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  "id": "nexus-sen-1-0006-1203302",
  "citation": "Res. 01052-2023 Sala Tercera de la Corte",
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  "doc_type": "court_decision",
  "title_es": "Inadmisibilidad del recurso de casación por extemporaneidad en causa por estafa",
  "title_en": "Cassation appeal dismissed as untimely in fraud case",
  "summary_es": "La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por Aida Luz Murillo Torres, condenada por los delitos de estafa mayor y estafa menor, al considerar que fue presentado fuera del plazo legal de quince días después de notificada la sentencia de apelación. La recurrente alegó vicios graves en el proceso, como violación a los principios de inmediación y concentración —pues la integración del tribunal de apelación que conoció la vista oral fue diferente a la que redactó el fallo—, falta de correlación entre acusación y sentencia, deficiente fundamentación y rechazo indebido de prueba documental de SETENA que habría evidenciado irregularidades en un plan regulador municipal vinculado a un proyecto habitacional. La Sala examinó detalladamente el historial de notificaciones y concluyó que la imputada fue debidamente notificada el 30 de agosto de 2022 a través de los medios señalados por sus defensores, por lo que el plazo para recurrir venció mucho antes de la presentación del escrito. En consecuencia, por razones estrictamente formales de extemporaneidad, la Sala no entró a conocer el fondo de los agravios.",
  "summary_en": "The Third Chamber of the Supreme Court of Justice dismissed as inadmissible the cassation appeal filed by Aida Luz Murillo Torres, convicted of major and minor fraud, finding that it was filed beyond the fifteen-day statutory deadline after the appeal ruling was notified. The appellant alleged serious procedural defects, including violation of the principles of immediacy and concentration —because the appellate court panel that heard oral arguments differed from the panel that drafted the decision—, lack of correlation between the indictment and the judgment, insufficient reasoning, and improper rejection of documentary evidence from SETENA which would have shown irregularities in a municipal regulatory plan related to a housing project. The Chamber conducted a detailed review of the notification record and concluded that the defendant was duly notified on August 30, 2022 through the means indicated by her defense counsel, and therefore the deadline had long since expired when the brief was filed. Consequently, on strictly procedural timeliness grounds, the Chamber did not address the merits of the grievances.",
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  "excerpt_es": "El recurso de casación incoado por Aida Luz Murillo Torres en el ejercicio de su derecho de defensa material, se declara inadmisible. De la revisión de las actuaciones que constan en autos, se desprende que el recurso fue interpuesto de manera extemporánea y no existe justificación para considerar que existió una ausencia de notificación que amerite la contabilización del plazo de la forma en que la propone la recurrente. (...) considerando que la decisión del ad quem ahora impugnada fue notificada a los medios señalados para dichos efectos desde el treinta de agosto del dos mil veintidós, el plazo de quince dias para la interposición del recurso previstos en la normativa procesal penal se encuentran sobradamente vencidos y en consecuencia, el recurso de casación incoado por Aida Luz Murillo Torres se declara inadmisible.",
  "excerpt_en": "The cassation appeal filed by Aida Luz Murillo Torres in exercise of her right to material defense is declared inadmissible. Upon review of the record, it is evident that the appeal was filed out of time and there is no justification to consider that there was a lack of notification warranting the computation of the deadline as proposed by the appellant. (...) considering that the contested decision of the appellate court was notified through the designated means for such purposes since August 30, 2022, the fifteen-day deadline for filing the appeal established in the criminal procedure rules has long since expired, and therefore the cassation appeal filed by Aida Luz Murillo Torres is declared inadmissible.",
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      "quote_es": "El recurso de casación incoado por Aida Luz Murillo Torres en el ejercicio de su derecho de defensa material, se declara inadmisible. De la revisión de las actuaciones que constan en autos, se desprende que el recurso fue interpuesto de manera extemporánea y no existe justificación para considerar que existió una ausencia de notificación que amerite la contabilización del plazo de la forma en que la propone la recurrente."
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Tercera de la Corte\n\nResolución Nº 01052 - 2023\n\nFecha de la Resolución: 23 de Noviembre del 2023 a las 10:55\n\nExpediente: 12-000854-0612-PE\n\nRedactado por: Gerardo Rubén Alfaro Vargas\n\nClase de asunto: Recurso de casación\n\nAnalizado por: SALA DE CASACIÓN PENAL\n\n\n\n\nSentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp: 12-000854-0612-PE \n\nRes: 2023-01052\n\nSALA DE CASACIÓN PENAL. San José, a las diez horas cincuenta y cinco minutos del veintitrés de noviembre del dos mil veintitrés.\n\n Visto el recurso de casación interpuesto en causa seguida contra Aida Luz Murillo Torres, por los delitos de estafa mayor y estafa menor, en perjuicio de [Nombre 001] y otros, y;\n\nConsiderando:\n\n I. Los defensores particulares Carlos Quesada Arias y Juan Carlos Sbravatti Montoya, en representación de la encartada Aida Luz Murillo Torres, formularon recurso de casación (folios 2982-2992), en contra de la resolución número 2022-1253 del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de San José, Goicoechea, de las catorce horas con treinta y cinco minutos, del treinta de agosto del dos mil veintidós, mediante la cual se declaró sin lugar el recurso de apelación incoado por la endilgada (f. 2951-2978). El recurso de casación, fue declarado inadmisible por la Sala de Tercera mediante resolución 2023-00165, de las once horas cinco minutos del diecisiete de febrero de dos mil veintitrés (f. 3019-3024). Con posterioridad, mediante escrito con fecha de recibido del treinta de marzo del dos mil veintitrés, la imputada Aida Luz Murillo Torres, interpuso recurso de casación en ejercicio de su derecho de defensa material (f.3038-3046). Por encontrarse estrictamente relacionados los motivos en los que sustenta el análisis de admisibilidad, los cuatro motivos presentados por la endilgada se resuelven de forma conjunta.\n\n II. Integración. En este asunto, la magistrada Patricia Solano Castro se excusó de conocer esta causa con base en los artículos 55 del Código Procesal Penal y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por haber emitido con anterioridad un pronunciamiento sobre el fondo que compromete su deber de imparcialidad, en caso de intervenir nuevamente (f. 3062). Por esta razón, mediante resolución de las catorce horas con treinta y cinco minutos, del veintiséis de junio del dos mil veintitrés, se dispuso que esta Cámara estaría integrados por los magistrados y magistradas Jesús Alberto Ramírez Quirós, Gerardo Rubén Alfaro Vargas, Sandra Eugenia Zúñiga Morales, Rafael Segura Bonilla y William Serrano Baby (f. 3070). Adicionalmente, la endilgada Murillo Torres presentó recusación en contra de la designación del magistrado de Serrano Baby por haber intervenido con anterioridad en la emisión del voto 2023-00165 de la Sala Tercera, de las once horas con cinco minutos, del diecisiete de febrero del dos mil veintitrés, mediante el cual se rechazó el recurso de casación previamente incoado. Asimismo, mediante resolución del veinte de septiembre del dos mil veintitrés, los magistrados Gerardo Rubén Alfaro Vargas, Jesús Ramírez Quirós y Rafael Segura Bonilla, se excusaron del conocimiento de la causa, considerando que concurrieron a emitir el voto 2023-00165 de la Sala Tercera, de las once horas con cinco minutos, del diecisiete de febrero del dos mil veintitrés, mismo que generó la recusación de Serrano Baby (f. 3088-3089). Posteriormente, con base en el procedimiento establecido en el artículo 56 del Código Procesal Penal, mediante resolución de las nueve horas con cuarenta y siete minutos, del veinte de septiembre del dos mil veintitrés, la magistrada Sandra Eugenia Zúñiga Morales rechazó la recusación presentada en contra de Serrano Baby, así como la excusa presentada por los magistrados Ramírez Quirós, Alfaro Vargas y Segura Bonilla (f. 3090-3091).\n\n III. Oportunidad de interposición. Expone que no fue notificada de la resolución 2022-1253 del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de San José, Goicoechea, de las catorce horas con treinta y cinco minutos, del treinta de agosto del dos mil veintidós, ocasionando un estado de indefensión que le impidió ejercer sus derechos. Advierte que las notificaciones fueron realizadas en medios no señalados y reclama que en contra de su obligación, el juez no tenía actualizada la carátula del expediente, dado que como medio para atender las notificaciones, se consigna el correspondiente al defensor anterior y un número de teléfono desconocido. Refiere que según consta a folio 2461, ante el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial se designó como defensores a Luis Carlos Quesada Arias y Juan Carlos Sbravatti, quienes señalaron como medio para atender notificaciones el correo lquesada68@hotmail.com. Además, según consta a folio 2460, la imputada se apersonó con Sbravatti a actualizar datos y el lugar donde ser ubicada, medio para ser ubicada, números telefónicos y correo electrónico para ser notificada, concretamente el correo valentino16062@hotmail.com, notificación que al día de hoy no ha sido realizada. Aclara que en el mismo acto, Sbravatti señaló el correo lquesada68@hotmail.com y de conformidad con la constancia visible a folio 2947, la notificación del Tribunal de Apelación de Sentencia remitida en su condición de imputada, fue enviada al fax 2222-3311. Adicionalmente, a folio 2949 se indica que fue notificada al correo lic_arguedas@hotmail.com y de seguido, afirma que fue notificada al fax 2222-3311, lo que se reitera a folio 3000. Agrega que dicho yerro se reitera por la Sala Tercera al utilizar los mismos medios de notificación, lo que se demuestra a folios 3011 y 3030. Considera que los defectos apuntados tornan las notificaciones en absolutamente nulas y por ello, concluye que el plazo para la interposición del recurso de casación en ejercicio del derecho de defensa material, corre a partir de la presentación del escrito.\n\n IV. Solicitud para evacuar prueba importante. Mediante escrito recibido el veintitrés de junio del dos mil veintitrés, la endilgada en el ejercicio de su defensa material, solicitó: 1) certificar las razones por las que las jueces Murillo Mora y Patricia Solano Vargas no participaron en la deliberación y redacción del voto 2022-1253 de las catorce horas con treinta y cinco minutos, del treinta de agosto del dos mil veintidós; 2) certificar quien autorizó la nueva integración para deliberar y redactar el voto 2022-1253 de las catorce horas con treinta y cinco minutos, del treinta de agosto del dos mil veintidós; 3) certificar si es práctica común en el Tribunal de Apelación del Segundo Circuito Judicial de San José, variar la integración de quien conoce la vista, frente a quien delibera y redacta la sentencia; 4) certificar si las juezas Valverde Usaga y Acón NG para la deliberación y votación, tuvieron la oportunidad de preguntar y repreguntar a la defensa sobre los aspectos de hecho y derecho propios de la impugnación de sentencia de primera instancia. Lo anterior, por considerar que se trata de prueba útil y pertinente para demostrar la violación al debido proceso, ya que el voto 2022-1253 de las catorce horas con treinta y cinco minutos, del treinta de agosto del dos mil veintidós fue redactado por un tribunal ausente, sin intervención o inmediación del proceso de vista.\n\n V. Primer motivo: inobservancia del debido proceso por violación e inobservancia de los principios de concentración e inmediación. Cita los artículos 8 y 465 del Código Procesal Penal; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14 del Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos; 39 de la Constitución Política; y 93 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Señala que la citada normativa garantiza que el imputado pueda saber y conocer la competencia, así como la identidad de los juzgadores, mientras que los jueces conforme a los principios de concentración e inmediación, deben permanecer atentos durante el desarrollo de la audiencia. Reclama que unos jueces del Tribunal de Apelación de Sentencia realizaron la audiencia y una integración diferente resolvió el recurso, lo que califica como ilegal, violatorio del debido proceso y del derecho de defensa. Cita como respaldo el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y expone que en la vista, el ad quem estuvo integrado por las juezas Murillo Mora, Vargas González y Jiménez González, no obstante, el recurso de apelación fue resuelto por las juezas Valverde Uzaga, Acon Ng y Jiménez González, indicando en dicha resolución que no se causaba agravio ya que no se ampliaron motivos ni se ofreció prueba.  Además, la sentencia es redactada por Valverde Uzaga, quien no estuvo presente en la vista, lo que constituye un vicio absoluto. Como pretensión, solicita anular la resolución, toda vez que se causó un gravamen irreparable sobre la defensa material, creando un estado de incerteza, vulnerabilidad e indefensión.         \n\n VI. Segundo motivo: inobservancia de los artículos 303, 326, 363 y 365 del Código Procesal Penal, por violación del debido proceso y falta de correlación entre acusación y sentencia. Refiere que la acusación, es el marco fáctico sobre el que versa el juicio, por lo que los hechos deben ser claros, precisos y circunstanciados. Destaca que la requisitoria es un acto formal que debe reunir los requisitos de forma y fondo, caso contrario, debe ser rechazada ya que no se admite el saneamiento. Como antecedente, indica que enfrentó dos procesos por estafa y dos acusaciones: la primera en la causa 12-002230-276-PE visible de folios 896 a 916; la segunda en la causa 12-000854-612-PE visible de folio 1795 a 1801 (causa acumulada a la primera). Transcribe un extracto de la resolución impugnada en donde se afirma que aún cuando una de las piezas acusatorias hubiese omitido algún dato, esto se subsanó con la otra relación de hechos, lo que violenta los artículos 12, 15, 303, 326, 363 y 365 del Código Procesal Penal. Señala que el ad quem: “retrotrae un posible iter criminis de una acusación a otra que adolece de los presupuestos exigidos por el artículo 303 del C.P.P.” (f. 3043). Añade que dicha actuación, violentó el principio de correlación entre acusación y sentencia, destacando que el Tribunal de Apelación de Sentencia reconoce el yerro, pero no lo subsana según lo ordena el artículo 15 del código de rito. Afirma que el defecto es de tal envergadura que ante la ausencia de una segunda acusación, debió ser absuelto y además, el ad quem no fundamenta la norma con base en la cual resulta posible modificar, suplir o subsanar dicha violación. Advierte la inobservancia de los diversos ofendidos y hechos, así como la ausencia de relación entre los hechos de ambas acusaciones. Califica como insalvable la contradicción de la sentencia y señala que la conducta debe encuadrar en el tipo penal, es decir, en el verbo que se tipifica, porque de lo contrario no es delito. Como petitoria, solicita casar la sentencia y disponer su nulidad, dada la violación al debido proceso, el principio de correlación entre acusación y sentencia, así como el gravamen irreparable ocasionado.\n\n VII. Tercer motivo: violación de los principios de fundamentación, derivación y errónea fundamentación. Indica que como regla general, las sentencias deben contener los motivos de hecho y derecho en que se sustenta la decisión, así como la determinación clara, precisa y circunstanciada del hecho. Expone que como prueba documental, consta en el expediente que ante la Municipalidad de Desamparados, ha representado a varias empresas en trámites distintos y en fechas distintas, pero no ha gestionado ningún permiso de proyecto habitacional y menos, a nombre de White Horse Farm S.A. y respalda dicha afirmación en el certificado del expediente administrativo de la citada Municipalidad, lo que permite evidenciar la incorrección del ad quem. Fustiga que el tribunal incurrió en una falta de fundamentación y transcribe un extracto de la sentencia, destacando que no se describen las gestiones realizadas en favor de las empresas en la Municipalidad de Desamparados, lo que violenta el deber de fundamentación. Además, no se indica a que se refiere con la expresión “manejo de estos temas” (f. 3045), incurriendo en conceptos indeterminados e imprecisos. Como petitoria, ante la ausencia de fundamentación, solicita anular la sentencia.\n\n VIII. Cuarto motivo: violación del principio de libertad probatoria, concretamente los artículos 1, 2, 6, 181, 182 y 183 del Código Procesal Penal. Indica que los elementos de prueba ofrecidos y admitidos, deben ser valorados de forma integral, no individual y advierte que la decisión del ad quem ha sido parcializada e infundada. Añade que conforme al principio de libertad probatoria, se aportaron dos resoluciones de Setena, concretamente las 671-2011 y 1557-2015 mediante las cuales, se demuestra que el plan regulador contenía falencias por las que no se otorgaba la viabilidad ambiental, lo que causó confusión en la Municipalidad sobre la validez del citado plan regulador. Agrega que dicha prueba fue rechazada, considerando que se trataban de simples copias y lo requerido, son certificaciones de la oficina de origen, ya que no están completas y son susceptibles de revocatoria y apelación. Fustiga que violentando el derecho de defensa y el principio de libertad probatoria, las copias certificadas no fueron admitidas. Califica el trato como desproporcionado y contra la igualdad, la libertad probatoria y el deber de fundamentación, ya que a las copias de la Fiscalía y los ofendidos sí se les otorga valor probatorio. Como petitoria, considerando que se trata de un vicio absoluto, una afrenta al derecho de defensa y al principio de libertad probatoria, requiere anular la sentencia.\n\n IX. El recurso de casación incoado por Aida Luz Murillo Torres en el ejercicio de su derecho de defensa material, se declara inadmisible. De la revisión de las actuaciones que constan en autos, se desprende que el recurso fue interpuesto de manera extemporánea y no existe justificación para considerar que existió una ausencia de notificación que amerite la contabilización del plazo de la forma en que la propone la recurrente. En este orden de ideas, es necesario notar que al rendir declaración indagatoria en la causa 12-002230-0276-PE el trece de marzo del dos mil trece, la encartada fijó como lugar para atender notificaciones “con mi abogado defensor” (f. 835), quien para ese momento era el señor José Arturo Arguedas Solano, quien fijó para dichos efectos el correo electrónico lic_arguedas@hotmail.com (f. 838). Posteriormente, en la ampliación de declaración presentada el treinta y uno de julio del dos mil trece, el defensor particular señaló los mismos medios de notificación, mientras que la endilgada ofreció el correo  lic_arguedas@hotmail.com (f. 891). En una tercer declaración rendida el diecisiete de marzo del dos mil catorce, cuando se le consultó a la endilgada el lugar para recibir notificaciones manifestó: “por medio de mi abogado tanto para notificaciones civiles como penales” (f. 1753) y finalmente, en la declaración rendida el veintiséis de marzo del dos mil quince, la encartada señaló como medio para recibir notificaciones -distinto al designado por el defensor-, el fax 2222-3311 (f. 1792). Posteriormente, mediante escrito presentado el diecinueve de mayo del dos mil quince, la imputada Murillo Torres informó al Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José: “Oigo notificaciones con mi defensor en el lugar señalado” (f. 1429), mismo medio que fue señalado en los escritos presentados el dos setiembre del dos mil quince (f. 1434), el trece de noviembre del dos mil quince (f. 1435), el catorce de marzo del dos mil dieciséis (f. 1436) y el catorce de agosto del dos mil diecisiete. Por otra parte, debe considerarse que conforme a la normativa procesal penal, si el tribunal de alzada tiene su sede en un lugar distinto, se debe fijar un nuevo medio para recibir notificaciones, disponiendo: “El recurso de apelación de sentencia se interpondrá ante el tribunal que dictó la resolución, dentro del plazo de quince días de notificada, mediante escrito o cualquier otra forma de registro reglamentariamente autorizado. La parte recurrente deberá expresar los fundamentos de su inconformidad, el agravio que le causa y su pretensión.  En el mismo acto ofrecerá la prueba en respaldo de sus alegaciones. Cuando el tribunal de alzada tenga su sede en un lugar distinto, la parte deberá fijar nuevo lugar o nueva forma para recibir notificaciones” (subrayado no corresponde al original). En concordancia con lo expuesto, al interponer el recurso de apelación de sentencia penal en el ejercicio de su derecho defensa material, Murillo Torres señaló para recibir notificaciones “Al correo debidamente autorizado lic_arguedas@hotmail.com” (f. 2417), mismo medio que señaló al contestar la audiencia brindada por el a quo, en relación con los recursos de apelación interpuestos (f. 2431), aunque en esta ocasión, agregó como medio subsidiario el casillero 33. Al resolver las impugnaciones, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, mediante resolución 2020-0331 de las dieciséis horas con treinta minutos, del veintisiete de febrero del dos mil veinte, ordenó el reenvío de la causa (f. 2435-2445).  Considerando la necesidad de realizar un nuevo juicio y la imposibilidad que la asistía al abogado particular Arguedas Solano, producto entre otras razones, de discrepancias en la dirección jurídica, el abogado particular presentó la renuncia a la defensa y al final del escrito agregó \" SEÑORA MURILLO TELEFONO 22735988, 83939764 Y 70139910 Y A SU CORREO ELECTRÓNICO valentino16062@hotmail.com” (f. 2459), sin que pueda interpretarse que dichos medios, constituyan un nuevo medio lugar para recibir notificaciones de la imputada por tres razones: a) no es una gestión realizada por la endilgada; b) no se indica de manera expresa que se trata de un nuevo medio para recibir notificaciones; c) no se puede interpretar que se trata de un nuevo medio para recibir notificaciones, porque se ponen a disposición una serie de números telefónicos que no son aptos para ser señalados como medios para recibir notificaciones, debido a su inidoneidad para transmitir ese tipo de información. Lo mismo ocurre con la manifestación realizada el trece de febrero del dos mil dieciocho, ya que en constancia visible a folio 2017 y titulada “Actualización de domicilio (Imputado/a)”, se deja constando que: “procede a manifestar que su domicilio actual es: DEL CRISTO DE SABANILLA 3 KM AL ESTE RESIDENCIAL SOL DEL ESTE CASA B-4. TELÉFONO 70-13-9910 / 2273-50-70, correo electrónico valentino16062@hotmail.com”, lo mismo que ocurre con la constancia del veinticuatro septiembre del dos mil veintiuno, visible a folio 2460 y titulada “Actualización de domicilio y citación a juicio”, donde se indica que la encartada se presentó y: “procede a manifestar que su domicilio actual es DEL CRISTO DE SABANILLA 3 KM AL ESTE RESIDENCIAL SOL DEL ESTE CASA B-4. TELÉFONO 7013-9910, 22735070. Correo electrónico valentino16062@hotmail.com”. Sobre al particular, nótese que la endilgada no señala de forma expresa que dichos medios eran para recibir notificaciones. Acorde con lo expuesto en el documento entregado en esa misma fecha - veinticuatro septiembre del dos mil veintiuno- al Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José y firmado por la endilgada, así como los abogados Quesada Arias y Sbravatti Montoya, designados mediante el citado escrito como defensores particulares en la causa, se indicó: “Como medio para recibir notificaciones, se señala, el correo electrónico lquesada68@hotmail.com” (f. 2461) y en consecuencia, la jueza tramitadora Karol Fallas Castro procede con la aceptación del cambio y únicamente se varía el medio para recibir notificaciones dispuesto por los abogados particulares, concretamente el correo lquesada86@hotmail.com, sin tener por sustituido el medio para recibir notificaciones en el ejercicio de derecho de defensa material (f. 2483). Conforme a los citados precedentes, el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José, emitió la sentencia 853-2021 de las quince horas con siete minutos, del veintiocho de octubre del dos mil veintiuno (f. 2749-2868), decisión que fue impugnada por los defensores particulares Luis Carlos Quesada Arias y Juan Carlos Sbravatti Montoya, actuando como representantes de Murillo Torres, ocasión en la que señalaron como medio para recibir notificaciones, los correos lquesada86@hotmail.com. (f. 2908) y sbravatti69@yahoo.com (f. 2926). En idéntico sentido, al contestar la audiencia sobre los recursos de apelación, ambos defensores reiteraron los citados medios de notificación (f. 2943 y 2944). Finalmente, las impugnaciones fueron resueltas mediante resolución 2022-1253 del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de San José, Goicoechea, de las catorce horas con treinta y cinco minutos del treinta de agosto de dos mil veintidós (f. 2951-2978) y dicha decisión fue notificada a los correos  lquesada86@hotmail.com y sbravatti69@yahoo.com, así como al fax 2222-3311 (f. 2981) el treinta de agosto del dos mil veinte. Desde esta óptica, es claro que la última designación expresa como medio para recibir notificaciones por la endilgada, fue la señalada al interponer el recurso de apelación de sentencia penal en el ejercicio de su derecho defensa material a folio 2417 que era la de su anterior defensor, pero ello fue modificado con el escrito presentado por la propia endilgada donde manifestó: “Por este medio quien suscribe en autos conocida como imputada designo a los Licenciados Juan Carlos Sbravatti Montoya y Luis Carlos Quesada Arias como mis defensores particulares, quienes en el acto aceptan el cargo. Como medio para atender notificaciones, se señala, el correo electrónico lquesada68@hotmail.com, el cual se encuentra debidamente autorizado para tales efectos por el Poder Judicial” (f. 2461, subrayado no corresponde al original). Desde esta óptica, no es posible pretender como lo argüye la casacionista, que la sentencia 2022-1253 del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de San José se haya comunicado al correo valentino16062@hotmail.com, ya que nunca fue aportado como medio de notificaciones y sólo fue mencionado en la actualización del domicilio. Por estas razones, con independencia de la ausencia de una gestión tendiente a la reposición del plazo ante el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, considerando que la decisión del ad quem ahora impugnada fue notificada a los medios señalados para dichos efectos desde el treinta de agosto del dos mil veintidós, el plazo de quince dias para la interposición del recurso previstos en la normativa procesal penal se encuentran sobradamente vencidos y en consecuencia, el recurso de casación incoado por Aida Luz Murillo Torres se declara inadmisible.\n\nPor Tanto:\n\n Se declara inadmisible el recurso de casación incoado por Aida Luz Murillo Torres. Notifíquese.             \n\n \n\n \n\nJesús Alberto Ramírez Q.\n\n \n\n \n\nGerardo Rubén Alfaro V.                                                                             Cynthia Dumani S.\n\n                                                                                                                    Magistrada suplente\n\n \n\n \n\nRafael Segura B.                                                                                           William Serrano B.\n\nMagistrado suplente                                                                                   Magistrado suplente                                                                 \n\n                                                                                               \n\n \n\n \n\nNo. Interno. 377-4/12-4-23\n\npaa\n\n \n\n\n\nObservaciones de SALA DE CASACIÓN PENAL\n\nSe declara inadmisible el recurso de casación incoado por Aida Luz Murillo Torres. Notifíquese.\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 13:49:00.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "Criminal Cassation Chamber. San José, at ten fifty-five in the morning on November twenty-third, two thousand twenty-three.\n\nHaving reviewed the cassation appeal (recurso de casación) filed in the case against Aida Luz Murillo Torres, for the crimes of major fraud (estafa mayor) and minor fraud (estafa menor), to the detriment of [Name 001] and others, and;\n\nConsidering:\n\nI. The private defense attorneys Carlos Quesada Arias and Juan Carlos Sbravatti Montoya, representing the accused Aida Luz Murillo Torres, filed a cassation appeal (folios 2982-2992) against resolution number 2022-1253 of the Sentence Appeals Court of San José, Goicoechea, issued at two thirty-five in the afternoon on August thirtieth, two thousand twenty-two, by which the appeal filed by the accused was dismissed (f. 2951-2978). The cassation appeal was declared inadmissible by the Third Chamber through resolution 2023-00165, at eleven hours and five minutes on February seventeenth, two thousand twenty-three (f. 3019-3024). Subsequently, through a brief received on March thirtieth, two thousand twenty-three, the accused Aida Luz Murillo Torres filed a cassation appeal in exercise of her right to material defense (defensa material) (f. 3038-3046). Because the grounds on which the admissibility analysis is based are strictly related, the four grounds presented by the accused are resolved jointly.\n\nII. Integration. In this matter, Judge Patricia Solano Castro recused herself from hearing this case based on Articles 55 of the Criminal Procedure Code (Código Procesal Penal) and 8.1 of the American Convention on Human Rights, for having previously issued a ruling on the merits that compromises her duty of impartiality if she were to intervene again (f. 3062). For this reason, through a resolution at two thirty-five in the afternoon on June twenty-sixth, two thousand twenty-three, it was ordered that this Chamber would be composed of Judges Jesús Alberto Ramírez Quirós, Gerardo Rubén Alfaro Vargas, Sandra Eugenia Zúñiga Morales, Rafael Segura Bonilla, and William Serrano Baby (f. 3070). Additionally, the accused Murillo Torres filed a recusal (recusación) against the appointment of Judge Serrano Baby for having previously participated in the issuance of vote 2023-00165 of the Third Chamber, at eleven hours and five minutes on February seventeenth, two thousand twenty-three, by which the previously filed cassation appeal was rejected. Likewise, through a resolution on September twentieth, two thousand twenty-three, Judges Gerardo Rubén Alfaro Vargas, Jesús Ramírez Quirós, and Rafael Segura Bonilla recused themselves from hearing the case, considering that they participated in issuing vote 2023-00165 of the Third Chamber, at eleven hours and five minutes on February seventeenth, two thousand twenty-three, which gave rise to the recusal of Serrano Baby (f. 3088-3089). Subsequently, based on the procedure established in Article 56 of the Criminal Procedure Code, through a resolution at nine forty-seven in the morning on September twentieth, two thousand twenty-three, Judge Sandra Eugenia Zúñiga Morales rejected the recusal filed against Serrano Baby, as well as the recusal filed by Judges Ramírez Quirós, Alfaro Vargas, and Segura Bonilla (f. 3090-3091).\n\nIII. Timeliness of filing. She states that she was not notified of resolution 2022-1253 of the Sentence Appeals Court of San José, Goicoechea, issued at two thirty-five in the afternoon on August thirtieth, two thousand twenty-two, causing a state of defenselessness (indefensión) that prevented her from exercising her rights. She warns that the notifications were made to unindicated means and claims that, against his obligation, the judge had not updated the case file cover page, given that the means for receiving notifications listed corresponds to the previous defense attorney and an unknown telephone number. She states that as recorded on folio 2461, before the Criminal Court of the First Judicial Circuit, Luis Carlos Quesada Arias and Juan Carlos Sbravatti were designated as defense attorneys, who indicated the email lquesada68@hotmail.com as the means for receiving notifications. Furthermore, as recorded on folio 2460, the accused appeared with Sbravatti to update data and the place where she could be located, means to be located, telephone numbers, and email to be notified, specifically the email valentino16062@hotmail.com, a notification that to this day has not been made. She clarifies that in the same act, Sbravatti indicated the email lquesada68@hotmail.com, and in accordance with the certification visible on folio 2947, the notification of the Sentence Appeals Court sent in her condition as accused was sent to fax 2222-3311. Additionally, on folio 2949, it is indicated that she was notified at the email lic_arguedas@hotmail.com, and subsequently, it is affirmed that she was notified at fax 2222-3311, which is reiterated on folio 3000. She adds that this error was repeated by the Third Chamber by using the same means of notification, as demonstrated on folios 3011 and 3030. She considers that the defects noted render the notifications absolutely null and void, and therefore, concludes that the deadline for filing the cassation appeal in exercise of the right to material defense runs from the presentation of the brief.\n\nIV. Request to adduce important evidence. Through a brief received on June twenty-third, two thousand twenty-three, the accused, in the exercise of her material defense, requested: 1) to certify the reasons why Judges Murillo Mora and Patricia Solano Vargas did not participate in the deliberation and drafting of vote 2022-1253 issued at two thirty-five in the afternoon on August thirtieth, two thousand twenty-two; 2) to certify who authorized the new composition to deliberate and draft vote 2022-1253 issued at two thirty-five in the afternoon on August thirtieth, two thousand twenty-two; 3) to certify if it is common practice in the Appeals Court of the Second Judicial Circuit of San José to vary the composition of those who hear the oral hearing (vista) from those who deliberate and draft the judgment; 4) to certify if Judges Valverde Usaga and Acón NG, for the deliberation and voting, had the opportunity to question and re-question the defense on the factual and legal aspects pertaining to the challenge of the first-instance judgment. The foregoing, considering that it is useful and pertinent evidence to demonstrate the violation of due process (debido proceso), since vote 2022-1253 issued at two thirty-five in the afternoon on August thirtieth, two thousand twenty-two was drafted by a court that was absent, without intervention or immediacy (inmediación) in the oral hearing process.\n\nV. First ground: failure to observe due process due to violation and non-observance of the principles of concentration (concentración) and immediacy (inmediación). She cites Articles 8 and 465 of the Criminal Procedure Code; 8 of the American Convention on Human Rights; 14 of the International Covenant on Civil and Political Rights; 39 of the Political Constitution; and 93 bis of the Organic Law of the Judicial Branch (Ley Orgánica del Poder Judicial). She points out that the cited regulations guarantee that the accused can know the competence and identity of the judges, while the judges, in accordance with the principles of concentration and immediacy, must remain attentive during the development of the hearing. She claims that some judges of the Sentence Appeals Court conducted the hearing, and a different composition resolved the appeal, which she describes as illegal and violative of due process and the right of defense (derecho de defensa). She cites Article 93 of the Organic Law of the Judicial Branch in support and states that at the oral hearing, the ad quem was composed of Judges Murillo Mora, Vargas González, and Jiménez González; however, the appeal was resolved by Judges Valverde Uzaga, Acon Ng, and Jiménez González, the resolution indicating that no grievance was caused since no grounds were expanded upon nor evidence offered. Furthermore, the judgment is drafted by Valverde Uzaga, who was not present at the oral hearing, which constitutes an absolute defect (vicio absoluto). As a remedy, she requests the annulment of the resolution, given that an irreparable harm was caused to the material defense, creating a state of uncertainty, vulnerability, and defenselessness.\n\nVI. Second ground: non-observance of Articles 303, 326, 363, and 365 of the Criminal Procedure Code, for violation of due process and lack of correlation between accusation (acusación) and judgment (sentencia). She states that the accusation is the factual framework on which the trial is based, so the facts must be clear, precise, and detailed. She emphasizes that the charging document is a formal act that must meet the requirements of form and substance; otherwise, it must be rejected since remediation is not permitted. As background, she indicates that she faced two processes for fraud and two accusations: the first in case 12-002230-276-PE, visible from folios 896 to 916; the second in case 12-000854-612-PE, visible from folios 1795 to 1801 (case accumulated to the first). She transcribes an excerpt from the challenged resolution where it is affirmed that even if one of the accusatory pieces had omitted some data, this was remedied by the other statement of facts, which violates Articles 12, 15, 303, 326, 363, and 365 of the Criminal Procedure Code. She points out that the ad quem \"rolls back a possible iter criminis from one accusation to another that lacks the prerequisites required by Article 303 of the C.P.P.\" (f. 3043). She adds that this action violated the principle of correlation between accusation and judgment, highlighting that the Sentence Appeals Court acknowledges the error but does not remedy it as ordered by Article 15 of the procedural code. She affirms that the defect is of such magnitude that, in the absence of a second accusation, she should have been acquitted, and furthermore, the ad quem does not provide the legal basis on which it is possible to modify, supplement, or remedy said violation. She warns of the non-observance of the various victims and facts, as well as the absence of a relationship between the facts of both accusations. She describes the contradiction in the judgment as insurmountable and points out that the conduct must fit within the criminal definition, that is, the verb that is criminalized, because otherwise it is not a crime. As a claim, she requests the judgment be overturned and declared null and void, given the violation of due process, the principle of correlation between accusation and judgment, as well as the irreparable harm caused.\n\nVII. Third ground: violation of the principles of reasoning (fundamentación), derivation (derivación), and erroneous reasoning. She indicates that, as a general rule, judgments must contain the grounds of fact and law on which the decision is based, as well as the clear, precise, and detailed determination of the fact. She states that as documentary evidence, it is recorded in the case file that she has represented several companies before the Municipality of Desamparados in different procedures and on different dates, but she has not processed any housing project permit, much less on behalf of White Horse Farm S.A., and supports this statement with the certificate from the administrative file of the cited Municipality, which demonstrates the incorrectness of the ad quem. She criticizes that the court incurred a lack of reasoning and transcribes an excerpt from the judgment, highlighting that the procedures carried out on behalf of the companies before the Municipality of Desamparados are not described, which violates the duty of reasoning. Furthermore, it is not indicated what is meant by the expression \"handling of these matters\" (f. 3045), incurring in indeterminate and imprecise concepts. As a claim, due to the absence of reasoning, she requests the judgment be annulled.\n\nVIII. Fourth ground: violation of the principle of freedom of evidence (libertad probatoria), specifically Articles 1, 2, 6, 181, 182, and 183 of the Criminal Procedure Code. She indicates that the elements of evidence offered and admitted must be assessed integrally, not individually, and warns that the ad quem's decision has been biased and unfounded. She adds that, in accordance with the principle of freedom of evidence, two SETENA resolutions were provided, specifically 671-2011 and 1557-2015, which demonstrate that the regulatory plan contained shortcomings for which environmental viability (viabilidad ambiental) was not granted, which caused confusion in the Municipality about the validity of the cited regulatory plan. She adds that this evidence was rejected, considering that they were mere copies and that what is required are certifications from the office of origin, since they are not complete and are subject to revocation and appeal. She criticizes that, violating the right of defense and the principle of freedom of evidence, the certified copies were not admitted. She describes the treatment as disproportionate and against equality, the freedom of evidence, and the duty of reasoning, since probative value is indeed granted to the copies from the Public Prosecutor's Office (Fiscalía) and the victims. As a claim, considering that this is an absolute defect, an affront to the right of defense and the principle of freedom of evidence, she requests the judgment be annulled.\n\nIX. The cassation appeal filed by Aida Luz Murillo Torres in the exercise of her right to material defense is declared inadmissible. From the review of the actions recorded in the case file, it is clear that the appeal was filed untimely, and there is no justification to consider that there was an absence of notification warranting the calculation of the deadline in the manner proposed by the appellant. In this vein, it is necessary to note that when rendering her preliminary statement (declaración indagatoria) in case 12-002230-0276-PE on March thirteenth, two thousand thirteen, the accused set as the place for receiving notifications \"with my defense attorney\" (f. 835), who at that time was Mr. José Arturo Arguedas Solano, who set for such purposes the email lic_arguedas@hotmail.com (f. 838). Subsequently, in the expanded statement rendered on July thirty-first, two thousand thirteen, the private defense attorney indicated the same means of notification, while the accused provided the email lic_arguedas@hotmail.com (f. 891). In a third statement rendered on March seventeenth, two thousand fourteen, when the accused was asked for the place to receive notifications, she stated: \"through my attorney for both civil and criminal notifications\" (f. 1753), and finally, in the statement rendered on March twenty-sixth, two thousand fifteen, the accused indicated fax 2222-3311 as a means for receiving notifications—different from that designated by the defense attorney (f. 1792). Subsequently, through a brief filed on May nineteenth, two thousand fifteen, the accused Murillo Torres informed the Criminal Court of the First Judicial Circuit of San José: \"I hear notifications with my defense attorney at the indicated place\" (f. 1429), the same means that was indicated in the briefs filed on September second, two thousand fifteen (f. 1434), November thirteenth, two thousand fifteen (f. 1435), March fourteenth, two thousand sixteen (f. 1436), and August fourteenth, two thousand seventeen. On the other hand, it must be considered that, according to criminal procedural regulations, if the appellate court is located in a different place, a new means for receiving notifications must be set, stipulating: \"The appeal against the judgment shall be filed before the court that issued the resolution, within fifteen days of notification, by written brief or any other form of registration authorized by regulation. The appellant must state the grounds for their disagreement, the grievance caused, and their claim. In the same act, they shall offer the evidence in support of their allegations. When the appellate court is located in a different place, the party must set a new place or new form for receiving notifications\" (underlining not in the original). In accordance with the foregoing, when filing the criminal judgment appeal in the exercise of her right to material defense, Murillo Torres indicated for receiving notifications \"To the duly authorized email lic_arguedas@hotmail.com\" (f. 2417), the same means she indicated when responding to the hearing granted by the a quo in relation to the appeals filed (f. 2431), although on this occasion, she added P.O. Box 33 as a subsidiary means. When resolving the challenges, the Sentence Appeals Court of the Second Judicial Circuit of San José, through resolution 2020-0331 at four thirty in the afternoon on February twenty-seventh, two thousand twenty, ordered the remand of the case (f. 2435-2445). Considering the need to conduct a new trial and the impossibility facing the private attorney Arguedas Solano, due, among other reasons, to disagreements in the legal direction, the private attorney submitted his resignation from the defense and at the end of the brief added \"MRS. MURILLO TELEPHONE 22735988, 83939764 AND 70139910 AND TO HER EMAIL valentino16062@hotmail.com\" (f. 2459), without it being possible to interpret that said means constitute a new place or means for receiving notifications for the accused for three reasons: a) it is not a step taken by the accused; b) it is not expressly indicated that it is a new means for receiving notifications; c) it cannot be interpreted as a new means for receiving notifications, because a series of telephone numbers are made available that are not suitable to be indicated as means for receiving notifications, due to their unsuitability for transmitting this type of information. The same applies to the statement made on February thirteenth, two thousand eighteen, since in the certification visible on folio 2017 and entitled \"Domicile Update (Accused)\", it is recorded that: \"she proceeds to state that her current domicile is: 3 KM EAST OF CRISTO DE SABANILLA, RESIDENCIAL SOL DEL ESTE, HOUSE B-4. TELEPHONE 70-13-9910 / 2273-50-70, email valentino16062@hotmail.com\", the same as occurs with the certification of September twenty-fourth, two thousand twenty-one, visible on folio 2460 and entitled \"Domicile Update and Summons to Trial\", where it is indicated that the accused appeared and: \"proceeds to state that her current domicile is 3 KM EAST OF CRISTO DE SABANILLA, RESIDENCIAL SOL DEL ESTE, HOUSE B-4. TELEPHONE 7013-9910, 22735070. Email valentino16062@hotmail.com\". Regarding this, note that the accused does not expressly state that said means were for receiving notifications. In accordance with what is stated in the document delivered on that same date—September twenty-fourth, two thousand twenty-one—to the Criminal Court of the First Judicial Circuit of San José and signed by the accused, as well as attorneys Quesada Arias and Sbravatti Montoya, designated through the cited brief as private defense attorneys in the case, it was indicated: \"As a means for receiving notifications, the email lquesada68@hotmail.com is indicated\" (f. 2461), and consequently, the case processing judge Karol Fallas Castro proceeds with the acceptance of the change, and only the means for receiving notifications provided by the private attorneys is varied, specifically the email lquesada86@hotmail.com, without considering the means for receiving notifications in the exercise of the right to material defense as substituted (f. 2483). In accordance with the cited precedents, the Criminal Court of the First Judicial Circuit of San José issued judgment 853-2021 at three seven minutes in the afternoon on October twenty-eighth, two thousand twenty-one (f. 2749-2868), a decision that was challenged by private defense attorneys Luis Carlos Quesada Arias and Juan Carlos Sbravatti Montoya, acting as representatives of Murillo Torres, at which time they indicated the emails lquesada86@hotmail.com (f. 2908) and sbravatti69@yahoo.com (f. 2926) as the means for receiving notifications. In the identical sense, when responding to the hearing on the appeals, both defense attorneys reiterated the cited means of notification (f. 2943 and 2944). Finally, the challenges were resolved through resolution 2022-1253 of the Sentence Appeals Court of San José, Goicoechea, issued at two thirty-five in the afternoon on August thirtieth, two thousand twenty-two (f. 2951-2978), and this decision was notified to the emails lquesada86@hotmail.com and sbravatti69@yahoo.com, as well as to fax 2222-3311 (f. 2981) on August thirtieth, two thousand twenty. From this perspective, it is clear that the last express designation as a means for receiving notifications by the accused was the one indicated when filing the criminal judgment appeal in the exercise of her right to material defense on folio 2417, which was that of her previous defense attorney, but this was modified by the brief filed by the accused herself where she stated: \"By this means, the undersigned, known in the case file as the accused, designates Attorneys Juan Carlos Sbravatti Montoya and Luis Carlos Quesada Arias as my private defenders, who hereby accept the appointment. As a means for receiving notifications, the email lquesada68@hotmail.com is indicated, which is duly authorized for such purposes by the Judicial Branch\" (f. 2461, underlining not in the original). From this perspective, it is not possible to claim, as the appellant argues, that judgment 2022-1253 of the Sentence Appeals Court of San José was communicated to the email valentino16062@hotmail.com, since it was never provided as a notification means and was only mentioned in the domicile update. For these reasons, regardless of the absence of a procedure aimed at the reinstatement of the deadline before the Sentence Appeals Court, considering that the ad quem decision now challenged was notified to the means indicated for such purposes as of August thirtieth, two thousand twenty-two, the fifteen-day deadline for filing the appeal provided for in criminal procedural regulations is amply expired, and consequently, the cassation appeal filed by Aida Luz Murillo Torres is declared inadmissible.\n\nTherefore:\n\nThe cassation appeal filed by Aida Luz Murillo Torres is declared inadmissible. Notify.\n\nJesus Alberto Ramírez Q.\n\nGerardo Rubén Alfaro V.                                                                      Cynthia Dumani S.\n                                                                                                    Substitute Judge\n\nRafael Segura B.                                                                                 William Serrano B.\nSubstitute Judge                                                                                 Substitute Judge\n\nInternal No. 377-4/12-4-23\n\npaa\n\nObservations by CRIMINAL CASSATION CHAMBER\n\nThe cassation appeal filed by Aida Luz Murillo Torres is declared inadmissible. Notify.\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 13:49:00.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
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