{ "id": "nexus-sen-1-0005-1261792", "citation": "Res. 02838-2024 Sala Segunda de la Corte", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "court_decision", "title_es": "Diferencias salariales por funciones superiores en SINAC", "title_en": "Salary differentials for higher functions at SINAC", "summary_es": "La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, en mayoría, revocó la sentencia de primera instancia que había reconocido diferencias salariales a un funcionario del SINAC. El actor, nombrado como técnico 1 del Servicio Civil, reclamaba el pago de salarios correspondientes a los puestos de Profesional de Servicio Civil 1-A y Profesional Bachiller Jefe, por haber desempeñado funciones superiores como Administrador del Parque Nacional Barbilla. La mayoría consideró que el demandante no cumplía con los requisitos académicos necesarios para esos cargos, en particular la licenciatura exigida para el puesto de Profesional Jefe. Por tanto, acogió la excepción de falta de derecho y declaró sin lugar la demanda. La magistrada Varela Araya salvó el voto, argumentando que el derecho constitucional a igual salario por trabajo de igual valor obliga a pagar según las funciones efectivamente realizadas, independientemente de los requisitos formales del puesto, y que lo contrario implicaría legitimar un enriquecimiento ilícito de la Administración.", "summary_en": "The Second Chamber of the Supreme Court of Justice, by majority, overturned the trial court ruling that had granted salary differentials to a SINAC employee. The plaintiff, formally appointed as a Civil Service Technician 1, sought payment corresponding to Professional 1-A and Professional Bachelor Chief positions, alleging he performed higher functions as Administrator of Barbilla National Park. The majority held that he lacked the academic requirements for those posts, specifically the licentiate degree required for the Professional Chief position. Consequently, the defense of lack of right was upheld and the claim dismissed. Justice Varela Araya dissented, arguing that the constitutional right to equal pay for work of equal value requires payment according to the functions actually performed, regardless of formal requirements, and that denying it would legitimize unjust enrichment of the Administration.", "court_or_agency": "Sala Segunda de la Corte", "date": "08/11/2024", "year": "2024", "topic_ids": [ "_off-topic" ], "primary_topic_id": "_off-topic", "es_concept_hints": [ "diferencias salariales", "Servicio Civil", "principio de legalidad", "igualdad salarial", "trabajo de igual valor", "voto salvado", "licenciatura", "enriquecimiento ilícito", "Manual Descriptivo de Puestos" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 57", "law": "Constitución Política de Costa Rica" }, { "article": "Art. 167", "law": "Código de Trabajo" }, { "article": "Art. 560", "law": "Código de Trabajo" }, { "article": "Art. 190", "law": "Ley General de la Administración Pública" } ], "keywords_es": [ "diferencias salariales", "SINAC", "Servicio Civil", "requisitos del puesto", "funciones superiores", "principio de legalidad", "igualdad salarial", "derecho laboral", "Parque Nacional Barbilla", "voto salvado" ], "keywords_en": [ "salary differentials", "SINAC", "Civil Service", "job requirements", "higher functions", "principle of legality", "equal pay", "labor law", "Barbilla National Park", "dissenting opinion" ], "excerpt_es": "Esta Sala, en varios pronunciamientos, ha señalado que, para el reconocimiento del salario atinente a un puesto en el cual se exige el cumplimiento de determinados requisitos según la normativa interna que rige en la institución, es obligatorio cumplirlos (pueden consultarse entre otros, los votos número 935, de las 10:05 horas del 31 de agosto del 2016; 187, de las 9:55 horas del 15 de febrero del 2017 y 514, de las 10:15 horas del 31 de marzo del 2017, jurisprudencia que fue avalada por la Sala Constitucional mediante voto número 11169 de las 16:02 horas del 17 de junio de 2020). En razón de lo anterior, al no cumplirse con los requisitos para los puestos, no queda otra posibilidad que acoger los agravios.\n\nPOR TANTO: Se declara con lugar el recurso. Se anula por el fondo la sentencia impugnada, se acoge la excepción de falta de derecho interpuesta y se declara sin lugar la demanda en todos los extremos y se resuelve sin especial condenatoria en costas.", "excerpt_en": "This Chamber has held on several occasions that, for the recognition of the salary corresponding to a post requiring compliance with certain requirements under the institution's internal regulations, such compliance is mandatory (see, inter alia, rulings No. 935 of 10:05 a.m. on August 31, 2016; No. 187 of 9:55 a.m. on February 15, 2017; and No. 514 of 10:15 a.m. on March 31, 2017, case law endorsed by the Constitutional Chamber in ruling No. 11169 of 4:02 p.m. on June 17, 2020). In light of the foregoing, since the requirements for the posts were not met, there is no alternative but to uphold the grievances.\n\nTHEREFORE: The appeal is upheld. The challenged judgment is reversed on the merits, the defense of lack of right is sustained, and the claim is dismissed in its entirety, with no special order as to costs.", "outcome": { "label_en": "Upheld (majority)", "label_es": "Con lugar (mayoría)", "summary_en": "The trial court judgment is reversed and the claim for salary differentials is dismissed, as the plaintiff did not meet the academic requirements for the position.", "summary_es": "Se revoca la sentencia de primera instancia y se declara sin lugar la demanda por diferencias salariales, al no cumplir el actor con los requisitos académicos del puesto." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando IV", "quote_en": "For the recognition of the salary corresponding to a post requiring compliance with certain requirements under the institution's internal regulations, such compliance is mandatory.", "quote_es": "Para el reconocimiento del salario atinente a un puesto en el cual se exige el cumplimiento de determinados requisitos según la normativa interna que rige en la institución, es obligatorio cumplirlos." }, { "context": "Voto salvado de la Magistrada Varela Araya", "quote_en": "Not recognizing that right in a case such as this would legitimize abusive conduct by the employer, who, without promoting the worker for the stated reasons to a higher-category post, made him perform the tasks of that post, paying him a lower salary, which causes unjust enrichment for the Administration.", "quote_es": "No reconocer ese derecho en un caso como el presente significaría legitimar una conducta abusiva del empleador, quien, sin promover al trabajador por las razones dichas a un puesto de mayor categoría, lo hizo ejecutar las tareas propias de éste, remunerándole con un salario inferior, lo cual provoca un enriquecimiento injusto para la Administración." }, { "context": "Voto salvado de la Magistrada Varela Araya", "quote_en": "The placement of the plaintiff in that post without paying him the corresponding salary (Article 57 of the Constitution) constitutes a violation of the servant's subjective right to payment according to the type of post.", "quote_es": "La ubicación del actor en aquel puesto sin pagarle el salario correspondiente (artículo 57 de la Constitución Política), constituye una violación al derecho subjetivo del servidor al pago del salario según el tipo de puesto." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0005-1261792", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [], "sentencias_relacionadas": [], "temas_y_subtemas": [ { "idTipoVoto": 1, "nombreTipoVoto": "Voto de mayoría", "id": 1, "nombre": "Prescripción en materia Laboral" }, { "id": 2, "nombre": "Principio de continuidad laboral" }, { "id": 3, "nombre": "Principio de legalidad" }, { "id": 4, "nombre": "Diferencias salariales" }, { "idTipoVoto": 2, "nombreTipoVoto": "Voto salvado", "id": 5, "nombre": "Administración pública" }, { "id": 6, "nombre": "Principio de irrenunciabilidad" }, { "id": 7, "nombre": "Principio de legalidad" }, { "id": 8, "nombre": "Principio de idoneidad para el desempeño" }, { "id": 9, "nombre": "Principio de igualdad salarial y no discriminación" }, { "id": 10, "nombre": "Diferencias salariales" } ], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Segunda de la Corte\n\nResolución Nº 02838 - 2024\n\nFecha de la Resolución: 08 de Noviembre del 2024 a las 09:38\n\nExpediente: 18-001004-0641-LA\n\nRedactado por: Luis Porfirio Sánchez Rodríguez\n\nClase de asunto: ordinario\n\nAnalizado por: SALA SEGUNDA\n\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\nTemas (descriptores): Prescripción en materia Laboral\nTemas (descriptores): Principio de continuidad laboral\nTemas (descriptores): Principio de legalidad\nTemas (descriptores): Diferencias salariales\nTipo de contenido: Voto salvado\nTemas (descriptores): Administración pública\nTemas (descriptores): Principio de irrenunciabilidad\nTemas (descriptores): Principio de legalidad\nTemas (descriptores): Principio de idoneidad para el desempeño\nTemas (descriptores): Principio de igualdad salarial y no discriminación\nTemas (descriptores): Diferencias salariales\n\n\nSentencia con Voto Salvado\n\nSentencias en igual sentido\n\nSentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\n \n\nCorte Suprema de Justicia\n\nSALA SEGUNDA\n\n\t\n\n \n\nExp: 18-001004-0641-LA\n\nRes: 2024002838\n\nSALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta y ocho minutos del ocho de noviembre de dos mil veinticuatro .\n\n Proceso ordinario establecido ante el Juzgado de Trabajo de Cartago, por [Nombre 001], funcionario público, el ESTADO, representado por su procuradora adjunta, la licenciada Yansi María Arias Valverde, soltera, vecina de San José, y contra el SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN, representado por su directora Grettel Vega Arce, economista, vecina de Heredia. Figuran como apoderadas especiales judiciales; del actor, la licenciada María del Mar López Delgado, de calidades desconocidas, y del ente co-demandado, la licenciada Magdalena Lucía Melegatti Pereira, soltera. Todos mayores, casados, abogados y vecinos de Cartago, con las excepciones indicadas.