{ "id": "nexus-sen-1-0006-780024", "citation": "Res. 01678-2012 Sala Tercera de la Corte", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "court_decision", "title_es": "Fideicomiso público con fondos del BCIE constituye peculado, no apropiación indebida", "title_en": "Public trust with BCIE funds constitutes embezzlement, not misappropriation", "summary_es": "La Sala Tercera analiza un recurso de casación contra sentencia que condenó a un funcionario del Banco Nacional por peculado continuado, por desviar fondos del fideicomiso del Proyecto Hidroeléctrico Angostura. La defensa alegó errónea aplicación del tipo penal, argumentando que los fondos provenían del BCIE y eran privados, por lo que debía recalificarse como apropiación indebida. La Sala rechaza el recurso. Realiza un examen integral del contrato de fideicomiso 473 ICE-BNCR y concluye que, aunque intervenga un organismo internacional, se trata de un fideicomiso público: el fideicomitente ICE es una entidad pública, el fin es una obra de infraestructura de interés público, y los fondos, incluyendo derechos de facturación futura del ICE y el financiamiento del BCIE que debía ser cubierto por el ICE, son de naturaleza pública. La calidad de funcionario público del imputado y su custodia de esos bienes públicos configuran el peculado. Se confirma la condena.", "summary_en": "The Third Chamber reviews a cassation appeal against a conviction for continued embezzlement of a bank official who diverted funds from the Angostura Hydroelectric Project trust. The defense argued misapplication of the criminal statute, claiming the BCIE’s funds were private, thus the crime should be reclassified as misappropriation. The Chamber rejects the appeal. Through a comprehensive analysis of Trust Contract 473 ICE-BNCR, it concludes that, despite an international entity’s involvement, this is a public trust: the ICE as settlor is a public entity, the purpose is a public-interest infrastructure work, and the funds—including ICE’s future billing rights and the BCIE financing to be repaid by ICE—are public in nature. The defendant’s status as a public official with custody over those public assets constitutes embezzlement. The conviction is upheld.", "court_or_agency": "Sala Tercera de la Corte", "date": "16/11/2012", "year": "2012", "topic_ids": [ "_off-topic" ], "primary_topic_id": "_off-topic", "es_concept_hints": [ "peculado", "fideicomiso público", "apropiación indebida", "fideicomitente", "fiduciario", "intangibilidad de los hechos probados", "BCIE", "ICE" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 354", "law": "Código Penal" }, { "article": "Arts. 633-662", "law": "Código de Comercio" } ], "keywords_es": [ "peculado", "fideicomiso público", "apropiación indebida", "fondos públicos", "BCIE", "ICE", "Proyecto Hidroeléctrico Angostura", "Banco Nacional de Costa Rica", "funcionario público", "bienes públicos" ], "keywords_en": [ "embezzlement", "public trust", "misappropriation", "public funds", "CABEI", "ICE", "Angostura Hydroelectric Project", "Banco Nacional de Costa Rica", "public official", "public assets" ], "excerpt_es": "De lo expuesto y según la lectura integral del contrato de fideicomiso analizado, es posible apreciar que efectivamente se está en presencia de un contrato administrativo constituido con fondos públicos, destinados a una finalidad lícita de interés público que involucra a una entidad pública como lo es el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), de ahí que la conducta ilícita desplegada por el acriminado Mora Esquivel de sustraer ilícitamente y en forma continúa recursos de las cuentas del fideicomiso del que el Banco Nacional al que le trabajaba era el fiduciario, lesiona abiertamente la consecución de ese objetivo público, al tener el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), que cubrir con las facturaciones futuras todos los compromisos y obligaciones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y los proveedores, para lograr desarrollar infraestructura de interés público como lo era la realización de una obra pública de gran envergadura para el país en materia hidroeléctrica: la construcción del Proyecto Hidroeléctrico La Angostura, en Turrialba.", "excerpt_en": "Based on the foregoing and according to a comprehensive reading of the analyzed trust agreement, it is apparent that we are indeed dealing with an administrative contract constituted with public funds, destined for a lawful public-interest purpose involving a public entity such as the Costa Rican Electricity Institute (ICE), hence the unlawful conduct carried out by the accused Mora Esquivel of continuously and illegally diverting resources from the trust accounts of which the Banco Nacional, his employer, was the trustee, openly harms the achievement of that public objective, as the Costa Rican Electricity Institute (ICE) must cover all future billings the commitments and obligations to the Central American Bank for Economic Integration (CABEI) and suppliers, in order to develop public-interest infrastructure, namely the execution of a major public works project in hydroelectric matters for the country: the construction of the Angostura Hydroelectric Project in Turrialba.", "outcome": { "label_en": "Denied", "label_es": "Sin lugar", "summary_en": "The cassation appeal is denied and the conviction for continued embezzlement is upheld, confirming that the BCIE-ICE trust funds are public and the official's conduct constitutes that crime, not misappropriation.", "summary_es": "Se declara sin lugar el recurso de casación y se mantiene la condena por peculado continuado, confirmando que los fondos del fideicomiso BCIE-ICE son públicos y la conducta del funcionario encuadra en ese tipo penal y no en apropiación indebida." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando II", "quote_en": "Based on the foregoing and according to a comprehensive reading of the analyzed trust agreement, it is apparent that we are indeed dealing with an administrative contract constituted with public funds, destined for a lawful public-interest purpose involving a public entity such as the Costa Rican Electricity Institute (ICE).", "quote_es": "De lo expuesto y según la lectura integral del contrato de fideicomiso analizado, es posible apreciar que efectivamente se está en presencia de un contrato administrativo constituido con fondos públicos, destinados a una finalidad lícita de interés público que involucra a una entidad pública como lo es el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)." }, { "context": "Considerando II (citando Voto 430-94)", "quote_en": "For the crime of Embezzlement to be configured, it is not necessary that the agent exercise any act of ownership over the property, because it could be made available to another person, or merely retained. For purposes of establishing the criminal conduct, it is sufficient that it be intentionally removed from the sphere of custody of the administration.", "quote_es": "Para que se configure el delito de Peculado, no es necesario que el agente ejerza acto alguno de dominio del bien, porque éste podría ser puesto a disposición de otro sujeto, o únicamente retenerlo. Basta, a efectos de configurar la acción típica, que aquél sea sacado intencionalmente del ámbito de custodia de la administración." }, { "context": "Considerando II (citando Voto 2004-11607)", "quote_en": "The Constitutional Chamber has more recently referred to the nature of funds in another similar trust... categorizing them as public, stating that: '...there are important and undeniable social and economic reasons that justify the creation of public trusts, as a means through which the State can consolidate financial resources from various sources to allocate them to a multiplicity of beneficiaries...'", "quote_es": "La Sala Constitucional si se ha referido más recientemente a la naturaleza de los fondos en otro fideicomiso similar... categorizó como públicos, al señalar que: '...hay importantes e innegables motivos de orden social y económico que justifican la creación de fideicomisos públicos, como un medio a través del cual el Estado puede consolidar recursos financieros provenientes de diversas fuentes para destinarlos a una multiplicidad de beneficiarios...'" } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0006-780024", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [], "sentencias_relacionadas": [], "temas_y_subtemas": [], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Tercera de la Corte\n\nResolución Nº 01678 - 2012\n\nFecha de la Resolución: 16 de Noviembre del 2012 a las 10:42\n\nExpediente: 99-017284-0042-PE\n\nRedactado por: José Manuel Arroyo Gutiérrez\n\nAnalizado por: SALA DE CASACIÓN PENAL\n\n\n\n\n\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: Penal\n\nTema: Peculado\n\nSubtemas:\n\nEnte y fondo de fideicomiso que responden a una naturaleza pública tornan procedente su configuración.\n\n“II .[…] Por las razones que se dirán el reclamo debe declararse sin lugar por improcedente. Analizado que fuere el cuestionamiento sugerido por la Licenciada Gloria Navas Montero en su libelo impugnaticio, advierte esta Sala de Casación Penal que, en la especie, la recurrente para afianzar sus argumentos en el único motivo por el fondo irrespeta el principio de intangibilidad de los hechos probados, al analizar de forma subjetiva tanto el elenco probatorio como la fundamentación fáctica contenida en el fallo, en procura de reinterpretar o modificar el cuadro fáctico demostrado con la finalidad de determinar –bajo su perspectiva- que los bienes sustraídos por el imputado L. eran de naturaleza privada, lo que no es dable en esta sede, máxime cuando de la misma sentencia recurrida se desprende que el justiciable L. en el ejercicio de sus funciones como tramitador operativo de la Fiduciaria del Banco Nacional de Costa Rica y específicamente del Contrato de Fideicomiso No.473 ICE-BNCR, sustrajo bienes públicos por dos medios específicos: en primer lugar, por el depósito integro de colones que resultaba del cambio de cheques girados en dólares a favor de los proveedores del Instituto Costarricense de Electricidad, destinados a la construcción del proyecto […], que luego depositaba íntegramente en cuentas de terceros, y en segundo término, a través del depósito parcial de colones resultantes de cheques emitidos en dólares, que eran retenidos por uno o más días para el pago de los proveedores y que provocaba que se diera un aumento en el tipo de cambio de compra, que terminaba depositado en cuentas de terceros allegados al imputado L. (folios 594 al 503 del expediente principal). A partir de ese relato de hechos probados, la configuración del delito de peculado se torna indiscutible en la especie, debido a que fue acreditado que L. laboró para el año de 1999, época en la que ocurren los hechos en el puesto de oficinista uno, en la Sección Fiduciaria del Banco Nacional de Costa Rica, institución pública que por estar ejecutando el Contrato de Fideicomiso No.473 ICE-BNCR: Proyecto La […] como fiduciario, lo colocó como funcionario público encargado exclusivamente del mencionado convenio y por el que debía realizar los trámites correspondientes para el pago de los proveedores que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) como fideicomitente mantenía en procura del desarrollo del proyecto […], de cita. Siendo que tampoco lleva razón la recurrente Navas Montero, cuando trata de exponer que en el sub júdice no hay presencia de fondos públicos por entender que los recursos aportados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) son de naturaleza privada y pretender justificarlos con las citas de diversos oficios supuestamente emitidos por la Contraloría General de la República -que no incorpora al memorial de impugnación- así como del voto 4185-97 de las diez horas del dieciocho de julio de mil novecientos noventa y siete de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia donde, según su decir, ese órgano consideró que los recursos dentro de un fideicomiso deben ser considerados como fondos privados. En primer término , conviene indicar que, al revisar los suscritos Magistrados el fallo constitucional 4185-97 citado por la recurrente, es posible apreciar que en esa sentencia la Sala Constitucional omite cualquier tipo de pronunciamiento sobre el tema objeto de controversia en esta sede, pues en aquél se indica de manera expresa que: “… resulta evidente a la Sala que la discusión que se ha presentado, versa sobre los alcances y consecuencias de la ejecución de un contrato de fideicomiso, en el que se alega, por parte de la recurrente, que las actuaciones de los recurridos han sido violatorias de los principios y derechos contenidos en los artículos 28, 45 y 46 de la Constitución Política, lo que le impide el ejercicio del derecho de propiedad sobre sus derechos, como beneficiaria del fideicomiso. Y como paralelamente, lo que se cuestiona es que las medidas adoptadas por los recurridos, no tienen origen constitucional ni legal, sino que obedecen a criterios propios de las empresas, que a juicio del amparo, resultan irrazonables y arbitrarios, estima este Tribunal, en tal forma fijado el contorno del recurso, que no estamos frente a un caso en que se den los presupuestos de los artículos 57 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sino de un diferendo que surge en la ejecución de un contrato bancario, que debe ser dilucidado en la vía ordinaria comercial…”(el suplido es nuestro), por lo que resulta impreciso y temerario afirmar -como lo hace la petente- que en esa sentencia se categorizaron los fondos de los fideicomisos como privados, pues sobre el tema dicha Sala no ahondo, al considerar que no se trataba de discrepancias constitucionales o legales sino de la ejecución de un contrato bancario. Sin embargo, en contraposición a lo expuesto por la accionante, la Sala Constitucional si se ha referido más recientemente a la naturaleza de los fondos en otro fideicomiso similar al que se estudia en el caso bajo análisis, donde el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) discutía ante ese órgano sobre los actos de control que pretendía ejercer la Contraloría General de la República respecto al Fideicomiso para construir el Proyecto Hidroeléctrico Cariblanco, si advirtió sobre la naturaleza de esos fondos, siendo que los categorizó como públicos, al señalar que: “La Sala entiende –como lo señaló la Procuraduría General de la República en dictamen C-398-2003 del 18 de diciembre del 2003– que hay importantes e innegables motivos de orden social y económico que justifican la creación de fideicomisos públicos, como un medio a través del cual el Estado puede consolidar recursos financieros provenientes de diversas fuentes para destinarlos a una multiplicidad de beneficiarios, regulando la aplicación de dichos recursos por medio del respectivo contrato de fideicomiso. Sin embargo, hacerlo sin la debida supervisión, cuando media el empleo de dineros u otros bienes públicos, evidentemente resquebrajaría el esquema de control que la propia Constitución Política ha querido entronizar en varias de sus normas. Por tal motivo, está claro para la mayoría de magistrados de esta sala, que la adición del hoy artículo 14 de la ley 8131 en modo alguno vino a trastocar la esencia y razón de ser del proyecto original; antes bien, lo completó y cimentó. Además, es indudablemente conforme con los principios generales de fiscalización presupuestaria sentados en la Constitución Política, así como con las competencias que ella también le señala a la Contraloría General de la República” (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto 2004-11607, de las ocho horas con cincuenta y un minutos del veinte de octubre del dos mil cuatro, el suplido no es del original), lo que implica conforme al voto de cita, que es posible por parte de entes públicos como lo es el caso del Instituto Costarricense de Electricidad(ICE) el empleo de instrumentos jurídicos como el fideicomiso para el desarrollo de sus proyectos, claro está, mediante el empleo de fondos públicos presentes y futuros, quedando bajo los esquemas de control y fiscalización propios del ordenamiento jurídico, lo que confirma nuevamente que se