{ "id": "nexus-sen-1-0005-839780", "citation": "Res. 01015-2016 Sala Segunda de la Corte", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "court_decision", "title_es": "Despido de funcionario de SINAC por informe falso sobre humedal", "title_en": "Dismissal of SINAC official for false report on wetland", "summary_es": "La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia confirma la sentencia que declaró sin lugar la demanda de un exfuncionario del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) contra el Estado y el SINAC. El actor, licenciado en manejo y protección de recursos naturales, fue despedido por falta grave tras elaborar un informe de inspección que contenía datos falsos y engañosos. En dicho informe omitió señalar la presencia de humedales y que parte del inmueble se encontraba dentro del Parque Nacional Marino Ballena, recomendando así el visado de un plano para la empresa Twinfalls S.A. La Sala determina que el procedimiento administrativo respetó el debido proceso y el derecho de defensa, que la potestad disciplinaria no prescribió porque el despido fue notificado válidamente dentro del plazo legal, y que la conducta del actor constituyó una pérdida de confianza justificada. Se rechazan los agravios sobre indebida valoración de la prueba y se confirma la condenatoria en costas modificada por el tribunal de apelación. El fallo subraya la gravedad de las faltas en materia ambiental y la obligación de los funcionarios públicos de actuar con veracidad y apego al interés público.", "summary_en": "The Second Chamber of the Supreme Court confirms the lower court's ruling dismissing the claim of a former official of the National System of Conservation Areas (SINAC) against the State and SINAC. The plaintiff, a natural resources management professional, was dismissed for serious misconduct after preparing an inspection report containing false and misleading information. In that report, he failed to note the existence of wetlands and that part of the property was within the Marino Ballena National Park, thereby recommending approval of a site plan for Twinfalls S.A. The Court finds that the administrative procedure respected due process and the right to defense, that the disciplinary power had not expired because the dismissal was validly notified within the legal deadline, and that the plaintiff's conduct constituted a justified loss of trust. The challenges regarding improper weighing of evidence are rejected, and the modified cost award is upheld. The ruling emphasizes the seriousness of misconduct in environmental matters and the duty of public officials to act truthfully and in the public interest.", "court_or_agency": "Sala Segunda de la Corte", "date": "23/09/2016", "year": "2016", "topic_ids": [ "procedural-environmental" ], "primary_topic_id": "procedural-environmental", "es_concept_hints": [ "despido sin responsabilidad patronal", "humedal", "Parque Nacional Marino Ballena", "Patrimonio Natural del Estado", "visado de planos", "SINAC", "Estatuto de Servicio Civil" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 81", "law": "Código de Trabajo" }, { "article": "Art. 603", "law": "Código de Trabajo" }, { "article": "Art. 243", "law": "Ley General de la Administración Pública" }, { "article": "Art. 4", "law": "Ley de Notificaciones" }, { "article": "Art. 43", "law": "Estatuto de Servicio Civil" }, { "article": "Art. 32", "law": "Ley Orgánica del Ambiente" } ], "keywords_es": [ "despido justificado", "falta grave", "SINAC", "humedal", "Parque Nacional Marino Ballena", "pérdida de confianza", "funcionario público", "informe falso", "debido proceso", "prescripción potestad disciplinaria", "Código de Trabajo", "Estatuto de Servicio Civil", "ACOSA", "visado de planos", "Patrimonio Natural del Estado" ], "keywords_en": [ "justified dismissal", "serious misconduct", "SINAC", "wetland", "Marino Ballena National Park", "loss of trust", "public official", "false report", "due process", "prescription of disciplinary power", "Labor Code", "Civil Service Statute", "ACOSA", "site plan approval", "State Natural Heritage" ], "excerpt_es": "Así las cosas, ha quedado demostrado que con su actuar, don [...] incurrió en infracción en el cumplimiento de sus deberes, al realizar un informe en el que plasmó datos falsos y engañosos. Incurrió en el incumplimiento de los deberes propios de su cargo, con lo cual se perdió la confianza que la administración había depositado en su persona como funcionario público, para cumplir a cabalidad con las funciones o labores que le fueron encomendadas, por el contrario recomendó la realización de actos ilegales y contrarios al interés público. Tales irregularidades no son propias de un funcionario público, menos aún tratándose de materia tan susceptible y protegida como la ambiental, en donde no se podían incluir en un informe datos que iban en contra de una realidad que se podía constatar a simple vista.", "excerpt_en": "Thus, it has been demonstrated that through his actions, Mr. [...] breached his duties by preparing a report containing false and misleading information. He failed to fulfill the obligations of his position, causing the administration to lose the trust it had placed in him as a public servant to fully perform the tasks and duties assigned to him; to the contrary, he recommended the performance of illegal acts contrary to the public interest. Such irregularities are not typical of a public official, even more so in such a sensitive and protected area as the environment, where a report could not include information contrary to a reality that could be verified at a glance.", "outcome": { "label_en": "Dismissed", "label_es": "Desestimada", "summary_en": "The Second Chamber upholds the judgment that dismissed the former official's claim, confirming the legality of the dismissal without employer liability for serious misconduct.", "summary_es": "La Sala Segunda confirma la sentencia que declaró sin lugar la demanda del exfuncionario, confirmando la legalidad del despido sin responsabilidad patronal por falta grave." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando V", "quote_en": "Such irregularities are not typical of a public official, even more so in such a sensitive and protected area as the environment, where a report could not include information contrary to a reality that could be verified at a glance.", "quote_es": "Tales irregularidades no son propias de un funcionario público, menos aún tratándose de materia tan susceptible y protegida como la ambiental, en donde no se podían incluir en un informe datos que iban en contra de una realidad que se podía constatar a simple vista." }, { "context": "Considerando V", "quote_en": "The plaintiff omitted to include inherent characteristics of the land, such as the presence of wetlands there and that it formed part of the Marino Ballena National Park, that it had vegetation typical of a wetland such as German grass and a water source, which makes it a protected area by virtue of the nature of those sites, the species and ecosystems that inhabit them.", "quote_es": "El accionante omitió incluir características propias del terreno, como la de que se encontraban humedales en él y que formaba parte del Parque Nacional Marino Ballena, que contaba con vegetación propia de un humedal como zacate alemán y con una naciente de agua, lo que la hace una zona protegida por la naturaleza de esos sitios, las especies y ecosistemas que ahí habitan." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0005-839780", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [], "sentencias_relacionadas": [], "temas_y_subtemas": [], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Segunda de la Corte\n\nResolución Nº 01015 - 2016\n\nFecha de la Resolución: 23 de Setiembre del 2016 a las 09:10\n\nExpediente: 10-000474-0166-LA\n\nRedactado por: Luis Porfirio Sánchez Rodríguez\n\nAnalizado por: SALA SEGUNDA\n\n\n\n\nSentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente\n\n\n\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: Laboral\n\nTema: Notificación\n\nNOTIFICACIÓN DE DESPIDO EN CASA DE HABITACIÓN ES VÁLIDA. Funcionario del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). El actor fue válida y efectivamente notificado en su casa de habitación, con su hermano, quien, según el acta de notificación, la tiró al suelo indicando que no iban a recibir el documento (artículo 243 de la LGAP en relación con el párrafo segundo del artículo 4 de la Ley de Notificaciones). [1015-16]\n\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: Laboral\n\nTema: Debido proceso en sede administrativa\n\nCON LA GESTIÓN DE DESPIDO NO SE QUEBRANTÓ EL DEBIDO PROCESO NI EL DERECHO DE DEFENSA. Funcionario del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). [1015-16]\n\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: Laboral\n\nTema: Prescripción de la potestad disciplinaria del patrono\n\nNO HUBO PRESCRIPCIÓN DE LA POTESTAD SANCIONATORIA. Funcionario del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). El actor fue válidamente notificado, del cese de funciones, dentro del mes establecido por el artículo 603 del Código de Trabajo. [1015-16]\n\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: Laboral\n\nTema: Despido justificado por falta grave a obligaciones contractuales\n\nTema: Despido justificado por pérdida de confianza objetiva\n\nTema: Apreciación de la prueba (valoración de la prueba)\n\nDESPIDO JUSTIFICADO POR INCUMPLIMIENTO DE DEBERES Y PÉRDIDA DE CONFIANZA. FALTA GRAVE. VALORACIÓN DE LA PRUEBA. Funcionario del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). El actor realizó un informe en el que plasmó datos falsos y engañosos. Recomendó la realización de actos ilegales y contrarios al interés público. Todas, irregularidades que no son propias de un funcionario público. [1015-16]\n\nTexto de la resolución\n \n*100004740166LA*\n\n\nCorte Suprema de Justicia\nSALA SEGUNDA\n\t\n \n\n\nExp: 10-000474-0166-LA\nRes: 2016-001015\nSALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas diez minutos del veintitrés de setiembre de dos mil dieciséis.\n          Proceso ordinario establecido ante el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, por [Nombre 001], licenciado en manejo y protección de recursos naturales y vecino de Alajuela, contra el ESTADO, representado por su procuradora adjunta la licenciada Ana Lorena Pérez Mora, y SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE COSERVACIÓN. Actúa como apoderado especial judicial del actor el licenciado Jorge Emilio Regidor Umaña.  Todos mayores, casados y vecinos de San José, con la excepción indicada.\nRESULTANDO:\n           1.- El actor, en escrito fechado cinco de abril de dos mil diez, promovió la presente acción para que en sentencia se ordenara la reinstalación en su puesto, reconocimiento de salarios caídos, pago de vacaciones, aguinaldos, salarios escolares y cualesquiera otro plus salarial que le correspondiese, así como todos los ajustes en esos sobresueldos. Subsidiariamente, en caso de no concederse la reinstalación, pidió se le pague el auxilio de cesantía, preaviso, vacaciones y aguinaldos proporcionales. Que en caso de acogerse la pretensión principal o la subsidiaria, se le debe cancelar los daños y perjuicios equivalentes a seis meses de salario, así como intereses, indexación y costas del proceso.\n           2.- La representante estatal contestó en los términos que indicó en el memorial de fecha catorce de mayo de dos mil diez y opuso las excepciones falta de derecho, y falta de legitimación ad causam pasiva.\n           3.- El codemandado Sistema de Conservación no contestó la acción. \n           4.- El Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, por sentencia de las nueve horas quince minutos del veintiuno de marzo de dos mil catorce, dispuso: \"Razones expuestas, artículos 11 de la Constaitución Política, 11, 13, 111, 113, 199, 211 de la Ley General de Administración Pública y 7, 13, 16, 22, 24 del Reglamento Autónomo de Servicios del MINAET. Se resuelve: PROCEDIMIENTO: Por innecesario se rechaza el reconocimiento judiciail solicitado por el actor en su demanda. FONDO: se declara SIN LUGAR en todos sus extremos la demanda interpuesta por [Nombre 001] contra EL ESTADO, representado por la Procuradora Ana Lorena Pérez Mora y contra el SINAC. Se acogen las excepciones de falta de derecho y falta de legitimación pasiva opuesta por el Estado. La litis consorcio necesario incompleto se resolvió de forma interlocutoria. Se condena al actor al pago de ambas y se fijan las personales en el quince por ciento de la absolutoria...\". (Sic)\n           5.- El actor apeló y el Tribunal de Trabajo, Sección Primera, del Segundo Circuito Judicial de San José, por sentencia de las nueve horas diez minutos del once de mayo de dos mil dieciséis, resolvió : \"Se declara que en el presente proceso no existen vicios implicativos de nulidad o indefensión. En lo que ha sido objeto de recurso, se modifica la condenatoria en costas a la suma prudencial de trescientos mil colones. En lo demás, se confirma\".