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  "id": "nexus-sen-1-0005-1253622",
  "citation": "Res. 02280-2024 Sala Segunda de la Corte",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "court_decision",
  "title_es": "Derecho al incentivo de alto riesgo para policías de fronteras",
  "title_en": "Right to High-Risk Incentive for Border Police",
  "summary_es": "La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia resuelve un recurso de casación en un proceso laboral donde un oficial de policía demanda al Estado el pago del incentivo salarial por \"operaciones de alto riesgo\" para el período comprendido entre el 1° de abril de 2000 y el 31 de mayo de 2015. El tribunal confirma la sentencia de primera instancia que acogió parcialmente la demanda, reconociendo el derecho del actor a dicho incentivo desde la fecha de su implementación, al considerar que las funciones desempeñadas como Policía de Fronteras y luego como Agente I (FP) implican, por su naturaleza, un riesgo excepcional a la vida e integridad física, análogo al de los miembros de la Guardia Civil y Guardia de Asistencia Rural. Se rechaza el argumento del Estado de que el actor debía probar su participación efectiva en operaciones de alto riesgo, trasladando la carga de la prueba a la parte demandada para acreditar que el puesto del actor era ajeno a dichas labores. Asimismo, se desestima la tesis de que el incentivo por riesgo policial cubre el mismo riesgo, pues ambos pluses remuneran conceptos distintos según su normativa creadora. El fallo carece de relevancia ambiental directa.",
  "summary_en": "The Second Chamber of the Supreme Court of Justice rules on a cassation appeal in a labor proceeding where a police officer sues the State for payment of the \"high-risk operations\" salary incentive for the period between April 1, 2000, and May 31, 2015. The court upholds the first-instance judgment that partially granted the claim, recognizing the plaintiff's right to such incentive from its implementation date, considering that the duties performed as Border Police and later as Agent I (FP) inherently involve exceptional risk to life and physical integrity, analogous to those of the Civil Guard and Rural Assistance Guard. The State's argument that the plaintiff had to prove actual participation in high-risk operations is rejected, shifting the burden of proof to the defendant to demonstrate that the plaintiff's position was unrelated to such duties. Likewise, the thesis that the police risk incentive covers the same risk is dismissed, as both bonuses compensate different concepts according to their enabling regulations. The ruling has no direct environmental relevance.",
  "court_or_agency": "Sala Segunda de la Corte",
  "date": "04/10/2024",
  "year": "2024",
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    "incentivo por operaciones de alto riesgo",
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    "Policía de Fronteras",
    "Guardia Civil",
    "Guardia de Asistencia Rural",
    "carga de la prueba"
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      "law": "Ley General de Policía"
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      "law": "Acuerdo 5878 de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria"
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    "operaciones de alto riesgo",
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    "Sala Segunda",
    "derecho laboral",
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    "salary incentive",
    "high-risk operations",
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  "excerpt_es": "III.- ANÁLISIS DEL CASO: El a quo tuvo por probados estos hechos, sin objeción de las partes: -Que el actor labora para el Ministerio de Seguridad Pública desde el 2 de mayo de 1997. -Que ha ocupado los siguientes puestos: del 2 de mayo de 1997 al 21 de diciembre de 2012, Policía de Fronteras; y del 1° de enero de 2013 en adelante, Agente I (FP). -Que devenga el incentivo de operaciones de alto riesgo a partir del 1° de junio de 2015. Ahora bien, en el recurso se argumenta: “Debe destacarse que el señor [Nombre 001] demostró hasta el 1 de junio de 2015, mediante la presentación de la declaración jurada (mecanismo creado administrativamente para acreditar que efectivamente un policía ejecuta funciones de alto riesgo) que cumplía con los requisitos para que se le pagara ese incentivo salarial. Anterior a esa fecha, el actor no evidencia que participara en operaciones de alto riesgo”. Sin embargo, si administrativamente se le concedió el plus en cuestión al demandante a partir de junio de 2015, ocupando el cargo de Agente I (FP), la conclusión lógica que se impone es que le corresponde el sobresueldo de alto riesgo desde el 1° de enero de 2013, cuando comenzó a fungir como Agente I (FP), ya que realizaba las mismas funciones. Luego, en cuanto al tiempo en que se desempeñó como Policía de Fronteras (del 2 de mayo de 1997 al 21 de diciembre de 2012), también tiene derecho al pago de ese incentivo, pero eso sí, a partir de la fecha de su implementación (1° de abril de 2000), por las razones que se dirán.\n\nEl incentivo denominado \"operaciones de alto riesgo\" fue creado por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria en su acuerdo número 5878 de la sesión extraordinaria 03-2000 del 10 de abril de 2000, con base en las siguientes motivaciones: \"Que los miembros de la fuerza pública efectúan funciones que consisten en el mantenimiento del orden, seguridad ciudadana y/o represión delictiva. / 2. Que se requiere que los miembros de la fuerza pública participen en operaciones de alto riesgo como allanamientos, situaciones de crisis, acciones antiterroristas, protección de figuras públicas o visitantes oficiales, entre otras, en las que el funcionario expone en forma directa su vida y su integridad física. / 3. Que estos miembros de la fuerza pública deben cumplir con la atención de contingencias que atentan contra la Seguridad Nacional en forma oportuna y eficaz. /4. Que existen diferencias salariales en el mercado de trabajo a favor de los agentes de seguridad de la empresa privada, lo que provoca una alta rotación de personas e inestabilidad en el servicio. / 5. Que, en virtud del riesgo y peligro implícitos en las funciones efectuados por los funcionarios de la fuerza pública, procede autorizar un incentivo denominado de 'OPERACIONES DE ALTO RIESGO´, a los efectos de cumplir con las responsabilidades vinculadas a la Seguridad Nacional. / 6. Que el incentivo aquí creado debe considerarse diferente al denominado 'Riesgo Policial' cuyo fin es garantizar la seguridad nacional de bienes, así como el respeto de los derechos y libertades de los ciudadanos\".\n\nLo anterior permite concluir que las funciones policiales del actor son equiparables a las asignadas a las personas integrantes de la Guardia Civil y Guardia de Asistencia Rural, es decir, las enmarcadas en el numeral 22 ya mencionado. Así las cosas, no hay razón para cambiar el criterio que ha venido manteniendo la Sala a este respecto: si las funciones atribuidas a los Policías de Fronteras son análogas a las de los oficiales de la Guardia Civil y la Guardia Rural, es evidente que la composición de su salario debe ser igual al de estos últimos, en el tanto son las tareas que desempeñan unos y otros, las que hacen que deba cancelarse este plus salarial; por cuanto, como se dijo, en la ejecución de sus labores también se encuentran en riesgo sus vidas, de manera que lo equitativo es el reconocimiento de aquel en sus salarios.",
  "excerpt_en": "III.- CASE ANALYSIS: The lower court deemed these facts proven, without objection from the parties: -That the plaintiff has worked for the Ministry of Public Security since May 2, 1997. -That they have held the following positions: from May 2, 1997 to December 21, 2012, Border Police; and from January 1, 2013 onwards, Agent I (FP). -That they have received the high-risk operations incentive since June 1, 2015. Now, the appeal argues: \"It should be noted that Mr. [Name 001] proved until June 1, 2015, by submitting the sworn statement (a mechanism administratively created to certify that a police officer effectively performs high-risk duties) that they met the requirements to receive that salary incentive. Prior to that date, the plaintiff does not provide evidence that they participated in high-risk operations.\" However, if the plaintiff was administratively granted the bonus in question as of June 2015, while holding the position of Agent I (FP), the logical conclusion is that they are entitled to the high-risk supplement since January 1, 2013, when they began serving as Agent I (FP), as they performed the same duties. Then, regarding the time they served as Border Police (from May 2, 1997 to December 21, 2012), they are also entitled to the payment of that incentive, but only from the date of its implementation (April 1, 2000), for the reasons stated below.\n\nThe incentive called \"high-risk operations\" was created by the Technical Secretariat of the Budgetary Authority in its agreement number 5878 of extraordinary session 03-2000 of April 10, 2000, based on the following grounds: \"That members of the public force perform duties consisting of maintaining order, citizen security, and/or criminal repression. / 2. That members of the public force are required to participate in high-risk operations such as raids, crisis situations, counterterrorism actions, protection of public figures or official visitors, among others, in which the officer directly exposes their life and physical integrity. / 3. That these members of the public force must address contingencies that threaten National Security in a timely and effective manner. /4. That there are salary differences in the labor market in favor of private security agents, causing high personnel turnover and instability in service. / 5. That, given the inherent risk and danger in the duties performed by public force officers, it is appropriate to authorize an incentive called 'HIGH-RISK OPERATIONS,' in order to fulfill the responsibilities related to National Security. / 6. That the incentive created herein must be considered different from the so-called 'Police Risk,' whose purpose is to guarantee national security of property, as well as respect for the rights and freedoms of citizens.\"\n\nThe foregoing allows concluding that the plaintiff's police duties are comparable to those assigned to members of the Civil Guard and Rural Assistance Guard, i.e., those framed in article 22 mentioned above. Thus, there is no reason to change the criterion that the Chamber has been maintaining in this regard: if the duties assigned to Border Police officers are analogous to those of Civil Guard and Rural Guard officers, it is evident that the composition of their salary must be the same as that of the latter, as it is the tasks performed by both that necessitate payment of this wage bonus; because, as stated, their lives are also at risk in the execution of their duties, so it is equitable to recognize it in their salaries.",
  "outcome": {
    "label_en": "Appeal denied",
    "label_es": "Sin lugar el recurso",
    "summary_en": "The State's cassation appeal is denied, and the ruling ordering payment of the high-risk operations incentive from April 1, 2000, to May 31, 2015, is upheld.",
    "summary_es": "Se declara sin lugar el recurso de casación del Estado y se confirma la condena al pago del incentivo por operaciones de alto riesgo desde el 1° de abril de 2000 hasta el 31 de mayo de 2015."
