{
  "id": "nexus-sen-1-0007-1003400",
  "citation": "Res. 21550-2020 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Inadmisibilidad de amparo a favor del MINAE contra oficio del Ministerio Público",
  "title_en": "Inadmissibility of amparo filed on behalf of MINAE against Public Prosecutor's Office directive",
  "summary_es": "La Sala Constitucional rechaza de plano un recurso de amparo interpuesto por un particular a favor del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) contra el Ministerio Público. El recurrente alegaba que el oficio FGR-451-2020 del 25 de mayo de 2020 de la Fiscalía contenía invasiones de competencias del MINAE, al ordenar plazos, conformación de órganos, criterios técnicos sobre manejo de vida silvestre, destituciones de funcionarios y reportes de cumplimiento. La Sala considera que la Administración no es titular de derechos fundamentales, por lo que el amparo es improcedente. Además, el conflicto planteado es de legalidad ordinaria sobre si la Fiscalía se excedió en sus funciones a raíz de una denuncia; la jurisdicción constitucional no actúa como contralora de legalidad de la Fiscalía, cuestión que corresponde a las instancias ordinarias. Por tanto, declara inadmisible el recurso.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber flatly rejects an amparo petition filed by an individual on behalf of the Ministry of Environment and Energy (MINAE) against the Public Prosecutor's Office. The petitioner argued that the Prosecutor's Office directive FGR-451-2020 of May 25, 2020, encroached upon MINAE's powers by imposing deadlines, organizational structures, technical criteria on wildlife management sites, dismissals of officials, and compliance reports. The Chamber holds that the Administration is not a holder of fundamental rights, making the amparo inadmissible. Furthermore, the dispute involves ordinary legality—whether the Prosecutor's Office exceeded its statutory duties following a complaint—and the constitutional jurisdiction does not review the legality of prosecutorial actions; this falls to ordinary courts. The petition is therefore dismissed as inadmissible.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "06/11/2020",
  "year": "2020",
  "topic_ids": [
    "procedural-environmental",
    "_off-topic"
  ],
  "primary_topic_id": "_off-topic",
  "es_concept_hints": [
    "amparo",
    "MINAE",
    "Ministerio Público",
    "invasión de competencias",
    "titularidad de derechos fundamentales",
    "control de legalidad",
    "artículo 153 constitucional",
    "jurisdicción constitucional"
  ],
  "concept_anchors": [
    {
      "article": "Art. 9",
      "law": "Ley de la Jurisdicción Constitucional"
    },
    {
      "article": "Art. 153",
      "law": "Constitución Política"
    }
  ],
  "keywords_es": [
    "recurso de amparo",
    "MINAE",
    "Ministerio Público",
    "Fiscalía",
    "invasión de competencias",
    "Administración no titular de derechos fundamentales",
    "conflicto de legalidad",
    "inadmisibilidad",
    "contralor de legalidad",
    "artículo 153 constitucional",
    "jurisdicción constitucional",
    "manejo de vida silvestre",
    "oficio FGR-451-2020"
  ],
  "keywords_en": [
    "amparo appeal",
    "MINAE",
    "Public Prosecutor",
    "prosecutorial overreach",
    "Administration not holder of fundamental rights",
    "legality conflict",
    "inadmissibility",
    "legality review",
    "Article 153 Constitution",
    "constitutional jurisdiction",
    "wildlife management",
    "directive FGR-451-2020"
  ],
  "excerpt_es": "En el sub lite, obsérvese, en primer lugar, que, como lo ha dicho reiteradamente esta Sala, la Administración no es titular de derechos fundamentales, salvo ciertas excepciones, como el principio de igualdad de armas o de igualdad, por ejemplo; de ahí que resulte improcedente que, por la vía del amparo, se recurra a favor de aquella. En todo caso, de los hechos planteados se evidencia que, más allá de una posible lesión a un derecho fundamental, lo reclamado versa sobre un conflicto de legalidad respecto a si, con el oficio aludido y a partir de una denuncia planteada en contra del MINAE, la Fiscalía se ajustó o no a las funciones establecidas legalmente para ambas entidades. Sin embargo, resulta improcedente que esta Sala se pronuncie sobre ello, pues no le compete fungir como una contralora de legalidad de las actuaciones de la Fiscalía ni de los efectos legales que implica tal oficio. Ciertamente, no es en esta sede donde procede plantear ese tipo de denuncias, sino ante las instancias ordinarias competentes (artículo 153 constitucional). En consecuencia, se declara inadmisible el recurso.",
  "excerpt_en": "In the case at hand, note first that, as this Chamber has repeatedly held, the Administration is not a holder of fundamental rights, save for certain exceptions such as the principle of equality of arms or equality, for example; hence, it is inappropriate for an amparo to be brought on its behalf. In any event, from the facts as presented, it is clear that, beyond a possible violation of a fundamental right, the grievance concerns a legality dispute on whether, through the aforementioned directive and following a complaint filed against MINAE, the Prosecutor's Office acted within its legally established functions. However, it is not appropriate for this Chamber to rule on this, as it is not tasked with acting as a legality controller of the Prosecutor's Office's actions nor of the legal effects of such a directive. Certainly, this is not the proper forum for such complaints, but rather the competent ordinary courts (Article 153 of the Constitution). Consequently, the petition is declared inadmissible.",
  "outcome": {
    "label_en": "Inadmissible",
    "label_es": "Inadmisible",
    "summary_en": "The Chamber flatly dismisses the amparo petition as inadmissible, holding that the Administration is not a holder of fundamental rights and the dispute involves ordinary legality.",
    "summary_es": "La Sala rechaza de plano el recurso de amparo por improcedente, al considerar que la Administración no es titular de derechos fundamentales y que el conflicto planteado es de legalidad ordinaria."
  },
  "pull_quotes": [
    {
      "context": "Considerando II",
      "quote_en": "the Administration is not a holder of fundamental rights, save for certain exceptions such as the principle of equality of arms or equality, for example; hence, it is inappropriate for an amparo to be brought on its behalf.",
      "quote_es": "la Administración no es titular de derechos fundamentales, salvo ciertas excepciones, como el principio de igualdad de armas o de igualdad, por ejemplo; de ahí que resulte improcedente que, por la vía del amparo, se recurra a favor de aquella."
    },
    {
      "context": "Considerando II",
      "quote_en": "this is not the proper forum for such complaints, but rather the competent ordinary courts (Article 153 of the Constitution).",
      "quote_es": "no es en esta sede donde procede plantear ese tipo de denuncias, sino ante las instancias ordinarias competentes (artículo 153 constitucional)."
    }
  ],
  "cites": [],
  "cited_by": [],
  "references": {
    "internal": [],
    "external": []
  },
  "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1003400",
  "tier": 2,
  "_editorial_citation_count": 0,
  "regulations_by_article": null,
  "amendments_by_article": null,
  "dictamen_by_article": null,
  "concordancias_by_article": null,
  "afectaciones_by_article": null,
  "resoluciones_by_article": null,
  "cited_by_votos": [],
  "cited_norms": [],
  "cited_norms_inverted": [],
  "sentencias_relacionadas": [],
  "temas_y_subtemas": [],
  "cascade_only": false,
  "amendment_count": 0,
  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 21550 - 2020\n\nFecha de la Resolución: 06 de Noviembre del 2020 a las 09:20\n\nExpediente: 20-020074-0007-CO\n\nRedactado por: Paul Rueda Leal\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n*200200740007CO*\n\nEXPEDIENTE N° 20-020074-0007-CO\n\nPROCESO: RECURSO DE AMPARO\n\nRESOLUCIÓN Nº 2020021550\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del seis de noviembre de dos mil veinte .\n\n              Recurso de amparo interpuesto por GERMÁN IGNACIO POCHET BALLESTER, cédula de identidad 0109710209, a favor del MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA (MINAE), contra el MINISTERIO PÚBLICO.\n\nResultando:\n\n              1.- Por escrito incorporado al expediente digital de la Sala a las 12:04 horas del 2 de noviembre de 2020, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra el Ministerio Público. Indica que, el 25 de mayo de 2020, el Ministerio Público emitió el oficio FGR-451-2020, dirigido al Ministro de Ambiente y Energía, el cual contiene severas invasiones de competencias por parte del Ministerio Público y en perjuicio del MINAE. Subraya que la Fiscalía no ostenta ningún tipo de jerarquía propia o impropia sobre el MINAE y, a pesar de ello, le brinda plazos para cumplir con las funciones que son exclusivas del MINAE, le indica cómo debe conformar los órganos para cumplir con lo ordenado en el oficio, le señala cuáles criterios técnicos-ambientales deben contemplarse para la supervisión de los sitios de manejo de vida silvestre, le indica que debe iniciar en un plazo determinado la destitución de ciertos funcionarios y la apertura de procesos disciplinarios, le señala cuáles órdenes deben dársele a los funcionarios del ministerio e incluso le indica que debe dar avances y reportes de cumplimiento de estas órdenes a la Fiscalía so pena de que se tomen medidas adicionales. Arguye que la invasión de competencias por parte del Ministerio Público a un ministerio del Estado supone una gravísima vulneración al Estado de Derecho. En este sentido, el Ministerio Público no solo está extralimitándose en relación con sus funciones, irrespetando el artículo 11 de la Constitución Política, sino que además está irrespetando el principio de división de poderes y, con ello, el carácter democrático del Estado de Costa Rica. Adjunta extractos del oficio recurrido y explica los motivos por los que considera que se extralimitó. Aduce que, si bien el sistema democrático de gobierno contempla los sistemas de chequeos, frenos y contrapesos entre los poderes, lo cierto es que en este caso no se está ante este fenómeno, sino ante una clara intromisión en las esferas de competencia de un poder sobre otro. Incluso, el hecho de que la Fiscalía pretenda dictar parámetros técnicos en materia ambiental al MINAE, disponga del presupuesto del Ministerio y gire órdenes para su personal, resulta absolutamente injustificable, por cuanto no está realizando ninguna fiscalización de las labores de este Ministerio, sino que está invadiendo claramente sus atribuciones y competencias legales. Solicita la intervención de la Sala a fin de que declare inconstitucional lo pretendido por el Ministerio Público por medio del oficio FGR-451-2020 del 25 de mayo de 2020.\n\n2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.\n\n              Redacta el Magistrado Rueda Leal; y,\n\nConsiderando:\n\n \n\n              I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente manifiesta que, el 25 de mayo de 2020, el Ministerio Público emitió el oficio FGR-451-2020, dirigido al MINAE, el cual contiene severas invasiones de competencias por parte del Ministerio Público y en perjuicio del MINAE. Subraya que, con ese oficio, el recurrido brinda plazos para cumplir con las funciones que son exclusivas del MINAE, le indica cómo debe conformar los órganos para cumplir con lo ordenado en el oficio, le señala cuáles criterios técnicos-ambientales deben contemplarse para la supervisión de los sitios de manejo de vida silvestre, le indica que debe iniciar en un plazo determinado la destitución de ciertos funcionarios y la apertura de procesos disciplinarios, le señala cuáles órdenes deben dársele a los funcionarios del ministerio e incluso le indica que debe dar avances y reportes de cumplimiento de estas órdenes a la Fiscalía, so pena de que se tomen medidas adicionales. Arguye que la invasión de competencias por parte del Ministerio Público a un ministerio del Estado supone una gravísima vulneración al Estado de Derecho. Solicita la intervención de la Sala a fin de que declare inconstitucional lo pretendido por el Ministerio Público por medio del oficio FGR-451-2020 del 25 de mayo de 2020.\n\nII.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub lite, obsérvese, en primer lugar, que, como lo ha dicho reiteradamente esta Sala, la Administración no es titular de derechos fundamentales, salvo ciertas excepciones, como el principio de igualdad de armas o de igualdad, por ejemplo; de ahí que resulte improcedente que, por la vía del amparo, se recurra a favor de aquella. En todo caso, de los hechos planteados se evidencia que, más allá de una posible lesión a un derecho fundamental, lo reclamado versa sobre un conflicto de legalidad respecto a si, con el oficio aludido y a partir de una denuncia planteada en contra del MINAE, la Fiscalía se ajustó o no a las funciones establecidas legalmente para ambas entidades. Sin embargo, resulta improcedente que esta Sala se pronuncie sobre ello, pues no le compete fungir como una contralora de legalidad de las actuaciones de la Fiscalía ni de los efectos legales que implica tal oficio. Ciertamente, no es en esta sede donde procede plantear ese tipo de denuncias, sino ante las instancias ordinarias competentes (artículo 153 constitucional). En consecuencia, se declara inadmisible el recurso.\n\n        III.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI .\n\nPor tanto:\n\n       Se rechaza de plano el recurso.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nPaul Rueda L.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nNancy Hernández L.\n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Araya G.\n\n\n\n\nAnamari Garro V.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nAna María Picado B.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n*H0ZU6UXBB7Y61*\n\nH0ZU6UXBB7Y61\n\nEXPEDIENTE N° 20-020074-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 09-05-2026 02:37:39.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "EXPEDIENTE No. 20-020074-0007-CO\n\nPROCEEDING: RECURSO DE AMPARO\n\nRESOLUTION No. 2020021550\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on the sixth of November two thousand twenty.\n\nRecurso de amparo filed by GERMÁN IGNACIO POCHET BALLESTER, identity card 0109710209, on behalf of the MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY (MINAE), against the PUBLIC PROSECUTOR'S OFFICE.\n\nResultando:\n\n1.- By document incorporated into the Chamber's digital case file at 12:04 hours on November 2, 2020, the petitioner files a recurso de amparo against the Public Prosecutor's Office. He indicates that, on May 25, 2020, the Public Prosecutor's Office issued official communication FGR-451-2020, addressed to the Minister of Environment and Energy, which contains severe encroachments on competencies by the Public Prosecutor's Office and to the detriment of MINAE. He emphasizes that the Fiscalía does not hold any type of hierarchy, proper or improper, over MINAE and, despite this, it gives it deadlines to fulfill functions that are exclusive to MINAE, tells it how it must form the bodies to comply with what is ordered in the communication, indicates which technical-environmental criteria must be considered for the supervision of wildlife management sites, orders it to initiate the dismissal of certain officials and the opening of disciplinary proceedings within a set deadline, points out which orders must be given to the ministry's officials, and even indicates that it must provide progress updates and compliance reports on these orders to the Fiscalía under penalty of additional measures being taken. He argues that the encroachment on competencies by the Public Prosecutor's Office over a ministry of the State constitutes an extremely serious violation of the Rule of Law (Estado de Derecho). In this sense, the Public Prosecutor's Office is not only overstepping its functions, disrespecting Article 11 of the Political Constitution, but is also disrespecting the principle of separation of powers (división de poderes) and, with it, the democratic character of the State of Costa Rica. He attaches excerpts from the challenged communication and explains the reasons why he considers it overstepped. He alleges that, although the democratic system of government contemplates systems of checks and balances (chequeos, frenos y contrapesos) between the branches, the truth is that this is not the phenomenon at hand here, but rather a clear intrusion into the spheres of competence of one branch over another. Moreover, the fact that the Fiscalía intends to dictate technical parameters on environmental matters to MINAE, dispose of the Ministry's budget, and issue orders to its personnel is absolutely unjustifiable, as it is not carrying out any oversight of this Ministry's work but is clearly invading its legal powers and competencies. He requests the intervention of the Chamber to declare unconstitutional what the Public Prosecutor's Office intends through official communication FGR-451-2020 of May 25, 2020.\n\n2.- Article 9 of the Law on Constitutional Jurisdiction empowers the Chamber to reject a motion outright or on the merits, at any time, even from its filing, if it is manifestly inadmissible, or when it considers that there are sufficient elements of judgment to reject it, or that it is a simple reiteration or reproduction of a prior equal or similar motion that was rejected.\n\nDrafted by Magistrate Rueda Leal; and,\n\nConsiderando:\n\nI.- PURPOSE OF THE RECURSO. The petitioner states that, on May 25, 2020, the Public Prosecutor's Office issued official communication FGR-451-2020, addressed to MINAE, which contains severe encroachments on competencies by the Public Prosecutor's Office and to the detriment of MINAE. He emphasizes that, with that communication, the respondent gives deadlines to fulfill functions that are exclusive to MINAE, tells it how it must form the bodies to comply with what is ordered in the communication, indicates which technical-environmental criteria must be considered for the supervision of wildlife management sites, orders it to initiate the dismissal of certain officials and the opening of disciplinary proceedings within a set deadline, points out which orders must be given to the ministry's officials, and even indicates that it must provide progress updates and compliance reports on these orders to the Fiscalía, under penalty of additional measures being taken. He argues that the encroachment on competencies by the Public Prosecutor's Office over a ministry of the State constitutes an extremely serious violation of the Rule of Law. He requests the intervention of the Chamber to declare unconstitutional what the Public Prosecutor's Office intends through official communication FGR-451-2020 of May 25, 2020.\n\nII.- ON THE SPECIFIC CASE. In the case at hand (sub lite), it should be noted, first, that, as this Chamber has repeatedly stated, the Administration is not a holder of fundamental rights, except for certain exceptions, such as the principle of equality of arms or equality, for example; hence, it is inadmissible to resort to amparo on its behalf. In any case, from the facts presented, it is evident that, beyond a possible injury to a fundamental right, what is claimed involves a legality dispute regarding whether, with the aforementioned communication and based on a complaint filed against MINAE, the Fiscalía did or did not conform to the legally established functions for both entities. However, it is inadmissible for this Chamber to rule on that, since it is not its role to act as a legality controller of the Fiscalía's actions nor of the legal effects that such a communication entails. Indeed, it is not in this venue that such complaints should be filed, but rather before the competent ordinary instances (Article 153 of the Constitution). Consequently, the recurso is declared inadmissible.\n\nIII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if any paper document has been provided, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device, or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not removed within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI, and published in Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.\n\nPor tanto:\n\nThe recurso is rejected outright."
}