\n6.- El apoderado especial judicial del actor formuló recurso para ante esta Sala en memorial de data veinte de junio de dos mil dieciséis, el cual se fundamenta en los motivos que se dirán en la parte considerativa.\n           6.- En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley.\nRedacta el Magistrado Sánchez Rodríguez; y,\nCONSIDERANDO:\n\nI.- ANTECEDENTES: Por acción presentada el 05 de abril de 2010, el actor señaló que ingresó a laborar para el Estado el 19 de marzo de 1980 y diecinueve o veinte años antes de presentar la demanda, fue trasladado a la Zona Sur, Parque de Corcovado, destacándosele luego en el Sistema Nacional de Áreas Conservación Osa, conocido como ACOSA. Su salario mensual aproximado en los últimos seis meses de relación fue de novecientos cincuenta mil colones, el cual se componía de base más pluses. El 20 de junio de 2008, el Ministro del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones presentó ante la Dirección General de Servicio Civil una gestión de despido en su contra, por la supuesta comisión de faltas en la elaboración de un informe de inspección  para un visado de un plano de la empresa TWINFALLS, S.A., documento que asegura él no confeccionó, sino que tan solo lo firmó, ya que en la diligencia nada más acompañó en calidad de apoyo al funcionario [...]. Relató que la finca a la cual acudió a hacer  la inspección, se encuentra contiguo al Parque Nacional Marino Ballena, pero su participación en esa gestión no fue activa porque él desconoce las formalidades de un trámite de visado de planos. Resaltó que la finca inspeccionada está fuera del Parque dicho y que los mojones colocados por el Instituto Geográfico Nacional están mal ubicados, según un informe elaborado por el ingeniero forestal [...]. Expuso que el Tribunal de Servicio Civil no aceptó el ofrecimiento de prueba para mejor resolver que hizo el 17 de diciembre de 2008, tampoco se hizo una inspección de campo, tan solo el Tribunal se limitó a pedir un informe que el demandante no tuvo oportunidad de contradecir. Por resolución emitida el 23 de enero de 2009 se autorizó su despido, decisión que apeló ante el Tribunal de Trabajo, Sección Segunda del Segundo Circuito Judicial de San José, quien como jerarca impropio ratificó la decisión de despedirle. Ante aquel despacho judicial alegó nulidad de la resolución administrativa porque en esa sede se carecía de un documento original con el que se tramitó el proceso, además no se le otorgó audiencia sobre él, y si los autos no estaban listos para el dictado del acto final por haber aportado documentos adicionales, se omitió darle audiencia al Ministro gestionante del despido, y por último, por violentarse el objeto de esos procesos disciplinarios, cual es la búsqueda de la verdad real. Expuso que el Ministro actor recibió la notificación de la resolución que dejó en firme el despido el 4 de febrero de 2010, sin embargo, la notificación del despido fue publicada hasta el 5 de marzo siguiente, pero antes de esa data no había recibido la notificación del cese, aunque entiende que ese hecho ocurre a partir del 10 de marzo de 2010, por lo que consideró que el despido prescribió. Solicitó que en sentencia se declare que el proceso seguido en su contra en el Tribunal de Servicio Civil fue ilegal, violatorio del debido proceso, su derecho  de defensa y el principio de contradicción, basado en prueba espuria. Que la facultad de despedirle estaba prescrita además de que no se le entregó carta de cese, que se le debe reinstalar en el puesto que venía disfrutando antes del despido, reconocimiento de salarios caídos desde marzo de 2010 hasta la fecha en que efectivamente se le reinstale, pago de vacaciones, aguinaldos, salarios escolares y cualesquiera otro plus salarial que le correspondiese, así como todos los ajustes en esos sobresueldos. Subsidiariamente, en caso de no concederse la reinstalación, pidió se le pague el auxilio de cesantía, preaviso, vacaciones y aguinaldos proporcionales. Que en caso de acogerse la pretensión principal o la subsidiaria, se le debe cancelar los daños y perjuicios equivalentes a seis meses de salario, así como intereses, indexación y costas (folios 1 a 20). La representante estatal contestó según escrito presentado al Juzgado el 17 de mayo de 2010, interpuso las excepciones de falta de derecho, falta de legitimación ad causam pasiva y litis consorcio pasivo necesario e incompleto, solicitó se declare sin lugar la demanda y se condene al actor al pago de ambas costas (folio s 82 a 114). Por resolución de las 13:33 horas del 4 de mayo de 2011 (folio 139), el Juzgado acogió la excepción de litis consorcio pasivo necesario e incompleto y ordenó integrar a la litis al Sistema Nacional de Áreas de Conservación. El a -quo por sentencia n.º 463-2014 de las 09:15 horas del 21 de marzo de 2014, acogió las defensas de falta de derecho y falta de legitimación pasiva, declaró sin lugar la demanda y condenó al actor al pago de ambas costas, fijando las personales en el quince por ciento de la absolutoria (folio s 289 a 300). Ambas partes apelaron lo resuelto (folio s 302 a 318 y 319 a 320), y el Tribunal por sentencia n.º 206 de las 09:10 horas del 11 de mayo de 2016, modificó la sentencia en cuanto al extremo de costas, y fijó los honorarios de abogado en trescientos mil colones (folio s 326 a 331).     \n\nII.- AGRAVIOS: El apoderado especial judicial del actor, inconforme con el fallo emitido por el Tribunal, acude a esta tercera instancia rogada, argumentando sus agravios de la siguiente manera: 1.- Manifiesta que el testigo [...], de quien el demandado fundamenta el despido, expuso que no realizó materialmente el informe porque por sus condiciones físicas y el sobrepeso que posee, le impidieron participar en las mediciones con un GPS y “desde largo” pudo observar que otra persona recorrió el área de interés, por lo que ese deponente, quien firmó el informe, no puede dar fe de las mediciones, amén de que no es topógrafo y laboró amparado en mojones que estableció el Instituto Geográfico Nacional, pero su colocación fue mal efectuada. Estas situaciones no fueron valoradas por las autoridades juzgadoras precedentes. 2.- El Tribunal asume como correctos los hechos probados numerados en la sentencia de primera instancia, entre ellos el 4 en el punto 2, en el que se tiene por demostrado que el demandante hizo incurrir en error a la Oficina de Atención al Usuario, al dar el visado n.º 067 del año 2007, por considerar que la finca de Twinfalls S.A. está fuera de áreas protegidas, pero tiene parte en el Parque Marino Ballena, dentro de una zona de humedal, no obstante esa apreciación es incorrecta, ya que un humedal para tener protección debe estar declarado por ley según el artículo 32 de la Ley Orgánica del Ambiente n.º 7554. Además, recrimina el hecho probado aludido, porque considera que el demandante demostró que él no hizo el informe de aquella finca y porque no existe humedal declarado en esa zona, como tampoco se demostró que el actor emitió el visado. Reclama una inaplicación del principio pro operario, el cual el Tribunal descarta amparado en el voto de la Sala Constitucional n.º 1696-92, emitido en un proceso en el que se discutió la aplicación de laudos arbitrales en el sector público, tema ajeno a este proceso. 3 .- Razona que el artículo 603 del Código de Trabajo, establece que el empleador tiene un mes para despedir a los trabajadores y la prescripción se interrumpe con la notificación del trabajador de la decisión de despedir; y tal comunicación debe hacerse en forma personal o en su casa de habitación, no mediante edicto, y en el caso del actor, el plazo para cesarle comenzó a correr  a partir del momento en que quedó notificada de resolución del Tribunal de Trabajo de la autorización para despedir. Detalla que siendo aún empleado del MINAET, residía en una casa propiedad del Estado, ahí tenía su oficina y atendía usuarios y dado que en ocasiones laboraba fuera de ese lugar, bien se le pudo ordenar que permaneciera en el centro laboral para que recibiera la notificación del cese, y en todo caso debía notificársele en su trabajo que era su misma residencia. Aclara que en el proceso bajo estudio, la potestad disciplinaria prescribió, ya que al demandado se le notificó el 4 de febrero de 2010 la resolución del Tribunal de Trabajo que avaló el despido autorizado por el Tribunal de Servicio Civil, y la publicación de la notificación del cese, que considera inapropiada como medio de notificación, se efectuó hasta el 5 de marzo de 2010, es decir un mes y un día después de notificado, acaeciendo así el plazo establecido en el numeral 603 citado. La parte accionada defiende su decisión de comunicar el despido por publicación mediante edicto porque al demandado no se le pudo hallar en su casa ni en el trabajo ya que estaba incapacitado, pero recalca que aún y si esa forma de notificación fuera correcta, se hizo después de transcurrido el plazo de ley ya que el mes para proceder comenzó a correr a partir del mismo día en el que fue notificado el Estado, según lo establece el inciso 4 del artículo 256 de la Ley General de la Administración Pública. 4 .- Reclama una indebida apreciación de la prueba, ya que el Tribunal sostiene que si bien el actor no efectuó el informe, avaló las recomendaciones para que se diera el visado, lo cual considera incorrecto porque si no efectuó el informe, como está demostrado, no puede desprenderse de ello que el actor dio la recomendación para el visado, pues esa acción deriva del informe, es decir de [...], quien fue el que lo confeccionó. Tampoco se valoró un supuesto error que existe en el amojonamiento efectuado por el Instituto Geográfico Nacional. De existir ese error, ninguna persona, ni siquiera una autoridad judicial puede modificarlo por no estar autorizado para ello, ya que para hacer cambios en el amojonamiento, debe seguirse un protocolo, no simplemente obviar el materialmente hecho por el IGN o deducir e indicar que el hecho por aquella institución está equivocado, y de esa manera derivar sanciones para los funcionarios que actúan amparados en un acto administrativo emanado por la entidad competente para fijar los mojones. 5.- Un despido es un acto que debe notificarse por escrito y personalmente entregado al trabajador, ya sea en su lugar de trabajo o su casa de habitación; de ahí que la publicación por edicto no es un modo de comunicación de ese acto válidamente aceptado, según los artículos 1 de la Ley de Notificaciones Judiciales n.º 8687 y 241 de la Ley General de la Administración Pública, y en el excepcional caso de proceder esa forma de comunicación, la misma se tendrá por hecha cinco días después de la tercera publicación. En todo caso, tanto el lugar de trabajo como de residencia eran ampliamente conocidos por el empleador, constaban en su expediente de servicio, amén de que se encontraba laborando para el tiempo en que se pretendía notificar el despido, de ahí que la publicación era improcedente (folio s 337 a 359).\n\nIII.