trata de fondos de naturaleza pública que deben ser resguardados en beneficio de la Hacienda Pública. El otro aspecto en el que no lleva razón la recurrente es el de considerar que se está en presencia de fondos privados por analizar pronunciamientos de la Contraloría General de la República -que no se aportan y que están referidos a otro tipo de circunstancias como lo es los fondos públicos internacionales como lo indica expresamente la recurrente-: al respecto debe indicarse que no puede pretender la recurrente que el presente caso se analice el mencionado fideicomiso como privado por el solo hecho de estar dicha figura jurídica normada a partir de los artículos 633 a 662 del Código de Comercio, sino que debe analizarse para el sub júdice, la existencia del contrato celebrado entre las tres entidades como instrumento fundamental que obligaba a las partes, incluyendo al Banco Nacional de Costa Rica, donde finalmente el imputado L. desarrolló su actividad delictiva al sustraer recursos públicos, según se logró acreditar. Ello implica primero, tener claro que aparte de los fideicomisos privados regulados por el Código de Comercio, se ha aceptado la existencia de fideicomisos creados con fondos públicos, como lo es el “Contrato de Fideicomiso Proyecto […]” (f.143-175), no solo a través de la jurisprudencia patria, como se advirtió a través del voto 2004-11607 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia citado, sino, por la doctrina misma. Así los autores LISOPRAWSKI (Silvio) y KIPER (Claudio) en el libro Tratado de Fideicomiso, Buenos Aires, Depalma, 2da Edición Actualizada, 2004, pp. 536-537, han indicado al respecto que: “…es posible describir el fideicomiso público como un contrato por medio del cual la Administración, por intermedio de alguna de sus dependencias facultadas y en su carácter de fideicomitente, transmite la propiedad de bienes del dominio público o privado del Estado, o afecta fondos públicos a un fiduciario, para realizar un fin lícito, de interés público (…) Villagordoa Lozano observa, con acierto, que si bien el fideicomiso público se apoya en la estructura convencional que caracteriza el tipo contractual, esto es, la relación bilateral fiduciario- fiduciante, hay, sin embargo, una diferencia esencial de naturaleza genética en el proceso de formación que lo diferencia del fideicomiso privado. En el público, la celebración del contrato es una fase dentro de un proceso, toda vez que existe un procedimiento jurídico sui generis que se inicia en el acto jurídico que da viabilidad al fideicomiso (ley o decreto), fija sus objetivos y característica, determina las condiciones y términos a que se sujetará la contratación correspondiente y regula, en fin, la constitución, incremento, modificación, organización, funcionamiento y extinción de los fideicomisos…”. Como se aprecia de la cita anterior, el fideicomiso público pende del contrato suscrito, pues se trata del instrumento en el que se enmarca el negocio jurídico y por el cual se determinan las condiciones que permiten dilucidar si se está o no ante una contratación que involucre fondos públicos, por ello, a diferencia de cómo lo advierte la recurrente -que analiza sesgadamente el Contrato de Fideicomiso para el Proyecto Hidroeléctrico […]-; el estudio integral de ese documento es lo que permite a esta Sala Tercera concluir que para el caso particular, nos encontramos ante fondos de naturaleza pública. Así lo primero que debe plantearse, es que para que esos bienes se consideren públicos, es ineludible que el fideicomitente sea un ente público (Ver en igual sentido GUIRIDLIAN LAROSA (Javier), Contratación Pública y Desarrollo de Infraestructuras, LexisNexis Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2004, p.109), lo que se presenta en el caso concreto cuando se incorpora al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) como fideicomitente, según el Artículo I, Disposiciones Generales. Sección uno Punto uno (1.1) del contrato 473 ICE-BNCR (f.143), siendo que ese mismo rol lo asume el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por el hecho de financiar el proyecto y garantizar que se le pague el crédito invertido, mismo que asume el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), como se analizará seguidamente. Asimismo, para determinar la naturaleza de los fondos en un contrato administrativo como el presente, deben valorarse tanto el objeto como la finalidad fiduciarios, que no son más que los fondos con los que se ejecuta el contrato y los beneficiarios de la ejecución de la obra; requisitos que aplicados al caso particular, indican que igualmente se consideran fondos públicos, debido a que los fondos utilizados en el subjúdice eran aportes financieros de un organismo internacional de crédito como lo es el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) con el fin de ser un instrumento de inversión en el Proyecto […] desarrollado por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) con el que se garantizaba contar con los recursos suficientes para lograr ese objetivo en beneficio de la colectividad, siendo en última instancia el fin último para el desarrollo de esa obra de infraestructura, la cual solo es ejecutable por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) (Artículo I. Disposiciones Generales. Sección uno punto dos, f. 143-144), cuando define el patrimonio fideicometido (Artículo I Disposiciones Generales. Sección uno punto tres, f.144), quedando claro que además de los recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y de otros recursos descritos en esa parte, se incorporan los “derechos cedidos por el ICE sobre las cuentas por cobrar a la Compañía de Fuerza y Luz S.A. (CNFL), como se indica en el Anexo Cuarto del presente Contrato, representativas de todo o parte den la facturación mensual futura por la venta de energía eléctrica que el ICE le haga a dicha compañía”(f.144), con lo cual se evidencia que con este contrato, no solo se estaban comprometiendo los recursos presentes sino los futuros del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) que le facture a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz S.A. (Ver Anexo Cuarto del Contrato, f. 162-165), los cuales sin duda, también son públicos. De igual modo, ese fin –sin vacilación alguna- es considerado lícito, al tratarse del desarrollo de infraestructura para la generación de energía hidroeléctrica, aspecto que también es de interés público. Finalmente, se evidencia que el aporte del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) no es solo un aporte de fondos privados –como lo entiende la accionante-, sino que además se trata de un financiamiento que debe ser cubierto por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en los términos de ese contrato, sirviendo el fideicomiso como una garantía para el Banco Nacional de Costa Rica que el fiduciario recibirá del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) los recursos necesarios para cubrir esa deuda, pagar las obligaciones contraídas dentro del fideicomiso bajo las titularizaciones que se hicieran y construyendo una planta hidroeléctrica que pasarían a ser parte de los activos de la entidad pública: Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). […] De lo expuesto y según la lectura integral del contrato de fideicomiso analizado, es posible apreciar que efectivamente se está en presencia de un contrato administrativo constituido con fondos públicos, destinados a una finalidad lícita de interés público que involucra a una entidad pública como lo es el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), de ahí que la conducta ilícita desplegada por el acriminado L. de sustraer ilícitamente y en forma continúa recursos de las cuentas del fideicomiso del que el Banco Nacional al que le trabajaba era el fiduciario, lesiona abiertamente la consecución de ese objetivo público, al tener el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), que cubrir con las facturaciones futuras todos los compromisos y obligaciones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y los proveedores, para lograr desarrollar infraestructura de interés público como lo era la realización de una obra pública de gran envergadura para el país en materia hidroeléctrica: la construcción del Proyecto […]. Por último, según el artículo 353 vigente al momento de los hechos, cometía el delito de peculado, “…el funcionario público que sustrajere o distrajere dinero o bienes cuya administración, percepción, o custodia le haya sido confiada en razón de su cargo…” o el que “...empleare en provecho propio o de terceros trabajos o servicios pagados por la Administración Pública”, siendo que resulta un hecho incontrovertido y aceptado expresamente por el mismo imputado L. en debate, que para el año 1999, aquel se desempeñaba como funcionario público en el Banco Nacional de Costa Rica y específicamente como encargado del contrato de fideicomiso 473 ICE-BNCR aludido, y que en el ejercicio de esa función pública encomendada, distrajo fuertes cantidades de dinero a cuentas de terceros, para posteriormente hacer uso personal de esos montos, constituyendo su accionar, en ilícito, pues “…para que se configure el delito de Peculado, no es necesario que el agente ejerza acto alguno de dominio del bien, porque éste podría ser puesto a disposición de otro sujeto, o únicamente retenerlo. Basta, a efectos de configurar la acción típica, que aquél sea sacado intencionalmente del ámbito de custodia de la administración. De ahí precisamente la conveniencia del verbo \"distrajere\", contenido en el tipo objeto del artículo 352 del Código Penal, protegiendo con ello el patrimonio público de conductas no constitutivas de una sustracción, pero lesivas al funcionamiento de la administración.” (Ver Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Voto 430-94 de las 8:55 horas del 21 de octubre de 1994 citado en Voto 2004-01006, de las once horas cuarenta y cinco minutos del veinte de agosto de dos mil cuatro). En consecuencia, por lo anterior, se declara sin lugar el recurso de casación planteado por la defensora particular del acriminado L.”\n\n... Ver más\nTexto de la resolución\n\n*990172840042PE*\n\nExp: 99-017284-0042-PE\n\nRes: 2012-001678\n\nSALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas y cuarenta y dos minutos del dieciséis de noviembre del dos mil doce.\n\n              Recurso de Casación, interpuesto en la presente causa seguida contra Luis Angel Mora Esquivel, mayor de edad, costarricense, cédula de identidad número uno-mil cuarenta y uno-ciento doce,  por dieciséis delitos de peculado en perjuicio del Banco Nacional de Costa Rica. Intervienen en la decisión del recurso, los Magistrados  José Manuel Arroyo Gutiérrez, Jesús Ramírez Quirós, Magda Pereira Villalobos, Carlos Chinchilla Sandí y Doris Arias Madrigal. Además tambien interviene en está instancia como defensora particular del encartado la licenciada Gloria Navas Montero; el Licenciado Federico Salazar Ficklin en representación del Banco Nacional de Costa Rica como actor civil. Se apersonó el representante del  Ministerio Público.\n\nResultando:\n\n              1. Mediante sentencia N° 596-2010, dictada a las diez horas treinta minutos del tres de junio del dos mil diez, el Tribunal Penal de Juicio del Primer Circuito Judicial de San José, resolvió:  “POR TANTO: De conformidad con lo establecido en los artículos 39 y 41 de la Constitución Política; 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 1, 6, 9, 141, 142, 182, 184, 265, 267, 270, 360, 361, 363, 364, 365, 367, 368 del Código Procesal Penal, 1, 11, 12, 30, 31, 45, 50, 71, 77, 103 y 354 del Código Penal, 1045 del Código Civil, 122 siguientes, Normas vigentes sobre Responsabilidad Civil del Código Penal de 1941, decreto ejecutivo 20307-J, por unanimidad, se declara a LUIS ÁNGEL MORA ESQUIVEL autor responsable de un delito de PECULADO CONTINUADO que en perjuicio del BANCO NACIONAL DE COSTA RICA se le ha venido atribuyendo, en razón de lo cual se le impone el tanto de SEIS AÑOS DE PRISIÓN, pena que, una vez firme el fallo deberá descontar en el lugar y forma que determinen los respectivos reglamentos penitenciarios, previo abono de la preventiva sufrida si la hubiere. Se declara con lugar la Acción Civil Resarcitoria incoada por el Banco Nacional de Costa Rica en contra del demandado civil Luis Ángel Mora Esquivel, condenándose a éste último a pagar a favor del primero, por concepto de daño material, la suma de VEINTIÚN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO QUINCE COLONES, así como al pago de la costas procesales y personales que con ocasión del presente asunto hubiere producido, mismas que en este acto se fijan en la suma de UN MILLÓN CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SEIS COLONES, montos que deberán de ser depositados dentro de los siguientes quince días hábiles a la firmeza del fallo a favor de la actora y en caso de incumplir con lo prevenido deberá la parte interesada recurrir a la vía civil respectiva para su ejecución. Firme el fallo comuníquese lo resuelto al Instituto Nacional de Criminología, Centro de Información Penitenciaria, Juzgado de Ejecución de la Pena y Registro Judicial para lo de sus cargos. Son los gastos del proceso penal a cargo del Estado. POR LECTURA NOTIFÍQUESE  ADRIÁN CASCANTE MORA, LUIS FERNANDO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, JUAN CARLOS PÉREZ MURILLO, JUECES DE JUICIO.” (sic).\n\n2. Contra el anterior pronunciamiento, la licenciada Gloria Navas Montero,  interpuso Recurso de Casación.\n\n3. Verificada la deliberación respectiva, la Sala se planteó las cuestiones formuladas en el recurso.\n\n4. En los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.   \n\nInforma  el Magistrado Arroyo Gutiérrez; y, \n\nConsiderando:\n\n              I.- La Licenciada Gloria Navas Montero, en su condición de Defensora Particular del encartado Luis Ángel Mora Esquivel, presenta recurso de casación contra la sentencia 596-2010 de las diez horas treinta minutos del tres de junio del año dos mil diez, que declara a Mora Esquivel autor responsable del delito de Peculado en la modalidad de continuado en perjuicio del Banco Nacional de Costa Rica y por el cual se le impuso la pena de seis años de prisión. Por cumplir con los requisitos estipulados en los numerales 458 y 460 del Código Procesal Penal vigentes al momento de la interposición del recurso, al estar presentado en tiempo y forma, se procede a resolver.