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      "context": "Considerando III",
      "quote_en": "if the duties assigned to Border Police officers are analogous to those of Civil Guard and Rural Guard officers, it is evident that the composition of their salary must be the same as that of the latter, as it is the tasks performed by both that necessitate payment of this wage bonus",
      "quote_es": "si las funciones atribuidas a los Policías de Fronteras son análogas a las de los oficiales de la Guardia Civil y la Guardia Rural, es evidente que la composición de su salario debe ser igual al de estos últimos, en el tanto son las tareas que desempeñan unos y otros, las que hacen que deba cancelarse este plus salarial"
    },
    {
      "context": "Considerando III",
      "quote_en": "the fact of receiving the “police risk” bonus does not preclude also earning the “high-risk operations incentive,” as both items compensate different aspects",
      "quote_es": "el hecho de percibir el plus por “riesgo policial” no es óbice para devengar también el “incentivo por operaciones de alto riesgo”, pues ambos rubros remuneran aspectos distintos"
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  "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0005-1253622",
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Segunda de la Corte\n\nResolución Nº 02280 - 2024\n\nFecha de la Resolución: 04 de Octubre del 2024 a las 14:05\n\nExpediente: 18-000415-0775-LA\n\nRedactado por: Julia Varela Araya\n\nClase de asunto: ordinario\n\nAnalizado por: SALA SEGUNDA\n\n\n\n\nSentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\n \n\nCorte Suprema de Justicia\n\nSALA SEGUNDA\n\n\t\n\n \n\nExp: 18-000415-0775-LA\n\nRes: 2024002280\n\nSALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas cinco minutos del cuatro de octubre de dos mil veinticuatro .             \n\n Proceso ordinario establecido ante el Juzgado de Trabajo de Santa Cruz por [Nombre 001], oficial de policía, contra el ESTADO, representado por su procurador adjunto, el licenciado Álvaro de Jesús Fonseca Vargas, vecino de Cartago. Actúa como apoderado especial judicial del actor el licenciado Juan Carlos Ceciliano Monge. Todos mayores, solteros y vecinos de Guanacaste, con la excepción indicada.\n\n Redacta la Magistrada Varela Araya; y,\n\n  CONSIDERANDO:\n\nI.- ANTECEDENTES: El actor demandó al Estado en la vía ordinaria laboral, pretendiendo la cancelación de 14068 horas extra, más las correspondientes diferencias de aguinaldo, vacaciones y salario escolar. Además, solicitó el pago del incentivo por operaciones de alto riesgo desde el 1° de abril de 2000 hasta el 31 de mayo de 2015. Finalmente, pidió los intereses legales, la indexación, la readecuación de las obligaciones con la seguridad social y las costas (imagen 1). La contestación fue negativa y se opuso la defensa de falta de derecho (imagen 57). En primera instancia, la demanda se declaró parcialmente con lugar. Se denegaron las horas extra reclamadas y el consecuente reajuste de vacaciones, aguinaldo y salario escolar. Se obligó al accionado a cancelarle al actor el incentivo por operaciones de alto riesgo, desde el 1° de abril de 2000 hasta el 31 de mayo de 2015, junto con los respectivos intereses legales e indexación. Asimismo, se dispuso: “Tratándose de salario, sobre dicho monto EL ESTADO deberá retener y reportar a la Caja Costarricense de Seguro Social los porcentajes correspondientes a cargas sociales que por ley le corresponde pagar al trabajador”. La excepción de falta de derecho se desestimó respecto de lo concedido y se acogió en cuanto a lo declinado. El fallo se dictó sin especial condena en costas (imagen 199).\n\nII.- RECURSO DE CASACIÓN DE LA PARTE DEMANDADA: Se solicita la desestimación de la demanda, con base en los siguientes alegatos: “Existe una serie de prueba documental en autos que no ha sido debidamente valorada por el juzgador de primera instancia, según lo establecido en el artículo 481 del Código de Trabajo. En este sentido, debemos apuntar que, en la sentencia impugnada se tiene como hecho probado que el actor, en el cargo de Agente I, realiza diversas labores que implican que tiene derecho al pago del incentivo de alto riesgo, por ser funciones de alta peligrosidad. Sin embargo, no existe algún elemento probatorio que permita establecer que el actor de forma efectiva participara en operaciones de alto riesgo como allanamientos, situaciones de crisis, acciones antiterroristas, protección de figuras públicas o visitantes oficiales, según lo dispuesto mediante la resolución STAP-0683-2000 del 12 de abril de 2000 de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, desde la fecha de creación del incentivo y hasta la fecha en que se le empezó a pagar -1 de junio de 2015-. Debe destacarse que el señor [Nombre 001] demostró hasta el 1 de junio de 2015, mediante la presentación de la declaración jurada (mecanismo creado administrativamente para acreditar que efectivamente un policía ejecuta funciones de alto riesgo) que cumplía con los requisitos para que se le pagara ese incentivo salarial. Anterior a esa fecha, el actor no evidencia que participara en operaciones de alto riesgo, distintas a las contempladas con el pago del incentivo de riesgo policial (…). Conviene recordar adicionalmente, que a los funcionarios que ejercen funciones policiales -incluyendo al aquí actor- se les reconoce el incentivo salarial por riesgo policial dispuesto en la Ley General de Policía, el cual se fundamenta en que este tipo de labores implican un riesgo para su integridad, en razón de la peligrosidad que la función policial puede significar (artículo 1 Reglamento Pago Riesgo Policial). Es por ello que, contrario al incentivo de alto riesgo, el incentivo de riesgo policial se otorga a todos los servidores policiales en el tanto y en cuanto realicen funciones policiales; mientras que el primero se otorga única y exclusivamente a aquellos puestos policiales en los que las funciones realizadas impliquen un mayor peligro. De llegar a considerarse que ambos incentivos se crearon con la finalidad de otorgarse en virtud de las funciones, puras y simples, de ser servidor policial, se estaría desvirtuando su esencia y se estarían equiparando ambos incentivos, lo que implicaría que se autorizaría un doble pago por las mismas condiciones de trabajo, lo que haría dicho reconocimiento abiertamente indebido y contrario a derecho (…). La razón de ser de este incentivo es remunerar de forma adicional a aquellos funcionarios policiales que, con la realización de funciones especiales, se vean expuestos a un mayor y directo riesgo en su integridad -es decir, para una élite policial más especializada-, en adición a los riesgos que ya se encuentran cubiertos por el incentivo de riesgo policial. De esta forma, el aquí actor no demostró cumplir con los criterios para ser beneficiario del incentivo de alto riesgo policial, por cuanto las funciones que le correspondía realizar no implican un mayor riesgo a su integridad, ya que no contemplan operaciones de alto riesgo como allanamientos, situaciones de crisis, acciones antiterroristas, protección de figuras públicas o visitantes oficiales, en las cuales comprometa su vida y su integridad física (…). Conforme a los criterios de la lógica, la experiencia, correcto entendimiento humano y las presunciones humanas (según lo regulado en el artículo 481 del Código de Trabajo) la conclusión a la que debió llegarse fue que no existen elementos probatorios suficientes que efectivamente demuestren que ejecutara labores de alto riesgo y peligrosidad que comprometan su vida o su integridad física distintas a las cubiertas por el riesgo policial, el cual por sí mismo ya busca compensar los riesgos normales que implican la labor policial y que al aquí actor se le reconoce” (imagen 213).\n\nIII.- ANÁLISIS DEL CASO: El a quo tuvo por probados estos hechos, sin objeción de las partes: -Que el actor labora para el Ministerio de Seguridad Pública desde el 2 de mayo de 1997. -Que ha ocupado los siguientes puestos: del 2 de mayo de 1997 al 21 de diciembre de 2012, Policía de Fronteras; y del 1° de enero de 2013 en adelante, Agente I (FP). -Que devenga el incentivo de operaciones de alto riesgo a partir del 1° de junio de 2015. Ahora bien, en el recurso se argumenta: “Debe destacarse que el señor [Nombre 001] demostró hasta el 1 de junio de 2015, mediante la presentación de la declaración jurada (mecanismo creado administrativamente para acreditar que efectivamente un policía ejecuta funciones de alto riesgo) que cumplía con los requisitos para que se le pagara ese incentivo salarial. Anterior a esa fecha, el actor no evidencia que participara en operaciones de alto riesgo”. Sin embargo, si administrativamente se le concedió el plus en cuestión al demandante a partir de junio de 2015, ocupando el cargo de Agente I (FP), la conclusión lógica que se impone es que le corresponde el sobresueldo de alto riesgo desde el 1° de enero de 2013, cuando comenzó a fungir como Agente I (FP), ya que realizaba las mismas funciones. Luego, en cuanto al tiempo en que se desempeñó como Policía de Fronteras (del 2 de mayo de 1997 al 21 de diciembre de 2012), también tiene derecho al pago de ese incentivo, pero eso sí, a partir de la fecha de su implementación (1° de abril de 2000), por las razones que se dirán. El incentivo denominado “operaciones de alto riesgo” fue creado por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria en su acuerdo número 5878 de la sesión extraordinaria 03-2000 del 10 de abril de 2000, con base en las siguientes motivaciones: “Que los miembros de la fuerza pública efectúan funciones que consisten en el mantenimiento del orden, seguridad ciudadana y/o represión delictiva. / 2. Que se requiere que los miembros de la fuerza pública participen en operaciones de alto riesgo como allanamientos, situaciones de crisis, acciones antiterroristas, protección de figuras públicas o visitantes oficiales, entre otras, en las que el funcionario expone en forma directa su vida y su integridad física. / 3. Que estos miembros de la fuerza pública deben cumplir con la atención de contingencias que atentan contra la Seguridad Nacional en forma oportuna y eficaz. /4. Que existen diferencias salariales en el mercado de trabajo a favor de los agentes de seguridad de la empresa privada, lo que provoca una alta rotación de personas e inestabilidad en el servicio. / 5. Que, en virtud del riesgo y peligro implícitos en las funciones efectuados por los funcionarios de la fuerza pública, procede autorizar un incentivo denominado de 'OPERACIONES DE ALTO RIESGO´, a los efectos de cumplir con las responsabilidades vinculadas a la Seguridad Nacional. / 6. Que el incentivo aquí creado debe considerarse diferente al denominado ‘Riesgo Policial’ cuyo fin es garantizar la seguridad nacional de bienes, así como el respeto de los derechos y libertades de los ciudadanos”.  Se ha dispuesto que es de aplicación a aquellos y aquellas oficiales cuyas competencias y funciones estén inmersas en los artículos 21 y 22 de la Ley General de Policía, los cuales regulan las labores y atribuciones de la Guardia Civil y la Guardia de Asistencia Rural. Esas normas estipulan lo siguiente: “Artículo 21. / La Guardia Civil y la Guardia de Asistencia Rural son cuerpos especialmente encargados de la vigilancia general y la seguridad ciudadana; ejercerán sus funciones en todo el país, de conformidad con la determinación técnica sobre la naturaleza rural o urbana que señalen las instituciones públicas correspondientes. Para ello, se establecerán unidades de mando organizadas según la división regional que el ministerio respectivo determine” y “Artículo 22. / Son atribuciones de la Guardia Civil y la Guardia de Asistencia Rural: / a) Asegurar el ejercicio de las garantías constitucionales, la protección del orden constitucional, la seguridad ciudadana, la soberanía nacional y la integridad territorial. / b) Mantener la tranquilidad y el orden público. / c) Velar por la seguridad y la integridad de las personas y los bienes de los habitantes de la República. / d) Mantener el respeto por las propiedades y los demás derechos de los habitantes de la República. / e) Prevenir y reprimir la comisión de infracciones punibles dentro del territorio nacional”. La intención de cubrir con un sobresueldo a los y a las miembros de estos dos cuerpos policiales viene en función de la naturaleza de sus tareas, pues es innegable que estas personas son quienes en primera instancia comprometen su integridad personal y su vida en el cumplimiento de estas. Si bien la parte actora no aportó el Manual de Clases Policiales, este es una norma que se encuentra debidamente publicada (precepto 480 del Código de Trabajo), así como el enlace del documento emitido por el Ministerio de Seguridad Pública, por lo que no es una prueba exclusiva del caso concreto. En dicho Manual, la naturaleza del trabajo realizado por un Agente II (clase a la que corresponde un Policía de Fronteras), se describe así: “Ejecución de labores policiales especializadas que requieren de la aplicación de conocimientos teórico – prácticos en el campo policial, desarrolladas a nivel nacional, orientadas a la protección de la soberanía nacional, integridad territorial, vigilancia, mantenimiento del orden público, la seguridad de los habitantes y sus bienes y la prevención del delito”. Por su lado, en la descripción de las actividades genéricas de la clase, se enumeran, entre otras, las siguientes: “Apoyar a otras dependencias y unidades policiales y actuar en situaciones especiales, a fin de restablecer el orden público, así como en actividades de rescate, en casos de emergencia y desastres naturales o provocados por el ser humano. /Participar en las diferentes acciones policiales planeadas y ordenadas, de acuerdo con los requerimientos institucionales. /Realizar acciones de prevención y represión en su área de jurisdicción, en cuanto a la lucha contra el narcotráfico, crimen organizado, evasión fiscal, trata de personas en sus diferentes modalidades y acciones tendientes a la protección del patrimonio natural”. Asimismo, en la descripción de las actividades específicas del cargo de Agente de Fronteras se establecen las que de seguido se reseñan: “Vigilar y resguardar las fronteras terrestres, incluidas las edificaciones públicas donde se realizan actividades aduanales y migratorias durante la operación de las mismas. /Participar en operativos propios, conjuntos o combinados para la observación sistemática y permanente del espacio fronterizo del Estado, desde tierra, mar o aire, utilizando medios visuales, electrónicos u otros, con el propósito de detectar, alertar e impedir posibles violaciones en el límite internacional y efectuar el control policial en el área de responsabilidad y por ende, el combate al fenómeno criminal. /Realizar acciones de vigilancia y de protección a las zonas fronterizas en desarrollo de su misión o en coordinación con otras instituciones en materia de ayuda humanitaria, estabilización en casos de desastres naturales o provocados por el ser humano. /Realizar acciones de prevención de delitos nacionales e internacionales en las franjas fronterizas. /Ejecutar los planes de inteligencia estratégica que orientan el accionar de la Policía de Frontera. /Ejecutar acciones que coadyuven en los procesos de integración y mejora de la seguridad ciudadana de las comunidades y poblaciones de las zonas fronterizas del país. /Ejecutar acciones de prevención y represión contra el contrabando, trata de personas, coyotaje, tráfico ilícito de drogas y sustancias prohibidas, deforestación, contaminación ambiental, destace de ganado y animales protegidos, especies en extinción, entre otros. /Recopilar información producto del patrullaje en las zonas fronterizas, para producir y suministrar inteligencia policial oportuna y confiable. /Verificar e informar sobre el mantenimiento y conservación de los hitos fronterizos”. Lo anterior permite concluir que las funciones policiales del actor son equiparables a las asignadas a las personas integrantes de la Guardia Civil y Guardia de Asistencia Rural, es decir, las enmarcadas en el numeral 22 ya mencionado. Así las cosas, no hay razón para cambiar el criterio que ha venido manteniendo la Sala a este respecto: si las funciones atribuidas a los Policías de Fronteras son análogas a las de los oficiales de la Guardia Civil y la Guardia Rural, es evidente que la composición de su salario debe ser igual al de estos últimos, en el tanto son las tareas que desempeñan unos y otros, las que hacen que deba cancelarse este plus salarial; por cuanto, como se dijo, en la ejecución de sus labores también se encuentran en riesgo sus vidas, de manera que lo equitativo es el reconocimiento de aquel en sus salarios. Debe tenerse presente que la regla es que las personas que se encuentran nombradas en determinado cargo cumplen con todas las funciones ligadas al mismo. De presentarse alguna excepción, o sea que, a pesar de dicho nombramiento, realmente no las realiza, quien alega dicha excepción, debe probarlo. Por consiguiente, en caso de que el Estado considerara estar en presencia del supuesto de excepción dicho, debió acreditarlo sin lugar a dudas, lo que no hizo. La representación del Estado no logró demostrar las causas objetivas por las que el actor deba excluirse de esa normativa y disposición interna de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria. Además, la parte demandada no trajo al expediente la prueba que acreditara su dicho en torno a las funciones concretas del actor. De esta forma, si conforme a la naturaleza de las labores y las actividades generales atinentes a la clase en la que se ubica el actor se concluye, como lo hiciera el a quo, que este se encuentra expuesto a un riesgo que pone en peligro su vida e integridad física, sin que haya distinción alguna respecto de los supuestos contemplados en los numerales 21 y 22 de la Ley General de Policía, evidentemente es merecedor de que se le reconozca el incentivo de alto riesgo; desplazándose por consiguiente la carga de la prueba a la parte demandada, para acreditar que aun cuando este formaba parte de aquella clase, su puesto era ajeno a las labores ahí contempladas y que, por el contrario, llevaba a cabo otras en las que no corría un alto riesgo como el que se ha buscado compensar a través de este proceso. Finalmente, el recurrente sostiene que el riesgo al que está sujeto el promovente en el ejercicio de sus funciones se remunera con el plus de riesgo policial.  Esta tesis no es de recibo. En el propio acuerdo de creación del incentivo de operaciones de alto riesgo se dejó constancia de que uno y otro plus retribuyen situaciones diferentes. En este sentido, se indicó: “Que se requiere que los miembros de la fuerza pública participen en operaciones de alto riesgo, tales como allanamientos, situaciones de crisis, acciones antiterroristas, protección de figuras públicas o visitantes oficiales, entre otras, en las que el funcionario expone en forma directa su vida y su integridad física. Que, en virtud del riesgo y peligro implícitos en las funciones efectuadas por los funcionarios de la fuerza pública, procede autorizar un incentivo denominado de 'Operaciones de Alto Riesgo', a los efectos de cumplir con las responsabilidades vinculadas a la Seguridad Nacional.  Que el incentivo aquí creado debe considerarse diferente al denominado 'Riesgo Policial', cuyo fin es garantizar la seguridad nacional de bienes, así como el respeto de los derechos y libertad de los ciudadanos…” (énfasis suplido). De manera que el hecho de percibir el plus por “riesgo policial” no es óbice para devengar también el “incentivo por operaciones de alto riesgo”, pues ambos rubros remuneran aspectos distintos. Por ende, en el caso que se analiza no se advierte ninguna circunstancia que haga posible variar el criterio expuesto por el juzgador de instancia, razón por la cual procede mantener lo resuelto.\n\nIV.- CONSIDERACIÓN FINAL:  En consecuencia, se ha de declarar sin lugar el recurso.\n\nPOR TANTO:\n\n \n\nSe declara sin lugar el recurso.\n\n \n\nRes: 2024002280\n\nSKRAMLAN\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nLuis Porfirio Sánchez Rodríguez\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nJulia Varela Araya\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Enrique Olaso Álvarez\n\n\n\n\nRoxana Chacón Artavia\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nRafael Antonio Ortega Telleria\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n QP5QFHP4FR061\n\n1\n\nEXP: 18-000415-0775-LA\n\n \n\n Teléfonos: 2295-3671, 2295-3676, 2295-3675 y 2295-4406. Facsímile: 2295-3009. Correo Electrónico: sala-segunda@poder-judicial.go.cr\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 13:48:25.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "SECOND CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at fourteen hours and five minutes on the fourth of October two thousand twenty-four.\n\nOrdinary proceeding filed before the Labor Court of Santa Cruz by [Name 001], police officer, against the STATE, represented by its deputy prosecutor, attorney Álvaro de Jesús Fonseca Vargas, resident of Cartago. Attorney Juan Carlos Ceciliano Monge acts as the plaintiff's special judicial representative. All are of legal age, single, and residents of Guanacaste, with the exception noted.\n\nDrafted by Magistrate Varela Araya; and,\n\nCONSIDERING:\n\nI.- BACKGROUND: The plaintiff sued the State in the ordinary labor jurisdiction, seeking the payment of 14,068 overtime hours, plus the corresponding differences in Christmas bonus (aguinaldo), vacation pay, and school salary (salario escolar). He also requested the payment of the high-risk operations incentive (incentivo por operaciones de alto riesgo) from April 1, 2000, to May 31, 2015. Finally, he requested legal interest, indexing, the readjustment of social security obligations, and costs (image 1). The response was a denial, and the defense of lack of right was raised (image 57). In the first instance, the claim was partially granted. The claimed overtime hours and the consequent readjustment of vacation pay, Christmas bonus (aguinaldo), and school salary (salario escolar) were denied. The defendant was ordered to pay the plaintiff the high-risk operations incentive (incentivo por operaciones de alto riesgo), from April 1, 2000, to May 31, 2015, along with the corresponding legal interest and indexing. Likewise, it was ordered: \"As this is salary, the STATE must withhold and report to the Costa Rican Social Security Fund (Caja Costarricense de Seguro Social) the percentages corresponding to social charges that the worker is legally required to pay.\" The defense of lack of right was dismissed regarding what was granted and upheld regarding what was denied. The judgment was issued without a special award of costs (image 199).\n\nII.- CASSATION APPEAL BY THE DEFENDANT: The dismissal of the claim is requested, based on the following arguments: \"There is a series of documentary evidence in the case file that has not been duly assessed by the first-instance judge, as established in Article 481 of the Labor Code. In this regard, we must point out that, in the contested judgment, it is held as a proven fact that the plaintiff, in the position of Agent I, performs various tasks implying he is entitled to the payment of the high-risk incentive (incentivo de alto riesgo), because these are highly dangerous functions. However, there is no probative element to establish that the plaintiff effectively participated in high-risk operations such as raids (allanamientos), crisis situations, anti-terrorist actions, protection of public figures or official visitors, as provided by resolution STAP-0683-2000 of April 12, 2000, from the Technical Secretariat of the Budgetary Authority, from the date the incentive was created until the date it began to be paid to him—June 1, 2015. It should be noted that Mr. [Name 001] demonstrated, until June 1, 2015, through the submission of the sworn statement (mechanism created administratively to certify that a police officer effectively performs high-risk functions) that he met the requirements for that salary incentive to be paid. Before that date, the plaintiff does not show that he participated in high-risk operations, other than those covered by the payment of the police risk incentive (incentivo de riesgo policial) (...). It is also worth remembering that public servants who perform police functions—including the plaintiff here—are granted the police risk salary incentive (incentivo salarial por riesgo policial) established in the General Police Law, which is based on the fact that this type of work entails a risk to their integrity, due to the dangerousness that police work can entail (Article 1 of the Regulation for Police Risk Payment (Pago Riesgo Policial)). This is why, contrary to the high-risk incentive, the police risk incentive is granted to all police officers insofar as they perform police functions; whereas the former is granted solely and exclusively to those police positions where the functions performed involve greater danger. If it were to be considered that both incentives were created for the purpose of being granted by virtue of the pure and simple functions of being a police officer, their essence would be distorted and both incentives would be equated, which would imply authorizing a double payment for the same working conditions, making such recognition openly improper and contrary to law (...). The rationale for this incentive is to additionally compensate those police officers who, in performing special functions, are exposed to a greater and more direct risk to their integrity—that is, for a more specialized police elite—in addition to the risks already covered by the police risk incentive. Thus, the plaintiff here did not demonstrate that he met the criteria to be a beneficiary of the police high-risk incentive, because the functions he was to perform do not imply a greater risk to his integrity, since they do not include high-risk operations such as raids (allanamientos), crisis situations, anti-terrorist actions, protection of public figures or official visitors, in which his life and physical integrity are compromised (...). According to the criteria of logic, experience, sound human understanding, and human presumptions (as regulated in Article 481 of the Labor Code), the conclusion that should have been reached was that there are not enough probative elements to effectively demonstrate that he performed high-risk and dangerous tasks compromising his life or physical integrity different from those covered by the police risk incentive, which by itself already seeks to compensate for the normal risks involved in police work and which is granted to the plaintiff here\" (image 213).\n\nIII.- ANALYSIS OF THE CASE: The lower court (a quo) held these facts as proven, without objection from the parties: - That the plaintiff has worked for the Ministry of Public Security since May 2, 1997. - That he has held the following positions: from May 2, 1997, to December 21, 2012, Border Police (Policía de Fronteras); and from January 1, 2013, onwards, Agent I (FP). - That he has received the high-risk operations incentive (incentivo de operaciones de alto riesgo) since June 1, 2015. Now, the appeal argues: \"It should be noted that Mr. [Name 001] demonstrated, until June 1, 2015, through the submission of the sworn statement (mechanism created administratively to certify that a police officer effectively performs high-risk functions) that he met the requirements for that salary incentive to be paid. Before that date, the plaintiff does not show that he participated in high-risk operations.\" However, if administratively the bonus in question was granted to the plaintiff as of June 2015, while holding the position of Agent I (FP), the logical conclusion that imposes itself is that he is entitled to the high-risk salary supplement (sobresueldo de alto riesgo) from January 1, 2013, when he began serving as Agent I (FP), since he performed the same functions. Then, regarding the time he served as Border Police (Policía de Fronteras) (from May 2, 1997, to December 21, 2012), he is also entitled to the payment of that incentive, but only from the date of its implementation (April 1, 2000), for the reasons that will be stated. The incentive called \"high-risk operations\" (operaciones de alto riesgo) was created by the Technical Secretariat of the Budgetary Authority in its agreement number 5878 of the extraordinary session 03-2000 of April 10, 2000, based on the following grounds: \"That members of the public force perform functions consisting of maintaining order, citizen security, and/or crime suppression. / 2. That members of the public force are required to participate in high-risk operations (operaciones de alto riesgo) such as raids (allanamientos), crisis situations, anti-terrorist actions, protection of public figures or official visitors, among others, in which the officer directly exposes their life and physical integrity. / 3. That these members of the public force must address contingencies that threaten National Security in a timely and effective manner. / 4. That there are salary differences in the labor market in favor of private company security agents, which causes high personnel turnover and instability in the service. / 5. That, by virtue of the risk and danger implicit in the functions performed by public force officers, it is appropriate to authorize an incentive called 'HIGH-RISK OPERATIONS' (OPERACIONES DE ALTO RIESGO), for the purpose of fulfilling the responsibilities linked to National Security. / 6. That the incentive created here must be considered different from that called 'Police Risk' (Riesgo Policial), whose purpose is to guarantee the national security of property, as well as respect for the rights and freedoms of citizens.\" It has been ordered that it is applicable to those officers whose competencies and functions are encompassed by Articles 21 and 22 of the General Police Law, which regulate the tasks and powers of the Civil Guard (Guardia Civil) and the Rural Assistance Guard (Guardia de Asistencia Rural). Those provisions stipulate the following: \"Article 21. / The Civil Guard (Guardia Civil) and the Rural Assistance Guard (Guardia de Asistencia Rural) are bodies specially charged with general surveillance and citizen security; they shall exercise their functions throughout the country, in accordance with the technical determination regarding the rural or urban nature indicated by the corresponding public institutions. For this purpose, command units shall be established organized according to the regional division determined by the respective ministry\" and \"Article 22. / The powers of the Civil Guard (Guardia Civil) and the Rural Assistance Guard (Guardia de Asistencia Rural) are: / a) To ensure the exercise of constitutional guarantees, the protection of the constitutional order, citizen security, national sovereignty, and territorial integrity. / b) To maintain public tranquility and order. / c) To ensure the safety and integrity of the persons and property of the inhabitants of the Republic. / d) To maintain respect for the properties and other rights of the inhabitants of the Republic. / e) To prevent and suppress the commission of punishable offenses within the national territory.\" The intention of covering members of these two police bodies with a salary supplement (sobresueldo) arises from the nature of their tasks, as it is undeniable that these persons are the ones who, in the first instance, compromise their personal integrity and their lives in fulfilling them. While the plaintiff did not provide the Police Class Manual (Manual de Clases Policiales), this is a duly published standard (Article 480 of the Labor Code), as well as the link to the document issued by the Ministry of Public Security, so it is not exclusive evidence for this specific case. In said Manual, the nature of the work performed by an Agent II (the class to which a Border Police (Policía de Fronteras) corresponds) is described as follows: \"Execution of specialized police tasks requiring the application of theoretical-practical knowledge in the police field, developed at the national level, aimed at the protection of national sovereignty, territorial integrity, surveillance, maintenance of public order, the safety of inhabitants and their property, and crime prevention.\" For its part, in the description of the generic activities of the class, the following are listed, among others: \"Support other police units and units and act in special situations, in order to restore public order, as well as in rescue activities, in cases of emergencies and natural or human-caused disasters. /Participate in the different planned and ordered police actions, according to institutional requirements. /Carry out prevention and suppression actions in their jurisdictional area, regarding the fight against drug trafficking, organized crime, tax evasion, human trafficking in its different modalities, and actions aimed at the protection of natural heritage.\" Likewise, in the description of the specific activities of the Border Police (Policía de Fronteras) position, the following are established: \"Monitor and guard land borders, including public buildings where customs and immigration activities are carried out during their operation. /Participate in own, joint, or combined operations for the systematic and permanent observation of the State's border space, from land, sea, or air, using visual, electronic, or other means, with the purpose of detecting, alerting, and preventing possible violations of the international boundary and carrying out police control in the area of responsibility and, therefore, combating the criminal phenomenon. /Carry out surveillance and protection actions in border areas in carrying out their mission or in coordination with other institutions regarding humanitarian aid, stabilization in cases of natural or human-caused disasters. /Perform crime prevention actions for national and international crimes in the border strips. /Execute strategic intelligence plans that guide the actions of the Border Police (Policía de Frontera). /Execute actions that contribute to the processes of integration and improvement of citizen security in communities and populations in the country's border areas. /Execute prevention and suppression actions against smuggling, human trafficking, coyotaje, illicit trafficking of drugs and prohibited substances, deforestation, environmental contamination, slaughter of livestock and protected animals, endangered species, among others. /Gather information from patrolling in border areas, to produce and supply timely and reliable police intelligence. /Verify and report on the maintenance and conservation of border markers (hitos fronterizos).\" The foregoing allows concluding that the plaintiff's police functions are comparable to those assigned to members of the Civil Guard (Guardia Civil) and Rural Assistance Guard (Guardia de Asistencia Rural), that is, those framed in the aforementioned Article 22. This being the case, there is no reason to change the criterion that this Chamber has been maintaining on this matter: if the functions attributed to Border Police (Policías de Fronteras) are analogous to those of the officers of the Civil Guard (Guardia Civil) and the Rural Guard, it is evident that the composition of their salary must be the same as that of the latter, inasmuch as it is the tasks performed by both that make this salary bonus payable; because, as stated, in the execution of their duties their lives are also at risk, so that what is equitable is the recognition of that bonus in their salaries. It must be kept in mind that the rule is that persons appointed to a certain position fulfill all the functions linked to it. If an exception arises, that is, that despite said appointment, they do not actually perform them, whoever alleges that exception must prove it. Consequently, if the State considered itself to be in the presence of said exception, it had to prove it beyond any doubt, which it did not do. The State's representation failed to demonstrate the objective reasons why the plaintiff should be excluded from that regulation and internal provision of the Technical Secretariat of the Budgetary Authority. Moreover, the defendant did not bring into the case file evidence to support its statement regarding the plaintiff's specific functions. In this way, if according to the nature of the tasks and the general activities pertaining to the class in which the plaintiff is located, it is concluded, as the lower court (a quo) did, that he is exposed to a risk that endangers his life and physical integrity, without any distinction regarding the assumptions contemplated in Articles 21 and 22 of the General Police Law, he is evidently deserving of the high-risk incentive (incentivo de alto riesgo) being recognized; consequently shifting the burden of proof to the defendant, to prove that even though he was part of that class, his position was unrelated to the tasks contemplated therein and that, on the contrary, he carried out others in which he did not run a high risk (alto riesgo) like that which has been sought to be compensated through this process. Finally, the appellant maintains that the risk to which the plaintiff is subject in the exercise of his functions is compensated with the police risk bonus (plus de riesgo policial). This thesis is not admissible. In the very agreement creating the high-risk operations incentive (incentivo de operaciones de alto riesgo), it was placed on record that each bonus compensates different situations. In this regard, it was indicated: \"That members of the public force are required to participate in high-risk operations (operaciones de alto riesgo), such as raids (allanamientos), crisis situations, anti-terrorist actions, protection of public figures or official visitors, among others, in which the officer directly exposes their life and physical integrity. That, by virtue of the risk and danger implicit in the functions performed by public force officers, it is appropriate to authorize an incentive called 'High-Risk Operations' (Operaciones de Alto Riesgo), for the purpose of fulfilling the responsibilities linked to National Security. That the incentive created here must be considered different from that called 'Police Risk' (Riesgo Policial), whose purpose is to guarantee the national security of property, as well as respect for the rights and freedom of citizens…\" (emphasis supplied). Thus, the fact of receiving the \"police risk\" (riesgo policial) bonus is not an obstacle to also earning the \"high-risk operations incentive\" (incentivo por operaciones de alto riesgo), since both items compensate different aspects. Therefore, in the case under analysis, no circumstance is noted that makes it possible to vary the criterion expressed by the trial judge, which is why the decision must be upheld.\n\nIV.- FINAL CONSIDERATION: Consequently, the appeal must be declared without merit.\n\nTHEREFORE:\n\nThe appeal is declared without merit.\n\nRes: 2024002280\n\nSKRAMLAN\n\nLuis Porfirio Sánchez Rodríguez\n\nJulia Varela Araya\n\nJorge Enrique Olaso Álvarez\n\nRoxana Chacón Artavia\n\nRafael Antonio Ortega Telleria\n\nDigitally Signed Document\n\n-- Verification Code --\n\n*QP5FHP4FR061*\n\n1\n\nEXP: 18-000415-0775-LA\n\nTelephones: 2295-3671, 2295-3676, 2295-3675 and 2295-4406. Facsimile: 2295-3009. Email: sala-segunda@poder-judicial.go.cr\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 13:48:25.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
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