- SOBRE EL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO: El Capítulo IX “Del Régimen del Despido” del Estatuto de Servicio Civil, regula el procedimiento a seguir para despedir a una persona servidora pública. El artículo 43 de ese cuerpo normativo en lo de interés estipula: “Los servidores públicos sólo podrán ser removidos de sus puestos si incurrieren en las causales que determina el artículo 81 del Código de Trabajo y 41, inciso d), de esta ley, o en actos que impliquen infracción grave del presente Estatuto, de sus reglamentos, o de los Reglamentos Interiores de Trabajo respectivos. / La calificación de la gravedad de las faltas la harán en detalle el Reglamento de esta ley y los Reglamentos Interiores de Trabajo. / Todo despido justificado se entenderá hecho sin responsabilidad para el Estado y hará perder al servidor todos los derechos que esta ley concede, excepto los adquiridos conforme a la Ley General de Pensiones; siempre que se realice con observancia de las siguientes reglas: / a) El Ministro someterá por escrito a conocimiento de la Dirección General de Servicio Civil su decisión de despedir al trabajador con expresión de las razones legales y hechos en que la funda. / b) La Dirección General de Servicio Civil hará conocer al servidor la gestión de despido y le dará un plazo improrrogable de diez días, contados a partir de la fecha en que reciba la notificación, a fin de que exponga los motivos que tenga para oponerse a su despido, junto con la enumeración de pruebas que proponga en su descargo. / c) Si vencido el plazo que determina el inciso anterior, el servidor no hubiere presentado oposición o si expresamente hubiere manifestado su conformidad, quedará despedido en definitiva, sin más trámite, salvo que pruebe no haber sido notificado por la Dirección General de Servicio Civil o haber estado impedido por justa causa para oponerse… / e) Si el interesado se opusiere dentro del término legal, la Dirección General de Servicio Civil, levantará la información que proceda, a cuyo efecto podrá dictar el secreto de la misma; dará intervención a ambas partes, evacuará las pruebas que se hayan ofrecido y las demás que juzgue necesario ordenar, en un plazo improrrogable de quince días, vencidos los cuales enviará el expediente al Tribunal de Servicio Civil, que dictará el fallo del caso. A ese efecto, si el Tribunal lo estima necesario, podrá mandar ampliar la investigación, recibir nuevas pruebas y practicar todas las demás diligencias que considere convenientes para su mejor juicio, gozando de amplia facultad para la calificación y apreciación de las circunstancias de hecho que tengan relación con el caso a resolver”. Consta en el expediente administrativo tomo I, la gestión de despido incoada por el Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones contra [Nombre 001], en la que se solicita a la Dirección General de Servicio Civil realizar la instrucción correspondiente y una vez concluida, se eleve el expediente al Tribunal del Servicio Civil, para que declare con lugar la gestión de despido sin responsabilidad para el Estado (folios 1 a 10 del tomo I del expediente del Tribunal del Servicio Civil). Mediante resolución AJD-RES-257-2008 del 23 de junio de 2008, la Asesoría Jurídica de la Dirección General de Servicio Civil, tuvo por instaurado el procedimiento disciplinario contra el actor, con el fin de averiguar la verdad real de los siguientes cargos al imputado: “1. elaboró un informe en el cual consigna información que no se apega a la realidad, lo cual constituye una FALTA GRAVE a sus funciones como servidor público, ocasionando un perjuicio a los intereses de la institución y pérdida de la confianza por violación a los principios y deberes contemplados en la Constitución Política, Ley General de la Administración Pública y Reglamento Autónomo de Servicio del Ministerio del ambiente. 2. Que con la emisión de su informe, indujo a que la Oficina de atención al usuario (OFAU), diera el visado número 067 del 2007, consignando en el documento que el inmueble propiedad de la sociedad Twinfalls S.A. se encuentra fuera de cualquier área silvestre, cuando en realidad el inmueble tiene parte de su área dentro del Parque Nacional Marino Ballena y contiene porción significativa dentro de la zona de humedal. 3. Que dicha falta provoca que se cometa un perjuicio para la consolidación del Patrimonio Natural del Estado. 4. Que el estudio de factibilidad presentado por usted omite datos de importancia acerca de la finca, como la construcción de unos canales, violentando los artículos, 11, 13, 111, 113, 199 y 221 de la Ley General de la Administración Pública, 81 del Código de Trabajo y 1, 7, 13, 16, 17, 18, 22, 24, 26, 105 y 109 del reglamento Autónomo de Servicios del Ministerio de Ambiente y Energía”. En ese mismo acto le otorgó al actor [Nombre 001] acceso al expediente administrativo que se encontraba en la Asesoría Jurídica de la Dirección General de Servicio Civil, para que, dentro del plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente al recibo de la notificación de ese acto, procediera a rendir por escrito su oposición a los cargos que se le atribuían, presentando toda la prueba de descargo que tuviere. Se le informaba que tenía derecho a hacerse asistir por un profesional en derecho, perito o cualquier especialista que considerara necesario durante la tramitación de dicho procedimiento y se le previno señalar lugar físico, casa u oficina o un número de fax, donde atender futuras notificaciones advirtiéndole que de no señalar lugar para atenderlas o si el indicado fuere impreciso o no existiere, se le tendría por notificado con el transcurso de veinticuatro horas después de dictada la respectiva resolución (folios 11 a 14 del tomo I del expediente del Tribunal del Servicio Civil), y se comisionó a [...] jefe de la Delegación Cantonal de Osa, Ciudad Cortez, para que notificara a [Nombre 001], quien laboraba en el Área de Conservación de Osa, Oficina Humedal Nacional Térraba Sierpe (folios 15 a 16 y 17 a 25 del tomo I del expediente del Tribunal del Servicio Civil). El encausado por medio de su abogado defensor rechazó los cargos atribuidos, alegando no haber incurrido en falta alguna que conlleve a responsabilidad u origine pérdida de confianza, opuso la excepción de prescripción de la potestad disciplinaria y alegó violación del debido proceso y derecho de defensa, por inexistencia de una relación precisa y circunstanciada de hechos, así como la ausencia de formulación de cargos (folios 32 a 34 del tomo I del expediente del Tribunal del Servicio Civil), excepción y alegatos de violación del debido proceso y derecho de defensa, que mediante resolución de las 8:10 horas del 20 de octubre de 2008, el Tribunal de Servicio Civil desestimó por improcedentes (folios 53 a 57 del tomo I del expediente del Tribunal del Servicio Civil). En resolución final del Tribunal de Servicio Civil n.° 11266 de las 8:45 horas del 23 de enero de 2009, se resolvió: “En merito de lo expuesto, disposiciones legales citadas y artículos 14, inciso a) y 190 inciso a) del Estatuto de Servicio Civil y 63 inciso a) de su Reglamento, SE DECLARA: CON LUGAR la gestión promovida por el Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones para despedir al servidor [Nombre 001] de su puesto clase Profesional Bachiller Jefe 1, sin responsabilidad para el Estado. En consecuencia, queda autorizado el Poder Ejecutivo para despedir al indicado servidor. Contra la presente resolución cabe el recurso de apelación, ante este Tribunal y con la debida expresión de agravios, de conformidad con lo que establece el artículo 44 del Estatuto de Servicio Civil…” (folios 241 a 250 del tomo I del expediente del Tribunal del Servicio Civil). El actor apeló lo resuelto en escrito del 2 de febrero de 2009 (folios 273 a 276 del tomo I del expediente del Tribunal del Servicio Civil) y el Tribunal de Trabajo, Sección Primera del Segundo Circuito Judicial de San José (como órgano jerárquico impropio), en resolución definitiva de las 8:05 horas del 6 de enero de 2010, resolvió: “Se mantiene lo resuelto por el Tribunal de Servicio Civil, y se confirma la resolución venida en alzada” (folios 292 a 297 del tomo I del expediente del Tribunal del Servicio Civil y 11 a 21 del legajo de pruebas aportado por la Procuraduría General de la República), resolución válida y eficaz que se notificó por fax al Ministerio de Ambiente y Energía el 4 de febrero de 2010 y se tuvo por notificado al actor al día siguiente hábil después de los cinco intentos para notificarle por fax, efectuados entre el 4 y 5 de febrero de 2010 o sea el 8 de ese mes y año (folios 298 y 299 del tomo I del expediente del Tribunal del Servicio Civil). Examinado el proceso administrativo de gestión de despido seguido al actor, la Sala concluye que no lleva razón el recurrente al sentirse agraviado con el fallo del ad-quem que desestimó la demanda, al considerar que no se vulneró el debido proceso, derecho de defensa y principio contradictorio en el proceso administrativo de gestión de despido tramitado, ya que las resoluciones del Tribunal del Servicio Civil y del jerarca impropio, Tribunal Superior de Trabajo, Sección Primera del Segundo Circuito Judicial de San José, se dictaron respetando tales principios, por cuanto al accionante se le informó de los hechos y faltas a él endilgadas, de los recursos procedentes en contra de ese acto y de la posibilidad de revisar el expediente administrativo levantado con motivo de tal procedimiento, para que se opusiera a los cargos y presentara la prueba de descargo que tuviera, se le informó del derecho que tenía de hacerse asistir por un profesional en derecho, perito o cualquier especialista que considerara necesario durante la tramitación del procedimiento, por lo cual se estima que la gestión de despido seguida, no quebrantó los requisitos del debido proceso y derecho de defensa.\nIV.- SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA POTESTAD DISCIPLINARIA: En el proceso administrativo de gestión de despido que nos ocupa, de conformidad con el artículo 51 del Estatuto de Servicio Civil, lo no previsto en ese estatuto, sus reglamentos y leyes supletorias o conexas, se ha de resolver de acuerdo con el Código de Trabajo, que establece en su artículo 452 como de aplicación supletoria las disposiciones del Código Procesal Civil, cuando no contraríen el texto y los principios procesales contenidos en su Título Sétimo. Esos numerales señalan: Artículo 51 “Los casos no previstos en esta ley, en sus reglamentos o en sus leyes supletorias o conexas, se resolverán de acuerdo con el Código de Trabajo, la Ley de Seguro Social, los principios generales de Servicio Civil, los principios y leyes de derecho común, la equidad, la costumbre y el uso locales…” (la negrita es del redactor). Artículo 452 “ En cuanto no contraríen el texto y los principios procesales que contiene este Título, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código de Procedimientos Civiles…”, normativa que está reglada en los artículos 80 y 96 del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, que en su orden indican: “En cuanto no contraríen el texto y los principios procesales que contiene este capítulo, se aplicarán supletoriamente las disposiciones de los Códigos de Trabajo y de Procedimientos Civiles. / Si hubiere omisión de procedimientos en el presente capítulo, el Tribunal estará autorizado para aplicar las normas de los referidos Códigos por analogía o para idear el que sea más conveniente al caso, a fin de que pueda dictarse con prontitud la resolución que decida imparcialmente las pretensiones de las partes”, “ Si hubiere omisión de procedimientos en el presente capítulo, la Dirección General estará autorizada para aplicar por analogía las normas del Código de Trabajo y del Código Procesal Civil y para idear el que sea más conveniente al caso, a fin de que pueda obtenerse sumariamente la mejor información de los hechos…”. Por RESOLUCIÓN-MINAET-SINAC-001-2010 de las 9:00 horas del 5 de febrero de 2010, el Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, homologó la resolución 11266 dictada por el Tribunal de Servicio Civil, a las 8:45 horas del 23 de enero de 2009, confirmada por la resolución 0002 de las 8:45 horas del 6 de enero de 2010, dictada por el Tribunal de Trabajo, Sección Primera del Segundo Circuito Judicial de San José e instruyó a la Oficina de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, para que procediese a ejecutar el acto definitivo y emitiera la acción de personal de cesación inmediata sin responsabilidad patronal del señor [Nombre 001] [...], ordenando su comunicación al Área de Conservación Osa para lo de su cargo (folios 30 a 32 del legajo de pruebas aportado por la Procuraduría General de la República). En ese legajo de prueba consta acta de notificación de las 11:00 horas del 24 de febrero de 2010, efectuada por la licenciada [...] (Asesora Legal del Área de Conservación Osa), en compañía de [...] y [...] , en la casa de habitación del señor [Nombre 001] con su hermano que se encontraba en el lugar, quien se negó a recibirla y la tiró al suelo indicando que se la llevaran porque no iba a recibir el documento (folios 51 a 52 del tomo I del expediente del Tribunal del Servicio Civil y 11 a 21 del legajo de pruebas aportado por la Procuraduría General de la República), notificación que se debe tener como válida al tenor del numeral 243 de la Ley General de la Administración Pública en relación con el párrafo segundo del artículo 4 de la Ley de Notificaciones, que permite realizar notificaciones de esa naturaleza en la casa de habitación o residencia de la persona. No obstante lo anterior, al no ubicársele en su casa de habitación y haberse incapacitado el actor del 28 de febrero al 10 de marzo de 2010, se procedió de forma inocua, a publicar en el Diario Oficial la Gaceta la notificación de la resolución indicada conforme lo dispone la Ley General de la Administración Pública (cuya primera publicación se hizo el 5 de marzo de 2010), cuando ya el encausado había sido válida y efectivamente notificado el 24 de febrero, por lo que a don [...] se le comunicó correctamente que su cese de funciones sin responsabilidad patronal, se haría a partir del 10 de marzo de 2010 (folios 55 a 56 del legajo de pruebas aportado por la Procuraduría General de la República). Así las cosas, partiendo del hecho de que el acto definitivo que autorizó la gestión de despido se notificó al Ministerio de Ambiente y Energía el 4 de febrero de 2010 y se tuvo por notificado al actor al día siguiente hábil después de los cinco intentos para notificarle, efectuados entre el 4 y 5 de febrero de 2010, y la resolución del Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones MINAET-SINAC-001-2010 de las 9:00 horas del 5 de febrero de 2010, que homologó la 11266 del Tribunal de Servicio Civil, confirmada por la 0002 del Tribunal de Trabajo, Sección Primera del Segundo Circuito Judicial de San José, instruyó a la Oficina de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, para que se procediera a ejecutar el acto definitivo, emitiera la acción de personal de cesación inmediata sin responsabilidad patronal del señor [Nombre 001] y se le notificara la decisión de despedirlo, lo que fue válidamente hecho el 24 de febrero de 2010 en su casa de habitación, no llegó a operar el plazo extintivo de un mes de prescripción de la potestad disciplinaria del ordinal 603 del Código de Trabajo.