\n\nRedacta el Magistrado Sánchez Rodríguez; y,\n\nCONSIDERANDO:\n\nI.- ANTECEDENTES: La parte actora interpuso la demanda aduciendo que, trabaja desde el 1 de abril de 1984 y actualmente se desempeña en SINAC en la plaza en propiedad número [Valor 001], como técnico 1 de Servicio Civil, Administrador Parque Nacional Barbilla. El 1 de abril de 1984 ingresó laborar para el Ministerio de Agricultura, en la Dirección General Forestal, bajo el régimen del Servicio Civil en propiedad, como técnico 1 en agronomía, destacado en Siquirres, Limón. En 1989, trabajó en un proyecto de investigación agrícola que consistía en hacer ensayos en sistemas agroforestales, medidas de biomasa, manejo de personal y extensión agrícola. En 1990, formó parte de una patrulla forestal en Westfalia, Limón. En 1994, pasó al Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas, recién creado con la Dirección Forestal, Vida Silvestre y Parques Nacionales, como un funcionario polifuncional. De 1994 a 1998 fue destacado en el Refugio Gandoca Manzanillo. En 1999 estuvo a cargo del departamento de control y vigilancia del Parque Nacional Cahuita y realizó un proyecto de investigación agrícola con funcionarios del CATIE y la GTZ. De 2001 a 2007, realizó actividades de fomento forestal, como inspecciones y supervisión de permisos forestales, otorgamiento de permisos, elaborar informes y confeccionar permisos forestales en las oficinas subregionales de Cahuita y Siquirres. De 2005 a 2008, estuvo en el Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, como técnico, atendiendo denuncias por invasión. De 2009 al 2010 estuvo en el Parque Nacional Barbilla. Del 2010 a agosto de 2016, trabajó en la Oficina Subregional de Siquirres Matina, donde realizó actividades de control y protección ambiental, fomento forestal, inventarios forestales, certificados de origen y planes de manejo. Del 16 de agosto de 2016 hasta la actualidad, labora como Administrador del Parque Nacional Barbilla, responsable de todo el equipo y bienes muebles, toma de decisiones, aplicar la legislación ambiental referente a las ASP y representar al parque en las diferentes actividades. Indicó que, no se le reconoció dichas labores ni dicho puesto, mas bien su salario no recibió ninguna modificación puesto que se encuentra nombrado en el puesto de técnico 1 del Servicio Civil, debiendo ser lo correcto la plaza de profesional Bachiller Jefe 1 o Profesional de Servicio Civil 1-A. Desde el 2014 ostenta el grado de Bachiller y se encuentra adscrito al Colegio de Ingenieros Agrónomos. Solicitó que, se declare con lugar la demanda, se ordene al SINAC, MINAE y Estado que se pague de forma retroactiva: las sumas de dinero dejadas de percibir desde el 16 de setiembre de 2014 hasta 16 de agosto de 2016 como Profesional de Servicio Civil 1 A, desde el 16 de agosto de 2016 hasta la resolución del presente proceso como Profesional de Servicio Civil Bachiller Jefe y los otros rubros salariales que hayan sido afectados por los errores de pago (salario escolar, aguinaldo, anualidades, carrera profesional, dedicación exclusiva y prohibición). Asimismo, pidió que se condene al SINAC y MINAE al pago de ambas costas del proceso y daños y perjuicios. (imágenes 1 al 9 del expediente completo electrónico del Juzgado). La Procuraduría General de la República contestó la demanda negativamente e interpuso las excepciones de indebida integración de la litis, específicamente litis consorcio pasivo necesario del SINAC y falta de derecho. (imágenes 57 a 79 del expediente completo electrónico del Juzgado). La Apoderada Especial Judicial del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, contestó la demanda negativamente y opuso la excepción de falta de derecho. (imágenes 119 a 131 respectivamente del expediente completo electrónico del Juzgado). El Juzgado de primera instancia declaró parcialmente con lugar la demanda. Rechazó el extremo de daño moral subjetivo y la pretensión de otorgar diferencias salariales para los períodos contemplados entre el 16 de setiembre del 2014 al 15 de marzo de 2015. Condenó a la parte demandada al pago de: las diferencias salariales del 16 de marzo de 2015 cuando fue ubicado en la Subregión Siquirres Matina, así como los correspondientes al 8 de agosto del 2016 hasta el 30 de julio de 2018, en el cual se da un cese de funciones, indexación e intereses. Resolvió sin especial condenatoria en costas. (imágenes 360 a 375 de la vista completa del expediente electrónico del Juzgado) A razón de la inconformidad con la sentencia, la Procuraduría General de la República presentó recurso de casación. (imágenes 381 a 391 respectivamente de la vista completa del expediente electrónico del Juzgado)\n\nII.- AGRAVIOS: Razones procesales: Alega el demandado que el fallo se aparta de las pretensiones puntuales formuladas en la demanda, concediendo extremos distintos a los reclamados. Manifiesta que no resulta claro para el Estado cuál es el período que abarca a partir del 16 de marzo de 2015 puesto que no definió fecha de término, a pesar de que el accionante si se dispuso expresamente en la pretensión número dos. Explica que, si se compara las pretensiones del actor con lo otorgado en la sentencia, resulta evidente que la juzgadora no se ajustó a lo pretendido y determinó de manera oficiosa período diferentes a los definidos. Establece que las sentencias que se dicten deben limitarse a las pretensiones que han sido traídas al proceso, lo anterior en aplicación del ordinal 560 del Código de Trabajo. Aclara que, pesar que el numeral 587 inciso 2) del Código de Trabajo establece que, en los supuestos de incongruencia, el recurso de casación sólo es admisible cuando se ha agotado el trámite de adición y aclaración, ello no es procedente en este caso, debido a que el agravio no se sustenta en un vicio de incongruencia que fuera causado por obscuridad o imprecisión entre lo indicado en la parte considerativa frente a la dispositiva de la sentencia, de tal modo, que el reproche no es susceptible de ser planteado mediante una solicitud de aclaración o adición. Razones de fondo: a) Indebida interpretación y valoración del elenco probatorio: Establece que, se realiza una condenatoria en contra del Estado, sin efectuar una debida valoración de la prueba que consta en autos. Cita el hecho probado tercero y menciona que, el actor fue reubicado con funciones de Profesional en Manejo y Protección de los Recursos Naturales, sin embargo, la jueza de primera instancia no realiza un análisis detallado que determine la clase específica sobre la cual otorga esas diferencias salariales. Explica que, el accionante solicita diferencias salariales sobre dos clases de puesto Profesional de Servicio Civil 1 A y Profesional de Servicio Bachiller Jefe, no obstante, la juzgadora otorga diferencias salariales de manera general sin realizar un análisis individual de las funciones. Agrega que el puesto de Servicio Bachiller Jefe se encuentra en desuso desde el año 2007. Estima que, en ningún momento queda acreditado que el demandante realiza funciones de las clases superiores. Expone que, la carga de la prueba respecto a las funciones que el demandante aduce haber ejercido durante los dos períodos reclamados, al igual que las clases específicas, recaía en el accionante. Transcribe el hecho probado 10 y destaca que el demandante no contaba con los requisitos para el puesto, pero igualmente le otorgan las diferencias salariales del 8 de agosto de 2016 hasta el 30 de julio de 2018. Cita las resoluciones No. 11169-2020 de las 16:02 horas del 17 de junio de 2020 de Sala Constitucional y No. 2003-00083 de las 9:40 horas del 26 de febrero de 2003 de esta Sala. Resalta que, en el régimen de empleo público, los principios que lo rigen son los propios de una relación de naturaleza pública, que pueden no solo ser distintos a los del Derecho Laboral sino inclusive estar contrapuestos a estos. B) Condena al pago de intereses e indexación: Determina que, el otorgamiento de ambos rubros implica solventar por partida doble la devaluación monetaria, lo cual conllevaría un reconocimiento ilegítimo al cancelarse doblemente un mismo supuesto como lo es impacto inflacionario. Señala que, no se trata de hacer más onerosa la obligación dineraria, sino de mantenerla indemne frente a factores intrínsecos o extrínsecos, a fin de que ninguna de las partes sufra un menoscabo respecto de lo que originalmente le correspondía en el plano de la realidad. Solicita que, se revoque la sentencia recurrida y se declare sin lugar la demanda en todos sus extremos.\n\nIII.- SOBRE LAS RAZONES PROCESALES: La representante estatal alega vicio extra petita. En este caso, reprocha que, el fallo se aparta de las pretensiones puntuales formuladas en la demanda, concediendo extremos distintos a los reclamados. Igualmente, afirma que, el agravio no se sustenta en un vicio de incongruencia que fuera causado por obscuridad o imprecisión entre lo indicado en la parte considerativa frente a la dispositiva de la sentencia, de tal modo, que el reproche no es susceptible de ser planteado mediante una solicitud de aclaración o adición. Esta Sala no concuerda con las apreciaciones realizadas por la parte recurrente. Este Órgano ha considerado en numerosas ocasiones que el principio de la congruencia de las sentencias consiste en que éstas, además de ser armoniosas en sí mismas, en su parte dispositiva deben siempre ajustarse a los términos de la litis, de tal manera que resuelvan todas las cuestiones propuestas y no vayan a conceder más de lo pedido (votos 212 de las nueve horas cincuenta y cinco minutos del primero de marzo de dos mil trece, 620  de las diez horas cincuenta minutos del veinte de julio de dos mil doce). Según el artículo 560 del Código de Trabajo: “La sentencia se dictará y tendrá como límites los actos de proposición de las partes y lo fijado en la fase preliminar de la audiencia de juicio, sin perjuicio de las variaciones que sean permitidas por la ley”.  (Sic.)  Bajo esta línea el inciso 2° del numeral 587 del Código de Trabajo, prevé como motivo de casación por la forma la incongruencia de la sentencia u oscuridad absoluta de esta última parte, estableciendo como requisito de admisibilidad el agotamiento del trámite de adición y aclaración. Ante tal omisión, la parte afectada debió agotar la gestión referida, pero no lo hizo; circunstancia que impide admitir el recurso por razones de orden procesal. No obstante, esta Sala considera que, la sentencia impugnada esta sí está enmarcada dentro del objeto del proceso y que lo concedido se encuentra dentro de los períodos solicitados por el actor.\n\nIV.- SOBRE EL FONDO: La parte codemandada muestra su inconformidad con la condenatoria del pago de las diferencias salariales para los periodos contemplados del 16 de marzo de 2015, donde fue ubicado en la Subregión Siquirres Matina, con funciones de Profesional en Manejo y Protección de los Recursos Naturales, así como los correspondientes al 8 de agosto de 2016 hasta el 30 de julio de 2018, porque considera que se realizó una indebida valoración de la prueba. De igual manera, transcribe el hecho probado 10 y destaca que, el demandante no contaba con los requisitos para el puesto, pero igualmente le otorgan las diferencias salariales del 8 de agosto de 2016 hasta el 30 de julio de 2018. Esta Sala, al analizar el expediente completo, estima que lleva razón la parte demandada en sus agravios, por las razones que se motivaran de seguido. El actor en su demanda solicita las diferencias salariales en dos periodos y para dos puestos concretos: Profesional de Servicio Civil 1 A del 16 de setiembre de 2014 al 16 de agosto de 2016 y Profesional Bachiller Jefe del 16 de agosto de 2016 a la fecha. La Jueza de primera instancia rechaza parcialmente la primera pretensión porque considera que, para el periodo del 16 de setiembre de 2014 al 15 de marzo de 2015, no hay prueba que demuestre que, estuviera nombrado en un cargo profesional. En su lugar, declaró con lugar la demanda y otorgó el pago de las diferencias salariales del periodo del 16 de marzo del 2015, cuando el demandante fue ubicado en la Subregión Siquirres Matina, con funciones de Profesional en Manejo y Protección de los Recursos Naturales y el periodo del 8 de agosto del 2016 hasta el 30 de julio de 2018, en el cual, se desarrolló como Administrador de Parque Nacional. Ahora bien, analizando la prueba aportada, de acuerdo con el oficio número SINAC-ACLAC-OSSM-057 del 16 de marzo del 2015, se le informó al señor [Nombre 001] que lo ubicaron en la Subregión Siquirres-Matina con funciones de Profesional en Manejo y Protección de los Recursos Naturales y detallaron sus funciones. (imágenes 14 a 16 del expediente completo electrónico del Juzgado) El documento SINAC-SE-GIDRH-1092 del 18 de noviembre de 2015 establece que: “se procede a la devolución de la investigación preliminar, lo anterior debido a que no procede asignar tareas a un nivel superior a un puesto ocupado en propiedad cuando su titular no cumple con el requisito académico para su ejecución.” (Sic. Imagen 86 del expediente completo electrónico del Juzgado) Es decir, para esa fecha el actor no cumplía con el requisito académico para dicha ejecución. Por otro lado, de conformidad con la certificación C-SINAC-SE-DGIRH-651: “Sétimo: SINAC-ACLAC-DR-267 del 8 de agosto de 2016, correspondiente al traslado del funcionario [Nombre 001] al Parque Nacional Barbilla con el cargo de Administrador.” (Sic. Imagen 84 del expediente completo electrónico del Juzgado) Asimismo, se adjuntó el oficio SINAC-ACLAC/DR-267, en donde, se le asigna el cargo de Administrador del Parque Nacional Barbilla a partir del 16 de agosto 2016. (Sic. Imágenes 151 a 154 del expediente completo electrónico del Juzgado) En el oficio número SINAC-SE-DGIRH-275 del 04 de marzo de 2019 se determina que: “Durante el periodo ubicado en la oficina Subregional de Siquirres Matina, la Dirección del Área de Conservación La Amistad Caribe emitió el oficio SINAC-ACLAC-DR-185 del 15 de junio del 2015, solicitando el cambio de tareas al puesto No. 27536 (hoy [Valor 001]), clase técnico de Servicio Civil 1, especialidad Protección Ambiental y Manejo de Áreas de Conservación, titular [Nombre 001]. (…) se emitió el oficio SINAC-SE-GIDRH-1092 del 18 de noviembre de 2015, donde se consigna que no existía claridad en la propuesta y que las tareas no correspondían al nivel de formación profesional de su titular (…) que se solicite a la jefatura la revisión de las tareas planteadas, según las necesidades (…) agregando que las mismas deben ser congruentes con el nivel de formación del titular del puesto, caso contrario incumpliría con los requisitos para la ejecución de las nuevas tareas. Situación que no fue subsanada. (…)” (Sic. Cita en lo conducente de acuerdo a su original con vista en la imagen 139 del expediente electrónico completo del Juzgado) Mediante el oficio SINAC-ACLAC-DR-273-2018 del 30 de julio del 2018, se deja sin efecto el nombramiento del funcionario [Nombre 001], en el cargo de la Administración del Parque Nacional Barbilla sin indicar la fecha de rige. El hecho probado de la sentencia recurrida establece: “10.- Que el señor [Nombre 001], al momento en el que se le asignó el cargo de Administrador del Parque Nacional Barbilla, mediante oficio SINAC-ACLAC/DR-267, Limón de fecha 08 de agosto del 2016, no contaba con los requisitos, para ser nombrado en dicho cargo.” (Sic.) Así las cosas, queda claro, mediante los oficios que, el actor no contaba con los requisitos para ostentar los cargos de los periodos del 16 de marzo del 2015, cuando fue ubicado en la Subregión Siquirres Matina, con funciones de Profesional en Manejo y Protección de los Recursos Naturales y del 8 de agosto del 2016 hasta el 30 de julio de 2018, en el cual se desarrolló como Administrador. Bajo esta línea, tampoco existe prueba que, demuestre cuáles son las categorías de puesto asignadas a un Profesional en Manejo y Protección de los Recursos Naturales y a un Administrador de un Parque Nacional, por consiguiente, no se puede comprobar realmente si el actor cumplía o no los requisitos. Es decir, lo único que queda demostrado, mediante la prueba documental, es que el actor no cumplía con todos los requisitos para ostentar esos puestos. Al respecto, si se revisa la demanda en el apartado de razonamiento jurídico, el señor [Nombre 001] manifestó que: “aunque fui nombrado con un puesto Profesional Servicio Civil 1-A, en la práctica siempre me desempeñé como Profesional Jefe Servicio Civil” (Sic. imagen 5 del expediente completo electrónico del Juzgado) De acuerdo con la Dirección General del Servicio Civil, uno de los requisitos del Profesional Jefe de Servicio Civil 1 es: “Licenciatura o posgrado en una carrera atinente con el cargo o con la especialidad del puesto” (Sic. Imagen 93 del expediente electrónico completo del Juzgado) De acuerdo con la prueba documental, el señor [Nombre 001] es bachiller en Manejo de Recursos Naturales, pero no posee ningún grado de Licenciatura. En consecuencia, aún revisando si actor cumple con los requisitos de Profesional Jefe de Servicio Civil, como lo indicó en su demanda, se puede concluir que tampoco cumplía con el requisito académico necesario para desempeñar dicho puesto. Esta Sala, en varios pronunciamientos, ha señalado que, para el reconocimiento del salario atinente a un puesto en el cual se exige el cumplimiento de determinados requisitos según la normativa interna que rige en la institución, es obligatorio cumplirlos (pueden consultarse entre otros, los votos número 935, de las 10:05 horas del 31 de agosto del 2016; 187, de las 9:55 horas del 15 de febrero del 2017 y 514, de las 10:15 horas del 31 de marzo del 2017, jurisprudencia que fue avalada por la Sala Constitucional mediante voto número 11169 de las 16:02 horas del 17 de junio de 2020). En razón de lo anterior, al no cumplirse con los requisitos para los puestos, no queda otra posibilidad que acoger los agravios. Por la forma en la que se resuelve, se omite pronunciamiento sobre el agravio de los intereses e indexación.\n\nV.- CONSIDERACIONES FINALES: Con base en los argumentos anteriormente descritos, se procede a declarar con lugar el recurso. Se revoca la sentencia impugnada, se procede a acoger la excepción de falta de derecho. Se declara sin lugar la demanda en todos los extremos y se resuelve sin especial condenatoria en costas por considerarse al actor como litigante de buena fe, puesto que se estima que este bien pudo tener la creencia que le asistía el derecho. (Artículo 563 inciso 1 del Código de Trabajo)\n\n VI.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA VARELA ARAYA: Me aparto de la decisión de la mayoría de la Sala por los motivos que expongo a continuación. El artículo 57 de la Constitución Política consagra la igualdad de salario en iguales condiciones de trabajo y eficiencia; principio desarrollado por el numeral 167 del Código de Trabajo. En relación con los reclamos de diferencias salariales por ejercer funciones de un puesto de mayor jerarquía, sin el pago de la retribución correspondiente, la Sala ha tenido diferentes posiciones. En un inicio, se dio preponderancia al principio de legalidad, considerándose que no era viable pagar una remuneración diferente a la del puesto en donde la persona servidora estuviera nombrada. Posteriormente, esa tesis se flexibilizó, al estimarse que la Administración obtenía un beneficio ilegítimo cuando demandaba la ejecución de una labor determinada, que no correspondía a las labores del cargo en que se estaba nombrado. Actualmente, se ha considerado que aún en este último supuesto, el reconocimiento de diferencias salariales solo es procedente cuando la persona trabajadora reúne los requisitos que el cargo exige en el correspondiente Manual Descriptivo de Puestos. La suscrita en los años recientes se adhirió a esa tesis, sin embargo, con un replanteamiento del tema, y analizando las fuentes normativas y los principios que informan la materia procesal laboral, arribo a la conclusión de que la persona trabajadora que compruebe ejercer funciones que no le son propias de su cargo, tiene derecho a que se le paguen las diferencias salariales existentes entre la plaza en la que estaba formalmente nombrada y la plaza cuyas funciones ejerció, sin que interese si cumple o no con los requisitos. Ello se origina en la aplicación del principio constitucional de que, a igual trabajo, en idénticas condiciones de eficiencia, debe garantizarse igual salario para evitar discriminación en ese campo. No reconocer ese derecho en casos como el presente significaría legitimar una conducta abusiva del empleador, quien hizo al actor ejecutar las tareas propias de un cargo de mayor jerarquía, remunerándole con un salario inferior. La Sala Constitucional tuvo la oportunidad de referirse en el voto 11169-2020 de la Sala en donde se indica: “Es una cuestión de legalidad si en un caso concreto se considera que, la Administración Pública ha incurrido en un abuso o en un enriquecimiento ilícito por asignarle a un funcionario funciones superiores a las del puesto en que está nombrado y continúa pagándole de acuerdo a las funciones del puesto de inferior rango”. Es decir, el Tribunal Constitucional no negó el derecho constitucional a recibir el salario de acuerdo a las tareas del puesto desempeñado, sino que declaró sin lugar el recurso por estimar que era un tema de legalidad y no de constitucionalidad, que debía de ser sometido a consideración de esa Sala, lo que en el fondo significa que deja a definición el  conocimiento de los tribunales laborales la valoración de cada caso concreto, tomando en consideración la igualdad de acuerdo al trabajo desempeñado y no si la persona tiene o no los requisitos para el cargo en el que se le ha puesto a prestar el servicio, o sea, que el principio constitucional de igualdad salarial se enfoca al trabajo de igual valor y no a los requisitos para el puesto per se. De esa forma, es claro que se debe retribuir por el trabajo desempeñado y no por el formalismo de los requisitos para el puesto, tema que cobrará especial relevancia para la elaboración de concursos de oposición y su posterior nombramiento, ajustando así la conducta administrativa de las autoridades competentes a lo previsto en el numeral 192 de la Constitución Política, que no es el caso de estudio. Para esta juzgadora, ese es el mandato contenido en el voto de la Sala Constitucional, pues reconoce que son las personas juzgadoras en esta materia los que, en cada caso concreto, determinarán si se está ante el cumplimiento de labores propias del puesto y si el pago corresponde al valor del trabajo asignado, pues solo de esa forma se puede evitar el abuso del derecho de la administración activa con el consiguiente enriquecimiento sin causa. Enriquecimiento, agrega esta juzgadora, que se da cuando por el interés de la Administración activa, de cualquier Administración Pública, para el cumplimiento del servicio que le corresponde brindar, se vale del trabajo de una persona servidora y luego no le retribuye como corresponde generándose, de esa manera, un incumplimiento en dos vías: 1) porque obvió tomar en cuenta la obligación legal de hacer los nombramientos cuando la persona tiene los requisitos para el puesto asignado y 2) por el no pago del salario correspondiente a las labores realmente desempeñadas, dándose una discriminación e inequidad en el trato salarial por las mismas labores recibidas de sus colaboradores y sus colaboradoras, apelando a un requisito que no ha exigido de previo a la asignación del trabajo en pro del servicio público asignado al respectivo ente. En esas circunstancias se genera una gestión ilegal del recurso humano que no le legitima para desconocer el derecho salarial que es constitucionalmente protegido, de la persona trabajadora expuesta, por decisión del empleador, a ese tipo de situaciones. Conviene acotar que el Convenio 100 (1951) de la OIT sobre la igualdad de remuneración, si bien es cierto promueve la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres, está basado en la premisa del valor del trabajo desempeñado y no en los requisitos para el puesto, también debemos entenderlo como aplicable en cualquier situación relacionada con el valor del trabajo desempeñado. Ese convenio está relacionado con la Recomendación número 90 de la OIT, que fija directrices para lograr, por parte de los países miembros de ese Órgano, la igualdad de remuneración, entendida, como se indicó antes, en razón del valor del trabajo (puesto) desempeñado. Esos convenios son fundamentales para promover la igualdad salarial en razón del puesto desempeñado, que en nuestro sistema legal lo tenemos comprendido en el artículo 57 de la Carta Magna, cuando dice:\"...El salario será siempre igual para trabajo igual en idénticas condiciones de eficiencia\". No cabe la menor duda de que el constituyente se adelantó a garantizar ese derecho, reconociendo que el salario debe responder al valor del trabajo desempeñado y no a otros factores. Sobre el tema, la Sala Constitucional desde vieja data ha señalado que  “…si el trabajo se concibe como un derecho del individuo cuyo ejercicio beneficia a la sociedad y que en cuanto a la persona garantiza una remuneración periódica, no podría aceptarse que el Estado reciba ese beneficio sin entregar al trabajador nada a cambio o entregándole tardíamente lo que corresponde, por lo que el salario como remuneración debida al trabajador en virtud de un contrato de trabajo, por la labor que  haya efectuado o deba efectuar o por los servicios que haya prestado o deba prestar, no es solo una obligación del empleador, sino un derecho constitucionalmente protegido”  (voto n.° 5138 de las 16:57 horas, del 7 de setiembre de 1994) (énfasis agregado). Además, en el voto de esa Sala número 28023, de las 14:02 horas del 5 de diciembre de 2021, se indicó: “…el artículo constitucional debe complementarse con las normas del Derecho Internacional del Trabajo, que predica la necesidad de fijar la atención en el trabajo de igual valor, que debe ser considerado un concepto objetivo del trabajo que sirve de referencia por sus funciones con el resto de trabajadores, cuya valía está no tanto en quien las ejecuta, más bien el pago de un salario en la igualdad de condiciones y en idénticas circunstancias previstas para una prestación en concreto; esto es relevante para el punto en discusión porque en efecto, fija la atención en la valía de un mismo tipo de trabajo, independientemente de quien la ejecuta, sino en el aspecto objetivo que se relaciona directamente con la dignidad humana. Esto claramente conduce a desarticular las prácticas de reducir salarios a quienes ejercen las mismas funciones, especialmente acordadas en un régimen estatutario. Todo esto tiene relación con la descripción específica de los requisitos personales, tareas y remuneración, entre otras cosas, que están descritos en los manuales de trabajo, especialmente en la relación estatutaria objetivamente determinadas. Debe reconocerse que, en el caso de las personas trabajadoras del Estado, las reglas de derecho que determinan los deberes y las obligaciones de las partes, está fundamentado en el cumplimiento de un interés u orden público. […] debe señalarse la irrenunciabilidad de la integridad del salario de acuerdo a un trabajo de valor igual. No podría argumentarse que el pago del salario para el cual fue contratado, puede mantenerse a lo largo del tiempo, aun cuando hayan aumentado las responsabilidades, porque ello rompe con el concepto objetivo constitucional de trabajo de valor igual…” …” (Los destacados son agregados). Como se aprecia, el concepto objetivo constitucional de trabajo de valor igual responde al desempeño efectivo de las funciones, no del cumplimiento de los requisitos académicos. En estos casos, debemos entender que no se debe permitir el pago de menos salario del que corresponde a las tareas efectivamente desempeñadas por una persona, o sea, que se debe pagar por el valor del trabajo. Con base en lo anterior, el hecho de que el actor no ostente el requisito de licenciatura no puede conllevar a desconocer la compensación salarial que corresponde a las tareas ejecutadas, en este asunto a las de Profesional de Servicio Civil 1 A y Profesional de Servicio Bachiller Jefe.  Además, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 190 de la Ley General de la Administración Pública, la Administración debe responder por ese daño a la persona trabajadora quien no tiene el deber de soportar la afectación en sus ingresos, por cuestiones ajenas a su voluntad al momento de ejecutar el trabajo y puesto asignado. A esos efectos, valga recapitular lo indicado en el voto de esta Sala número 695-2011, de las 15:35 horas, del 25 de agosto de 2011, en el sentido de que: “Ciertamente, el ordenamiento jurídico reconoce la validez de aquellas decisiones administrativas discrecionales que no causen daños o perjuicios institucionales, ni a las personas (artículos 6, 7, 8, 10.1, 15.1 y 17 de la Ley General de la Administración Pública), de forma que la existencia de derechos subjetivos se constituye en un  límite a la discrecionalidad, pues en la medida en que se afecte un derecho subjetivo ajeno se incurre en arbitrariedad y se produce un choque, que legitima al titular para hacer cesar la violación con el consecuente pago de la respectiva indemnización (artículos 10.1, 15.1, 17, 190 y 192 ídem). Véase que el demandado no podía escudarse en la falta de requisitos del actor, pues el ordenamiento que rige su actuación (principio de legalidad consagrado en el numeral 11 de la Constitución Política y de la Ley General de la Administración Pública), le impide obviar los lineamientos que en materia de contratación de personal han sido definidos. Así, la Constitución Política instauró un régimen de Servicio Civil entre el Estado y sus trabajadores, que contempla los mecanismos para elegir a los funcionarios más idóneos, cuya participación en la gestión pública, signifique una garantía de satisfacción de los fines e intereses públicos, a través de la prestación de un servicio eficiente y de calidad. De esta forma, resulta contradictorio y a su vez, violatorio del citado principio que funcionarios como el actor que no reunían las condiciones académicas personales indispensables… fuera designado para el ejercicio de un determinado cargo que tenía esas exigencias, lo cual constituye una clara inobservancia del ordenamiento jurídico. Llama la atención de esta Sala, que dentro de la Administración Pública se presenten casos como el que aquí se conoce, de prácticas irregulares en la asignación de funciones a empleados que -personal o académicamente- no reúnen los presupuestos contemplados por el Manual de Puestos para el perfil del cargo, lo cual resulta atentatorio del principio de idoneidad que informa el ordenamiento administrativo, cuya principal finalidad -elevada al más alto rango por los constituyentes- es la correcta satisfacción de las necesidades de la colectividad, según se desprende de los numerales 191 y 192 de la Constitución Política (véase las sentencias de esta Sala n°s 879 de las 9:40 horas, del 10 de octubre y 691 de las 10:35 horas, del 20 de agosto; ambas de 2008;  860 de las 10:45 horas, del 2 de setiembre de 2009; 510 de las 8:34 horas, del 9 de abril de 2010 y 208 de las 10:20 horas, del 2 de marzo de 2011). Pero, el principio de legalidad que ha invocado la Administración para no reasignar al actor, no puede sustentar al mismo tiempo -como se dijo- la violación al justo salario del trabajador, también de carácter fundamental. El artículo 57 de la Constitución Política consagra la igualdad de salario en iguales condiciones de trabajo y eficiencia; principio desarrollado por el numeral 167 del Código de Trabajo. No reconocer ese derecho en un caso como el presente significaría legitimar una conducta abusiva del empleador, quien, sin promover al trabajador por las razones dichas a un puesto de mayor categoría, lo hizo ejecutar las tareas propias de éste, remunerándole con un salario inferior, lo cual provoca - según se indicó- un enriquecimiento injusto para la Administración. Así las cosas, la ubicación del actor en aquel puesto sin pagarle el salario correspondiente (artículo 57 de la Constitución Política), constituye una violación al derecho subjetivo del servidor al pago del salario según el tipo de puesto, situación que los tribunales no pueden dejar pasar por alto, pues hacerlo significaría tutelar una arbitrariedad que conlleva un abuso del ejercicio de la discrecionalidad en detrimento de quien ahora demanda (artículos 15.2 y 16.2 de la Ley General de la Administración Pública). Por tales razones, el desconocimiento en este proceso de los derechos del servidor…a las diferencias salariales generadas entre el puesto de…y el puesto de…,  supondría legitimar una conducta abusiva del empleador, quien, partiendo de una necesidad e interés institucional hizo que el trabajador ejecutara tareas propias de puestos de superior jerarquía, remunerándole con un salario menor (sobre el tema véanse las sentencias de esta Sala n°s 134 de las 9:40 horas, del 20 de febrero; 294 de las 8:55 horas, del 4 de abril y 580 de las 10:15 horas, del 18 de julio; todas de 2008; 350 de las 9:55 horas, del 6 de mayo; 863 de las 9:38 horas, del 4 de setiembre; 1065 de las 9:33 horas y 1067 de las 9:39 horas, ambas del 23 de octubre y, todas del año 2009; 285 de las 9:30 horas, del 26 de febrero; 409 de las 10:15 horas, del 24 de marzo y 1607 de las 10:04 horas, del 15 de diciembre; todas de 2010)” (En relación, véanse, entre otros, los votos números 1378 de las 10:05 horas, del 18 de diciembre de 2015; 73 de las 9:35 horas, del 27 de enero; 96 de las 10:05 horas, del 29 de enero; 283 de las 9:40 horas, del 16 de marzo; 444 de las 9:55 horas, del 11 de mayo; 453 de las 9:45 horas, del 13 de mayo; 517 de las 9:20 horas, del 27 de mayo; 561 de las 14:00 horas, del 8 de junio; 710 de las 11:10 horas, del 7 de julio; 731 de las 9:20 horas, del 15 de julio; 852 de las 11:20 horas, de 10 de agosto; 920 de las 10:15 horas, del 24 de agosto; 999 de las 9:35 horas, del 21 de setiembre y 1312 de las 9:25 horas, del 30 de noviembre, todas estas últimas de 2016). Con fundamento en lo anterior, a mi juicio, si la parte empleadora asigna, a uno de sus funcionarios o funcionarias, tareas de un puesto de mayor jerarquía, debe retribuirle según esas tareas, con independencia que reúna o no los requisitos. En consecuencia, estimo que bien hizo el Juzgado en reconocer las diferencias salariales reclamadas en este proceso, por lo que procedo a denegar el recurso que formula la parte demandada, sin especial sanción en costas.\n\nPOR TANTO:\n\n Se declara con lugar el recurso. Se anula por el fondo la sentencia impugnada, se acoge la excepción de falta de derecho interpuesta y se declara sin lugar la demanda en todos los extremos y se resuelve sin especial condenatoria en costas. La magistrada Varela Araya salva el voto y declara sin lugar el recurso presentado por la parte accionada, sin especial condena en las costas.\n\nRes: 2024002838\n\nCCASTRILLO\n\n \n\n \n\n\t\n\nLuis Porfirio Sánchez Rodríguez\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nJulia Varela Araya\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Enrique Olaso Álvarez\n\n\n\n\nRoxana Chacón Artavia\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nRafael Antonio Ortega Telleria\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n BGSGW4TNOCM61\n\n1\n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 13:47:16.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "**Text of the resolution**\n\n\n\nSupreme Court of Justice\n\nSECOND CHAMBER\n\nExp: 18-001004-0641-LA\nRes: 2024002838\n\nSECOND CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine thirty-eight hours on the eighth of November of two thousand twenty-four.\n\nOrdinary proceeding filed before the Labor Court of Cartago, by [Name 001], public official, the STATE, represented by its deputy attorney, licensed attorney Yansi María Arias Valverde, single, resident of San José, and against the SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN, represented by its director Grettel Vega Arce, economist, resident of Heredia. Acting as special judicial representatives; for the plaintiff, licensed attorney María del Mar López Delgado, of unknown particulars, and for the co-defendant entity, licensed attorney Magdalena Lucía Melegatti Pereira, single. All of legal age, married, attorneys, and residents of Cartago, with the indicated exceptions.\n\nJudge Sánchez Rodríguez writes; and,\n\nCONSIDERING:\n\nI.- BACKGROUND: The plaintiff filed the lawsuit arguing that he has worked since April 1, 1984, and currently works at SINAC in the permanent position number [Value 001], as Civil Service Technician 1, Administrator of the Barbilla National Park. On April 1, 1984, he began working for the Ministry of Agriculture, in the Dirección General Forestal, under the permanent Civil Service regime, as Technician 1 in agronomy, stationed in Siquirres, Limón. In 1989, he worked on an agricultural research project consisting of conducting trials in agroforestry systems, biomass measurements, personnel management, and agricultural extension work. In 1990, he was part of a forest patrol in Westfalia, Limón. In 1994, he moved to the newly created Ministry of Natural Resources, Energy and Mines with the Dirección Forestal, Vida Silvestre y Parques Nacionales, as a multi-functional official. From 1994 to 1998, he was stationed at the Gandoca Manzanillo Refuge. In 1999, he was in charge of the control and surveillance department of the Cahuita National Park and carried out an agricultural research project with officials from CATIE and the GTZ. From 2001 to 2007, he carried out forestry promotion activities, such as inspections and supervision of forest permits, granting permits, preparing reports, and drafting forest permits at the subregional offices of Cahuita and Siquirres. From 2005 to 2008, he was at the Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, as a technician, handling invasion complaints. From 2009 to 2010, he was at the Barbilla National Park. From 2010 to August 2016, he worked at the Siquirres Matina Subregional Office, where he carried out environmental control and protection activities, forestry promotion, forest inventories, certificates of origin, and management plans. From August 16, 2016, to the present, he works as the Administrator of the Barbilla National Park, responsible for all equipment and movable property, decision-making, applying environmental legislation relating to Protected Wild Areas, and representing the park in different activities. He stated that these tasks and this position were not recognized; rather, his salary did not receive any modification since he is appointed to the position of Civil Service Technician 1, when the correct classification should be the Professional Bachelor Chief 1 or Civil Service Professional 1-A position. Since 2014, he holds a Bachelor's degree and is affiliated with the Colegio de Ingenieros Agrónomos. He requested that the lawsuit be granted, and that SINAC, MINAE, and the State be ordered to pay retroactively: the sums of money not received from September 16, 2014, to August 16, 2016, as Civil Service Professional 1 A, from August 16, 2016, until the resolution of this proceeding as Civil Service Professional Bachelor Chief, and the other salary items that have been affected by payment errors (school salary, Christmas bonus, annual increments, professional career, exclusive dedication, and prohibition). Likewise, he requested that SINAC and MINAE be ordered to pay both costs of the proceeding and damages. (images 1 to 9 of the complete electronic file of the Court). The Procuraduría General de la República answered the lawsuit negatively and raised the defenses of improper joinder of the litis, specifically necessary passive litisconsortium of SINAC, and lack of right. (images 57 to 79 of the complete electronic file of the Court). The Special Judicial Representative of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación answered the lawsuit negatively and raised the defense of lack of right. (images 119 to 131 respectively of the complete electronic file of the Court). The Court of first instance partially granted the lawsuit. It rejected the claim for subjective moral damage and the claim to award salary differences for the periods contemplated between September 16, 2014, and March 15, 2015. It ordered the defendant party to pay: salary differences from March 16, 2015, when he was placed in the Subregión Siquirres Matina, as well as those corresponding to August 8, 2016, until July 30, 2018, when a cessation of duties occurs, indexation, and interest. It resolved without special condemnation in costs. (images 360 to 375 of the complete view of the electronic file of the Court). Due to disagreement with the judgment, the Procuraduría General de la República filed a cassation appeal. (images 381 to 391 respectively of the complete view of the electronic file of the Court).\n\nII.- GRIEVANCES: Procedural Reasons: The defendant alleges that the ruling deviates from the specific claims set forth in the lawsuit, granting different aspects than those claimed. It states that it is not clear to the State what period is covered from March 16, 2015, since it did not define an end date, even though the plaintiff did expressly provide one in claim number two. It explains that, if the plaintiff's claims are compared with what was granted in the judgment, it is evident that the judge did not adhere to what was claimed and determined different periods ex officio than those defined. It establishes that the judgments issued must be limited to the claims that have been brought into the process, in application of article 560 of the Labor Code. It clarifies that, although numeral 587, subsection 2) of the Labor Code establishes that, in cases of incongruity, the cassation appeal is only admissible when the process of addition and clarification has been exhausted, this is not applicable in this case, because the grievance is not based on a defect of incongruity caused by obscurity or imprecision between what is stated in the considering part versus the operative part of the judgment, such that the reproach cannot be raised through a request for clarification or addition. Substantive Reasons: a) Improper interpretation and assessment of the evidentiary body: It establishes that a judgment is made against the State without a proper assessment of the evidence on file. It cites the third proven fact and mentions that the plaintiff was reassigned with duties of Professional in Management and Protection of Natural Resources; however, the first instance judge does not conduct a detailed analysis determining the specific class on which these salary differences are granted. It explains that the plaintiff requests salary differences for two job classes: Civil Service Professional 1 A and Civil Service Professional Bachelor Chief; however, the judge grants salary differences generally without performing an individual analysis of the duties. It adds that the Civil Service Bachelor Chief position has been in disuse since 2007. It considers that it is never proven that the plaintiff performs duties of the higher classes. It argues that the burden of proof regarding the duties that the plaintiff claims to have performed during the two claimed periods, as well as the specific classes, fell on the plaintiff. It transcribes proven fact 10 and highlights that the plaintiff did not meet the requirements for the position, but they are still granted the salary differences from August 8, 2016, to July 30, 2018. It cites resolutions No. 11169-2020 of 16:02 hours on June 17, 2020, from the Constitutional Chamber and No. 2003-00083 of 9:40 hours on February 26, 2003, from this Chamber. It highlights that, in the public employment regime, the governing principles are those of a public law relationship, which can not only be different from those of Labor Law but may even be opposed to them. B) Order to pay interest and indexation: It determines that the granting of both items implies addressing monetary devaluation twice, which would entail an illegitimate recognition by doubly paying for the same concept, which is the inflationary impact. It points out that it is not about making the monetary obligation more onerous, but about keeping it undamaged against intrinsic or extrinsic factors, so that neither party suffers a detriment regarding what originally corresponded to them in reality. It requests that the appealed judgment be revoked and the lawsuit be dismissed in all its aspects.\n\nIII.- ON THE PROCEDURAL REASONS: The state representative alleges a defect of extra petita. In this case, she reproaches that the ruling deviates from the specific claims set forth in the lawsuit, granting different aspects than those claimed. Likewise, she affirms that the grievance is not based on a defect of incongruity caused by obscurity or imprecision between what is stated in the considering part versus the operative part of the judgment, such that the reproach cannot be raised through a request for clarification or addition. This Chamber does not agree with the assessments made by the appellant. This Body has considered on numerous occasions that the principle of congruity of judgments consists of these, in addition to being harmonious in themselves, in their operative part must always conform to the terms of the litis, in such a way that they resolve all proposed issues and do not grant more than what was requested (votes 212 at nine hours fifty-five minutes on March first, two thousand thirteen, 620 at ten hours fifty minutes on July twentieth, two thousand twelve). According to article 560 of the Labor Code: \"The judgment shall be issued and shall have as its limits the acts proposed by the parties and what was established in the preliminary phase of the trial hearing, without prejudice to the variations that are permitted by law.\" (Sic.) Under this line, subsection 2 of numeral 587 of the Labor Code provides, as a reason for cassation on procedural grounds, the incongruity of the judgment or absolute obscurity of this last part, establishing as an admissibility requirement the exhaustion of the process of addition and clarification. Faced with such omission, the affected party should have exhausted the referred procedure, but did not do so; a circumstance that prevents admitting the appeal for procedural reasons. However, this Chamber considers that the contested judgment is indeed framed within the object of the proceeding and that what was granted is within the periods requested by the plaintiff.\n\nIV.- ON THE MERITS: The co-defendant party expresses its disagreement with the order to pay the salary differences for the periods contemplated from March 16, 2015, when he was placed in the Subregión Siquirres Matina, with duties of Professional in Management and Protection of Natural Resources, as well as those corresponding to August 8, 2016, to July 30, 2018, because it considers that an improper assessment of the evidence was made. Similarly, it transcribes proven fact 10 and highlights that the plaintiff did not meet the requirements for the position, but they are still granted the salary differences from August 8, 2016, to July 30, 2018. This Chamber, upon analyzing the complete file, considers that the defendant party is correct in its grievances, for the reasons that will be provided below. The plaintiff in his lawsuit requests the salary differences in two periods and for two specific positions: Civil Service Professional 1 A from September 16, 2014, to August 16, 2016, and Professional Bachelor Chief from August 16, 2016, to date. The first instance Judge partially rejects the first claim because she considers that, for the period from September 16, 2014, to March 15, 2015, there is no evidence showing that he was appointed to a professional position. Instead, she granted the lawsuit and awarded the payment of salary differences for the period from March 16, 2015, when the plaintiff was placed in the Subregión Siquirres Matina, with duties of Professional in Management and Protection of Natural Resources, and the period from August 8, 2016, until July 30, 2018, during which he served as Park Administrator. However, analyzing the provided evidence, according to official letter number SINAC-ACLAC-OSSM-057 of March 16, 2015, Mr. [Name 001] was informed that he was placed in the Subregión Siquirres-Matina with duties of Professional in Management and Protection of Natural Resources, and his duties were detailed. (images 14 to 16 of the complete electronic file of the Court). Document SINAC-SE-GIDRH-1092 of November 18, 2015, establishes that: \"the preliminary investigation is returned, due to the fact that it is not appropriate to assign tasks at a higher level to a permanently held position when its incumbent does not meet the academic requirement for their execution.\" (Sic. Image 86 of the complete electronic file of the Court). That is, by that date, the plaintiff did not meet the academic requirement for said execution. On the other hand, in accordance with certification C-SINAC-SE-DGIRH-651: \"Seventh: SINAC-ACLAC-DR-267 of August 8, 2016, corresponding to the transfer of official [Name 001] to the Barbilla National Park with the position of Administrator.\" (Sic. Image 84 of the complete electronic file of the Court). Also, official letter SINAC-ACLAC/DR-267 was attached, wherein the position of Administrator of the Barbilla National Park is assigned to him starting August 16, 2016. (Sic. Images 151 to 154 of the complete electronic file of the Court). Official letter number SINAC-SE-DGIRH-275 of March 4, 2019, determines that: \"During the period located at the Subregional office of Siquirres Matina, the Directorate of the La Amistad Caribe Conservation Area issued official letter SINAC-ACLAC-DR-185 of June 15, 2015, requesting the change of tasks for position No. 27536 (today [Value 001]), Civil Service Technician 1 class, Environmental Protection and Conservation Area Management specialty, incumbent [Name 001]. (…) official letter SINAC-SE-GIDRH-1092 of November 18, 2015, was issued, which states that there was no clarity in the proposal and that the tasks did not correspond to the level of professional training of its incumbent (…) that the head be requested to review the proposed tasks, according to needs (…) adding that they must be consistent with the training level of the position holder, otherwise it would fail to meet the requirements for executing the new tasks. A situation that was not corrected. (…)\" (Sic. Citation as pertinent according to its original seen in image 139 of the complete electronic file of the Court). Through official letter SINAC-ACLAC-DR-273-2018 of July 30, 2018, the appointment of official [Name 001] to the position of Administration of the Barbilla National Park is left without effect, without indicating the effective date. The proven fact of the appealed judgment establishes: \"10.- That Mr. [Name 001], at the time he was assigned the position of Administrator of the Barbilla National Park, through official letter SINAC-ACLAC/DR-267, Limón dated August 8, 2016, did not meet the requirements to be appointed to said position.\" (Sic.). Thus, it is clear, through the official letters, that the plaintiff did not meet the requirements to hold the positions for the periods from March 16, 2015, when he was placed in the Subregión Siquirres Matina, with duties of Professional in Management and Protection of Natural Resources, and from August 8, 2016, until July 30, 2018, during which he served as Administrator. Under this line, there is also no evidence that demonstrates which are the position categories assigned to a Professional in Management and Protection of Natural Resources and to an Administrator of a National Park; consequently, it cannot really be verified whether the plaintiff met the requirements or not. That is, the only thing that is demonstrated, through documentary evidence, is that the plaintiff did not meet all the requirements to hold those positions. Regarding this, if the lawsuit is reviewed in the section of legal reasoning, Mr. [Name 001] stated that: \"although I was appointed to a Civil Service Professional 1-A position, in practice I always served as Civil Service Professional Chief\" (Sic. image 5 of the complete electronic file of the Court). According to the Dirección General del Servicio Civil, one of the requirements for the Civil Service Professional Chief 1 is: \"Licentiate degree or postgraduate degree in a career related to the position or the specialty of the position\" (Sic. Image 93 of the complete electronic file of the Court). According to the documentary evidence, Mr. [Name 001] has a Bachelor's degree in Natural Resource Management but does not possess any Licentiate degree. Consequently, even reviewing if the plaintiff meets the requirements for Civil Service Professional Chief, as stated in his lawsuit, it can be concluded that he also did not meet the academic requirement necessary to perform said position. This Chamber, in several pronouncements, has pointed out that, for the recognition of the salary pertaining to a position in which compliance with certain requirements is demanded according to the internal regulations governing the institution, it is mandatory to comply with them (see, among others, votes number 935, at 10:05 hours on August 31, 2016; 187, at 9:55 hours on February 15, 2017; and 514, at 10:15 hours on March 31, 2017, jurisprudence that was endorsed by the Constitutional Chamber through vote number 11169 at 16:02 hours on June 17, 2020). Due to the foregoing, given that the requirements for the positions are not met, there is no alternative but to accept the grievances. Because of the way the resolution is issued, a pronouncement on the grievance regarding interest and indexation is omitted.\n\nV.- FINAL CONSIDERATIONS: Based on the arguments previously described, the appeal is granted. The impugned judgment is revoked, and the defense of lack of right is accepted. The lawsuit is dismissed in all its aspects, and it is resolved without special condemnation in costs, as the plaintiff is considered a litigant in good faith, since it is estimated that he could well have believed that he was entitled to the right. (Article 563, subsection 1, of the Labor Code).\n\nVI.- DISSENTING VOTE OF JUDGE VARELA ARAYA: I depart from the majority decision of the Chamber for the reasons set forth below. Article 57 of the Political Constitution enshrines equal pay for equal work under identical conditions of efficiency; a principle developed by numeral 167 of the Labor Code. Regarding claims for salary differences for performing duties of a higher-ranking position, without payment of the corresponding remuneration, the Chamber has had different positions. Initially, the principle of legality was given preponderance, considering that it was not feasible to pay a remuneration different from that of the position in which the serving person was appointed. Subsequently, this thesis was made more flexible, considering that the Administration obtained an illegitimate benefit when it demanded the execution of a specific task that did not correspond to the duties of the position in which the person was appointed. Currently, it has been considered that even in this last case, the recognition of salary differences is only appropriate when the worker meets the requirements demanded for the position in the corresponding Manual Descriptivo de Puestos. The undersigned in recent years adhered to this thesis; however, with a reconsideration of the issue, and analyzing the normative sources and principles that inform labor procedural matters, I reach the conclusion that the worker who proves to perform duties that are not proper to their position has the right to be paid the salary differences existing between the position in which they were formally appointed and the position whose duties they performed, regardless of whether or not they meet the requirements. This originates from the application of the constitutional principle that, for equal work, under identical conditions of efficiency, equal pay must be guaranteed to avoid discrimination in that field. Not recognizing that right in cases like the present one would mean legitimizing an abusive conduct by the employer, who made the plaintiff execute the tasks pertaining to a higher-ranking position, remunerating him with a lower salary. The Constitutional Chamber had the opportunity to refer to this in vote 11169-2020 of the Chamber, where it states: \"It is a question of legality whether, in a specific case, it is considered that the Public Administration has incurred in abuse or illicit enrichment by assigning a public official duties higher than those of the position in which they are appointed and continues to pay them according to the duties of the lower-ranking position\". That is, the Constitutional Court did not deny the constitutional right to receive the salary according to the duties of the position performed, but rather dismissed the appeal, considering it was an issue of legality and not constitutionality, which had to be submitted to the consideration of this Chamber, which essentially means that it leaves the assessment of each specific case to the definition and knowledge of the labor courts, taking into consideration equality according to the work performed and not whether the person has or does not have the requirements for the position in which they have been placed to provide the service, i.e., that the constitutional principle of equal pay focuses on work of equal value and not on the requirements for the position per se. Thus, it is clear that payment must be made for the work performed and not for the formality of the requirements for the position, an issue that will take on special relevance for the preparation of competitive examinations and subsequent appointments, thus adjusting the administrative conduct of the competent authorities to the provisions of numeral 192 of the Political Constitution, which is not the case under study. For this judge, that is the mandate contained in the Constitutional Chamber's vote, as it recognizes that it is the judges in this matter who, in each specific case, will determine if they are faced with the fulfillment of duties proper to the position and if the payment corresponds to the value of the assigned work, since only in this way can the abuse of rights by the active administration, with the consequent unjust enrichment, be avoided. Enrichment, this judge adds, that occurs when, in the interest of the active Administration, of any Public Administration, for the fulfillment of the service it is responsible for providing, it uses the work of a serving person and then does not compensate them accordingly, thereby generating a breach in two ways: 1) because it omitted to take into account the legal obligation to make the appointments when the person has the requirements for the assigned position, and 2) because of the nonpayment of the salary corresponding to the tasks actually performed, resulting in discrimination and inequity in salary treatment for the same tasks received from its collaborators, appealing to a requirement that it did not demand prior to the assignment of work in favor of the public service assigned to the respective entity. In these circumstances, an illegal management of human resources is generated that does not legitimize it to ignore the salary right, which is constitutionally protected, of the worker exposed, by the employer's decision, to such situations. It should be noted that ILO Convention 100 (1951) on equal remuneration, although it certainly promotes equal remuneration between men and women, is based on the premise of the value of the work performed and not on the requirements for the position; we should also understand it as applicable in any situation related to the value of the work performed. That convention is related to ILO Recommendation number 90, which sets guidelines for achieving, by the member countries of that Body, equal remuneration, understood, as indicated before, in terms of the value of the work (position) performed. These conventions are fundamental for promoting equal pay based on the position performed, which in our legal system is included in article 57 of the Magna Carta, when it states: \"...The salary shall always be equal for equal work under identical conditions of efficiency\". There is no doubt that the constituent framer was ahead in guaranteeing this right, recognizing that the salary must correspond to the value of the work performed and not to other factors. On the subject, the Constitutional Chamber has long indicated that \"...if work is conceived as a right of the individual whose exercise benefits society and which, regarding the person, guarantees periodic remuneration, it could not be accepted that the State receives that benefit without giving the worker anything in return or by late delivery of what corresponds, so that the salary as remuneration due to the worker by virtue of a work contract, for the work that they have performed or must perform or for the services they have provided or must provide, is not only an obligation of the employer, but a constitutionally protected right\" (vote no. 5138 at 16:57 hours, of September 7, 1994) (emphasis added). Moreover, in vote number 28023, at 14:02 hours on December 5, 2021, of that Chamber, it is stated: \"...the constitutional article must be complemented with the norms of International Labor Law, which advocates the need to focus attention on work of equal value, which must be considered an objective concept of work that serves as a reference by its functions with the rest of the workers, whose worth lies not so much in who performs them, but rather the payment of a salary under equality of conditions and in identical circumstances provided for a specific provision; this is relevant for the point under discussion because, indeed, it focuses attention on the worth of the same type of work, regardless of who performs it, but on the objective aspect that is directly related to human dignity. This clearly leads to dismantling the practices of reducing salaries for those who perform the same functions, especially those agreed upon in a statutory regime. All this relates to the specific description of personal requirements, tasks, and remuneration, among other things, which are described in job manuals, especially in the objectively determined statutory relationship. It must be recognized that, in the case of State workers, the legal rules that determine the duties and obligations of the parties are based on the fulfillment of a public interest or order. [...] the inalienability of the integrity of the salary according to work of equal value must be pointed out. It could not be argued that the payment of the salary for which they were hired can be maintained over time, even when responsibilities have increased, because this breaks with the objective constitutional concept of work of equal value...\" (The highlights are added).\n\nAs can be seen, the objective constitutional concept of work of equal value corresponds to the effective performance of duties, not the fulfillment of academic requirements. In these cases, we must understand that paying less salary than what corresponds to the tasks actually performed by a person should not be permitted, that is, payment must be made for the value of the work. Based on the foregoing, the fact that the plaintiff does not hold the licentiate degree requirement cannot lead to disregarding the salary compensation that corresponds to the tasks performed, in this matter those of Civil Service Professional 1 A and Civil Service Professional with a Bachelor’s Degree, Chief. Furthermore, in accordance with the provisions of Article 190 of the General Public Administration Law (Ley General de la Administración Pública), the Administration must be liable for that harm to the worker, who has no duty to bear the impact on their income due to matters beyond their control at the time of performing the work and assigned position. To that end, it is worth recapitulating what was indicated in this Chamber’s vote number 695-2011, of 3:35 p.m., on August 25, 2011, in the sense that: “Certainly, the legal system recognizes the validity of those discretionary administrative decisions that do not cause institutional damages or injuries, nor to persons (Articles 6, 7, 8, 10.1, 15.1, and 17 of the General Public Administration Law), so that the existence of subjective rights constitutes a limit to discretion, since to the extent that a third-party subjective right is affected, arbitrariness is incurred and a collision is produced, which legitimizes the holder to cease the violation with the consequent payment of the respective indemnification (Articles 10.1, 15.1, 17, 190, and 192 ibidem). Note that the defendant could not take shelter in the plaintiff's lack of requirements, since the legal system that governs his actions (principle of legality enshrined in numeral 11 of the Political Constitution and the General Public Administration Law), prevents him from ignoring the guidelines that have been defined regarding personnel hiring. Thus, the Political Constitution established a Civil Service regime between the State and its workers, which contemplates the mechanisms for choosing the most suitable officials, whose participation in public management signifies a guarantee of satisfying public ends and interests, through the provision of an efficient and quality service. In this way, it is contradictory and, in turn, a violation of the cited principle that officials like the plaintiff who did not meet the indispensable personal academic conditions… were appointed to exercise a specific position that had those requirements, which constitutes a clear non-observance of the legal system. This Chamber draws attention to the fact that within the Public Administration, cases arise like the one known here, of irregular practices in the assignment of duties to employees who -personally or academically- do not meet the prerequisites contemplated by the Positions Manual for the position profile, which is an infringement of the principle of suitability that informs the administrative system, whose main purpose -elevated to the highest rank by the constituents- is the correct satisfaction of the community's needs, as follows from numerals 191 and 192 of the Political Constitution (see this Chamber’s judgments Nos. 879 of 9:40 a.m., on October 10 and 691 of 10:35 a.m., on August 20; both of 2008; 860 of 10:45 a.m., on September 2, 2009; 510 of 8:34 a.m., on April 9, 2010 and 208 of 10:20 a.m., on March 2, 2011). However, the principle of legality that the Administration has invoked not to reassign the plaintiff, cannot simultaneously support—as stated—the violation of the worker's just salary, also of a fundamental nature. Article 57 of the Political Constitution enshrines equal pay for equal conditions of work and efficiency; a principle developed by numeral 167 of the Labor Code. Failing to recognize that right in a case like the present one would mean legitimizing abusive conduct by the employer, who, without promoting the worker for the stated reasons to a higher-category position, made him perform the tasks inherent to it, remunerating him with a lower salary, which causes – as indicated – an unjust enrichment for the Administration. Thus, placing the plaintiff in that position without paying him the corresponding salary (Article 57 of the Political Constitution), constitutes a violation of the servant's subjective right to payment of salary according to the type of position, a situation that the courts cannot overlook, because doing so would mean protecting an arbitrariness that entails an abuse of the exercise of discretion to the detriment of the one who now sues (Articles 15.2 and 16.2 of the General Public Administration Law). For these reasons, disregarding in this proceeding the servant’s rights… to the salary differences generated between the position of… and the position of…, would entail legitimizing abusive conduct by the employer, who, based on an institutional need and interest, made the worker perform tasks inherent to hierarchically superior positions, remunerating him with a lower salary (on the subject, see this Chamber’s judgments Nos. 134 of 9:40 a.m., on February 20; 294 of 8:55 a.m., on April 4 and 580 of 10:15 a.m., on July 18; all of 2008; 350 of 9:55 a.m., on May 6; 863 of 9:38 a.m., on September 4; 1065 of 9:33 a.m. and 1067 of 9:39 a.m., both of October 23 and, all of the year 2009; 285 of 9:30 a.m., on February 26; 409 of 10:15 a.m., on March 24 and 1607 of 10:04 a.m., on December 15; all of 2010)” (In relation, see, among others, votes numbers 1378 of 10:05 a.m., on December 18, 2015; 73 of 9:35 a.m., on January 27; 96 of 10:05 a.m., on January 29; 283 of 9:40 a.m., on March 16; 444 of 9:55 a.m., on May 11; 453 of 9:45 a.m., on May 13; 517 of 9:20 a.m., on May 27; 561 of 2:00 p.m., on June 8; 710 of 11:10 a.m., on July 7; 731 of 9:20 a.m., on July 15; 852 of 11:20 a.m., on August 10; 920 of 10:15 a.m., on August 24; 999 of 9:35 a.m., on September 21 and 1312 of 9:25 a.m., on November 30, all these last ones of 2016). Based on the foregoing, in my opinion, if the employing party assigns, to one of its officials, tasks of a higher-ranking position, it must compensate them according to those tasks, regardless of whether or not they meet the requirements. Consequently, I believe that the Trial Court acted correctly in recognizing the salary differences claimed in this proceeding, so I proceed to deny the appeal filed by the defendant party, without special sanction in costs.\n\nTHEREFORE:\n\nThe appeal is declared admissible on its merits. The challenged judgment is annulled on the merits, the exception of lack of right filed is upheld, and the claim is dismissed in all its aspects, and it is resolved without special condemnation in costs. Judge Varela Araya dissents and declares the appeal filed by the defendant party without merit, without special condemnation in costs.\n\nRes: 2024002838\n\nCCASTRILLO\n\n\n\nLuis Porfirio Sánchez Rodríguez\n\n\n\nJulia Varela Araya\n\n\n\nJorge Enrique Olaso Álvarez\n\n\n\nRoxana Chacón Artavia\n\n\n\nRafael Antonio Ortega Telleria\n\n\n\nDigitally Signed Document\n\n-- Verification code --\n\n\n\nBGSGW4TNOCM61\n\n1\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 13:47:16.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }