{
  "id": "nexus-sen-1-0007-1005413",
  "citation": "Res. 22756-2020 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Inadmisibilidad de acción de inconstitucionalidad contra artículo 343 del Código Procesal Penal",
  "title_en": "Inadmissibility of Unconstitutionality Action Against Article 343 of the Criminal Procedure Code",
  "summary_es": "La Sala Constitucional rechaza de plano una acción de inconstitucionalidad presentada por un condenado por abuso sexual contra el artículo 343, párrafo segundo, del Código Procesal Penal, que regula el orden del interrogatorio al imputado. El accionante alegó que la norma, al exigir una manifestación espontánea antes de permitir preguntas de la defensa, viola el derecho de defensa y el debido proceso. La Sala determinó que el accionante carece de legitimación directa: no representa intereses colectivos de los imputados ni defiende un interés difuso, pues la norma afecta un interés individualizable que requiere un asunto base previo. Al no acreditarse legitimación incidental ni directa, la acción es inadmisible y se rechaza sin entrar al fondo de la cuestión constitucional planteada.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber summarily dismisses an unconstitutionality action filed by an individual convicted of sexual abuse against Article 343, second paragraph, of the Criminal Procedure Code, which regulates the order of questioning the accused. The petitioner argued that the norm, by requiring a spontaneous statement before allowing defense questions, violates the right to defense and due process. The Chamber found that the petitioner lacks standing: he does not represent the collective interests of defendants nor defends a diffuse interest, as the norm affects an individualizable interest requiring a prior pending case. In the absence of incidental or direct standing, the action is inadmissible and dismissed without addressing the constitutional merits.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "25/11/2020",
  "year": "2020",
  "topic_ids": [
    "_off-topic"
  ],
  "primary_topic_id": "_off-topic",
  "es_concept_hints": [
    "acción de inconstitucionalidad",
    "legitimación activa",
    "intereses difusos",
    "intereses colectivos",
    "rechazo de plano",
    "artículo 75 Ley de la Jurisdicción Constitucional"
  ],
  "concept_anchors": [
    {
      "article": "Art. 343 párrafo segundo",
      "law": "Código Procesal Penal"
    },
    {
      "article": "Arts. 75, 78, 79",
      "law": "Ley de la Jurisdicción Constitucional"
    }
  ],
  "keywords_es": [
    "acción de inconstitucionalidad",
    "legitimación",
    "intereses difusos",
    "intereses colectivos",
    "artículo 343 Código Procesal Penal",
    "derecho de defensa",
    "debido proceso",
    "Sala Constitucional",
    "rechazo de plano",
    "interés individualizable"
  ],
  "keywords_en": [
    "unconstitutionality action",
    "standing",
    "diffuse interests",
    "collective interests",
    "Article 343 Criminal Procedure Code",
    "right to defense",
    "due process",
    "Constitutional Chamber",
    "summary dismissal",
    "individualizable interest"
  ],
  "excerpt_es": "En primer término, se observa que el actor no acude en representación de alguna colectividad formalmente organizada e identificada, de la cual ostente la representación legal, ni siquiera se refiere al interés colectivo que pretende defender, por lo que se encuentra imposibilitado para actuar en defensa de intereses corporativos. Por otra parte, tampoco le asiste legitimación para accionar directamente, con base en la defensa de un interés difuso, ya que la norma impugnada está referida al interrogatorio de la persona imputada dentro de un proceso penal, por lo que se trata de un interés particular e individualizable, que no puede ser considerado como difuminado, toda vez, no incide sobre toda la sociedad o sobre todas las personas imputadas, por el contrario, es tan concreto, que perfectamente puede dar lugar a reclamos individuales, los cuales otorgarían legitimación para plantear acción con fundamento en un asunto base.",
  "excerpt_en": "First, it is observed that the petitioner does not appear on behalf of any formally organized and identified group, of which he holds legal representation; he does not even refer to the collective interest he seeks to defend, and therefore is unable to act in defense of corporate interests. Moreover, he also lacks standing to bring a direct action based on the defense of a diffuse interest, since the challenged norm concerns the questioning of the accused in criminal proceedings, thus involving a particular and individualizable interest that cannot be considered diffuse, as it does not affect society as a whole or all accused persons; on the contrary, it is so specific that it can perfectly give rise to individual claims, which would confer standing to file an action based on a prior case.",
  "outcome": {
    "label_en": "Inadmissible",
    "label_es": "Inadmisible",
    "summary_en": "The Chamber summarily dismisses the unconstitutionality action for lack of direct and incidental standing, without addressing the merits of the challenge to Article 343 of the Criminal Procedure Code.",
    "summary_es": "La Sala rechaza de plano la acción de inconstitucionalidad por falta de legitimación directa e incidental del accionante, sin examinar el fondo del planteamiento sobre el artículo 343 del Código Procesal Penal."
  },
  "pull_quotes": [
    {
      "context": "Considerando II",
      "quote_en": "the petitioner lacks the direct standing he seeks to assert in this action.",
      "quote_es": "el accionante carece de la legitimación directa que pretende sostener en esta acción."
    },
    {
      "context": "Considerando II",
      "quote_en": "we are not in the presence of diffuse interests, since its content does not refer to a legal asset with sufficiently specific legal content attributable to an entire community, but rather to a matter of internal organization of a branch of the republic.",
      "quote_es": "no estamos en presencia de intereses difusos, puesto que su contenido no se refiere a un bien jurídico con un contenido jurídico suficiente específico, atribuible a toda una comunidad, sino a una cuestión de organización interna de un poder de la república."
    },
    {
      "context": "Considerando II",
      "quote_en": "the challenged norm concerns the questioning of the accused in criminal proceedings, thus involving a particular and individualizable interest that cannot be considered diffuse.",
      "quote_es": "la norma impugnada está referida al interrogatorio de la persona imputada dentro de un proceso penal, por lo que se trata de un interés particular e individualizable, que no puede ser considerado como difuminado."
    }
  ],
  "cites": [],
  "cited_by": [],
  "references": {
    "internal": [],
    "external": []
  },
  "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1005413",
  "tier": 2,
  "_editorial_citation_count": 0,
  "regulations_by_article": null,
  "amendments_by_article": null,
  "dictamen_by_article": null,
  "concordancias_by_article": null,
  "afectaciones_by_article": null,
  "resoluciones_by_article": null,
  "cited_by_votos": [],
  "cited_norms": [],
  "cited_norms_inverted": [],
  "sentencias_relacionadas": [],
  "temas_y_subtemas": [],
  "cascade_only": false,
  "amendment_count": 0,
  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 22756 - 2020\n\nFecha de la Resolución: 25 de Noviembre del 2020 a las 09:15\n\nExpediente: 20-020812-0007-CO\n\nRedactado por: Fernando Castillo Víquez\n\nClase de asunto: Acción de inconstitucionalidad\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\nSentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n*200208120007CO*\n\nExp: 20-020812-0007-CO\n\nRes. Nº 2020022756\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del veinticinco de noviembre de dos mil veinte .\n\n              Acción de inconstitucionalidad interpuesta por [Nombre 001], cédula de identidad n° [Valor 001], contra el artículo 343, párrafo segundo, del Código Procesal Penal.\nRESULTANDO:\n1.- Por escrito recibido mediante Gestión en Línea a las 19:53 horas del 11 de noviembre de 2020, la parte accionante solicita que se declare la inconstitucionalidad del artículo 343, párrafo segundo, del Código Procesal Penal, porque estima que violenta los artículos 39 y 41 constitucionales, así como los principios de razonabilidad y proporcionalidad, el artículo 8.1 de la Convenci ón Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 2 del Código Procesal Penal y el numeral 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Manifiesta que por la naturaleza del presente asunto, fundamenta su legitimación en lo dispuesto en el art ículo 75, párrafo segundo, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, ya que a pesar de existir una lesión directa porque se le aplicó la norma inconstitucional, también se lesionan intereses colectivos en su conjunto de cada imputado en el proceso penal, cuya afectación, se tradujo en una lesión individual para su persona, siendo que dicha norma se le interpretó de manera restrictiva, tanto en el juicio donde se le condenó, como en la sentencia de apelación que reiteró el vicio, actuaciones amparadas en el artículo 343, párrafo segundo, del Código Procesal Penal. Indica que la norma citada lesiona intereses procesales directos de su persona, constitucionales y supra constitucionales, ya que dicho numeral -según el debate que le conden ó y la apelación de sentencia que se declaró sin lugar- prohíbe directamente que el abogado le pregunte al imputado, siendo rígida la norma en que el imputado deber á realizar primero una manifestación espontánea y luego contestarle preguntas a su abogado. Así fue como el Tribunal Penal de Alajuela lo resolvió, no se le permitió a su abogado hacerle preguntas, amparándose el tribunal en el art ículo 343, párrafo segundo. Según la interpretación del tribunal y la redacción de dicha norma, no se tiene derecho a contestar preguntas de la defensa directamente, lo que considera una lesión al derecho de defensa. Explica que mediante la sentencia n° 273-2019 de las 10:30 horas del 15 de marzo de 2019, el Tribunal Penal de Alajuela le condenó a purgar la pena de 9 a ños de cárcel por un delito de abuso sexual. En el debate su abogado antes del cierre le indicó al tribunal que iba a declarar y que iba a contestarle preguntas solo a él. El tribunal en una interpretación extensiva contraria a los derechos humanos y procesales dijo que no lo permitía, ya que la norma del 343, párrafo segundo, no se lo permite. No se admitió que el imputado le contestara preguntas a su abogado, por un apego y hermen éutica contraria a los derechos procesales, ya que la lectura literal de la norma procesal del 343, párrafo segundo, vino a limitar el derecho y la estrategia de defensa técnica. Esto se reprodujo a nivel de apelación de sentencia, mediante la resolución n° 2002-00670 del Tribunal de Apelación de Sentencia del Tercer Circuito Judicial de Alajuela de las 13:35 horas del 30 de julio de 2020, que ahora se encuentra en casación ante la Sala Tercera. El asunto no se ha resuelto en definitiva y es el momento procesal oportuno para analizar la constitucionalidad de dicha norma y de su aplicación. Acusa que el tribunal lee la norma textualmente “Podrá manifestar cuanto tenga por conveniente, y luego será interrogado por el fiscal, el querellante, las partes civiles, la defensa y los miembros del tribunal, en ese orden”. De esa lectura textual, dice el tribunal que antes de ser preguntado tiene que manifestar libremente lo que desee, prohibiendo a la defensa técnica realizar las preguntas. La norma establece un orden odioso, señalando que quien comienza a preguntar es el ministerio público, luego, el querellante, las partes civiles, la defensa y los miembros del tribunal. En su caso, se le indicó precisamente al Tribunal Penal de Alajuela que su persona solo recibiría preguntas de su abogado y el tribunal no lo admitió señalando que la norma del 343 no lo permitía. Estima que en su caso se ha violentado el derecho a un juicio justo y se utilizó la norma impugnada para limitar la defensa técnica y su estrategia, lo que incidió en su condenatoria. Con base en el fundamento de derecho que expone, solicita que en sentencia se resuelva lo siguiente: 1) Se le de curso a la presente acción, de conformidad con los artículos 73 a 79, siguientes y concordantes de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. 2) Con base en lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se suspendan los efectos de la norma impugnada informando a la Sala Tercera que no dicte resolución hasta tanto esta Sala no resuelva en definitiva la presente acción. 3) Se declare la inconstitucionalidad de dicha norma y su interpretación en contra del derecho del imputado de contestar preguntas de la defensa t écnica y se dimensionen los efectos de dicha norma, aclarando que el imputado puede declarar cuantas veces lo desee y que puede contestar las preguntas de su abogado defensor, sin que exista ningún filtro procesal anterior, siendo que una vez que se le hayan realizado las prevenciones de ley sobre declarar o abstenerse, puede contestar preguntas directas de su abogado defensor, sin que tenga que hablar espontáneamente, como lo est án interpretando los tribunales penales de juicio y de apelación de sentencia en su caso.\n2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.\n\n               Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,\n\nCONSIDERANDO:\n\nI.- DE LOS REQUISITOS Y FORMALIDADES DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. Esta Sala ha señalado, de forma reiterada, que la acción de inconstitucionalidad es un proceso con determinadas formalidades, que, si no se reúnen, imposibilitan pronunciarse sobre el fondo del asunto. En el artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se establecen los presupuestos de admisibilidad para las acciones de inconstitucionalidad y se regulan situaciones distintas. En el párrafo primero se exige la existencia de un asunto pendiente de resolver, sea en sede judicial – incluyendo los recursos de hábeas corpus o de amparo– o en la administrativa  – en el procedimiento de agotamiento de esta vía, sea, en el procedimiento administrativo de impugnación contra el acto final – , en el que se invoque la inconstitucionalidad de la norma cuestionada, como medio razonable de amparar el derecho o interés que se considera lesionado en el asunto principal. En los párrafos segundo y tercero se regula la acción directa – no se requiere del asunto base– , en los siguientes supuestos: a) cuando por la naturaleza del asunto no exista lesión individual y directa; b) se trate de la defensa de intereses difusos o que atañen a la colectividad en su conjunto y c) cuando la acción sea promovida por el Procurador General de la República, el Contralor General de la República, el Fiscal General de la República y el Defensor de los Habitantes. En cuanto a la exigencia de un asunto pendiente de resolver, esta Sala, mediante Sentencia n° 04190-95 de las 11:33 horas del 28 de julio de 1995, señaló lo siguiente:\n\n“(…) En primer término, se trata de un proceso de naturaleza incidental, y no de una acción directa o popular, con lo que se quiere decir que se requiere de la existencia de un asunto pendiente de resolver -sea ante los tribunales de justicia o en el procedimiento para agotar la vía administrativa- para poder acceder a la vía constitucional, pero de tal manera que, la acción constituya un medio razonable para amparar el derecho considerado lesionado en el asunto principal, de manera que lo resuelto por el Tribunal Constitucional repercuta positiva o negativamente en dicho proceso pendiente de resolver, por cuanto se manifiesta sobre la constitucionalidad de las normas que deberán ser aplicadas en dicho asunto; y únicamente por excepción es que la legislación permite el acceso directo a esta vía -presupuestos de los párrafos segundo y tercero del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (…)”.\n \nAsimismo, existen otras formalidades que deben ser cumplidas, a saber, el escrito de interposición debe estar autenticado y contener una determinación explícita de la normativa impugnada, debidamente fundamentada, con cita concreta de los componentes del bloque de constitucionalidad que se consideren infringidos (artículo 78 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional). Debe, además, acreditarse las condiciones de legitimación (poderes y certificaciones), procederse al pago del timbre del Colegio de Abogados y aportarse certificación literal del escrito en el que se invocó la inconstitucionalidad de las normas impugnadas en el asunto base (artículo 79 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional).\n\nII.- SOBRE LA INADMISIBILIDAD DE ESTA ACCIÓN POR FALTA DE LEGITIMACIÓN DIRECTA. A fin de fundamentar su legitimación, en el escrito de interposición de esta acción, el gestionante expresamente indicó lo siguiente :\n\n“(…) I. LEGITIMACIÓN ACTIVA. Por la naturaleza del presente asunto, fundamento mi legitimación en lo dispuesto en el art ículo 75, párrafo segundo, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, ya que a pesar de existir una lesión directa porque se me aplicó la norma inconstitucional, también se lesionan intereses colectivos en su conjunto de cada imputado en el proceso penal, cuya afectación, se tradujo en una lesión individual para el suscrito siendo que dicha norma se me interpretó de manera restrictiva tanto en el juicio donde se me condenó como en la sentencia de Apelación de Sentencia que reiteró el vicio, actuaciones amparadas en el artículo 343 párrafo segundo del código procesal penal. (…) ” (sic).\n\nA partir de lo anterior, se desprende que el accionante alega que ostenta legitimación directa conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en tanto en su criterio representa “intereses colectivos en su conjunto de cada imputado en el proceso penal”. Ahora bien, respecto a la legitimación proveniente de la defensa de intereses difusos o de intereses que atañen a la colectividad en su conjunto, esta Sala ha señalado que:\n\n“ II.- Sobre los intereses que atañen a la colectividad en su conjunto y los intereses difusos. En este caso, el accionante aduce que su legitimación proviene de la defensa de intereses difusos; adicionalmente alude la existencia de intereses colectivos e individuales. Como se indicó líneas atrás, los supuestos contenidos en el párrafo segundo del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional constituyen excepciones a la regla contenida en el párrafo primero del artículo 75, que deben ser analizados cuidadosamente en cada caso concreto. En ese sentido es oportuno recordar que el interés difuso se caracteriza por un aspecto eminentemente subjetivo, el relativo a su pertenencia, y otro objetivo, relacionado con la incidencia del bien en la sociedad, que lo distingue de otras situaciones jurídicas. Desde el punto de vista subjetivo, la pertenencia o titularidad de un interés difuso se encuentra difuminada en un grupo humano no individualizado, que coparticipa en el disfrute del bien jurídico objeto del interés, pero cuya conformación no resulta de un conjunto de sujetos identificable, abarcable y de contornos relativamente nítidos, como sí ocurre en el interés colectivo. Desde la perspectiva objetiva, no todo interés “difuminado” adquiere la categoría jurídica de “interés difuso”, sino únicamente aquellos impregnados de una profunda relevancia social, cuya valoración resulta de las circunstancias de cada caso. Al respecto, la jurisprudencia ha considerado diversos derechos que gozan de tales características, como el medio ambiente, el patrimonio cultural, la defensa de la integridad territorial del país y el buen manejo del gasto público, entre otros. A manera de ejemplo, la Sala ha señalado que “un daño ambiental no afecta apenas a los vecinos de una región o a los consumidores de un producto, sino que lesiona o pone en grave riesgo el patrimonio natural de todo el país e incluso de la Humanidad; del mismo modo, la defensa del buen manejo que se haga de los fondos públicos autorizados en el Presupuesto de la República es un interés de todos los habitantes de Costa Rica, no tan solo de un grupo cualquiera de ellos. Por otra parte, la enumeración que ha hecho la Sala Constitucional no pasa de una simple descripción propia de su obligaci ón –como órgano jurisdiccional- de limitarse a conocer de los casos que le son sometidos, sin que pueda de ninguna manera llegar a entenderse que solo pueden ser considerados derechos difusos aquellos que la Sala expresamente haya reconocido como tales; lo anterior implicaría dar un vuelco indeseable en los alcances del Estado de Derecho, y de su correlativo «Estado de derechos», que –como en el caso del modelo costarricense- parte de la premisa de que lo que debe ser expreso son los límites a las libertades, ya que éstas subyacen a la misma condición humana y no requieren por ende de reconocimiento oficial” (sentencia número 2001-8239, de las diecis éis horas siete minutos del catorce de agosto del 2001).  La sentencia número 03705-93, de las 15:00 horas del 30 de julio de 1993, ilustra lo que se ha entendido como intereses difusos; así como la sentencia 360-99 de las 15:51 horas del 20 de enero de 1999:\n\"Se ha señalado que se trata un tipo especial de interés, cuya manifestación es menos concreta e individualizable que la del colectivo recién definido en el considerando anterior, pero que no puede llegar a ser tan amplio y genérico que se confunda con el reconocido a todos los miembros de la sociedad de velar por la legalidad constitucional, ya que éste último -como se ha dicho reiteradamente- está excluido del actual sistema de revisión constitucional. Se trata pues de un interés distribuido en cada uno de los administrados, mediato si se quiere, y diluido, pero no por ello menos constatable, para la defensa, en esta Sala, de ciertos derechos constitucionales de una singular relevancia para el adecuado y armónico desarrollo de la sociedad. Son las especiales características de éstos derechos por sí mismas y no la particular situación frente a ellos de los sujetos que puedan ostentarlos, la clave para la distinción y determinación de la presencia de los llamados intereses difusos tal y como se manifestado en distintas resoluciones como la 03705-93 de las quince horas del treinta de julio para el derecho al ambiente, la número 05753-93 de las catorce horas cuarenta y cinco del nueve de noviembre de ese mismo año para la defensa del patrimonio histórico y la número 00980-91 de las trece y treinta del veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y uno para la materia electoral.\"\nEn este sentido, así como se ha dicho que ese interés no puede ser tan amplio y genérico que se confunda con el derecho a velar por la legalidad constitucional (lo que supondría la instauración tácita de acción popular no contemplada por  la Ley de la Jurisdicci ón Constitucional), tampoco puede ser tan concreto que permita el reclamo individual, pues en tal caso, la legitimación derivaría de ese reclamo. Es evidente que en este caso, no estamos en presencia de intereses difusos, puesto que su contenido no se refiere a un bien jurídico con un contenido jur ídico suficiente específico, atribuible a toda una comunidad, sino a una cuestión de organización interna de un poder de la república, cuya defensa directa mediante una acción de inconstitucionalidad significaría admitir la acción popular, lo que la Ley de la Jurisdicción Constitucional no permite y así lo ha afirmado reiteradamente este Tribunal.\nIII.- Sobre los intereses corporativos. Cómo segundo motivo de legitimación, el accionante aduce la defensa de intereses colectivos, situación contemplada en el párrafo segundo del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. La norma dispone: “…[N]o será necesario el caso previo pendiente de resolución cuando por la naturaleza del asunto no exista lesión individual y directa, o se trate de la defensa de intereses difusos, o que atañen a la colectividad en su conjunto…”. Al respecto, es oportuno se ñalar que la Sala ha precisado que a través de la expresión \"intereses que atañen a la colectividad en su conjunto\", el legislador quiso referirse a la legitimación que ostenta una entidad corporativa, cuando actúa por intermedio de sus representantes en defensa de los derechos e intereses de las personas que conforman su base asociativa y siempre y cuando se trate del cuestionamiento de normas o disposiciones que incidan en aquel núcleo de derechos o intereses que constituye la razón de ser y el factor aglutinante de la agrupación.  A partir de la sentencia 2006-9170 de las dieciséis horas treinta y seis minutos del veintiocho de junio del dos mil seis, este Tribunal retomó un criterio anterior, seg ún el cual los entes corporativos están autorizados para solicitar en forma directa la declaratoria de inconstitucionalidad de una norma, cuando ésta afecte directamente la esfera de acción del ente y de sus integrantes, sin que tenga relevancia que la norma sea susceptible de afectar en forma directa los derechos de los agremiados. En este caso, sin embargo, esta tesis no es de aplicación, porque el accionante no acude en  representación de una organización que por su naturaleza o fines, o cuyos asociados, puedan verse afectados por el Acuerdo cuestionado. Por otra parte,  el accionante no puede arrogarse sin más la representación de hecho de ninguna persona u organización profesional.\nIV.- Por último, el accionante menciona la existencia de un interés individual. Sin embargo, frente a la posibilidad de una lesión individual (precisamente por violación a ese interés), la Ley de la Jurisdicción Constitucional exige la existencia de un asunto previo en el que se haya reclamado la inconstitucionalidad de lo cuestionado, como medio razonable de amparar el derecho que se considera lesionado en el asunto principal. Ello en atención, precisamente, a la naturaleza incidental de la acción, según se indicó líneas atrás. Sin embargo, el accionante no demuestra la lesión, ni tampoco, el asunto previo en que estaría discutiendo el tema. De ahí que la acción tampoco sería admisible en razón de ese supuesto” (voto n° 2014-020446 de las 09:30 horas del 17 de diciembre de 2014).\n \nCon base en las consideraciones precitadas, en criterio de esta Sala el accionante carece de la legitimación directa que pretende sostener en esta acción. En primer término, se observa que el actor no acude en representación de alguna colectividad formalmente organizada e identificada, de la cual ostente la representación legal, ni siquiera se refiere al interés colectivo que pretende defender, por lo que se encuentra imposibilitado para actuar en defensa de intereses corporativos. Por otra parte, tampoco le asiste legitimación para accionar directamente, con base en la defensa de un interés difuso, ya que la norma impugnada está referida al interrogatorio de la persona imputada dentro de un proceso penal, por lo que se trata de un interés particular e individualizable, que no puede ser considerado como difuminado, toda vez, no incide sobre toda la sociedad o sobre todas las personas imputadas, por el contrario, es tan concreto, que perfectamente puede dar lugar a reclamos individuales, los cuales otorgarían legitimación para plantear acción con fundamento en un asunto base. En consecuencia, al no contar el promovente con la legitimación directa que aduce y dado que este no argumentó ostentar legitimación incidental, la presente acción resulta inadmisible.\n              III.- EN CONCLUSIÓN. Como corolario de lo anterior, procede rechazar de plano la acción en estudio, como así se dispone.\n              IV.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE . Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\nPOR TANTO:\n              Se rechaza de plano la acci ón. \n \n \n \n\t\nFernando Castillo V.\nPresidente\n\t\n \n\n\nPaul Rueda L.\n\t\n \n\t\nNancy Hernández L.\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\t\n \n\t\nJorge Araya G.\n\n\nAnamari Garro V.\n\t\n \n\t\nAlicia Salas T.\n \n \nDocumento Firmado Digitalmente\n-- Código verificador --\n*P67KP2V0RCG61*\nP67KP2V0RCG61\nEXPEDIENTE N° 20-020812-0007-CO\n \nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 09-05-2026 02:40:55.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "*200208120007CO*\n\nExp: 20-020812-0007-CO\n\nRes. No. 2020022756\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours and fifteen minutes on the twenty-fifth of November, two thousand twenty.\n\nAn action of unconstitutionality filed by [Name 001], identity card number [Value 001], against Article 343, second paragraph, of the Code of Criminal Procedure.\nWHEREAS:\n1.- By brief received via Online Filing at 7:53 p.m. on November 11, 2020, the plaintiff requests that the unconstitutionality of Article 343, second paragraph, of the Code of Criminal Procedure be declared, because they believe it violates Articles 39 and 41 of the Constitution, as well as the principles of reasonableness and proportionality, Article 8.1 of the American Convention on Human Rights, Article 2 of the Code of Criminal Procedure, and numeral 14 of the International Covenant on Civil and Political Rights. They state that by the nature of this matter, they base their standing on the provisions of Article 75, second paragraph, of the Law of Constitutional Jurisdiction, since despite there being a direct injury because the unconstitutional rule was applied to them, collective interests of every defendant in the criminal process as a whole are also injured, the effects of which translated into an individual injury to their person, given that said rule was interpreted restrictively against them, both in the trial where they were convicted, and in the appellate judgment that reiterated the defect, actions based on Article 343, second paragraph, of the Code of Criminal Procedure. They indicate that the cited rule injures direct procedural interests of their person, constitutional and supra-constitutional, since said numeral —according to the debate that convicted them and the appeal of sentence that was dismissed— directly prohibits the lawyer from questioning the defendant, the rule being rigid in that the defendant must first make a spontaneous statement and then answer questions from their lawyer. This is how the Criminal Trial Court of Alajuela decided it; their lawyer was not permitted to ask them questions, the court relying on Article 343, second paragraph. According to the court's interpretation and the wording of said rule, one does not have the right to answer questions from the defense directly, which they consider an injury to the right of defense. They explain that through judgment No. 273-2019 of 10:30 a.m. on March 15, 2019, the Criminal Trial Court of Alajuela convicted them to serve a sentence of 9 years in prison for a crime of sexual abuse. During the debate, their lawyer, before the close, indicated to the court that they were going to testify and that they would answer questions only from him. The court, in an extensive interpretation contrary to human and procedural rights, stated that it did not permit this, since the rule in Article 343, second paragraph, does not allow it. The admission that the defendant answer questions from their lawyer was not accepted, due to an adherence and hermeneutics contrary to procedural rights, since the literal reading of the procedural rule of Article 343, second paragraph, came to limit the right and strategy of technical defense. This was reproduced at the appeal of sentence level, through resolution No. 2002-00670 of the Sentence Appeals Court of the Third Judicial Circuit of Alajuela at 1:35 p.m. on July 30, 2020, which is now in cassation before the Third Chamber. The matter has not been definitively resolved and it is the opportune procedural moment to analyze the constitutionality of said rule and its application. They argue that the court reads the rule textually: “They may state whatever they deem convenient, and then they shall be examined by the prosecutor, the plaintiff, the civil parties, the defense, and the members of the court, in that order.” From this textual reading, the court says that before being questioned, they must freely state whatever they wish, prohibiting the technical defense from asking questions. The rule establishes an odious order, indicating that the one who begins questioning is the public ministry, then, the plaintiff, the civil parties, the defense, and the members of the court. In their case, the Criminal Trial Court of Alajuela was precisely told that their person would only receive questions from their lawyer, and the court did not admit this, stating that the rule in Article 343 did not permit it. They consider that in their case, the right to a fair trial has been violated and the challenged rule was used to limit the technical defense and its strategy, which had an impact on their conviction. Based on the legal grounds they set forth, they request that the judgment resolve the following: 1) That this action be admitted, in accordance with Articles 73 to 79, subsequent and concordant, of the Law of Constitutional Jurisdiction. 2) Based on the provisions of Article 41 of the Law of Constitutional Jurisdiction, the effects of the challenged rule be suspended, informing the Third Chamber not to issue a resolution until this Chamber definitively resolves the present action. 3) The unconstitutionality of said rule and its interpretation against the defendant's right to answer questions from the technical defense be declared and the effects of said rule be dimensioned, clarifying that the defendant may testify as many times as they wish and that they may answer the questions of their defense lawyer, without any prior procedural filter existing, given that once they have been given the legal warnings about testifying or abstaining, they can answer direct questions from their defense lawyer, without having to speak spontaneously, as the criminal trial and sentence appeals courts in their case are interpreting it.\n2.- Article 9 of the Law of Constitutional Jurisdiction empowers the Chamber to reject outright or on the merits, at any time, even from its presentation, any motion submitted for its consideration that proves to be manifestly unfounded, or when it considers that there are sufficient elements of judgment to reject it, or that it is the simple reiteration or reproduction of a previous equal or similar rejected motion.\n\nDrafted by Magistrate Castillo Víquez; and,\n\nCONSIDERING:\n\nI.- THE REQUIREMENTS AND FORMALITIES OF THE ACTION OF UNCONSTITUTIONALITY. This Chamber has repeatedly indicated that the action of unconstitutionality is a process with specific formalities, which, if not met, make it impossible to rule on the merits of the matter. Article 75 of the Law of Constitutional Jurisdiction establishes the admissibility requirements for actions of unconstitutionality and regulates different situations. The first paragraph requires the existence of a matter pending resolution, whether in a judicial forum — including habeas corpus or amparo appeals — or in an administrative one — in the procedure for exhausting this route, that is, in the administrative appeal procedure against the final act —, in which the unconstitutionality of the challenged rule is invoked as a reasonable means of protecting the right or interest that is considered injured in the main proceeding. The second and third paragraphs regulate direct action — the base proceeding is not required —, in the following cases: a) when by the nature of the matter there is no individual and direct injury; b) it involves the defense of diffuse interests or those that concern the community as a whole, and c) when the action is brought by the Attorney General of the Republic, the Comptroller General of the Republic, the Chief Prosecutor of the Republic, and the Ombudsman. Regarding the requirement of a pending matter, this Chamber, through Judgment No. 04190-95 of 11:33 a.m. on July 28, 1995, stated the following:\n\n“(…) In the first place, it is a proceeding of an incidental nature, and not a direct or popular action, by which it is meant that the existence of a matter pending resolution — whether before the courts of justice or in the procedure to exhaust the administrative route — is required to be able to access the constitutional route, but in such a manner that the action constitutes a reasonable means of protecting the right considered injured in the main proceeding, so that what is decided by the Constitutional Court has a positive or negative impact on said pending proceeding, as it rules on the constitutionality of the rules that must be applied in said matter; and it is only exceptionally that the legislation permits direct access to this route — conditions of the second and third paragraphs of Article 75 of the Law of Constitutional Jurisdiction (…)”.\n\nLikewise, there are other formalities that must be fulfilled, namely, the filing brief must be authenticated and contain an explicit determination of the challenged regulations, duly substantiated, with specific citation of the components of the constitutionality block that are considered infringed (Article 78 of the Law of Constitutional Jurisdiction). It must also accredit the standing conditions (powers and certifications), proceed to the payment of the Bar Association stamp, and provide a literal certification of the brief in which the unconstitutionality of the challenged rules was invoked in the base proceeding (Article 79 of the Law of Constitutional Jurisdiction).\n\nII.- ON THE INADMISSIBILITY OF THIS ACTION FOR LACK OF DIRECT STANDING. In order to support their standing, in the brief filing this action, the petitioner expressly indicated the following:\n\n“(…) I. ACTIVE STANDING. By the nature of the present matter, I base my standing on the provisions of Article 75, second paragraph, of the Law of Constitutional Jurisdiction, since despite there being a direct injury because the unconstitutional rule was applied to me, collective interests of every defendant in the criminal process as a whole are also injured, the effects of which translated into an individual injury for the undersigned given that said rule was interpreted restrictively against me both in the trial where I was convicted and in the Sentence Appeals Judgment that reiterated the defect, actions based on Article 343 second paragraph of the code of criminal procedure. (…)” (sic).\n\nFrom the foregoing, it is clear that the plaintiff claims to have direct standing in accordance with the provisions of the second paragraph of Article 75 of the Law of Constitutional Jurisdiction, as in their judgment they represent “collective interests of every defendant in the criminal process as a whole.” Now, regarding standing derived from the defense of diffuse interests or interests that concern the community as a whole, this Chamber has stated that:\n\n“ II.- On interests that concern the community as a whole and diffuse interests. In this case, the plaintiff argues that their standing comes from the defense of diffuse interests; additionally, they allude to the existence of collective and individual interests. As indicated above, the cases contained in the second paragraph of Article 75 of the Law of Constitutional Jurisdiction constitute exceptions to the rule contained in the first paragraph of Article 75, which must be carefully analyzed in each specific case. In this sense, it is appropriate to recall that the diffuse interest is characterized by an eminently subjective aspect, relating to its belonging, and another objective aspect, related to the incidence of the good in society, which distinguishes it from other legal situations. From a subjective point of view, the belonging or ownership of a diffuse interest is blurred in a non-individualized human group, which co-participates in the enjoyment of the legal good that is the object of the interest, but whose conformation does not result from an identifiable, encompassable set of subjects with relatively clear contours, as does occur in the collective interest. From an objective perspective, not every “blurred” interest acquires the legal category of “diffuse interest,” but only those imbued with profound social relevance, whose valuation results from the circumstances of each case. In this regard, case law has considered various rights that have such characteristics, such as the environment, cultural heritage, defense of the country's territorial integrity, and the sound management of public spending, among others. By way of example, the Chamber has stated that “environmental damage does not affect only the neighbors of a region or the consumers of a product, but injures or seriously endangers the natural heritage of the entire country and even Humanity; similarly, the defense of the sound management of public funds authorized in the Budget of the Republic is an interest of all the inhabitants of Costa Rica, not just of any group of them. On the other hand, the enumeration made by the Constitutional Chamber is nothing more than a simple description inherent in its obligation —as a jurisdictional body— to limit itself to hearing the cases submitted to it, without it being possible in any way to come to understand that only those rights that the Chamber has expressly recognized as such can be considered diffuse rights; the foregoing would imply an undesirable overturning of the scope of the Rule of Law, and of its correlative ‘State of rights’, which —as in the case of the Costa Rican model— starts from the premise that what must be express are the limits to freedoms, since they underlie the human condition itself and therefore do not require official recognition” (judgment number 2001-8239, of sixteen hours and seven minutes of August fourteenth, two thousand one). Judgment number 03705-93, of 3:00 p.m. on July 30, 1993, illustrates what has been understood as diffuse interests; as well as judgment 360-99 of 3:51 p.m. on January 20, 1999:\n\\\"It has been pointed out that it is a special type of interest, the manifestation of which is less concrete and individualizable than that of the collective interest just defined in the previous considering, but which cannot be so broad and generic that it is confused with the one recognized to all members of society to ensure constitutional legality, since the latter —as has been repeatedly stated— is excluded from the current system of constitutional review. It is, therefore, an interest distributed in each one of the administered, mediate if one wishes, and diluted, but no less ascertainable, for the defense, in this Chamber, of certain constitutional rights of singular relevance for the adequate and harmonious development of society. It is the special characteristics of these rights in themselves and not the particular situation regarding them of the subjects who may hold them, that is the key to distinguishing and determining the presence of the so-called diffuse interests as has been stated in different resolutions such as 03705-93 of fifteen hours of July thirtieth for the right to the environment, number 05753-93 of fourteen hours forty-five of November ninth of that same year for the defense of historical heritage, and number 00980-91 of thirteen thirty of May twenty-fourth of nineteen ninety-one for electoral matters.\\\"\nIn this sense, just as it has been said that this interest cannot be so broad and generic that it is confused with the right to ensure constitutional legality (which would imply the tacit establishment of a popular action not contemplated by the Law of Constitutional Jurisdiction), it also cannot be so concrete as to permit an individual claim, since in such a case, standing would derive from that claim. It is evident that in this case, we are not in the presence of diffuse interests, since their content does not refer to a legal good with sufficiently specific legal content, attributable to an entire community, but to a question of internal organization of a branch of the republic, the direct defense of which through an action of unconstitutionality would mean admitting a popular action, which the Law of Constitutional Jurisdiction does not permit, and this Court has repeatedly so affirmed.\nIII.- On corporate interests. As a second ground for standing, the plaintiff alleges the defense of collective interests, a situation contemplated in the second paragraph of Article 75 of the Law of Constitutional Jurisdiction. The rule provides: \"…[I]t will not be necessary to have the prior case pending resolution when by the nature of the matter there is no individual and direct injury, or it involves the defense of diffuse interests, or those that concern the community as a whole…\". In this regard, it is appropriate to note that the Chamber has specified that through the expression \\\"interests that concern the community as a whole\\\", the legislator intended to refer to the standing held by a corporate entity, when it acts through its representatives in defense of the rights and interests of the persons who make up its associative base and provided that it involves challenging rules or provisions that affect that core of rights or interests that constitutes the raison d'être and the unifying factor of the group. As of judgment 2006-9170 of sixteen hours thirty-six minutes of June twenty-eighth, two thousand six, this Court resumed a previous criterion, according to which corporate entities are authorized to directly request the declaration of unconstitutionality of a rule, when it directly affects the sphere of action of the entity and its members, without it being relevant whether the rule is susceptible to directly affecting the rights of the members. In this case, however, this thesis is not applicable, because the plaintiff does not appear in representation of an organization that by its nature or purposes, or whose associates, may be affected by the challenged Agreement. On the other hand, the plaintiff cannot simply arrogate to themselves the de facto representation of any person or professional organization.\nIV.- Finally, the plaintiff mentions the existence of an individual interest. However, in the face of the possibility of an individual injury (precisely for violation of that interest), the Law of Constitutional Jurisdiction requires the existence of a prior proceeding in which the unconstitutionality of what is challenged has been claimed, as a reasonable means of protecting the right that is considered injured in the main proceeding. This is in consideration, precisely, of the incidental nature of the action, as indicated above. However, the plaintiff does not demonstrate the injury, nor the prior proceeding in which they would be discussing the issue. Hence, the action would also not be admissible based on that assumption” (vote No. 2014-020446 of 09:30 a.m. on December 17, 2014).\n\nBased on the aforementioned considerations, in the judgment of this Chamber, the plaintiff lacks the direct standing they intend to assert in this action. In the first place, it is observed that the actor does not appear in representation of any formally organized and identified community, for which they hold legal representation, nor do they even refer to the collective interest they intend to defend, therefore they are unable to act in defense of corporate interests. On the other hand, they also lack standing to bring a direct action, based on the defense of a diffuse interest, since the challenged rule refers to the examination of the accused person within a criminal process, which is therefore a particular and individualizable interest, which cannot be considered as blurred, inasmuch as it does not affect the whole of society or all accused persons; on the contrary, it is so concrete that it can perfectly give rise to individual claims, which would grant standing to file an action based on a base proceeding. Consequently, as the petitioner does not have the direct standing they claim and given that they did not argue having incidental standing, the present action is inadmissible.\nIII.- IN CONCLUSION. As a corollary of the foregoing, it is appropriate to reject the action under study outright, as is hereby ordered.\nIV.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE FILE. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in the Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.\nTHEREFORE:\nThe action is rejected outright.\n\nFernando Castillo V.\nPresidente\n\nPaul Rueda L.\nNancy Hernández L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\nAlicia Salas T.\n\nDocumento Firmado Digitalmente\n-- Código verificador --\n*P67KP2V0RCG61*\nP67KP2V0RCG61\nEXPEDIENTE N° 20-020812-0007-CO\n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 09-05-2026 02:40:55.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
}