\n\nII. En el único motivo del recurso de casación interpuesto por Navas Montero a favor del imputado Luis Ángel Mora Esquivel, según los memoriales de folios 555 a 568 del expediente, así como en su ampliación visible a folios 573 a 581,  se alega errónea aplicación del artículo 354 del Código Penal e inobservancia por desaplicación de los numerales 223 y 216 inciso 2) ibídem, al considerar la accionante que en la especie no se configura el delito de peculado sino el de apropiación indebida, ya que el perjuicio económico causado por el actuar ilícito del imputado Mora Esquivel lo es sobre bienes de naturaleza privada, siendo que el a quo, omite realizar el análisis correspondiente a la situación del fideicomiso de inversión existente en autos así como a su naturaleza misma, para terminar asumiendo que se trata de fondos públicos solo con haber tenido a la vista una copia certificada del Contrato de Fideicomiso del Proyecto Hidroeléctrico Angostura Costa Rica (f.143-175), pero sin analizar que dichos bienes provenían del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y por tanto, que entre Mora Esquivel y dicho banco no existió una relación funcional de bienes públicos con el status de servidor o empleado público de Mora Esquivel. Bajo esa misma óptica, aduce la accionante, que al tratarse de un delito de apropiación indebida, por las particularidades del caso y por ser Mora Esquivel confesó, debe imponérsele  la pena de tres años y otorgársele el beneficio de ejecución condicional, o en su defecto, debe dictarse una sentencia absolutoria por prescripción de la acción penal pues los hechos objeto de litigio datan del año 1999. Asimismo, solicita subsidiariamente la imposición de la pena de un año de prisión, aumentada hasta en otro tanto, para un total de dos años e igualmente el otorgamiento del beneficio de ejecución condicional por el delito de apropiación indebida que se configura en el caso de marras. Señala, que dentro de la fundamentación fáctica de la sentencia, el Tribunal examinador tiene por acreditado que el justiciable mantuvo bajo su responsabilidad la administración general del Fideicomiso No.473 ICE-BNCR, donde el Instituto Costarricense de Electricidad era el fideicomitente y el Banco Nacional de Costa Rica el fiduciario, siendo que Mora Esquivel se desempeñaba como funcionario público del mencionado Banco, específicamente en la Sección Fiduciaria de esa institución, teniendo bajo su responsabilidad el trámite operativo del fideicomiso, el control de su gestión, la atención del crédito e inversiones, la preparación de reportes y atención de consultas, actos todos tendientes a la administración y custodia del patrimonio invertido en el mencionado fideicomiso, a partir de las instrucciones que recibía directamente del Instituto Costarricense de Electricidad siendo que los dineros eran proveídos del Puesto de Bolsa del Banco Nacional (VNValores). De este modo, para la impugnante, -en el caso particular- hubo dos fideicomitentes: el Banco Centroamericano de Integración Económica y el Instituto Costarricense de Electricidad, siendo que para los efectos del contrato, cada uno contaba con objetivos muy claros: “a) constituirse el fideicomiso en un instrumento de INVERSION del BCIE y segundo, b) que el patrimonio separado o fideicometido, no propiedad del Banco Nacional evidentemente, sino ahí depositado como propiedad especial e independiente, lo fue con recursos que provinieron del BCIE aunque destinados al ICE…” (f.558), ocurriendo que esos dineros o recursos administrados nunca llegaron a ser propiedad del Banco Nacional, del que Mora Esquivel era funcionario, sino que provenían del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) como institución pública internacional para la consecución de un fin previamente determinado –el desarrollo de un proyecto hidroeléctrico- y por ende, esa situación hace que no se configure el concepto de fondo público, contenido en la norma 354 del Código Penal. De acuerdo con la promovente, el Tribunal de instancia incurre en un yerro de interpretación y aplicación de ley sustantiva, dado que los fondos del mencionado fideicomiso nunca llegaron a ser públicos, porque el fideicomiso de inversión solamente permitía la administración de los bienes objeto del contrato más no su propiedad, asimismo, que el contrato mencionado se encuentra regido por el numeral 143 del Código de Comercio y al haber comparecido tanto el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en su carácter de institución pública, el primero y persona jurídica de carácter internacional, el segundo, para el caso del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) sus fondos son internacionales y se rigen por otra legislación que no es la costarricense. Al mismo tiempo, alega que por la naturaleza de los fondos y el contrato involucrado lo correspondiente es regirse para los efectos del Código de Comercio, siendo que esa naturaleza implica que entre Mora Esquivel y el fideicomiso mismo no existiera relación funcional alguna de bienes públicos. Al respecto, insiste, que el fideicomiso de inversión suscrito en la especie, implicaba que el Banco Nacional de Costa Rica(BNCR) se hallara como fiduciario o administrador de bienes no públicos, sin que esos bienes pasarán a formar parte del patrimonio estatal general del banco, ya que se trataba de un contrato inminentemente privado, de conformidad con los numerales 633 a 662 del Código de Comercio y el voto de la Sala Constitucional 4185-97 de las diez horas del dieciocho de julio de mil novecientos noventa y siete, lo que se constituye en notable a efectos de determinar la responsabilidad del acriminado, pues no se configura el concepto de fondo público requerido por la norma del 354 del Código Penal. A mayor abundamiento, indica que en el contrato de fideicomiso en general, el fideicomitente no transmite al fiduciario la propiedad de los bienes o derechos, sino solo la administración, lo que conlleva  a que ese patrimonio se encuentre separado de los bienes del fiduciario, tal y como fue reglado en el contrato de Fideicomiso del Proyecto Hidroeléctrico Angostura Costa Rica, a partir de la sección 1.6. Denominada “Independencia del Patrimonio” del mismo contrato suscrito, así como en el artículo II. Programación de Inversiones en el Proyecto, en la sección identificada como 2.1. Plan Global de Inversiones y en la sección 2.3 sobre la Ejecución del Plan de Inversiones y el artículo siguiente sobre los Compromisos. Señala que, los pronunciamientos No. PA-55-2009 de la Contraloría General de la República de la  División Jurídica de las 16:00 del 17 de setiembre de 2009 y DFOE-SOC-43-2008 del 22 de octubre de 2008, del Área de Servicios Sociales así como la Opinión Jurídica OJ-067-2008 del 08 de agosto de dos mil ocho de la Procuraduría General de la República, concluyen que esos fondos son públicos internacionales por lo que no se les aplica la legislación interna de nuestro país. Infiere, que el razonamiento del Tribunal de mérito es errado, debido a que el giro de fondos privados a públicos, se estableció cuando aquellos consideraron que los fondos entraban al Banco Nacional de Costa Rica y esa sola circunstancia los convertía en públicos, lo que es incorrecto, por lo siguiente: 1) En efecto, el Banco Nacional es una institución de derecho público, que muestra como parte de sus actividades comerciales la prestación de servicios como los de la administración de fondos que se rigen por el derecho mercantil. 2) En el caso particular, el fideicomiso de marras, se rige por el derecho privado, aún cuando los participantes sean el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) o el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR). 3) La administración de fondos por  un banco estatal,  no conlleva a que los fondos administrados adquieran la naturaleza de públicos. 4) En el fideicomiso, por constituir el dominio fiduciario un patrimonio separado, la propiedad no ingresa al banco, sino que aquel es un simple custodio de bienes. 5) En este tipo de contratos, los que pueden llegar a ser fondos públicos son los emolumentos ganados en la administración del fideicomiso, sin embargo, ese tema no es parte de este proceso. Finalmente, solicita la recurrente la recalificación de los hechos a apropiación indebida, por considerar que en la especie no se esta en presencia de bienes de carácter público a los fines de la ley de fondo aplicable, y en su defecto, ruega se imponga la pena de tres años de prisión con el beneficio de ejecución condicional en la especie. Asimismo, la Licenciada Navas Montero, en el escrito de fecha diecinueve de julio de dos mil diez, amplía el argumento expuesto en su escrito de recurso de casación, específicamente sobre la naturaleza jurídica de los fondos en el contrato de fideicomiso suscrito por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), al señalar que el fideicomitente o Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) era quien realizaba el aporte de fondos privados millonarios para que el fiduciario o Banco Nacional de Costa Rica los administrara pero sin que entraran al patrimonio general del banco, pues se trataba de una propiedad especial, independiente y separada de fondos públicos, sobre los cuales los funcionarios del Departamento de Fideicomiso del Banco Nacional de Costa Rica, mantenían una relación funcional con bienes de naturaleza privada. Por otra parte, reitera, que el contrato de fideicomiso es un contrato mercantil que se rige por el derecho privado, conforme al Código de Comercio, lo que implica que al ser los bienes sustraídos de naturaleza privada, -porque no fueron a parar a las arcas del Banco y eran provenientes de una entidad privada-, no se pueda atribuir a Mora Esquivel la comisión del delito funcional de peculado. Por su parte, el representante fiscal Rojas Chacón, al contestar el emplazamiento del recurso de casación incoado (f.584-586), peticiona declararlo sin lugar, con base en tres argumentos concretos: i) El delito de peculado no depende de la naturaleza del bien sustraído: puede configurarse aún sin la producción completa al patrimonio, bastando para su consumación el quebrantamiento al deber de probidad de un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, según el voto 2005-1431 de las ocho horas cuarenta y cinco minuetos de veinte de agosto de dos mil cinco de esta Sala de Casación Penal. Señala que la configuración del delito de peculado en la especie se presenta cuando se comprueba, la falta al deber de integridad funcionarial en la actuación del  sentenciado Mora Esquivel, quien como encargado de fideicomisos del Banco Nacional de Costa Rica (institución estatal) y en el despliegue de sus labores como ejecutivo del contrato del Proyecto Hidroeléctrico La Angostura, sustrajo bienes patrimoniales que se encontraban bajo su custodia. ii) Con cita en CREUS, (Carlos), Delitos contra la Administración Pública, Buenos Aires, Editorial Astrea, 1981, pp.315 a  316, señala que la estrategia defensiva que arguye que los dineros entregados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y al Banco Nacional  de Costa Rica (BNCR), no son fondos públicos sino privados es incorrecta, pues en este caso el contrato de fideicomiso no lo fue entre dos sujetos particulares, sino entre un sujeto de derecho internacional Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y dos sujetos de derecho público: el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y al Banco Nacional  de Costa Rica (BNCR), siendo que por el mismo contrato No.473 ICE-BNCR, tanto el fideicomitente como el destinatario de las utilidades del contrato lo eran instituciones públicas, que utilizaron los dineros provenientes de ese contrato para la explotación de los fines públicos propios de una actividad institucional determinada. Arguye, que la naturaleza del dinero como público o privado, en el caso particular, no la proporciona la identidad del sujeto depositante o la misma normativa comercial que rige el contrato -como equívocamente lo señala la impugnante- sino el hecho que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) depositó los dineros al Banco Nacional  de Costa Rica (BNCR) para que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) los utilizará con fines públicos, siendo que no cabe duda que el imputado Mora Esquivel, al momento de la sustracción además de ser funcionario público en el ejercicio de sus labores también sustrajo bienes públicos. iii)  Por último, indica que el dinero como bien fungible, al ser depositado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en la cuenta del Banco Nacional  de Costa Rica (BNCR), se integra materialmente con el patrimonio del Banco Estatal, a quien le corresponde disponer de éste y realizar múltiples operaciones bancarias, de ahí que efectivamente se trate de fondos públicos de los cuales el imputado Mora Esquivel dispuso.  Finalmente, solicita se declare sin lugar el recurso planteado. Por las razones que se dirán el reclamo debe declararse sin lugar por improcedente. Analizado que fuere el cuestionamiento sugerido por la Licenciada Gloria Navas Montero en su libelo impugnaticio, advierte esta Sala de Casación Penal que, en la especie,  la recurrente para afianzar sus argumentos en el único motivo por el fondo irrespeta el principio de intangibilidad de los hechos probados, al analizar de forma subjetiva tanto el elenco probatorio como la fundamentación fáctica contenida en el fallo, en procura de reinterpretar o modificar el cuadro fáctico demostrado con la finalidad de determinar –bajo su perspectiva- que los bienes sustraídos por el imputado Mora Esquivel eran de naturaleza privada, lo que no es dable en esta sede, máxime cuando de la misma sentencia recurrida se desprende que el justiciable Mora Esquivel en el ejercicio de sus funciones como tramitador operativo de la Fiduciaria del Banco Nacional de Costa Rica y específicamente del Contrato de Fideicomiso No.473 ICE-BNCR, sustrajo bienes públicos por dos medios específicos: en primer lugar, por el depósito integro de colones que resultaba del cambio de cheques girados en dólares a favor de los proveedores del Instituto Costarricense de Electricidad, destinados a la construcción del proyecto Hidroeléctrico La Angostura, que luego depositaba íntegramente en cuentas de terceros, y en segundo término, a través del depósito parcial de colones resultantes de cheques emitidos en dólares, que eran retenidos por uno o más días para el pago de los proveedores y que provocaba que se diera un aumento en el tipo de cambio de compra, que terminaba depositado en cuentas de terceros allegados al imputado Mora Esquivel (folios 594 al 503 del expediente principal). A partir de ese relato de hechos probados, la configuración del delito de peculado se torna indiscutible en la especie, debido a que fue acreditado que Mora Esquivel laboró para el año de 1999, época en la que ocurren los hechos en el puesto de oficinista uno, en la Sección Fiduciaria del Banco Nacional de Costa Rica, institución pública que por estar ejecutando el Contrato de Fideicomiso No.473 ICE-BNCR: Proyecto La Angostura como fiduciario, lo colocó como funcionario público encargado exclusivamente del mencionado convenio y por el que debía realizar los trámites correspondientes para el pago de los proveedores que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) como fideicomitente mantenía en procura del desarrollo del proyecto Hidroeléctrico La Angostura, de cita. Siendo que tampoco lleva razón la recurrente Navas Montero, cuando trata de exponer que en el sub júdice no hay presencia de fondos públicos por entender que los recursos aportados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) son de naturaleza privada y pretender justificarlos con las citas de diversos oficios supuestamente emitidos por la Contraloría General de la República -que no incorpora al memorial de impugnación- así como del voto 4185-97 de las diez horas del dieciocho de julio de mil novecientos noventa y siete de la  Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia donde, según su decir, ese órgano consideró que los recursos dentro de un fideicomiso deben ser considerados como fondos privados. En primer término , conviene indicar que, al revisar los suscritos Magistrados el fallo constitucional 4185-97 citado por la recurrente, es posible apreciar que en esa sentencia la Sala Constitucional omite cualquier tipo de pronunciamiento sobre el tema objeto de controversia en esta sede, pues en aquél se indica de manera expresa que: “… resulta evidente a la Sala que la discusión que se ha presentado, versa sobre los alcances y consecuencias de la ejecución de un contrato de fideicomiso, en el que se alega, por parte de la recurrente, que las actuaciones de los recurridos han sido violatorias de los principios y derechos contenidos en los artículos 28, 45 y 46 de la Constitución Política, lo que le impide el ejercicio del derecho de propiedad sobre sus derechos, como beneficiaria del fideicomiso. Y como paralelamente, lo que se cuestiona es que las medidas adoptadas por los recurridos, no tienen origen constitucional ni legal, sino que obedecen a criterios propios de las empresas, que a juicio del amparo, resultan irrazonables y arbitrarios, estima este Tribunal, en tal forma fijado el contorno del recurso, que no estamos frente a un caso en que se den los presupuestos de los artículos 57 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sino de un diferendo que surge en la ejecución de un contrato bancario, que debe ser dilucidado en la vía ordinaria comercial…”(el suplido es nuestro), por lo que resulta impreciso y temerario afirmar -como lo hace la petente- que en esa sentencia se categorizaron los fondos de los fideicomisos como privados, pues sobre el tema dicha Sala no ahondo, al considerar que no se trataba de discrepancias constitucionales o legales sino de  la ejecución de un contrato bancario. Sin embargo, en contraposición a lo expuesto por la accionante, la Sala Constitucional