{ "id": "nexus-sen-1-0007-1006271", "citation": "Res. 22801-2020 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Municipalidad debe solucionar inundaciones y contaminación por aguas negras en Gravilias", "title_en": "Municipality must resolve flooding and sewage contamination in Gravilias", "summary_es": "La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo interpuesto por una vecina del distrito de Gravilias, Desamparados, contra la municipalidad local. La recurrente, persona adulta mayor y con discapacidad, denunció que desde hace años su vivienda y otras de la zona se inundan durante la época lluviosa, con ingreso de aguas negras, lodo y desechos fecales, debido a la insuficiencia del alcantarillado sanitario y el desbordamiento de la Quebrada Quilimate. La municipalidad acreditó haber realizado inversiones en infraestructura y diagnósticos desde 2007; sin embargo, la Sala constató que la afectación ambiental persistía y que las medidas adoptadas eran insuficientes para garantizar los derechos a la salud y a un ambiente sano. Destacó la obligación municipal de administrar los intereses locales y prevenir riesgos sanitarios. La mayoría ordenó al gobierno local solventar por completo la problemática en un plazo de doce meses, bajo apercibimiento de incurrir en desobediencia. Se condenó en costas, daños y perjuicios. Incluye nota separada de la magistrada Hernández López, quien aboga por una reducción de la competencia de la Sala en materia ambiental ordinaria, reservándola para casos con riesgo directo a la salud o al agua, posición no compartida por la mayoría en esta resolución.", "summary_en": "The Constitutional Chamber granted an amparo filed by a resident of Gravilias, Desamparados, against the municipality. The petitioner, an elderly and disabled person, had long complained that seasonal rains caused flooding in her home and neighboring houses with blackwater, mud, and fecal waste, due to an undersized sewer system and overflow of the Quilimate stream. The municipality demonstrated having undertaken infrastructure investments and studies since 2007, but the Chamber found that the environmental harm persisted and the measures were insufficient to protect health and a healthy environment. It emphasized the municipal duty to manage local interests and prevent health risks. The majority ordered the municipality to fully resolve the problem within twelve months, under warning of contempt. Costs and damages were imposed. A separate opinion by Justice Hernández López argues that the Chamber should ordinarily cede environmental cases to administrative courts, retaining only those with direct risks to health or water — a position the majority did not adopt here.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "27/11/2020", "year": "2020", "topic_ids": [ "art-50-constitution", "procedural-environmental" ], "primary_topic_id": "art-50-constitution", "es_concept_hints": [ "amparo ambiental", "artículo 50 Constitución Política", "aguas negras", "alcantarillado sanitario", "lesividad", "contaminación por inundaciones", "Quebrada Quilimate" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 50", "law": "Constitución Política" }, { "article": "Art. 21", "law": "Constitución Política" }, { "article": "Art. 169", "law": "Constitución Política" }, { "article": "Art. 44", "law": "Ley de la Jurisdicción Constitucional" }, { "article": "Art. 71", "law": "Ley de la Jurisdicción Constitucional" } ], "keywords_es": [ "amparo ambiental", "artículo 50", "derecho a la salud", "inundaciones", "aguas negras", "Municipalidad de Desamparados", "contaminación", "alcantarillado", "Quebrada Quilimate", "Gravilias" ], "keywords_en": [ "environmental amparo", "Article 50", "right to health", "flooding", "sewage", "Municipality of Desamparados", "contamination", "sewer system", "Quilimate stream", "Gravilias" ], "excerpt_es": "“En consecuencia, se tiene por acreditada la violación al derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como al derecho a la salud, contenidos en los artículos 21, y, 50, de la Constitución Política. Asimismo, de los elementos probatorios, no es posible encontrar justificación válida por parte del ente municipal en brindar una solución efectiva al problema planteado. Lo anterior por cuanto, en atención a lo dispuesto en el artículo 169, de la Constitución Política, a las municipalidades les corresponde la “administración de los intereses y servicios locales en cada cantón”, de manera que para este Tribunal resulta inaceptable que tengan conocimiento de los hechos denunciados por la recurrente, que además constituye un problema de salud pública que afecta esa zona, sin que haya buscado una solución definitiva a dicho problema.”", "excerpt_en": "“Consequently, a violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment, as well as the right to health, enshrined in articles 21 and 50 of the Political Constitution is found proven. Furthermore, from the evidence, no valid justification can be found on the part of the municipal entity to provide an effective solution to the problem raised. This is because, pursuant to article 169 of the Political Constitution, municipalities are responsible for the ‘administration of local interests and services in each canton,’ making it unacceptable for this Tribunal that they are aware of the facts denounced by the petitioner, which also constitute a public health problem affecting that area, without having sought a definitive solution to that problem.”", "outcome": { "label_en": "Granted", "label_es": "Con lugar", "summary_en": "The Municipality of Desamparados was ordered to definitively resolve, within twelve months, the flooding, blackwater, and contamination affecting the Gravilias community.", "summary_es": "Se ordenó a la Municipalidad de Desamparados solucionar definitivamente, en doce meses, la afectación por inundaciones con aguas negras y contaminación en la comunidad de Gravilias." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando VII", "quote_en": "Consequently, a violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment, as well as the right to health, enshrined in articles 21 and 50 of the Political Constitution, is found proven.", "quote_es": "En consecuencia, se tiene por acreditada la violación al derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como al derecho a la salud, contenidos en los artículos 21, y, 50, de la Constitución Política." }, { "context": "Considerando IV", "quote_en": "the constitutional mandate establishes the duty of the State to guarantee, defend and preserve that right.", "quote_es": "el mandato constitucional establece el deber para el Estado de garantizar, defender y preservar ese derecho." }, { "context": "Considerando VII", "quote_en": "municipalities are responsible for the ‘administration of local interests and services in each canton,’ making it unacceptable for this Tribunal that they are aware of the denounced facts… without having sought a definitive solution…", "quote_es": "a las municipalidades les corresponde la “administración de los intereses y servicios locales en cada cantón”, de manera que para este Tribunal resulta inaceptable que tengan conocimiento de los hechos denunciados… sin que haya buscado una solución definitiva…" }, { "context": "Nota de la Magistrada Hernández López", "quote_en": "The decision by this Tribunal to step aside in environmental matters should not be seen as an abandonment of environmental protection, but on the contrary, as its proper guardianship in the instance that best suits the nature of its complexity and diversity.", "quote_es": "la decisión de dar un paso al lado en la materia ambiental por parte de este Tribunal no debe ser vista como un abandono de la materia ambiental, sino al contrario, de su adecuada tutela en la instancia que mejor se aviene a la naturaleza de su complejidad y diversidad." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [ { "target_id": "nexus-sen-1-0007-1046976", "kind": "related_voto", "label": "" } ], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1006271", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [], "sentencias_relacionadas": [ "sen-1-0007-1046976" ], "temas_y_subtemas": [], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 22801 - 2020\n\nFecha de la Resolución: 27 de Noviembre del 2020 a las 10:05\n\nExpediente: 20-019249-0007-CO\n\nRedactado por: Luis Fdo. Salazar Alvarado\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nControl constitucional: Sentencia estimatoria\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\nSentencia con nota separada\n\nSentencias Relacionadas\n\nSentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente\n\n\n\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA\n\nTema: MUNICIPALIDAD\n\nSubtemas:\n\nINFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.\n\n022801-20. SE ORDENA A LA MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS, QUE, EN EL PLAZO DE DOCE MESES, SOLVENTE POR COMPLETO LA AFECTACIÓN POR INUNDACIONES QUE SE GENERAN EN LA COMUNIDAD DE GRAVILIAS DE DESAMPARADOS. \n\n\nLBH02/21\n\n... Ver más\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA\n\nTema: PRONTA RESOLUCIÓN\n\nSubtemas:\n\nMORA ADMINISTRATIVA..\n\n022801-20. SE ORDENA A LA MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS, QUE, EN EL PLAZO DE DOCE MESES, SOLVENTE POR COMPLETO LA AFECTACIÓN POR INUNDACIONES QUE SE GENERAN EN LA COMUNIDAD DE GRAVILIAS DE DESAMPARADOS. EXCEPCIÓN PARA CONOCER MORA ADMINISTRATIVA.\n\n \n\n“Antes de analizar el fondo del asunto, debe aclararse que, a partir de la Sentencia N° 2008-02545 de las 08:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contenciosa administrativa -con algunas excepciones- aquellos asuntos en los que se discute, si la administración ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o por leyes sectoriales para resolver por acto final un procedimiento administrativo -instruido de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite , se plantea un supuesto de excepción, pues se está frente a una denuncia por contaminación e inundaciones, que afectan la salud de las personas, cuyas situaciones, no han sido resueltas dentro de un plazo razonable. Atendiendo a los derechos fundamentales que se invocan, sobre todo, la salud, esta Sala valora las posibles dilaciones en la resolución de las denuncias de este tipo. Clarificado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.”\n\n \n\nLBH02/21\n\n... Ver más\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA\n\nTema: AMBIENTE\n\nSubtemas:\n\nAGUAS.\n\n022801-20. SE ORDENA A LA MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS, QUE, EN EL PLAZO DE DOCE MESES, SOLVENTE POR COMPLETO LA AFECTACIÓN POR INUNDACIONES QUE SE GENERAN EN LA COMUNIDAD DE GRAVILIAS DE DESAMPARADOS. \n\n\nLBH02/21\n\n... Ver más\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA\n\nTema: AMBIENTE\n\nSubtemas:\n\nCONTAMINACION.\n\n022801-20. SE ORDENA A LA MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS, QUE, EN EL PLAZO DE DOCE MESES, SOLVENTE POR COMPLETO LA AFECTACIÓN POR INUNDACIONES QUE SE GENERAN EN LA COMUNIDAD DE GRAVILIAS DE DESAMPARADOS. \n\n\nLBH02/21\n\n... Ver más\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA\n\nTema: PODER EJECUTIVO\n\nSubtemas:\n\nINFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.\n\n022801-20. SE ORDENA A LA MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS, QUE, EN EL PLAZO DE DOCE MESES, SOLVENTE POR COMPLETO LA AFECTACIÓN POR INUNDACIONES QUE SE GENERAN EN LA COMUNIDAD DE GRAVILIAS DE DESAMPARADOS. \n\n \n\n \n\nLBH02/21\n\n... Ver más\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA\n\nTema: 021- Vida humana\n\nSubtemas:\n\nNO APLICA.\n\n022801-20. SE ORDENA A LA MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS, QUE, EN EL PLAZO DE DOCE MESES, SOLVENTE POR COMPLETO LA AFECTACIÓN POR INUNDACIONES QUE SE GENERAN EN LA COMUNIDAD DE GRAVILIAS DE DESAMPARADOS. \n\n \n\n“Sobre el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. El artículo 50, de la Constitución Política, establece como fundamental el derecho de toda persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. De previo a la modificación de este artículo 50 para considerar de manera expresa lo relativo al ambiente, ya la Sala, a través de su labor jurisprudencial, había derivado este derecho a partir de las disposiciones constitucionales de los artículos 21 -derecho a la vida y a la salud-, 69 -explotación racional de la tierra- y 89 -protección de las bellezas naturales-. La Sala ha optado por una consideración abierta o macro del concepto ambiente y de la protección que se brinda al mismo, trascendiendo de la protección básica o primaria del suelo, el aire, el agua, los recursos marinos y costeros, minerales, bosques, diversidad de flora y fauna, y paisaje, para considerar también elementos referentes a la economía, a la generación de divisas a través del turismo, la explotación agrícola y otros. A partir de la reforma del artículo 50 Constitucional, en la cual se consagró expresamente el derecho ambiental como un derecho fundamental, se estableció también -en forma terminante- la obligación del Estado de garantizar, defender y tutelar este derecho, con lo cual, el Estado se constituye en el garante en la protección y tutela del medio ambiente y los recursos naturales. Es a tenor de esta disposición, en relación con los artículos 20, 69 y 89, de la Constitución Política, que se derivó la responsabilidad del Estado de ejercer una función tutelar y rectora en esta materia, según lo dispone la propia norma constitucional en comentario, función que desarrolla la legislación ambiental. Es así como el mandato constitucional establece el deber para el Estado de garantizar, defender y preservar ese derecho.”\n\n \n\nLBH02/21\n\n... Ver más\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA\n\nTema: 050- Ambiente\n\nSubtemas:\n\nNO APLICA.\n\n022801-20. SE ORDENA A LA MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS, QUE, EN EL PLAZO DE DOCE MESES, SOLVENTE POR COMPLETO LA AFECTACIÓN POR INUNDACIONES QUE SE GENERAN EN LA COMUNIDAD DE GRAVILIAS DE DESAMPARADOS. \n\n \n\n“Sobre el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. El artículo 50, de la Constitución Política, establece como fundamental el derecho de toda persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. De previo a la modificación de este artículo 50 para considerar de manera expresa lo relativo al ambiente, ya la Sala, a través de su labor jurisprudencial, había derivado este derecho a partir de las disposiciones constitucionales de los artículos 21 -derecho a la vida y a la salud-, 69 -explotación racional de la tierra- y 89 -protección de las bellezas naturales-. La Sala ha optado por una consideración abierta o macro del concepto ambiente y de la protección que se brinda al mismo, trascendiendo de la protección básica o primaria del suelo, el aire, el agua, los recursos marinos y costeros, minerales, bosques, diversidad de flora y fauna, y paisaje, para considerar también elementos referentes a la economía, a la generación de divisas a través del turismo, la explotación agrícola y otros. A partir de la reforma del artículo 50 Constitucional, en la cual se consagró expresamente el derecho ambiental como un derecho fundamental, se estableció también -en forma terminante- la obligación del Estado de garantizar, defender y tutelar este derecho, con lo cual, el Estado se constituye en el garante en la protección y tutela del medio ambiente y los recursos naturales. Es a tenor de esta disposición, en relación con los artículos 20, 69 y 89, de la Constitución Política, que se derivó la responsabilidad del Estado de ejercer una función tutelar y rectora en esta materia, según lo dispone la propia norma constitucional en comentario, función que desarrolla la legislación ambiental. Es así como el mandato constitucional establece el deber para el Estado de garantizar, defender y preservar ese derecho.”\n\n \n\nLBH02/21\n\n... Ver más\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA\n\nTema: 069- Explotación racional de la tierra\n\nSubtemas:\n\nNO APLICA.\n\n022801-20. SE ORDENA A LA MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS, QUE, EN EL PLAZO DE DOCE MESES, SOLVENTE POR COMPLETO LA AFECTACIÓN POR INUNDACIONES QUE SE GENERAN EN LA COMUNIDAD DE GRAVILIAS DE DESAMPARADOS. \n\n \n\n“Sobre el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. El artículo 50, de la Constitución Política, establece como fundamental el derecho de toda persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. De previo a la modificación de este artículo 50 para considerar de manera expresa lo relativo al ambiente, ya la Sala, a través de su labor jurisprudencial, había derivado este derecho a partir de las disposiciones constitucionales de los artículos 21 -derecho a la vida y a la salud-, 69 -explotación racional de la tierra- y 89 -protección de las bellezas naturales-. La Sala ha optado por una consideración abierta o macro del concepto ambiente y de la protección que se brinda al mismo, trascendiendo de la protección básica o primaria del suelo, el aire, el agua, los recursos marinos y costeros, minerales, bosques, diversidad de flora y fauna, y paisaje, para considerar también elementos referentes a la economía, a la generación de divisas a través del turismo, la explotación agrícola y otros. A partir de la reforma del artículo 50 Constitucional, en la cual se consagró expresamente el derecho ambiental como un derecho fundamental, se estableció también -en forma terminante- la obligación del Estado de garantizar, defender y tutelar este derecho, con lo cual, el Estado se constituye en el garante en la protección y tutela del medio ambiente y los recursos naturales. Es a tenor de esta disposición, en relación con los artículos 20, 69 y 89, de la Constitución Política, que se derivó la responsabilidad del Estado de ejercer una función tutelar y rectora en esta materia, según lo dispone la propia norma constitucional en comentario, función que desarrolla la legislación ambiental. Es así como el mandato constitucional establece el deber para el Estado de garantizar, defender y preservar ese derecho.”\n\n \n\nLBH02/21\n\n... Ver más\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA\n\nTema: 089- Protección de bellezas naturales y patrimonio histórico y artístico\n\nSubtemas:\n\nNO APLICA.\n\n022801-20. SE ORDENA A LA MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS, QUE, EN EL PLAZO DE DOCE MESES, SOLVENTE POR COMPLETO LA AFECTACIÓN POR INUNDACIONES QUE SE GENERAN EN LA COMUNIDAD DE GRAVILIAS DE DESAMPARADOS. \n\n \n\n“Sobre el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. El artículo 50, de la Constitución Política, establece como fundamental el derecho de toda persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. De previo a la modificación de este artículo 50 para considerar de manera expresa lo relativo al ambiente, ya la Sala, a través de su labor jurisprudencial, había derivado este derecho a partir de las disposiciones constitucionales de los artículos 21 -derecho a la vida y a la salud-, 69 -explotación racional de la tierra- y 89 -protección de las bellezas naturales-. La Sala ha optado por una consideración abierta o macro del concepto ambiente y de la protección que se brinda al mismo, trascendiendo de la protección básica o primaria del suelo, el aire, el agua, los recursos marinos y costeros, minerales, bosques, diversidad de flora y fauna, y paisaje, para considerar también elementos referentes a la economía, a la generación de divisas a través del turismo, la explotación agrícola y otros. A partir de la reforma del artículo 50 Constitucional, en la cual se consagró expresamente el derecho ambiental como un derecho fundamental, se estableció también -en forma terminante- la obligación del Estado de garantizar, defender y tutelar este derecho, con lo cual, el Estado se constituye en el garante en la protección y tutela del medio ambiente y los recursos naturales. Es a tenor de esta disposición, en relación con los artículos 20, 69 y 89, de la Constitución Política, que se derivó la responsabilidad del Estado de ejercer una función tutelar y rectora en esta materia, según lo dispone la propia norma constitucional en comentario, función que desarrolla la legislación ambiental. Es así como el mandato constitucional establece el deber para el Estado de garantizar, defender y preservar ese derecho.”\n\n \n\nLBH02/21\n\n... Ver más\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Nota separada\n\nRama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA\n\nTema: 050- Ambiente\n\nSubtemas:\n\nNO APLICA.\n\nNOTA DE LA MAGISTRADA HERNÁNDEZ LÓPEZ RESPECTO DEL RECLAMO POR INFRACCIÓN DEL ARTÍCULO 50 DE LA CONSTITUCI ÓN POLÍTICA.\n1. El contexto histórico que motivó en su momento la amplia intervención de la Sala en materia ambiental, ha tenido una considerable variación que impone a este órgano reconsiderar las condiciones para su participación en el aseguramiento del derecho de las personas a un ambiente sano y equilibrado, tal y como ha sido tutelado en el artículo 50 de la Constituci ón Política. En efecto, la situación actual –caracterizada por una amplísima producción legal y reglamentaria que incluye reglas de fondo, procedimientos y creación de órganos para el cumplimiento de lo ordenado en la Carta Fundamental- es radicalmente diferente de la anterior, en la cual la ausencia de normativa y de instancias estatales con competencia apropiada, le impuso a la Sala un papel de protagonista, casi único, en la defensa del precitado derecho constitucional.\n2. Hoy en día, nos encontramos frente a un “denso entramado” de normativa ambiental, lo cual ha producido dos fenómenos relevantes: el primero y más obvio, es el surgimiento de una abarcadora regulación jurídica respecto de actividades cuya incidencia en el ambiente estaba poco o nada ordenada, así la creación de órganos estatales con potestades de vigilancia y control sobre los efectos de la actividad humana en el entorno. El segundo fenómeno consiste en que esa creciente juridificación – predominantemente legislativa y reglamentaria– trae aparejada una ineludible entrada en escena tanto de la justicia administrativa como de la jurisdicción ordinaria -prioritariamente la contencioso administrativa, pero también la penal. En ellas, acorde con la importancia del derecho ambiental, se han regulado de forma amplia vías procesales y medios de legitimación incluyentes, de manera que los administrados puedan hacer valer lo establecido en ese amplio orden jurídico que se relaciona con el tema ambiental.\n3. En ese contexto, no resulta apropiado jurídicamente, ni desde el punto de vista funcional, que la Sala Constitucional desplace, o -peor aún- sustituya, a los órganos de justicia ordinarios en la realización de su tarea, también de rango constitucional, de velar por el efectivo cumplimiento de leyes y reglamentos. Es impropio jurídicamente porque en la inmensa mayoría de estos casos lo que se solicita es que interprete y haga valer normas legales y reglamentarias con lo que arriesga traslapar sus competencias con las de otros órganos jurisdiccionales que –ellos sí- han sido creados para ejecutar tales tareas; y resulta también funcionalmente incorrecto, porque el diseño de sus procesos se aviene mal con la complejidad que está presente en numerosos conflictos ambientales que se componen de series de hechos y actos técnica y jurídicamente complejos. Sobre ambas cuestiones existen conocidos ejemplos en los que la Sala ha arrojado una resolución a medias o técnicamente incompleta, o bien se han generado fricciones innecesarias y afectación de la seguridad jurídica.\n4. Como parte de los aspectos técnicos que he valorado, añado que está el hecho de que esta jurisdicción no cuenta con jueces ejecutores de sentencia que permitan darle seguimiento adecuado a las mismas -generalmente complejas-, que implican en ocasiones el seguimiento de planes remediales, entre otros, con coordinación interinstitucional y seguimiento de meses y hasta años.\n5. Desde esa perspectiva, la decisión de dar un paso al lado en la materia ambiental por parte de este Tribunal no debe ser vista como un abandono de la materia ambiental, sino al contrario, de su adecuada tutela en la instancia que mejor se aviene a la naturaleza de su complejidad y diversidad. Asimismo tampoco debe ser visto como la declinación de esta instancia en su tarea de protección de los derechos constitucionales que le imponen la Constitución Política y su Ley Orgánica, que desde mi punto de vista, queda reservada en esta materia para casos específicos. Se trata más bien, de un ejercicio de reacomodo de las cargas y tareas que corresponden a los distintos órganos estatales, de manera que cada uno de ellos, pueda desplegar plenamente su labor dentro del ámbito que se le ha asignado, así como del ejercicio de fijar su propia competencia, según lo establece el artículo 7 de su Ley Orgánica.\n6. Queda claro que la Sala no se plantea abandonar a otras jurisdicciones la labor de protección de los derechos de las personas en materia ambiental. Es conocido que si bien todo reclamo por infracción de normas legales y reglamentarias puede ser reconducido hasta el ámbito constitucional, existen casos cuya resolución no exige más que la aplicación del derecho de la Constitución. Se trata entonces de lograr que la Sala se convierta en protagonista junto con otros, de manera que –entre todos y cada uno en su espacio- se pueda cubrir toda la variedad de situaciones que presenta una protección del derecho a un medio ambiente sano y equilibrado dentro de una sociedad en la que también existen otras necesidades igual de acuciantes. Con esta posición creo firmemente que el ciudadano no pierde un ápice de protección pero se gana sustancialmente en amplitud, en perspectiva y en respeto al equilibrio y distribución de poderes, principio este último de obligada consideración, puesto que rige la dinámica constitucional de cualquier sistema liberal y democrático como el nuestro.-\n7. En línea con lo anterior, sostengo que esta Sala debe abstenerse de conocer los reclamos que se le presenten por supuesta infracción al artículo 50 de la Constitución Política para dejar en manos de la justicia administrativa y la jurisdicción contenciosa administrativa su conocimiento. Lo anterior se deja afirmado con carácter general, sin perjuicio de reconocer la existencia de casos particulares o grupos de casos que, según mi criterio, si resultarían aún mejor tutelados por esta Sala y por tanto deben ser conocidos y resueltos por ella.- Dentro de tales grupos de casos, y sin que esta enunciación pueda considerarse como una lista cerrada y definitiva, puedo señalar que la Sala debe reservarse el conocimiento de situaciones como por ejemplo los reclamos por infracciones ambientales que además pongan en riesgo directo la salud de las personas, o el acceso o calidad del agua; los casos de violaciones groseras y directas al ambiente y en los cuales se constate una palmaria ausencia de la protección por parte de las autoridades estatales, siempre y cuando además la naturaleza del reclamo permita ser abordado mediante el instrumento del amparo como instituto procesal sumario y especial, ya que estimo que tampoco se debe “ordinariar” el amparo para abordar, aún en estos casos citados, temas que rebasen la capacidad de ser atendidos adecuadamente en el mismo.\n8. En el caso concreto, de conformidad con los hechos probados, el reclamo de la parte recurrente, podría eventualmente incidir en su salud y la de la su familia. En consecuencia, es claro que estamos ante las excepciones que mencionan y por esa razón he considerado necesario que la Sala ejerciera su competencia, para comprobar o descartar si las omisiones señaladas, vulneran los derechos fundamentales de las personas amparadas.\n\n\n\n\nLBH02/21\n\n... Ver más\nTexto de la resolución\n\n*200192490007CO*\n\nExp: 20-019249-0007-CO\n\nRes. Nº 2020022801\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas cinco minutos del veintisiete de noviembre de dos mil veinte .\n\n              Recurso de amparo que se tramita en expediente N° 20-019249-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001] , en contra de la MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS.\n\nRESULTANDO:\n\n              1.- Por escrito recibido en esta Sala a las 12:37 horas del 20 de octubre de 2020, la recurrente interpone recurso de amparo en contra de la MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS, y manifiesta lo siguiente:  que es vecina de Desamparados, propiamente doscientos metros al sur y cien metros al este de Correos de Costa Rica. Indica, que desde hace varios años tiene un problema durante la época del invierno, debido a que en el sector en el que se encuentra su casa de habitación se inunda, al igual otras viviendas y el parque frente a su propiedad. Señala, que con las lluvias la quebrada cercana se desborda, discurre hacia la calle y tiendas cercanas, debido que el alcantarillado sanitario resulta insuficiente para la cantidad de agua que pasa por la zona. Menciona, que por tal situación las aguas negras y las provenientes de la Quebrada Quilimate, además de lodo y otros desechos ingresan en su casa de habitación y en otras viviendas, provocando daños en las propiedades, al infiltrarse en los terrenos. Comenta, que debido a las inundaciones las alfombras, muebles y otros artículos en su propiedad se da ñan, y el material fecal queda impregnado en los muros, carretera y aceras. Detalla, que en total en el lugar se ven afectadas ocho casas de habitación, entre las cuales, se ubica la de la recurrente. Agrega, que la zona de \"El Parque de los Adultos Mayores\" se ha deteriorado y se encuentra contaminado por los desechos de papel higiénico sucio, excremento y aguas negras acumuladas, situación que pone en riesgo la salubridad pública. Refiere, que para tratar de evitar que el agua ingrese en su propiedad realizó un trabajo en la cochera, sellando la casa por fuera e inhabilitando el garaje en su casa de habitación, además construyó una grada para poder ingresar a su vivienda. Explica, que a pesar de lo anterior, el agua continúa ingresando a su casa de habitación, pero en una menor cantidad. Menciona, que es una persona adulta de sesenta y tres años, con discapacidad, sobreviviente de cáncer en la ingle y tiene varios problemas en sus piernas que le dificultan movilizarse, por lo que, debe utilizar un bastón, así como recibe tratamiento en la Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos. Acota, que en dicho inmueble también reside el señor Alejandro Soto Conejo, persona adulta mayor de noventa y dos años. Añade, que el 11 de mayo de 2020 presentó ante la Municipalidad de Desamparados una denuncia por los problemas en su casa de habitación y la contaminación ambiental, como consecuencia de las inundaciones, en cuya denuncia también se argumentó, los problemas que puede provocar las aguas negras ante la proliferación de plagas como el mosquito trasmisor del dengue. Acota, que las autoridades de la municipalidad recurrida no han dado el mantenimiento adecuado al alcantarillado sanitario, ni han realizado las reparaciones necesarias para solucionar los problemas expuestos. Manifiesta que durante las inundaciones el agua puede llegar a alcanzar una altura de un metro dentro de su casa de habitación. Refiere, que la Contraloría de Servicios de la Municipalidad de Desamparados, trasladó sus denuncias a los ingenieros Pablo Masís y Pablo Brenes para su atención. Comenta, que es de pleno conocimiento de las autoridades recurridas los problemas provenientes de las denuncias formuladas por la recurrente, y a pesar de esto, no han tomado las acciones necesarias para dar una solución a tales problemas. Considera que los hechos expuestos lesionan sus derechos fundamentales, y en virtud de lo expuesto, solicita se declare con lugar el presente recurso de amparo con las consecuencias legales que implique.\n\n               2.- Por resolución de Presidencia de las 17:02 horas del 23 de octubre de 2020, se le dio curso al presente amparo.\n\n               3.- Informan bajo juramento Gilberth Jiménez Siles, en su condición de Alcalde Municipal,  Álvaro Antonio Fallas Segura, en su condición de Regidor y Presidente del Concejo Municipal, y Pablo Brenes Azofeifa, en su condición de Coordinador del Proceso de Fiscalización Urbana y Rural, todos funcionarios de la Municipalidad de Desamparados, informan bajo juramento lo siguiente: primeramente, que con el propósito de manifestar lo debido respecto a los alegatos de la parte recurrente, el municipio recurrido le solicitó informe de aclaración a Jesús Chinchilla, Ingeniero del Proceso de Infraestructura Vial y Obras Públicas, por lo que, proporcionó el oficio DT- IV- 854- 2020, en el cual se expone: “(…) 1. Antecedentes 1.1. El caso que hace referencia la señora Mora, se enmarca dentro del funcionamiento y operación de los sistemas de alcantarillado pluvial del sector Gravilias, entre ellos, el sistema de la Urb. La Fortuna, el cual, junto con otros desarrollos, componen una red general que se prolonga desde El sector La Cartonera y Cementerio La Piedad, zona donde empieza la recarga pluvial, hasta la descarga final en el río Damas, en el sector de la Plaza. 1.2. Como parte del crecimiento urbano iniciado a partir de los años 60 del siglo pasado, a lo largo del recorrido de esa arteria pluvial, se desarrollaron a lo largo del tiempo, proyectos urbanísticos de diferentes escalas, desde casas individuales, pasando por lotificaciones en servidumbre o calle pública, hasta urbanizaciones. 1.3. El más importante de estos proyectos, fue la Urb. Gravilias, la cual fue desarrollada por el INVU en los años 60 y que de manera adyacente, se fueron sumando otros proyectos, entre ellos, la Urb. La Fortuna. 1.4. Todos estos desarrollos descargaron sus aguas pluviales hasta esta acequia la cual, desde tiempo remotos corría de manera abierta pero que con el paso del tiempo, se fue entubando, a medida que el casco metropolitano de Desamparados se expandía. 1.5. El uso de esta acequia como colector pluvial no se regía bajo la normativa de un Plan Regulador, de esta forma, los desarrollos urbanísticos que hicieron uso de ella, construyeron sus colectores pluviales con la capacidad requerida únicamente para su proyecto, contemplando de manera parcial o nula, los aportes de caudal de los sectores aguas arriba o las capacidades de los conductos aguas abajo. 1.6. En ese sentido, se pudo haber generado una desarticulación en el uso de esta acequia por parte de los urbanizadores que hicieron uso de ella como cuerpo receptor para la descarga de las aguas pluviales generadas al no considerar este cuerpo de agua como un sistema de cuenca a lo largo de toda su extensión que define su área de drenaje. 1.7. Dentro de un contexto de crecimiento urbano, incidió significativamente para que durante décadas, el sector de Gravilias se caracterizara por sus constantes eventos de desbordamiento de aguas pluviales, problemas que se acentuaron partir de los años 80 y que desde el año 2007 se ha venido corrigiendo estas afectaciones, según prueba que se adjunta en anexo 1 y 2. 1.8. Todo esto dentro de un contexto incipiente en el país, que empezaba a enfrentar el reto del crecimiento urbano provocado por un crecimiento exponencial de la población sin contar con las herramientas de planificación urbana que se disponen hoy en día, tales como mapas, sistemas de información geográfica y sobre todo, una Plan Regulador como el que dispone en la actualidad la Municipalidad de Desamparados. 2. Gestiones de diagnóstico, diseño y ejecución de proyectos e intervenciones 2.1. Es a partir del año 2007, en que la Municipalidad de Desamparados empezó a analizar con mayor profundidad, las causas de los eventos de desbordamiento y anegamiento que habían caracterizado al distrito de Gravilias. Es a partir de estas investigaciones, que se obtienen los primeros diagnósticos del problema, los cuales ya se han descrito en los apartados previos de este informe y que corresponden a la microcuenca denominada Fortuna, ubicada en el sector oeste de Gravilias. Se ha empleado esta denominación para diferenciar el sector este de Gravilias el cual es drenado por la Quebrada Chilamate. 2.2. Una vez realizado el diagnóstico en la microcuenca La Fortuna, la cual abarca el sector reportado por la señora Mora objeto de este recurso de amparo, se han promovido diversas intervenciones, desde labores de limpieza y reconstrucción o ampliación de componentes pluviales existentes, hasta proyectos nuevos de construcción de nuevas redes. En la Fig. 1 de este informe, se presenta el recorrido del colector La Fortuna. Mediante una línea roja, se muestra el recorrido del colector principal del sector La Fortuna. Los sectores ubicados al Este y Oeste de esta calle, descargan sus aguas a este colector, el cual, en tiempos remotos era una acequia o cuerpo de agua menor. 3. Consideraciones Finales 3.1. Como se puede observar a lo largo de este informe, se ha logrado eliminar las deficiencias que se han presentado en los sistemas de evacuación pluvial de Gravilias, propiamente en la subcuenca o microcuenca de La Fortuna, y actualmente se dispone con el respaldo técnico y normativo, por medio del Plan Regulador con el que cuenta la Municipalidad de Desamparados. 3.2. Este gobierno local mediante sus equipos técnicos, han determinado que los desarrollos urbanísticos ubicados en sectores aguas arriba, pudieron haber ocasionado afectaciones en los sectores aguas abajo. Situación que en los años 70 y 80, periodo cuando se desarrolló la urbanización la Fortuna, donde reside la señora recurrente, no existía una regulación normativa urbanística, especialmente como el instrumento del Plan de Ordenamiento Territorial con el que cuenta actualmente la Municipalidad de Desamparados, el cual impide actualmente, que se generen desarrollos urbanísticos que vayan a provocar afectaciones aguas abajo e incluso, si un proyecto desfoga directamente a un río o quebrada sin tener que pasar por un colector urbano, bajo las regulaciones municipales actuales, el desarrollador debe construir un volumen de retención y amortiguamiento de los caudales pluviales. 3.3. Ante las antiguas circunstancias y afectaciones, la Municipalidad de Desamparados empezó a realizar diagnósticos que sirvieron de insumo para la generación de diseños que permitieron a su vez, la formulación de proyectos. A partir de estas herramientas, se prosiguió con la consecución del financiamiento para los proyectos e intervenciones diseñadas, cuyas fuentes han sido diversas, desde presupuestos municipales propiamente, Partidas de Hacienda, Partidas de Distrito e incluso la formulación de proyectos ante la Dirección Nacional de Desarrollo Comunal (Dinadeco). 3.4. Una vez obtenido el financiamiento para cada proyecto, lo cual implicó una gestión que conlleva un largo procedimiento técnico – administrativo para lograr obtener esos recursos, se prosiguió con la ejecución de los proyectos, tal y como se informa en el Anexo 1 y Anexo 2. 3.5. Como se puede observar, la Municipalidad de Desamparados ha sido cumplida en la ejecución de sus competencias y ha desarrollado desde el año 2007, diversos estudios, diseños y ejecución de proyectos, con el fin de resolver las deficiencias que se presentaban en los sistemas pluviales del sector La Fortuna. 3.6. A pesar de estas intervenciones y proyectos, aún quedan puntos aislados en los que se manifiestan deficiencias de capacidad hidr áulica, por lo cual, la Municipalidad de Desamparados continúa desde el año 2007, realizando mejoras y ampliaciones en esta zona. 3.7. Esta administración deja constancia que las incidencias de inundaciones que presenta el cantón de Desamparados han sido de menor magnitud y menos frecuentes, gracias a los proyectos municipales de infraestructural pluvial que se han realizado desde hace varios años. 3.8. Es importante indicar, que estos proyectos ejecutados, implicaron realizar labores de diagnóstico, diseño y presupuesto, así como las gestiones para la provisión de recursos financieros para la ejecución de las obras identificadas en las etapas de diagnóstico y diseño, para finalmente proseguir con la ejecución de las obras. 3.9. La gesti ón administrativa y técnica que se ha realizado desde el año 2007 para proveer las tuber ías idóneas y proporcionar seguridad en la nueva infraestructura del sistema pluvial, se debe cumplir con todo el procedimiento financiero que implica esta clase de obras civiles, como presupuestar los recursos financieros y toda la logística administrativa que se debe respetar en materia municipal y todo lo que implica contemplar una ejecución de obra de esta índole a mediano plazo, pero esto no significa que sea ineficiencia, despreocupación o incumplimiento de la administración municipal. 4. Conclusiones 4.1. Tal y como se puede observar y con base en el inventario de obras e intervenciones realizadas en el sector de la Fortuna a lo largo de los últimos 12 años, la Municipalidad de Desamparados ha realizado importantes esfuerzos, con el fin de corregir deficiencias acumuladas en los últimos 60 años. 4.2. En ese sentido, se puede observar que la Municipalidad de Desamparados no ha mostrado inacción ni indiferencia en los problemas que ha mencionado la señora Mora en su recurso de amparo. Por el contrario, la Municipalidad de Desamparados ha venido trabajando en los últimos años en esta zona, así como en el resto del cant ón, con el fin de resolver los problemas de inundaciones. 4.3. Esta Administración está realizando los últimos esfuerzos de diagnóstico, diseño, presupuesto, gestión financiera y ejecución para resolver y continuar ejecutando obras en la mejora del sistema de drenaje pluvial, para el bienestar de todos los vecinos de Desamparados. 4.4. Se plasma entonces, que la Municipalidad de Desamparados no ha sido indiferente a los problemas que expone la señora Mora. Por el contrario, la evidencia de las intervenciones y proyectos realizados en la zona de la Fortuna, tal y como consta en el Anexo 1 y Anexo 2 de este oficio, han incidido de manera positiva en el sector donde se ubica la vivienda de la señora Mora, ciertamente en este punto, la severidad y frecuencia de los eventos de inundación han disminuido significativamente. 4.5. Finalmente, es importante indicar a la Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Desamparados que es necesario indicarle a la Sala Constitucional los esfuerzos realizados en la zona de la Fortuna, los cuales han incidido de manera positiva en los habitantes de esta microcuenca, incluyendo a la señora Mora. 4.6. Que ante la evidencia de tales esfuerzos no procede una condena a la Municipalidad de Desamparados por inacción o indiferencia en la búsqueda y ejecución de soluciones a los problemas de inundaciones en la zona de La Fortuna. 4.7. Que la Municipalidad de Desamparados tiene claro conocimiento de la situación y afectación que ocasiona las inundaciones, pero como se expuso en líneas atrás, este problema del sistema pluvial, se ha venido corrigiendo y logrando con éxito, la solución de estas afectaciones a todos los vecinos que residen en los alrededores del sector La Fortuna, donde ha sido un proceso operativo de más de 12 años que ha ido abarcando varios sectores, lo cual, aún, este proceso no concluye, ya que es parte del giro habitual de la competencia municipal. 4.8. No obstante, este proceso de proyecto de obra civil se ha venido ejecutando para dar una solución efectiva al problema denunciado por la recurrente. La Municipalidad de Desamparados desde hace varios años, como ya se indicó, siendo que la construcci ón del sistema pluvial ha sido una iniciativa de la gestión municipal en procura de brindar solución a las inundaciones y ofrecer seguridad y bienestar a los vecinos de esta localidad, apegándose a los plazos que esta resolución de la problemática expuesta ha conllevado. 4.9. Es importante reconocer los esfuerzos que la Municipalidad de Desamparados ha realizado hasta la fecha, al velar por la seguridad y bienestar de sus habitantes, aspectos que a criterio de la Municipalidad y con base en las obras e intervenciones realizadas, sí se ha llevado a cabo la solución a la problemática. 4.10. Este servidor, ha dejado plasmado en informes de labores, los avances y obras realizadas por el Proceso de Infraestructura Vial, en cuanto a la solución de la problemática del sistema pluvial de la zona La Fortuna y Gravilias, por lo que adjunto y dejo constancia de la veracidad de lo indicado en la recopilación de Proyectos e intervenciones realizadas en la microcuenca La Fortuna, Gravilias. (…)”\n\n              Tal y como se puntualiza en lo transcrito del informe DT- IV- 854- 2020, proporcionado por Jesús Chinchilla, Ingeniero del Proceso de Infraestructura Vial y Obras Públicas, a la Administración Municipal, le ha surgido la necesidad de ejecutar labores de infraestructura del sistema pluvial, en varias zonas del cantón, dentro de las cuales se encuentra la zona en la que habita la amparada, esto, por cuanto el cantón de Desamparados, ha sido uno de los más afectados por fenómenos hidrometereológicos, los cuales, han provocado desbordamientos en varios ríos y consecuentemente, se generan fuertes inundaciones repentinas, a raíz de la superación de la capacidad de colectores pluviales antiguos existentes. La microcuenca que ha sido objeto de intervenciones por la Municipalidad, tiene una superficie de 0,60 km2 (sesenta hectáreas), siendo este extenso tramo, lo que ha acaecido, para que el municipio recurrido se mantenga corrigiendo e invirtiendo recursos económicos. Asimismo, como lo recalca también la recurrente de la presente causa: “(…) es cierto que la Municipalidad ha realizado muchos trabajos costosos. Pero el dinero ha sido perdido porque entiendo según me han explicado expertos conocedores que el problema es de alcantarillado… (…)”, se deja prueba que la misma amparada reconoce toda la gestión en obras de infraestructura que ha realizado esta Municipalidad. Por lo expuesto con anterioridad, al haber demostrado que el municipio recurrido ha gestionado todo lo posible, para solventar el problema ambiental que acusa la tutelada, solicitan se declare sin lugar el presente recurso de amparo. \n\n               4.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.\n\n               Redacta el Magistrado Salazar Alvarado; y,\n\nCONSIDERANDO:\nI.- ACLARACIÓN PREVIA.  Antes de analizar el fondo del asunto, debe aclararse que, a partir de la Sentencia N° 2008-02545 de las 08:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contenciosa administrativa -con algunas excepciones- aquellos asuntos en los que se discute, si la administración ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o por leyes sectoriales para resolver por acto final un procedimiento administrativo -instruido de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite , se plantea un supuesto de excepción, pues se está frente a una denuncia por contaminación e inundaciones, que afectan la salud de las personas, cuyas situaciones, no han sido resueltas dentro de un plazo razonable. Atendiendo a los derechos fundamentales que se invocan, sobre todo, la salud, esta Sala valora las posibles dilaciones en la resolución de las denuncias de este tipo. Clarificado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.\nII.- OBJETO DEL RECURSO.  La parte recurrente manifiesta, que es vecina de Desamparados, y que desde hace varios años, la época lluviosa afecta su vivienda, debido a que en el sector en el que se encuentra su casa de habitación se inunda, al igual otras residencias; y el parque que se ubica frente a su propiedad. Señala, que con las lluvias, la quebrada cercana se desborda, discurre hacia la calle y tiendas cercanas, puesto que, el alcantarillado sanitario resulta insuficiente para la cantidad de agua que pasa por la zona. Menciona, que por tal situación las aguas negras y las provenientes de la Quebrada Quilimate, además de lodo y otros desechos, ingresan en su casa de habitación, y las alfombras, muebles y otros artículos en su propiedad se dañan. Añade, que el material fecal proveniente de dichas inundaciones, queda impregnado en los muros, carretera y aceras. Arguye, que la situación descrita pone en riesgo su salud, y por ende, solicita la intervención de esta Sala, en defensa de sus derechos fundamentales.\nIII.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la resolución del presente recurso, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos de relevancia:\na)A partir del año 2007, la Municipalidad de Desamparados empezó a analizar con mayor profundidad, las causas de los eventos de desbordamiento y anegamiento que han caracterizado al distrito de Gravilias. Fue a partir de dichas investigaciones, que se obtienen los primeros diagnósticos del problema, los cuales corresponden a la microcuenca denominada Fortuna, ubicada en el sector oeste de Gravilias (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada);\nb)Ante la problemática ambiental expuesta, la Municipalidad de Desamparados comenzó a realizar diagnósticos que sirvieron de insumo para la generación de diseños que permitieron a su vez, la formulación de proyectos. A partir de dichas herramientas, se prosiguió con la consecución del financiamiento para los proyectos e intervenciones diseñadas, cuyas fuentes han sido diversas, desde presupuestos municipales propiamente, Partidas de Hacienda, Partidas de Distrito e incluso la formulación de proyectos ante la Dirección Nacional de Desarrollo Comunal (Dinadeco) (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada);\nc)A raíz de la aprobación de dicho financiamiento, la Municipalidad de Desamparados ha procedido con la ejecución de una serie de proyectos, desde labores de limpieza y reconstrucción o ampliación de componentes pluviales existentes, hasta proyectos nuevos de construcción de nuevas redes, enfocados en solventar la problemática ambiental provocada por las lluvias, en el sector de Gravilias (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada);\nd)La Municipalidad de Desamparados, cuenta con un Plan de Ordenamiento Territorial, el cual impide que se generen desarrollos urbanísticos que vayan a provocar afectaciones aguas abajo e incluso, si un proyecto desfoga directamente a un río o quebrada sin tener que pasar por un colector urbano. Bajo las regulaciones municipales actuales, el desarrollador debe construir un volumen de retención y amortiguamiento de los caudales pluviales (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada);\ne)El municipio del cantón de Desamparados ha eliminado las deficiencias que se han presentado en los sistemas de evacuación pluvial de Gravilias, propiamente en la subcuenca o microcuenca de La Fortuna; y, actualmente, se dispone del respaldo técnico y normativo, por medio del Plan Regulador con el que cuenta dicha municipalidad (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada);\nf)Según informe DT-IV-854-2020, proporcionado por Jesús Chinchilla, Ingeniero del Proceso de Infraestructura Vial y Obras Públicas, a la Administración Municipal recurrida, ha surgido la necesidad de ejecutar labores de infraestructura del sistema pluvial, en varias zonas del cantón, dentro de las cuales se encuentra la zona en la que habita la amparada, esto, por cuanto el cantón de Desamparados, ha sido uno de los más afectados por fenómenos hidrometereológicos, los cuales, han provocado desbordamientos en varios ríos y consecuentemente, se generan fuertes inundaciones repentinas, a raíz de la superación de la capacidad de colectores pluviales antiguos existentes (ver informes y prueba adjunta).\ng)El 25 de mayo de 2020, la amparada presentó ante la Municipalidad de Desamparados, una denuncia, de los eventos ambientales que afectan su propiedad (ver prueba aportada por la parte recurrente);\n\nh)El 26 de agosto de 2020, mediante correo electrónico remitido a la dirección electrónica gpicado@desamparados.go.cr , la amparada, reitera los reclamos correspondientes a la problemática ambiental que le atañe. Dichas manifestaciones, fueron expedidas a Ana Gabriela Picado, funcionaria de la Municipalidad de Desamparados (ver prueba aportada por la parte recurrente). \n\n               IV.- Sobre el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. El artículo 50, de la Constitución Política, establece como fundamental el derecho de toda persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. De previo a la modificación de este artículo 50 para considerar de manera expresa lo relativo al ambiente, ya la Sala, a través de su labor jurisprudencial, había derivado este derecho a partir de las disposiciones constitucionales de los artículos 21 -derecho a la vida y a la salud-, 69 -explotación racional de la tierra- y 89 -protección de las bellezas naturales-. La Sala ha optado por una consideración abierta o macro del concepto ambiente y de la protección que se brinda al mismo, trascendiendo de la protección básica o primaria del suelo, el aire, el agua, los recursos marinos y costeros, minerales, bosques, diversidad de flora y fauna, y paisaje, para considerar también elementos referentes a la economía, a la generación de divisas a través del turismo, la explotación agrícola y otros. A partir de la reforma del artículo 50 Constitucional, en la cual se consagró expresamente el derecho ambiental como un derecho fundamental, se estableció también -en forma terminante- la obligación del Estado de garantizar, defender y tutelar este derecho, con lo cual, el Estado se constituye en el garante en la protección y tutela del medio ambiente y los recursos naturales. Es a tenor de esta disposición, en relación con los artículos 20, 69 y 89, de la Constitución Política, que se derivó la responsabilidad del Estado de ejercer una función tutelar y rectora en esta materia, según lo dispone la propia norma constitucional en comentario, función que desarrolla la legislación ambiental. Es así como el mandato constitucional establece el deber para el Estado de garantizar, defender y preservar ese derecho.\n\nV.- El papel de las municipalidades en materia ambiental. De conformidad con lo dicho, las municipalidades, como parte integrante del todo que es el Estado, tienen dentro del ámbito de sus competencias y obligaciones una alta cuota de responsabilidad en materia ambiental, sea mediante la aprobación directa de permisos o licencias para las cuales se exija el previo cumplimiento de requisitos que acrediten ante otras instancias del poder público el adecuado manejo ambiental, como mediante inspecciones regulares y canalización de situaciones de riesgo ante las instancias con mayor competencia de intervención. Ha quedado establecido ya que a los gobiernos locales les alcanza la obligación de coordinación y prevención en materia ambiental dentro del ámbito de su jurisdicción territorial, de donde resulta que ciertamente las municipalidades son actores importantes en la tarea de protección al ambiente. Es indubitable la facultad de los gobiernos locales para darse su propia ordenación territorial a través de los planes reguladores; pero la existencia de éstos -que en su mayoría carecen de complementos de ordenación desde el punto de vista del ambiente sano y ecológicamente equilibrado- no produce la desaplicación de la legislación tutelar ambiental. Por el contrario, estima la Sala que debe ser requisito fundamental, que no atenta contra el principio constitucional de la autonomía municipal, el que todo plan regulador deba considerar, de previo a ser aprobado y desarrollado, con un examen del impacto ambiental desde la perspectiva que da el artículo cincuenta constitucional, para que el ordenamiento del suelo y sus diversos regímenes sean compatibles con los alcances de la norma superior, sobre todo, valorando que esta disposición establece el derecho de todos los habitantes a obtener una respuesta ambiental de todas las autoridades públicas y ello incluye, sin duda,  a las municipalidades, quienes no están exentas de la aplicación de la norma constitucional y de su legislación de desarrollo. Es evidente que en este caso, es totalmente coincidente el interés nacional y el local, y por ello los gobiernos locales pueden y deben exigir el cumplimiento de requisitos ambientales en su territorio, y en caso de conflicto con las autoridades rectoras de la materia ambiental, pueden someter las controversias al contralor jurisdiccional que corresponda según la naturaleza de la infracción (ver, en este sentido, Sentencia N° 2006-7994, de las ocho horas cincuenta y siete minutos del 2 de junio de 2006).\n\nVI.- SOBRE EL CASO CONCRETO. La recurrente manifiesta que es una persona adulta de sesenta y tres años, con discapacidad, sobreviviente de cáncer en la ingle, y tiene varios problemas en sus piernas que le dificultan movilizarse, por lo que, debe utilizar un bastón. Acota, que es vecina de Desamparados, y que, desde hace varios años, la época lluviosa afecta su vivienda, debido a que en el sector en el que se encuentra su casa de habitación se inunda. Señala, que, con las lluvias, la quebrada cercana se desborda, discurre hacia la calle y tiendas cercanas, puesto que, el alcantarillado sanitario resulta insuficiente para la cantidad de agua que pasa por la zona. Por tal situación, las aguas negras y las provenientes de la Quebrada Quilimate, además de lodo y otros desechos, ingresan en su casa de habitación, y sus bienes materiales resultan dañados. Añade, que el material fecal proveniente de dichas inundaciones, queda impregnado en los muros, carretera y aceras. Arguye, que la situación descrita pone en riesgo su salud, y, por ende, solicita la intervención de esta Sala, en defensa de sus derechos fundamentales.\nVII.- Ahora bien, del informe rendido bajo juramento por las autoridades recurridas de la Municipalidad de Desamparados, con oportuno apercibimiento de las consecuencias previstas en el artículo 44, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, y demás elementos probatorios aportados, se desprende que dicho ente ha gestionado y ejercido una serie de actividades, que abarcan desde la parte económica – financiera, hasta infraestructuras realizadas, con el fin, de solventar la problemática ambiental que afecta a ese cantón. Dentro de dichas gestiones, el municipio recurrido, cuenta con un Plan de Ordenamiento Territorial, el cual impide que se generen desarrollos urbanísticos que vayan a provocar afectaciones aguas abajo e incluso, si un proyecto desfoga directamente a un río o quebrada sin tener que pasar por un colector urbano. Es así, como bajo las regulaciones municipales actuales, el desarrollador debe construir un volumen de retención y amortiguamiento de los caudales pluviales, así como, ha puesto en práctica labores de limpieza y reconstrucción o ampliación de componentes pluviales existentes, y hasta proyectos nuevos de construcción de nuevas redes, cuyas labores, continúan ejecutándose en la actualidad. Sin embargo, a pesar de que la Municipalidad de Desamparados, desde el año 2007, ha actuado conforme a las necesidades que se han presentado a raíz de las inundaciones que se generan en la comunidad de Gravilias, lo cierto es, que la afectación ambiental, no ha logrado ser solventada por completo, lo cual, coloca a la tutelada de la presente causa, y demás vecinos de dicha zona, en riesgo respecto a su salud, y calidad de vida. Las autoridades recurridas hacen referencia a las obras realizadas; sin embargo, reconocen que no ha sido posible brindar una solución definitiva a lo denunciado por la tutelada, debido a que: “(…) ha sido uno de los cantones más afectados por fenómenos hidrometeorológicos los cuales provocan desbordamientos en varios ríos y consecuentemente se generan fuertes inundaciones repentinas, a raíz de la superación de la capacidad de los colectores pluviales antiguos existentes (…)”. En ese sentido, de especial interés resulta el informe DT-IV-854-2020, proporcionado por Jesús Chinchilla, Ingeniero del Proceso de Infraestructura Vial y Obras Públicas, a la Administración Municipal recurrida, en el cual se indica que ha surgido la necesidad de ejecutar labores de infraestructura del sistema pluvial, en varias zonas del cantón, dentro de las cuales se encuentra la zona en la que habita la amparada, esto, por cuanto el cantón de Desamparados, ha sido uno de los más afectados por fenómenos hidrometereológicos, los cuales, han provocado desbordamientos en varios ríos y consecuentemente, se generan fuertes inundaciones repentinas, a raíz de la superación de la capacidad de colectores pluviales antiguos existentes. Ahora bien, de los elementos probatorios aportados resulta evidente que lo realizado ha sido insuficiente, y existe un déficit en la tutela de los derechos fundamentales de la recurrente, que además es un problema de salud pública, porque afecta a los vecinos de la zona, toda vez que las autoridades recurridas no niegan los alegatos planteados, en el sentido de que, actualmente, a pesar de las medidas adoptadas, y la inversión realizada en infraestructura, durante la época lluviosa, la Quebrada Quilimate -cercana a la vivienda de la amparada- se desborda, discurre hacia la calle y tiendas cercanas, debido a que el alcantarillado sanitario resulta insuficiente para la cantidad de agua que pasa por la zona. Por tal situación, las aguas negras y las provenientes de dicha quebrada, además de lodo y otros desechos, ingresan en su casa de habitación, causando daños materiales. Asimismo, el material fecal proveniente de dichas inundaciones, queda impregnado en los muros, carretera y aceras, lo que evidentemente pone en riesgo su salud. Si bien esta Sala no desconoce la intervención realizada por la Municipalidad recurrida desde el año 2007, que se ha demostrado con la prueba documental aportada en el presente recurso, lo cierto es que la situación ambiental descrita por la tutelada continúa sucediendo, y las autoridades recurridas no han adoptado medidas precisas para darle una solución definitiva a dichos problemas ambientales. En consecuencia, se tiene por acreditada la violación al derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como al derecho a la salud, contenidos en los artículos 21, y, 50, de la Constitución Política. Asimismo, de los elementos probatorios, no es posible encontrar justificaci ón válida por parte del ente municipal en brindar una solución efectiva al problema planteado. Lo anterior por cuanto, en atención a lo dispuesto en el artículo 169, de la Constitución Política, a las municipalidades les corresponde la “administración de los intereses y servicios locales en cada cantón” , de manera que para este Tribunal resulta inaceptable que tengan conocimiento de los hechos denunciados por la recurrente, que además constituye un problema de salud pública que afecta esa zona, sin que haya buscado una solución definitiva a dicho problema. Precisamente, dicha situación vulnera los derechos fundamentales del promovente y los habitantes de ese sector, en detrimento de los derechos a la salud y a un ambiente libre de contaminación. Por lo expuesto, se evidencia una violación al derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como al derecho a la salud, en perjuicio de la recurrente, así como de los vecinos de la zona afectada (distrito de Gravilias). En razón de lo expuesto, lo procedente es declarar con lugar el recurso, como se dispondrá en la parte dispositiva de esta Sentencia.\nVIII.- NOTA DE LA MAGISTRADA HERNÁNDEZ LÓPEZ RESPECTO DEL RECLAMO POR INFRACCIÓN DEL ARTÍCULO 50 DE LA CONSTITUCI ÓN POLÍTICA.\n1. El contexto histórico que motivó en su momento la amplia intervención de la Sala en materia ambiental, ha tenido una considerable variación que impone a este órgano reconsiderar las condiciones para su participación en el aseguramiento del derecho de las personas a un ambiente sano y equilibrado, tal y como ha sido tutelado en el artículo 50 de la Constituci ón Política. En efecto, la situación actual –caracterizada por una amplísima producción legal y reglamentaria que incluye reglas de fondo, procedimientos y creación de órganos para el cumplimiento de lo ordenado en la Carta Fundamental- es radicalmente diferente de la anterior, en la cual la ausencia de normativa y de instancias estatales con competencia apropiada, le impuso a la Sala un papel de protagonista, casi único, en la defensa del precitado derecho constitucional.\n2. Hoy en día, nos encontramos frente a un “denso entramado” de normativa ambiental, lo cual ha producido dos fenómenos relevantes: el primero y más obvio, es el surgimiento de una abarcadora regulación jurídica respecto de actividades cuya incidencia en el ambiente estaba poco o nada ordenada, así la creación de órganos estatales con potestades de vigilancia y control sobre los efectos de la actividad humana en el entorno. El segundo fenómeno consiste en que esa creciente juridificación – predominantemente legislativa y reglamentaria– trae aparejada una ineludible entrada en escena tanto de la justicia administrativa como de la jurisdicción ordinaria -prioritariamente la contencioso administrativa, pero también la penal. En ellas, acorde con la importancia del derecho ambiental, se han regulado de forma amplia vías procesales y medios de legitimación incluyentes, de manera que los administrados puedan hacer valer lo establecido en ese amplio orden jurídico que se relaciona con el tema ambiental.\n3. En ese contexto, no resulta apropiado jurídicamente, ni desde el punto de vista funcional, que la Sala Constitucional desplace, o -peor aún- sustituya, a los órganos de justicia ordinarios en la realización de su tarea, también de rango constitucional, de velar por el efectivo cumplimiento de leyes y reglamentos. Es impropio jurídicamente porque en la inmensa mayoría de estos casos lo que se solicita es que interprete y haga valer normas legales y reglamentarias con lo que arriesga traslapar sus competencias con las de otros órganos jurisdiccionales que –ellos sí- han sido creados para ejecutar tales tareas; y resulta también funcionalmente incorrecto, porque el diseño de sus procesos se aviene mal con la complejidad que está presente en numerosos conflictos ambientales que se componen de series de hechos y actos técnica y jurídicamente complejos. Sobre ambas cuestiones existen conocidos ejemplos en los que la Sala ha arrojado una resolución a medias o técnicamente incompleta, o bien se han generado fricciones innecesarias y afectación de la seguridad jurídica.\n4. Como parte de los aspectos técnicos que he valorado, añado que está el hecho de que esta jurisdicción no cuenta con jueces ejecutores de sentencia que permitan darle seguimiento adecuado a las mismas -generalmente complejas-, que implican en ocasiones el seguimiento de planes remediales, entre otros, con coordinación interinstitucional y seguimiento de meses y hasta años.\n5. Desde esa perspectiva, la decisión de dar un paso al lado en la materia ambiental por parte de este Tribunal no debe ser vista como un abandono de la materia ambiental, sino al contrario, de su adecuada tutela en la instancia que mejor se aviene a la naturaleza de su complejidad y diversidad. Asimismo tampoco debe ser visto como la declinación de esta instancia en su tarea de protección de los derechos constitucionales que le imponen la Constitución Política y su Ley Orgánica, que desde mi punto de vista, queda reservada en esta materia para casos específicos. Se trata más bien, de un ejercicio de reacomodo de las cargas y tareas que corresponden a los distintos órganos estatales, de manera que cada uno de ellos, pueda desplegar plenamente su labor dentro del ámbito que se le ha asignado, así como del ejercicio de fijar su propia competencia, según lo establece el artículo 7 de su Ley Orgánica.\n6. Queda claro que la Sala no se plantea abandonar a otras jurisdicciones la labor de protección de los derechos de las personas en materia ambiental. Es conocido que si bien todo reclamo por infracción de normas legales y reglamentarias puede ser reconducido hasta el ámbito constitucional, existen casos cuya resolución no exige más que la aplicación del derecho de la Constitución. Se trata entonces de lograr que la Sala se convierta en protagonista junto con otros, de manera que –entre todos y cada uno en su espacio- se pueda cubrir toda la variedad de situaciones que presenta una protección del derecho a un medio ambiente sano y equilibrado dentro de una sociedad en la que también existen otras necesidades igual de acuciantes. Con esta posición creo firmemente que el ciudadano no pierde un ápice de protección pero se gana sustancialmente en amplitud, en perspectiva y en respeto al equilibrio y distribución de poderes, principio este último de obligada consideración, puesto que rige la dinámica constitucional de cualquier sistema liberal y democrático como el nuestro.-\n7. En línea con lo anterior, sostengo que esta Sala debe abstenerse de conocer los reclamos que se le presenten por supuesta infracción al artículo 50 de la Constitución Política para dejar en manos de la justicia administrativa y la jurisdicción contenciosa administrativa su conocimiento. Lo anterior se deja afirmado con carácter general, sin perjuicio de reconocer la existencia de casos particulares o grupos de casos que, según mi criterio, si resultarían aún mejor tutelados por esta Sala y por tanto deben ser conocidos y resueltos por ella.- Dentro de tales grupos de casos, y sin que esta enunciación pueda considerarse como una lista cerrada y definitiva, puedo señalar que la Sala debe reservarse el conocimiento de situaciones como por ejemplo los reclamos por infracciones ambientales que además pongan en riesgo directo la salud de las personas, o el acceso o calidad del agua; los casos de violaciones groseras y directas al ambiente y en los cuales se constate una palmaria ausencia de la protección por parte de las autoridades estatales, siempre y cuando además la naturaleza del reclamo permita ser abordado mediante el instrumento del amparo como instituto procesal sumario y especial, ya que estimo que tampoco se debe “ordinariar” el amparo para abordar, aún en estos casos citados, temas que rebasen la capacidad de ser atendidos adecuadamente en el mismo.\n8. En el caso concreto, de conformidad con los hechos probados, el reclamo de la parte recurrente, podría eventualmente incidir en su salud y la de la su familia. En consecuencia, es claro que estamos ante las excepciones que mencionan y por esa razón he considerado necesario que la Sala ejerciera su competencia, para comprobar o descartar si las omisiones señaladas, vulneran los derechos fundamentales de las personas amparadas.\n\nIX.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que, si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que la parte recurrente acusa que la Municipalidad de Desamparados no ha brindado una solución al problema de contaminación por aguas negras y desbordamiento de una quebrada, situación que afecta las viviendas y salud de los vecinos del lugar, sin que la problem ática sea resuelta de forma definitiva, provocando afectación de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.\n\nX.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE . Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\nPOR TANTO:\nSe declara con lugar el presente recurso. Se ordena a  Gilberth Jiménez Siles, en su condici ón de Alcalde Municipal, a Álvaro Antonio Fallas Segura, en su condición de Regidor y Presidente del Concejo Municipal y a Pablo Brenes Azofeifa, en su condición de Coordinador del Proceso de Fiscalización Urbana y Rural, todos funcionarios de la Municipalidad de Desamparados, o a quienes en sus lugares ejerzan dichos cargos, que realicen las gestiones necesarias, dentro del ámbito de sus competencias, a efectos de que dentro del plazo de DOCE MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se realice lo pertinente, para que la afectación ambiental, producida por las inundaciones que se generan en la comunidad de Gravilias, Desamparados, sean solventadas por completo. Lo anterior se dicta con la advertencia de que, de conformidad con el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá pena de prisión de tres meses a dos a ños o de veinte a sesenta días multa a quien reciba una orden de esta Sala que deba cumplir o hacer cumplir y la inobserve, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de Desamparados al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. La Magistrada Hernández López, pone nota sobre el reclamo por infracción del artículo 50 de la constituci ón política. El Magistrado Salazar Alvarado pone nota. Notifíquese.-\n \n \n\t\nFernando Castillo V.\nPresidente\n\t\n \n\n\nPaul Rueda L.\n\t\n \n\t\nNancy Hernández L.\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\t\n \n\t\nJorge Araya G.\n\n\nAnamari Garro V.\n\t\n \n\t\nAlicia Salas T.\n \n \nDocumento Firmado Digitalmente\n-- Código verificador --\n*EY8BM43IEWFO61*\nEY8BM43IEWFO61\nEXPEDIENTE N° 20-019249-0007-CO\n \nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nClasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 09-05-2026 01:13:23.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "Constitutional Chamber\n\nResolution No. 22801 - 2020\n\nResolution Date: November 27, 2020 at 10:05 a.m.\n\nExpediente: 20-019249-0007-CO\n\nDrafted by: Luis Fdo. Salazar Alvarado\n\nType of matter: Amparo action\n\nConstitutional control: Judgment upholding the claim\n\nAnalyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER\n\n\n\nJudgment with separate opinion\n\nRelated Judgments\n\nJudgment with protected data, in accordance with current regulations\n\n\nContent of Interest:\n\nType of content: Majority vote\n\nBranch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS\n\nTopic: MUNICIPALITY\n\nSubtopics:\n\nINFRASTRUCTURE AND CONDITIONS.\n\n022801-20. THE MUNICIPALITY OF DESAMPARADOS IS ORDERED, WITHIN A PERIOD OF TWELVE MONTHS, TO COMPLETELY RESOLVE THE IMPACT OF FLOODING GENERATED IN THE COMMUNITY OF GRAVILIAS, DESAMPARADOS.\n\n\nLBH02/21\n\n... See more\nContent of Interest:\n\nType of content: Majority vote\n\nBranch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS\n\nTopic: PROMPT RESOLUTION\n\nSubtopics:\n\nADMINISTRATIVE DELAY..\n\n022801-20. THE MUNICIPALITY OF DESAMPARADOS IS ORDERED, WITHIN A PERIOD OF TWELVE MONTHS, TO COMPLETELY RESOLVE THE IMPACT OF FLOODING GENERATED IN THE COMMUNITY OF GRAVILIAS, DESAMPARADOS. EXCEPTION TO HEAR ADMINISTRATIVE DELAY.\n\n \n\n“Before analyzing the merits of the matter, it must be clarified that, as of Judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the administrative contentious jurisdiction—with some exceptions—those matters in which it is debated whether the administration has met or not the timeframes set by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or by sectoral laws to resolve an administrative proceeding by final act—initiated ex officio or at the request of a party—or to hear the pertinent administrative appeals. Precisely, in the sub lite case, an exception is presented, since we are facing a complaint regarding contamination and flooding, which affect people's health, situations which have not been resolved within a reasonable time. Given the fundamental rights invoked, above all, the right to health, this Chamber assesses the possible delays in resolving complaints of this type. Having clarified this point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo.”\n\n \n\nLBH02/21\n\n... See more\nContent of Interest:\n\nType of content: Majority vote\n\nBranch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS\n\nTopic: ENVIRONMENT\n\nSubtopics:\n\nWATERS.\n\n022801-20. THE MUNICIPALITY OF DESAMPARADOS IS ORDERED, WITHIN A PERIOD OF TWELVE MONTHS, TO COMPLETELY RESOLVE THE IMPACT OF FLOODING GENERATED IN THE COMMUNITY OF GRAVILIAS, DESAMPARADOS.\n\n\nLBH02/21\n\n... See more\nContent of Interest:\n\nType of content: Majority vote\n\nBranch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS\n\nTopic: ENVIRONMENT\n\nSubtopics:\n\nCONTAMINATION.\n\n022801-20. THE MUNICIPALITY OF DESAMPARADOS IS ORDERED, WITHIN A PERIOD OF TWELVE MONTHS, TO COMPLETELY RESOLVE THE IMPACT OF FLOODING GENERATED IN THE COMMUNITY OF GRAVILIAS, DESAMPARADOS.\n\n\nLBH02/21\n\n... See more\nContent of Interest:\n\nType of content: Majority vote\n\nBranch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS\n\nTopic: EXECUTIVE BRANCH\n\nSubtopics:\n\nINFRASTRUCTURE AND CONDITIONS.\n\n022801-20. THE MUNICIPALITY OF DESAMPARADOS IS ORDERED, WITHIN A PERIOD OF TWELVE MONTHS, TO COMPLETELY RESOLVE THE IMPACT OF FLOODING GENERATED IN THE COMMUNITY OF GRAVILIAS, DESAMPARADOS.\n\n \n\n \n\nLBH02/21\n\n... See more\nContent of Interest:\n\nType of content: Majority vote\n\nBranch of Law: 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE\n\nTopic: 021- Human life\n\nSubtopics:\n\nNOT APPLICABLE.\n\n022801-20. THE MUNICIPALITY OF DESAMPARADOS IS ORDERED, WITHIN A PERIOD OF TWELVE MONTHS, TO COMPLETELY RESOLVE THE IMPACT OF FLOODING GENERATED IN THE COMMUNITY OF GRAVILIAS, DESAMPARADOS.\n\n \n\n“Regarding the right to a healthy and ecologically balanced environment. Article 50 of the Political Constitution establishes as fundamental the right of every person to a healthy and ecologically balanced environment. Prior to the modification of this article 50 to expressly consider matters related to the environment, this Chamber, through its jurisprudential work, had already derived this right from the constitutional provisions of articles 21 -right to life and health-, 69 -rational exploitation of the land- and 89 -protection of natural beauties-. The Chamber has opted for an open or macro consideration of the concept of environment and the protection afforded to it, transcending the basic or primary protection of soil, air, water, marine and coastal resources, minerals, forests, diversity of flora and fauna, and landscape, to also consider elements related to the economy, the generation of foreign currency through tourism, agricultural exploitation, and others. As of the reform of Constitutional article 50, in which environmental law was expressly enshrined as a fundamental right, the obligation of the State to guarantee, defend, and safeguard this right was also established—in conclusive terms—whereby the State becomes the guarantor in the protection and safeguarding of the environment and natural resources. It is by virtue of this provision, in relation to articles 20, 69 and 89 of the Political Constitution, that the State's responsibility to exercise a tutelary and governing function in this matter was derived, as set forth in the constitutional norm under comment, a function that environmental legislation develops. Thus, the constitutional mandate establishes the duty for the State to guarantee, defend, and preserve that right.”\n\n \n\nLBH02/21\n\n... See more\nContent of Interest:\n\nType of content: Majority vote\n\nBranch of Law: 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE\n\nTopic: 050- Environment\n\nSubtopics:\n\nNOT APPLICABLE.\n\n022801-20. THE MUNICIPALITY OF DESAMPARADOS IS ORDERED, WITHIN A PERIOD OF TWELVE MONTHS, TO COMPLETELY RESOLVE THE IMPACT OF FLOODING GENERATED IN THE COMMUNITY OF GRAVILIAS, DESAMPARADOS.\n\n \n\n“Regarding the right to a healthy and ecologically balanced environment. Article 50 of the Political Constitution establishes as fundamental the right of every person to a healthy and ecologically balanced environment. Prior to the modification of this article 50 to expressly consider matters related to the environment, this Chamber, through its jurisprudential work, had already derived this right from the constitutional provisions of articles 21 -right to life and health-, 69 -rational exploitation of the land- and 89 -protection of natural beauties-. The Chamber has opted for an open or macro consideration of the concept of environment and the protection afforded to it, transcending the basic or primary protection of soil, air, water, marine and coastal resources, minerals, forests, diversity of flora and fauna, and landscape, to also consider elements related to the economy, the generation of foreign currency through tourism, agricultural exploitation, and others. As of the reform of Constitutional article 50, in which environmental law was expressly enshrined as a fundamental right, the obligation of the State to guarantee, defend, and safeguard this right was also established—in conclusive terms—whereby the State becomes the guarantor in the protection and safeguarding of the environment and natural resources. It is by virtue of this provision, in relation to articles 20, 69 and 89 of the Political Constitution, that the State's responsibility to exercise a tutelary and governing function in this matter was derived, as set forth in the constitutional norm under comment, a function that environmental legislation develops. Thus, the constitutional mandate establishes the duty for the State to guarantee, defend, and preserve that right.”\n\n \n\nLBH02/21\n\n... See more\nContent of Interest:\n\nType of content: Majority vote\n\nBranch of Law: 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE\n\nTopic: 069- Rational exploitation of the land\n\nSubtopics:\n\nNOT APPLICABLE.\n\n022801-20. THE MUNICIPALITY OF DESAMPARADOS IS ORDERED, WITHIN A PERIOD OF TWELVE MONTHS, TO COMPLETELY RESOLVE THE IMPACT OF FLOODING GENERATED IN THE COMMUNITY OF GRAVILIAS, DESAMPARADOS.\n\n \n\n“Regarding the right to a healthy and ecologically balanced environment. Article 50 of the Political Constitution establishes as fundamental the right of every person to a healthy and ecologically balanced environment. Prior to the modification of this article 50 to expressly consider matters related to the environment, this Chamber, through its jurisprudential work, had already derived this right from the constitutional provisions of articles 21 -right to life and health-, 69 -rational exploitation of the land- and 89 -protection of natural beauties-. The Chamber has opted for an open or macro consideration of the concept of environment and the protection afforded to it, transcending the basic or primary protection of soil, air, water, marine and coastal resources, minerals, forests, diversity of flora and fauna, and landscape, to also consider elements related to the economy, the generation of foreign currency through tourism, agricultural exploitation, and others. As of the reform of Constitutional article 50, in which environmental law was expressly enshrined as a fundamental right, the obligation of the State to guarantee, defend, and safeguard this right was also established—in conclusive terms—whereby the State becomes the guarantor in the protection and safeguarding of the environment and natural resources. It is by virtue of this provision, in relation to articles 20, 69 and 89 of the Political Constitution, that the State's responsibility to exercise a tutelary and governing function in this matter was derived, as set forth in the constitutional norm under comment, a function that environmental legislation develops. Thus, the constitutional mandate establishes the duty for the State to guarantee, defend, and preserve that right.”\n\n \n\nLBH02/21\n\n... See more\nContent of Interest:\n\nType of content: Majority vote\n\nBranch of Law: 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE\n\nTopic: 089- Protection of natural beauties and historical and artistic heritage\n\nSubtopics:\n\nNOT APPLICABLE.\n\n022801-20. THE MUNICIPALITY OF DESAMPARADOS IS ORDERED, WITHIN A PERIOD OF TWELVE MONTHS, TO COMPLETELY RESOLVE THE IMPACT OF FLOODING GENERATED IN THE COMMUNITY OF GRAVILIAS, DESAMPARADOS.\n\n \n\n“Regarding the right to a healthy and ecologically balanced environment. Article 50 of the Political Constitution establishes as fundamental the right of every person to a healthy and ecologically balanced environment. Prior to the modification of this article 50 to expressly consider matters related to the environment, this Chamber, through its jurisprudential work, had already derived this right from the constitutional provisions of articles 21 -right to life and health-, 69 -rational exploitation of the land- and 89 -protection of natural beauties-. The Chamber has opted for an open or macro consideration of the concept of environment and the protection afforded to it, transcending the basic or primary protection of soil, air, water, marine and coastal resources, minerals, forests, diversity of flora and fauna, and landscape, to also consider elements related to the economy, the generation of foreign currency through tourism, agricultural exploitation, and others. As of the reform of Constitutional article 50, in which environmental law was expressly enshrined as a fundamental right, the obligation of the State to guarantee, defend, and safeguard this right was also established—in conclusive terms—whereby the State becomes the guarantor in the protection and safeguarding of the environment and natural resources. It is by virtue of this provision, in relation to articles 20, 69 and 89 of the Political Constitution, that the State's responsibility to exercise a tutelary and governing function in this matter was derived, as set forth in the constitutional norm under comment, a function that environmental legislation develops. Thus, the constitutional mandate establishes the duty for the State to guarantee, defend, and preserve that right.”\n\n \n\nLBH02/21\n\n... See more\nContent of Interest:\n\nType of content: Separate opinion\n\nBranch of Law: 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE\n\nTopic: 050- Environment\n\nSubtopics:\n\nNOT APPLICABLE.\n\nSEPARATE OPINION OF JUSTICE HERNÁNDEZ LÓPEZ REGARDING THE CLAIM FOR VIOLATION OF ARTICLE 50 OF THE POLITICAL CONSTITUTION.\n1. The historical context that at the time motivated the Chamber's broad intervention in environmental matters has undergone a considerable change that requires this body to reconsider the conditions for its participation in ensuring the right of individuals to a healthy and balanced environment, as has been protected under article 50 of the Political Constitution. Indeed, the current situation—characterized by an extremely broad legal and regulatory production that includes substantive rules, procedures, and the creation of bodies for compliance with what is mandated in the Fundamental Charter—is radically different from the previous one, in which the absence of regulations and state entities with appropriate authority imposed on the Chamber a leading, almost unique, role in the defense of the aforementioned constitutional right.\n2. Today, we find ourselves facing a “dense framework” of environmental regulations, which has produced two relevant phenomena: the first and most obvious is the emergence of comprehensive legal regulation regarding activities whose impact on the environment was previously poorly or not at all regulated, thus the creation of state bodies with surveillance and control powers over the effects of human activity on the surroundings. The second phenomenon is that this increasing juridification—predominantly legislative and regulatory—brings with it an unavoidable entry onto the stage of both administrative justice and ordinary jurisdiction—primarily the administrative contentious jurisdiction, but also the criminal jurisdiction. In these, in accordance with the importance of environmental law, broad procedural pathways and inclusive means of standing have been established, so that those subject to administration can enforce what is established in that broad legal order related to environmental issues.\n3. In this context, it is not legally appropriate, nor from a functional standpoint, for the Constitutional Chamber to displace, or—worse yet—substitute, the ordinary judicial bodies in carrying out their task, also of constitutional rank, of ensuring the effective compliance with laws and regulations. It is legally improper because in the vast majority of these cases, what is requested is the interpretation and enforcement of legal and regulatory norms, risking an overlap of its competencies with those of other jurisdictional bodies that—indeed—have been created to execute such tasks; and it is also functionally incorrect because the design of its proceedings does not align well with the complexity present in numerous environmental conflicts, which consist of series of technically and legally complex facts and acts. On both issues, there are known examples in which the Chamber has rendered an incomplete or technically deficient resolution, or unnecessary frictions and impacts on legal certainty have been generated.\n4. As part of the technical aspects I have considered, I add the fact that this jurisdiction does not have judgment enforcement judges to allow for adequate follow-up on these—generally complex—sentences, which sometimes involve the monitoring of remedial plans, among others, with inter-institutional coordination and follow-up over months and even years.\n5. From that perspective, the decision by this Court to step aside in environmental matters should not be seen as an abandonment of the environmental field, but on the contrary, as its proper protection in the instance that best suits the nature of its complexity and diversity. Likewise, it should not be seen as this instance's declination of its task of protecting the constitutional rights imposed upon it by the Political Constitution and its Organic Law, which, from my point of view, is reserved in this area for specific cases. Rather, it is an exercise in readjusting the burdens and tasks corresponding to the different state bodies, so that each of them can fully carry out its work within the scope assigned to it, as well as an exercise in establishing its own competence, as set forth in article 7 of its Organic Law.\n6. It is clear that the Chamber does not propose to abandon to other jurisdictions the task of protecting the rights of individuals in environmental matters. It is well known that, although any claim for infringement of legal and regulatory norms can be redirected to the constitutional sphere, there are cases whose resolution requires nothing more than the application of constitutional law. The aim, therefore, is for the Chamber to become a protagonist alongside others, so that—all together and each in its own space—the full variety of situations presented by the protection of the right to a healthy and balanced environment can be covered within a society in which other equally pressing needs also exist. With this position, I firmly believe that the citizen does not lose an iota of protection, but substantial gains are made in breadth, perspective, and respect for the balance and distribution of powers, this last principle being of mandatory consideration, since it governs the constitutional dynamics of any liberal and democratic system such as ours.-\n7. In line with the above, I maintain that this Chamber should abstain from hearing the claims presented to it for the alleged infringement of article 50 of the Political Constitution, in order to leave their consideration in the hands of administrative justice and the administrative contentious jurisdiction. The foregoing is stated in general terms, without prejudice to recognizing the existence of particular cases or groups of cases that, in my opinion, would still be better protected by this Chamber and therefore should be heard and resolved by it.- Within such groups of cases, and without this list being considered a closed and definitive enumeration, I can indicate that the Chamber should reserve the hearing of situations such as, for example, claims for environmental infringements that also pose a direct risk to people's health, or to access to or quality of water; cases of gross and direct violations of the environment where a patent absence of protection by state authorities is verified, provided always that the nature of the claim also permits it to be addressed through the instrument of amparo as a summary and special procedural remedy, since I believe that amparo should also not be \"ordinary-fied\" to address, even in these cited cases, issues that exceed the capacity to be adequately addressed within it.\n8. In the specific case, according to the proven facts, the claim of the appellant could eventually affect her health and that of her family. Consequently, it is clear that we are faced with the exceptions mentioned, and for that reason, I have considered it necessary for the Chamber to exercise its jurisdiction, to verify or rule out whether the omissions indicated violate the fundamental rights of the persons under amparo protection.\n\n\n\n\nLBH02/21\n\n... See more\nText of the resolution\n\n*200192490007CO*\n\nExp: 20-019249-0007-CO\n\nRes. No. 2020022801\n\n \n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at ten hours and five minutes on the twenty-seventh of November, two thousand and twenty.\n\n              Amparo action processed in expediente No. 20-019249-0007-CO, filed by [Name 001], identification number [Value 001], against the MUNICIPALITY OF DESAMPARADOS.\n\nWHEREAS:\n\n              1.- Through a document received by this Chamber at 12:37 p.m. on October 20, 2020, the appellant files an amparo action against the MUNICIPALITY OF DESAMPARADOS, and states the following: that she is a resident of Desamparados, specifically two hundred meters south and one hundred meters east of Correos de Costa Rica. She indicates that for several years she has had a problem during the rainy season, because the sector where her dwelling house is located floods, as do other dwellings and the park in front of her property. She points out that with the rains, the nearby stream overflows, flowing towards the street and nearby stores, because the sanitary sewer system (alcantarillado sanitario) is insufficient for the amount of water passing through the area. She mentions that due to this situation, black waters (aguas negras) and those coming from the Quebrada Quilimate, as well as mud and other waste, enter her dwelling house and other dwellings, causing damage to the properties by infiltrating the land. She comments that due to the flooding, the carpets, furniture, and other articles in her property are damaged, and fecal matter remains impregnated on the walls, road, and sidewalks. She details that a total of eight dwelling houses in the area are affected, among which is that of the appellant. She adds that the area of \"El Parque de los Adultos Mayores\" has deteriorated and is contaminated by waste including soiled toilet paper, excrement, and accumulated black waters, a situation that puts public health at risk. She relates that, to try to prevent water from entering her property, she carried out work in the carport, sealing the house from the outside and disabling the garage in her dwelling house; she also built a step to be able to enter her home. She explains that despite the foregoing, water continues to enter her dwelling house, but in a lesser amount. She mentions that she is a sixty-three-year-old adult with a disability, a survivor of groin cancer, and has several problems in her legs that make it difficult for her to move, which is why she must use a cane, and she also receives treatment at the Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos. She notes that Mr. Alejandro Soto Conejo, an elderly adult of ninety-two years, also resides in said property. She adds that on May 11, 2020, she filed a complaint with the Municipalidad de Desamparados regarding the problems in her dwelling house and the environmental contamination resulting from the flooding, a complaint in which the problems that black waters can cause through the proliferation of pests such as the dengue-transmitting mosquito were also argued. She notes that the authorities of the respondent municipality have not provided adequate maintenance to the sanitary sewer system, nor have they made the necessary repairs to resolve the problems described. She states that during the flooding, the water can reach a height of one meter inside her dwelling house. She relates that the Contraloría de Servicios of the Municipalidad de Desamparados forwarded her complaints to engineers Pablo Masís and Pablo Brenes for their attention. She comments that the problems arising from the complaints made by the appellant are fully known to the respondent authorities, and despite this, they have not taken the necessary actions to provide a solution to such problems. She considers that the facts described violate her fundamental rights, and by virtue of the foregoing, she requests that this amparo action be declared with merit, with the legal consequences that this entails.\n\n               2.- By Presidency resolution at 5:02 p.m. on October 23, 2020, this amparo was admitted for processing.\n\n               3.- Under oath, Gilberth Jiménez Siles, in his capacity as Municipal Mayor, Álvaro Antonio Fallas Segura, in his capacity as Councilor and President of the Municipal Council, and Pablo Brenes Azofeifa, in his capacity as Coordinator of the Urban and Rural Control Process, all officials of the Municipalidad de Desamparados, report the following under oath: first, that for the purpose of stating what is proper regarding the allegations of the appellant, the respondent municipality requested a clarifying report from Jesús Chinchilla, Engineer of the Road Infrastructure and Public Works Process, who therefore provided official communication DT- IV- 854- 2020, which states: “(…) 1. Background 1.1. The case referred to by Mrs. Mora falls within the operation and functioning of the storm sewer (alcantarillado pluvial) systems of the Gravilias sector, among them, the system of Urb. La Fortuna, which, together with other developments, make up a general network that extends from the La Cartonera sector and Cementerio La Piedad, an area where the stormwater recharge begins, to the final discharge into the río Damas, in the Plaza sector. 1.2. As part of the urban growth initiated in the 1960s, urban development projects of different scales were developed over time along the route of this stormwater artery, from individual houses, through subdivisions (lotificaciones) on easement (servidumbre) or public road, to urbanizations (urbanizaciones). 1.3. The most important of these projects was Urb. Gravilias, which was developed by the INVU in the 1960s and to which other projects were subsequently added adjacently, among them, Urb. La Fortuna. 1.4. All these developments discharged their stormwater into this ditch which, from ancient times, ran openly but which, over time, was piped as the metropolitan center of Desamparados expanded. 1.5. The use of this ditch as a storm drain (colector pluvial) was not governed under the regulations of a Regulatory Plan (Plan Regulador); in this way, the urban developments that made use of it built their storm drains with the capacity required only for their project, partially or not at all considering the flow contributions from the upstream sectors or the capacities of the downstream conduits. 1.6. In that sense, a disconnect may have been generated in the use of this ditch by the developers who used it as a receiving body for the discharge of the generated stormwater, by not considering this body of water as a watershed system throughout its entire extension that defines its drainage area. 1.7. Within a context of urban growth, it significantly contributed to the fact that for decades, the Gravilias sector was characterized by its constant stormwater overflow events, problems that became accentuated from the 1980s and which, since 2007, have been gradually corrected, according to evidence attached in Annex 1 and 2. 1.8. All this within a nascent context in the country, which was beginning to face the challenge of urban growth caused by an exponential population increase without the urban planning tools available today, such as maps, geographic information systems and, above all, a Regulatory Plan such as the one the Municipalidad de Desamparados currently has. 2. Diagnosis, design, and execution management of projects and interventions 2.1. It was as of 2007 that the Municipalidad de Desamparados began to analyze in greater depth the causes of the overflow and flooding (anegamiento) events that had characterized the district of Gravilias. It is from these investigations that the first diagnoses of the problem are obtained, which have already been described in the previous sections of this report and which correspond to the micro-watershed (microcuenca) called Fortuna, located in the western sector of Gravilias. This denomination has been used to differentiate the eastern sector of Gravilias, which is drained by the Quebrada Chilamate. 2.2. Once the diagnosis was made in the La Fortuna micro-watershed, which covers the sector reported by Mrs. Mora, object of this amparo action, various interventions have been promoted, from cleaning works and reconstruction or expansion of existing stormwater components, to new projects for the construction of new networks. In Fig. 1 of this report, the route of the La Fortuna drain (colector La Fortuna) is presented. A red line shows the route of the main drain of the La Fortuna sector. The sectors located to the East and West of this street discharge their waters into this drain, which, in remote times, was a ditch or minor body of water. 3. Final Considerations 3.1.\n\nAs can be observed throughout this report, the deficiencies that have arisen in the stormwater drainage systems of Gravilias, specifically in the La Fortuna sub-basin or micro-basin, have been eliminated, and technical and regulatory backing is now available through the Regulatory Plan (Plan Regulador) in place at the Municipality of Desamparados. 3.2. This local government, through its technical teams, has determined that urban developments located in upstream sectors could have caused impacts in downstream sectors. A situation that, in the 70s and 80s—the period when the La Fortuna urbanization, where the appellant resides, was developed—there was no urban planning regulation, especially a tool like the Territorial Planning Plan (Plan de Ordenamiento Territorial) that the Municipality of Desamparados currently has, which now prevents the creation of urban developments that would cause downstream impacts; and even, if a project discharges directly into a river or stream without passing through an urban collector, under current municipal regulations, the developer must build a retention and attenuation volume for stormwater flows. 3.3. Faced with the old circumstances and impacts, the Municipality of Desamparados began conducting diagnostics that served as input for generating designs that, in turn, allowed for the formulation of projects. Based on these tools, the pursuit of financing continued for the designed projects and interventions, the sources of which have been diverse, from municipal budgets themselves, Hacienda Allocations (Partidas de Hacienda), District Allocations (Partidas de Distrito), and even the formulation of projects before the National Directorate of Community Development (Dirección Nacional de Desarrollo Comunal, Dinadeco). 3.4. Once financing was obtained for each project—which implied a management effort involving a long technical-administrative procedure to secure those resources—the execution of the projects proceeded, as reported in Annex 1 (Anexo 1) and Annex 2 (Anexo 2). 3.5. As can be observed, the Municipality of Desamparados has been compliant in the execution of its competencies and has developed, since 2007, various studies, designs, and project executions aimed at resolving the deficiencies that were present in the stormwater systems of the La Fortuna sector. 3.6. Despite these interventions and projects, there are still isolated points where hydraulic capacity deficiencies manifest; therefore, the Municipality of Desamparados has continued implementing improvements and expansions in this area since 2007. 3.7. This administration places on record that the flood incidents affecting the canton of Desamparados have been less severe and less frequent, thanks to the municipal stormwater infrastructure projects carried out over several years. 3.8. It is important to note that these executed projects involved carrying out diagnostic, design, and budgeting tasks, as well as the efforts to provide financial resources for the execution of the works identified in the diagnostic and design stages, to finally proceed with the execution of the works. 3.9. The administrative and technical management carried out since 2007 to provide adequate piping and ensure safety in the new stormwater system infrastructure must comply with all the financial procedures that this type of civil works entails, such as budgeting financial resources and all the administrative logistics that must be respected in municipal matters, and everything involved in contemplating a medium-term execution of a work of this nature; but this does not mean it is inefficiency, lack of concern, or non-compliance on the part of the municipal administration. 4. Conclusions 4.1. As can be observed, and based on the inventory of works and interventions carried out in the La Fortuna sector over the last 12 years, the Municipality of Desamparados has made significant efforts to correct deficiencies accumulated over the last 60 years. 4.2. In this sense, it can be observed that the Municipality of Desamparados has not shown inaction or indifference to the problems mentioned by Ms. Mora in her amparo appeal. On the contrary, the Municipality of Desamparados has been working in recent years in this area, as well as in the rest of the canton, to resolve the flooding problems. 4.3. This Administration is making the final efforts in diagnosis, design, budgeting, financial management, and execution to resolve and continue executing works to improve the stormwater drainage system, for the well-being of all residents of Desamparados. 4.4. It is therefore recorded that the Municipality of Desamparados has not been indifferent to the problems raised by Ms. Mora. On the contrary, the evidence of the interventions and projects carried out in the La Fortuna area, as detailed in Annex 1 (Anexo 1) and Annex 2 (Anexo 2) of this official communication, has had a positive impact on the sector where Ms. Mora's dwelling is located; indeed, at this point, the severity and frequency of flooding events have significantly decreased. 4.5. Finally, it is important to indicate to the Legal Advisory Office of the Municipality of Desamparados that it is necessary to inform the Constitutional Chamber of the efforts made in the La Fortuna area, which have had a positive impact on the inhabitants of this micro-basin, including Ms. Mora. 4.6. That given the evidence of such efforts, a condemnation of the Municipality of Desamparados for inaction or indifference in seeking and executing solutions to the flooding problems in the La Fortuna area is not appropriate. 4.7. That the Municipality of Desamparados has clear knowledge of the situation and the impact caused by the floods, but as stated above, this problem of the stormwater system has been progressively corrected, and the resolution of these impacts for all residents living in the surroundings of the La Fortuna sector has been successfully achieved; it has been an operational process of more than 12 years that has been covering several sectors, which means this process is not yet concluded, as it is part of the routine scope of municipal competence. 4.8. Nevertheless, this civil works project process has been executed to provide an effective solution to the problem denounced by the appellant. As already indicated, the Municipality of Desamparados, for several years now, has undertaken the construction of the stormwater system as a municipal management initiative aimed at providing a solution to the floods and offering safety and well-being to the residents of this locality, adhering to the timelines that this resolution of the exposed problem has entailed. 4.9. It is important to recognize the efforts that the Municipality of Desamparados has made to date in ensuring the safety and well-being of its inhabitants, aspects that, in the opinion of the Municipality and based on the works and interventions carried out, have indeed led to the solution of the problem. 4.10. This public servant has recorded in progress reports the advances and works carried out by the Road Infrastructure Process (Proceso de Infraestructura Vial) regarding the solution to the stormwater system problem in the La Fortuna and Gravilias area; therefore, I attach and certify the veracity of what is indicated in the compilation of Projects and interventions carried out in the La Fortuna micro-basin, Gravilias. (...)”\n\n              As detailed in the transcribed report DT-IV-854-2020, provided by Jesús Chinchilla, Engineer of the Road Infrastructure and Public Works Process (Proceso de Infraestructura Vial y Obras Públicas), the Municipal Administration has been faced with the need to execute stormwater system infrastructure works in various areas of the canton, including the area where the protected party resides. This is because the canton of Desamparados has been one of the most affected by hydrometeorological phenomena, which have caused several rivers to overflow and consequently generate severe flash floods, resulting from the exceedance of the capacity of the existing old stormwater collectors. The micro-basin that has been the subject of interventions by the Municipality has an area of 0.60 km2 (sixty hectares), and it is this extensive stretch that has led the respondent municipality to continue making corrections and investing financial resources. Likewise, as also emphasized by the appellant in this case: “(...) it is true that the Municipality has carried out many costly works. But the money has been wasted because I understand, as expert knowledgeable people have explained to me, that the problem is the sewer system... (...)”, it is established as evidence that the protected party herself acknowledges all the infrastructure works management carried out by this Municipality. In light of the foregoing, having demonstrated that the respondent municipality has made every possible effort to resolve the environmental problem alleged by the protected party, they request that this amparo appeal be declared without merit.\n\n               4.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.\n\n               Drafted by Judge Salazar Alvarado; and,\n\nCONSIDERING:\nI.- PRELIMINARY CLARIFICATION. Before analyzing the merits of the matter, it must be clarified that, as of Judgment No. 2008-02545 of 08:55 hours on February 22, 2008, this Chamber has referred to the administrative contentious jurisdiction—with some exceptions—those matters in which it is disputed whether the administration has complied or not with the deadlines set by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or by sectoral laws to resolve, by final act, an administrative procedure—initiated ex officio or at the request of a party—or to hear the admissible administrative appeals. Precisely, in the sub lite case, an exception is raised, as it involves a complaint regarding pollution and floods that affect people's health, situations that have not been resolved within a reasonable timeframe. In view of the fundamental rights invoked, especially health, this Chamber assesses possible delays in resolving complaints of this type. The point having been clarified, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo appeal.\nII.- PURPOSE OF THE APPEAL. The appellant states that she is a resident of Desamparados, and that for several years the rainy season has affected her dwelling because the sector where her home is located floods, as do other residences and the park located in front of her property. She indicates that with the rains, the nearby stream overflows, runs towards the street and nearby shops, since the sanitary sewer system is insufficient for the amount of water passing through the area. She mentions that due to this situation, blackwater and water from the Quilimate Stream (Quebrada Quilimate), plus mud and other debris, enter her home, and the carpets, furniture, and other items in her property are damaged. She adds that fecal matter from these floods remains impregnated on the walls, road, and sidewalks. She argues that the situation described puts her health at risk, and therefore, requests the intervention of this Chamber in defense of her fundamental rights.\nIII.- PROVEN FACTS. Of importance for the resolution of this appeal, the following relevant facts are deemed duly demonstrated:\na) Starting in 2007, the Municipality of Desamparados began to analyze in greater depth the causes of the overflow and flooding events that have characterized the district of Gravilias. It was from said investigations that the first diagnoses of the problem were obtained, which correspond to the micro-basin called Fortuna, located in the western sector of Gravilias (see report provided under oath and evidence submitted);\nb) Given the environmental problem exposed, the Municipality of Desamparados began conducting diagnostics that served as input for generating designs that, in turn, allowed for the formulation of projects. Based on these tools, the pursuit of financing continued for the designed projects and interventions, the sources of which have been diverse, from municipal budgets themselves, Hacienda Allocations (Partidas de Hacienda), District Allocations (Partidas de Distrito), and even the formulation of projects before the National Directorate of Community Development (Dinadeco) (see report provided under oath and evidence submitted);\nc) As a result of the approval of said financing, the Municipality of Desamparados has proceeded with the execution of a series of projects, from cleaning tasks and reconstruction or expansion of existing stormwater components, to new construction projects for new networks, focused on resolving the environmental problem caused by the rains in the Gravilias sector (see report provided under oath and evidence submitted);\nd) The Municipality of Desamparados has a Territorial Planning Plan (Plan de Ordenamiento Territorial), which prevents the creation of urban developments that would cause downstream impacts, and even if a project discharges directly into a river or stream without passing through an urban collector. Under current municipal regulations, the developer must build a retention and attenuation volume for stormwater flows (see report provided under oath and evidence submitted);\ne) The municipality of the canton of Desamparados has eliminated the deficiencies that had arisen in the stormwater drainage systems of Gravilias, specifically in the sub-basin or micro-basin of La Fortuna; and, currently, it has the technical and regulatory backing through the Regulatory Plan (Plan Regulador) that said municipality has (see report provided under oath and evidence submitted);\nf) According to report DT-IV-854-2020, provided by Jesús Chinchilla, Engineer of the Road Infrastructure and Public Works Process, the respondent Municipal Administration has been faced with the need to execute stormwater system infrastructure works in various areas of the canton, including the area where the protected party resides. This is because the canton of Desamparados has been one of the most affected by hydrometeorological phenomena, which have caused several rivers to overflow and consequently generate severe flash floods, resulting from the exceedance of the capacity of the existing old stormwater collectors (see reports and attached evidence).\ng) On May 25, 2020, the protected party filed a complaint with the Municipality of Desamparados regarding the environmental events affecting her property (see evidence provided by the appellant);\n\nh) On August 26, 2020, via email sent to the electronic address gpicado@desamparados.go.cr, the protected party reiterated the claims corresponding to the environmental problem concerning her. Said statements were dispatched to Ana Gabriela Picado, an official of the Municipality of Desamparados (see evidence provided by the appellant).\n\n               IV.- On the right to a healthy and ecologically balanced environment. Article 50 of the Political Constitution establishes as fundamental the right of every person to a healthy and ecologically balanced environment. Prior to the amendment of this article 50 to expressly consider matters relating to the environment, this Chamber, through its jurisprudential work, had already derived this right from the constitutional provisions of articles 21—right to life and health—, 69—rational exploitation of the land—, and 89—protection of natural beauties—. The Chamber has opted for an open or macro consideration of the concept of environment and the protection afforded to it, transcending the basic or primary protection of soil, air, water, marine and coastal resources, minerals, forests, diversity of flora and fauna, and landscape, to also consider elements referring to the economy, the generation of foreign currency through tourism, agricultural exploitation, and others. Since the reform of article 50 of the Constitution, in which environmental law was expressly enshrined as a fundamental right, the obligation of the State to guarantee, defend, and safeguard this right was also established—emphatically—, whereby the State becomes the guarantor in the protection and safeguarding of the environment and natural resources. It is under the terms of this provision, in relation to articles 20, 69, and 89 of the Political Constitution, that the State's responsibility to exercise a tutelary and governing function in this matter is derived, as provided by the constitutional norm under comment itself, a function that environmental legislation develops. Thus, the constitutional mandate establishes the duty for the State to guarantee, defend, and preserve that right.\n\nV.- The role of municipalities in environmental matters. In accordance with the foregoing, municipalities, as an integral part of the whole that is the State, have, within the scope of their competencies and obligations, a high degree of responsibility in environmental matters, whether through the direct approval of permits or licenses for which prior compliance with requirements is demanded to certify proper environmental management before other instances of public power, or through regular inspections and channeling of risk situations to the instances with greater competence for intervention. It has already been established that local governments are bound by the obligation of coordination and prevention in environmental matters within the scope of their territorial jurisdiction, from which it follows that municipalities are certainly important actors in the task of environmental protection. The power of local governments to establish their own territorial planning through regulatory plans is undeniable; but the existence of these—which mostly lack planning complements from the perspective of a healthy and ecologically balanced environment—does not result in the non-application of environmental protection legislation. On the contrary, this Chamber considers that it must be a fundamental requirement, which does not violate the constitutional principle of municipal autonomy, that every regulatory plan must consider, prior to being approved and developed, an examination of the environmental impact from the perspective provided by article fifty of the Constitution, so that land-use planning and its various regimes are compatible with the scope of the superior norm, especially valuing that this provision establishes the right of all inhabitants to obtain an environmental response from all public authorities, and this undoubtedly includes municipalities, which are not exempt from the application of the constitutional norm and its implementing legislation. It is evident that in this case, the national interest and the local interest are completely coincident, and for this reason, local governments can and must demand compliance with environmental requirements in their territory, and in case of conflict with the governing authorities of environmental matters, they may submit the disputes to the jurisdictional controller that corresponds according to the nature of the infraction (see, in this sense, Judgment No. 2006-7994, of eight hours fifty-seven minutes on June 2, 2006).\n\nVI.- ON THE SPECIFIC CASE. The appellant states that she is an adult person of sixty-three years, with a disability, a survivor of groin cancer, and has several problems in her legs that make it difficult for her to move, therefore, she must use a cane. She notes that she is a resident of Desamparados, and that for several years the rainy season has affected her dwelling because the sector where her home is located floods. She indicates that with the rains, the nearby stream overflows, runs towards the street and nearby shops, since the sanitary sewer system is insufficient for the amount of water passing through the area. Due to this situation, blackwater and water from the Quilimate Stream (Quebrada Quilimate), plus mud and other debris, enter her home, and her material possessions are damaged. She adds that fecal matter from these floods remains impregnated on the walls, road, and sidewalks. She argues that the situation described puts her health at risk, and therefore, requests the intervention of this Chamber in defense of her fundamental rights.\nVII.- Now, from the report provided under oath by the respondent authorities of the Municipality of Desamparados, with timely warning of the consequences provided in article 44 of the Law of Constitutional Jurisdiction, and other evidentiary elements provided, it is apparent that said entity has managed and carried out a series of activities, ranging from the economic-financial part to the infrastructure constructed, in order to resolve the environmental problem that affects that canton. Within these actions, the respondent municipality has a Territorial Planning Plan (Plan de Ordenamiento Territorial), which prevents the creation of urban developments that would cause downstream impacts, and even if a project discharges directly into a river or stream without passing through an urban collector. Thus, under current municipal regulations, the developer must build a retention and attenuation volume for stormwater flows, and the municipality has also implemented cleaning tasks and reconstruction or expansion of existing stormwater components, as well as new construction projects for new networks, tasks which continue to be executed to date. However, despite the fact that the Municipality of Desamparados has acted since 2007 in accordance with the needs that have arisen as a result of the floods generated in the community of Gravilias, the truth is that the environmental impact has not been completely resolved, which places the protected party in this case, and other residents of said area, at risk regarding their health and quality of life. The respondent authorities refer to the works carried out; however, they acknowledge that it has not been possible to provide a definitive solution to what was denounced by the protected party, due to the fact that: “(...) it has been one of the cantons most affected by hydrometeorological phenomena, which cause overflows in several rivers and consequently generate severe flash floods, resulting from the exceedance of the capacity of the existing old stormwater collectors (...)”. In this sense, of special interest is the report DT-IV-854-2020, provided by Jesús Chinchilla, Engineer of the Road Infrastructure and Public Works Process, to the respondent Municipal Administration, which indicates that the need has arisen to execute stormwater system infrastructure works in various areas of the canton, including the area where the protected party resides. This is because the canton of Desamparados has been one of the most affected by hydrometeorological phenomena, which have caused several rivers to overflow and consequently generate severe flash floods, resulting from the exceedance of the capacity of the existing old stormwater collectors. Now, from the evidentiary elements provided, it is evident that what has been done has been insufficient, and there is a deficit in the protection of the fundamental rights of the appellant, which is also a public health problem because it affects the residents of the area, since the respondent authorities do not deny the allegations made, in the sense that currently, despite the measures adopted and the investment made in infrastructure, during the rainy season, the Quilimate Stream—near the protected party's dwelling—overflows, runs towards the street and nearby shops, because the sanitary sewer system is insufficient for the amount of water passing through the area. Due to this situation, blackwater and water from said stream, plus mud and other debris, enter her home, causing material damage. Likewise, fecal matter from these floods remains impregnated on the walls, road, and sidewalks, which evidently puts her health at risk. Although this Chamber does not disregard the intervention carried out by the respondent Municipality since 2007, which has been demonstrated with the documentary evidence provided in this appeal, the truth is that the environmental situation described by the protected party continues to occur, and the respondent authorities have not adopted precise measures to provide a definitive solution to these environmental problems. Consequently, the violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment, as well as the right to health, contained in articles 21 and 50 of the Political Constitution, is deemed accredited. Likewise, from the evidentiary elements, it is not possible to find valid justification on the part of the municipal entity for not providing an effective solution to the problem raised. The foregoing because, in accordance with the provisions of article 169 of the Political Constitution, municipalities are responsible for the “administration of local interests and services in each canton”, so for this Tribunal it is unacceptable that they are aware of the facts denounced by the appellant, which also constitutes a public health problem affecting that area, without having sought a definitive solution to said problem. Precisely, said situation violates the fundamental rights of the applicant and the inhabitants of that sector, to the detriment of the rights to health and to an environment free from pollution. Based on the foregoing, a violation of the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, as well as the right to health, is evidenced, to the detriment of the appellant, as well as the residents of the affected area (district of Gravilias). In view of the foregoing, the appropriate course of action is to declare the appeal with merit, as will be ordered in the operative part of this Judgment.\nVIII.- NOTE BY JUDGE HERNÁNDEZ LÓPEZ REGARDING THE CLAIM FOR INFRINGEMENT OF ARTICLE 50 OF THE POLITICAL CONSTITUTION.\n1. The historical context that at the time motivated the Chamber's broad intervention in environmental matters has undergone a considerable variation that requires this body to reconsider the conditions for its participation in ensuring the right of individuals to a healthy and balanced environment, as protected in article 50 of the Political Constitution. Indeed, the current situation—characterized by an extremely broad legal and regulatory production that includes substantive rules, procedures, and the creation of bodies for compliance with what is ordered in the Fundamental Charter—is radically different from the previous one, in which the absence of regulations and state instances with appropriate competence imposed on the Chamber a leading, almost exclusive, role in the defense of the aforementioned constitutional right.\n2. Today, we find ourselves facing a “dense network” of environmental regulations, which has produced two relevant phenomena: the first and most obvious is the emergence of comprehensive legal regulation regarding activities whose incidence on the environment was little or not at all regulated, thus the creation of state bodies with powers of surveillance and control over the effects of human activity on the surroundings. The second phenomenon is that this increasing juridification—predominantly legislative and regulatory—brings with it an unavoidable entry into the scene of both administrative justice and ordinary jurisdiction—primarily the administrative contentious jurisdiction, but also the criminal one. In these, in accordance with the importance of environmental law, procedural paths and inclusive means of legal standing have been broadly regulated, so that the governed can enforce what is established in that broad legal order related to the environmental matter.\n3. In this context, it is neither legally appropriate nor functionally correct for the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) to displace, or—worse yet—substitute, the ordinary justice bodies in carrying out their task, which is also of constitutional rank, of ensuring the effective compliance with laws and regulations. It is legally improper because in the vast majority of these cases, what is requested is that it interprets and enforces legal and regulatory norms, thereby risking an overlap of its competencies with those of other jurisdictional bodies that—indeed—have been created to execute such tasks; and it is also functionally incorrect, because the design of its processes is ill-suited to the complexity present in numerous environmental conflicts consisting of series of technically and legally complex facts and acts. On both issues, there are well-known examples in which the Chamber has produced a halfway or technically incomplete resolution, or unnecessary friction and impacts on legal certainty have been generated.\n4.\n\nAs part of the technical aspects I have evaluated, I add the fact that this jurisdiction does not have sentence-enforcement judges that allow for adequate follow-up on judgments—generally complex ones—which sometimes involve monitoring remedial plans, among other things, with inter-institutional coordination and follow-up lasting months and even years.\n\n5. From that perspective, the decision by this Court to step aside in environmental matters should not be seen as an abandonment of the environmental field, but rather, as its adequate protection at the instance best suited to the nature of its complexity and diversity. Likewise, it should also not be seen as this instance declining its task of protecting the constitutional rights imposed upon it by the Political Constitution and its Organic Law, which, from my point of view, remains reserved in this field for specific cases. It is, rather, an exercise of readjusting the burdens and tasks corresponding to the different state bodies, so that each one of them can fully deploy its work within the scope assigned to it, as well as an exercise of establishing its own jurisdiction, as established by article 7 of its Organic Law.\n\n6. It is clear that the Chamber is not proposing to abandon to other jurisdictions the task of protecting people's rights in environmental matters. It is well known that although every claim for infringement of legal and regulatory norms can be redirected to the constitutional sphere, there are cases whose resolution requires nothing more than the application of Constitutional law. The aim, then, is for the Chamber to become a protagonist together with others, so that—among everyone and each in their own space—the entire variety of situations presented by the protection of the right to a healthy and balanced environment can be covered within a society in which other equally pressing needs also exist. With this position, I firmly believe that the citizen loses not an iota of protection, but we gain substantially in breadth, in perspective, and in respect for the balance and distribution of powers, this latter principle being of obligatory consideration, since it governs the constitutional dynamics of any liberal and democratic system such as ours.\n\n7. In line with the above, I maintain that this Chamber should refrain from hearing claims presented to it for alleged infringement of article 50 of the Political Constitution, in order to leave their hearing in the hands of the administrative justice system and the contentious-administrative jurisdiction. The foregoing is affirmed in a general manner, without prejudice to recognizing the existence of particular cases or groups of cases that, in my opinion, would indeed be better protected by this Chamber and therefore should be heard and resolved by it. Within such groups of cases, and without this enumeration being considered a closed and definitive list, I can point out that the Chamber should reserve the hearing of situations such as, for example, claims for environmental violations that also pose a direct risk to people's health, or to water access or quality; cases of gross and direct violations to the environment in which a glaring absence of protection by state authorities is verified, provided always that the nature of the claim also allows it to be addressed through the instrument of amparo as a summary and special procedural remedy, since I also believe that amparo should not be \"made ordinary\" to address, even in these cited cases, issues that exceed the capacity to be adequately handled within it.\n\n8. In the specific case, according to the proven facts, the claim of the appellant party could eventually affect their health and that of their family. Consequently, it is clear that we are facing the exceptions mentioned, and for that reason I have considered it necessary for the Chamber to exercise its jurisdiction, to verify or rule out whether the indicated omissions violate the fundamental rights of the protected persons.\n\nIX.- NOTE OF JUDGE SALAZAR ALVARADO. In environmental matters, it is the undersigned's opinion that, if there has already been intervention by the Public Administration, its hearing and resolution corresponds to the contentious-administrative jurisdiction. Nevertheless, I do enter into the merits of the matter when other rights of the persons affected by the pollution source are at stake, among them, health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (article 50, of the Political Constitution), as is the case here, in which the appellant party alleges that the Municipality of Desamparados has not provided a solution to the problem of contamination by untreated sewage (aguas negras) and overflow of a stream (quebrada), a situation that affects the homes and health of the local residents, without the problem being resolved definitively, causing an impact on a healthy and ecologically balanced environment.\n\nX.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of thirty working days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not removed within this period will be destroyed, according to the provisions of the \"Regulation on the Electronic Case File before the Judicial Branch\" (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in Session N° 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Judicial Bulletin N° 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in Session N° 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.\n\nTHEREFORE:\n\nThis recourse is declared with merit. It is ordered to Gilberth Jiménez Siles, in his capacity as Municipal Mayor, to Álvaro Antonio Fallas Segura, in his capacity as Councilor and President of the Municipal Council, and to Pablo Brenes Azofeifa, in his capacity as Coordinator of the Urban and Rural Inspection Process, all officials of the Municipality of Desamparados, or to whomever holds these positions in their stead, to carry out the necessary actions, within the scope of their competences, so that within a period of TWELVE MONTHS, counted from the notification of this judgment, the pertinent measures are taken, so that the environmental impact, produced by the floods generated in the community of Gravilias, Desamparados, are completely resolved. The foregoing is issued with the warning that, in accordance with article 71, of the Law of Constitutional Jurisdiction, a prison sentence of three months to two years or a fine of twenty to sixty days shall be imposed on anyone who receives an order from this Chamber that must be complied with or enforced and disregards it, provided the offense is not more severely punished. The Municipality of Desamparados is condemned to pay the costs, damages, and losses caused by the acts serving as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the enforcement of judgment phase of the contentious-administrative jurisdiction. Judge Hernández López makes a note regarding the claim for infringement of article 50 of the Political Constitution. Judge Salazar Alvarado makes a note. Notify.\n\n\nFernando Castillo V.\nPresident\n\n\nPaul Rueda L.\n\n\nNancy Hernández L.\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\nJorge Araya G.\n\n\nAnamari Garro V.\n\n\nAlicia Salas T.\n\nDigitally Signed Document\n-- Verification Code --\n*EY8BM43IEWFO61*\nEY8BM43IEWFO61\nCASE FILE N° 20-019249-0007-CO\n\nTelephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Email address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro Church). Reception of matters for vulnerable groups: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nClassification prepared by the CONSTITUTIONAL CHAMBER of the Judicial Branch. Its reproduction and/or distribution in onerous form is prohibited.\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 09-05-2026 01:13:23.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }