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  "citation": "Res. 02870-2024 Sala Segunda de la Corte",
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  "title_es": "Incentivo de Alto Riesgo para Policía de Frontera",
  "title_en": "High-Risk Incentive for Border Police",
  "summary_es": "La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia de primera instancia que obligó al Estado a pagar el incentivo salarial por Operaciones de Alto Riesgo a un agente de la Policía de Frontera. La Administración había denegado el pago alegando que el puesto no estaba incluido en el código presupuestario autorizado por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP) y que el funcionario no realizaba funciones de alto riesgo. La Sala determinó que las funciones del demandante como Agente II de Frontera son equiparables a las descritas en los artículos 21 y 22 de la Ley General de Policía, que fueron el parámetro para la creación del incentivo. Consideró que la negativa de la STAP de extender el sobresueldo a otros cuerpos policiales creaba una desigualdad injustificada, vulnerando los principios de igualdad salarial y los artículos 33 y 57 de la Constitución Política. Además, rechazó la exoneración de costas solicitada por el Estado.",
  "summary_en": "The Second Chamber of the Supreme Court of Justice upheld the lower court's ruling ordering the State to pay the High-Risk Operations salary incentive to a Border Police officer. The Administration had denied the payment arguing that the position was not included in the budget code authorized by the Technical Secretariat of the Budgetary Authority (STAP) and that the officer did not perform high-risk functions. The Chamber found that the plaintiff's duties as a Border Agent II are comparable to those described in Articles 21 and 22 of the General Police Law, which were the basis for creating the incentive. It held that the STAP's refusal to extend the bonus to other police forces created unjustified inequality, violating the principles of wage equality and Articles 33 and 57 of the Political Constitution. It also rejected the State's request for exemption from costs.",
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  "excerpt_es": "De lo transcrito se observa que las actividades guardan correspondencia con las reguladas en el canon 22 de cita. Lo anterior permite concluir que las funciones policiales del accionante son equiparables a las asignadas a las personas integrantes de la Guarda Civil y Guarda de Asistencia Rural (hoy Fuerza Pública), es decir, las enmarcadas en el numeral 22 de la Ley General de Policía. No puede dejar de advertirse que el Manual de Clases Policiales comienza por exponer las atribuciones generales de todas las fuerzas de policía, las cuales guardan correspondencia con las reguladas en el referido artículo 22. Con base en lo anterior, el argumento del recurrente, en el sentido de que el actor no está en situación de igualdad que permita reconocer el relacionado sobresueldo carece de sustento. Con lo expuesto se descarta una aplicación incorrecta del principio de igualdad, en tanto se ha considerado que las condiciones no admiten diferencias en torno al ejercicio de funciones que dan base al reconocimiento del sobresueldo. Por esa misma razón, no se estima que medie una invasión de las competencias administrativas, sino la correcta aplicación de la normativa creadora de un incentivo, en atención al principio de igualdad salarial.",
  "excerpt_en": "From the foregoing it is observed that the activities correspond to those regulated in the cited canon 22. The foregoing allows concluding that the police functions of the plaintiff are comparable to those assigned to members of the Civil Guard and Rural Assistance Guard (now Public Force), that is, those framed in numeral 22 of the General Police Law. It cannot go unnoticed that the Police Classes Manual begins by setting out the general powers of all police forces, which correspond to those regulated in the aforementioned Article 22. Based on the foregoing, the appellant's argument that the plaintiff is not in a situation of equality that would allow recognizing the related bonus lacks support. With the foregoing, an incorrect application of the equality principle is ruled out, insofar as it has been considered that the conditions do not admit differences regarding the exercise of functions that give rise to the recognition of the bonus. For that same reason, it is not considered that there is an invasion of administrative powers, but the correct application of the regulations creating an incentive, in attention to the principle of wage equality.",
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Segunda de la Corte\n\nResolución Nº 02870 - 2024\n\nFecha de la Resolución: 08 de Noviembre del 2024 a las 10:10\n\nExpediente: 22-000078-0868-LA\n\nRedactado por: Luis Porfirio Sánchez Rodríguez\n\nClase de asunto: ordinario\n\nAnalizado por: SALA SEGUNDA\n\n\n\nSentencias del mismo expediente\n\nSentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\n \n\nCorte Suprema de Justicia\n\nSALA SEGUNDA\n\n\t\n\n \n\nExp: 22-000078-0868-LA\n\nRes: 2024002870\n\nSALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas diez minutos del ocho de noviembre de dos mil veinticuatro .\n\n Proceso ordinario establecido ante el Juzgado de Trabajo de Nicoya, por [Nombre 001], casado, Agente de Policía de Frontera y vecino de Nicoya; contra el ESTADO, representado por su procurador adjunto, el licenciado Álvaro Pizarro Obando, casado, abogado y vecino de Curridabat. Figura como abogada de asistencia social la licenciada Johanna López Matarrita, abogada y otras calidades desconocidas. Todos mayores.\n\nRedacta el Magistrado Sánchez Rodríguez; y,\n\nCONSIDERANDO:\n\nI.-ANTECEDENTES: El actor promovió la presente acción para que en sentencia se condene al Estado a pagarle el incentivo denominado Alto Riesgo de forma retroactiva desde el momento en que le fue suspendido y hacia futuro. Asimismo, pretendió el reajuste de los rubros de aguinaldo y salario escolar y el reconocimiento de intereses, indexación y las costas del proceso. La contestación fue rendida en términos negativos y se opuso la excepción de falta de derecho. Mediante sentencia n.° 197 de las 9:48 horas del 31 de agosto de 2022, el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste (Nicoya), declaró con lugar la demanda. Conminó a la parte accionada a cancelar el incentivo reclamado a partir del 16 de junio de 2017. Ordenó también el pago de diferencias generadas en aguinaldo, salario escolar, vacaciones y sistema de seguridad social, así como intereses e indexación. Le impuso las costas fijando las personales en el 15% del total de la condenatoria.\n\nII.- AGRAVIOS: Ante la Sala, el representante estatal muestra disconformidad con lo resuelto. Acusa una errónea valoración de la prueba, toda vez que el accionante se encuentra nombrado en un puesto cuyo código presupuestario no está incluido dentro de los autorizados para recibir ese reconocimiento, según lo dispuesto por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria. Indica que, en resolución STAP-0683-2000, se estableció que tal incentivo solo se aplicará a las personas servidoras que realicen funciones de las contempladas en los artículos 21 y 22 de la Ley General de Policía n.° 7410, lo cual no sucede en el caso del demandante, pues no realiza funciones de alto riesgo y peligrosidad. Manifiesta que el Estado no puede reconocer ese plus salarial, si este no ha sido autorizado por la Autoridad Presupuestaria, máxime cuando el actor no ha aportado ningún elemento probatorio del que se desprenda, de manera directa y fidedigna, que participa en operaciones de alto riesgo, más allá de las indemnizadas mediante el incentivo de riesgo policial, que es el fundamento objetivo y racional para otorgar aquel primero. Alega que erróneamente se partió de la premisa de que el accionante se encuentra en condiciones de igualdad respecto de quienes, desde la creación del incentivo, se hicieron acreedores a este. Señala que, de acuerdo con las consideraciones dadas por la Autoridad Presupuestaria sobre el tema, lo dispuesto riñe con el principio de legalidad o vinculación positiva, mediante el cual solo se consideran legítimas las actuaciones del Estado que estén autorizadas por el ordenamiento jurídico, lo que no sucede en este asunto. Apunta que la creación de este incentivo obedeció a la necesidad de que las personas servidoras de la Fuerza Pública participaran en operaciones de alto riesgo, tales como allanamientos, atención de crisis, acciones antiterroristas, protección de figuras públicas o visitantes oficiales y atención de contingencias que atenten contra la seguridad nacional, con ocasión de las cuales exponen su integridad física y la vida. Cita parcialmente el STAP-1347-00. Menciona que, en el caso del demandante, no se dan los presupuestos que establece la legislación y que obedecen a las razones expresas para la creación de dicho incentivo. Argumenta que el principio de igualdad ante la ley no es de carácter absoluto, pues no concede propiamente un derecho a ser equiparado a cualquier individuo sin distinción de circunstancias, sino más bien a que la ley no haga diferencias entre dos o más personas que se encuentren en una misma situación jurídica o en condiciones idénticas, por lo que no puede pretenderse un trato igual cuando las circunstancias son desiguales.  Finalmente, muestra disconformidad con la imposición de costas personales a su representado, las cuales se fijaron en el 15% del total de la condenatoria sin ponderar el hecho de que actuó de buena fe y que, en esa medida, resulta aplicable la exoneración. Pide que se exima a su representado del pago de las costas, o bien, en virtud de lo que establece el artículo 562 del Código de Trabajo, que el monto se fije a conciencia de las personas juzgadoras y no en forma porcentual, por tratarse de un proceso que no es susceptible de estimación pecuniaria. Solicita que se acoja el recurso y se declare sin lugar la demanda.\n\nIII.- ANÁLISIS DEL CASO: Los reparos formulados por el recurrente en cuanto a la inexistencia de pruebas en relación con el cumplimiento por parte del actor de funciones de alto riesgo no puede ser acogido. En el expediente existen pruebas del puesto y recargo que ha desempeñado el accionante durante el curso de su vínculo con el Estado, cuyas funciones están debidamente descritas en el Manual de Clases Policiales. El tema de si estas guardan correspondencia o no con las que al parecer del recurrente dan derecho al reconocimiento del incentivo por operaciones de alto riesgo es una cuestión distinta, de valoración, diferente al de un supuesto incumplimiento de las cargas probatorias. Como se dijo, las funciones del servidor están debidamente descritas en el Manual de Clases dicho. Este instrumento forma parte del bloque de legalidad al cual está obligado la Administración. De esa manera, si el demandante está nombrado en el cargo de Policía de Frontera (Agente II), sus funciones corresponden a las que el Manual refiere para ese puesto. En relación con lo que atañe al fondo del asunto, debe indicarse que esta Sala ha tenido la oportunidad de conocer asuntos similares al presente y ha concluido que la negativa de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria de extender el pago del sobresueldo a otros cuerpos policiales y concederlo solo a ciertos cargos, según su código presupuestario, resulta contraria a derecho, en tanto las personas integrantes de otras fuerzas de policía se encuentran en los supuestos de hecho que se previeron en el acuerdo que autorizó ese plus, razón por la cual tienen derecho a las mismas consecuencias jurídicas. En efecto, el acuerdo de creación del sobresueldo se previó para aquellas personas servidoras cuyas funciones y competencias se enmarcan en los artículos 21 y 22 de la Ley General de Policía, que corresponden a las asignadas a las entonces denominadas Guardia Civil y Guardia de Asistencia Rural. Ese numeral regula las atribuciones de esos cuerpos policiales así: “a) Asegurar el ejercicio de las garantías constitucionales, la protección del orden constitucional, la seguridad ciudadana, la soberanía nacional y la integridad territorial. /b) Mantener la tranquilidad y el orden públicos. /c) Velar por la seguridad y la integridad de las personas y los bienes de los habitantes de la República. /d) Mantener el respeto por las propiedades y los demás derechos de los habitantes de la República. /e) Prevenir y reprimir la comisión de infracciones punibles dentro del territorio nacional.” En el presente caso, de la prueba traída al expediente, se sigue que el demandante ha ocupado el cargo de Policía de Frontera, perteneciente a la Clase de Agente 2. De conformidad con la constancia laboral aportada, el tipo de función es policial, así como su naturaleza. Expuesto lo anterior, debe hacerse ver que el artículo 4 de la Ley General de Policía estipula que “Las fuerzas de policía estarán al servicio de la comunidad; se encargarán de vigilar, conservar el orden público, prevenir las manifestaciones de delincuencia y cooperar para reprimirlas en la forma en que se determina en el ordenamiento jurídico”. En el numeral 8 siguiente se regulan las atribuciones de las fuerzas policiales, entre las cuales cabe destacar las que guardan plena correspondencia con las reguladas en el numeral 22 transcrito: “a) Resguardar el orden constitucional. /b) Prevenir potenciales violaciones de la integridad territorial de la República. /c) Velar por la integridad de los bienes y los derechos de la ciudadanía. /d) Asegurar la vigilancia y el mantenimiento del orden público […]”.  Luego, el Manual de Clases describe la naturaleza de la clase de Agente II así: “Ejecución de labores policiales especializadas que requieren de la aplicación de conocimientos teórico – prácticos en el campo policial, desarrolladas a nivel nacional, orientadas a la protección de la soberanía nacional, integridad territorial, vigilancia, mantenimiento del orden público, la seguridad de los habitantes y sus bienes y la prevención del delito”. Por su parte, en la descripción de las actividades genéricas de la clase, se enumeran, entre otras, las siguientes: “Apoyar a otras dependencias y unidades policiales y actuar en situaciones especiales, a fin de restablecer el orden público, así como en actividades de rescate, en casos de emergencia y desastres naturales o provocados por el ser humano. /Participar en las diferentes acciones policiales planeadas y ordenadas, de acuerdo con los requerimientos institucionales. /Realizar acciones de prevención y represión en su área de jurisdicción, en cuanto a la lucha contra el narcotráfico, crimen organizado, evasión fiscal, trata de personas en sus diferentes modalidades y acciones tendientes a la protección del patrimonio natural”. Asimismo, en la descripción de las actividades específicas del cargo de Agente de Fronteras se establecen las que de seguido se consignan: “Vigilar y resguardar las fronteras terrestres, incluidas las edificaciones públicas donde se realizan actividades aduanales y migratorias durante la operación de las mismas. /Participar en operativos propios, conjuntos o combinados para la observación sistemática y permanente del espacio fronterizo del Estado, desde tierra, mar o aire, utilizando medios visuales, electrónicos u otros, con el propósito de detectar, alertar e impedir posibles violaciones en el límite internacional y efectuar el control policial en el área de responsabilidad y por ende, el combate al fenómeno criminal. /Realizar acciones de vigilancia y de protección a las zonas fronterizas en desarrollo de su misión o en coordinación con otras instituciones en materia de ayuda humanitaria, estabilización en casos de desastres naturales o provocados por el ser humano. /Realizar acciones de prevención de delitos nacionales e internacionales en las franjas fronterizas. /Ejecutar los planes de inteligencia estratégica que orientan el accionar de la Policía de Frontera. /Ejecutar acciones que coadyuven en los procesos de integración y mejora de la seguridad ciudadana de las comunidades y poblaciones de las zonas fronterizas del país. /Ejecutar acciones de prevención y represión contra el contrabando, trata de personas, coyotaje, tráfico ilícito de drogas y sustancias prohibidas, deforestación, contaminación ambiental, destace de ganado y animales protegidos, especies en extinción, entre otros. /Recopilar información producto del patrullaje en las zonas fronterizas, para producir y suministrar inteligencia policial oportuna y confiable. /Verificar e informar sobre el mantenimiento y conservación de los hitos fronterizos”. De lo transcrito se observa que las actividades guardan correspondencia con las reguladas en el canon 22 de cita. Lo anterior permite concluir que las funciones policiales del accionante son equiparables a las asignadas a las personas integrantes de la Guarda Civil y Guarda de Asistencia Rural (hoy Fuerza Pública), es decir, las enmarcadas en el numeral 22 de la Ley General de Policía. No puede dejar de advertirse que el Manual de Clases Policiales comienza por exponer las atribuciones generales de todas las fuerzas de policía, las cuales guardan correspondencia con las reguladas en el referido artículo 22. Con base en lo anterior, el argumento del recurrente, en el sentido de que el actor no está en situación de igualdad que permita reconocer el relacionado sobresueldo carece de sustento. Con lo expuesto se descarta una aplicación incorrecta del principio de igualdad, en tanto se ha considerado que las condiciones no admiten diferencias en torno al ejercicio de funciones que dan base al reconocimiento del sobresueldo. Por esa misma razón, no se estima que medie una invasión de las competencias administrativas, sino la correcta aplicación de la normativa creadora de un incentivo, en atención al principio de igualdad salarial. El recurrente arguye que el plus por operaciones de alto riesgo se previó para un cuerpo de policía destinado a realizar allanamientos, atender situaciones de crisis, ejecutar acciones antiterroristas y dar protección a figuras públicas o visitantes oficiales. Sin embargo, su planteamiento decae en cuanto el acuerdo por el cual se aprobó la creación del incentivo, en forma expresa, señaló: “Comunicar al Ministerio de Seguridad Pública, que se establece la valoración del incentivo de 'Operaciones de Alto Riesgo' en un monto de ¢3.500 para aquellos funcionarios cuyas competencias y funciones están enmarcadas en los artículos 21° y 22° de la Ley N° 7410, que ocupen puestos policiales. Este incremento se revalorará de conformidad con los ajustes en el costo de la vida decretados por el Poder Ejecutivo”. (Sic). Como se observa, el parámetro fue la realización de funciones policiales y competencias reguladas en los numerales 21 y 22 de la Ley General de Policía y no la situación invocada por el recurrente. El incentivo se estableció para todas las personas servidoras policiales cuyas funciones se enmarcan en los supuestos de los artículos 21 y 22 de la Ley General de Policía, ante la posibilidad de que pudieran ser llamados a realizar el tipo de tareas que refiere el recurrente, pero no porque estuvieran ejerciendo ese tipo de labores de forma permanente y continua; las cuales, en todo caso, por su naturaleza, no presentan esos caracteres de continuidad y permanencia. Como se dijo, el actor, como Agente II, tiene asignadas funciones equiparables a las reguladas en esos artículos 21 y 22 relacionados, por lo que también puede ser requerido para la realización de esas actividades especiales y más riesgosas, que no son exclusivas de la Guardia Civil y la Guardia de Asistencia Rural. No puede dejar de advertirse que el Ministerio de Seguridad Pública ha pretendido el reconocimiento del sobresueldo respecto de otros cuerpos policiales, al considerar que están en paridad de condiciones en cuanto al ejercicio de las actividades riesgosas que dan derecho al plus. En ese sentido, la Sección de Incentivos y Beneficios, del Departamento de Compensaciones de la Dirección de Recursos Humanos elaboró un documento en el cual se exponen las razones que justifican la ampliación del beneficio salarial a todos los cuerpos policiales, en el siguiente sentido: “…se justifica la necesidad de aplicar el incentivo de Alto Riesgo a todos los cuerpos policiales, por estar expuestos a las funciones contempladas en la génesis del incentivo en procura de la protección de la soberanía nacional, el orden público, y el ejercicio de las garantías de la ciudadanía costarricense”. De esa manera, aun cuando el Ministerio de Seguridad Pública se encuentre sujeto a los lineamientos y directrices emanados de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, los órganos jurisdiccionales no están obligados a aplicar una normativa que crea, sin sustento alguno, una situación de desigualdad. Al respecto, el artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en lo que interesa, estipula: “Los funcionarios que administran justicia no podrán: /2.- Aplicar decretos, reglamentos, acuerdos y otras disposiciones contrarias a cualquier otra norma de rango superior”. De ahí que el agravio formulado por el recurrente en el sentido de que lo resuelto lesiona los principios de legalidad y legalidad presupuestaria no puede prosperar, pues hay valores jurídicos de mayor relevancia que deben ser tutelados por encima de la decisión de dicho órgano técnico (artículos 33 y 57, Constitución Política). Por otra parte, en el acuerdo n.º 5878 de la sesión extraordinaria 3-2000 del 10 de abril de 2000, en el que la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria implementó el sobresueldo de alto riesgo, se señaló: “ 6. Que el incentivo aquí creado debe considerarse diferente al denominado ‘Riesgo Policial’, cuyo fin es garantizar la seguridad nacional de los bienes así como el respeto de los derechos y libertades de los ciudadanos”. De la frase citada se colige que el hecho de percibir el plus por “riesgo policial” no es óbice para devengar también el “incentivo por operaciones de alto riesgo”, ya que ambos rubros retribuyen aspectos distintos (véase en ese sentido la sentencia 2017-00490 de las 10:15 horas del 29 de marzo de 2017). Finalmente, el representante del Estado alega que el actor firmó un acta de aceptación de puesto donde se indicó que laboraría en otro programa presupuestario. Dicha disposición es una medida administrativa pero no es vinculante para los órganos jurisdiccionales, ya que en esta vía judicial lo que se pretende es la declaración de un derecho y, en caso de proceder, se debe otorgar desde el momento cuando se estuvo en los supuestos que hacen posible su reconocimiento. Por lo expuesto, deberá mantenerse lo resuelto en cuanto al otorgamiento del incentivo.\n\nIV.- SOBRE LAS COSTAS: A juicio de la Sala, no procede la exoneración en las costas del proceso solicitada por el representante estatal, pues el demandado resultó vencido (artículo 562 del Código de Trabajo); y, aunque el inciso 1° del numeral 563 ibidem prevé la facultad de exonerar del pago a la parte perdedora cuando la buena fe procesal de esta última resulte evidente, no se trata de un deber de la persona juzgadora sino del ejercicio de una facultad. En el asunto particular, se advierte que el actor tuvo que acudir al proceso judicial en defensa de derechos legítimos, respecto de los cuales, la parte accionada ha mostrado oposición incluso en esta última instancia, por lo que es justo que el Estado le retribuya los gastos en que lo hizo incurrir. Por otro lado, tampoco procede la fijación prudencial de las costas personales, ya que este asunto es de cuantía inestimable con trascendencia económica, lo cual se rige por lo establecido en el numeral 562 del Código de Trabajo, que indica: “En los asuntos inestimables en que hubiera trascendencia económica se hará la fijación con base en el monto resultante hasta la firmeza de la sentencia y, si a consecuencia del proceso se siguiera generando en el futuro el resultado económico, podrá agregarse al monto fijado, según criterio prudencial, hasta un cincuenta por ciento (50%)…”. En consecuencia, bien hizo la persona juzgadora al fijarlas de forma porcentual, sin embargo, debe entenderse que la condena impuesta aplica a las sumas adeudadas a la firmeza de la sentencia. \n\nV.- CONSIDERACIONES FINALES: Con base en los argumentos anteriormente descritos, se procede a declarar sin lugar el recurso. Se aclara que el porcentaje de las costas personales del quince por ciento aplica a las sumas adeudadas a la firmeza de la sentencia.\n\nPOR TANTO:\n\n  Se declara sin lugar el recurso. Se aclara que el porcentaje de las costas personales del quince por ciento aplica a las sumas adeudadas a la firmeza de la sentencia.\n\nRes: 2024002870\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nLuis Porfirio Sánchez Rodríguez\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nJulia Varela Araya\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Enrique Olaso Álvarez\n\n\n\n\nRoxana Chacón Artavia\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nRafael Antonio Ortega Telleria\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n VPCUXOC3A5Q61\n\n1\n\nEXP: 22-000078-0868-LA\n\n \n\n Teléfonos: 2295-3671, 2295-3676, 2295-3675 y 2295-4406. Facsímile: 2295-3009. Correo Electrónico: sala-segunda@poder-judicial.go.cr\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 13:48:13.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "Sala Segunda (Second Chamber) of the Supreme Court\n\nResolution No. 02870 - 2024\n\nDate of Resolution: November 8, 2024 at 10:10 a.m.\n\nCase File: 22-000078-0868-LA\n\nDrafted by: Luis Porfirio Sánchez Rodríguez\n\nCase type: ordinary proceeding\n\nAnalyzed by: SALA SEGUNDA\n\nRulings in the same case file\n\nRuling with protected data, in accordance with current regulations\n\nText of the resolution\n\n\n \nSupreme Court of Justice\n\nSALA SEGUNDA\n\n \n\nCase: 22-000078-0868-LA\n\nRes: 2024002870\n\nSALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at ten hours ten minutes on the eighth of November of two thousand twenty-four.\n\n Ordinary proceeding filed before the Labor Court of Nicoya, by [Name 001], married, Border Police Officer and resident of Nicoya; against the STATE, represented by its deputy procurator, Lic. Álvaro Pizarro Obando, married, attorney and resident of Curridabat. The social assistance attorney is Lic. Johanna López Matarrita, attorney and other unknown qualifications. All of legal age.\n\nDrafted by Judge Sánchez Rodríguez; and,\n\nCONSIDERING:\n\nI.-BACKGROUND: The plaintiff filed this action so that the judgment would order the State to pay him the incentive called High Risk (Alto Riesgo) retroactively from the moment it was suspended and going forward. He also sought the adjustment of the items for year-end bonus (aguinaldo) and school salary (salario escolar) and the recognition of interest, indexation, and the costs of the proceeding. The response was rendered in negative terms and the exception of lack of right was raised. By judgment no. 197 at 9:48 a.m. on August 31, 2022, the Labor Court of the Second Judicial Circuit of Guanacaste (Nicoya), declared the claim with merit. It directed the defendant party to pay the claimed incentive from June 16, 2017. It also ordered the payment of differences generated in the year-end bonus (aguinaldo), school salary (salario escolar), vacations, and social security system, as well as interest and indexation. It imposed costs, setting personal costs at 15% of the total award.\n\nII.- OBJECTIONS: Before the Chamber, the state representative expresses disagreement with the resolution. He accuses an erroneous assessment of the evidence, given that the plaintiff is appointed to a position whose budget code is not included among those authorized to receive that recognition, according to the provisions of the Technical Secretariat of the Budget Authority (Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria). He indicates that, in resolution STAP-0683-2000, it was established that such incentive will only apply to the public servants who perform the functions contemplated in Articles 21 and 22 of the General Police Law (Ley General de Policía) No. 7410, which is not the case for the plaintiff, as he does not perform high-risk (alto riesgo) and dangerousness functions. He states that the State cannot recognize that salary bonus if it has not been authorized by the Budget Authority (Autoridad Presupuestaria), especially when the plaintiff has not provided any probative element from which it can be directly and reliably inferred that he participates in high-risk operations (operaciones de alto riesgo), beyond those compensated by the police risk incentive, which is the objective and rational basis for granting the former. He alleges that the judgment erroneously started from the premise that the plaintiff is in conditions of equality with respect to those who, since the incentive's creation, became entitled to it. He points out that, in accordance with the considerations given by the Budget Authority (Autoridad Presupuestaria) on the matter, the ordered relief conflicts with the principle of legality or positive obligation, whereby only actions of the State that are authorized by the legal system are considered legitimate, which is not the case in this matter. He notes that the creation of this incentive was due to the need for public servants of the Public Force (Fuerza Pública) to participate in high-risk operations (operaciones de alto riesgo), such as raids, crisis response, anti-terrorist actions, protection of public figures or official visitors, and handling contingencies that threaten national security, on the occasion of which they expose their physical integrity and life. He partially cites STAP-1347-00. He mentions that, in the plaintiff's case, the preconditions established by the legislation and that are due to the express reasons for the creation of said incentive are not met. He argues that the principle of equality before the law is not absolute in nature, as it does not properly grant a right to be equated to any individual without distinction of circumstances, but rather that the law not make differences between two or more persons who are in the same legal situation or in identical conditions, therefore equal treatment cannot be sought when the circumstances are unequal. Finally, he shows disagreement with the imposition of personal costs on his represented party, which were set at 15% of the total award without weighing the fact that it acted in good faith and that, to that extent, the exoneration is applicable. He asks that his represented party be exempted from the payment of costs, or, by virtue of what is established in Article 562 of the Labor Code (Código de Trabajo), that the amount be set at the conscience of the judging persons and not in a percentage form, as it is a proceeding that is not susceptible to pecuniary estimation. He requests that the appeal be granted and the claim be declared without merit.\n\nIII.- CASE ANALYSIS: The objections formulated by the appellant regarding the lack of evidence in relation to the plaintiff's performance of high-risk (alto riesgo) functions cannot be accepted. In the case file, there is evidence of the position and additional duties that the plaintiff has held during the course of his relationship with the State, whose functions are duly described in the Manual of Police Classes (Manual de Clases Policiales). The issue of whether or not these correspond with those that, in the appellant's view, give the right to the recognition of the incentive for high-risk operations (operaciones de alto riesgo) is a distinct matter, of assessment, different from that of an alleged failure to meet the evidentiary burdens. As stated, the servant's functions are duly described in the said Manual of Classes (Manual de Clases). This instrument is part of the body of legality to which the Administration is bound. In this way, if the plaintiff is appointed to the position of Border Police (Agente II), his functions correspond to those that the Manual refers to for that position. In relation to what concerns the merits of the matter, it must be indicated that this Chamber has had the opportunity to hear matters similar to the present one and has concluded that the refusal of the Technical Secretariat of the Budget Authority (Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria) to extend the payment of the bonus supplement to other police forces and grant it only to certain positions, according to their budget code, is contrary to law, insofar as the members of other police forces find themselves in the factual situations that were provided for in the agreement that authorized that bonus, which is why they are entitled to the same legal consequences. Indeed, the agreement creating the bonus supplement was provided for those public servants whose functions and competencies are framed in Articles 21 and 22 of the General Police Law (Ley General de Policía), which correspond to those assigned to the then-called Civil Guard (Guardia Civil) and Rural Assistance Guard (Guardia de Asistencia Rural). That article regulates the powers of those police forces as follows: \"a) To ensure the exercise of constitutional guarantees, the protection of the constitutional order, citizen security, national sovereignty, and territorial integrity. /b) To maintain public tranquility and order. /c) To ensure the security and integrity of the persons and property of the inhabitants of the Republic. /d) To maintain respect for the properties and other rights of the inhabitants of the Republic. /e) To prevent and suppress the commission of punishable infractions within the national territory.\" In the present case, from the evidence brought to the case file, it follows that the plaintiff has held the position of Border Police (Policía de Frontera), belonging to the Agent 2 Class (Clase de Agente 2). In accordance with the labor certificate provided, the type of function is police, as is its nature. Having stated the above, it must be noted that Article 4 of the General Police Law (Ley General de Policía) stipulates that \"The police forces shall be at the service of the community; they shall be responsible for monitoring, preserving public order, preventing manifestations of delinquency, and cooperating to suppress them in the manner determined in the legal system.\" The following Article 8 regulates the powers of the police forces, among which it is worth highlighting those that bear full correspondence with those regulated in the transcribed Article 22: \"a) To safeguard the constitutional order. /b) To prevent potential violations of the territorial integrity of the Republic. /c) To ensure the integrity of the property and rights of the citizenry. /d) To ensure the surveillance and maintenance of public order [...]\". Then, the Manual of Classes (Manual de Clases) describes the nature of the Agent II Class (Agente II) as follows: \"Execution of specialized police tasks that require the application of theoretical-practical knowledge in the police field, developed at the national level, oriented to the protection of national sovereignty, territorial integrity, vigilance, maintenance of public order, the security of the inhabitants and their property, and the prevention of crime.\" For its part, in the description of the generic activities of the class, the following are listed, among others: \"Support other police units and agencies and act in special situations, in order to restore public order, as well as in rescue activities, in cases of emergencies and natural disasters or those provoked by humans. /Participate in the different planned and ordered police actions, in accordance with institutional requirements. /Carry out prevention and repression actions in their area of jurisdiction, regarding the fight against drug trafficking, organized crime, tax evasion, human trafficking in its different forms, and actions aimed at the protection of the natural heritage.\" Likewise, in the description of the specific activities of the Border Agent (Agente de Fronteras) position, the following are established: \"Monitor and guard land borders, including public buildings where customs and immigration activities are carried out during their operation. /Participate in own, joint, or combined operations for the systematic and permanent observation of the State's border space, from land, sea, or air, using visual, electronic, or other means, with the purpose of detecting, alerting, and preventing possible violations of the international boundary and carrying out police control in the area of responsibility and therefore, combating the criminal phenomenon. /Carry out surveillance and protection actions in border areas in the development of their mission or in coordination with other institutions in matters of humanitarian aid, stabilization in cases of natural disasters or those provoked by humans. /Carry out prevention actions for national and international crimes in the border strips. /Execute the strategic intelligence plans that guide the actions of the Border Police (Policía de Frontera). /Execute actions that contribute to the processes of integration and improvement of the citizen security of the communities and populations of the country's border areas. /Execute prevention and repression actions against smuggling, human trafficking, coyote activity (coyotaje), illicit trafficking of drugs and prohibited substances, deforestation, environmental contamination, slaughter of livestock and protected animals, endangered species, among others. /Collect information resulting from patrolling in the border areas, to produce and supply timely and reliable police intelligence. /Verify and report on the maintenance and conservation of border markers.\" From the transcribed text, it is observed that the activities correspond with those regulated in the cited canon 22. The foregoing allows the conclusion that the plaintiff's police functions are comparable to those assigned to the members of the Civil Guard (Guardia Civil) and Rural Assistance Guard (Guardia de Asistencia Rural) (today Public Force (Fuerza Pública)), that is, those framed in Article 22 of the General Police Law (Ley General de Policía). It cannot be overlooked that the Manual of Police Classes (Manual de Clases Policiales) begins by setting out the general powers of all police forces, which correspond with those regulated in the referred Article 22. Based on the above, the appellant's argument, to the effect that the plaintiff is not in a situation of equality that would allow the recognition of the related bonus supplement, lacks support. With the foregoing, an incorrect application of the principle of equality is dismissed, insofar as it has been considered that the conditions do not admit differences regarding the exercise of functions that give basis for the recognition of the bonus supplement. For that same reason, it is not considered that an invasion of administrative competencies has occurred, but rather the correct application of the regulations creating an incentive, in consideration of the principle of salary equality. The appellant argues that the bonus for high-risk operations (operaciones de alto riesgo) was provided for a police force intended to carry out raids, attend crisis situations, execute anti-terrorist actions and give protection to public figures or official visitors. However, his argument collapses insofar as the agreement by which the creation of the incentive was approved expressly stated: \"Notify the Ministry of Public Security that the valuation of the 'High Risk Operations' (Operaciones de Alto Riesgo) incentive is established at an amount of ₡3,500 for those officials whose competencies and functions are framed in Articles 21° and 22° of Law No. 7410, who occupy police positions. This increase will be revalued in accordance with the cost-of-living adjustments decreed by the Executive Branch.\" (Sic). As observed, the parameter was the performance of police functions and competencies regulated in Articles 21 and 22 of the General Police Law (Ley General de Policía) and not the situation invoked by the appellant. The incentive was established for all police public servants whose functions are framed in the situations of Articles 21 and 22 of the General Police Law (Ley General de Policía), given the possibility that they could be called upon to carry out the type of tasks that the appellant refers to, but not because they were exercising that type of work permanently and continuously; which, in any case, by their nature, do not present those characteristics of continuity and permanence. As stated, the plaintiff, as an Agent II (Agente II), has assigned functions comparable to those regulated in those related Articles 21 and 22, for which reason he may also be required to carry out those special and riskier activities, which are not exclusive to the Civil Guard (Guardia Civil) and the Rural Assistance Guard (Guardia de Asistencia Rural). It cannot be overlooked that the Ministry of Public Security has sought the recognition of the bonus supplement for other police forces, considering that they are on equal footing regarding the exercise of the risky activities that give the right to the bonus. In that sense, the Incentives and Benefits Section of the Compensation Department of the Human Resources Directorate prepared a document in which the reasons justifying the extension of the salary benefit to all police forces are set forth, in the following sense: \"...the need to apply the High Risk (Alto Riesgo) incentive to all police forces is justified, as they are exposed to the functions contemplated in the genesis of the incentive in pursuit of the protection of national sovereignty, public order, and the exercise of the guarantees of the Costa Rican citizenry.\" In this way, even if the Ministry of Public Security is subject to the guidelines and directives emanating from the Technical Secretariat of the Budget Authority (Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria), the jurisdictional bodies are not obliged to apply a regulation that creates, without any support, a situation of inequality. In this regard, Article 8 of the Organic Law of the Judicial Branch (Ley Orgánica del Poder Judicial), in what is relevant, stipulates: \"The officials who administer justice shall not: /2.- Apply decrees, regulations, agreements and other provisions contrary to any other higher-ranking norm.\" Hence, the objection formulated by the appellant to the effect that the resolution harms the principles of legality and budget legality cannot prosper, as there are legal values of greater relevance that must be protected above the decision of said technical body (Articles 33 and 57, Political Constitution). On the other hand, in agreement no. 5878 of the extraordinary session 3-2000 of April 10, 2000, in which the Technical Secretariat of the Budget Authority (Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria) implemented the high-risk bonus supplement (sobresueldo de alto riesgo), it was stated: \"6. That the incentive created herein must be considered different from the one called 'Police Risk' (Riesgo Policial), whose purpose is to guarantee the national security of goods as well as the respect for the rights and freedoms of citizens.\" From the cited phrase, it is inferred that the fact of receiving the bonus for \"police risk\" (riesgo policial) is not an obstacle to also earning the \"incentive for high-risk operations (operaciones de alto riesgo)\", since both items compensate for different aspects (see in this sense judgment 2017-00490 at 10:15 a.m. on March 29, 2017). Finally, the State's representative alleges that the plaintiff signed a position acceptance record where it was indicated that he would work under another budget program. Said provision is an administrative measure but is not binding on jurisdictional bodies, since what is sought in this judicial venue is the declaration of a right and, if it proceeds, it must be granted from the moment when one was in the situations that make its recognition possible. For the foregoing reasons, what was resolved regarding the granting of the incentive must be upheld.\n\nIV.- ON COSTS: In the Chamber's judgment, the exoneration of the proceeding costs requested by the state representative is not appropriate, because the defendant was the losing party (Article 562 of the Labor Code (Código de Trabajo)); and, although subsection 1° of Article 563 ibidem provides the power to exonerate the losing party from payment when the procedural good faith of the latter is evident, it is not a duty of the judging person but rather the exercise of a power. In the particular matter, it is noted that the plaintiff had to resort to the judicial proceeding in defense of legitimate rights, with respect to which, the defendant party has shown opposition even in this last instance, so it is fair that the State reimburse him for the expenses it caused him to incur. On the other hand, the prudential setting of personal costs is also not appropriate, since this matter is of inestimable amount with economic significance, which is governed by the provisions of Article 562 of the Labor Code (Código de Trabajo), which states: \"In inestimable matters where there is economic significance, the setting shall be made based on the amount resulting up to the finality of the judgment and, if as a consequence of the proceeding the economic result continued to be generated in the future, up to fifty percent (50%) may be added to the set amount, according to prudential criteria...\". Consequently, the judging person acted correctly in setting them in percentage form; however, it must be understood that the imposed award applies to the sums owed up to the finality of the judgment.\n\nV.- FINAL CONSIDERATIONS: Based on the arguments described above, the appeal is declared without merit. It is clarified that the percentage of personal costs of fifteen percent applies to the sums owed up to the finality of the judgment.\n\nTHEREFORE:\n\n  The appeal is declared without merit. It is clarified that the percentage of personal costs of fifteen percent applies to the sums owed up to the finality of the judgment.\n\nRes: 2024002870\n\n \n\n \n\n \n\n \n\nLuis Porfirio Sánchez Rodríguez\n\n \n\n \n\n \n\nJulia Varela Araya\n\n \n\n \n\nJorge Enrique Olaso Álvarez\n\n \n\nRoxana Chacón Artavia\n\n \n\n \n\nRafael Antonio Ortega Telleria\n\n \n\nDigitally Signed Document\n\n-- Verification code --\n\n\n\n VPCUXOC3A5Q61\n\n1\n\nEXP: 22-000078-0868-LA\n\n \n\nTelephones: 2295-3671, 2295-3676, 2295-3675 and 2295-4406. Fax: 2295-3009. Email: sala-segunda@poder-judicial.go.cr\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-08-2026 13:48:13.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
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