si se ha referido más recientemente a la naturaleza de los fondos en otro fideicomiso similar al que se estudia en el caso bajo análisis, donde el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) discutía ante ese órgano sobre los actos de control que pretendía ejercer la Contraloría General de la República respecto al Fideicomiso para construir el Proyecto Hidroeléctrico Cariblanco, si advirtió sobre la naturaleza de esos fondos, siendo que los categorizó como públicos, al señalar que: “La Sala entiende –como lo señaló la Procuraduría General de la República en dictamen C-398-2003 del 18 de diciembre del 2003– que hay importantes e innegables motivos de orden social y económico que justifican la creación de fideicomisos públicos, como un medio a través del cual el Estado puede consolidar recursos financieros provenientes de diversas fuentes para destinarlos a una multiplicidad de beneficiarios, regulando la aplicación de dichos recursos por medio del respectivo contrato de fideicomiso. Sin embargo, hacerlo sin la debida supervisión, cuando media el empleo de dineros u otros bienes públicos, evidentemente resquebrajaría el esquema de control que la propia Constitución Política ha querido entronizar en varias de sus normas. Por tal motivo, está claro para la mayoría de magistrados de esta sala, que la adición del hoy artículo 14 de la ley 8131 en modo alguno vino a trastocar la esencia y razón de ser del proyecto original; antes bien, lo completó y cimentó. Además, es indudablemente conforme con los principios generales de fiscalización presupuestaria sentados en la Constitución Política, así como con las competencias que ella también le señala a la Contraloría General de la República” (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto 2004-11607, de las ocho horas con cincuenta y un minutos del veinte de octubre del dos mil cuatro, el suplido no es del original), lo que implica conforme al voto de cita, que es posible por parte de entes públicos como lo es el caso del Instituto Costarricense de Electricidad(ICE) el empleo de instrumentos jurídicos como el fideicomiso para el desarrollo de sus proyectos, claro está, mediante el empleo de fondos públicos presentes y futuros, quedando bajo los esquemas de control y fiscalización propios del ordenamiento jurídico, lo que confirma nuevamente que se trata de fondos de naturaleza pública que deben ser resguardados en beneficio de la Hacienda Pública. El otro aspecto en el que no lleva razón la recurrente es el de considerar que se está en presencia de fondos privados por analizar pronunciamientos de la Contraloría General de la República -que no se aportan y que están referidos a otro tipo de circunstancias como lo es los fondos públicos internacionales como lo indica expresamente la recurrente-: al respecto debe indicarse que no puede pretender la recurrente que el presente caso se analice el mencionado fideicomiso como privado por el solo hecho de estar dicha figura jurídica normada a partir de los artículos 633 a 662 del Código de Comercio, sino que debe analizarse para el sub júdice, la existencia del contrato celebrado entre las tres entidades como instrumento fundamental que obligaba a las partes, incluyendo al Banco Nacional de Costa Rica, donde finalmente el imputado Mora Esquivel desarrolló su actividad delictiva al sustraer recursos públicos, según se logró acreditar. Ello implica primero, tener claro que aparte de los fideicomisos privados regulados por el Código de Comercio, se ha aceptado la existencia de fideicomisos creados con fondos públicos, como lo es el “Contrato de Fideicomiso Proyecto Hidroeléctrico Angostura. Costa Rica” (f.143-175), no solo a través de la jurisprudencia patria, como se advirtió a través del voto 2004-11607 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia citado, sino, por la doctrina misma. Así  los autores LISOPRAWSKI (Silvio) y KIPER (Claudio) en el libro Tratado de Fideicomiso, Buenos Aires, Depalma, 2da Edición Actualizada, 2004, pp. 536-537, han indicado al respecto que: “…es posible describir el fideicomiso público como un contrato por medio del cual la Administración, por intermedio de alguna de sus dependencias facultadas y en su carácter de fideicomitente, transmite la propiedad de bienes del dominio público o privado del Estado, o afecta fondos públicos a un fiduciario, para realizar un fin lícito, de interés público (…) Villagordoa Lozano observa, con acierto, que si bien el fideicomiso público se apoya en la estructura convencional que caracteriza el tipo contractual, esto es, la relación bilateral fiduciario- fiduciante, hay, sin embargo, una diferencia esencial de naturaleza genética en el proceso de formación que lo diferencia del fideicomiso privado. En el público, la celebración del contrato es una fase dentro de un proceso, toda vez que existe un procedimiento jurídico sui generis que se inicia en el acto jurídico que da viabilidad al fideicomiso (ley o decreto), fija sus objetivos y característica, determina las condiciones y términos a que se sujetará la contratación correspondiente y regula, en fin, la constitución, incremento, modificación, organización, funcionamiento y extinción de los fideicomisos…”. Como se aprecia de la cita anterior, el fideicomiso público pende del contrato suscrito, pues se trata del instrumento en el que se enmarca el negocio jurídico  y por el cual se determinan las condiciones que permiten dilucidar si se está o no ante una contratación que involucre fondos públicos, por ello, a diferencia de cómo lo advierte la recurrente -que analiza sesgadamente el Contrato de Fideicomiso para el Proyecto Hidroeléctrico Angostura-; el estudio integral de ese documento es lo que permite a esta Sala Tercera concluir que para el caso particular, nos encontramos ante fondos de naturaleza pública. Así  lo primero que debe plantearse, es que para que esos bienes se consideren públicos, es ineludible que el fideicomitente sea un ente público (Ver en igual sentido GUIRIDLIAN LAROSA (Javier), Contratación Pública y Desarrollo de Infraestructuras, LexisNexis Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2004, p.109), lo que se presenta en el caso concreto cuando se incorpora al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) como fideicomitente, según el Artículo I, Disposiciones Generales. Sección uno Punto uno (1.1) del contrato 473 ICE-BNCR (f.143), siendo que ese mismo rol lo asume el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por el hecho de financiar el proyecto y garantizar que se le pague el crédito invertido, mismo que asume el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), como se analizará  seguidamente. Asimismo, para determinar la naturaleza de los fondos en un contrato administrativo como el presente, deben valorarse tanto el objeto como la finalidad fiduciarios, que no son más que los fondos con los que se ejecuta el contrato y  los beneficiarios de la ejecución de la obra; requisitos que aplicados al caso particular, indican que igualmente se consideran fondos públicos, debido a que los fondos utilizados en el subjúdice eran   aportes financieros de un organismo internacional de crédito como lo es el Banco Centroamericano  de Integración Económica (BCIE) con el fin de ser un instrumento de inversión en el Proyecto Hidroeléctrico La Angostura desarrollado por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) con el que se garantizaba contar con los recursos suficientes para lograr ese objetivo en beneficio de la colectividad, siendo en última instancia el fin último para el desarrollo de esa obra de infraestructura, la cual solo es ejecutable por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) (Artículo I. Disposiciones Generales. Sección uno punto dos,  f. 143-144), cuando define el patrimonio fideicometido (Artículo I Disposiciones Generales. Sección uno punto tres, f.144), quedando claro que además de los recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y de otros recursos descritos en esa parte, se incorporan los “derechos cedidos por el ICE sobre las cuentas por cobrar a la Compañía de Fuerza y Luz S.A. (CNFL), como se indica en el Anexo Cuarto del presente Contrato, representativas de todo o parte den la facturación mensual futura por la venta de energía eléctrica que el ICE le haga a dicha compañía”(f.144), con lo cual se evidencia que con este contrato, no solo se estaban comprometiendo los recursos presentes sino los futuros del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) que le facture a la Compañía Nacional de Fuerza y  Luz S.A. (Ver Anexo Cuarto del Contrato, f. 162-165), los cuales sin duda, también son públicos. De igual modo, ese fin –sin vacilación alguna- es considerado lícito, al tratarse del desarrollo de infraestructura para la generación de energía hidroeléctrica, aspecto que también es de interés público. Finalmente, se evidencia que el aporte del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) no es solo un aporte de fondos privados –como lo entiende la accionante-, sino que además se trata de un financiamiento que debe ser cubierto por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en los términos de ese contrato, sirviendo el fideicomiso como una garantía para el Banco Nacional de Costa Rica que el fiduciario recibirá del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) los recursos necesarios para cubrir esa deuda, pagar las obligaciones contraídas dentro del fideicomiso bajo las titularizaciones que se hicieran y construyendo una planta hidroeléctrica que pasarían a ser parte de los activos de la entidad pública: Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Lo anterior se aprecia al definirse los fiduciarios, conforme al Artículo I Disposiciones Generales. Sección uno punto cinco (1.5.), de la siguiente forma: “…Categorías de Fideicomisarios: Los Fideicomitentes expresamente crean do categóricas de Fideicomisarios o Beneficiarios de este contrato de Fideicomiso: (1) el Fideicomisario Principal, que será el Instituto Costarricense de Electricidad ; y (2) el Fideicomisario Secundario, que será el Banco Centroamericano de Integración Económica o, en su defecto, el legítimo titular de los Títulos de Participación Fiduciaria./ 1) Fideicomisario Principal: El ICE se instituye como Beneficiario Principal de este Contrato, dada la finalidad del fideicomiso de destinar al Proyecto la totalidad de la inversión fiduciaria del Banco. Adicionalmente, el Fideicomisario Principal tendrán los siguientes derechos y obligaciones, sin perjuicio de los que por imperativo legal o de este Contrato, le correspondan: (a) mantener actualizado el monto de la cesión de derechos y su monto sobre cuentes por cobrar con la CNFL, aportados al patrimonio del fideicomiso; b) cobrar por cuenta del fideicomiso la totalidad de las facturas por venta de energía eléctrica a la CNFL que se hagan exigibles, salvo en los caso previstos en éste Contrato; c) dar al Fiduciario las facilidades e instrucciones razonables para que éste proceda, utilizando los recursos del patrimonio fideicometido, al pago, conforme a las procedimientos señalados en el Anexo Sétimo del presente Convenio, por la adquisición de los bienes y servicios del Proyecto Angostura; d) Aportar al Fideicomiso los recursos líquidos necesarios para la recompra de los TPF; e) exigir al Fiduciario la revocación o terminación del Contrato de Fideicomiso, al momento de ostentar la condición de único Fideicomisario y Fideicomitente, lo cual sucede por la recompra de la totalidad de los TPF./2) Fideicomisario Secundario: El BCIE se instituye como Fideicomisario Secundario por su derecho a exigir al Fiduciario la recompra de los TPF, en las condiciones dispuestas en este Contrato. Complementariamente el Fideicomisario Secundario tendrá el siguiente elenco de derechos y obligaciones, en adición a los que le confiere la ley y este Contrato: (a) exigir al Fiduciarios el rendimiento de cuentas, con la periodicidad que estime conveniente, sobre el uso de los recursos fideicometidos, en particular respecto de su inversión en el Proyecto; (b)verificar exhaustivamente, a su completa satisfacción, el uso y destino final de los recursos económicos invertidos en el Fideicomiso; (c) Abstenerse de efectuar los aportes al Fideicomiso, que como Fideicomisario le corresponden, en el caso del que el ICE no demuestre satisfactoriamente que tales recursos serán utilizados exclusivamente en el Proyecto; (d) Instruir al Fideicomiso para que ordene a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz S.A., efectuar el pago de la facturación por compra de energía eléctrica al ICE, cedida en fideicomiso, por el monto necesario para realizar las recompras de TPF exigibles en un determinado momento, en caso de incumplimiento, por parte del ICE, de la obligación de suministrar al Fideicomiso los fondos necesarios para que, cuando corresponda conforme a lo dispuesto en el Anexo Tercero del presente Contrato, éste proceso a recomprar los TPF. (e) Evacuar las consultas del Fiduciario sobre la aplicación e interpretación de este contrato…” (f.145-146). Así como al definirse las obligaciones del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) como fideicomisario principal, según el Artículo III Disposiciones Generales: “…Sección tres punto uno (3.1.): Compromisos del Fideicomisario Principal: El Fideicomisario Principal asume como contraprestación de la inversión que recibe el Proyecto, las siguientes obligaciones frente al Fideicomiso y el BCIE, como Fideicomitente inversor: a) Permitir y facilitar al BCIE, y sus representantes, examinar los bienes, lugares, trabajos y construcciones del Proyecto, así como la documentación administrativa, técnica y contable; b) Mantener libros y registros relacionados con las inversiones del ICE en el Proyecto, de conformidad con sanas prácticas de contabilidad generalmente aceptadas. Los libros y registros, así como los documentos y demás informes relativos a gastos de operación relacionados con el Proyecto, estarán sujetos, en todo momento, a las inspecciones y auditorias que el BCIE considere razonable efectuar, hasta ocho años después de terminado el Proyecto; c) Mantener actualizada y en forma separada de los estados financieros del ICE, la información del uso de los recursos provenientes del fideicomiso, d)Ejecutar el Proyecto  con diligencia y eficiencia, de acuerdo con prácticas sanas de ingeniería, finanzas y administración; e)Tomar las medidas necesarias para garantizar la debida coordinación de las distintas fases que comprende la ejecución del Proyecto en el que se invierte; f) Suministrar al Fiduciario y al BCIE, mensualmente o con la periodicidad que éstos requieran, informes del progreso de los trabajos, incluyendo aspectos ambientales; así mismo se le suministrará copia del informe anual comprensivo de estos extremos; g) Suministrar anualmente, a satisfacción del BCIE, dentro de los ciento ochenta (180) días después de finalizado el ejercicio financiero-contable, los estados financieros del ICE debidamente auditados y dictaminados, con sus respectivas notas, por una firma de auditores externos aceptables para el BCIE. De este informe se enviará un ejemplar al Fiduciario;  h) Proveer anualmente los fondos necesarios para la adecuada operación y mantenimiento del Proyecto Hidroeléctrico Angostura y evidencia, cuando el BCIE lo requiera, de que está operando de manera satisfactoria;  i) Cumplir a satisfacción del BCIE el programa de ejecución para la implantación del Plan de Manejo Ambiental asociado con el Proyecto. Para tal efecto, el ICE remitirá al BCIE informes semestrales durante la construcción del Proyecto;  j) Notificar al BCIE cualquier hecho o circunstancia que interfiera o afecte, o razonablemente puede inferir o afectar adversamente, el desarrollo del Proyecto o el cumplimiento íntegro de las disposiciones de este Contrato de fideicomiso. k) Observar la legislación costarricense en lo que a la contratación administrativa se refiere, para la adquisición de los bienes y servicios que pagará el Fiduciario con cargo a los aportes del BCIE en el patrimonio fideicometido. l) Todas las demás que este contrato impone a su cargo, o que resulten de posteriores documentos que los dos Fideicomitentes, de común