\n           V.- SOBRE LA FALTA GRAVE COMETIDA: Sostiene el recurrente que a lo largo del proceso llevado en su contra no se demostró las faltas graves a él endilgadas, pues nunca se verificó la verdad real de los hechos. No son atendibles los reparos del accionante de que con la prueba traída al proceso no se demostró que hubiese incurrido en las faltas endilgadas, pues con la documental de folios 53 a 65 de los autos, 237 a 239 Tomo I y 90 a 96 Tomo III del expediente administrativo del Tribunal de Servicio Civil, se demostró que el accionante en julio de 2007 elaboró un estudio de factibilidad que se contradice con el informe ACOSA-SRC-176-2008 del 30 de abril de 2008, porque mientras el actor indica que en la propiedad que se realizó el estudio, no se visualizan impactos significativos, por ser áreas de potreros con pasto caligulero y no hay construcción de canal, río o naciente, el informe ACOSA-SRC-175-2008 concluye que “1. Existe efectivamente un canal construido dentro de la propiedad de Twinfalls S.A., el cual drena la naciente dentro de la propiedad. / 2. Los mojones que limitan el Parque Nacional Marino Ballena, se ubican al borde del área de manglar, sitio hasta el cual llega el límite de la propiedad de Twinfalls S.A. / 3. Existe un camino en lastre en forma de U, de aproximadamente 500 metros de longitud el cual atraviesa sectores de humedal, sitio en el cual se rellenó con el fin de evitar que se inundase, prueba de lo cual es la permanencia de agua en la parte interna del mismo como se puede apreciar en algunas de las fotos que se presentan al final de este informe. / 4. Existe además, a partir del área delimitada por los mojones del ING toda un área de humedal dentro de la propiedad de Twinfalls S.A, cuyo ecosistema está siendo intervenido drásticamente mediante la chapea, quema, relleno y drenaje del mismo”. Se acreditaron además, contradicciones con el informe de inspección que firma en enero de 2007 y el elaborado por [...] en febrero de 2008, en cuanto a que la propiedad de Twinfalls S.A., no se encuentra dentro del Parque Nacional Marino Ballena u otras áreas protegidas, además se expresa que el área está compuesta de pastos, zacate alemán, estrella y escobilla, y no se observa ningún ecosistema, concluyendo con el visto bueno para el visado. Luego el ingeniero [...] hizo una inspección de verificación en la finca de Twinfalls S.A., en la cual señaló que se trata de un humedal de 5.3 hectáreas por los espejos de agua, pasto alemán y un área de 3.3 hectáreas dentro del Parque Nacional Marino Ballena. Ese ingeniero corroboró lo anterior con la testimonial evacuada tanto en esta sede como en la administrativa, al señalar al respecto: “Sí, yo en el informe indiqué que por las características del sitio concluí que era un humedal, por las características, físicas, biológicas y faunísticas del sitio es un humedal… Yo soy ingeniero forestal y tengo cursos de edafología que es el especialista en suelos, y entonces tal vez no soy un experto en suelos pero sí tengo el criterio para definir los sitios y las condiciones, si son humedales, bosques o terrenos de aptitud forestal (…) el humedal presenta un nivel freático, es decir, presencia de agua, espejo de agua, combinación de flora y fauna, presencia de aves, que no se encuentran en otros lados que no sea un humedal, que en ese sitio había ese día y también la descripción sumamente arcillosa del sitio… Lo que yo tengo entendido es que por las características de ser un humedal, está protegido por el Convenio Ramsar de humedales firmado por Costa Rica, se le debe dar protección, es un convenio a nivel mundial para la protección de los humedales, y obviamente está la protección que le da a los humedales la Ley Forestal y la Ley de Conservación de Vida Silvestre. La protección consiste en que no se puede drenar, no se puede rellenar, como había ahí, un camino que rellenó el humedal, y no se puede alterar cualquier condición del sitio… El Proyecto Las Palmas, según las coordenadas era el mismo sitio, tal vez, era una diferencia de coordenadas, pero siempre caían en la misma propiedad…” (folios 256 a 259). Por su parte, [...] dijo: “ …Hay características propias de un humedal, yo no tengo criterio técnico, que son como ciertas clases de flora y fauna, peces. … Sí, en esa ocasión vimos el espejo de agua, zacate alemán, aves como patillo de agua, piches con nidos, vimos un tipo de palmera, esto fue cuando lo hicimos con [...] y yo, yo le pregunté si era un humedal, y él me dijo que sí, que si procedía la denuncia… Sí, cuando fuimos la segunda vez, ya habían trabajos más avanzados. Habían hecho como un canal le habían hecho como aceras, como tipo estanque…” (folio 262). En sede administrativa indicó: “A raíz de una denuncia de la sociedad civil se nos denunció en el lugar conocido como Bahía Linda se estaban haciendo unos rellenos de un humedal en ese tiempo yo fungía como administrador del Parque Nacional Marino Ballena hice el recorrido por el sitio y pude comprobar que efectivamente estaba siendo rellenado el humedal debido a la falta de recursos físicos de personal pedí apoyo a la oficina subregional de diquis para plantear la denuncia a lo cual el compañero [...] procedió a prestarme el apoyo y el formuló la denuncia (…) aparentemente había permisos otorgados por la Municipalidad para dicho lugar, cabe mencionar que en dicho lugar habían muchas señas o características del humedal tipo vegetación tipo de fauna y el desarrollo que se estaba dando era grande había mucha maquinaria trabajando en dicho lugar y se procedió a pararlas cuando se formuló la denuncia…” (sic), agregó además, que se habían construido carreteras internas, principalmente sobre el humedal (folios 124 a 127 tomo I del expediente administrativo del Tribunal del Servicio Civil). También en sede administrativa el señor [...], declaró: “ … a mi me sorprendió poco recibir un día a un funcionario de la Municipalidad con un estudio relacionado al sitio y cuando veo el estudio veo que es un estudio que se realiza cercano al parque porque en el estudio dice que es cercano al parque y también firmado por don [...] otra situación es que dice creo que la zona o el proyecto no afectaría al parque…” [sic] (folios 130 a 136 tomo I del expediente administrativo del Tribunal del Servicio Civil). El accionante en su demanda refirió que los mojones solo pueden ser cambiados por el ING y que de acuerdo a los mismos, la propiedad no estaba protegida; sin embargo, el testigo [...] respecto de ese punto señaló: “Sí, él me consultó hasta donde se extendía, había la incertidumbre cual era el lindero del Parque Marino Ballena, si era toda el área marítimo terrestre o solo la zona pública…” (folios 260 a 261). Lo referido por el deponente [...] sobre la incertidumbre en los linderos no exime de responsabilidad al actor, por el contrario, si tenía duda al respecto, lo correcto era verificar la situación. En todo caso la existencia de humedales ya establecía una restricción para la recomendación del visado. Así las cosas, ha quedado demostrado que con su actuar, don [...] incurrió en infracción en el cumplimiento de sus deberes, al realizar un informe en el que plasmó datos falsos y engañosos. Incurrió en el incumplimiento de los deberes propios de su cargo, con lo cual se perdió la confianza que la administración había depositado en su persona como funcionario público, para cumplir a cabalidad con las funciones o labores que le fueron encomendadas, por el contrario recomendó la realización de actos ilegales y contrarios al interés público. Tales irregularidades no son propias de un funcionario público, menos aún tratándose de materia tan susceptible y protegida como la ambiental, en donde no se podían incluir en un informe datos que iban en contra de una realidad que se podía constatar a simple vista. El accionante omitió incluir características propias del terreno, como la de que se encontraban humedales en él y que formaba parte del Parque Nacional Marino Ballena, que contaba con vegetación propia de un humedal como zacate alemán y con una naciente de agua, lo que la hace una zona protegida por la naturaleza de esos sitios, las especie s y ecosistemas que ahí habitan. En ese sentido, fue muy claro en su deposición el señor [...], quien fungió como administrador del Parque Nacional Marino Ballena (folios 125 a 127). En igual sentido el Ingeniero Forestal [...] indicó que: “…Si se puede determinar inmediatamente que hay presencia de un humedal no hay que ser un experto en biología tropical para determinarlo básicamente por tres cosas, altos niveles freáticos espejos de agua y presencia de pasto alemán…” [sic] (folios 142 y 143 tomo I del expediente administrativo del Tribunal de Servicio Civil), datos que don [...], estando obligado a consignarlos en el informe no lo hizo, omisión que constituye un incumplimiento de los deberes propios de su cargo, así como el que se indujera a una indebida actuación por parte de la administración, afectando sobre manera el medio ambiente. Debe observarse que el informe rendido por don [...], consigna en la conclusión del mismo que: “ Se determina la propiedad a nombre de TWINFALLS S.A., en su totalidad es un área cubierta por pastos y potreros. En donde no se encuentran ecosistemas de bosque” emitiendo la siguiente recomendación: “ Se otorga el visto bueno para el visado de esta propiedad, ya que toda su área está comprendida por potreros y no afecta ningún tipo de ecosistema” (folios 237 a 239 tomo I del expediente administrativo del Tribunal de Servicio Civil). Ante esta situación y verificada la falta grave, lo que corresponde es confirmar la resolución recurrida, porque como bien se dijo en las instancias precedentes, las contradicciones encontradas en los documentos elaborados por el actor, configuran la causal de despido por pérdida de confianza que establece el artículo 81 del Código de Trabajo, por incumplimiento de los deberes y obligaciones impuestas en los artículos 11 de la Constitución política, 11, 13, 111, 113 199, 211 de la Ley General de la Administración Pública, 7, 13, 16, 18, 22 y 24 del Reglamento Autónomo de Servicios del Minaet.\n           VI.- SOBRE LA INDEBIDA APRECIACIÓN DE LA PRUEBA: En Materia laboral de conformidad con el artículo 493 del Código de Trabajo, los juzgadores deben apreciar la prueba en conciencia sin sujeción a las normas del derecho común, debiendo expresar los principios de equidad o cualquier otro género en que funden sus decisiones (ordinal 493 del Código de Trabajo y voto de la Sala Constitucional n.° 4448, de las 9:00 horas del 30 de agosto de 1996). En caso de ausencia o insuficiencia de prueba, la regla in dubio pro operario, como corolario del principio protector, autoriza a solucionar la cuestión por el tamiz del “onus probandi”. La regla consiste en aplicar un criterio favorable al trabajador, en casos de auténtica duda para valorar el alcance o el significado de una prueba, no para suplir omisiones, pero sí para apreciar adecuadamente el conjunto de elementos probatorios, teniendo en cuenta las diversas circunstancia s del caso. Si bien es cierto, la prueba debe ser analizada sin arbitrariedad alguna y amparada a las reglas de la sana crítica, no lleva razón el recurrente al indicar que se le deben aplicar las normas propias del derecho laboral, pues como lo ha dicho esta Sala en el voto 657 de las 9:57 horas del 29 de julio de 2009, las relaciones de servicios con los funcionarios públicos se rigen por principios propios, en esa resolución se dijo: “...Si bien es cierto en materia laboral imperan principios que buscan tutelar al trabajador, como el de primacía de la realidad y del in dubio pro operario, no se puede dejar de lado que no estamos en presencia de una relación de empleo privada, sino de servicio público y que, en este campo rigen principios distintos -principios de derecho público- que incluso, pueden ser contrapuestos a los de aquella especial materia, por lo que en estos casos, es la naturaleza de la relación la que establece los principios y reglas a aplicar. La Sala Constitucional en el Voto No 1696 de las 15:30 horas del 23 de agosto de 1992, se pronunció en este sentido: ‘Este régimen de empleo público implica, necesariamente, consecuencias derivadas de la naturaleza de esa relación, con principios generales propios, ya no solo distintos de los del derecho laboral (privado), sino muchas veces contrapuestos a estos’. Así las cosas, de conformidad con el principio de legalidad que impera en el Sector Público, solo pueden considerarse lícitas y efectivas como obligaciones a cargo de los respectivos entes aquellas que se encuentren autorizadas por el ordenamiento (artículos 11 de la Constitución Política y 11 y 13 de la Ley General de la Administración Pública)…”. En consecuencia, no es atendible el agravio de que el fallo impugnado violentó el principio in dubio pro operario, ni ha existido duda de la actuación irregular del señor [Nombre 001] en el cumplimiento de sus deberes. En todo caso, de la prueba constante en autos se deduce sin dubitación alguna, que en el punto 4 de los hechos probados, subpunto 2 se dice que el actor “indujo a error a la Oficina de Atención al usuario al dar el visado N°67 de 2007, consignando que el inmueble propiedad de Twinfalls S.A. está fuera de áreas protegidas cuando tiene parte en el Parque Marino Ballena dentro de la zona de humedal”, lo que nunca desvirtuó el accionante. El criterio del recurrente de que para tener protección un humedal, debe estar declarado según el ordinal 32 de la Ley Orgánica del Ambiente, no es acertado. Lo substancial es su existencia, la cual se corroboró en el caso que nos ocupa, por lo que no es un requisito sine qua non para su protección, que se haya declarado como tal. En cuanto al informe, si bien el demandante no lo elaboró, lo avaló al suscribirlo y por ende, efectivamente dio la recomendación para que se diera el visado solicitado, razón por la cual no puede sostenerse, que por existir un humedal aun no declarado no se haya afectado o perjudicado la consolidación del patrimonio natural del Estado. Todo lo enunciado fue debidamente valorado por los juzgadores de las instancias precedentes para resolver como se hizo, ya que los hechos probados se ajustan en un todo a lo demostrado por el demandado desde la gestión del despido, en vía administrativa. En cuanto a que no se valoraron situaciones por él expuestas, sino solo lo expresado por el Estado en la gestión de despido y la contestación de la demanda, se ha de señalar que si bien se alega la existencia de un supuesto error en el amojonamiento, lo cierto es que se está en presencia de un humedal y se debía cuidar el patrimonio natural del Estado, y al haber actuado el demandante de forma negligente (por no decir dolosa) en el ejercicio de sus funciones, indujo a error a su empleador y por consiguiente, se le despidió por pérdida de confianza. No puede decirse que los juzgadores de las instancias precedentes para resolver como lo hicieron, se sustentaran solo en la documentación y manifestaciones del Estado y sus testigos, sino que todos los elementos probatorios fueron debidamente valorados. En el caso del testigo [...] a que alude el recurrente, el hecho de que no pudiera caminar en el humedal, no significa que no hubiese estado atento a que su acompañ ero realizara correctamente la inspección o recorrido con el GPS, por el contrario, el mismo [...] al suscribir el informe se hizo responsable de la inspección, porque él fue quien la firmó. Además, no se ha demostrado que como testigo haya faltado a la verdad en su deposición, respecto de lo observado por él y consignado en el informe de inspección. Por otro lado, el estudio de factibilidad preparado por el accionante tiene que ver con la finca Twinfalls S.A. y no está demostrado que la ubicación del terreno sea diferente a la que alude el fallo impugnado. El hecho de que se ejecutaran o no las obras a las que alude el Estudio de Factibilidad Ambiental de Obras, o de que se haya o no hecho uso del visado obtenido, en nada enerva la pérdida de confianza a él endilgada por el empleador, para su cese sin responsabilidad patronal, por lo que se debe confirmarse el fallo impugnado.\nVII.- CONSIDERACIONES FINALES: De conformidad con lo expuesto, al no ser atendible ninguno de los reparos de la parte recurrente, se debe confirmar la sentencia impugnada.\nPOR TANTO:\nSe confirma la sentencia recurrida .\n\n\n\n\nOrlando Aguirre Gómez\n\n\n\n\nJulia Varela Araya                                                   Eva María Camacho Vargas\n\n\n\n\nLuis Porfirio Sánchez Rodríguez                 Mario Antonio Gutiérrez Quintero\n\n\n\n\n\n\njjmb.-\n 2\nEXP: 10-000474-0166-LA\n\n\n Teléfonos: 2295-3671, 2295-3676, 2295-3675 y 2295-4406. Facsímile: 2257-55-94. Correos Electrónicos: imoralesl@poder-judicial.go.cr. y  mbrenesm @poder-judicial.go.cr\n\nClasificación elaborada por SALA SEGUNDAdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 09-05-2026 08:26:08.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "**Protected Judgment**, in accordance with current regulations\n\n**Text of the Resolution**\n\n*100004740166LA*\n\n**Supreme Court of Justice**\n**SECOND CHAMBER**\n\n**Case File:** 10-000474-0166-LA\n**Resolution:** 2016-001015\n**SECOND CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE.** San José, at nine hours ten minutes on the twenty-third of September of two thousand sixteen.\nOrdinary proceeding established before the Labor Court of the Second Judicial Circuit of San José, by [Name 001], licensed in natural resource management and protection, resident of Alajuela, against the STATE, represented by its deputy procuradora, licensed Ana Lorena Pérez Mora, and the NATIONAL SYSTEM OF CONSERVATION AREAS. Acting as special judicial attorney-in-fact for the plaintiff is licensed Jorge Emilio Regidor Umaña. All are of legal age, married, and residents of San José, except as indicated.\n**WHEREAS:**\n1.- The plaintiff, in a document dated April fifth, two thousand ten, brought this action so that the judgment would order his reinstatement to his position, recognition of back pay (*salarios caídos*), payment of vacation days, year-end bonuses (*aguinaldos*), school bonuses (*salarios escolares*), and any other salary supplement (*plus salarial*) to which he was entitled, as well as all adjustments to those additional payments. In the alternative, should reinstatement not be granted, he requested payment of severance pay (*auxilio de cesantía*), notice pay (*preaviso*), proportional vacation days, and proportional year-end bonuses. That should the main or alternative claim be upheld, he must be paid damages equivalent to six months' salary, as well as interest, indexing, and costs of the proceeding.\n2.- The state representative answered in the terms indicated in the brief dated May fourteenth, two thousand ten, and raised the defenses of lack of standing to sue, and lack of passive legal standing (*falta de legitimación ad causam pasiva*).\n3.- The co-defendant, the National System of Conservation Areas, did not answer the complaint.\n4.- The Labor Court of the Second Judicial Circuit of San José, by judgment at nine hours fifteen minutes on March twenty-first, two thousand fourteen, ruled: \"Reasons set forth, article 11 of the Political Constitution, articles 11, 13, 111, 113, 199, 211 of the General Law on Public Administration and articles 7, 13, 16, 22, 24 of the Autonomous Service Regulations of MINAET. It is resolved: PROCEDURE: The judicial inspection requested by the plaintiff in his complaint is rejected as unnecessary. ON THE MERITS: The complaint filed by [Name 001] against THE STATE, represented by the Procuradora Ana Lorena Pérez Mora and against SINAC, is declared WITHOUT MERIT in all its aspects. The defenses of lack of standing to sue and lack of passive legal standing raised by the State are upheld. The incomplete necessary joinder of parties was decided in an interlocutory manner. The plaintiff is ordered to pay both costs and personal costs are set at fifteen percent of the acquittal...\". (Sic)\n5.- The plaintiff appealed, and the Labor Tribunal, First Section, of the Second Judicial Circuit of San José, by judgment at nine hours ten minutes on May eleventh, two thousand sixteen, resolved: \"It is declared that in the present proceeding there are no defects implying nullity or defenselessness. Regarding the matters appealed, the order to pay costs is modified to the prudent sum of three hundred thousand colones. In all other respects, the judgment is affirmed.\"\n6.- The special judicial attorney-in-fact for the plaintiff filed an appeal before this Chamber in a brief dated June twentieth, two thousand sixteen, which is based on the grounds that will be stated in the considerations section.\n6.- The procedural requirements established by law have been observed.\nDrafted by Magistrate Sánchez Rodríguez; and,\n\n**CONSIDERING:**\n\n**I.- BACKGROUND:** By complaint filed on April 5, 2010, the plaintiff stated that he began working for the State on March 19, 1980, and nineteen or twenty years before filing the complaint, he was transferred to the Southern Zone, Corcovado Park, later being assigned to the Osa Conservation Area National System, known as ACOSA. His approximate monthly salary for the last six months of the employment relationship was nine hundred fifty thousand colones, which consisted of base pay plus supplements. On June 20, 2008, the Minister of Environment, Energy and Telecommunications filed a dismissal proceeding against him with the General Directorate of the Civil Service, for the alleged commission of faults in the preparation of an inspection report for the approval (*visado*) of a map of the company TWINFALLS, S.A., a document that he claims he did not prepare, but only signed, since he merely accompanied the official [...] as a support person in the diligence. He related that the property he went to inspect is adjacent to the Marino Ballena National Park, but his participation in that proceeding was not active because he was unfamiliar with the formalities of a map approval process. He highlighted that the inspected property is outside the said Park and that the boundary markers (*mojones*) placed by the National Geographic Institute are poorly located, according to a report prepared by the forestry engineer [...]. He set forth that the Civil Service Tribunal did not accept the offer of evidence for a better decision that he made on December 17, 2008; nor was a field inspection conducted; the Tribunal simply requested a report that the plaintiff had no opportunity to contradict. By resolution issued on January 23, 2009, his dismissal was authorized, a decision he appealed before the Labor Tribunal, Second Section of the Second Judicial Circuit of San José, which, as an improper hierarch, ratified the decision to dismiss him. Before that judicial office, he alleged nullity of the administrative resolution because that venue lacked an original document used in the proceeding; furthermore, he was not granted a hearing regarding it, and if the case file was not ready for the issuance of the final act due to having submitted additional documents, the Minister requesting the dismissal was not granted a hearing, and lastly, because the purpose of those disciplinary proceedings—the search for the real truth—was violated. He stated that the acting Minister received notification of the resolution that upheld the dismissal on February 4, 2010; however, notification of the dismissal itself was not published until the following March 5, and before that date he had not received notification of the termination, although he understood that this fact occurred as of March 10, 2010, so he considered that the dismissal's statute of limitations had expired. He requested that the judgment declare that the proceeding followed against him in the Civil Service Tribunal was illegal, violating due process, his right to defense, and the principle of contradiction, based on spurious evidence. That the power to dismiss him had expired, in addition to the fact that he was not given a termination letter; that he be reinstated in the position he held before the dismissal, with recognition of back pay from March 2010 until the date he is actually reinstated, payment of vacation days, year-end bonuses, school bonuses, and any other salary supplement to which he was entitled, as well as all adjustments to those additional payments. In the alternative, should reinstatement not be granted, he requested payment of severance pay, notice pay, proportional vacation days, and proportional year-end bonuses. That should the main or alternative claim be upheld, he must be paid damages equivalent to six months' salary, as well as interest, indexing, and costs (folios 1 to 20). The state representative answered in a brief filed with the Court on May 17, 2010, raising the defenses of lack of standing to sue, lack of passive legal standing, and incomplete necessary passive joinder of parties, requesting the complaint be declared without merit and the plaintiff be ordered to pay both costs (folios 82 to 114). By resolution at 13:33 hours on May 4, 2011 (folio 139), the Court upheld the defense of incomplete necessary passive joinder of parties and ordered the National System of Conservation Areas to be joined to the litis. The court of first instance (*a-quo*), by judgment No. 463-2014 at 09:15 hours on March 21, 2014, upheld the defenses of lack of standing to sue and lack of passive legal standing, declared the complaint without merit, and ordered the plaintiff to pay both costs, fixing personal costs at fifteen percent of the acquittal (folios 289 to 300). Both parties appealed the decision (folios 302 to 318 and 319 to 320), and the Tribunal, by judgment No. 206 at 09:10 hours on May 11, 2016, modified the judgment regarding the issue of costs, and set attorney's fees at three hundred thousand colones (folios 326 to 331).\n\n**II.- GRIEVANCES:** The plaintiff's special judicial attorney-in-fact, dissatisfied with the ruling issued by the Tribunal, comes to this third instance seeking review, arguing his grievances as follows: 1.- He states that the witness [...], on whom the defendant based the dismissal, testified that he did not materially create the report because his physical conditions and excess weight prevented him from participating in the measurements with a GPS, and \"from afar\" he could observe that another person traversed the area of interest; therefore, this deponent, who signed the report, cannot attest to the measurements, besides the fact that he is not a surveyor and worked relying on boundary markers established by the National Geographic Institute, but their placement was poorly done. These situations were not assessed by the preceding judicial authorities. 2.- The Tribunal assumes the proven facts numbered in the first-instance judgment are correct, among them proven fact 4, point 2, in which it is considered proven that the plaintiff caused the User Service Office to err, by giving approval No. 067 of 2007, by considering that the property of Twinfalls S.A. is outside protected areas, but it has a part within the Marino Ballena Park, within a wetland zone; however, that assessment is incorrect, since a wetland, to have protection, must be declared by law according to article 32 of the Organic Environmental Law No. 7554. Furthermore, he objects to the aforementioned proven fact, because he considers that the plaintiff demonstrated that he did not make the report for that property, and because no wetland is declared in that zone, nor was it demonstrated that the plaintiff issued the approval. He claims a non-application of the principle of *pro operario*, which the Tribunal dismisses based on Constitutional Chamber holding No. 1696-92, issued in a proceeding in which the application of arbitration awards in the public sector was discussed, a topic unrelated to this case. 3.- He reasons that article 603 of the Labor Code establishes that the employer has one month to dismiss workers, and the statute of limitations is interrupted with the worker's notification of the decision to dismiss; such communication must be made personally or at their dwelling house, not by edict, and in the plaintiff's case, the period to terminate him began to run from the moment the Labor Tribunal's resolution authorizing the dismissal was notified. He details that while still an employee of MINAET, he resided in a house owned by the State, where he also had his office and assisted users, and given that he occasionally worked outside that place, he could well have been ordered to remain at the workplace to receive the termination notification, and in any case, he should have been notified at his workplace, which was also his residence. He clarifies that in the proceeding under study, the disciplinary power expired, since the defendant was notified on February 4, 2010, of the Labor Tribunal's resolution endorsing the dismissal authorized by the Civil Service Tribunal, and the publication of the termination notification, which he considers inappropriate as a means of notification, was carried out until March 5, 2010; that is, one month and one day after being notified, thus triggering the deadline established in the cited numeral 603. The plaintiff entity defends its decision to communicate the dismissal by publication via edict because the defendant could not be found at his home or at work since he was on medical leave, but he emphasizes that even if that form of notification were correct, it was made after the statutory deadline had passed, since the month to proceed began to run from the same day the State was notified, according to subsection 4 of article 256 of the General Law on Public Administration. 4.- He claims an improper assessment of evidence, since the Tribunal maintains that although the plaintiff did not create the report, he endorsed the recommendations for the approval to be given, which he considers incorrect because if he did not create the report, as has been demonstrated, it cannot be inferred from this that the plaintiff gave the recommendation for the approval, as that action derives from the report, that is, from [...], who was the one who prepared it. Nor was an alleged error in the boundary demarcation (*amojonamiento*) carried out by the National Geographic Institute assessed. If such an error exists, no person, not even a judicial authority, can modify it because they are not authorized to do so, since to make changes to the boundary demarcation, a protocol must be followed, not simply to ignore the one materially made by the IGN or to deduce and indicate that the one made by that institution is wrong, and in this way derive penalties for officials who act under the protection of an administrative act issued by the entity competent to set the boundary markers. 5.- A dismissal is an act that must be notified in writing and personally delivered to the worker, either at their workplace or their dwelling house; hence, publication by edict is not a validly accepted mode of communicating that act, according to article 1 of the Judicial Notifications Law No. 8687 and article 241 of the General Law on Public Administration, and in the exceptional case where this form of communication proceeds, it will be considered made five days after the third publication. In any case, both his workplace and residence were widely known to the employer and were contained in his service file, besides the fact that he was working at the time it was intended to notify the dismissal; hence, publication was inappropriate (folios 337 to 359).\n\n**III.- REGARDING THE DISCIPLINARY PROCEEDING:** Chapter IX, \"On the Dismissal Regime,\" of the Civil Service Statute, regulates the procedure to follow for dismissing a public servant. Article 43 of that regulatory body, in pertinent part, stipulates: \"Public servants may only be removed from their positions if they incur the grounds determined by article 81 of the Labor Code and article 41, subsection d), of this law, or in acts that imply a serious infraction of this Statute, its regulations, or the respective Internal Labor Regulations. / The classification of the seriousness of the faults shall be made in detail by the Regulation of this law and the Internal Labor Regulations. / Any justified dismissal shall be understood as made without liability for the State and will cause the servant to lose all the rights this law grants, except those acquired in accordance with the General Law on Pensions; provided it is carried out with observance of the following rules: / a) The Minister shall submit in writing, to the knowledge of the General Directorate of the Civil Service, his decision to dismiss the worker, with an expression of the legal reasons and facts on which it is based. / b) The General Directorate of the Civil Service shall make known to the servant the dismissal proceeding and shall grant him a non-extendable period of ten days, counted from the date on which he receives the notification, in order for him to set forth the reasons he has for opposing his dismissal, along with a list of evidence he proposes in his defense. / c) If, upon expiration of the period determined in the preceding subsection, the servant has not filed opposition or has expressly stated his conformity, he shall be definitively dismissed, without further process, unless he proves that he was not notified by the General Directorate of the Civil Service or that he was prevented by just cause from opposing… / e) If the interested party opposes within the legal term, the General Directorate of the Civil Service shall carry out the appropriate investigation, for which purpose it may order the secrecy thereof; it shall grant intervention to both parties, shall evacuate the evidence that has been offered and any other it deems necessary to order, within a non-extendable period of fifteen days, after which it shall forward the case file to the Civil Service Tribunal, which shall issue the ruling of the case. To that end, if the Tribunal deems it necessary, it may order the investigation to be expanded, receive new evidence, and conduct all other proceedings it considers convenient for its better judgment, enjoying broad authority for the classification and assessment of the factual circumstances related to the case to be resolved.\" The administrative file, Volume I, contains the dismissal proceeding initiated by the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications against [Name 001], in which the General Directorate of the Civil Service is requested to carry out the corresponding investigation and, once concluded, to elevate the case file to the Civil Service Tribunal, so that it declares the dismissal proceeding with merit, without liability for the State (folios 1 to 10 of Volume I of the Civil Service Tribunal file). By resolution AJD-RES-257-2008 of June 23, 2008, the Legal Advisory Office of the General Directorate of the Civil Service formally instated the disciplinary proceeding against the plaintiff, for the purpose of ascertaining the real truth regarding the following charges against the accused: \"1. He prepared a report containing information that does not conform to reality, which constitutes a SERIOUS FAULT against his duties as a public servant, causing harm to the interests of the institution and loss of confidence due to violation of the principles and duties contemplated in the Political Constitution, the General Law on Public Administration, and the Autonomous Service Regulation of the Ministry of the Environment. 2. That through the issuance of his report, he induced the User Service Office (OFAU) to grant approval number 067 of 2007, stating in the document that the property owned by the company Twinfalls S.A. is located outside any wilderness area, when in reality the property has part of its area within the Marino Ballena National Park and contains a significant portion within the wetland zone. 3. That said fault causes harm to the consolidation of the State's Natural Heritage. 4. That the feasibility study presented by you omits important data regarding the property, such as the construction of some canals, violating articles 11, 13, 111, 113, 199, and 221 of the General Law on Public Administration, article 81 of the Labor Code, and articles 1, 7, 13, 16, 17, 18, 22, 24, 26, 105, and 109 of the Autonomous Service Regulation of the Ministry of Environment and Energy.\" In that same act, it granted the plaintiff [Name 001] access to the administrative file located in the Legal Advisory Office of the General Directorate of the Civil Service, so that, within a period of 10 business days, counted from the day following receipt of the notification of that act, he could proceed to present in writing his opposition to the charges attributed to him, submitting all the defense evidence he had. He was informed that he had the right to be assisted by a legal professional, expert, or any specialist he considered necessary during the processing of said proceeding, and he was warned to indicate a physical place, house or office, or a fax number, where to receive future notifications, warning him that if he did not indicate a place to receive them, or if the indicated place was imprecise or non-existent, he would be considered notified twenty-four hours after the respective resolution was issued (folios 11 to 14 of Volume I of the Civil Service Tribunal file), and [...] head of the Canton Delegation of Osa, Ciudad Cortez, was commissioned to notify [Name 001], who worked at the Osa Conservation Area, Térraba Sierpe National Wetland Office (folios 15 to 16 and 17 to 25 of Volume I of the Civil Service Tribunal file). The accused, through his defense attorney, rejected the attributed charges, alleging not having incurred any fault leading to liability or causing loss of confidence, raised the exception of prescription of the disciplinary power, and alleged violation of due process and the right to defense, due to the nonexistence of a precise and detailed relation of facts, as well as the absence of the formulation of charges (folios 32 to 34 of Volume I of the Civil Service Tribunal file), an exception and allegations of violation of due process and the right to defense, which by resolution at 8:10 hours on October 20, 2008, the Civil Service Tribunal dismissed as improper (folios 53 to 57 of Volume I of the Civil Service Tribunal file). In final resolution No. 11266 of the Civil Service Tribunal at 8:45 hours on January 23, 2009, it was resolved: \"By merit of the foregoing, cited legal provisions, and articles 14, subsection a) and 190, subsection a) of the Civil Service Statute and article 63, subsection a) of its Regulation, IT IS DECLARED: WITH MERIT the proceeding initiated by the Minister of Environment, Energy and Telecommunications to dismiss the servant [Name 001] from his position class Professional Bachelor Chief 1, without liability for the State. Consequently, the Executive Branch is authorized to dismiss the indicated servant. Against this resolution, the appeal for reconsideration lies, before this Tribunal and with the proper expression of grievances, in accordance with the provisions of article 44 of the Civil Service Statute…\" (folios 241 to 250 of Volume I of the Civil Service Tribunal file). The plaintiff appealed the decision in a brief dated February 2, 2009 (folios 273 to 276 of Volume I of the Civil Service Tribunal file), and the Labor Tribunal, First Section of the Second Judicial Circuit of San José (acting as an improper hierarchical body), in a final resolution at 8:05 hours on January 6, 2010, resolved: \"The decision of the Civil Service Tribunal is upheld, and the resolution appealed is confirmed\" (folios 292 to 297 of Volume I of the Civil Service Tribunal file and 11 to 21 of the evidence bundle provided by the Attorney General's Office), a valid and effective resolution that was notified by fax to the Ministry of Environment and Energy on February 4, 2010, and the plaintiff was considered notified on the next business day after five attempts to notify him by fax, made between February 4 and 5, 2010, that is, on the 8th of that month and year (folios 298 and 299 of Volume I of the Civil Service Tribunal file). Having examined the administrative dismissal proceeding conducted against the plaintiff, the Chamber concludes that the appellant lacks basis for feeling aggrieved by the ruling of the court of second instance (*ad-quem*), which dismissed the complaint, by considering that due process, the right to defense, and the contradictory principle were not violated in the administrative dismissal proceeding processed, since the resolutions of the Civil Service Tribunal and the improper hierarch, the Superior Labor Tribunal, First Section of the Second Judicial Circuit of San José, were issued respecting such principles, inasmuch as the plaintiff was informed of the facts and faults attributed to him, of the remedies available against that act, and of the possibility of reviewing the administrative file created on the occasion of such proceeding, so that he could oppose the charges and present the defense evidence he had; he was informed of his right to be assisted by a legal professional, an expert, or any specialist he considered necessary during the processing of the proceeding, for which reason it is considered that the dismissal proceeding followed did not breach the requirements of due process and the right to defense.\n\n**IV.- REGARDING THE PRESCRIPTION OF THE DISCIPLINARY POWER:** In the administrative dismissal proceeding under consideration, in accordance with article 51 of the Civil Service Statute, matters not provided for in that statute, its regulations, and supplementary or related laws, shall be resolved in accordance with the Labor Code, which establishes in its article 452 the supplementary application of the provisions of the Civil Procedure Code, provided they do not contradict the text and procedural principles contained in its Seventh Title. Those articles state: Article 51: \"Cases not provided for in this law, in its regulations, or in its supplementary or related laws shall be resolved in accordance with the Labor Code, the Social Security Law, the general principles of the Civil Service, the principles and laws of common law, equity, custom, and local practice…\" (bold text is the drafter's). Article 452: \"To the extent they do not contradict the text and procedural principles contained in this Title, the provisions of the Code of Civil Procedure shall be applied supplementarily…\", regulations governed by articles 80 and 96 of the Regulation of the Civil Service Statute, which in turn indicate: \"To the extent they do not contradict the text and procedural principles contained in this chapter, the provisions of the Labor and Civil Procedure Codes shall be applied supplementarily. / Should there be omission of procedures in this chapter, the Tribunal shall be authorized to apply the rules of the referred Codes by analogy or to devise the one most convenient to the case, so that the resolution which impartially decides the claims of the parties may be issued promptly.\" \"Should there be omission of procedures in this chapter, the General Directorate shall be authorized to apply by analogy the rules of the Labor Code and the Civil Procedure Code and to devise the one most convenient to the case, so that the best information on the facts may be obtained summarily…\". By RESOLUTION-MINAET-SINAC-001-2010 at 9:00 hours on February 5, 2010, the Minister of Environment, Energy and Telecommunications, ratified resolution 11266 issued by the Civil Service Tribunal, at 8:45 hours on January 23, 2009, confirmed by resolution 0002 at 8:45 hours on January 6, 2010, issued by the Labor Tribunal, First Section of the Second Judicial Circuit of San José, and instructed the Human Resources Office of the National System of Conservation Areas to proceed to execute the definitive act and issue the personnel action for immediate termination without employer liability for Mr. [Name 001] [...], ordering its communication to the Osa Conservation Area for its corresponding charge (folios 30 to 32 of the evidence bundle provided by the Attorney General's Office).\n\nIn that evidentiary file, there is a record of notification from 11:00 a.m. on February 24, 2010, carried out by attorney [...] (Legal Advisor of the Osa Conservation Area), accompanied by [...] and [...], at the residence of Mr. [Name 001] with his brother who was at the location, who refused to receive it and threw it on the floor, indicating that they should take it away because he was not going to receive the document (folios 51 to 52 of volume I of the Civil Service Tribunal file and 11 to 21 of the evidentiary file provided by the Procuraduría General de la República), a notification that must be considered valid pursuant to numeral 243 of the Ley General de la Administración Pública in relation to the second paragraph of Article 4 of the Ley de Notificaciones, which allows notifications of that nature to be made at the person's dwelling house or residence. Notwithstanding the foregoing, since he could not be located at his dwelling house and the plaintiff was on sick leave from February 28 to March 10, 2010, an innocuous step was taken to publish the notification of the indicated resolution in the official gazette La Gaceta, as provided by the Ley General de la Administración Pública (the first publication was made on March 5, 2010), when the defendant had already been validly and effectively notified on February 24; therefore, Mr. [...] was correctly informed that his termination of employment without employer liability would take effect as of March 10, 2010 (folios 55 to 56 of the evidentiary file provided by the Procuraduría General de la República). Thus, based on the fact that the final act authorizing the dismissal procedure was notified to the Ministry of Environment and Energy on February 4, 2010, that the plaintiff was deemed notified on the next business day after the five attempts to notify him, made between February 4 and 5, 2010, and that Resolution No. MINAET-SINAC-001-2010 of the Minister of Environment, Energy and Telecommunications at 9:00 a.m. on February 5, 2010, which ratified Resolution 11266 of the Civil Service Tribunal, confirmed by Resolution 0002 of the Labor Tribunal, First Section of the Second Judicial Circuit of San José, instructed the Human Resources Office of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación to proceed to execute the final act, issue the personnel action for the immediate termination without employer liability of Mr. [Name 001], and notify him of the decision to dismiss him, which was validly done on February 24, 2010, at his dwelling house, the one-month extinguishment period for the statute of limitations on the disciplinary power under ordinal 603 of the Labor Code (Código de Trabajo) did not take effect.\n\nV.- REGARDING THE SERIOUS MISCONDUCT COMMITTED: The appellant maintains that throughout the process brought against him, the serious misconduct attributed to him was not demonstrated, since the true reality of the facts was never verified. The plaintiff's objections that the evidence brought to the process did not demonstrate that he had incurred the attributed misconduct are not acceptable, since the documentary evidence at folios 53 to 65 of the record, 237 to 239 of Volume I, and 90 to 96 of Volume III of the administrative file of the Civil Service Tribunal demonstrated that in July 2007, the plaintiff prepared a feasibility study that contradicts report ACOSA-SRC-176-2008 of April 30, 2008, because while the plaintiff indicates that in the property where the study was conducted, no significant impacts are seen, as they are pasture areas with caligulero grass and there is no construction of a channel, river, or spring (naciente), report ACOSA-SRC-175-2008 concludes that “1. There effectively exists a channel built within the property of Twinfalls S.A., which drains the spring (naciente) within the property. / 2. The boundary markers that limit the Ballena National Marine Park are located at the edge of the mangrove area, the point up to which the boundary of the Twinfalls S.A. property reaches. / 3. There is a U-shaped dirt road, approximately 500 meters long, which crosses wetland sectors, a site which was filled in order to prevent flooding, proof of which is the persistence of water on the inner side thereof, as can be seen in some of the photos presented at the end of this report. / 4. There also exists, starting from the area delimited by the IGN markers, an entire wetland area within the Twinfalls S.A. property, whose ecosystem is being drastically intervened through clearing, burning, filling, and draining thereof.” Furthermore, contradictions were proven between the inspection report he signs in January 2007 and the one prepared by [...] in February 2008, regarding whether the Twinfalls S.A. property is not located within the Ballena National Marine Park or other protected areas; additionally, it is stated that the area is composed of pastures, German grass, star grass, and escobilla, and no ecosystem is observed, concluding with approval for the visa. Later, engineer [...] conducted a verification inspection at the Twinfalls S.A. farm, in which he pointed out that it is a 5.3-hectare wetland based on the water mirrors, German grass, and a 3.3-hectare area within the Ballena National Marine Park. That engineer corroborated the foregoing with the testimonial evidence taken both in this venue and in the administrative venue, stating in this regard: “Yes, I indicated in the report that based on the site's characteristics, I concluded it was a wetland; due to the physical, biological, and faunal characteristics of the site, it is a wetland… I am a forestry engineer and I have courses in edaphology, which is the specialist in soils, and so perhaps I am not an expert in soils but I do have the criteria to define the sites and conditions, if they are wetlands, forests, or lands of forestry aptitude (…) the wetland has a water table, that is, presence of water, water mirror, combination of flora and fauna, presence of birds, which are not found in places other than a wetland, which were present at that site that day, and also the highly clayey description of the site… What I understand is that because of the characteristics of being a wetland, it is protected by the Ramsar Convention on Wetlands signed by Costa Rica, it must be given protection, it is a worldwide convention for the protection of wetlands, and obviously there is the protection given to wetlands by the Ley Forestal and the Ley de Conservación de Vida Silvestre. The protection consists of the fact that it cannot be drained, cannot be filled, as there was there, a road that filled the wetland, and any condition of the site cannot be altered… The Las Palmas Project, according to the coordinates, was the same site, perhaps there was a difference in coordinates, but they always fell within the same property…” (folios 256 to 259). For his part, [...] stated: “…There are characteristics typical of a wetland, I do not have technical criteria, which are like certain kinds of flora and fauna, fish. … Yes, on that occasion we saw the water mirror, German grass, birds like water duck, ducklings with nests, we saw a type of palm tree, this was when we did it with [...] and I, I asked him if it was a wetland, and he told me yes, that the complaint was appropriate… Yes, when we went the second time, there were already more advanced works. They had made something like a channel, they had made something like sidewalks, like a pond type…” (folio 262). In the administrative venue, he indicated: “As a result of a complaint from civil society, we were informed at the place known as Bahía Linda that some fillings of a wetland were being done; at that time I was serving as administrator of the Ballena National Marine Park, I toured the site and was able to verify that the wetland was indeed being filled; due to the lack of physical personnel resources, I asked for support from the Diquís subregional office to file the complaint, to which the colleague [...] proceeded to provide me with support and he formulated the complaint (…) apparently there were permits granted by the Municipality for that place, it is worth mentioning that in that place there were many signs or characteristics of the wetland, type of vegetation, type of fauna, and the development that was taking place was large, there was a lot of machinery working in that place, and it was stopped when the complaint was formulated…” (sic), he added, furthermore, that internal roads had been built, mainly on the wetland (folios 124 to 127 volume I of the administrative file of the Civil Service Tribunal). Also in the administrative venue, Mr. [...] declared: “… I was somewhat surprised one day to receive a municipal official with a study related to the site, and when I see the study, I see that it is a study conducted near the park because the study says it is near the park and it is also signed by Mr. [...], another situation is that it says, I believe, that the zone or the project would not affect the park…” [sic] (folios 130 to 136 volume I of the administrative file of the Civil Service Tribunal). The plaintiff in his lawsuit stated that the boundary markers can only be changed by the IGN and that according to them, the property was not protected; however, witness [...] regarding that point stated: “Yes, he consulted me about how far it extended; there was uncertainty as to what the boundary of the Marino Ballena Park was, whether it was the entire maritime terrestrial area or only the public zone…” (folios 260 to 261). The testimony of deponent [...] regarding the uncertainty in the boundaries does not exempt the plaintiff from liability; on the contrary, if he had any doubt in this regard, the correct course of action was to verify the situation. In any case, the existence of wetlands already established a restriction for the recommendation of the visa. Thus, it has been demonstrated that through his actions, Mr. [...] incurred an infraction in the fulfillment of his duties, by preparing a report in which he recorded false and misleading data. He incurred a breach of the duties inherent to his position, whereby the trust that the administration had placed in him as a public official to fully comply with the functions or tasks entrusted to him was lost; on the contrary, he recommended the performance of illegal acts contrary to the public interest. Such irregularities are not characteristic of a public official, even less so in a matter as sensitive and protected as the environment, where data that contradicted a reality verifiable at a glance could not be included in a report. The plaintiff omitted including intrinsic characteristics of the land, such as that there were wetlands on it and that it was part of the Ballena National Marine Park, that it had vegetation typical of a wetland like German grass and a water spring (naciente), which makes it a zone protected by the nature of those sites, the species, and ecosystems that inhabit it. In that sense, Mr. [...], who served as administrator of the Ballena National Marine Park, was very clear in his testimony (folios 125 to 127). In the same sense, Forestry Engineer [...] indicated that: “…If one can immediately determine that there is the presence of a wetland, one does not need to be an expert in tropical biology to determine it, basically by three things, high water tables, water mirrors, and presence of German grass…” [sic] (folios 142 and 143 volume I of the administrative file of the Civil Service Tribunal), data that Mr. [...], being obligated to record in the report, did not do so, an omission that constitutes a breach of the duties inherent to his position, as well as inducing improper action on the part of the administration, greatly affecting the environment. It should be noted that the report issued by Mr. [...] states in its conclusion: “It is determined that the property in the name of TWINFALLS S.A., in its entirety, is an area covered by pastures and grazing lands. Where no forest ecosystems are found,” issuing the following recommendation: “Approval is given for the visa of this property, since its entire area is comprised of grazing lands and does not affect any type of ecosystem” (folios 237 to 239 volume I of the administrative file of the Civil Service Tribunal). Given this situation and having verified the serious misconduct, what is appropriate is to confirm the appealed resolution, because as was rightly stated in the previous instances, the contradictions found in the documents prepared by the plaintiff constitute the grounds for dismissal due to loss of trust established by Article 81 of the Labor Code (Código de Trabajo), for breach of the duties and obligations imposed in Articles 11 of the Political Constitution, 11, 13, 111, 113, 199, 211 of the Ley General de la Administración Pública, 7, 13, 16, 18, 22, and 24 of the Reglamento Autónomo de Servicios del Minaet.\n\nVI.- REGARDING THE IMPROPER ASSESSMENT OF EVIDENCE: In labor matters, in accordance with Article 493 of the Labor Code (Código de Trabajo), the adjudicators must assess the evidence in conscience without being subject to the rules of common law, and must express the principles of equity or any other basis on which they base their decisions (ordinal 493 of the Labor Code and vote of the Constitutional Chamber No. 4448, at 9:00 a.m. on August 30, 1996). In the absence or insufficiency of evidence, the rule in dubio pro operario, as a corollary of the protective principle, authorizes resolving the issue through the filter of “onus probandi.” The rule consists of applying a criterion favorable to the worker, in cases of genuine doubt to assess the scope or meaning of evidence, not to supply omissions, but to properly appreciate the set of evidentiary elements, considering the diverse circumstances of the case. While it is true that evidence must be analyzed without any arbitrariness and supported by the rules of sound criticism, the appellant is not correct in indicating that the norms proper to labor law must be applied to him, since, as this Chamber has stated in Vote 657 at 9:57 a.m. on July 29, 2009, service relationships with public officials are governed by their own principles; that resolution stated: “...While it is true that in labor matters principles prevail that seek to protect the worker, such as the primacy of reality and in dubio pro operario, one cannot ignore that we are not in the presence of a private employment relationship, but rather of public service, and that, in this field, different principles apply—public law principles—which can even be opposed to those of that special matter, which is why in these cases, it is the nature of the relationship that establishes the principles and rules to apply. The Constitutional Chamber, in Vote No. 1696 at 3:30 p.m. on August 23, 1992, ruled in this sense: ‘This public employment regime necessarily implies consequences derived from the nature of that relationship, with its own general principles, not only different from those of (private) labor law, but often opposed to them.’ Thus, in accordance with the principle of legality that prevails in the Public Sector, only those obligations that are authorized by the legal system can be considered lawful and effective as responsibilities of the respective entities (Articles 11 of the Political Constitution and 11 and 13 of the Ley General de la Administración Pública)…”. Consequently, the grievance that the appealed judgment violated the principle in dubio pro operario is not acceptable, nor has there been any doubt regarding the irregular conduct of Mr. [Name 001] in fulfilling his duties. In any case, from the evidence contained in the record, it is deduced without any doubt that in point 4 of the proven facts, sub-point 2, it is stated that the plaintiff “induced error in the User Service Office by issuing visa No. 67 of 2007, recording that the property owned by Twinfalls S.A. is outside protected areas when it partly lies within the Marino Ballena Park within the wetland zone,” which the plaintiff never disproved. The appellant's criterion that for a wetland to have protection, it must be declared according to ordinal 32 of the Ley Orgánica del Ambiente, is not accurate. What is substantive is its existence, which was corroborated in the case at hand, so it is not a sine qua non requirement for its protection that it has been declared as such. Regarding the report, although the plaintiff did not prepare it, he endorsed it by signing it and therefore, he effectively gave the recommendation for the requested visa to be issued, which is why it cannot be maintained that, because there existed a wetland not yet declared, the consolidation of the State's natural heritage was not affected or harmed. All of the foregoing was duly assessed by the adjudicators of the preceding instances to resolve as they did, since the proven facts fully conform to what was demonstrated by the defendant from the dismissal procedure, in the administrative venue. Regarding the claim that they did not assess situations he presented, but only what was expressed by the State in the dismissal procedure and the answer to the lawsuit, it must be pointed out that while the existence of a supposed error in the marking is alleged, the truth is that we are in the presence of a wetland and the State's natural heritage needed to be cared for, and by having acted negligently (not to say fraudulently) in the exercise of his functions, the plaintiff induced error in his employer and consequently, he was dismissed due to loss of trust. It cannot be said that the adjudicators of the preceding instances, to resolve as they did, relied solely on the documentation and statements of the State and its witnesses, but rather that all the evidentiary elements were duly assessed. In the case of witness [...] referred to by the appellant, the fact that he could not walk in the wetland does not mean that he was not attentive to his companion correctly performing the inspection or tour with the GPS; on the contrary, [...] himself, by signing the report, took responsibility for the inspection, because he was the one who signed it. Furthermore, it has not been demonstrated that as a witness, he failed to tell the truth in his testimony regarding what was observed by him and recorded in the inspection report. On the other hand, the feasibility study prepared by the plaintiff pertains to the Twinfalls S.A. farm, and it has not been demonstrated that the location of the land is different from that referred to in the appealed judgment. The fact that the works referred to in the Environmental Feasibility Study of Works were or were not executed, or that the visa obtained was or was not used, in no way nullifies the loss of trust attributed to him by the employer, for his termination without employer liability, for which reason the appealed judgment must be confirmed.\n\nVII.- FINAL CONSIDERATIONS: In accordance with the foregoing, as none of the appellant's objections are acceptable, the appealed judgment must be confirmed.\n\nTHEREFORE:\n\nThe appealed judgment is confirmed.\n\n\n\n\n\nOrlando Aguirre Gómez\n\n\n\nJulia Varela Araya Eva María Camacho Vargas\n\n\n\nLuis Porfirio Sánchez Rodríguez Mario Antonio Gutiérrez Quintero\n\n\n\n\n\n\njjmb.-\n 2\nEXP: 10-000474-0166-LA\n\n\n Telephones: 2295-3671, 2295-3676, 2295-3675 and 2295-4406. Facsimile: 2257-55-94. Emails: imoralesl@poder-judicial.go.cr and mbrenesm @poder-judicial.go.cr\n\nClassification prepared by SALA SEGUNDA of the Poder Judicial. Reproduction and/or distribution for profit is prohibited.\n\nThis is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 09-05-2026 08:26:08.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }