's legal affairs committee, which demonstrates the haste with which the reforms were carried out. He provides evidence for better judgment (prueba para mejor resolver), which he requests be analyzed, seeking to demonstrate the economic pressure that left him with no alternative but to sign the modification of the contract that was in effect, where the Municipality reduced the percentage contracted for exclusive dedication, since not signing that modification would leave him without receiving the corresponding percentage for exclusive dedication. Based on the above, he requests that the appeal be granted, the judgment be reversed, and the complaint be upheld (images 471-482 ibid.).\n\n**III.- REGARDING EVIDENCE FOR BETTER JUDGMENT:** Evidence for better judgment (prueba para mejor proveer) can be ordered by the judge, in the exercise of jurisdictional power. It is a discretionary power regarding which no legality control can be exercised, given that, based on the facts that have defined the litigation, the judge may order, ex officio or at the request of a party, the gathering of new evidence aimed at clarifying a disputed point, based on the evidence offered by both parties. However, such power should not serve to remedy the procedural neglect or indolence incurred by the litigants. Ordering evidence for better judgment constitutes a power of the judge, but it is limited. In the case under study, the plaintiff seeks to have the study of the housing loan admitted under this character, in order to prove that he had debts to pay. Such a request is not admissible because, in accordance with the provisions of article 594 of the Labor Code, before this Chamber it is not feasible to propose or admit any evidence, not even with the stated character of evidence for better judgment. The only exception is if the evidence is absolutely essential to accurately decide the disputed point. Having analyzed the specific case, it is considered that we are not in the presence of that circumstance which would make it possible to admit the cited evidence, because it is not possible to introduce, via evidence for better judgment, elements not subject to discussion during the proceedings, without causing an impact on the right to defense and the principle of preclusion. The functional competence of this body is limited to the review of a judgment, rendered in accordance with the specific evidence that the parties submitted to the judge's consideration, timely in the previous instance.\n\n**IV.- PROCEDURAL REASONS:** The appeal alleges a lack of clear and precise determination of the facts accredited by the Court and a lack of reasoning or insufficient reasoning in the judgment, defects of a procedural nature (article 587 of the Labor Code); however, upon reviewing the ruling, it is not apparent that the Court incurred such errors. Firstly, the Chamber does not perceive the existence of a lack of clear and precise determination of the facts accredited in the judgment. In this regard, it must be kept in mind that the jurisdictional body has sufficient powers to elaborate the proven and unproven factual framework of the judgment, and this task was fulfilled, regardless of the conformity or not that the appellant may have with the evidentiary basis or valuation that the judge made of the result of the adversarial process, which any of the parties can submit for consideration by the superior through the appeal on the merits. Likewise, we are not in the presence of the scenario provided for in the cited norm, referring to the lack of reasoning or insufficient reasoning of the ruling. The reasoning of a judgment consists of setting forth the factual and legal reasons or foundations for which a decision is adopted. Therefore, it forms an integral part of due process and the right of defense, since only by knowing the reasons for which that determination is reached is the affected party placed in a position to challenge it. The absence of reasoning is observed in two hypotheses: first, when it is non-existent, which is precisely when the judge omits recording the foundations of their pronouncement. The second, in those cases where the argumentation of the deciding body is confusing or exhibits contradictions that stand as an obstacle to clearly determining the reasons that serve as its basis. This situation is distinct from a discrepancy with the factual or legal motives or arguments, as occurs in this case. The appealed judgment contains the legal and factual reasons on which the dismissal of the complaint was based. If the reasons are not correct, as repeatedly stated in the appeal, it is a matter that must be analyzed in the considerations on the merits of this matter (articles 421 and 588 of the Labor Code).\n\n**V.- REGARDING THE REGIME OF INTANGIBILITY OF ONE'S OWN ACTS:** Due to its incidence in this matter, prior to the examination of the merits, and deducing from the framework of the debate the worker's dissatisfaction because the Municipality, after signing the exclusive dedication contract with him in full conformity, where it would pay him 50% given his status as a University Bachelor, while said contract was in effect, made a modification to it (the Municipality thus going back on its own acts to the detriment of the worker) and he had no other recourse but to sign with an impact on his income, since the previously agreed bonus was reduced by 20% and the contract was in effect, to which no end term had been set, which constitutes the cause for which judicial protection is sought. In this case, it is necessary to bring forth some reflections regarding the principle of intangibility of one's own acts that prevails in the performance of any Public Administration, which, due to the principle of legality and legal certainty for the administered party, cannot go back on its own acts when these are constitutive of subjective rights, except in the legal cases of harm that legitimize Public Administrations to undo the administrative act when so authorized under the lesivity process duly regulated in the General Law of Public Administration, that is, as the jurisprudence of the Constitutional Chamber has stated, resorting to the legal mechanisms available to it to undo administrative acts that generate subjective rights, when the circumstances that legitimize the Administration for such proceeding occur. Said principle (of intangibility of one's own acts), as a general rule, prevents the Administration from disregarding favorable acts it has issued in favor of a person. The rationale for such proceeding aims, as indicated before, to guarantee respect for the principle of legal certainty which is realized in the intangibility of one's own acts. The Constitutional Chamber has ruled on the topic and has indicated that this principle: \"(...) derives from the interpretation of articles 11 and 34 of the Magna Carta and constitutes a limit on the conduct of public power that prevents it from disregarding its own acts that have content and positive effects for the recipient. The impossibility of going against one's own favorable conducts serves as a fundamental limit in the actions of Public Administrations, which emanates from the principle of legality itself (numeral 11 of the Political Constitution and 11, 12, 13, 59, 66 and 132 of the General Law of Public Administration) and whose treatment in national doctrine has been extensive (see, among many others, judgments No. 1635-90 at 5:00 p.m. on November 14, 1990; 2186-94 at 5:03 p.m. on May 4, 1994; 13447-2006 at 10:06 a.m. on September 8, 2006 and 16314-2010 at 3:16 p.m. on September 29, 2010, all from the Constitutional Chamber). Disregarding their own favorable conducts is only possible for the indicated Administrations by resorting to the mechanisms for suppression of conducts that the legal system places at their disposal (...). These are minimum guarantees that emerge in favor of the recipient of the beneficial effects of an act of public power, which require the Administration to resort to those legal procedural paths to suppress that conduct, without which, it may not, under any circumstances, disapply, disregard, or suppress the factual and legal consequences of that prior act\" (emphasis not from the original) (see also judgments from that same Chamber, nos. 18881-2008 at 1:31 p.m. on December 19, 2008 and 51-2012-VI, at 9 a.m. on March 21, 2012). It can be deduced from the foregoing jurisprudential framework that there exists a preservation of minimum guarantees that emerge in favor of the person receiving the beneficial effects of an act of public power, which require the Administration to resort to specific legal proceedings to suppress that conduct; otherwise, it may not under any circumstances disapply, disregard, or suppress the factual and legal consequences of that prior act, since that administrative power to annul acts declaratory of subjective rights is exceptional in nature, and its exercise requires prior compliance with due process, as otherwise the Administration would be violating not only the principle of legal certainty but also that of legality, which must be the guiding principle of the active administration.\n\n**VI.- REGARDING THE SPECIFIC CASE:** The special judicial representative of the plaintiff appeals before this Chamber, considering there was an improper valuation and assessment of both the evidence and the regulation, arguing that the modifications to the regulation are for newly hired individuals, not for those who had previously stipulated a contract. Having set forth the grievances by the representative and analyzed the evidence admitted to the case file, this Chamber deems that the appealed judgment must be annulled for the reasons set forth below. The salary structure typically used in the public sector -prior to the effectiveness of Law number 9635 (Law for Strengthening Public Finances)- as is the case under study, implies the payment of the base salary plus bonuses, which determines the total amount of the salary based on the professional circumstances of each worker. Salary has a dual perspective in the scope of the employment relationship. One economic and another of social content. As provided by numeral 18 of the Labor Code, salary constitutes the consideration due by the employer for the performance provided by the worker, consisting of their labor force. It is due to this condition that it receives special protection in national and international law. This economic and social nature does not simply constitute the price the employer pays as consideration for the energy deployed at work, but rather contains an element that allows guaranteeing the conditions and health of the worker and their family, allowing them to \"...rise towards a truly human life\" (as indicated by De la Cueva in \"El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo\" p. 293) and also \"...to satisfy with generous breadth needs of all kinds\" (De la Cueva, op. cit.). Such protection under criteria of dignity is guaranteed in our country, at a constitutional level, based on numeral 57, which establishes the right of every worker to receive a salary, and that it must be provided under conditions that \"procure their well-being and decent existence,\" under the principle that provides \"equal pay for equal work under identical conditions of efficiency.\" In this matter, the disputed issue is the percentage of the right to the payment of the salary supplement called \"exclusive dedication\" (dedicación exclusiva) that was agreed upon in a contract during its effectiveness. In general terms, exclusive dedication is understood as the remuneration paid by the employer as consideration to a worker who voluntarily decides to restrict their right to freedom of work, enshrined in numeral 56 of the Political Constitution, obligating themselves to place their knowledge in a specific science, art, or industry exclusively at the disposal of the employer, under the percentage established upon signing that type of contract. It has also been indicated that exclusive dedication is not based on the legal prohibition of the exercise of a profession, as it cannot be imposed, but rather necessarily results from the agreement between the employer and the worker. In the public service, the official can freely decide whether to request salary compensation for dedicating themselves exclusively to their position, upon which request the employer, in the exercise of its discretion, is empowered to analyze whether the held position requires such exclusivity or not (judgments no. 1081 at 9:50 a.m. on November 29, 2012; 72, at 10:20 a.m. on February 27, 2002; and 171, at 2:30 p.m. on November 3, 1989). This Chamber has already indicated that it is the active Administration that must determine, according to its requirements, economic possibilities, needs and convenience, whether or not it is appropriate to agree to an exclusive dedication contract with the contracted professional, and that jurisdictional bodies cannot supplant the will of the Administration. The labor jurisdiction can determine whether the actions of the active Administration are in accordance with legality, regarding the regulated percentages that govern the institution in question at the time of signing the contract, but it cannot supplant it in its condition as employer. It is for this reason that this Chamber proceeds with the analysis, to determine if the defendant Municipality incurred a violation of the principle of legality and with it also those of legal certainty and intangibility of one's own acts, to determine if the protection claimed by the plaintiff is proper. In the specific case, it is not a contested fact that the Municipality of Turrubares, as a result of the decision to sign with the claimant a contract that limits his right to work outside the institution, pays him the salary bonus for exclusive dedication; however, the topic under discussion is the percentage of the bonus. The plaintiff resorts to the judicial route because the Municipality, despite the two actions he undertook to be paid the difference of 20% on the base salary, since he has only been paid 30%, demands that the terms of the exclusive dedication contract be respected regarding the percentage agreed upon when he submitted to that regime. He bases his complaint on the following facts. He states that in municipal resolution no. 04-15, of June 11, 2015, basis of the exclusive dedication contract to which he submitted, it indicates: \"This Municipal Mayor's Office, in the use of the powers conferred in the Municipal Code and other current legislation; approves the incorporation of the position of Environmental Manager within the scope of Exclusive Dedication in accordance with the Regulation for the Payment of Compensation for Availability, Exclusive Dedication and Prohibition, approved in Ordinary Session No. 34 held on July 17, 2009, published in Gazette No. 148 on Friday, July 31, 2009. Therefore, said gentleman must sign a contract with the Municipality and refrain from performing professional work outside the municipal sphere. In accordance with article 9 of the cited regulation, he will be recognized 50% on his base salary. This imposition comes into effect as of June 15 of the current month. It is requested to prepare and sign the respective Contract...\" (emphasis added) (images 16-20 ibid.). On June 12, 2015, the exclusive dedication contract was signed, effective as of June 15, 2015, without indicating an end date, which stipulates in the second clause: \"By virtue of the foregoing, The Municipality will recognize him 50% on his monthly base salary, by virtue of his condition as University Bachelor in the career of Biology from the University of Costa Rica. Duly incorporated into the College of Biologists of Costa Rica, No. 1924 of March 23, 2011\" (emphasis added, images 22-24 ibid.). By official letter no. AMT-0005-2016, the Mayor of the Municipality informs him that the second clause of the exclusive dedication contract, which was originally signed by the parties, was modified, such that, as of January 16, 2016, the payment percentage for exclusive dedication will be 30% on the base salary, according to his university bachelor's degree status. The defendant denies the facts and considers that exclusive dedication is a contract and the plaintiff accepted the new conditions agreed upon regarding the clause of the bonus in question, thereby rendering the 2015 contract void. The dispute (litis) was joined on the foregoing terms.\n\nThe trial judge dismissed the claim, reasoning: \"Thus, understanding the contractual nature of the Exclusive Dedication (Dedicación Exclusiva) bonus at the Municipality of Turrubares, for which not only the jurisprudence of the Second Chamber and the rulings of the Constitutional Chamber have been considered, but also the defendant Municipality's own Regulations, and assessing that Article 26 of the aforementioned Regulations indicates that the compensation for Exclusive Dedication does not generate acquired rights, present or future, for the municipal employee who enjoys it, such that the Municipal Corporation, justifiably, may rescind or modify it during its term without incurring any liability or obligation to indemnify; and assessing that the Constitutional Chamber has emphatically determined that Exclusive Dedication is not subject, as to its cancellation or suppression, to a lesivity proceeding or, in general, to compliance with due process prior to its rescission or annulment, this court finds that the Municipality of Turrubares was indeed empowered to reduce the percentage paid for the Exclusive Dedication bonus, for the case of Bachelor's degree holders, from 50% to 30%, as occurred in the case at hand. Which occurred under the protection of the legal system in force, as has been explained...\".\n\nHaving analyzed the evidence as a whole, it is necessary to cite what is indicated in the Regulations for the Payment of Compensation for Availability, Exclusive Dedication, and Prohibition of the Municipality of Turrubares (Reglamento para el Pago de Compensación por Disponibilidad, Dedicación Exclusiva y Prohibición de la Municipalidad de Turrubares), No. 34-1 of July 17, 2009, in Articles 2, 9, and 26, which state in that order:\n\nArticle 2: \"Exclusive Dedication (Dedicación exclusiva): Exclusive Dedication consists of a restriction, derived from a contractual agreement or legal norm, on the liberal practice of the profession required by the position to which the employee has been appointed, which entails percentage-based economic compensation on the base salary, for those municipal employees at a professional level.\"\n\nArticle 9: \"Economic compensation for Exclusive Dedication: Once the corresponding contract is signed between the parties, 50% shall be recognized to professionals requiring a Bachelor's university degree and 65% to professionals holding at least a Licentiate's university degree, provided the position they hold so requires.\"\n\nArticle 26: \"Acquired Rights: The compensation for availability or Exclusive Dedication, being contractual and temporary, does not generate acquired rights, present or future, for the municipal employee who enjoys it, and therefore the Municipal Corporation, justifiably, may rescind or modify it during its term without incurring any liability or obligation to indemnify, but must notify the affected employee during the term of the contract. In the case of Exclusive Dedication, the Municipal Corporation may not renew the corresponding contract if it determines, by reasoned act, that this condition is no longer required in the employment relationship. It must provide notification during the term of the contract. These two conditions shall govern new contracts as of the effective date of these regulations.\"\n\nFor a better understanding, it is appropriate to partially transcribe Ruling No. 2765 of 3:03 p.m. on May 20, 1997, from the Constitutional Chamber:\n\"The concepts of 'acquired right' and 'consolidated legal situation' appear closely related in constitutional doctrine. It can be stated that, in general terms, the former denotes that consummated circumstance in which something—material or immaterial, be it a previously alien good or a previously nonexistent right—has entered (or had an impact upon) the person's patrimonial sphere, such that the person experiences an ascertainable advantage or benefit. For its part, a 'consolidated legal situation' represents not so much a patrimonial gain, but a state of affairs fully defined as to its legal characteristics and effects, even if those effects have not yet been extinguished. What is relevant regarding the consolidated legal situation, precisely, is not whether those effects still endure or not, but that—by virtue of a legal mandate or a judgment that has so declared—a clear and defined rule has emerged in legal life connecting a factual presupposition (conditioning fact) with a given consequence (conditioned effect). From this perspective, the person's situation is given by a logical proposition of the type 'if..., then...'; that is, if the conditioning fact has occurred, then the 'consolidated legal situation' implies that, necessarily, the conditioned effect must also occur. In both cases (acquired right or consolidated legal situation), the legal system protects—rendering it intangible—the situation of the person who obtained the right or enjoys (sic) the situation, for reasons of equity and legal certainty. In this case, the constitutional guarantee against the retroactivity of the law translates into the certainty that a change in the legal system cannot have the consequence of removing the good or right already acquired from the person's patrimony, or of causing that, if the factual presupposition occurred prior to the legal reform, the (presumably advantageous) consequence that the interested party expected from the consolidated legal situation no longer arises. In the specific case, this Chamber finds that, based on the Political Constitution, which prevents the retroactive application of a new law to the detriment of its addressees (or any other normative source, in this specific case the amendment to the Regulations on Exclusive Dedication), the Municipality could not modify the act it issued in favor of the plaintiff, which was the basis for his signing to submit to the Exclusive Dedication Regime, which was signed under the employee's legitimate trust that he would receive as consideration 50% of the base salary—generating not a mere expectation but a subjective right—because it thereby injured that right in violation of the principle of legal certainty, by imposing upon him, after the regulatory amendment regarding the percentage set for Bachelor's degree holders—an event that occurred several months after the contract was signed—a change to the percentage from 50% to 30%, since the first of those percentages had already produced positive effects on the plaintiff's legal sphere. This body does not share the trial court's thesis inasmuch as it considered that the Municipality of Turrubares was empowered to reduce the percentage paid for the Exclusive Dedication bonus, under the argument that its legitimacy is derived from Article 26 of the Regulations, given that even if that provision was in effect when the plaintiff signed the Exclusive Dedication contract, such modification was not made under the shelter of that provision, but under the argument that the Regulations of that territorial entity had been amended, and they gave it retroactive effect, so that the allegation made in the answer to the complaint, which the trial judge accepted, came as a surprise to the worker, who, trusting that he would receive 50% remuneration on his base salary—this in exchange for not practicing his profession outside his specialty, and because the Municipality required it—signed it under the principle of good faith. The fact that he was subsequently forced to sign the amendment to the existing contract, which the Municipality unilaterally ordered, applying the reform retroactively, as the appellant rightly alleges, cannot be considered as having acted in accordance with the principle of legality, much less with the principle of legal certainty, to which the petitioner is entitled and which legitimizes him to seek the judicial protection he accessed through this proceeding, this because his legitimate claims, made on two occasions, were not addressed, as is evident from the complaint and the evidence he provided. Furthermore, the principle of the intangibility of one's own acts requires that favorable acts issued in favor of a person cannot be disregarded, as occurred with the petitioner. What occurred in the worker's case was a contract for Exclusive Dedication that has no expiration date; therefore, faced with that omission, the employer's intention to maintain it while he held the position for which he was hired and which was deemed to require submission to that type of restriction on the practice of the profession he holds must be considered. Moreover, the continuity of said bonus has not been questioned, since it is based on the same needs with which it was created, which were 'to protect municipal interests, to avoid liberal professional practice to prevent providing professional services to third parties (conflict of interest),' so the defendant could not affect his salary income in the terms originally established, that is, at 50% for Exclusive Dedication, because what the regulations indicated was 'may rescind or modify it during its term,' referring to the contract and not to the percentage, or at least it did not make clear to the worker that the modification would be to the percentage; for if that had been the intention of the Regulations issued in 2009, it should have been clearly established in those terms, for reasons of legal certainty for the worker; otherwise, it would border on deception for workers who submit to restrictions under the legal certainty and legitimate trust that they will receive compensation that satisfies them for their deprivation of professional practice outside the entity that hires them. Furthermore, making a surprising change, as occurred in this case, is nonetheless an act contrary to contractual good faith and an abuse of ius variandi, since the employer's power to modify employment contracts, in this case its extension due to Exclusive Dedication, cannot affect matters related to the contracted income as consideration or the limitations imposed on the worker, as occurred in this case. Consequently, a breach of the plaintiff's fundamental guarantees and rights is observed in the matter of salary, since his right was not protected. In addition, the defendant Municipality's action violates the principle of legal certainty, which includes the principle of the intangibility of one's own acts that generated a subjective right for the worker, with indefinite duration, as was the case under study, where the plaintiff was hired and agreed to an Exclusive Dedication contract, and there was no break in continuity between that act which guaranteed him the earnings of 50% for the said bonus and the date on which the percentage was changed. Although this Chamber does not ignore the regulatory power, and thus the power to modify it, which the defendant Municipality holds, it is clear that this power does not allow it to harm the subjective rights of its officials. This Tribunal does not disregard the consensual nature of Exclusive Dedication, on which point the trial judge is correct, but for the case under study, this is not sufficient to legitimize the subsequent decisions the Municipality made to the direct detriment of the worker, making him sign a modification a few months after he had committed to restrict his professional practice in exchange for 50% of his base salary. That action by the defendant entity was contrary to the principle of contractual good faith, putting the worker in a difficult position because if he did not sign the modification presented to him, he risked losing entirely the remuneration from the contracted bonus, resulting in a kind of coercion to renounce part of his income. The trial judge overlooked the fact that imposing on the plaintiff the percentage set in the regulatory amendment, which occurred at the end of 2015, an event that took place after the contractual setting of the percentage to be received by the plaintiff for said bonus, entailed a violation of the principle of non-retroactivity of norms, which also applies to normative sources of a regulatory nature, and therefore the defendant was not authorized to modify the original terms of the percentage established based on the 2009 Regulations, which were in effect when the Exclusive Dedication contract was consolidated. The fact that the reduction was applied prospectively was not sufficient to comply with that constitutional principle, in the case under study, because the Municipality should have respected the contractual terms that were in effect, such that the power of regulatory amendment had to be exercised for contracts signed for the first time after the amendment and not for those signed previously and still in effect, as is the contract accepted by the plaintiff here. What the Municipality could do, based on Article 26 of the Regulations that governed the original agreement, was rescind it, because that was indeed clear in said provision, but not modify it as to the agreed percentage, since that regulatory provision did not make that possibility clear, and its interpretation must be made in light of the principle of in dubio pro operario, which mandates that when a norm offers the possibility of more than one interpretation, judges must do so in favor of the worker. This interpretation has great significance when the income of workers is at stake, workers who act on the legitimate trust that the income offered when they are hired, from the signing of that type of contract that restricts their professional practice, allows them to attend to their life project and that of their dependents. It is for this reason that salary (in this case also composed of the Exclusive Dedication bonus) has reinforced protection under the principle of inalienability, such that even if the worker, due to his real condition as the weaker party in the employment relationship, 'accepts a reduction,' he may make a claim during the term of the employment contract and even within the year following the termination of the relationship. In summary, the issue of salary income for Exclusive Dedication should not be modified while the employment relationship is in effect, where its start date was prior to any modification of the normative source that served as the basis for the original agreement. It is for the foregoing reasons that this Chamber finds that the trial judge's interpretation of Article 26 of the Regulations in effect when the plaintiff submitted to the restriction on the practice of his profession in exchange for 50% of salary calculated on the base salary is not correct, because it disregards the principle of non-retroactivity, in this case of the amendment to the Regulations for the payment of Exclusive Dedication, which was alleged in the complaint and reiterated in the appeal. Consequently, it is appropriate to annul the appealed judgment to order that the defendant Municipality must pay the plaintiff the difference left unpaid for Exclusive Dedication, that is, 20% of the base salary, from January 16, 2016, when it ceased paying him on that basis the 50% that corresponded to the contract signed in 2015, for as long as the restriction on the practice of the profession he holds outside that Municipality remains in effect.\n\nVII.- ON THE SUBJECTIVE MORAL DAMAGES CLAIMED: The plaintiff in the complaint requests payment of eight million colones for having suffered economic harm due to the improper payment of the Exclusive Dedication salary bonus. In this regard, the Chamber has indicated that recognition of subjective moral damages is appropriate when it is proven that the arbitrary action of the employer has affected rights or assets of an extra-patrimonial nature. The damages requested must be denied, as there is no reason or objective element, not even an indiciary one, that allows asserting that the plaintiff suffered any harm evidencing fear or anguish caused by the employer's decision. The economic issue, on which he seeks to base that fear, is not admissible because the type of contract was modified, not eliminated, since this type of contract does not constitute an acquired or consolidated right, and therefore, it may be discontinued by the employer. In the specific case, although it is understood that the modification may have generated a situation of anguish and sadness for the plaintiff, the truth is that no concurrence of additional circumstances is observed that could have generated additional harm to the plaintiff's inner self that would merit additional compensation. Based on the foregoing, the claimed damages are not to be granted.\n\nVIII.- COSTS: In labor matters, the issue of costs is regulated in Articles 562, 563, and 564 of the Labor Code (Código de Trabajo). Article 562 of the Labor Code, in what is relevant, stipulates: \"In every judgment...the losing party shall be ordered...to pay the personal and procedural costs caused./If the judgment resolves the matter on the merits… the personal costs may not be less than fifteen percent (15%) nor greater than twenty-five percent (25%) of the net amount of the award or dismissal, as applicable./ In all other cases, as well as when the proceeding is not susceptible to pecuniary estimation, the determination shall be made prudentially./To determine the percentage or the prudential amount, the work performed, the amount in dispute, and the economic position of the plaintiff and defendant shall be taken into account./ In non-pecuniary matters where there is economic significance, the determination shall be made based on the amount determined through the finality of the judgment; and, if as a consequence of the proceeding, the economic result continues to be generated in the future, up to fifty percent (50%) may be added to the determined amount, according to prudential criteria. If the economic result is inconsequential, the determination shall be made prudentially based on the aforementioned criteria\" (bold not in original). Based on that regulation, the rule is to order the losing party in the litigation to pay both costs of the lawsuit. However, pursuant to Article 563 of the Procedural Code, the court may exempt from the payment of those expenses a party who falls under any of the assumptions indicated in that provision, that is: when the losing party has litigated with evident good faith; when the claims have partially succeeded; or when there is mutual defeat. From the foregoing it follows that the rule is the awarding of costs and the contrary situation is the exception, such that such circumstances must clearly be inferred from the record in order to be applicable, apart from the fact that the exemption is a faculty, and not an obligation, for the judge. Nevertheless, having analyzed the procedural conduct of the defendant, no cause for exempting the payment of costs is perceived. It was duly accredited that the modification of the percentage for Exclusive Dedication violated the worker's subjective right, obliging him to resort to the judicial system to seek protection of that right, without it being fair that he must bear the expenses this entailed. Furthermore, this is not a case of mutual defeat. Therefore, this Tribunal finds that costs must be assessed against the losing party. The present matter involves a claim not susceptible to pecuniary estimation but with economic significance; therefore, it is appropriate to order the defendant to pay both costs, setting the personal costs at fifteen percent of the amounts owed up to the finality of the judgment and, for the future economic consequences, up to an additional fifty percent could be added to the resulting sum from the set percentage, according to prudential criteria, as from the finality of the ruling; which shall be determined in the execution of this judgment.\n\nIX.- FINAL CONSIDERATIONS: As a corollary to the foregoing, it is appropriate to grant the plaintiff's appeal and annul the appealed judgment. In its place, the complaint shall be partially granted, rejecting the defense of lack of right as to what is granted and accepting it as to what is denied. The defendant must pay the plaintiff the difference left unpaid for Exclusive Dedication, that is, 20% of the base salary, from January 16, 2016, when it ceased paying him on that basis the 50% that corresponded to the contract signed in 2015, for as long as the restriction on the practice of the profession he holds outside that Municipality remains in effect. The salary differences generated in year-end bonuses (aguinaldos) for the corresponding periods must also be paid. Regarding the uncollected salary differences, as requested in the action, the defendant must pay legal interest and indexation from the moment each emolument became due and until effective payment, according to the rate provided for in Article 1163 of the Civil Code, that is, based on the rate recognized by the Banco Nacional de Costa Rica for six-month term certificates of deposit. In accordance with the provisions of Article 567 of the Labor Code, the defendant must be ordered to pay to the Caja Costarricense de Seguro Social the employer-worker contributions and other obligations owed to Social Security, arising from the ordered award. The claimed subjective moral damages must be denied, and the defense of lack of right must be accepted in that regard. Given the manner in which this is now resolved, the defendant must be ordered to pay both costs of the proceeding. The present matter involves a claim not susceptible to pecuniary estimation but with economic significance; therefore, the personal costs are set at fifteen percent of the amounts owed up to the finality of the judgment and, for the future economic consequences, up to an additional fifty percent could be added to the resulting sum from the set percentage, according to prudential criteria, as from the finality of the ruling; which shall be determined in the execution of this judgment.\n\nX.- DISSENTING VOTE OF JUDGE CHACÓN ARTAVIA AND JUDGE AGUIRRE GÓMEZ: We share the reasons set forth in the majority vote regarding the claims of a formal nature; however, we dissent from the reasons set forth on the merits.\nON THE SPECIFIC CASE: The salary structure typically employed in the public sector involves the payment of the base salary plus bonuses, which determines the total amount of the salary according to the professional circumstances of each worker. Salary supplements are payable upon fulfillment of the legally or regulatorily established requirements, in accordance with the principle of causality. In the present matter, the payment of the salary supplement called \"Exclusive Dedication (dedicación exclusiva)\" is in dispute. In general terms, Exclusive Dedication is understood as the compensation made by the employer, as consideration to a worker who voluntarily decides to restrict their right to freedom of labor, enshrined in Article 56 of the Political Constitution, obligating themselves to make their knowledge in a given science, art, or industry available exclusively to the employer. In the public service, the public servant may freely decide whether to request salary compensation for dedicating themselves exclusively to their position, upon which request the employer, in the exercise of its discretion, is empowered to analyze whether or not the occupied position requires that dedication (votes of this Chamber No. 1081 at 9:50 a.m. on November 29, 2012; No. 72, at 10:20 a.m. on February 27, 2002; and No. 171, at 2:30 p.m. on November 3, 1989). It should not be forgotten that Exclusive Dedication is a consensual regime that allows the State to have a group of officials who provide all of their services to the contracting institution, in exchange for economic remuneration or a salary bonus, when in its judgment the nature of the position so warrants. It has also been indicated that Exclusive Dedication does not necessarily have as a basis for its granting the legal prohibition on the practice of the profession, as occurs with Compensation for Prohibition, but rather results from the agreement between the employer and the worker (vote of this Chamber No. 171, at 2:30 p.m. on November 3, 1989). Contrary to Exclusive Dedication, Prohibition is inherent to the position by operation of law and, therefore, is unavoidable and unwaivable, falling outside the Administration's power to grant it or the employee's power to waive it. The Constitutional Chamber has already explained that Exclusive Dedication is of \"purely contractual\" origin (vote 5548-2017) and is a faculty for the State and its institutions that may be put into practice, when deemed convenient for reasons of public interest, by agreement with its professional employees, in exchange for a salary bonus, for the purpose of having them work exclusively for the employer. As a consequence of the foregoing—and contrary to what the appellant maintains—the source of the Administration's obligation to pay the bonus is the contract. It is important to emphasize that, in the case of public employment relationships, the Exclusive Dedication contract is a typically administrative contract consisting of a meeting of the minds that arises between the Administration and its officials when the need is identified for a person holding a public position to perform in that position on an exclusive basis. In the case of the Municipality of Turrubares, the Regulations for the payment of compensation for availability, Exclusive Dedication, and Prohibition establish as prerequisites for its application that the official holds an academic degree qualifying them for liberal practice, is registered with the corresponding professional association, if any; and occupies a position requiring the practice of a specific profession. Thus, the benefit of Exclusive Dedication could not be granted to a position not requiring the holder to be a liberal professional, regardless of the academic degree the official holds, since there would be no cause justifying the granting of the benefit when the worker does not perform for the Administration as a liberal professional, even if they are one. Exclusive Dedication is agreed upon through a formal contract, by which the Administration ensures that the official does not engage in the private practice of their profession and will dedicate all their time and effort to the assigned tasks, in exchange for a supplementary salary (votes of this Chamber No. 01546 – 2020, 00781 – 2023, 00896 – 2022, among others). Thus, the official's voluntary subjection to the Exclusive Dedication regime prohibits them from performing tasks related to their profession privately and entails, as consideration, additional payment on top of the official's salary, and once said payment is agreed upon, the employee cannot engage privately in tasks or activities related to the profession for which they were hired exclusively by the Administration. Consequently, as this is an administrative contract signed between the Administration and the official, this legal instrument is subject to general principles of administrative contractual activity, such as the principle called pacta sunt servanda (agreements must be kept), good faith, mutability, law between the parties, legitimate trust, legal security and certainty, etcetera.\nIn the specific case, it has not been disputed that the Municipality of Turrubares pays the plaintiff the salary bonus for Exclusive Dedication; however, the matter in dispute is whether the percentage of the bonus, which was modified by a new dedication contract in January 2016, is in accordance with the law. The plaintiff in the judicial proceeding seeks payment of the salary differences between the 30% he receives under the Exclusive Dedication contract and the 50% he claims was ceased to be paid to him starting in 2016 as a consequence of the signing, on January 5, 2016, of a new contract, which the plaintiff signed, accepting the new conditions for the recognition of Exclusive Dedication, including the reduction of the percentage for that concept to 30%; with the Municipality applying the rules of the regulatory reform in effect on that date. The recognition of Exclusive Dedication in favor of the petitioner was agreed upon in Municipal Resolution No. 04-15, of June 11, 2015, where it states: \"This Municipal Mayor's Office, in the use of the powers conferred by the Municipal Code and other current legislation, approves the incorporation of the position of Environmental Manager within the scope of Exclusive Dedication in accordance with the Regulations for the Payment of Compensation for Availability, Exclusive Dedication, and Prohibition, approved in Ordinary Session No. 34 held on July 17, 2009, published in La Gaceta No. 148 on Friday, July 31, 2009. Therefore, said individual must sign a contract with the Municipality and refrain from performing professional work outside the municipal scope. Pursuant to Article 9 of the aforementioned regulations, 50% of his base salary shall be recognized. This imposition is effective as of June 15 of the current year. The respective contract is requested to be prepared and signed…\" (emphasis added) (images 16-20 ibidem).\n\nThat regulation, the Reglamento para el Pago de Compensación por Disponibilidad, Dedicación Exclusiva y Prohibición, approved in Sesión Ordinaria No 34 held on July 17, 2009, established in its Article 9 the following: \"—Economic compensation for exclusive dedication (dedicación exclusiva): Once the corresponding contract is signed between the parties, 50% shall be recognized to professionals for whom a bachelor's (bachiller) university degree is required and 65% to professionals who hold at least a licentiate (licenciatura) university degree and whose position so requires.\" (emphasis supplied). It is for this reason that on June 12, 2015, the exclusive dedication contract is signed, effective as of June 15, 2015, and for an indefinite term, which stipulates in its second clause the following: \"By virtue of the foregoing, the Municipality shall recognize to him 50% of his monthly base salary, by virtue of his status as a University Bachelor (Bachiller Universitario) in the field of Biology from the University of Costa Rica. Duly incorporated into the Colegio de Biólogos de Costa Rica, No. 1924 of March 23, 2011\" (emphasis added, images 22-24 ibidem). Now then, through official letter No. AMT-0005-2016, the Mayor of the Municipality informs the claimant that the second clause of the exclusive dedication contract, originally signed by the parties, was modified, such that, as of January 16, 2016, the payment percentage for exclusive dedication will be 30% of the base salary, according to his university bachelor's degree status (image 26). By virtue of this, on January 5, 2016, the Municipality and the plaintiff sign a new Exclusive Dedication Contract, which establishes in the second clause that the percentage to be recognized for exclusive dedication corresponds to 30% of his monthly salary, by virtue of his status as a university bachelor, establishing that the modification of said contract takes effect as of January 16, 2016, with no expiration date (images 27-29). The foregoing is based on Acta de Sesión Ordinaria No. 37-2015, of the Municipality of Turrubares, where it agrees to modify the Pago de Compensación por Disponibilidad, Dedicación Exclusiva y Prohibición in the Municipality of Turrubares, of the following articles: \"1. Article 8 is modified and should read as follows: Article 8—Economic compensation for availability (disponibilidad): In exchange for that availability and once the contract between the parties is signed, the municipal employee shall be recognized an economic compensation, which shall consist of a percentage that may be 20% of the base salary. For the availability payment to proceed, the Municipality's requirement for occasional services of the functions assigned to the position must be at least equal to or greater than 12 hours per week; otherwise, and should the employee's presence be required outside the working day, overtime payment shall be recognized when legally applicable and provided it does not involve positions of trust. 2. Article 9 is modified and should read as follows: Article 9—Economic compensation for exclusive dedication: Once the corresponding contract is signed between the parties, 30% shall be recognized to professionals for whom a university bachelor's degree is required and 55% to professionals who hold at least a university licentiate degree and whose position so requires.\" (emphasis ours). The defendant argued that exclusive dedication is a contract, and the plaintiff accepted the new agreed conditions regarding the clause for the plus in question, thereby rendering the 2015 contract void. In the foregoing terms, the dispute (litis) was thus joined. The judge dismissed the claim, assessing: \"Thus, understanding the contractual nature of the Exclusive Dedication plus in the Municipality of Turrubares, for which consideration has been given not only to the jurisprudence of the Sala Segunda and the resolutions of the Sala Constitucional, but also the Municipality's own Reglamento, and assessing that Article 26 of the frequently mentioned Reglamento indicates that compensation for Exclusive Dedication does not generate acquired rights (derechos adquiridos) or future rights for the municipal employee who enjoys it, therefore the Municipal Corporation, justifiably, may rescind or modify it during its validity, without generating any liability or compensation for doing so; and assessing that the Sala Constitucional has been emphatic in determining that exclusive dedication is not subject, regarding its cancellation or suppression, to a lesivity (lesividad) process or, in general, to compliance with due process prior to its rescission or annulment, this judge considers that the Municipality of Turrubares was indeed empowered to reduce the percentage paid for the Exclusive Dedication plus, for the case of Bachelors, from 50% to 30%, as occurred in the case before us. Which occurred in accordance with the current legal system, as has been explained…\". In the opinion of those of us who subscribe to this dissenting vote (voto salvado), the judge's ruling is in accordance with the law, pursuant to what is established in the Municipality's Reglamento, in its Article 26, since, as stated, it provided that the defendant could rescind or modify the exclusive dedication contract, meaning the worker was not unaware that such modification was viable. That is why, having signed a new contract, it rendered the previous one void, without it being valid to assert that the plaintiff had acquired a right to the percentage irrevocably, since clearly the regulatory norm governing that contract made it clear that these were not acquired rights and clearly defined the powers of the Municipality, which executed the modification at the time it set the new parameters of the exclusive dedication plus. Although the previous contract established an exclusive dedication percentage of 50% and did not set an expiration date, the new contract, by its content, rendered the previous one void, establishing new terms. On this point, it is important to clarify that there is a subjective right to the payment of exclusive dedication under certain conditions, such as the percentage, to the extent that the respective contract is in force; however, upon signing a new contract, those conditions may be modified, as it is a liberality of the parties that assumes a mere expectation that cannot be concretized into an enforceability of that condition. Indeed, we find that there is no subjective right of the plaintiff, much less an acquired right or a consolidated legal situation (situación jurídica consolidada) to continue being paid the percentage he claims for exclusive dedication, insofar as he accepted the new contractual conditions. Regarding such concepts, it is worth citing what was stated by the Sala Constitucional, a high court that in judgment No. 1119-90 of 2:00 p.m. on September 18, 1990, cited in ruling No. 2005-07642 of 11:39 a.m. on June 16, 2005, indicated regarding those figures: \" The concepts of 'acquired right' and 'consolidated legal situation' appear closely related in constitutional doctrine. It is possible to affirm that, in general terms, the former denotes that consummated circumstance in which a thing -material or immaterial, whether a previously owned good or a previously non-existent right- has entered into (or impacted upon) the patrimonial sphere of the person, such that the person experiences a verifiable advantage or benefit. For its part, the 'consolidated legal situation' represents not so much a patrimonial plus, but a state of affairs fully defined in terms of its legal characteristics and effects, even when those effects have not yet been extinguished. What is relevant regarding the consolidated legal situation, precisely, is not whether those effects still endure or not, but that -by virtue of a legal mandate or a judgment that has so declared- a clear and defined rule has already emerged in legal life, connecting a factual presupposition (conditioning fact) with a given consequence (conditioned effect). From this perspective, the person's situation is given by a logical proposition of the 'if..., then...' type; that is to say: if the conditioning fact has occurred, then the 'consolidated legal situation' implies that the conditioned effect must necessarily also occur. In both cases (acquired right or consolidated legal situation), the legal system protects -making it intangible- the situation of the person who obtained the right or enjoys the situation, for reasons of equity and legal certainty.\" It is clear that once the exclusive dedication contract is signed, a right to payment of a salary plus is granted, but such effect does not include a right to the perpetual maintenance of salary conditions contained in prior agreements. We do not set aside that every decision of the Administration must have due motivation, in accordance with Article 136 of the Ley General de la Administración Pública; that, in the case under study, the modification of the exclusive dedication percentage is justified by the amendment to the Reglamento occurring on August 19, 2015, which entered into force on January 1, 2016. It is important to bear in mind that regarding the agreement to modify the percentages, the Court recorded the Municipality's justification, according to which it was necessary, upon recommendations of the Contraloría General de la República, to adjust the percentages to the general rules applicable in the sector governed by the Autoridad Presupuestaria. In this regard, in Sesión Ordinaria No. 37-2015, held by the Concejo Municipal of Turrubares on August 19, two thousand fifteen, it stated the following: \"At that moment, the motion presented by the Municipal Mayor was assessed, with the justification for this regulatory modification revolving mainly around the following aspects, derived from recitals 2 and 3 of the motion: ' 3. That the Mayor's Office, after conducting a thorough analysis of said regulation and with input from various subject-matter experts, considers it important and urgent to make changes and adjust said articles to the legality framework, because these payments might be being equated with those established in the different prohibition (prohibición) regimes, on which there is clear and concise legislation. 4. That the Contraloría General de la República, in its study conducted on this type of payment along with that of prohibition, also considers it important to adjust the regulation to other scenarios below the cap on prohibitions.' (The underlining is not part of the original text). (See images 119 and 120 of the electronic file downloaded in PDF format in ascending order). In any event, it was through this duly justified and legally agreed modification that the exclusive dedication percentage was reduced. That justification, necessary to comply with the regulatory requirement to provide grounds for modifying the plus, has not been refuted; and, taking into account the nature of the exclusive dedication salary component that allows its modification in favor of the correct use of public funds, we do not consider it appropriate to maintain it by invoking rights as non-waivable, nor that the Administration, to remove the act, should have had to resort to the lesivity (lesividad) path to achieve the adjustment to the legal system. On the other hand, the appellant's argument that he signed the new contract under fear is not admissible, since from the signing of the first contract he knew that the Municipality had the regulatory possibility (Reglamento para el Pago de Compensación por Disponibilidad, Dedicación Exclusiva y Prohibición of the Municipality of Turrubares, No. 34-1 of July 17, 2009, which was maintained in the regulation regarding the municipal entity's power to modify the exclusive dedication contract and even rescind it without liability for the entity, which was known to the petitioner) of rendering the exclusive dedication contract void or modifying it, the latter being what happened, for which he was notified (the only requirement the Municipality had to fulfill to eliminate or modify it) and was asked to sign the new contract, that is, the modification provided for in the regulatory norm. The modification was made invoking a justification, which has not been disproven in the proceedings. For all the foregoing, contrary to what is stated in the majority vote, those of us subscribing to this dissenting vote consider that the principle of intangibility of one's own acts (intangibilidad de los actos propios) has not been overlooked. In this regard, it is essential to consider that the defendant Municipality did not unilaterally modify the worker's subjective rights; as stated, both parties agreed, through the signing of a new Exclusive Dedication Contract, to modify the terms for the recognition of said salary plus. And it is that, being a purely contractual matter, as has been amply developed, it is through the signing of a contract between the parties that the conditions for the recognition and payment of exclusive dedication in the specific case must be established, and through that same means they can be modified or extended. For the reasons stated, it is not apparent that, in the matter under study, acquired rights or consolidated legal situations of the plaintiff have been violated; nor that the principles of non-retroactivity of the law and principle of legality have been violated. Consequently, it is appropriate to declare the appeal filed without merit.\n\nPOR TANTO:\n\nThe appeal filed by the plaintiff is declared with merit. The appealed judgment is annulled. In its place, the claim is partially granted, the exception of lack of right regarding what was granted is rejected, and it is accepted regarding what was denied. The defendant must pay the plaintiff the difference left unpaid for exclusive dedication, that is, twenty percent of the base salary, from January 16, two thousand sixteen, when it stopped paying him the fifty percent for that concept, as long as the limitation on the exercise of the profession he holds outside of that Municipality remains in effect. It must also pay the salary differences generated in Christmas bonuses (aguinaldos) for the corresponding periods. Regarding the salary differences left unperceived, the defendant must pay legal interest and indexation from the date each emolument became due and until effective payment, according to the rate provided in Article 1163 of the Civil Code. Pursuant to the provisions of Article 567 of the Labor Code, the defendant must be ordered to pay to the Caja Costarricense de Seguro Social the worker-employer contributions and other obligations owed to Social Security, by reason of the ordered finding of liability. The claimed subjective moral damages are denied. The defendant is ordered to pay both costs. Personal costs are set at fifteen percent of the total sums resulting at the date the judgment becomes final. For future consequences, up to fifty percent more may be added to the resulting sum, according to prudential criteria, to be determined in the enforcement stage. Judge Aguirre and Judge Chacón Artavia dissent (salvan el voto), declare the appeal filed without merit, and confirm the appealed judgment.\n\nRes: 2024-001560\n\nKACUNAL/DMENESES\n\n \n\n\t\n\n \n\nATU43BTKCTJO61\nLUIS PORFIRIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ - PRESIDENT/A\n\n \n\n\t\n\n\n \n\n\n\n\n\n \n\nJ0GTPLXWNSC61\nORLANDO AGUIRRE GÓMEZ - MAGISTRADO/A\n\n \n\n\t\n\n\n \n\n\n\n \n\n4TVPITV47NTO61\nROXANA CHACÓN ARTAVIA - MAGISTRADO/A\n\n\n\n\n \n\nONCFYP66OSC61\nJORGE ENRIQUE OLASO ÁLVAREZ - MAGISTRADO/A\n\n \n\n\t\n\n\n \n\n\n\n \n\nZVO7UJPMWXW61\nJULIA VARELA ARAYA - MAGISTRADO/A\n\n \n\n1\n\nEXP: 20-000064-1529-LA\n\n \n\n Telephones: 2295-3671, 2295-3676, 2295-3675 y 2295-4406. Facsimile: 2295-3009. Email: sala-segunda@poder-judicial.go.cr\n\nClassification prepared by SALA SEGUNDA of the Poder Judicial. Reproduction and/or distribution for profit is prohibited.\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 13:46:52.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
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