acuerdo determinen necesario incorporar al presente contrato con la finalidad de garantizar el oportuno cumplimiento de los fines del Fideicomiso que por este medio se constituye….”, (f.149-150). De lo expuesto y según la lectura integral del contrato de fideicomiso analizado, es posible apreciar que  efectivamente se está en presencia de un contrato administrativo constituido con fondos públicos, destinados a una finalidad lícita de interés público que involucra a una entidad pública como lo es el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), de ahí que la conducta ilícita desplegada por el acriminado Mora Esquivel de sustraer ilícitamente y en forma continúa recursos de las cuentas del fideicomiso del que el Banco Nacional al que le trabajaba era el fiduciario, lesiona abiertamente la consecución de ese objetivo público, al tener el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), que cubrir con las facturaciones futuras todos los compromisos y obligaciones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y los proveedores, para lograr desarrollar infraestructura  de interés público como lo era la realización de una obra pública de gran envergadura para el país en materia hidroeléctrica: la construcción del Proyecto Hidroeléctrico La Angostura, en Turrialba. Por último, según el artículo 353 vigente al momento de los hechos, cometía el delito de peculado, “…el funcionario público que sustrajere o distrajere dinero o bienes cuya administración, percepción, o custodia le haya sido confiada en razón de su cargo…” o el que “...empleare en provecho propio o de terceros trabajos o servicios pagados por la Administración Pública”,  siendo que resulta un hecho incontrovertido y aceptado expresamente por el mismo imputado Mora Esquivel en debate, que para el año 1999, aquel se desempeñaba como funcionario público en el Banco Nacional de Costa Rica y específicamente como encargado del contrato de fideicomiso 473 ICE-BNCR aludido, y que en el ejercicio de esa función pública encomendada, distrajo fuertes cantidades de dinero a cuentas de terceros, para posteriormente hacer uso personal de esos montos, constituyendo su accionar, en ilícito, pues “…para que se configure el delito de Peculado, no es necesario que el agente ejerza acto alguno de dominio del bien, porque éste podría ser puesto a disposición de otro sujeto, o únicamente retenerlo. Basta, a efectos de configurar la acción típica, que aquél sea sacado intencionalmente del ámbito de custodia de la administración. De ahí precisamente la conveniencia del verbo \"distrajere\", contenido en el tipo objeto del artículo 352 del Código Penal, protegiendo con ello el patrimonio público de conductas no constitutivas de una sustracción, pero lesivas al funcionamiento de la administración.” (Ver Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Voto 430-94 de las 8:55 horas del 21 de octubre de 1994 citado en Voto 2004-01006, de las once horas cuarenta y cinco minutos del veinte de agosto de dos mil cuatro). En consecuencia, por lo anterior, se declara sin lugar el recurso de casación planteado por la defensora particular del acriminado Mora Esquivel. \n\nPor tanto:\n\n              Se declara sin lugar del  Recurso de Casación interpuesto por la Licenciada Gloria Navas Montero en su condición de Defensora Particular del imputado.  NOTIFIQUESE.\n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\n \n\nJosé Manuel Arroyo G.\n\n\t\n\n \n\n\n\n\n \n\n\t\n\n \n\n\t\n\n \n\n\n\n\nJesús Ramírez Q.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nMagda Pereira V.\n\n\n\n\n \n\n \n\n \n\nCarlos Chinchilla S.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\n \n\n \n\n \n\nDoris Arias M.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nATOSSO\n\n*990172840042PE*\n\nClasificación elaborada por SALA DE CASACIÓN PENALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 09-05-2026 08:29:41.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "Large\nNormal\nSmall\nThird Chamber of the Court\n\nResolution No. 01678 - 2012\n\nDate of Resolution: November 16, 2012 at 10:42\n\nCase File: 99-017284-0042-PE\n\nDrafted by: José Manuel Arroyo Gutiérrez\n\nAnalyzed by: CRIMINAL CASSATION CHAMBER\n\nContent of Interest:\n\nType of content: Majority Vote\n\nBranch of Law: Criminal\n\nTopic: Peculado\n\nSubtopics:\n\nEntity and trust fund that respond to a public nature make its configuration appropriate.\n\n\"II .[…] For the reasons that will be stated, the claim must be declared without merit as it is improper. Having analyzed the questioning suggested by Attorney Gloria Navas Montero in her impugnation brief, this Criminal Cassation Chamber warns that, in the case at hand, the appellant, to strengthen her arguments in the sole substantive ground, disregards the principle of intangibility of proven facts, by subjectively analyzing both the evidentiary list and the factual foundation contained in the judgment, in an attempt to reinterpret or modify the factual picture demonstrated with the purpose of determining –under her perspective– that the assets subtracted by the accused L. were of a private nature, which is not permissible in this venue, especially when the appealed judgment itself shows that the defendant L., in the exercise of his duties as operational processor of the Trust Department of the Banco Nacional de Costa Rica and specifically of Trust Contract No. 473 ICE-BNCR, subtracted public assets by two specific means: first, through the full deposit of colones resulting from the exchange of checks drawn in dollars in favor of suppliers of the Instituto Costarricense de Electricidad, destined for the construction of the […] project, which he subsequently deposited in full into third-party accounts; and second, through the partial deposit of colones resulting from checks issued in dollars, which were retained for one or more days for the payment of suppliers and which caused an increase in the purchase exchange rate, which ended up deposited in accounts of third parties close to the accused L. (folios 594 to 503 of the main case file). Based on that account of proven facts, the configuration of the crime of peculado becomes indisputable in this case, because it was accredited that L. worked in the year 1999, the time when the events occur, in the position of clerk one, in the Trust Section of the Banco Nacional de Costa Rica, a public institution which, by executing Trust Contract No. 473 ICE-BNCR: Project La […] as trustee, placed him as a public official exclusively in charge of the mentioned agreement and through which he had to carry out the corresponding procedures for the payment of the suppliers that the Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) as trustor maintained for the development of the cited […] project. The appellant Navas Montero is also mistaken when she tries to argue that in the sub judice there is no presence of public funds because she understands that the resources contributed by the Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) are of a private nature, and tries to justify this with citations of various official letters supposedly issued by the Contraloría General de la República –which she does not attach to the impugnation brief– as well as Vote 4185-97 of ten o'clock on July eighteenth, nineteen ninety-seven, of the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, where, according to her, that body considered that the resources within a trust must be considered as private funds. In the first place, it is appropriate to indicate that, upon the undersigned Justices reviewing constitutional judgment 4185-97 cited by the appellant, it is possible to appreciate that in that judgment the Constitutional Chamber omits any type of pronouncement on the subject matter of controversy in this venue, because it expressly states that: “… it is evident to the Chamber that the discussion that has arisen concerns the scope and consequences of the execution of a trust contract, in which it is alleged, by the appellant, that the actions of the respondents have been in violation of the principles and rights contained in Articles 28, 45 and 46 of the Political Constitution, which prevents her from exercising the right of property over her rights, as beneficiary of the trust. And since, in parallel, what is questioned is that the measures adopted by the respondents do not have a constitutional or legal origin, but rather obey criteria specific to the companies, which, in the opinion of the amparo, are unreasonable and arbitrary, this Court considers, the contours of the appeal thus defined, that we are not facing a case in which the presuppositions of Articles 57 and following of the Law of Constitutional Jurisdiction are present, but rather a dispute arising from the execution of a banking contract, which must be resolved in the ordinary commercial venue…” (emphasis added), for which reason it is imprecise and reckless to affirm –as the petitioner does– that in that judgment the funds of trusts were categorized as private, since the Chamber did not delve into the topic, considering that it did not involve constitutional or legal discrepancies but rather the execution of a banking contract. However, in contrast to what the plaintiff states, the Constitutional Chamber has more recently referred to the nature of the funds in another trust similar to the one studied in the case under analysis, where the Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) discussed before that body the control acts that the Contraloría General de la República intended to exercise regarding the Trust to build the Cariblanco Hydroelectric Project; it did warn about the nature of those funds, categorizing them as public, pointing out that: “The Chamber understands –as the Procuraduría General de la República pointed out in opinion C-398-2003 of December 18, 2003– that there are important and undeniable reasons of a social and economic order that justify the creation of public trusts, as a means through which the State can consolidate financial resources from various sources to destine them to a multiplicity of beneficiaries, regulating the application of said resources through the respective trust contract. However, doing so without due supervision, when the use of public monies or other assets is involved, would evidently fracture the control scheme that the Political Constitution itself has sought to enshrine in several of its norms. For this reason, it is clear to the majority of justices of this chamber that the addition of what is now Article 14 of Law 8131 in no way came to disrupt the essence and raison d'être of the original project; on the contrary, it completed and cemented it. Furthermore, it is undoubtedly in accordance with the general principles of budgetary oversight established in the Political Constitution, as well as with the competencies that it also assigns to the Contraloría General de la República” (Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, Vote 2004-11607, of eight hours and fifty-one minutes on October twentieth, two thousand four, the emphasis is not from the original), which implies, according to the cited vote, that it is possible for public entities, as is the case of the Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), to use legal instruments such as the trust for the development of their projects, of course, through the use of present and future public funds, falling under the control and oversight schemes proper to the legal system, which again confirms that these are funds of a public nature that must be safeguarded for the benefit of the Public Treasury. The other aspect in which the appellant is mistaken is considering that we are in the presence of private funds by analyzing pronouncements of the Contraloría General de la República –which are not provided and which refer to other types of circumstances such as international public funds, as the appellant expressly indicates–: in this regard, it must be pointed out that the appellant cannot pretend that in the present case the mentioned trust be analyzed as private for the sole reason that this legal figure is regulated under Articles 633 to 662 of the Commercial Code, but rather, for the sub judice, the existence of the contract concluded between the three entities must be analyzed as a fundamental instrument that bound the parties, including the Banco Nacional de Costa Rica, where the accused L. ultimately developed his criminal activity by subtracting public resources, as was accredited. This implies, first, being clear that apart from private trusts regulated by the Commercial Code, the existence of trusts created with public funds has been accepted, as is the “Trust Contract Project […]” (f.143-175), not only through national jurisprudence, as warned through Vote 2004-11607 of the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice cited, but also by doctrine itself. Thus, authors LISOPRAWSKI (Silvio) and KIPER (Claudio) in the book Tratado de Fideicomiso, Buenos Aires, Depalma, 2nd Updated Edition, 2004, pp. 536-537, have indicated in this regard that: “…it is possible to describe the public trust as a contract through which the Administration, through one of its authorized dependencies and in its capacity as trustor, transfers the ownership of assets from the public or private domain of the State, or affects public funds to a trustee, to carry out a lawful purpose, of public interest (…) Villagordoa Lozano observes, correctly, that although the public trust is supported by the conventional structure that characterizes the contractual type, that is, the bilateral fiduciary-trustor relationship, there is, however, an essential difference of genetic nature in the formation process that differentiates it from the private trust. In the public one, the conclusion of the contract is a phase within a process, since there is a sui generis legal procedure that begins with the legal act that gives viability to the trust (law or decree), sets its objectives and characteristics, determines the conditions and terms to which the corresponding contracting will be subject and regulates, in short, the constitution, increase, modification, organization, functioning, and extinction of the trusts…”. As can be seen from the previous citation, the public trust depends on the signed contract, as it is the instrument in which the legal business is framed and by which the conditions are determined that allow elucidating whether or not we are facing a contract involving public funds. Therefore, unlike how the appellant warns –who analyzes the Trust Contract for the […] Hydroelectric Project in a biased manner–, the comprehensive study of that document is what allows this Third Chamber to conclude that, for the particular case, we are in the presence of funds of a public nature. Thus, the first thing that must be considered is that for those assets to be considered public, it is unavoidable that the trustor be a public entity (See in the same sense GUIRIDLIAN LAROSA (Javier), Contratación Pública y Desarrollo de Infraestructuras, LexisNexis Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2004, p.109), which occurs in the specific case when the Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) is incorporated as trustor, according to Article I, General Provisions, Section one, Point one (1.1) of Contract 473 ICE-BNCR (f.143), and the Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) assumes that same role by virtue of financing the project and guaranteeing that the invested credit is repaid, which the Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) assumes, as will be analyzed below. Likewise, to determine the nature of the funds in an administrative contract such as the present one, both the trust object and purpose must be assessed, which are none other than the funds with which the contract is executed and the beneficiaries of the execution of the work; requirements that, applied to the particular case, indicate that they are also considered public funds, because the funds used in the sub judice were financial contributions from an international credit agency such as the Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) in order to be an investment instrument in the […] Project developed by the Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), with which it was guaranteed to have sufficient resources to achieve that objective for the benefit of the community, the ultimate purpose being the development of that infrastructure work, which is only executable by the Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) (Article I, General Provisions, Section one, point two, f. 143-144), when it defines the trust corpus (Article I, General Provisions, Section one, point three, f.144), it being clear that in addition to the resources from the Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) and other resources described in that part, the “rights assigned by ICE over the accounts receivable from the Compañía de Fuerza y Luz S.A. (CNFL), as indicated in Annex Four of this Contract, representative of all or part of the future monthly billing for the sale of electrical energy that ICE makes to said company” (f.144) are incorporated, thereby evidencing that with this contract, not only were the present resources of the Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) being committed but also the future ones it bills to the Compañía Nacional de Fuerza y Luz S.A. (See Annex Four of the Contract, f. 162-165), which are undoubtedly also public. Similarly, that purpose –without any hesitation– is considered lawful, as it involves the development of infrastructure for the generation of hydroelectric energy, an aspect that is also of public interest. Finally, it is evident that the contribution of the Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) is not merely a contribution of private funds –as the plaintiff understands it–, but also constitutes a financing that must be covered by the Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) under the terms of that contract, the trust serving as a guarantee for the Banco Nacional de Costa Rica that the trustee will receive from the Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) the necessary resources to cover that debt, pay the obligations incurred within the trust under the securitizations made, and built a hydroelectric plant that would become part of the assets of the public entity: Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). […] From the foregoing and according to the comprehensive reading of the trust contract analyzed, it is possible to appreciate that we are effectively in the presence of an administrative contract constituted with public funds, destined for a lawful purpose of public interest that involves a public entity such as the Instituto Costarricense de Electricidad (ICE); hence, the illicit conduct deployed by the accused L. of illicitly and continuously subtracting resources from the accounts of the trust for which the Banco Nacional he worked for was the trustee, openly harms the achievement of that public objective, as the Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) had to cover with future billings all the commitments and obligations with the Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) and the suppliers, in order to achieve the development of infrastructure of public interest such as the execution of a large-scale public work for the country in hydroelectric matters: the construction of the […] Project. Lastly, according to Article 353 in force at the time of the events, the crime of peculado was committed by, “…the public official who subtracts or diverts money or assets whose administration, collection, or custody has been entrusted to them by reason of their position…” or the one who “…uses for their own benefit or that of third parties, works or services paid for by the Public Administration”, it being an uncontroverted fact and expressly accepted by the accused L. himself in trial, that for the year 1999, he served as a public official in the Banco Nacional de Costa Rica and specifically as the person in charge of the aforementioned trust contract 473 ICE-BNCR, and that in the exercise of that entrusted public function, he diverted large amounts of money to third-party accounts, to later make personal use of those amounts, his actions constituting an illicit act, since “…for the crime of Peculado to be configured, it is not necessary for the agent to exercise any act of dominion over the asset, because it could be placed at the disposal of another subject, or only retained. It is sufficient, for the purposes of configuring the typical action, for it to be intentionally removed from the sphere of custody of the administration. Hence precisely the appropriateness of the verb \"divert\", contained in the type subject of Article 352 of the Penal Code, thereby protecting public property from conduct not constituting a subtraction, but harmful to the functioning of the administration.” (See Third Chamber of the Supreme Court of Justice, Vote 430-94 of 8:55 a.m. on October 21, 1994, cited in Vote 2004-01006, of eleven hours forty-five minutes on August twentieth, two thousand four). Consequently, based on the foregoing, the cassation appeal filed by the private defense attorney of the accused L. is declared without merit.\"\n\n... See more\nText of the resolution\n\n*990172840042PE*\n\nExp: 99-017284-0042-PE\n\nRes: 2012-001678\n\nTHIRD CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at ten hours and forty-two minutes on November sixteenth, two thousand twelve.\n\n              Cassation Appeal, filed in the present case against Luis Angel Mora Esquivel, of legal age, Costa Rican, identity card number one thousand forty-one one hundred twelve, for sixteen crimes of peculado to the detriment of the Banco Nacional de Costa Rica. The Justices José Manuel Arroyo Gutiérrez, Jesús Ramírez Quirós, Magda Pereira Villalobos, Carlos Chinchilla Sandí, and Doris Arias Madrigal participate in the decision of the appeal. Also appearing in this instance as private defense attorney for the accused is Attorney Gloria Navas Montero; Attorney Federico Salazar Ficklin representing the Banco Nacional de Costa Rica as civil plaintiff. The representative of the Public Prosecutor's Office appeared.\n\nWhereas:\n\n              1. By judgment No. 596-2010, issued at ten hours thirty minutes on June third, two thousand ten, the Criminal Trial Court of the First Judicial Circuit of San José, resolved: “THEREFORE: In accordance with the provisions of Articles 39 and 41 of the Political Constitution; 8 of the American Convention on Human Rights, 1, 6, 9, 141, 142, 182, 184, 265, 267, 270, 360, 361, 363, 364, 365, 367, 368 of the Code of Criminal Procedure, 1, 11, 12, 30, 31, 45, 50, 71, 77, 103 and 354 of the Penal Code, 1045 of the Civil Code, 122 et seq., Current Rules on Civil Liability of the 1941 Penal Code, executive decree 20307-J, unanimously, LUIS ÁNGEL MORA ESQUIVEL is declared the responsible author of a CONTINUED crime of PECULADO that to the detriment of the BANCO NACIONAL DE COSTA RICA has been attributed to him, for which reason he is sentenced to the term of SIX YEARS OF IMPRISONMENT, a penalty that, once the judgment is final, he must serve in the place and manner determined by the respective penitentiary regulations, after crediting any preventive detention served, if any. The Civil Compensatory Action brought by the Banco Nacional de Costa Rica against the civil defendant Luis Ángel Mora Esquivel is declared with merit, condemning the latter to pay to the former, for material damage, the sum of TWENTY-ONE MILLION FIVE HUNDRED SIXTY-FIVE THOUSAND ONE HUNDRED FIFTEEN COLONES, as well as the payment of the procedural and personal costs occasioned by this matter, which in this act are set at the sum of ONE MILLION FOUR HUNDRED NINETEEN THOUSAND NINE HUNDRED SIX COLONES, amounts that must be deposited within the following fifteen business days after the judgment becomes final in favor of the plaintiff, and in case of non-compliance with the foregoing, the interested party must resort to the respective civil venue for its execution. Once the judgment is final, notify the resolution to the Instituto Nacional de Criminología, Penitentiary Information Center, Sentence Enforcement Court, and Judicial Registry for their respective purposes. The costs of the criminal proceedings are borne by the State. BY READING NOTIFY. ADRIÁN CASCANTE MORA, LUIS FERNANDO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, JUAN CARLOS PÉREZ MURILLO, TRIAL JUDGES.” (sic).\n\n2. Against the previous pronouncement, Attorney Gloria Navas Montero filed a Cassation Appeal.\n\n3. Upon completion of the respective deliberation, the Chamber considered the questions raised in the appeal.\n\n4. The pertinent legal prescriptions have been observed in the proceedings.\n\nJustice Arroyo Gutiérrez reports; and,\n\nConsidering:\n\n              I.- Attorney Gloria Navas Montero, in her capacity as Private Defense Attorney for the accused Luis Ángel Mora Esquivel, files a cassation appeal against judgment 596-2010 of ten hours thirty minutes on June third of the year two thousand ten, which declares Mora Esquivel the responsible author of the crime of Peculado in the continued modality to the detriment of the Banco Nacional de Costa Rica and for which he was sentenced to a penalty of six years of imprisonment. As it meets the requirements stipulated in numerals 458 and 460 of the Code of Criminal Procedure in force at the time of filing the appeal, having been presented in time and form, we proceed to resolve.\n\nII. In the sole ground of the cassation appeal filed by Navas Montero in favor of the accused Luis Ángel Mora Esquivel, according to the briefs on folios 555 to 568 of the case file, as well as its extension visible on folios 573 to 581, erroneous application of Article 354 of the Penal Code and non-observance due to non-application of numerals 223 and 216 subsection 2) ibid are alleged, as the plaintiff considers that in this case the crime of peculado is not configured but rather that of misappropriation (apropiación indebida), since the economic damage caused by the illicit acts of the accused Mora Esquivel is to assets of a private nature, the a quo having omitted to carry out the corresponding analysis of the situation of the investment trust existing in the case file as well as its very nature, ultimately assuming that these are public funds merely by having viewed a certified copy of the Trust Contract for the Angostura Hydroelectric Project Costa Rica (f.143-175), but without analyzing that said assets came from the Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) and therefore, that between Mora Esquivel and said bank there did not exist a functional relationship of public assets with the status of public servant or employee of Mora Esquivel. Under this same perspective, the plaintiff argues that, as it is a crime of misappropriation (apropiación indebida), due to the particularities of the case and because Mora Esquivel confessed, he should be sentenced to a penalty of three years and granted the benefit of conditional execution, or failing that, an acquittal judgment must be issued due to the statute of limitations of the criminal action since the events being litigated date from the year 1999. Likewise, she subsidiarily requests the imposition of a penalty of one year of imprisonment, increased by up to another equal term, for a total of two years, and likewise the granting of the benefit of conditional execution for the crime of misappropriation (apropiación indebida) that is configured in the case at hand. She points out that, within the factual foundation of the judgment, the Examining Court holds it as proven that the defendant had under his responsibility the general administration of Trust No. 473 ICE-BNCR, where the Instituto Costarricense de Electricidad was the trustor and the Banco Nacional de Costa Rica the trustee, Mora Esquivel serving as a public official of the mentioned Bank, specifically in the Trust Section of that institution, having under his responsibility the operational processing of the trust, the control of its management, the handling of credit and investments, the preparation of reports and handling of inquiries, all acts aimed at the administration and custody of the equity invested in the mentioned trust, based on the instructions he received directly from the Instituto Costarricense de Electricidad, the monies being provided by the Brokerage House of the Banco Nacional (VNValores). In this way, for the impugner, –in the particular case– there were two trustors: the Banco Centroamericano de Integración Económica and the Instituto Costarricense de Electricidad, it being the case that for the purposes of the contract, each one had very clear objectives: “a) to constitute the trust as an INVESTMENT instrument of the BCIE and second, b) that the separate or trust corpus, evidently not the property of the Banco Nacional, but rather deposited there as special and independent property, was made with resources that came from the BCIE although destined for the ICE…” (f.558), it occurring that those administered monies or resources never became the property of the Banco Nacional, whose employee Mora Esquivel was, but rather came from the Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) as an international public institution for the achievement of a previously determined purpose –the development of a hydroelectric project– and therefore, that situation means the concept of public fund, contained in norm 354 of the Penal Code, is not configured. According to the promoter, the Trial Court incurs in an error of interpretation and application of substantive law, given that the funds of the mentioned trust never became public, because the investment trust only permitted the administration of the assets subject to the contract but not their ownership; likewise, that the mentioned contract is governed by numeral 143 of the Commercial Code, and both the Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) and the Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) having appeared, the former as a public institution and the latter as an international legal entity, in the case of the Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) its funds are international and are governed by legislation other than Costa Rican. At the same time, she alleges that due to the nature of the funds and the contract involved, it is corresponding to be governed for the purposes of the Commercial Code, that nature implying that between Mora Esquivel and the trust itself there existed no functional relationship whatsoever of public assets. In this regard, she insists that the investment trust signed in this case implied that the Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) acted as trustee or administrator of non-public assets, without those assets becoming part of the general state patrimony of the bank, since it was an eminently private contract, in accordance with numerals 633 to 662 of the Commercial Code and Vote 4185-97 of ten o'clock on July eighteenth, nineteen ninety-seven, of the Constitutional Chamber, which is notable for the purposes of determining the responsibility of the accused, as the concept of public fund required by norm 354 of the Penal Code is not configured. Further, she indicates that in the trust contract in general, the trustor does not transfer ownership of the assets or rights to the trustee, but only administration, which means that this equity is separated from the assets of the trustee, just as it was regulated in the Trust Contract for the Angostura Hydroelectric Project Costa Rica, starting with Section 1.6, called “Independence of the Equity” of the same signed contract, as well as in Article II, Investment Programming in the Project, in the section identified as 2.1, Global Investment Plan, and in Section 2.3 on the Execution of the Investment Plan, and the following article on the Commitments. She points out that Pronouncements No. PA-55-2009 of the Contraloría General de la República of the Legal Division at 16:00 on September 17, 2009, and DFOE-SOC-43-2008 of October 22, 2008, of the Social Services Area, as well as Legal Opinion OJ-067-2008 of August eighth, two thousand eight, of the Procuraduría General de la República, conclude that those funds are international public funds, and therefore the internal legislation of our country does not apply to them.\n\nIt infers that the reasoning of the trial court is erroneous, because the transfer of private funds to public funds was established when they considered that the funds entered the Banco Nacional de Costa Rica and that sole circumstance converted them into public funds, which is incorrect, for the following reasons: 1) Indeed, the Banco Nacional is an institution of public law, which shows as part of its commercial activities the provision of services such as the administration of funds governed by commercial law. 2) In this particular case, the trust (fideicomiso) in question is governed by private law, even though the participants are the Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), or the Banco Nacional de Costa Rica (BNCR). 3) The administration of funds by a state bank does not entail that the administered funds acquire a public nature. 4) In the trust (fideicomiso), because the fiduciary ownership constitutes a separate estate, the property does not enter the bank, but rather the latter is a mere custodian of assets. 5) In this type of contract, what may become public funds are the emoluments earned in the administration of the trust (fideicomiso); however, that issue is not part of this proceeding. Finally, the appellant requests the reclassification of the facts to misappropriation (apropiación indebida), considering that in this case we are not in the presence of assets of a public nature for the purposes of the applicable substantive law, and failing that, begs that a sentence of three years of imprisonment be imposed with the benefit of conditional execution in this case. Likewise, Licenciada Navas Montero, in the brief dated July 19, 2010, expands on the argument set forth in her cassation appeal brief, specifically regarding the legal nature of the funds in the trust agreement (contrato de fideicomiso) entered into by the Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), the Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), and the Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), noting that the trustor (fideicomitente) or Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) was the one providing the contribution of millions in private funds so that the trustee (fiduciario) or Banco Nacional de Costa Rica would administer them, but without them entering the bank's general estate, as it involved a special, independent, and separate property from public funds, over which the officials of the Trust Department of the Banco Nacional de Costa Rica maintained a functional relationship with assets of a private nature. Furthermore, it reiterates that the trust agreement (contrato de fideicomiso) is a commercial agreement governed by private law, according to the Commercial Code, which implies that since the stolen assets were of a private nature —because they did not end up in the Bank's coffers and came from a private entity—, Mora Esquivel cannot be attributed with the commission of the functional crime of embezzlement (peculado). For his part, the fiscal representative Rojas Chacón, when responding to the summons of the cassation appeal filed (f.584-586), petitions that it be declared without merit, based on three specific arguments: i) The crime of embezzlement (peculado) does not depend on the nature of the stolen asset: it can be configured even without complete harm to the estate, as the violation of the duty of probity of a public official in the exercise of their duties is sufficient for its consummation, according to ruling 2005-1431 of eight hours forty-five minutes of August 20, 2005, of this Criminal Cassation Chamber. He points out that the configuration of the crime of embezzlement (peculado) in this case occurs when the breach of the duty of official integrity is proven in the actions of the convicted Mora Esquivel, who, as the person in charge of trusts (fideicomisos) of the Banco Nacional de Costa Rica (a state institution) and in the performance of his duties as an executive of the contract for the La Angostura Hydroelectric Project, stole estate assets that were under his custody. ii) Citing CREUS, (Carlos), Crimes against the Public Administration, Buenos Aires, Editorial Astrea, 1981, pp. 315 to 316, he points out that the defense strategy arguing that the funds delivered by the Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) to the Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) and the Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) are not public but private funds is incorrect, because in this case the trust agreement (contrato de fideicomiso) was not between two private subjects, but between a subject of international law, the Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), and two subjects of public law: the Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) and the Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), and because by the same Contract No. 473 ICE-BNCR, both the trustor (fideicomitente) and the beneficiary of the contract's profits were public institutions, which used the funds from that contract for the exploitation of public purposes typical of a specific institutional activity. He argues that the nature of the money as public or private, in this particular case, is not provided by the identity of the depositing subject or the commercial regulations governing the contract —as the appellant mistakenly points out— but rather by the fact that the Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) deposited the funds with the Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) so that the Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) would use them for public purposes, and there is no doubt that the accused Mora Esquivel, at the time of the misappropriation, in addition to being a public official in the exercise of his duties, also stole public assets. iii) Lastly, he indicates that money, as a fungible asset, upon being deposited by the Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) into the account of the Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), materially integrates with the State Bank's estate, which is responsible for disposing of it and performing multiple banking operations; hence, it indeed involves public funds that the accused Mora Esquivel disposed of. Finally, he requests that the appeal filed be declared without merit. For the reasons to be stated, the claim must be declared without merit as unfounded. Having analyzed the questioning suggested by Licenciada Gloria Navas Montero in her appeal brief, this Criminal Cassation Chamber notes that, in this case, the appellant, to support her arguments in the sole substantive ground, disrespects the principle of the intangibility of proven facts, by subjectively analyzing both the body of evidence and the factual basis contained in the judgment, in an attempt to reinterpret or modify the demonstrated factual framework to determine—under her perspective—that the assets stolen by the accused Mora Esquivel were of a private nature, which is not permissible at this stage, especially when the appealed judgment itself shows that the defendant Mora Esquivel, in the exercise of his duties as an operational processor for the Fiduciary of the Banco Nacional de Costa Rica and specifically for Trust Agreement No. 473 ICE-BNCR, stole public assets by two specific means: first, by the full deposit of colones resulting from the exchange of checks drawn in dollars in favor of the suppliers of the Instituto Costarricense de Electricidad, destined for the construction of the La Angostura Hydroelectric Project, which he later deposited in full into third-party accounts; and second, through the partial deposit of colones resulting from checks issued in dollars, which were retained for one or more days for the payment of suppliers and which caused an increase in the purchase exchange rate, which ended up being deposited into accounts of third parties close to the accused Mora Esquivel (folios 594 to 503 of the main case file). Based on this account of proven facts, the configuration of the crime of embezzlement (peculado) becomes indisputable in this case, because it was proven that Mora Esquivel worked in 1999, the time when the events occurred, in the position of clerk one, in the Fiduciary Section of the Banco Nacional de Costa Rica, a public institution that, by virtue of executing Trust Agreement No. 473 ICE-BNCR: La Angostura Project as trustee (fiduciario), placed him as the public official exclusively in charge of the mentioned agreement and through which he was required to carry out the corresponding procedures for the payment of the suppliers that the Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), as trustor (fideicomitente), maintained for the development of the aforementioned La Angostura Hydroelectric Project. Nor does the appellant Navas Montero carry reason when she tries to state that in this sub júdice there is no presence of public funds, understanding that the resources provided by the Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) are of a private nature, and attempting to justify this with citations of various official letters supposedly issued by the Contraloría General de la República —which she does not attach to the appeal brief— as well as ruling 4185-97 at ten hours on July 18, 1997, of the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice where, according to her saying, that body considered that the resources within a trust (fideicomiso) must be considered as private funds. In the first place, it should be noted that, upon the undersigned Magistrates reviewing constitutional judgment 4185-97 cited by the appellant, it is possible to appreciate that in that judgment the Constitutional Chamber omits any type of pronouncement on the matter under dispute at this venue, because it expressly states that: “… it is evident to the Chamber that the discussion that has arisen concerns the scope and consequences of the execution of a trust agreement (contrato de fideicomiso), in which it is alleged, by the appellant, that the actions of the respondents have violated the principles and rights contained in Articles 28, 45, and 46 of the Political Constitution, which prevents the exercise of the right of property over their rights, as beneficiary of the trust (fideicomiso). And as, in parallel, what is questioned is that the measures adopted by the respondents have no constitutional or legal origin, but rather obey the companies' own criteria, which in the opinion of the amparo [constitutional complaint] are unreasonable and arbitrary, this Court considers, having defined the contours of the appeal in such a way, that we are not facing a case where the presumptions of Articles 57 and following of the Law of Constitutional Jurisdiction apply, but rather a dispute that arises in the execution of a banking contract, which must be resolved in the ordinary commercial venue…” (the emphasis added is ours), therefore it is imprecise and reckless to affirm —as the petitioner does— that in that judgment the funds of trusts (fideicomisos) were categorized as private, because the Chamber did not delve into the matter, considering that it did not concern constitutional or legal discrepancies but rather the execution of a banking contract. However, in contrast to what the claimant stated, the Constitutional Chamber has more recently referred to the nature of the funds in another trust (fideicomiso) similar to the one under study in the case under analysis, where the Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) was arguing before that body about the control actions that the Contraloría General de la República sought to exercise regarding the Trust (Fideicomiso) to build the Cariblanco Hydroelectric Project. Indeed, it cautioned about the nature of those funds, categorizing them as public, by stating that: \"The Chamber understands —as the Procuraduría General de la República pointed out in opinion C-398-2003 of December 18, 2003— that there are important and undeniable social and economic reasons that justify the creation of public trusts (fideicomisos públicos), as a means through which the State can consolidate financial resources from diverse sources to allocate them to a multiplicity of beneficiaries, regulating the application of said resources through the respective trust agreement (contrato de fideicomiso). However, doing so without due supervision, when involving the use of public funds or other public assets, would evidently break the control framework that the Political Constitution itself sought to entrench in several of its norms. For this reason, it is clear to the majority of the members of this Chamber that the addition of today's Article 14 of Law 8131 in no way came to disrupt the essence and rationale of the original project; rather, it completed and cemented it. Moreover, it is undoubtedly in accordance with the general principles of budgetary oversight enshrined in the Political Constitution, as well as with the powers that it also assigns to the Contraloría General de la República\" (Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, Ruling 2004-11607, at eight hours fifty-one minutes on October 20, 2004, the emphasis added is not from the original). This implies, according to the cited ruling, that it is possible for public entities, as is the case of the Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), to use legal instruments such as the trust (fideicomiso) for the development of their projects, of course, through the use of present and future public funds, falling under the control and oversight frameworks inherent to the legal system, which again confirms that they are funds of a public nature that must be safeguarded for the benefit of the Public Treasury. The other aspect on which the appellant is incorrect is considering that we are in the presence of private funds based on analyzing pronouncements of the Contraloría General de la República —which are not provided and which refer to other types of circumstances such as international public funds, as the appellant expressly indicates—: in this regard, it must be noted that the appellant cannot expect that in the present case the mentioned trust (fideicomiso) be analyzed as private simply because this legal figure is regulated by Articles 633 to 662 of the Commercial Code; rather, for the sub júdice, the existence of the contract entered into between the three entities must be analyzed as the fundamental instrument that bound the parties, including the Banco Nacional de Costa Rica, where the accused Mora Esquivel ultimately carried out his criminal activity by misappropriating public resources, as was proven. This implies, first, having clarity that, apart from private trusts (fideicomisos privados) regulated by the Commercial Code, the existence of trusts created with public funds has been accepted, as is the “Trust Agreement (Contrato de Fideicomiso) Angostura Hydroelectric Project. Costa Rica” (f.143-175), not only through national jurisprudence, as noted through the cited ruling 2004-11607 of the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, but also through the doctrine itself. Thus, authors LISOPRAWSKI (Silvio) and KIPER (Claudio) in the book Treatise on Trusts, Buenos Aires, Depalma, 2nd Updated Edition, 2004, pp. 536-537, have indicated in this regard that: “…it is possible to describe the public trust (fideicomiso público) as a contract through which the Administration, through one of its authorized dependencies and in its capacity as trustor (fideicomitente), transfers the ownership of assets from the public or private domain of the State, or affects public funds, to a trustee (fiduciario), to achieve a lawful, public-interest purpose (…) Villagordoa Lozano observes, rightly, that although the public trust (fideicomiso público) is based on the contractual structure that characterizes the contractual type, that is, the bilateral trustee (fiduciario)-trustor (fiduciante) relationship, there is, however, an essential difference of genetic nature in the formation process that differentiates it from the private trust (fideicomiso privado). In the public one, the execution of the contract is a phase within a process, since there is a sui generis legal procedure that begins with the legal act that gives viability to the trust (fideicomiso) (law or decree), sets its objectives and characteristics, determines the conditions and terms to which the corresponding contracting will be subject, and regulates, in short, the constitution, increase, modification, organization, functioning, and extinction of the trusts (fideicomisos)…”. As can be seen from the preceding citation, the public trust (fideicomiso público) depends on the signed contract, as it is the instrument framing the legal transaction and through which the conditions are determined that allow clarifying whether or not it is a contracting involving public funds. For this reason, unlike how the appellant points out —who selectively analyzes the Trust Agreement (Contrato de Fideicomiso) for the Angostura Hydroelectric Project—, the comprehensive study of that document is what allows this Third Chamber to conclude that, in this particular case, we are dealing with funds of a public nature. Thus, the first thing that must be considered is that for these assets to be considered public, it is unavoidable that the trustor (fideicomitente) be a public entity (See in the same sense GUIRIDLIAN LAROSA (Javier), Public Contracting and Infrastructure Development, LexisNexis Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2004, p.109), which occurs in this specific case when the Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) is incorporated as trustor (fideicomitente), according to Article I, General Provisions. Section one, Point one (1.1) of Contract 473 ICE-BNCR (f.143), and that same role is assumed by the Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) by virtue of financing the project and ensuring that the invested credit is repaid, which the Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) assumes, as will be analyzed below. Likewise, to determine the nature of the funds in an administrative contract such as this one, both the fiduciary object and purpose must be assessed, which are nothing more than the funds with which the contract is executed and the beneficiaries of the execution of the work; requirements that, applied to the particular case, indicate that they are equally considered public funds, because the funds used in the sub júdice were financial contributions from an international credit organization such as the Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) for the purpose of serving as an investment instrument in the La Angostura Hydroelectric Project developed by the Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), with which it was guaranteed to have sufficient resources to achieve that objective for the benefit of the community, this being ultimately the final goal for the development of that infrastructure work, which is only executable by the Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) (Article I. General Provisions. Section one, point two, f. 143-144), when it defines the trust estate (patrimonio fideicometido) (Article I General Provisions. Section one, point three, f.144), making it clear that in addition to the resources of the Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) and other resources described in that part, the \"rights assigned by ICE over the accounts receivable from the Compañía de Fuerza y Luz S.A. (CNFL), as indicated in Annex Four of this Contract, representative of all or part of the future monthly billing for the sale of electric energy that ICE makes to said company\" (f.144) are incorporated. This evidences that with this contract, not only were the present resources of the Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) being committed but also the future ones billed to the Compañía Nacional de Fuerza y Luz S.A. (See Annex Four of the Contract, f. 162-165), which are undoubtedly also public. Likewise, that purpose—without any hesitation—is considered lawful, as it concerns the development of infrastructure for hydroelectric energy generation, an aspect that is also of public interest. Finally, it is evident that the contribution of the Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) is not solely a contribution of private funds —as the claimant understands it—, but rather it is financing that must be covered by the Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) under the terms of that contract, with the trust (fideicomiso) serving as a guarantee for the Banco Nacional de Costa Rica that the trustee (fiduciario) will receive from the Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) the necessary resources to cover that debt, pay the obligations incurred within the trust (fideicomiso) under the securitizations made, and build a hydroelectric plant that would become part of the assets of the public entity: Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). The foregoing is evident when defining the trust beneficiaries (fideicomisarios), according to Article I General Provisions. Section one, point five (1.5.), in the following manner: “…Categories of Trust Beneficiaries (Fideicomisarios): The Trustors (Fideicomitentes) expressly create two categories of Trust Beneficiaries (Fideicomisarios) or Beneficiaries of this trust agreement (contrato de Fideicomiso): (1) the Primary Beneficiary (Fideicomisario Principal), who shall be the Instituto Costarricense de Electricidad; and (2) the Secondary Beneficiary (Fideicomisario Secundario), who shall be the Banco Centroamericano de Integración Económica or, failing that, the lawful holder of the Trust Participation Certificates (Títulos de Participación Fiduciaria)./ 1) Primary Beneficiary (Fideicomisario Principal): ICE is instituted as the Primary Beneficiary (Beneficiario Principal) of this Contract, given the purpose of the trust (fideicomiso) to allocate the totality of the fiduciary investment of the Bank to the Project. Additionally, the Primary Beneficiary (Fideicomisario Principal) shall have the following rights and obligations, without prejudice to those that correspond to it by legal imperative or this Contract: (a) keep updated the amount of the assignment of rights and its amount over accounts receivable from CNFL, contributed to the trust estate (patrimonio del fideicomiso); b) collect on behalf of the trust (fideicomiso) the totality of the invoices for the sale of electric energy to CNFL that become due, except in the cases provided for in this Contract; c) give the Trustee (Fiduciario) reasonable facilities and instructions so that the latter may proceed, using the resources from the trust estate (patrimonio fideicometido), to payment, according to the procedures indicated in Annex Seven of this Agreement, for the acquisition of goods and services for the Angostura Project; d) Contribute to the Trust (Fideicomiso) the necessary liquid resources for the repurchase of the TPF; e) demand from the Trustee (Fiduciario) the revocation or termination of the Trust Agreement (Contrato de Fideicomiso), at the moment of holding the status of sole Trust Beneficiary (Fideicomisario) and Trustor (Fideicomitente), which occurs upon the repurchase of all the TPF./2) Secondary Beneficiary (Fideicomisario Secundario): BCIE is instituted as Secondary Beneficiary (Fideicomisario Secundario) by its right to demand from the Trustee (Fiduciario) the repurchase of the TPF, under the conditions set forth in this Contract. Additionally, the Secondary Beneficiary (Fideicomisario Secundario) shall have the following list of rights and obligations, in addition to those conferred by law and this Contract: (a) demand from the Trustee (Fiduciario) the rendering of accounts, with the periodicity it deems convenient, on the use of the trust resources (recursos fideicometidos), particularly regarding their investment in the Project; (b) thoroughly verify, to its complete satisfaction, the use and final destination of the economic resources invested in the Trust (Fideicomiso); (c) Refrain from making the contributions to the Trust (Fideicomiso), which as Trust Beneficiary (Fideicomisario) correspond to it, in the event that ICE does not satisfactorily demonstrate that such resources will be used exclusively in the Project; (d) Instruct the Trust (Fideicomiso) to order Compañía Nacional de Fuerza y Luz S.A., to make the payment of the billing for the purchase of electric energy from ICE, assigned to the trust (fideicomiso), for the amount necessary to carry out the repurchases of TPF due at a given time, in the event of non-compliance, by ICE, with the obligation to provide the Trust (Fideicomiso) with the necessary funds so that, when appropriate according to the provisions of Annex Three of this Contract, it proceeds to repurchase the TPF. (e) Evacuate the Trustee's (Fiduciario) consultations on the application and interpretation of this contract…” (f.145-146). As well as when defining the obligations of the Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) as primary trust beneficiary (fideicomisario principal), according to Article III General Provisions: “…Section three, point one (3.1.): Commitments of the Primary Beneficiary (Fideicomisario Principal): The Primary Beneficiary (Fideicomisario Principal) assumes, as consideration for the investment received for the Project, the following obligations towards the Trust (Fideicomiso) and BCIE, as investing Trustor (Fideicomitente): a) Allow and facilitate BCIE, and its representatives, to examine the assets, places, works, and constructions of the Project, as well as the administrative, technical, and accounting documentation; b) Maintain books and records related to ICE's investments in the Project, in accordance with generally accepted sound accounting practices. The books and records, as well as the documents and other reports relating to operating expenses related to the Project, will be subject, at all times, to inspections and audits that BCIE may reasonably carry out, up to eight years after the completion of the Project; c) Keep updated and separate from the financial statements of ICE, the information on the use of resources from the trust (fideicomiso), d) Execute the Project with diligence and efficiency, in accordance with sound engineering, finance, and administration practices; e) Take the necessary measures to guarantee the proper coordination of the different phases involved in the execution of the Project in which the investment is made; f) Provide the Trustee (Fiduciario) and BCIE, monthly or with the periodicity they require, reports on the progress of the works, including environmental aspects; likewise, a copy of the comprehensive annual report on these matters shall be provided; g) Provide annually, to the satisfaction of BCIE, within one hundred eighty (180) days after the end of the financial-accounting year, the financial statements of ICE duly audited and opinioned, with their respective notes, by an external audit firm acceptable to BCIE. A copy of this report shall be sent to the Trustee (Fiduciario); h) Provide annually the necessary funds for the proper operation and maintenance of the Angostura Hydroelectric Project and evidence, when BCIE requires it, that it is operating satisfactorily; i) Comply, to the satisfaction of BCIE, with the execution program for the implementation of the Environmental Management Plan associated with the Project. For this purpose, ICE shall send BCIE semiannual reports during the construction of the Project; j) Notify BCIE of any fact or circumstance that interferes with or affects, or may reasonably interfere with or adversely affect, the development of the Project or the full compliance with the provisions of this trust agreement (Contrato de fideicomiso). k) Observe Costa Rican legislation with regard to administrative contracting, for the acquisition of goods and services that the Trustee (Fiduciario) shall pay with charge to the contributions of BCIE to the trust estate (patrimonio fideicometido). l) All other obligations that this contract imposes on it, or that result from subsequent documents that the two Trustors (Fideicomitentes), by mutual agreement, determine necessary to incorporate into this contract for the purpose of guaranteeing the timely fulfillment of the purposes of the Trust (Fideicomiso) hereby constituted….”, (f.149-150). From the foregoing and according to the comprehensive reading of the analyzed trust agreement (contrato de fideicomiso), it is possible to appreciate that we are indeed in the presence of an administrative contract constituted with public funds, destined for a lawful purpose of public interest involving a public entity such as the Instituto Costarricense de Electricidad (ICE); hence, the unlawful conduct deployed by the accused Mora Esquivel of illegally and continuously misappropriating resources from the accounts of the trust (fideicomiso) for which the Banco Nacional he worked for was the trustee (fiduciario), openly harms the achievement of that public objective, since the Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) had to cover with future billings all the commitments and obligations with the Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) and the suppliers, in order to achieve the development of public-interest infrastructure, such as the realization of a public work of great magnitude for the country in hydroelectric matters: the construction of the La Angostura Hydroelectric Project, in Turrialba. Finally, according to Article 353 in force at the time of the events, the crime of embezzlement (peculado) was committed by, “…the public official who misappropriates or diverts money or assets whose administration, collection, or custody has been entrusted to them by reason of their position…” or one who “...uses for their own benefit or that of third parties, work or services paid for by the Public Administration”, and it is an incontrovertible fact, expressly accepted by the same accused Mora Esquivel in the debate, that in 1999, he was serving as a public official in the Banco Nacional de Costa Rica and specifically as the person in charge of the aforementioned trust agreement (contrato de fideicomiso) 473 ICE-BNCR, and that in the exercise of that entrusted public function, he diverted large amounts of money to third-party accounts, to later make personal use of those sums, his actions constituting an unlawful act, because “…for the configuration of the crime of Embezzlement (Peculado), it is not necessary for the agent to exercise any act of ownership over the asset, because it could be placed at the disposal of another subject, or merely retained.”\n\nIt is sufficient, for purposes of constituting the typical action, that the item be intentionally removed from the sphere of custody of the administration. Hence precisely the appropriateness of the verb “distrajere” (to divert), contained in the offense set forth in Article 352 of the Criminal Code, thereby protecting public property from conduct that does not constitute a subtraction (sustracción) but is harmful to the functioning of the administration.” (See Third Chamber of the Supreme Court of Justice, Voto 430-94 of 8:55 a.m. on October 21, 1994, cited in Voto 2004-01006, of eleven forty-five a.m. on August twentieth, two thousand four). Consequently, for the foregoing reasons, the cassation appeal filed by the private defense attorney for the accused Mora Esquivel is dismissed.\n\nPor tanto:\n\n              The Cassation Appeal filed by Licenciada Gloria Navas Montero in her capacity as Private Defense Attorney for the accused is dismissed. NOTIFY.\n\n\n\n\n\n\n\nJosé Manuel Arroyo G.\n\n\n\n\n\n\n\n\nJesús Ramírez Q.\n\n\n\nMagda Pereira V.\n\n\n\n\n\nCarlos Chinchilla S.\n\n\n\n\n\n\n\n\nDoris Arias M.\n\n\n\n\n\n\n\n\nATOSSO\n\n*990172840042PE*\n\nClassification prepared by the CRIMINAL CASSATION CHAMBER of the Judicial Branch. Reproduction and/or distribution for profit is prohibited.\n\nIt is a faithful copy of the original – Taken from Nexus.PJ on: 05-09-2026 08:29:41.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }