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  "id": "nexus-sen-1-0006-1424920",
  "citation": "Res. 00956-2026 Sala Tercera de la Corte",
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  "doc_type": "court_decision",
  "title_es": "Admisibilidad de la casación por daño ambiental",
  "title_en": "Admissibility of Cassation on Environmental Damage",
  "summary_es": "La Sala de Casación Penal declaró inadmisible el recurso de casación presentado contra una condena por aprovechamiento forestal en propiedad privada y una condena civil por daño ambiental. La mayoría concluyó que los reclamos mezclaban cuestiones distintas —entre ellas, la valoración de la prueba, la alegada ilicitud de una declaración y la fundamentación del monto indemnizatorio— sin separarlas ni fundamentarlas conforme a los artículos 469 y 471 del Código Procesal Penal. También estimó que la defensa expresaba desacuerdo con la valoración probatoria sin demostrar un quebranto concreto de la sana crítica. La condena civil cuestionada fue de ₡11.810.400, además de costas, pero la Sala no examinó esos reclamos en cuanto al fondo. La magistrada Vargas González salvó parcialmente el voto: sostuvo que debían admitirse los motivos restantes para su examen. La resolución no decide nuevamente la culpabilidad ni determina una nueva cuantía del daño ambiental.",
  "summary_en": "The Criminal Cassation Chamber declared inadmissible the cassation appeal challenging a conviction for forest exploitation on private property and a civil award for environmental damage. The majority concluded that the grounds combined distinct issues—including the assessment of evidence, the alleged unlawfulness of a statement, and the reasoning for the damages amount—without separating or substantiating them as required by Articles 469 and 471 of the Code of Criminal Procedure. It also found that the defense expressed disagreement with the assessment of evidence without demonstrating a specific breach of the rules of sound reasoning. The challenged civil award was ₡11,810,400, plus costs, but the Chamber did not examine those arguments on their merits. Justice Vargas González partially dissented, taking the view that the remaining grounds should be admitted for review. The ruling does not redetermine guilt or set a new amount for environmental damage.",
  "court_or_agency": "Sala Tercera de la Corte",
  "date": "31/07/2026",
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    "recurso de casación penal",
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    "aprovechamiento forestal en propiedad privada",
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    "entremezcla de motivos",
    "artículos 469 y 471 del Código Procesal Penal"
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  "keywords_en": [
    "criminal cassation appeal",
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    "forest exploitation on private property",
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    "civil compensation claim",
    "illicit evidence",
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    "mixed grounds of appeal",
    "Articles 469 and 471 of the Code of Criminal Procedure"
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  "excerpt_es": "En consecuencia, por no haberse demostrado el vicio de ilogicidad alegado, exponiéndose solo la inconformidad del impugnante con la valoración probatoria efectuada por el a quo y por incurrirse además en una indebida mezcla de reclamos de naturaleza distinta dentro de un mismo motivo, procede declarar inadmisible el primer motivo del recurso de casación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 469 y 471 del Código Procesal Penal.\n\nPor tanto:\n\nSe declara inadmisible el recurso de casación. La magistrada Vargas González salva el voto parcialmente. Notifíquese.",
  "excerpt_en": "Accordingly, because the alleged defect in reasoning was not demonstrated, and the appellant expressed only disagreement with the assessment of evidence made by the court of first instance, while also improperly combining claims of different natures in a single ground, the first ground of the cassation appeal must be declared inadmissible, in accordance with Articles 469 and 471 of the Code of Criminal Procedure.\n\nTherefore:\n\nThe cassation appeal is declared inadmissible. Justice Vargas González partially dissents. Let notice be given.",
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    "summary_en": "The majority declared the cassation appeal inadmissible because its grounds were not properly separated and substantiated; Justice Vargas González partially dissented, taking the view that the remaining grounds should be admitted.",
    "summary_es": "La mayoría declaró inadmisible el recurso de casación por defectos en la separación y fundamentación de sus motivos; la magistrada Vargas González salvó parcialmente el voto y sostuvo que debían admitirse los motivos restantes."
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  "pull_quotes": [
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      "quote_en": "Merely repeating that, in the defense's view, those elements do not support that conclusion does not demonstrate a defect in sufficient reasoning; it amounts to an unfounded argument under Articles 469 and 471 of the Code of Criminal Procedure.",
      "quote_es": "La sola reiteración de que, para la defensa, tales elementos no permiten arribar a esa conclusión, no equivale a demostrar un vicio de razón suficiente, sino que consiste en un alegato infundado, conforme a los artículos 469 y 471 del Código Procesal Penal."
    },
    {
      "context": "Voto parcialmente salvado",
      "quote_en": "Procedural rules are not an end in themselves, but a means of achieving justice, which cannot be sacrificed to mere formalities (Article 41 of the Constitution).",
      "quote_es": "Las normas procesales no son un fin en sí mismo, sino un medio para realizar la justicia y esta no puede ser sacrificada por meras formalidades (artículo 41 constitucional)."
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  "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0006-1424920",
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  "body_es_text": "Revisión del Documento\n\n\n\nExp: 16-000003-0611-PE \n\nRes: 2026-00956\n\nSALA DE CASACIÓN PENAL. San José, a las siete horas cincuenta y ocho minutos del treinta y uno de julio del dos mil veintiséis.\n\n Visto el recurso de casación interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre 001], por el delito de usurpación de aguas y aprovechamiento forestal en propiedad privada, cometido en perjuicio de Los Recursos Naturales; y, \n\nConsiderando:\n\n I.- Mediante libelo visible de folios 861 a 870, el abogado Francisco Sánchez Fallas, en representación del imputado [Nombre 001], formula recurso de casación contra la resolución N° 2025-1199, dictada por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil del Segundo Circuito Judicial de San José (en funciones del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea), visible de folios 849 a 857.\n\n II.- En el primer motivo, invoca la violación a las reglas de la sana crítica racional y al principio lógico de razón suficiente, en la fundamentación de la condena por el delito de aprovechamiento forestal en propiedad privada. Luego de realizar referencias jurisprudenciales relacionadas con el vicio que se invoca, el impugnante afirma que el tribunal de apelación de sentencia incurrió en el mismo: “…al asumir, de manera acrítica la argumentación usada por el tribunal de juicio para establecer la autoría de mi representado en cuanto al delito de Aprovechamiento Forestal en Propiedad Privada…” (folio 862 frente y vuelto). Cuestiona que el ad quem se limitó a reproducir extensamente el razonamiento del tribunal de juicio, sin analizar en profundidad los reclamos que fueron planteados en el recurso de apelación. Luego de transcribir lo dispuesto por el ad quem, se indica que se avaló el argumento del tribunal de juicio, respecto a que, además de la declaración espontánea del acusado, existían elementos independientes suficientes para tener por acreditada la autoría del endilgado por el delito de aprovechamiento forestal en propiedad privada, refiriéndose al testimonio de [Nombre 002], quien observó la corta reciente de árboles de especies nativas que coincidían con la cabaña en construcción; que el mismo imputado reconoció ser él quien la utilizaba y que el deponente [Nombre 003] respaldó lo manifestado por el imputado y por el otro testigo, pues andaban juntos realizando la inspección. Sin embargo, el defensor reclama que: “…ninguno de estos testigos observó a mi representado realizando las acciones que corresponden al delito de aprovechamiento forestal en propiedad privada, es decir ninguno lo vio realizando la tala de árboles y tampoco a ninguno de ellos le consta, de manera directa, que esa tala tuviera como finalidad la edificación de una cabaña por parte de mi representada… de las declaraciones de los testigos [Nombre 002] y [Nombre 003] no se puede concluir de ninguna manera que mi representado sea la persona que realizó la acción de tala propia del delito de aprovechamiento forestal en propiedad privada…” (sic, folio 864 frente). Agrega, que el simple hecho de que el acusado sea propietario del inmueble no es suficiente para establecer su autoría en el delito de aprovechamiento forestal en propiedad privada, y que la única manera de vincularle con los hechos pasa necesariamente por incluir en el análisis la llamada \"declaración espontánea\" rendida por el imputado durante la inspección ocular, lo cual: “…resulta improcedente por tratarse de prueba ilícita…” (folio 864 vuelto). Considera así que, al afirmar el tribunal de apelación que, aun suprimiendo hipotéticamente dicha declaración, existe prueba suficiente para condenar, estaría incurriendo en una conclusión que no se deriva razonablemente de los elementos probatorios disponibles, con lo que se quebranta el principio de razón suficiente y se lesiona el debido proceso, en quebranto del artículo 142 del Código Procesal Penal. Como agravio, el licenciado Sánchez Fallas refiere que: “…De haber seguido un razonamiento correcto, es decir, respetuoso del principio lógico de razón suficiente, el tribunal de apelación de sentencia debió llegar a la conclusión de que no existe la posibilidad de señalar a mi representado como autor material de tal acción, de modo que debió acogerse el recurso de apelación y absolverse a mi representado en cuanto al delito indicado…” (folio 864 vuelto). A partir de ello, el defensor solicita se declare ineficaz el fallo impugnado y se remita el asunto al tribunal de apelación de sentencia para una nueva resolución del recurso de apelación, en cuanto a la condena por el delito de aprovechamiento forestal en propiedad privada. Se declara inadmisible el reclamo: Una vez analizado el primer motivo del recurso de casación interpuesto por el licenciado Sánchez Fallas, se detecta un defecto en su planteamiento que impide que pueda ser admitido para un ulterior examen de fondo. Según lo ha indicado esta Cámara: “…el recurso de casación penal asume los contornos teóricos y normativos de un recurso extraordinario, lo cual implica por lo menos dos cosas: (a) su objeto de conocimiento es mucho más limitado o restringido en comparación con aquel que impera en la vía ordinaria de impugnación (recurso de apelación de sentencia), de forma tal que se circunscribe a la errónea aplicación de un precepto legal, procesal o sustantivo, o bien, a la contradicción entre la resolución de alzada con lo que, sobre el mismo tópico tratado, hayan resuelto otros tribunales de apelación de sentencia o la propia Sala de Casación Penal; y (b) en su formulación deben respetarse determinados requisitos cuya inobservancia apareja la inadmisibilidad del reclamo. A propósito de la distinción entre recursos ordinarios y extraordinarios, la doctrina argentina, comentando su legislación en una elucubración que para estos efectos resulta igualmente aplicable al ámbito nacional, señala: “Se consideran ordinarios los recursos normalmente concedidos por la ley para provocar un nuevo examen de lo resuelto o un análisis del procedimiento cumplido sin limitación de motivos ni exigencias de recaudos que no sean comunes. En nuestras leyes son el de apelación, el de nulidad y el de reposición. Ya es tendencia generalizada que la nulidad esté comprendida en la apelación como un motivo de ella, desapareciendo en cuanto medio legalmente previsto por separado. La reposición, por su parte, aparece como un anticipo de los recursos devolutivos, aunque algunas veces tenga autonomía. Se consideran extraordinarios todos los demás recursos, pero algunos de ellos se sustraen del conjunto por tener una nota de excepcionalidad que enseguida veremos. Son extraordinarios no excepcionales la casación, la inconstitucionalidad local y otros que participan de caracteres similares como el de inaplicabilidad de ley y el de nulidad extraordinaria que legisla el Código de Buenos Aires. Estos recursos extraordinarios se caracterizan por tender a un contralor unificador de la jurisprudencia. Su fundamento es antes que nada institucional y referido al resguardo de la legalidad, no obstante estar formalmente subordinados a los intereses de las partes en el proceso. De aquí que los motivos sean limitados en función del requerimiento institucional, y que de ninguna manera pueda extenderse su taxatividad. En los no excepcionales, estos motivos son siempre de derecho y deben fundarse con el acto de instancia de manera que el recurso se baste a sí mismo.” (Clariá Olmedo, Jorge E. Derecho Procesal Penal. Tomo II. El Proceso Penal. Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni Editores P. 291.). Elaborando normativamente estos postulados teóricos, el legislador costarricense prescribe en el artículo 469 de la ordenanza procesal penal: “El recurso de casación será interpuesto bajo sanción de inadmisibilidad, ante el tribunal que dictó la resolución, dentro del plazo de quince días de notificada, mediante escrito o cualquier otro registro reglamentariamente autorizado. Deberá estar debidamente fundado y citará, con claridad, las disposiciones legales que se consideren inobservadas o erróneamente aplicadas, o bien, la mención y el contenido de los precedentes que se consideren contradictorios; en todo caso, se indicará cuál es el agravio y la pretensión. Deberá indicarse, por separado, cada motivo con sus fundamentos. Fuera de esta oportunidad no podrá aducirse otro motivo.” Complementariamente, el ordinal 471 ibid dispone: “La Sala de Casación declarará inadmisible el recurso cuando no se cumplan los requisitos legales para su interposición, según lo establece el artículo 469 anterior; además, cuando la resolución no sea recurrible, la parte no tenga el derecho de recurrir, cuando el recurso tenga como finalidad modificar los hechos probados o cuando el recurso sea absolutamente infundado, en cuyo caso lo declarará así y devolverá las actuaciones al tribunal de origen. Si el recurso es admisible, se asignará a un magistrado instructor; la Sala lo sustanciará y se pronunciará sobre los motivos planteados. Si el recurso es admisible y no se considera necesario convocar a una audiencia oral, la Sala dictará sentencia.” El precepto bajo análisis sanciona con la inadmisibilidad, aquel reclamo que no satisfaga los requisitos de interposición contemplados en el artículo 469 antes citado y, a su vez, añade cuatro nuevas hipótesis que conducen a la misma consecuencia jurídica. Estas son: (i) cuando la resolución no es recurrible (ausencia de impugnabilidad objetiva); (ii) cuando quien recurre no tiene derecho a hacerlo (ausencia de impugnabilidad subjetiva); (iii) cuando el recurso sea absolutamente infundado; y (iv) cuando se tenga por objeto variar el cuadro fáctico acreditado (transgresión al principio de intangibilidad de los hechos probados)…” (voto de esta Cámara N° 2023-958, de las 10:15 horas, del 19 de octubre del 2023: Solano, Vargas, Alfaro, Zúñiga y Segura). En este caso, se constata que concurren algunos requerimientos formales de interposición (por ejemplo, fue formulado por un sujeto procesal que ostenta legitimación y fue presentado ante el órgano jurisdiccional de alzada dentro del plazo conferido en la Ley de Notificaciones Judiciales). Sin embargo, también se detectan defectos que impiden que pueda ser admitido para su estudio de fondo. En primer término, cabe recordar que esta Sala ha sido conteste en señalar que los defectos de logicidad en la fundamentación de una sentencia no se presumen, sino que deben ser demostrados por quien los invoca, mediante la indicación precisa de cuál regla de la lógica, la ciencia o la experiencia fue quebrantada y de qué manera esa infracción incidió en lo que fue resuelto. Es decir, no basta con expresar disconformidad con la valoración que los juzgadores de instancia hicieron de la prueba testimonial, pues ello constituye una cuestión de mérito ajena a la competencia de esta sede casacional. En este asunto, el recurrente se limita a cuestionar que, en cuanto a [Nombre 002] y [Nombre 003]: \"…ninguno de estos testigos observó a mi representado realizando las acciones que corresponden al delito de aprovechamiento forestal en propiedad privada…\" (folio 864 frente), lo que constituye una discrepancia con el mérito probatorio otorgado por el a quo a la prueba evacuada, sin que se indique en qué consistió, concretamente, la ilogicidad de la inferencia realizada por el tribunal de apelación al avalar que dichos testimonios, en conjunto con el reconocimiento del propio encartado sobre el uso de la cabaña y su condición de propietario del inmueble, resultaban suficientes para tener por acreditada su autoría en el delito que le fue atribuido. La sola reiteración de que, para la defensa, tales elementos no permiten arribar a esa conclusión, no equivale a demostrar un vicio de razón suficiente, sino que consiste en un alegato infundado, conforme a los artículos 469 y 471 del Código Procesal Penal. Por otra parte, dentro de ese mismo motivo el impugnante introduce un reclamo de naturaleza distinta e independiente, relativo a la ilegalidad de la denominada \"declaración espontánea\" rendida por el imputado [Nombre 001] durante la inspección ocular, la cual, para el recurrente: \"…resulta improcedente por tratarse de prueba ilícita…\" (folio 864 vuelto). Se trata de un vicio de naturaleza probatoria distinto al invocado (relativo a la legalidad y admisibilidad de un elemento de prueba), y no a la logicidad del razonamiento empleado para valorarlo, que exige una fundamentación autónoma y diferenciada, con indicación precisa de la norma procesal infringida y de la trascendencia del vicio en el fallo. La incorporación de ese planteamiento como sustento adicional o subsidiario del reclamo de razón suficiente constituye una indebida mezcla de agravios de distinta naturaleza jurídica dentro de un mismo motivo. El artículo 469 del Código Procesal Penal consagra una serie de requisitos de interposición que necesariamente debe reunir el recurso de casación penal y cuya inobservancia se sanciona con la inadmisibilidad. En lo que interesa, el párrafo segundo de dicha norma establece: “Deberá indicarse, por separado, cada motivo con sus fundamentos. Fuera de esta oportunidad no podrá aducirse otro motivo.” Es decir, dado el carácter formal de este remedio de impugnación, la necesaria separación de los reproches se erige en un requisito de obligatoria observancia. Como se adelantó ya, en el caso de marras en un mismo motivo se han desarrollado dos reclamos que responden a temáticas diversas (pues una cosa es atacar el fundamento empleado por el ad quem y otra distinta alegar la ilegalidad de la prueba). Resulta clara la infracción al artículo 469 señalado, ante la evidente mezcla de motivos detectada, falencia que encuentra sanción en el numeral 471 del Código Procesal Penal en cuanto dispone, en lo que interesa: “La Sala de Casación declarará inadmisible el recurso cuando no se cumplan los requisitos legales para su interposición, según lo establece el artículo 469 anterior (...)”. A mayor abundamiento, se observa que el propio tribunal de apelación abordó expresamente ese extremo, al indicar que, aun prescindiendo hipotéticamente de la declaración espontánea cuestionada, la prueba testimonial independiente resultaba suficiente para sustentar la condena, argumento frente al cual el recurrente no formula una crítica lógica concreta, sino que se limita a reiterar su propia valoración de los elementos probatorios. En consecuencia, por no haberse demostrado el vicio de ilogicidad alegado, exponiéndose solo la inconformidad del impugnante con la valoración probatoria efectuada por el a quo y por incurrirse además en una indebida mezcla de reclamos de naturaleza distinta dentro de un mismo motivo, procede declarar inadmisible el primer motivo del recurso de casación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 469 y 471 del Código Procesal Penal.\n\n III.- En el segundo motivo, se invoca la utilización de prueba ilícita en la fundamentación de la sentencia de apelación en cuanto al delito de aprovechamiento forestal en propiedad privada. Argumenta el recurrente, que las manifestaciones realizadas espontáneamente por el acusado el día de la inspección ocular del 28 de enero de 2016, en las que admitió ser el responsable del aprovechamiento de madera, fueron obtenidas en violación de sus derechos fundamentales, específicamente, de su derecho de defensa consagrado en el artículo 39 de la Constitución Política y desarrollado en los artículos 12, 82 inciso e), 92, 175, 178 y 181 del Código Procesal Penal. Hace ver que en apelación alegó la utilización de prueba ilícita para fundar la sentencia del tribunal de primera instancia, al dársele valor probatorio a las manifestaciones rendidas sin la presencia de su defensor en el momento de esa inspección, indicando que: “…el tribunal de apelación no resuelve en realidad el reclamo formulado… ya que se limita a transcribir la forma en que el tribunal sentenciador resolvió el punto atinente a la utilización de prueba ilícita, pero sin hacerse cargo de los argumentos usados por esta defensa sobre ese particular… lo que hace es declinar el análisis respecto de la utilización de prueba ilícita, haciendo ver que aún suprimiendo lo que esta defensa tacha de prueba ilícita, es decir esas “manifestaciones espontáneas” del acusado, existen elementos probatorios adicionales que, de manera independiente, confirman la autoría de mi representado en cuanto a los hechos constitutivos de la conducta típica de aprovechamiento forestal en propiedad privada…” (folio 866 vuelto). Agrega que, para el día de la inspección ocular, el 28 de enero del 2016, el acusado [Nombre 001] ya tenía la condición de imputado conforme al artículo 81 del Código Procesal Penal, pues la diligencia fue ordenada por el Tribunal Ambiental Administrativo, en atención a una denuncia presentada en su contra, y las autoridades actuantes tenían clara sospecha de su responsabilidad penal, al punto de que el testigo [Nombre 003], quien: “…en debate admitió estar investido en aquel momento de la condición de autoridad de policía, manifestó que para ese momento él tenía la sospecha de que mi representado era responsable por ser el propietario registral del inmueble…” (folio 867 vuelto). En ese contexto, el impugnante considera que: “…era esencial que se le hubiera informado, desde el inicio del acto, acerca de su derecho de contar con un abogado defensor, y, sobre todo, del derecho de no declarar sin la asesoría y presencia de su abogado…” (folio 867 vuelto). De ahí que estime el impugnante, que toda manifestación del encartado: “…NO DEBIÓ SER USADA en la sentencia que aquí se impugna, como un elemento que confirma o corrobora otra prueba incorporada al debate…” (folio 867 vuelto). Alega que el tribunal de apelación de sentencia, al resolver este reclamo, no analizó los argumentos de la defensa sobre la ilicitud de la prueba, sino que simplemente señaló que, aun suprimiendo esas manifestaciones, existía prueba suficiente para condenar: “…Y siendo esto último incorrecto, es claro que se produce el vicio de inobservancia de un precepto procesal que aquí se reclama…” (folio 467 vuelto). Como agravio, refiere que, de haberse respetado el derecho del acusado a contar con la presencia y asesoría de su abogado al rendir cualquier declaración en el proceso: “…el tribunal de apelación de sentencia debió declarar la ilicitud de dicha prueba, debió suprimirla de la fundamentación de su sentencia, y debió absolver de toda pena y responsabilidad a mi representado toda vez que la restante prueba existente es insuficiente para una sentencia de condena en cuanto al delito que interesa…” (folio 868 frente). Solicita se declare ineficaz el fallo impugnado y se absuelva al endilgado por el delito de aprovechamiento forestal en propiedad privada, o en su defecto, que se remita el asunto ante el ad quem para una nueva resolución del recurso de apelación interpuesto. Para la mayoría (con el voto salvado de la magistrada Vargas González), el alegato es inadmisible: De la lectura de los reclamos desarrollados, se desprende que el impugnante incurrió en una entremezcla de motivos, razón suficiente para declarar inadmisible el alegato. Si bien, la defensa técnica inicialmente enuncia que el objeto del reclamo se refiere a una “…utilización de prueba ilícita en la fundamentación de la sentencia de apelación en cuanto al delito de aprovechamiento forestal en propiedad privada…” (folio 865 frente), posteriormente reclama que: “…en la sentencia que aquí se impugna el tribunal de apelación no resuelve en realidad el reclamo formulado por esta defensa, ya que se limita a transcribir la forma en que el tribunal sentenciador resolvió el punto atinente a la utilización de prueba ilícita, pero sin hacerse cargo de los argumentos usados por esta defensa sobre ese particular…” (folio 866 frente). En contra de las exigencias previstas en la legislación que conminan a interponer los motivos de forma separada según los numerales 469 y 471 de la normativa de rito, la defensa técnica alega de forma conjunta la ilegalidad de las manifestaciones espontáneas vertidas por el encartado durante la inspección ocular realizada el 28 de enero del 2016, con una ausencia absoluta de fundamentación por parte del tribunal de apelación de sentencia respecto a tal extremo, lo que pone en evidencia la entremezcla de motivos, sin que esta Cámara pueda prevenir la corrección del defecto en la técnica impugnaticia o solventar el yerro de oficio, debido al diseño del recurso de casación como un medio impugnaticio formal y extraordinario según se detalló supra. Sobre el tema de la entremezcla de motivos, esta Sala ha insistido en lo siguiente: “En primer lugar, se denota una falta de técnica en la formulación del recurso de casación, por cuanto existe una evidente mezcla de motivos, lo cual es razón suficiente para declarar inadmisible los reproches, toda vez que los artículos 469 y 471, prescriben, bajo pena de inadmisibilidad, que el recurso estará debidamente fundado e indicará por separado los motivos en que se basa. Esto significa que no es válido exponer de manera entremezclada diversos alegatos por vicios procesales como lo realiza el recurrente, sino que cada uno deberá exponer tanto su fundamentación fáctica, jurídica, con su respectivo agravio y pretensión, lo cual no ocurre en el líbelo que se somete a conocimiento por parte de esta Sala.”. (Voto 2015-0053, de las 09:49 horas, del 16 de enero de 2015, integrada por los Magistrados y Magistradas: Chinchilla, Ramírez, Arroyo, Pereira y Arias). En conclusión, la forma en que se plantea este alegato, genera confusión y evidencia una falta de claridad y de determinación del vicio que se invoca, lo que visibiliza que el recurrente incurre en una incorrecta técnica recursiva, ya que, mediante la interposición de un único motivo de casación, procede a argumentar varias inconformidades de manera entremezclada e imprecisa [...]\" (Resolución 2022-00250 de las 11:35 horas del cuatro de marzo de 2022, Sala integrada por Solano, Zúñiga, Ramírez, Alfaro y Burgos). Bajo estas consideraciones, y en consonancia con lo señalado en los artículos 467, 469 y 471 del Código Procesal Penal, se declara inadmisible el segundo motivo del recurso de casación planteado. \n\n IV.- En el tercer motivo que se formula, se alega una violación a las reglas de la sana crítica, en especial al principio de derivación o razón suficiente, en cuanto a la determinación del monto de la condena civil por daño ambiental, en quebranto del artículo 142 del Código Procesal Penal. La defensa indica que el acusado fue condenado a pagar la suma de once millones ochocientos diez mil cuatrocientos colones, más costas personales y procesales de la acción civil resarcitoria, con fundamento en un peritaje técnico elaborado por el Ingeniero Forestal Efraín Monge Hernández. Sin embargo, ese peritaje realiza una valoración global e indiscriminada de todos los daños ambientales causados en la propiedad, incluyendo los correspondientes a los hechos constitutivos del delito de invasión a zona de protección, respecto de los cuales el acusado fue absuelto: “…De forma tal que la suma a cuyo pago fue condenado mi representado, no se corresponde con el daño causado por los delitos por los que fue condenado, sino que lo supera…” (folio 868 vuelto). Indica el defensor, además, que: “…la suma a cuyo pago fue condenado mi representado, por el tribunal de primera instancia, corresponde no solo a los daños relacionados con los delitos por lo que fue condenado, sino que además incluye los daños causados por los delitos de invasión a zona de protección por los cuales fue absuelto…” (folio 869 frente), posición que según dice, fue asumida por el ad quem: “…puesto que se rechaza el recurso de apelación de sentencia planteado sobre ese particular, y se confirma la sentencia de primera instancia, con lo cual se avala y tiene por bueno el criterio errado del tribunal de juicio…” (folio 869 frente). Para el impugnante, la forma en que se resolvió resulta contraria a las reglas de la sana crítica, señalando que: “…El monto al que asciende la condena civil recaída excede, totalmente, el daño que corresponde a las acciones por las que fue condenado mi representado… El peritaje no permite establecer qué proporción del daño valorado en forma total en los once millones ochocientos diez mil cuatrocientos colones, corresponde a los hechos por los cuales fue absuelto mi representado. Esto fue planteado así en el recurso de apelación de sentencia, y el tribunal de apelación omitió el debido análisis al respecto, faltando así a las reglas de la sana crítica, en especial el principio de derivación, toda vez que la prueba usada para resolver no permite fijar en la suma concedida el daño que corresponde a los hechos por los que fue condenado mi representado…” (folio 869 frente y vuelto). Según señala, el tribunal de apelación confirmó la condena civil sin hacer ese análisis diferenciado, incurriendo así en una inobservancia de las reglas de la sana crítica, al tener por acreditado un monto global que supera la responsabilidad que realmente corresponde al acusado conforme a los hechos por los que fue condenado. Finaliza señalando que: “…De haber observado y aplicado las reglas de la sana crítica… el tribunal de apelación de sentencia debió llegar a la conclusión de que la condena civil por dicha suma es improcedente, ya que únicamente debió mi representado ser condenado civilmente por los daños relacionados con los hechos por los que fue condenado penalmente, y debió en consecuencia declarar con lugar el recurso de apelación planteado contra la sentencia de primera instancia sobre ese particular…” (folio 869 vuelto). Solicita, a partir de lo anterior, que se: “…disponga que el daño ambiental que debe ser pagado por mi representado es el que corresponde únicamente a los hechos por los cuales fue condenado penalmente, determinación que no puede hacerse con base en la valoración del daño ambiental existente en el proceso, ya que la misma hace una valoración global de los daños sin distinción alguna. De forma tal que la condena civil debe disponerse en abstracto, para que sea en ejecución de sentencia donde se cuantifique el daño que corresponde a los hechos por los que fue condenado…” (folio 870 frente). Para la mayoría (con el voto salvado de la magistrada Vargas González), el alegato es inadmisible: Una vez analizado el tercer motivo formulado, es posible determinar que el defensor plantea dos argumentos de manera entremezclada: (i) la inexistencia de análisis por parte del órgano de alzada en relación con un alegato contenido en su recurso de apelación, al indicar que si bien, se alegó que el peritaje no permitía establecer qué proporción del daño valorado correspondía a los hechos por los cuales el imputado resultó absuelto: “…el tribunal de apelación omitió el debido análisis al respecto…” (folio 869 frente) y (ii) la presencia de un defecto en el razonamiento del ad quem, al estimarse violatorio de las reglas de la sana crítica el tener por acreditado un monto global que supera la responsabilidad que realmente le corresponde al encartado. Se evidencia con ello, que en un mismo motivo se han introducido dos reclamos de naturaleza distinta e incluso contradictoria, pues una cosa es la ausencia absoluta de fundamentación (hipótesis en la cual, el órgano jurisdiccional omite pronunciamiento en relación con algún punto sometido a su conocimiento) y otra distinta que la fundamentación brindada lesione las reglas de la sana crítica. Al respecto, el artículo 469 del Código Procesal Penal dispone: “El recurso de casación será interpuesto bajo sanción de inadmisibilidad, ante el tribunal que dictó la resolución, dentro del plazo de quince días de notificada, mediante escrito o cualquier otro registro debidamente autorizado. Deberá estar debidamente fundado y citará, con claridad, las disposiciones legales que se consideren inobservadas o erróneamente aplicadas, o bien, la mención y el contenido de los precedentes que se consideren contradictorios; en todo caso, se indicará cuál es el agravio y la pretensión. Deberá indicarse, por separado, cada motivo con sus fundamentos. Fuera de esa oportunidad no podrá aducirse otro motivo” (el destacado no pertenece al original). Si bien ambos supuestos pueden ser examinados en casación, en su formulación debe respetarse lo dispuesto en el artículo 469 ibíd, que según se señaló, preceptúa, bajo sanción de inadmisibilidad, que los motivos deben invocarse y fundamentarse de manera separada. Aunado a lo anterior, se advierte que, pese a que nominalmente se invoca un error en la construcción lógica por parte del tribunal de apelación de sentencia, tras un acercamiento más preciso, se evidencia un simple desacuerdo o discrepancia del recurrente con lo que fue resuelto. Adviértase que, al conocer el cuarto motivo del recurso de apelación, en el que se invocaba fundamentación errónea en cuanto al monto de la indemnización civil, el ad quem indicó: “…Contrario a lo que alega el señor defensor, de la sentencia sí se deriva la relación de causalidad existente entre el actuar o no del propietario del inmueble y el daño ambiental, aspecto que hace ver la señora jueza en su resolución y concretamente al indicar lo relacionado con la acción civil resarcitoria. Como bien lo apunta el recurrente, la responsabilidad objetiva es admitida en materia ambiental y para poderla aplicar se requiere de esta condición (el mínimo de acción del condenado), elemento descrito en sentencia, la que dispuso: “De igual manera se ha demostrado que con la tala y eliminación de árboles en ese mismo inmueble -sin contar con permiso alguno- el demandado civil [Nombre 001] afectó el entorno natural del sitio y provocó daños al suelo, por cuanto dejó expuesta la capa vegetal del mismo, facilitando el arrastre de sedimentos a los cuerpos de agua a causa de la escorrentía, además de que afecta las especies silvestres que tienen a dichos árboles como su hábitat. Además, la eliminación de árboles afecta la fijación de carbono a través de la biomasa, la belleza escénica natural y la función de protección contra la radiación solar, que ayudan a mantener la temperatura del aire, del suelo y del agua. (…) Si bien, a nivel penal no fue posible establecer la autoría directa del imputado [Nombre 001] respecto a las obras construidas invadiendo los cauces y zonas de protección de ambos cuerpos de agua, ya que no fue posible establecer bajo cuáles condiciones se construyeron, para la responsabilidad civil que se pretende, basta con que el imputado figurara como el propietario del fundo afectado y por lo tanto toleró que se realizaran tales afectaciones a esos recursos de dominio público y protección estatal. Resultando que es ese vínculo objetivo fundamentado en nuestra legislación, lo que permite realizarle el reclamo pretendido civilmente por el Estado Costarricense al demandado civil [Nombre 001], quien debe responder por la actividad riesgosa que permitió en su propiedad propiamente como balneario, restaurante, hospedaje, etc.” (ver folios 812 y 813 del expediente). En cuanto a la ausencia de actividades que pudiesen derivar en una responsabilidad objetiva, queda demostrado que la sentencia sí hace ver cuáles son y las justifica a efectos de atribuirle la misma al imputado y por ello no lleva razón el recurrente. Ahora, el reclamo relacionado con el monto de la acción civil, tampoco puede prosperar, ya que tal y como lo hace ver la resolución consta en el expediente bajo el oficio ACC-OSRP-1518-2018, que es el Dictamen Pericial con la estimación económica del daño ambiental, visible a folios 302 al 321, en el que el Ingeniero Forestal Efraín Monge Hernández detalla en forma concreta los montos por el daño ambiental causado, así como la indemnización, aspectos de los cuales no se aparta y más bien justifica la sentenciadora a la hora de emitir la resolución, montos que el apelante no alcanza a desmerecer ni a demostrar que no correspondan, sean desproporcionados o irrazonables, nada de lo cual aprecia en todo caso esta Cámara. Así las cosas, se declaran sin lugar los reclamos.” (folio 856 vuelto a 857 frente). En esta oportunidad, el impugnante expone una simple discrepancia con el contenido de lo que fue argüido por el tribunal de apelación de sentencia, desavenencia valorativa que en modo alguno faculta el examen de fondo ante esta sede. Así las cosas, conforme a los numerales 467, 468, 469 y 471 del Código Procesal Penal, se declara inadmisible el reclamo.\n\nPor tanto:\n\n Se declara inadmisible el recurso de casación. La magistrada Vargas González salva el voto parcialmente. Notifíquese.\n\n \n\n \n\n \n\nGerardo Rubén Alfaro V.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\nPatricia Vargas G.\n\n \n\nAisen Herrera L.\n\nMagistrado suplente\n\n \n\n \n\nGiovanni Mena A.\n\nMagistrado suplente\n\n \n\n \n\n \n\nRosa Acón Ng.\n\nMagistrada suplente\n\nVoto parcialmente salvado de la magistrada Vargas González\n\n Aunque comparto la admisión del primer motivo del recurso, no coincido con declarar inadmisibles los restantes, decisión que adopta la mayoría de la Sala a partir de la idea de que la casación es un medio de impugnación formalista y extraordinario. Las razones de mi postura las expongo de seguido. (A) Sobre la conceptualización y la evolución del recurso de casación. La forma en la cual se aplica el derecho parte de una discusión de vieja data que podría dividirse en dos categorías de análisis de la interpretación: una dinámica y la otra estática. La primera se inspira en el valor de la adaptación continua del derecho a la vida social y recomienda una interpretación que atienda a nuevas circunstancias sociales y culturales. La ideología estática se funda en los valores de la estabilidad de la disciplina jurídica. Por eso, aconseja al juez una interpretación rígida y constante diacrónicamente, sin grandes modificaciones (Guastini, Riccardo. Teoría e ideología de la interpretación constitucional, México: Editorial Trotta, 2008, pp.58-61). Una perspectiva dinámica entiende al ordenamiento jurídico como “…sistema dinámico y abierto porque su estructura permite la capacidad de aprendizaje de las normas y captar así, los cambios en la realidad, y, por último, ese sistema jurídico abierto se muestra bajo la forma de reglas y principios, ambos de naturaleza plenamente jurídica…” (Bustos Gisbert, Rafael. La Constitución Red: un estudio sobre Supraestatalidad y Constitución, Bilbao: Editorial Oñati, 2005, p. 38). Teniendo aquel planteamiento como base teórica, es importante subrayar que el recurso de casación tuvo un origen y un propósito que responde a una época diametralmente distinta a la nuestra. La casación surgida en Francia fue fruto del control que, en el contexto post-revolucionario, el Parlamento buscaba ejercer sobre el Poder Judicial pues, dada la degradación del Antiguo Régimen y sus instituciones, era razonable que hubiera desconfianza sobre el quehacer jurisdiccional el cual por siglos actuó como fuente legitimadora de los excesos de las monarquías y las élites dominantes (Pérez Royo, Javier. Curso de derecho constitucional, Madrid: Editorial Marcial Pons, 2007, p. 115.). Por esta razón, se creó un tribunal extrajudicial, situado en el Poder Legislativo, cuya función era revertir las resoluciones en las cuales los jueces -entonces, hombres- recurrieran a la vía de la interpretación -recurso que se estimaba violatorio del principio de división de poderes y de la soberanía popular- y se separasen del sentido literal de las normas. Con el transcurso de los años, y dada la burocratización jerarquizada y piramidal del aparato de justicia, se entendió que no era necesario que aquel tribunal se mantuviera fuera de la estructura judicial (Damaska Mirjan. Las caras de la justicia y el poder del Estado: análisis comparado del proceso legal, Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 2000 p. 33) y “… y, por ende, se consideró llegada la hora de ubicar a este tribunal dentro del propio mecanismo judicial, como su cabeza. El tribunal vigilador de jueces, que el poder político (Parlamento, Emperador) había usado al margen del judicial, pasaba a ser cabeza de éste, siempre en una estructura verticalmente organizada y jerárquica, es decir, corporativa. El tribunal de casación dejó de vigilar a los jueces para pasar a mandarlos. De ese modo se garantizaba por lo menos teóricamente el estricto y celoso cumplimiento de la voluntad política expresada en la ley. Que concebida de este modo y también para no sobrecargar de trabajo al tribunal cupular, la casación fue la instancia que no entendía de hechos, sino sólo de la interpretación de la ley, para que ésta no se distorsionase en su aplicación, con el objetivo político de garantizar la voluntad del legislador y reducir al juez a la boca de la ley. La cúpula jerárquica que coronaba la estructura judicial corporativa rompía las sentencias que se apartaban de esa voluntad política expresada en la letra de la ley. El modelo se extendió rápidamente por Europa y se mantuvo casi invariable hasta la finalización de la segunda guerra mundial…” (Corte Suprema de la Nación de Argentina, Caso Casal, 20 de septiembre de 2005). Sin embargo, progresivamente, ha habido una evolución que se traduce, más allá de las socorridas invocaciones históricas -inútiles, a mi modo de entender este debate-, en una redefinición del recurso de casación el cual puede decirse que se enmarca dentro del desarrollo mismo del Estado que pasó de ser Estado de Derecho, en el siglo XIX, a Estado Constitucional de Derecho, en el siglo XX, lo cual implica, en esencia, un replanteamiento fenomenológico del entramado estatal, que se entiende ahora tributario de los derechos reivindicados en diferentes etapas históricas (Corchete, María José. Derechos Fundamentales, en: Teoría y Realidad Constitucional, UNED, Nº 20, 2do semestre, España, 2007, pp. 535-556) y que han sido positivizados en los ordenamientos jurídicos. Como argumentaré en el siguiente acápite, el legislador costarricense ha optado por un sistema procesal que dista de la visión que podría denominarse clásica-originaria del recurso de casación y le ha dado unos contornos distintos. Esto se comprende en la medida que las sociedades contemporáneas, muy lejanas ya de la Francia del siglo XVIII, han ido consolidando sistemas judiciales que crean una serie de garantías para tutelar los derechos fundamentales de la ciudadanía -como las que se extraen del artículo 41 de la Carta Política- y que, con toda seguridad, no encajan, en la versión primigenia de ciertos institutos, como los mecanismos recursivos, que han transitado también por sus propios procesos evolutivos. Frente a eso no resultaría razonable recurrir a resabios y prácticas atávicas que no se corresponden con lo dispuesto por muchos de los ordenamientos jurídicos vigentes. Argentina resulta un buen ejemplo porque es equiparable al caso costarricense y porque, además, es uno de los sistemas procesales de mayor influencia en la región y algunos de sus autores -en nuestro medio- se suelen citar -en mi opinión, de manera inexacta- con el propósito de sustentar la posición de que el recurso de casación es extraordinario y, por tanto, está sometido a una serie de rigores formalistas. En 2005, la Corte Suprema de la Nación profirió una sentencia en la que haciendo un prolijo y notable análisis jurídico de las disposiciones constitucionales y legales en vigor defenestró la tesis según la cual el recurso de casación tiene naturaleza extraordinaria. Los ministros del alto tribunal federal indicaron: “…el llamado objetivo político del recurso de casación, sólo en muy limitada medida es compatible con nuestro sistema, pues en forma plena es irrealizable en el paradigma constitucional vigente, dado que no se admite un tribunal federal que unifique la interpretación de las leyes de derecho común y, por ende, hace inevitable la disparidad interpretativa en extensa medida. La más fuerte y fundamental preocupación que revela el texto de nuestra Constitución Nacional es la de cuidar que por sobre la ley ordinaria conserve siempre su imperio la ley constitucional. Sólo secundariamente debe admitirse la unificación interpretativa, en la medida en que la racionalidad republicana haga intolerable la arbitrariedad de lesiones muy groseras a la igualdad o a la corrección de interpretaciones carentes de fundamento. Pero resulta claro que no es lo que movió centralmente a los constituyentes a la hora de diagramar el sistema judicial argentino (…) Que en síntesis, cabe entender que el art. 456 del Código Procesal Penal de la Nación debe entenderse en el sentido de que habilita a una revisión amplia de la sentencia, todo lo extensa que sea posible al máximo esfuerzo de revisión de los jueces de casación, conforme a las posibilidades y constancias de cada caso particular y sin magnificar las cuestiones reservadas a la inmediación, sólo inevitables por imperio de la oralidad conforme a la naturaleza de las cosas. Dicho entendimiento se impone como resultado de (a) un análisis exegético del mencionado dispositivo, que en modo alguno limita ni impone la reducción del recurso casatorio a cuestiones de derecho, (b) la imposibilidad práctica de distinguir entre cuestiones de hecho y de derecho, que no pasa de configurar un ámbito de arbitrariedad selectiva; (c) que la interpretación limitada o amplia de la materia del recurso debe decidirse en favor de la segunda, por ser ésta la única compatible con lo dispuesto por la Constitución Nacional (inc. 22, del art. 75, arts. 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos); (d) ser también la única compatible con el criterio sentado en los dictámenes del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas y en sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos…” (Corte Suprema de la Nación de Argentina, Caso Casal, 20 de septiembre de 2005). En la misma línea de pensamiento y adelantando lo que concluiré más adelante, estimo que por el diseño legislativo por el que se optó, al regular este instituto en el Código Procesal Penal, y, más importante aún, por las disposiciones constitucionales que inspiran nuestro sistema jurídico es un error insistir en que el recurso de casación es un medio de impugnación extraordinario. (B) Sobre la casación costarricense y la posición que la Sala Tercera ha asumido en cuanto a este medio de impugnación. La sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el 2 de julio de 2004 en el caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica supuso una transformación del sistema de impugnaciones costarricense al concluir el tribunal internacional que, para garantizar el derecho al recurso en materia penal (contemplado en el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el numeral 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), no era suficiente con la existencia formal de un recurso de casación ante un tribunal distinto y de mayor jerarquía, sino que este, además, debía ser eficaz, amplio, accesible y desprovisto de formalismos, de tal modo que permitiese hacer un examen integral en el cual se pudiera fiscalizar la aplicación de las normas procesales y sustantivas. En esencia, se pretendía que un derecho abstracto a la impugnación pudiera traducirse en el ejercicio concreto y efectivo del mismo. Tras la condena al Estado costarricense y en el contexto de la supervisión del cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH, se creó el recurso de apelación de sentencia (cfr. Ley 8837, denominada “Creación del recurso de apelación de sentencia, otras reformas al régimen de impugnación e implementación de nuevas reglas de oralidad en el proceso penal”, publicada en La Gaceta N° 111 del 9 de junio de 2010, Alcance 10-A), con el cual, finalmente, quedaron satisfechas las exigencias del tribunal regional (así, resolución de la Corte IDH de 22 de noviembre de 2010). En consonancia con lo anterior la casación también fue sometida a varias reformas en los años 2010 (ley número 8837 citada) y 2012 (ley N° 9021 del 3 de enero de 2012, denominada “Reformas ley N° 7594 Código Procesal Penal, ley N° 7576 Ley de Justicia Penal Juvenil, ley N° 8460 ley de Ejecución de Sentencias Penales Juveniles, ley N° 7333 Ley Orgánica del Poder Judicial y adición al Código Procesal Penal”, publicada en La Gaceta N° 18 del 25 de enero de 2012, Alcance 12) y desde entonces procede contra las resoluciones proferidas por los tribunales de apelación de sentencia “que confirmen total o parcialmente, o bien resuelvan en definitiva, la sentencia dictada por el tribunal de juicio” (artículo 467 del Código Procesal Penal, en adelante C.P.P.). Frente a este panorama normativo la Sala Tercera, con diversas integraciones, ha sostenido desde entonces que al haberse garantizado el derecho a recurrir con otro medio de impugnación, la casación debía ser entendida en su concepción original o clásica, formalista, estricta y extraordinaria, razón por la cual si la parte interesada no cumple a cabalidad los requerimientos que plantea el Código Procesal Penal (p. ej., separación de motivos, cita de disposiciones que se consideren inobservadas o erróneamente aplicadas, agravio y pretensión) el recurso deberá ser declarado inadmisible. Solo a modo orientativo, en el año 2012 se indicó: «De previo al análisis del caso concreto, conviene realizar algunas consideraciones en torno a la nueva naturaleza jurídica del recurso de casación previsto en nuestro ordenamiento, a partir de la ley 8837 denominada “Creación del Recurso de Apelación de la Sentencia, otras reformas al Régimen de Impugnación e Implementación de Nuevas Reglas de Oralidad en el Proceso Penal”. En ese sentido, una primera precisión que debe hacerse es que el recurso de casación actual no es más un recurso ordinario, como lo establecía el régimen impugnaticio anterior, sino que, retorna a su noción –doctrinariamente correcta- de recurso extraordinario, en el que el control jurisdiccional se limita a los motivos expresamente autorizados en la ley y a los agravios específicos que reclame el interesado. De modo que nos encontramos frente a una variación absoluta en el concepto de este tipo de impugnación, que necesariamente implica una distinta práctica judicial. Es así como, en esta Sede, el análisis se limita esencialmente a la legalidad de lo resuelto; no es, en principio, un re-examen de los hechos ni de la prueba evacuada, porque tal ejercicio corresponde ahora a una función específica encomendada al Tribunal de Apelación de Sentencia. En ese sentido, debe tomarse en cuenta que resurge el principio de intangibilidad de los hechos probados. Por otro lado, no puede obviarse que, como todo medio de impugnación, el recurso de casación, en su formulación actual, se encuentra sometido a las reglas generales de la impugnación, en el tanto, únicamente puede dirigirse contra las resoluciones previstas como recurribles, y sólo por quienes se encuentren legitimados para recurrir.» (res. 791-2012 de las 9:16 horas del 18 de mayo de 2012, el destacado es suplido). Ha pasado más de una década y la anterior postura, en lo medular, se ha mantenido inalterada: «[...] En primer término, es imperativo recordar que desde que entrara en vigor la enmienda legal introducida al Código Procesal Penal mediante ley N° 8837, del 3 de mayo de 2010, el recurso de casación ostenta una naturaleza jurídica extraordinaria. Consecuencia de lo anterior, quien impugna en esta vía debe observar un conjunto debidamente delimitado de requisitos de interposición, cuya transgresión se ha sancionado con la inadmisibilidad. Es precisamente el rigor en la técnica de formulación del reproche uno de los rasgos que permiten diferenciar al recurso extraordinario, de aquel ordinario, caracterizado por la mayor amplitud e informalidad dispensada a los recurrentes. En línea con lo anterior, señala la doctrina: “… como la misma denominación lo indica, la calificación de ordinariedad y extraordinariedad derivará de lo que dentro de un sistema procesal se entienda como habitual o excepcional. Esto significa pura y simplemente que recursos ordinarios serán aquellos que aparecen legislados como medios o instrumentos normales de impugnación, quedando reservados para la segunda categoría aquellos que sólo proceden en supuestos en cierto sentido excepcionales o no habituales. Esto debe entenderse dentro del contexto teórico de la cuestión, ya que no puede olvidarse que lo propio de una decisión jurisdiccional es que se cumpla, es decir, que quede firme y produzca sus efectos; el recurso, que como advierte Manzini, implica una actividad procesal determinante de \"una nueva fase del mismo procedimiento\" tendiente al contralor o renovación \"del juicio anterior\", es una demora y una complicación, explicable y justificable por las razones de racionalidad y justicia antes aludidas, pero que es necesario rodear de requisitos estrictos; así, el menor o mayor rigor de los mismos será también un criterio para la caracterización estudiada.” (Vásquez Rossi, Jorge E. 1997. Derecho Procesal Penal. Tomo II. El Proceso Penal. Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni Editores P. 472). [...]» (res. 2022-0401 de las 10:26 horas del 8 de abril de 2022. En un sentido similar, 2022-0362 de las 14:02 horas del 30 de marzo de 2022). También se ha dicho que por esa naturaleza “formal, estricta y extraordinaria” no cabe hacer a la parte recurrente prevención alguna para que subsane los defectos de su gestión (res. 2017-0617 de las 9:48 horas del 8 de agosto de 2017, o 2021-1460 de las 10:28 horas del 9 de diciembre de 2021). (C) Posición de quien suscribe estas líneas en cuanto al recurso de casación en Costa Rica. Las anteriores consideraciones no las comparto pues: i) la casación no es un recurso extraordinario. Véase que se formula contra una sentencia que no está firme y que no se ejecuta (como tampoco la de primera instancia salvo puntuales excepciones, cfr. art. 366 y 483 C.P.P.) hasta tanto se resuelva ese recurso o se supere el plazo para plantearlo. Dicho en otras palabras, la casación cuestiona una decisión que no está cubierta por la cosa juzgada. Este es el criterio que usa, por ejemplo, Vincenzo Manzini para distinguir entre impugnaciones ordinarias y extraordinarias, al señalar “Impugnaciones ordinarias son las que concede normalmente la ley, o sea, sin el presupuesto de cosa alguna excepcional, y que se pueden actuar solo en relación a providencias que no han adquirido aun autoridad de cosa juzgada o que no son susceptibles de adquirirla nunca, como la apelación, y el ordinario recurso de casación. Impugnaciones extraordinarias son, en cambio, las que concede excepcionalmente la ley, a saber, en el presupuesto de alguna cosa extraordinaria, y que se proponen contra providencias que han adquirido ya autoridad de cosa juzgada. Tales son el recurso de casación contra sentencias de jueces especiales hechas irrevocables, y la demanda de revisión. Estos institutos sirven precisamente para moderar el de la autoridad de la cosa juzgada. Hacen de elementos de compensación para impedir las más peligrosas y perjudiciales consecuencias del principio de la indiscutibilidad de las comprobaciones judiciales irrevocablemente establecidas. Son medios de seguridad jurídica y social contra la injusticia engendrada por errores tardíamente descubiertos. […] Toda otra distinción en medios ordinarios y extraordinarios es falaz y artificiosa en el derecho procesal penal, porque no responde a la expresión de las palabras ni a la realidad de las cosas.” MANZINI, Vincenzo. Tratado de Derecho Procesal Penal. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-América, Tomo V, 1951, p. 21. En cuanto a este tema es importante reconocer que la Sala Constitucional, en resolución 13065-2012 de las 9:05 horas del 18 de septiembre de 2012, sostuvo que tras la reforma operada en el régimen de impugnaciones costarricense la casación tenía carácter extraordinario porque la sentencia dictada por el tribunal de juicio adquiría firmeza una vez resuelto el recurso de apelación formulado en su contra o superado el plazo para su interposición: “Sobre la firmeza de las sentencias en materia penal. Las instancias recursivas del proceso penal, a partir de la Ley 8837 de Creación del Recurso de Apelación de la Sentencia, otras Reformas al Régimen de Impugnación e Implementación de Nuevas Reglas de Oralidad en el Proceso Penal, han variado, de conformidad con lo que se establece en el citado cuerpo normativo. Por esta razón, es imprescindible establecer el momento jurídico en el cual adquiere firmeza una resolución en dicha materia, pues, únicamente, a partir de ahí, se podrían ejecutar los actos jurídicos posteriores o derivados de la sentencia, entre los que destaca la restricción o la libertad del sometido al proceso. De esta manera y, en atención a los mandamientos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, específicamente, del artículo 8.2.h), así como el artículo 14.5) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es que nuestro sistema procesal penal se adecuó al respeto de dichas garantías. Es un principio general de derecho que las sentencias adquieren su firmeza, una vez agotados los recursos ordinarios dispuestos por el ordenamiento jurídico para combatirlas, por lo que siendo la casación un recurso extraordinario, se puede indicar que la sentencia en materia penal adquiere firmeza y, por ende, es ejecutable, una vez resuelto el caso por el Tribunal de alzada, confirmando la sentencia del a quo, o bien, vencido el plazo para la apelación.” (el destacado es suplido). Sin embargo, poco tiempo después aquella posición fue enmendada por la propia Sala que, en lo que interesa, concluyó en los siguientes términos: «En relación con el tema de la firmeza de la sentencia, para efectos de establecer si procede el dictado de una medida cautelar o no, esta Sala, bajo una mejor ponderación de los diferentes aspectos planteados, estima que la sentencia no puede reputarse firme hasta que sean superadas las fases de apelación y casación, ya sea por haberse interpuesto dichos recursos o por haberse superado los plazos de ley para plantearlos. […]» (res. 2012-016848 de las 11:30 horas del 30 de noviembre de 2012). A lo expuesto cabe agregar que, en este recurso, además de la unificación de la jurisprudencia [función nomofiláctica, art. 468 inciso a) C.P.P.] se contemplan como causales para recurrir la inobservancia o errónea aplicación de las normas sustantivas y los preceptos procesales [art. 468 inciso b) C.P.P.], las cuales no son sobrevenidas o extraordinarias, como sí sucede con el procedimiento de revisión de sentencia firme (cfr. art. 408 C.P.P.). ii) Aplicar criterios formalistas al examinar la admisibilidad de la casación supone un quebranto a lo dispuesto en el artículo 2 del Código Procesal Penal. Tratándose de la casación, los artículos 469 y 470 del C.P.P. contemplan una serie requisitos: «Artículo 469.-Interposición. El recurso de casación será interpuesto bajo sanción de inadmisibilidad, ante el tribunal que dictó la resolución, dentro del plazo de quince días de notificada, mediante escrito o cualquier otro registro reglamentariamente autorizado. Deberá estar debidamente fundado y citará, con claridad, las disposiciones legales que se consideren inobservadas o erróneamente aplicadas, o bien, la mención y el contenido de los precedentes que se consideren contradictorios; en todo caso, se indicará cuál es el agravio y la pretensión.\n\nDeberá indicarse, por separado, cada motivo con sus fundamentos. Fuera de esta oportunidad no podrá aducirse otro motivo.\n\nArtículo 471.- Admisibilidad y trámite. La Sala de Casación declarará inadmisible el recurso cuando no se cumplan los requisitos legales para su interposición, según lo establece el artículo 469 anterior; además, cuando la resolución no sea recurrible, la parte no tenga el derecho de recurrir, cuando el recurso tenga como finalidad modificar los hechos probados o cuando el recurso sea absolutamente infundado, en cuyo caso lo declarará así y devolverá las actuaciones al tribunal de origen.\n\nSi el recurso es admisible, se asignará a un magistrado instructor; la Sala lo sustanciará y se pronunciará sobre los motivos planteados.\n\nSi el recurso es admisible y no se considera necesario convocar a una audiencia oral, la Sala dictará sentencia.»\n\nDurante años la Sala Tercera ha entendido que basta con que la parte recurrente incumpla alguno de los requerimientos mencionados para que se decrete la inadmisibilidad de su impugnación lo cual, en mi criterio, vulnera el artículo 2 del Código Procesal Penal [según el cual “deberán interpretarse restrictivamente las disposiciones legales que coarten la libertad personal o limiten el ejercicio de un poder o derecho conferido a los sujetos del proceso (…)”] no solo porque en sustento de lo anterior se invoca un supuesto regreso a una casación clásica pese a que no hay norma alguna en el C.P.P. o en otro cuerpo normativo que de manera expresa lo contemple así, sino también porque al atribuir a la casación un carácter extraordinario se descarta toda posibilidad de aplicar el artículo 15 del C.P.P., en la medida en que este prescribe el saneamiento de los defectos formales para cualquier gestión o recurso ordinario. iii) A partir de lo expuesto, concluyo que la mayoría de los argumentos que se suelen dar para declarar inadmisibles los recursos no son atendibles. El que haya entremezcla de motivos (que en muchos casos ni siquiera impide precisar cuáles son los extremos de la resolución de alzada que cuestiona la persona apelante) o que no se precisen las normas de interés no son circunstancias que sustenten de manera legítima el rechazo ad portas dado que esos defectos, si es que se consideran problemáticos, son susceptibles de enmienda. Tampoco lo que es que la parte recurrente cuestione los hechos demostrados en sentencia dado que no en todos los casos estos se pueden considerar inalterables. En ese sentido, explica Llobet Rodríguez que si bien el numeral 471 del C.P.P. señala que se debe declarar inadmisible el recurso cuando con él se pretenda “modificar los hechos probados”, el principio de intangibilidad de los hechos demostrados no rige cuando se reclama la errónea aplicación o inobservancia de preceptos procesales [art. 468 inciso b) citado]: “[…] el principio de intangibilidad de los hechos probados fijados en la sentencia impugnada rige solamente con respecto al recurso de casación por el fondo, pero no con respecto al recurso de casación en que se alega inobservancia de la ley del procedimiento, ya que una característica de los reclamos por vicios procesales es que se reclama en contra de la fijación de los hechos tenidos por probados en la sentencia (…) precisamente el interés de la parte impugnante en el reclamo por violación a la ley procesal es que no se está conforme con los hechos probados, de modo que los mismos debido al error procesal fueron fijados de manera errónea”. LLOBET Rodríguez, Javier. Proceso Penal Comentado. San José: Editorial Jurídica Continental, 6° edición, 2017, p. 694 (el destacado es suplido). De igual forma, negarse a examinar un reclamo porque en él se cuestiona simultáneamente la sentencia de instancia y la de apelación tampoco sería correcto si pese a esa situación, es posible entender qué aspectos de la segunda resolución son los puestos en entredicho. Siempre en este orden de ideas, cabe hacer una breve referencia al caso de los recursos que son declarados inadmisibles argumentando que son absolutamente infundados. En primer lugar, nótese que, en buena técnica, con esa expresión se alude a aquellas impugnaciones que son improcedentes de manera categórica (y no a las que presentan un escaso fundamento o sustento en cuanto a los motivos invocados). Según la doctrina, se trata de un recurso que está «desprovisto de razón (y es) tan pobre en su motivación que los jueces lo rechazarían en base a su sola lectura. Que sea manifiesto (o absoluto) significa, según Piedrabuena, que el error es “ostensible y evidente y no requiere un estudio más a fondo”. Según Collados significa que la fundamentación exhibe un error tan “brutal, manifiesto, evidente, superficial o indiscutible” que sería rechazado solo en base a un ligero examen del recurso» Bravo-Hurtado, Pablo. “Recurso manifiestamente infundado como filtro de buena fe. La casación chilena en perspectiva comparada”. En: Revista chilena de Derecho. Chile: Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Derecho, Vol. 46, número 3, 2019, 691-716. En segundo término, coincido con Llobet Rodríguez en cuanto que la posibilidad de declarar inadmisible un recurso de casación por esa razón debe ser excepcional, pues se corre el riesgo de resolver, en fase de admisibilidad, el fondo de lo alegado, y hacerlo además sin un adecuado examen: «El término que se utiliza es “absolutamente infundado” […] hace referencia a que la improcedencia se puede afirmar de manera categórica, sin duda alguna. No se aprecia mayor diferencia con el término “manifiestamente infundado” que hace referencia a que es clara, patente la improcedencia […] No se trata por ello propiamente de que el recurso no cumpla con las formalidades requeridas, sino que se considere que es clara la improcedencia de lo reclamado, lo que implica en definitiva un rechazo por motivos de fondo. La posibilidad de declarar inadmisible un recurso de casación por “absolutamente infundado” debe tener un carácter absolutamente excepcional, siendo procedente solamente en supuestos en que la formulación del reclamo tiene un carácter meramente dilatorio y no es consecuencia de un reclamo serio. Sin embargo, este carácter excepcional no se aprecia en la práctica de la Sala Tercera, en la cual es corriente que se declare inadmisible un recurso de casación tomando en cuenta consideraciones de fondo y no propiamente por incumplimiento de las formalidades del recurso […] gran parte de los recursos se declaran inadmisibles no porque no cumplan con los requisitos de admisibilidad, sino porque resolviendo el asunto por el fondo y sin realización de la vista oral pedida, se consideran “absolutamente infundados” (Art. 471). […] Debe advertirse que uno de los problemas que implica la declaración de inadmisibilidad del recurso, por ser absolutamente infundado, es que la Sala Tercera declara ello, en general, en forma bastante somera, a partir de consideraciones generales. Con ello evita también la realización de la vista oral. Se ha afirmado que los abogados no saben formular recursos, ya que gran parte de esta declaración de inadmisibilidad no es por defectos formales del recurso, sino porque la Sala lo considera, con un excesivo rigorismo, excesivamente infundado». LLOBET RODRÍGUEZ, Javier. Proceso penal comentado. San José: Editorial Jurídica Continental, 7° edición, 2023, pp. 738 y 739. Así las cosas, tampoco comparto las inadmisibilidades decretadas con el citado argumento, salvo en casos donde, de manera contundente y sin mayor análisis, se pueda asegurar que el alegato es improcedente. Por último, en cuanto a la entremezcla de motivos, restaría añadir que, según se desprende del numeral 468 del Código Procesal Penal, la legislación prevé dos: uno relacionado con la existencia de precedentes contradictorios y otro con la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva o procesal: “El recurso de casación podrá ser fundado en alguno de los siguientes motivos: a) Cuando se alegue la existencia de precedentes contradictorios dictados por los tribunales de apelación de sentencia, o de estos con precedentes de la Sala de Casación Penal. b) Cuando la sentencia inobserve o aplique erróneamente un precepto legal sustantivo o procesal.” (El destacado se suple). Por ende, si un recurrente, en un mismo apartado, alega la inobservancia y/o errónea aplicación de distintas normas, sean estas procesales o sustantivas, no estaría mezclando motivos, como sí sucedería si en el mismo acápite hace lo anterior y también alega la existencia de resoluciones contradictorias. Como apunté supra, el artículo 469 C.P.P. señala: «Interposición. El recurso de casación será interpuesto bajo sanción de inadmisibilidad, ante el tribunal que dictó la resolución […] Deberá estar debidamente fundado y citará, con claridad, las disposiciones legales que se consideren inobservadas o erróneamente aplicadas, o bien, la mención y el contenido de los precedentes que se consideren contradictorios; en todo caso, se indicará cuál es el agravio y la pretensión. Deberá indicarse, por separado, cada motivo con sus fundamentos. Fuera de esta oportunidad no podrá aducirse otro motivo.» (El resaltado es suplido). Pensar que el recurrente debe exponer por separado los reclamos que formule por inobservancia y/o errónea aplicación de una o varias normas (separando cada una de las disposiciones que estima obviadas o mal empleadas y los reclamos por inobservancia de aquellos interpuestos por errónea aplicación) supone, desde mi punto de vista, una interpretación que también quebranta el artículo 2 del Código Procesal Penal mencionado y que alude —cabe insistir— a la necesidad de interpretar restrictivamente las disposiciones legales que limiten el ejercicio de un derecho conferido a los sujetos del proceso, como es el derecho a recurrir. Dicha interpretación restrictiva obligaría a entender, por el contrario, que únicamente existen dos motivos de casación, de manera que todos los reclamos que estén comprendidos por el segundo de ellos, que es más genérico, pueden presentarse de manera conjunta, en un mismo acápite, sin que esto implique mezcla alguna. iv) Las normas procesales no son un fin en sí mismo, sino un medio para realizar la justicia y esta no puede ser sacrificada por meras formalidades (artículo 41 constitucional). Aplicar las normas de la casación a partir de rigores que exceden la literalidad normativa, apoyándose en la idea de que el recurso es extraordinario pese a que ningún artículo así lo disponga, atenta, como ya se adelantaba, contra los principios de tutela judicial efectiva y acceso a la justicia, cuyo rango en todo caso, es superior a la ley. Dicho de otra manera, ni la normativa procesal (que es valiosa en cuanto está destinada a garantizar los derechos de las partes) ni la interpretación que se ha hecho de ella —incorrecta a mi modo de ver— podría ser un obstáculo para que la Sala Tercera efectúe su labor y ejerza adecuadamente el examen sobre las resoluciones dictadas en apelación de sentencia, garantizando así que las partes involucradas reciban justicia pronta y, sobre todo, cumplida. Es importante sostener también que incluso en el hipotético caso de que la casación fuese extraordinaria (y se subraya el carácter hipotético del ejercicio) exigir requerimientos difíciles de cumplir convierte en nugatorio el recurso al impedir que este sea lo que está destinado a ser: un mecanismo para obtener reparación frente a actos irregulares que han tenido lugar a lo largo del proceso penal y en la fase de apelación de sentencia. Para quien suscribe estas líneas, es un error sacrificar los altos cometidos que la Constitución Política y la ley le otorgan a nuestro sistema de justicia y específicamente a la administración de justicia penal, como son la “[…] reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales” (artículo 41 constitucional) y “[…] resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho, de conformidad con los principios contenidos en las leyes, en procura de contribuir a restaurar la armonía social entre las partes y, en especial, el restablecimiento de los derechos de la víctima” (art. 7 C.P.P.), o rebajar estos propósitos a un dato puramente retórico, en favor de una interpretación de la ley procesal que carece de sustento jurídico y convierte el instrumento en un fin en sí mismo, lo que no es sino invertir el orden de prioridades. v) Según el principio pro sentencia, que forma parte del debido proceso, las normas procesales existen y deben interpretarse para facilitar la administración de justicia y no como obstáculos para alcanzarla (así, Sala Constitucional, resolución 11622-08 de las 10:15 horas de 25 de julio de 2008). (D) A modo de síntesis de lo expuesto. La casación, sin tener los alcances de un recurso de apelación de sentencia, debe ser aplicada sin rigor formalista porque así lo impone los principios de tutela judicial efectiva y acceso a la justicia derivados del parámetro de legitimidad constitucional y el propio artículo 2 del Código Procesal Penal. Hay casos extremos donde el recurso debe ser declarado inadmisible (p. ej., por ser extemporáneo, o dirigirse exclusivamente contra la sentencia de juicio u otra resolución que no es recurrible en casación), sin embargo, tratándose de otros yerros que no impiden comprender lo que se pretende en relación con la sentencia de apelación cuestionada, nuestro marco convencional, constitucional y legal aconseja dar trámite a la impugnación y, de ser necesario, aplicar el artículo 15 del Código Procesal Penal, concediéndole a la parte la oportunidad para que formule las enmiendas que correspondan, de manera que solo en caso de que se incumpla con esta prevención, se pueda disponer su rechazo ad portas. (E) Caso concreto. En este asunto, los vicios que detecta la mayoría de la Sala en el segundo y tercer motivos no impiden apreciar con claridad cuáles son las quejas que allí se formulan contra el fallo del ad quem, de ahí que mi voto sea por admitirlos a trámite y resolver por el fondo lo que corresponda. \n\n \n\n \n\nPatricia Vargas G.\n\nDCASTRILLOM (913-5/14-5-25)",
  "body_en_text": "Review of the Document\n\n\n\nExp: 16-000003-0611-PE\n\nRes: 2026-00956\n\nCRIMINAL CASSATION CHAMBER. San José, at seven hours and fifty-eight minutes on 31 July 2026.\n\nHaving reviewed the cassation appeal filed in this case against [Nombre 001], for the offense of usurpation of water and forestry exploitation on private property, committed to the detriment of Natural Resources; and,\n\nReasons:\n\nI.- By a pleading appearing at folios 861 to 870, attorney Francisco Sánchez Fallas, representing the accused [Nombre 001], files a cassation appeal against Resolution No. 2025-1199, issued by the Juvenile Criminal Judgment Appeals Tribunal of the Second Judicial Circuit of San José (acting as the Criminal Judgment Appeals Tribunal of the Second Judicial Circuit of San José, Goicoechea), appearing at folios 849 to 857.\n\nII.- In the first ground, he alleges a violation of the rules of rational sound criticism and the logical principle of sufficient reason in the reasoning supporting the conviction for the offense of forestry exploitation on private property. After citing case law relating to the defect invoked, the appellant asserts that the judgment appeals tribunal committed the same defect: “…by uncritically adopting the argument used by the trial tribunal to establish that my client was the perpetrator of the offense of Forestry Exploitation on Private Property…” (folio 862 recto and verso). He challenges the fact that the ad quem merely reproduced at length the trial tribunal’s reasoning without thoroughly analyzing the claims raised in the judgment appeal. After transcribing what the ad quem stated, the appellant indicates that it endorsed the trial tribunal’s argument that, in addition to the accused’s spontaneous statement, there was sufficient independent evidence to establish the defendant’s authorship of the offense of forestry exploitation on private property. He refers to the testimony of [Nombre 002], who observed the recent felling of native tree species that matched the cabin under construction; the fact that the accused himself acknowledged that he was the one using it; and the fact that witness [Nombre 003] supported what the accused and the other witness had said, since they had gone together to conduct the inspection. However, defense counsel argues that: “…none of these witnesses saw my client carrying out the acts that constitute the offense of forestry exploitation on private property; that is, none saw him felling trees, and none of them has direct knowledge that the purpose of that felling was for my client to build a cabin… the testimony of witnesses [Nombre 002] and [Nombre 003] cannot in any way support the conclusion that my client was the person who carried out the tree-felling act that constitutes the offense of forestry exploitation on private property…” (sic, folio 864 recto). He adds that the mere fact that the accused owns the property is insufficient to establish his authorship of the offense of forestry exploitation on private property, and that the only way to link him to the events necessarily entails including in the analysis the so-called “spontaneous statement” made by the accused during the visual inspection, which: “…is inadmissible because it is illicit evidence…” (folio 864 verso). He therefore considers that, by stating that sufficient evidence to convict existed even if that statement were hypothetically excluded, the judgment appeals tribunal reached a conclusion that does not reasonably follow from the available evidence, thereby violating the principle of sufficient reason and impairing due process, in violation of Article 142 of the Code of Criminal Procedure. As the prejudice suffered, attorney Sánchez Fallas states that: “…Had it followed correct reasoning—that is, reasoning consistent with the logical principle of sufficient reason—the judgment appeals tribunal should have concluded that it was impossible to identify my client as the material perpetrator of that act. It should therefore have granted the judgment appeal and acquitted my client of the stated offense…” (folio 864 verso). On that basis, defense counsel requests that the challenged ruling be declared ineffective and that the matter be remitted to the judgment appeals tribunal for a new ruling on the judgment appeal regarding the conviction for forestry exploitation on private property. The claim is declared inadmissible: Upon analysis of the first ground of the cassation appeal filed by attorney Sánchez Fallas, a defect in its formulation is found that prevents its admission for further review on the merits. As this Chamber has stated: “…the criminal cassation appeal has the theoretical and normative features of an extraordinary remedy, which implies at least two things: (a) its scope of review is much more limited or restricted than that of the ordinary avenue of challenge (judgment appeal), such that it is confined to the erroneous application of a legal, procedural, or substantive provision, or to a contradiction between the appellate ruling and what other judgment appeals tribunals or the Criminal Cassation Chamber itself have decided on the same issue; and (b) its formulation must comply with specific requirements, noncompliance with which results in the claim being inadmissible. Regarding the distinction between ordinary and extraordinary remedies, Argentine legal scholarship, commenting on its legislation in an analysis that is equally applicable to the national context for these purposes, states: ‘Ordinary remedies are those normally granted by law to prompt a new review of what has been decided or an analysis of the procedure followed, without limitations on grounds or requirements beyond those that are common. Under our laws, these are appeal, nullity, and reconsideration. It is now a widespread trend for nullity to be included in appeal as one of its grounds, disappearing as a separate remedy provided by law. Reconsideration, in turn, appears as a precursor to remedies that transfer the matter to another court, although at times it has autonomy. All other remedies are considered extraordinary, but some are set apart from the group because they have a feature of exceptional character that we will address shortly. Non-exceptional extraordinary remedies include cassation, local unconstitutionality, and others with similar features, such as nonapplicability of law and extraordinary nullity as provided for in the Buenos Aires Code. These extraordinary remedies are characterized by their aim of unifying case law. Their basis is primarily institutional and concerns safeguarding legality, even though they are formally subordinate to the interests of the parties to the proceedings. Consequently, the grounds are limited in light of the institutional requirement, and their exhaustive scope cannot be extended in any way. In non-exceptional remedies, these grounds are always matters of law and must be set out in the initiating pleading so that the appeal is self-contained.’ (Clariá Olmedo, Jorge E. Derecho Procesal Penal. Volume II. El Proceso Penal. Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni Editores, p. 291.) In giving normative effect to these theoretical principles, the Costa Rican legislature provides in Article 469 of the Code of Criminal Procedure: ‘The cassation appeal shall be filed, on pain of inadmissibility, with the tribunal that issued the ruling, within fifteen days of notification, by written submission or any other form of record authorized by regulation. It must be duly substantiated and must clearly cite the legal provisions alleged to have been disregarded or erroneously applied, or identify and set out the content of the precedents alleged to conflict; in all cases, the prejudice suffered and the relief sought shall be stated. Each ground and its basis shall be stated separately. No other ground may be raised outside this opportunity.’ In addition, Article 471 ibid. provides: ‘The Cassation Chamber shall declare the appeal inadmissible if the legal requirements for filing it, as established in the preceding Article 469, are not met; also if the ruling is not appealable, the party has no right to appeal, the appeal seeks to modify the proven facts, or the appeal is wholly unfounded, in which case it shall so declare and return the record to the originating tribunal. If the appeal is admissible, it shall be assigned to an instructing justice; the Chamber shall process it and rule on the grounds raised. If the appeal is admissible and an oral hearing is deemed unnecessary, the Chamber shall issue judgment.’ The provision under review makes inadmissible any claim that fails to satisfy the filing requirements set out in the aforementioned Article 469 and adds four further circumstances that lead to the same legal consequence. These are: (i) when the ruling is not appealable (lack of objective appealability); (ii) when the appellant has no right to appeal (lack of subjective appealability); (iii) when the appeal is wholly unfounded; and (iv) when its purpose is to alter the established factual record (violation of the principle that proven facts are immutable)…” (ruling of this Chamber No. 2023-958, at 10:15 hours on 19 October 2023: Solano, Vargas, Alfaro, Zúñiga, and Segura). In this case, some formal filing requirements are met (for example, it was filed by a party with standing and submitted to the appellate court within the period granted under the Judicial Notifications Law). However, defects are also found that prevent its admission for review on the merits. First, it should be recalled that this Chamber has consistently held that defects in the logical reasoning of a judgment are not presumed. The party invoking them must demonstrate them by precisely identifying which rule of logic, science, or experience was violated and how that violation affected the decision. In other words, it is not enough to express disagreement with the trial judges’ assessment of witness testimony, since that is a question of the merits beyond this cassation court’s jurisdiction. In this case, the appellant merely challenges the fact that, as to [Nombre 002] and [Nombre 003], “…none of these witnesses saw my client carrying out the acts that constitute the offense of forestry exploitation on private property…” (folio 864 recto). This is a disagreement with the probative weight the court of first instance assigned to the evidence received, without specifying how, concretely, the judgment appeals tribunal’s inference was illogical when it endorsed the conclusion that those testimonies, together with the defendant’s own acknowledgment that he used the cabin and his status as owner of the property, were sufficient to establish his authorship of the offense charged. Merely reiterating that, in the defense’s view, those elements do not support that conclusion does not demonstrate a defect in sufficient reasoning; it amounts to an unfounded argument under Articles 469 and 471 of the Code of Criminal Procedure. Further, in that same ground, the appellant raises a separate claim of a different nature concerning the illegality of the so-called “spontaneous statement” made by the accused [Nombre 001] during the visual inspection, which, according to the appellant, “…is inadmissible because it is illicit evidence…” (folio 864 verso). This is a distinct evidentiary defect concerning the legality and admissibility of an item of evidence, rather than the logical soundness of the reasoning used to assess it. It requires separate and distinct substantiation, with precise identification of the procedural rule violated and the effect of the defect on the ruling. Adding that argument as further or alternative support for the sufficient-reason claim improperly combines claims of different legal natures within a single ground. Article 469 of the Code of Criminal Procedure establishes a series of filing requirements that a criminal cassation appeal must satisfy, noncompliance with which results in inadmissibility. As relevant here, paragraph two of that provision states: “Each ground and its basis shall be stated separately. No other ground may be raised outside this opportunity.” In other words, given the formal nature of this remedy, the required separation of objections is a mandatory requirement. As already noted, in this case two claims addressing different issues were developed under a single ground: one challenges the reasoning used by the ad quem, while the other alleges that the evidence was illegal. The violation of the aforementioned Article 469 is clear in light of the evident mixing of grounds, a defect penalized by Article 471 of the Code of Criminal Procedure, which provides in relevant part: “The Cassation Chamber shall declare the appeal inadmissible if the legal requirements for filing it, as established in the preceding Article 469, are not met (...)”. Moreover, the judgment appeals tribunal expressly addressed that issue, stating that even if the challenged spontaneous statement were hypothetically set aside, the independent testimonial evidence was sufficient to support the conviction. The appellant offers no concrete logical criticism of that reasoning and merely reiterates his own assessment of the evidence. Accordingly, because the alleged defect in logical reasoning has not been demonstrated, the appellant has only expressed disagreement with the evidentiary assessment made by the court of first instance, and has also improperly combined claims of different natures within a single ground, the first ground of the cassation appeal must be declared inadmissible pursuant to Articles 469 and 471 of the Code of Criminal Procedure.\n\nIII.- In the second ground, the appellant alleges that illicit evidence was used in the reasoning of the judgment appeal ruling concerning the offense of forestry exploitation on private property. The appellant argues that the accused’s spontaneous statements on the day of the visual inspection of 28 January 2016, in which he admitted being responsible for the timber exploitation, were obtained in violation of his fundamental rights, specifically his right to defense under Article 39 of the Political Constitution and as elaborated in Articles 12, 82(e), 92, 175, 178, and 181 of the Code of Criminal Procedure. He points out that on appeal he argued that illicit evidence had been used as the basis for the court of first instance’s judgment, because probative value was assigned to statements made without his defense counsel present at the time of that inspection. He states that: “…the judgment appeals tribunal does not in fact resolve the claim raised… since it merely transcribes how the trial court resolved the issue concerning the use of illicit evidence, without addressing the arguments made by the defense on that point… what it does is decline to analyze the use of illicit evidence, noting that even if what the defense characterizes as illicit evidence—that is, the accused’s ‘spontaneous statements’—were excluded, there is additional independent evidence that confirms my client’s authorship of the acts constituting the typical conduct of forestry exploitation on private property…” (folio 866 verso). He adds that, on the date of the visual inspection, 28 January 2016, the accused [Nombre 001] already had the status of accused under Article 81 of the Code of Criminal Procedure, because the proceeding had been ordered by the Administrative Environmental Tribunal in response to a complaint filed against him, and the authorities conducting it clearly suspected his criminal responsibility. Indeed, witness [Nombre 003], who “…admitted at trial that he was vested at that time with the status of a police authority, stated that at that time he suspected my client was responsible because he was the registered owner of the property…” (folio 867 verso). In that context, the appellant considers that: “…it was essential that he be informed from the start of the proceeding of his right to have a defense attorney and, above all, of his right not to make a statement without the advice and presence of his attorney…” (folio 867 verso). The appellant therefore considers that any statement by the accused: “…SHOULD NOT HAVE BEEN USED in the judgment challenged here as an element confirming or corroborating other evidence introduced at trial…” (folio 867 verso). He argues that, in resolving this claim, the judgment appeals tribunal did not analyze the defense’s arguments regarding the illicit nature of the evidence, but merely stated that sufficient evidence to convict existed even if those statements were excluded: “…And since the latter is incorrect, the defect consisting of failure to apply a procedural provision, as alleged here, is clear…” (folio 467 verso). As the prejudice suffered, he states that if the accused’s right to have his attorney present and receive counsel when making any statement in the proceedings had been respected: “…the judgment appeals tribunal should have declared that evidence illicit, excluded it from the reasoning of its judgment, and acquitted my client of all punishment and liability, since the remaining evidence is insufficient to support a conviction for the offense at issue…” (folio 868 recto). He requests that the challenged ruling be declared ineffective and that the defendant be acquitted of the offense of forestry exploitation on private property or, alternatively, that the matter be remitted to the ad quem for a new ruling on the judgment appeal filed. For the majority (with Justice Vargas González dissenting), the claim is inadmissible: From the claims as formulated, it is clear that the appellant improperly combines grounds, which is sufficient reason to declare the claim inadmissible. Although technical defense counsel initially states that the claim concerns “…the use of illicit evidence in the reasoning of the judgment appeal ruling concerning the offense of forestry exploitation on private property…” (folio 865 recto), counsel later argues that: “…in the judgment challenged here, the judgment appeals tribunal does not in fact resolve the claim made by the defense, since it merely transcribes how the trial court resolved the issue concerning the use of illicit evidence, without addressing the arguments made by the defense on that point…” (folio 866 recto). Contrary to the requirements in the legislation, which require grounds to be filed separately under Articles 469 and 471 of the procedural rules, technical defense counsel jointly alleges the illegality of the spontaneous statements made by the defendant during the visual inspection conducted on 28 January 2016 and a complete lack of reasoning by the judgment appeals tribunal on that issue. This demonstrates the mixing of grounds. Given the design of the cassation appeal as a formal and extraordinary remedy, as described above, this Chamber cannot order correction of the defect in the appellate technique or remedy the error on its own initiative. On the mixing of grounds, this Chamber has repeatedly stated: “First, a lack of proper technique in formulating the cassation appeal is evident because there is an obvious mixing of grounds, which is sufficient reason to declare the objections inadmissible. Articles 469 and 471 prescribe, on pain of inadmissibility, that the appeal be duly substantiated and state separately the grounds on which it is based. This means that it is not valid to intermingle various allegations of procedural defects, as the appellant does. Each must set out its factual and legal basis, along with the corresponding prejudice and relief sought, which is not done in the pleading submitted to this Chamber.” (Ruling 2015-0053, at 09:49 hours on 16 January 2015, composed of Justices Chinchilla, Ramírez, Arroyo, Pereira, and Arias). In conclusion, the way this claim is presented creates confusion and shows a lack of clarity and precision as to the defect alleged, demonstrating that the appellant used improper appellate technique by raising several grievances in an intermingled and imprecise manner through a single cassation ground […]” (Resolution 2022-00250, at 11:35 hours on 4 March 2022, Chamber composed of Solano, Zúñiga, Ramírez, Alfaro, and Burgos). In light of these considerations, and consistently with Articles 467, 469, and 471 of the Code of Criminal Procedure, the second ground of the cassation appeal is declared inadmissible.\n\nIV.- In the third ground, the appellant alleges a violation of the rules of sound criticism, particularly the principle of derivation or sufficient reason, in determining the amount of the civil award for environmental damage, in violation of Article 142 of the Code of Criminal Procedure. The defense states that the accused was ordered to pay eleven million eight hundred ten thousand four hundred colones, plus the personal and procedural costs of the civil damages action, based on a technical expert report prepared by Forestry Engineer Efraín Monge Hernández. However, the report makes a global and indiscriminate assessment of all environmental damage caused on the property, including damage relating to the acts constituting the offense of encroachment into a protected area, of which the accused was acquitted: “…Thus, the amount my client was ordered to pay does not correspond to the damage caused by the offenses of which he was convicted, but exceeds it…” (folio 868 verso). Defense counsel also states that: “…the amount my client was ordered to pay by the court of first instance corresponds not only to the damage related to the offenses of which he was convicted, but also includes damage caused by the offenses of encroachment into a protected area, of which he was acquitted…” (folio 869 recto), a position which, counsel says, was adopted by the ad quem: “…since the judgment appeal filed on that point was denied and the judgment of first instance affirmed, thereby endorsing and accepting the trial court’s erroneous view…” (folio 869 recto). The appellant considers the manner in which the matter was decided contrary to the rules of sound criticism, stating that: “…The amount of the civil award entirely exceeds the damage attributable to the acts for which my client was convicted… The expert report does not make it possible to establish what portion of the total damage assessed at eleven million eight hundred ten thousand four hundred colones corresponds to the acts for which my client was acquitted. This was raised in the judgment appeal, and the judgment appeals tribunal omitted the required analysis, thereby violating the rules of sound criticism, particularly the principle of derivation, since the evidence used to decide the matter does not permit the amount awarded to be set at the level of damage attributable to the acts for which my client was convicted…” (folio 869 recto and verso). According to the appellant, the judgment appeals tribunal affirmed the civil award without conducting that differentiated analysis, thereby failing to observe the rules of sound criticism by treating a global amount as proven when it exceeds the liability that truly corresponds to the accused based on the acts for which he was convicted. He concludes that: “…Had the rules of sound criticism been observed and applied… the judgment appeals tribunal should have concluded that the civil award in that amount was improper, since my client should have been held civilly liable only for damage related to the acts for which he was criminally convicted, and it should therefore have granted the judgment appeal filed against the judgment of first instance on that point…” (folio 869 verso). On the basis of the foregoing, he requests that the court: “…order that the environmental damage my client must pay for be limited to that corresponding only to the acts for which he was criminally convicted. That determination cannot be made based on the environmental-damage assessment in the record, since it globally assesses the damage without any distinction. Accordingly, the civil award should be made in the abstract, so that the damage attributable to the acts for which he was convicted can be quantified during enforcement of the judgment…” (folio 870 recto). For the majority (with Justice Vargas González dissenting), the claim is inadmissible: Upon analysis of the third ground, it is possible to determine that defense counsel presents two arguments in an intermingled manner: (i) that the appellate court failed to analyze an argument contained in the judgment appeal, namely, that although it was argued that the expert report could not establish what portion of the assessed damage corresponded to the acts for which the accused was acquitted, “…the judgment appeals tribunal omitted the required analysis on that point…” (folio 869 recto); and (ii) that there was a defect in the ad quem’s reasoning because treating as proven a global amount that exceeds the defendant’s actual liability violated the rules of sound criticism. This shows that two claims of different, and even contradictory, natures were introduced in a single ground. A complete lack of reasoning—where the court fails to rule on a matter submitted to it—is one thing; a ruling whose reasoning violates the rules of sound criticism is another. In this regard, Article 469 of the Code of Criminal Procedure provides: “The cassation appeal shall be filed, on pain of inadmissibility, with the tribunal that issued the ruling, within fifteen days of notification, by written submission or any other duly authorized form of record. It must be duly substantiated and must clearly cite the legal provisions alleged to have been disregarded or erroneously applied, or identify and set out the content of the precedents alleged to conflict; in all cases, the prejudice suffered and the relief sought shall be stated. Each ground and its basis shall be stated separately. No other ground may be raised outside that opportunity” (emphasis not in the original). Although both situations may be reviewed on cassation, their formulation must comply with Article 469 ibid., which, as stated, requires grounds to be raised and substantiated separately on pain of inadmissibility. In addition, although the appellant nominally alleges an error in the logical construction of the judgment appeals tribunal’s reasoning, closer examination shows a mere disagreement with what was decided. When addressing the fourth ground of the judgment appeal, which alleged erroneous reasoning concerning the amount of civil damages, the ad quem stated: “…Contrary to what defense counsel argues, the judgment does derive the causal relationship between the property owner’s conduct or lack thereof and the environmental damage. The judge addresses this in her ruling, specifically in relation to the civil damages action. As the appellant correctly points out, strict liability is accepted in environmental matters, and applying it requires this condition (a minimum act by the convicted person), an element described in the judgment, which stated: ‘Likewise, it has been shown that, through the felling and removal of trees on that same property—without any permit—the civil defendant [Nombre 001] affected the site’s natural environment and caused damage to the soil, because it left the soil’s vegetative layer exposed, facilitating the transport of sediment into bodies of water through runoff, and also affecting the wild species that use those trees as their habitat. Furthermore, the removal of trees affects carbon sequestration through biomass, natural scenic beauty, and the function of protecting against solar radiation, which help maintain the temperature of the air, soil, and water. (…) Although it was not possible in the criminal proceedings to establish that the accused [Nombre 001] was the direct author of the works built by encroaching on the beds and protected areas of both bodies of water, because the circumstances under which they were built could not be established, for the civil liability sought it is sufficient that the accused was listed as the owner of the affected property and therefore tolerated those impacts on those resources, which are in the public domain and protected by the State. It is that objective link, grounded in our legislation, that permits the Costa Rican State to bring the civil claim sought against the civil defendant [Nombre 001], who must answer for the risky activity he allowed on his property, specifically as a swimming area, restaurant, lodging facility, etc.’ (see folios 812 and 813 of the case file). As for the absence of activities that could give rise to strict liability, the judgment does state what those activities were and provides reasons for attributing such liability to the accused. The appellant’s argument therefore fails. The claim concerning the amount of the civil award also cannot succeed, since, as the ruling indicates, the record contains document ACC-OSRP-1518-2018, the Expert Report with the economic estimate of the environmental damage, appearing at folios 302 to 321, in which Forestry Engineer Efraín Monge Hernández specifically details the amounts for the environmental damage caused, as well as the compensation. The trial judge does not depart from those matters and instead provides reasons for them in issuing the ruling. The appellant has not managed to undermine those amounts or demonstrate that they are incorrect, disproportionate, or unreasonable, none of which this Chamber finds in any event. Accordingly, the claims are denied.” (folio 856 verso to 857 recto). Here, the appellant expresses mere disagreement with the content of the judgment appeals tribunal’s reasoning, an evaluative disagreement that in no way permits review on the merits by this court. Accordingly, under Articles 467, 468, 469, and 471 of the Code of Criminal Procedure, the claim is declared inadmissible.\n\nTherefore:\n\nThe cassation appeal is declared inadmissible. Justice Vargas González partially dissents. Notify the parties.\n\nGerardo Rubén Alfaro V.\n\nPatricia Vargas G.\n\nAisen Herrera L.\n\nSubstitute Justice\n\nGiovanni Mena A.\n\nSubstitute Justice\n\nRosa Acón Ng.\n\nSubstitute Justice\n\nSeparate Partial Dissent of Justice Vargas González\n\nAlthough I agree with admitting the first ground of the cassation appeal, I disagree with declaring the remaining grounds inadmissible, as the majority of the Chamber does on the basis of the idea that cassation is a formalistic and extraordinary means of challenge. I set out below the reasons for my position.\n\n(A) On the conceptualization and evolution of the cassation appeal.\n\nThe way in which law is applied stems from a long-standing debate that could be divided into two categories of analysis of interpretation: one dynamic and the other static. The first is inspired by the value of law’s continuous adaptation to social life and recommends an interpretation that takes account of new social and cultural circumstances. Static ideology is grounded in the values of stability in the legal discipline. It therefore advises judges to adopt a rigid and diachronically consistent interpretation, without major changes (Guastini, Riccardo. Teoría e ideología de la interpretación constitucional, México: Editorial Trotta, 2008, pp.58-61). A dynamic perspective understands the legal system as a “…dynamic and open system because its structure permits norms to learn and thus to capture changes in reality; and, finally, that open legal system takes the form of rules and principles, both fully legal in nature…” (Bustos Gisbert, Rafael. La Constitución Red: un estudio sobre Supraestatalidad y Constitución, Bilbao: Editorial Oñati, 2005, p. 38).\n\nWith that proposition as a theoretical basis, it is important to emphasize that the cassation appeal originated and served a purpose corresponding to an era diametrically different from our own. Cassation as it emerged in France was the product of parliamentary oversight of the Judiciary in the post-revolutionary context. Given the degradation of the Ancien Régime and its institutions, it was reasonable to distrust the work of the courts, which for centuries had served to legitimize the excesses of monarchies and ruling elites (Pérez Royo, Javier. Curso de derecho constitucional, Madrid: Editorial Marcial Pons, 2007, p. 115.). For this reason, an extrajudicial tribunal was created within the Legislative Branch. Its function was to overturn rulings in which judges—then men—resorted to interpretation, a course of action considered a violation of the principle of separation of powers and popular sovereignty, and departed from the literal meaning of the provisions.\n\nOver the years, given the hierarchical, pyramidal bureaucratization of the justice system, it came to be understood that this tribunal did not need to remain outside the judicial structure (Damaska Mirjan. Las caras de la justicia y el poder del Estado: análisis comparado del proceso legal, Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 2000 p. 33) and “…therefore, the time was considered to have come to place this tribunal within the judicial mechanism itself, at its head. The tribunal that monitored judges, which the political power (Parliament, Emperor) had used outside the judiciary, became its head, still within a vertically organized and hierarchical structure—in other words, a corporate one. The cassation tribunal ceased to monitor judges and began to command them. In this way, at least in theory, strict and zealous compliance with the political will expressed in the law was guaranteed. Conceived in this way, and also to avoid overburdening the tribunal at the top, cassation became a level of review that dealt not with facts but only with the interpretation of law, so that its application would not be distorted, with the political objective of guaranteeing the legislator’s will and reducing the judge to the mouth of the law. The hierarchical apex that crowned the corporate judicial structure set aside judgments that departed from that political will as expressed in the letter of the law. The model spread rapidly through Europe and remained almost unchanged until the end of the Second World War…” (Supreme Court of Argentina, Caso Casal, 20 September 2005).\n\nHowever, there has gradually been an evolution that has led, beyond the oft-repeated historical invocations—which, in my view of this debate, are useless—to a redefinition of the cassation appeal. It can be said to form part of the development of the State itself, which moved from a Rule of Law State in the nineteenth century to a Constitutional Rule of Law State in the twentieth century. This entails, in essence, a phenomenological rethinking of the state framework, now understood to be shaped by rights vindicated at different historical stages (Corchete, María José. Derechos Fundamentales, in: Teoría y Realidad Constitucional, UNED, Nº 20, 2nd semester, Spain, 2007, pp. 535-556) and incorporated into legal systems.\n\nAs I will argue in the following section, the Costa Rican legislator has chosen a procedural system that departs from what might be called the classical-original view of the cassation appeal and has given it different contours. This is understandable insofar as contemporary societies, by now far removed from eighteenth-century France, have consolidated judicial systems that establish a series of guarantees to protect citizens’ fundamental rights—such as those derived from Article 41 of the Political Constitution—and that, with certainty, do not fit the original version of certain institutions, such as review mechanisms, which have also undergone their own processes of evolution. In light of this, it would not be reasonable to resort to atavistic remnants and practices that do not correspond to the provisions of many legal systems currently in force.\n\nArgentina is a good example because it is comparable to the Costa Rican case and, moreover, has one of the most influential procedural systems in the region. Some of its authors are often cited in our legal community—in my opinion, inaccurately—to support the position that the cassation appeal is extraordinary and therefore subject to a series of formalistic requirements. In 2005, the Supreme Court of Argentina issued a judgment in which, through a thorough and notable legal analysis of the constitutional and statutory provisions in force, it rejected the thesis that the cassation appeal is extraordinary in nature. The justices of the high federal court stated:\n\n“…the so-called political objective of the cassation appeal is compatible with our system only to a very limited extent, since it is wholly unrealizable under the current constitutional paradigm. A federal tribunal that unifies the interpretation of ordinary law is not permitted and, consequently, interpretive divergence over an extensive range is inevitable. The strongest and most fundamental concern revealed by the text of our National Constitution is to ensure that constitutional law always retains its supremacy over ordinary law. Interpretive unification may be admitted only secondarily, to the extent that republican rationality makes arbitrariness intolerable in the form of very serious violations of equality or the correction of interpretations lacking foundation. But it is clear that this was not what primarily moved the framers when they designed the Argentine judicial system (…) In sum, Article 456 of the National Code of Criminal Procedure must be understood to permit broad review of the judgment, as extensive as the maximum review effort the cassation judges can make, in light of the possibilities and record in each particular case, and without exaggerating the matters reserved to immediacy, which are unavoidable only by force of orality and the nature of things. This understanding follows from (a) an exegetical analysis of that provision, which in no way limits or requires reducing the cassation appeal to questions of law; (b) the practical impossibility of distinguishing questions of fact from questions of law, which amounts to an area of selective arbitrariness; (c) the fact that an expansive rather than limited interpretation of the scope of the appeal must be chosen, since the former is the only interpretation compatible with the National Constitution (paragraph 22 of Article 75, Article 14.5 of the International Covenant on Civil and Political Rights, and Article 8.2.h of the American Convention on Human Rights); and (d) the fact that it is also the only interpretation compatible with the position set out in the opinions of the United Nations Human Rights Committee and in a judgment of the Inter-American Court of Human Rights…” (Supreme Court of Argentina, Caso Casal, 20 September 2005).\n\nIn the same vein, and anticipating what I will conclude later, I believe that, given the legislative design chosen in regulating this institution in the Code of Criminal Procedure and, more importantly, the constitutional provisions that inspire our legal system, it is a mistake to insist that the cassation appeal is an extraordinary means of challenge.\n\n(B) On Costa Rican cassation and the position the Third Chamber has taken regarding this means of challenge.\n\nThe judgment issued by the Inter-American Court of Human Rights on 2 July 2004 in the case of Herrera Ulloa v. Costa Rica transformed the Costa Rican system of challenges. The international tribunal concluded that, to guarantee the right to appeal in criminal matters (provided for in Article 8.2.h of the American Convention on Human Rights and Article 14.5 of the International Covenant on Civil and Political Rights), the formal existence of a cassation appeal before a separate, higher tribunal was not sufficient. The appeal also had to be effective, broad, accessible, and free of formalism, so as to permit a comprehensive examination in which the application of procedural and substantive rules could be reviewed. In essence, the aim was to turn an abstract right to challenge into its concrete and effective exercise.\n\nFollowing the judgment against the Costa Rican State and in the context of supervision of compliance with the Inter-American Court’s judgment, the appeal of judgment was created (cf. Ley 8837, entitled “Creation of the Appeal of Judgment, Other Reforms to the System of Challenges, and Implementation of New Rules on Orality in Criminal Proceedings,” published in La Gaceta N° 111 of 9 June 2010, Alcance 10-A). With this, the regional tribunal’s requirements were finally satisfied (see Inter-American Court resolution of 22 November 2010).\n\nConsistent with the foregoing, cassation was also subject to several reforms in 2010 (the above-cited Ley 8837) and 2012 (Ley N° 9021 of 3 January 2012, entitled “Reforms to Ley N° 7594, Code of Criminal Procedure; Ley N° 7576, Juvenile Criminal Justice Act; Ley N° 8460, Act on the Execution of Juvenile Criminal Sentences; Ley N° 7333, Organic Law of the Judiciary; and Addition to the Code of Criminal Procedure,” published in La Gaceta N° 18 of 25 January 2012, Alcance 12). Since then, cassation has been available against rulings issued by the appellate courts of judgment “that wholly or partially uphold, or otherwise finally resolve, the judgment issued by the trial court” (Article 467 of the Code of Criminal Procedure, hereinafter C.P.P.).\n\nAgainst this regulatory backdrop, the Third Chamber, with different compositions, has since maintained that because the right to appeal has been guaranteed through another means of challenge, cassation must be understood in its original or classical sense: formalistic, strict, and extraordinary. Therefore, if the interested party does not fully comply with the requirements set out in the Code of Criminal Procedure (e.g., separating grounds, citing provisions considered to have been disregarded or erroneously applied, identifying the grievance and the relief sought), the appeal must be declared inadmissible. By way of illustration only, in 2012 it was stated:\n\n«Before analyzing the specific case, it is appropriate to make some observations concerning the new legal nature of the cassation appeal provided for in our legal system following Ley 8837, entitled “Creation of the Appeal of Judgment, Other Reforms to the System of Challenges, and Implementation of New Rules on Orality in Criminal Proceedings.” In this regard, a first clarification is that the current cassation appeal is no longer an ordinary appeal, as it was under the previous system of challenges, but has returned to its—doctrinally correct—notion as an extraordinary appeal, in which judicial review is limited to the grounds expressly authorized by law and to the specific grievances asserted by the interested party. We are therefore faced with an absolute change in the concept of this type of challenge, which necessarily entails a different judicial practice. Thus, in this Chamber, the analysis is essentially limited to the legality of what was decided; in principle, it is not a re-examination of the facts or of the evidence heard, because that function is now specifically entrusted to the Appellate Court of Judgment. In this regard, it must be borne in mind that the principle of immutability of proven facts has resurfaced. On the other hand, it cannot be overlooked that, like every means of challenge, the cassation appeal in its current form is subject to the general rules governing challenges, in that it may be directed only against rulings designated as appealable and only by those entitled to appeal.» (res. 791-2012 at 9:16 a.m. on 18 May 2012, emphasis added).\n\nMore than a decade has passed, and the foregoing position has remained essentially unchanged:\n\n«[...] First, it is imperative to recall that since the legal amendment to the Code of Criminal Procedure introduced by Ley N° 8837 of 3 May 2010 entered into force, the cassation appeal has been extraordinary in nature. Consequently, anyone challenging a ruling by this means must observe a duly delimited set of filing requirements, the breach of which has been sanctioned with inadmissibility. The rigor of the technique used to formulate the challenge is precisely one of the features that distinguish an extraordinary appeal from an ordinary one, which is characterized by the greater breadth and informality afforded to appellants. Consistent with this, doctrine states: “…as the term itself indicates, whether a remedy is classified as ordinary or extraordinary depends on what a procedural system considers usual or exceptional. This means simply that ordinary remedies are those enacted as normal means or instruments of challenge, while the second category is reserved for those that are available only in circumstances that are exceptional or unusual in some sense. This must be understood in the theoretical context of the issue, since one cannot forget that the proper outcome of a judicial decision is for it to be complied with—that is, for it to become final and produce its effects. A remedy, which, as Manzini observes, involves procedural activity that brings about ‘a new phase of the same proceeding’ aimed at reviewing or renewing ‘the prior judgment,’ causes delay and complication. These are explained and justified by the reasons of rationality and justice mentioned above, but the remedy must be surrounded by strict requirements; thus, the degree of rigor in those requirements will also be a criterion for the classification under discussion.” (Vásquez Rossi, Jorge E. 1997. Derecho Procesal Penal. Tomo II. El Proceso Penal. Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni Editores P. 472). [...]» (res. 2022-0401 at 10:26 a.m. on 8 April 2022. To similar effect, 2022-0362 at 14:02 on 30 March 2022).\n\nIt has also been said that, because of its “formal, strict, and extraordinary” nature, the appellant may not be given any notice or opportunity to cure defects in the filing (res. 2017-0617 at 9:48 a.m. on 8 August 2017, or 2021-1460 at 10:28 a.m. on 9 December 2021).\n\n(C) The position of the undersigned regarding the cassation appeal in Costa Rica.\n\nI do not agree with the foregoing considerations, for the following reasons:\n\ni) Cassation is not an extraordinary appeal. It is brought against a judgment that is not final and is not executed (nor is the first-instance judgment, except in limited cases, cf. Articles 366 and 483 C.P.P.) until that appeal has been resolved or the time limit for filing it has expired. In other words, cassation challenges a decision that is not covered by res judicata. This is the criterion, for example, used by Vincenzo Manzini to distinguish between ordinary and extraordinary challenges, when he states:\n\n“Ordinary challenges are those normally granted by law, that is, without any exceptional prerequisite, and which may be pursued only in relation to rulings that have not yet acquired the authority of res judicata or that can never acquire it, such as an appeal and the ordinary cassation appeal. Extraordinary challenges, by contrast, are those granted exceptionally by law, that is, on the basis of some extraordinary circumstance, and brought against rulings that have already acquired the authority of res judicata. Such are the cassation appeal against judgments of special judges that have become irrevocable, and the application for review. These institutions serve precisely to moderate the authority of res judicata. They are compensating elements that prevent the most dangerous and harmful consequences of the principle that judicial findings irrevocably established cannot be disputed. They are means of legal and social security against injustice caused by errors discovered belatedly. […] Any other distinction between ordinary and extraordinary means is fallacious and artificial in criminal procedure, because it does not correspond to the meaning of the words or to the reality of things.”\n\nMANZINI, Vincenzo. Tratado de Derecho Procesal Penal. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-América, Volume V, 1951, p. 21.\n\nOn this issue, it is important to acknowledge that the Constitutional Chamber (Sala Constitucional), in resolution 13065-2012 at 9:05 a.m. on 18 September 2012, held that following the reform of the Costa Rican system of challenges, cassation was extraordinary in nature because the judgment issued by the trial court became final once the appeal filed against it had been resolved or the time limit for filing that appeal had expired:\n\n“On the finality of judgments in criminal matters. The levels of review in criminal proceedings have changed as a result of Ley 8837, Creation of the Appeal of Judgment, Other Reforms to the System of Challenges, and Implementation of New Rules on Orality in Criminal Proceedings, in accordance with the provisions of that enactment. For this reason, it is essential to establish the legal moment at which a ruling in that area becomes final, since only from that point onward may subsequent legal acts, or acts arising from the judgment, be carried out, including the restriction or release of the person subject to the proceedings. Accordingly, and in keeping with the requirements of the American Convention on Human Rights, specifically Article 8.2.h, and Article 14.5 of the International Covenant on Civil and Political Rights, our criminal procedure system was brought into line with respect for those guarantees. It is a general principle of law that judgments become final once the ordinary remedies provided by the legal system to challenge them have been exhausted. Thus, since cassation is an extraordinary appeal, it may be said that a judgment in a criminal matter becomes final and, therefore, enforceable once the case has been resolved by the appellate court, which upholds the judgment of the court below, or once the time limit for appeal has expired.” (emphasis added).\n\nHowever, a short time later that position was amended by the Chamber itself, which, as relevant here, concluded as follows:\n\n«Regarding the finality of the judgment, for purposes of determining whether a precautionary measure should be issued, this Chamber, upon giving greater consideration to the different issues raised, considers that the judgment cannot be regarded as final until the appeal and cassation stages have been completed, whether because those appeals were filed or because the statutory time limits for filing them have expired. […]» (res. 2012-016848 at 11:30 a.m. on 30 November 2012).\n\nIt should also be added that, in this appeal, in addition to unifying case law [the nomophylactic function, Article 468(a) C.P.P.], the grounds for appeal include disregard or erroneous application of substantive rules and procedural provisions [Article 468(b) C.P.P.]. These grounds are neither subsequent nor extraordinary, unlike what occurs in proceedings to review a final judgment (cf. Article 408 C.P.P.).\n\nii) Applying formalistic criteria when examining the admissibility of cassation violates Article 2 of the Code of Criminal Procedure. As to cassation, Articles 469 and 470 of the C.P.P. set out a series of requirements:\n\n«Article 469.—Filing. The cassation appeal must be filed, under penalty of inadmissibility, with the tribunal that issued the ruling, within fifteen days after notice, by written submission or any other record authorized by regulation. It must be duly supported and must clearly cite the legal provisions considered to have been disregarded or erroneously applied, or identify and set out the content of the precedents considered contradictory; in all cases, the grievance and the relief sought must be indicated.\n\nEach ground and its supporting arguments must be set out separately. No other ground may be raised after this opportunity.\n\nArticle 471.—Admissibility and procedure. The Cassation Chamber shall declare the appeal inadmissible if the legal requirements for filing it, as established in the preceding Article 469, are not met; also if the ruling is not appealable, the party has no right to appeal, the appeal seeks to modify the proven facts, or the appeal is wholly unfounded, in which case the Chamber shall so declare and return the record to the court of origin.\n\nIf the appeal is admissible, it shall be assigned to an instructing justice; the Chamber shall process it and rule on the grounds raised.\n\nIf the appeal is admissible and an oral hearing is not considered necessary, the Chamber shall issue judgment.»\n\nFor years, the Third Chamber has understood that a party’s failure to comply with any one of the foregoing requirements is sufficient to declare its challenge inadmissible. In my view, this violates Article 2 of the Code of Criminal Procedure [which provides that “legal provisions that curtail personal liberty or limit the exercise of a power or right conferred on the parties to the proceedings (…) must be interpreted restrictively”], not only because this approach is justified by invoking an alleged return to classical cassation even though no provision in the C.P.P. or any other enactment expressly provides for that, but also because attributing an extraordinary nature to cassation rules out any possibility of applying Article 15 of the C.P.P., insofar as it provides for the correction of formal defects in any filing or ordinary appeal.\n\niii) In light of the foregoing, I conclude that most of the arguments commonly given for declaring appeals inadmissible are not persuasive. The fact that grounds are intermingled—which in many cases does not even prevent the appellant’s challenges to the specific aspects of the appellate ruling from being identified—or that the relevant provisions are not specified does not legitimately support rejection at the outset, since those defects, if considered problematic, can be corrected. Nor is it enough that the appellant challenges facts established in the judgment, since those facts cannot be considered immutable in every case. In that regard, Llobet Rodríguez explains that although Article 471 of the C.P.P. provides that an appeal must be declared inadmissible when it seeks to “modify the proven facts,” the principle that established facts are immutable does not apply when the claim concerns the erroneous application or disregard of procedural provisions [cited Article 468(b)]:\n\n“[…] the principle that the proven facts established in the challenged judgment are immutable applies only to cassation on the merits, but not to cassation alleging disregard of procedural law, since one feature of claims based on procedural defects is that they challenge the findings of fact in the judgment (…) the challenging party’s very interest in claiming a violation of procedural law is that it disagrees with the proven facts, which were established erroneously because of the procedural error.”\n\nLLOBET Rodríguez, Javier. Proceso Penal Comentado. San José: Editorial Jurídica Continental, 6th edition, 2017, p. 694 (emphasis added).\n\nLikewise, refusing to examine a claim because it simultaneously challenges the trial judgment and the appellate judgment would not be correct if, despite that circumstance, it is possible to understand which aspects of the second ruling are being challenged.\n\nAlong the same lines, brief mention should be made of appeals declared inadmissible on the ground that they are wholly unfounded. First, note that, in proper usage, this expression refers to challenges that are categorically improper (and not those that provide little support or basis for the grounds invoked). According to legal scholarship, this means an appeal “devoid of reason (and) so poorly supported that the judges would reject it on the basis of reading it alone. According to Piedrabuena, ‘manifest’ (or ‘absolute’) means the error is ‘obvious and evident and requires no more thorough study.’ According to Collados, it means the reasoning displays an error so ‘gross, manifest, evident, superficial, or indisputable’ that it would be rejected on the basis of a cursory examination of the appeal” (Bravo-Hurtado, Pablo. “Recurso manifiestamente infundado como filtro de buena fe. La casación chilena en perspectiva comparada.” In: Revista chilena de Derecho. Chile: Pontificia Universidad Católica de Chile, Faculty of Law, Vol. 46, issue 3, 2019, 691-716).\n\nSecond, I agree with Llobet Rodríguez that the possibility of declaring a cassation appeal inadmissible on that ground must be exceptional, since there is a risk of deciding the merits of the claim at the admissibility stage, and doing so without proper examination:\n\n«The term used is “wholly unfounded” […] It refers to impropriety that can be asserted categorically, without any doubt. There is no significant difference from the term “manifestly unfounded,” which refers to clear, patent impropriety […] Thus, it is not properly a question of the appeal’s failing to comply with the required formalities, but of considering the claim’s impropriety to be clear, which ultimately entails rejection on the merits. The possibility of declaring a cassation appeal inadmissible as “wholly unfounded” must be absolutely exceptional, and appropriate only in cases where the claim is merely dilatory and does not result from a serious challenge. In practice, however, this exceptional character is not apparent in the Third Chamber, where it is common to declare a cassation appeal inadmissible based on considerations of substance rather than actual noncompliance with the appeal’s formal requirements […] many appeals are declared inadmissible not because they fail to meet admissibility requirements, but because, after deciding the matter on the merits and without holding the requested oral hearing, they are considered “wholly unfounded” (Article 471). […] It should be noted that one problem with declaring an appeal inadmissible because it is wholly unfounded is that the Third Chamber generally does so rather summarily, on the basis of general considerations. This also allows it to avoid holding the oral hearing. It has been said that lawyers do not know how to formulate appeals, since many such inadmissibility rulings are not based on formal defects in the appeal but on the Chamber’s view, applying excessive rigor, that it is excessively unfounded.»\n\nLLOBET RODRÍGUEZ, Javier. Proceso penal comentado. San José: Editorial Jurídica Continental, 7th edition, 2023, pp. 738 and 739.\n\nAccordingly, I also disagree with inadmissibility rulings based on the cited argument, except in cases where it can be established decisively and without further analysis that the claim is improper.\n\nFinally, regarding the intermingling of grounds, it remains to add that, as follows from Article 468 of the Code of Criminal Procedure, the legislation provides for two grounds: one concerning the existence of contradictory precedents and the other concerning disregard or erroneous application of substantive or procedural law:\n\n“The cassation appeal may be based on one of the following grounds: (a) Alleged existence of contradictory precedents issued by the appellate courts of judgment, or between those precedents and precedents of the Criminal Cassation Chamber. (b) The judgment disregards or erroneously applies a substantive or procedural legal provision.” (Emphasis added.)\n\nTherefore, if an appellant alleges in a single section the disregard or erroneous application of different provisions, whether procedural or substantive, the grounds are not being mixed. That would occur if the same section made those allegations and also alleged the existence of contradictory rulings.\n\nAs I noted above, Article 469 C.P.P. states:\n\n«Filing. The cassation appeal must be filed, under penalty of inadmissibility, with the tribunal that issued the ruling […] It must be duly supported and must clearly cite the legal provisions considered to have been disregarded or erroneously applied, or identify and set out the content of the precedents considered contradictory; in all cases, the grievance and the relief sought must be indicated. Each ground and its supporting arguments must be set out separately. No other ground may be raised after this opportunity.» (Emphasis added.)\n\nIn my view, requiring the appellant to set out separately claims based on disregard or erroneous application of one or more provisions—separating each provision considered to have been disregarded or misapplied, and claims based on disregard from those based on erroneous application—also violates the aforementioned Article 2 of the Code of Criminal Procedure. That Article, it bears repeating, requires restrictive interpretation of legal provisions that limit the exercise of a right conferred on parties to the proceedings, such as the right to appeal. That restrictive interpretation instead requires understanding that there are only two grounds for cassation, so all claims falling under the second, more general ground may be presented together in the same section without this constituting any mixing of grounds.\n\niv) Procedural rules are not an end in themselves, but a means of achieving justice, and justice cannot be sacrificed to mere formalities (Article 41 of the Constitution). Applying the rules on cassation with a rigor that goes beyond their literal wording, based on the idea that the appeal is extraordinary even though no article so provides, undermines, as already indicated, the principles of effective judicial protection and access to justice, which in any event rank above statute. Put another way, neither the procedural rules—which are valuable insofar as they are intended to guarantee the parties’ rights—nor the interpretation given to them, which in my view is incorrect, can obstruct the Third Chamber from carrying out its work and properly reviewing rulings issued on appeal of judgment, thereby ensuring that the parties involved receive prompt and, above all, complete justice.\n\nIt is also important to maintain that even in the hypothetical case that cassation were extraordinary—and the hypothetical nature of this exercise is emphasized—requiring difficult-to-meet conditions renders the appeal ineffective by preventing it from being what it is intended to be: a mechanism for obtaining redress for irregularities that occurred during the criminal proceedings and the appeal-of-judgment stage.\n\nIn the view of the undersigned, it is a mistake to sacrifice the important purposes that the Political Constitution and the law assign to our justice system, and specifically to the administration of criminal justice, such as “[…] redress for injuries or damages suffered by a person in their person, property, or moral interests” (Article 41 of the Constitution) and “[…] resolving the conflict arising from the act, in accordance with the principles contained in the laws, with a view to helping restore social harmony between the parties and, in particular, restoring the victim’s rights” (Article 7 C.P.P.), or to reduce these purposes to a purely rhetorical point in favor of an interpretation of procedural law that lacks legal support and turns the instrument into an end in itself. That reverses the order of priorities.\n\nv) Under the pro sentencia principle, which forms part of due process, procedural rules exist and must be interpreted to facilitate the administration of justice, not to obstruct it (see Constitutional Chamber, resolution 11622-08 at 10:15 a.m. on 25 July 2008).\n\n(D) Summary of the foregoing.\n\nAlthough cassation does not have the scope of an appeal of judgment, it must be applied without formalistic rigor because this is required by the principles of effective judicial protection and access to justice, derived from the constitutional standard of legitimacy and Article 2 of the Code of Criminal Procedure itself. There are extreme cases in which the appeal must be declared inadmissible (e.g., because it is untimely or directed exclusively against the trial judgment or another ruling that is not appealable by cassation). However, in the case of other errors that do not prevent understanding what is sought in relation to the challenged appellate judgment, our conventional, constitutional, and statutory framework counsels allowing the challenge to proceed and, if necessary, applying Article 15 of the Code of Criminal Procedure by giving the party an opportunity to make the appropriate corrections, so that rejection at the outset may be ordered only if the party fails to comply with that direction.\n\n(E) Specific case.\n\nIn this matter, the defects identified by the majority of the Chamber in the second and third grounds do not prevent a clear understanding of the complaints made there against the ruling of the ad quem. Accordingly, my vote is to admit them for consideration and decide the merits as appropriate.\n\nPatricia Vargas G.\n\nDCASTRILLOM (913-5/14-5-25)"
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