{
  "id": "nexus-sen-1-0007-1006870",
  "citation": "Res. 23866-2020 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Amparo parcialmente con lugar sobre acceso a información y denuncia ambiental en Gandoca-Manzanillo",
  "title_en": "Amparo Partially Granted for Access to Environmental Information and Environmental Complaint in Gandoca-Manzanillo",
  "summary_es": "La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo presentado por un ambientalista y la Asociación para el Desarrollo de la Ecología contra el Alcalde de Talamanca por falta de respuesta a una gestión del 5 de noviembre de 2020. La gestión contenía dos solicitudes: (1) una investigación exhaustiva sobre las condiciones legales en que se construyeron búngalos de lujo, piscina y otras obras por parte de la sociedad Bungalows de Punta Uva, presuntamente dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo (REGAMA), y con posible elusión de la evaluación de impacto ambiental; y (2) un informe cronológico de las condiciones fácticas y legales del proyecto. La Sala distingue entre el derecho de petición (artículo 27 constitucional) y el derecho a un procedimiento administrativo pronto y cumplido (artículo 41 constitucional). Respecto a la investigación solicitada, considera que no se trata de una simple petición, sino de una denuncia que requiere análisis, y estima prematuro el recurso pues solo habían transcurrido 15 días desde la presentación. En cuanto al informe cronológico, por ser información preconstituida, debió responderse en el plazo de 10 días hábiles del artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, lo que no ocurrió. La Sala declara parcialmente con lugar el recurso, ordenando entregar el informe cronológico en cinco días, y rechaza el amparo en cuanto a la investigación solicitada.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber hears an amparo filed by an environmentalist and the Association for the Development of Ecology against the Mayor of Talamanca for lack of response to a request dated November 5, 2020. The request had two parts: (1) a thorough investigation into the legal conditions under which luxury bungalows, a pool, and other structures were built by the corporation Bungalows de Punta Uva, allegedly inside the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge (REGAMA), potentially evading an environmental impact assessment; and (2) a chronological report on the factual and legal conditions of the project. The Chamber distinguishes the right of petition (Article 27 of the Constitution) from the right to a prompt and duly completed administrative procedure (Article 41 of the Constitution). Regarding the requested investigation, it is considered not a simple petition but a complaint requiring analysis, and the appeal is found premature since only 15 days had passed since filing. As for the chronological report, being pre-established information, it should have been answered within the 10 working days under Article 32 of the Constitutional Jurisdiction Law, which did not happen. The Chamber partially grants the amparo, ordering delivery of the chronological report within five days, and denies the amparo regarding the requested investigation.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "10/12/2020",
  "year": "2020",
  "topic_ids": [
    "procedural-environmental",
    "environmental-law-7554",
    "wildlife-law-7317"
  ],
  "primary_topic_id": "procedural-environmental",
  "es_concept_hints": [
    "derecho de petición",
    "amparo ambiental",
    "Refugio Nacional de Vida Silvestre",
    "REGAMA",
    "SETENA",
    "viabilidad ambiental D2",
    "artículo 27 Constitución",
    "artículo 41 Constitución",
    "información pública",
    "Ley de la Jurisdicción Constitucional"
  ],
  "concept_anchors": [
    {
      "article": "Art. 27",
      "law": "Constitución Política"
    },
    {
      "article": "Art. 41",
      "law": "Constitución Política"
    },
    {
      "article": "Art. 32",
      "law": "Ley de la Jurisdicción Constitucional"
    },
    {
      "article": "Art. 17",
      "law": "Ley Orgánica del Ambiente"
    }
  ],
  "keywords_es": [
    "amparo",
    "derecho de petición",
    "acceso a la información",
    "denuncia ambiental",
    "Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo",
    "Talamanca",
    "Sala Constitucional",
    "procedimiento administrativo",
    "información ambiental",
    "búngalos Punta Uva"
  ],
  "keywords_en": [
    "amparo",
    "right of petition",
    "access to information",
    "environmental complaint",
    "Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge",
    "Talamanca",
    "Constitutional Chamber",
    "administrative procedure",
    "environmental information",
    "Punta Uva bungalows"
  ],
  "excerpt_es": "El primer punto de la gestión del recurrente no se trata de una simple petición, sino que se ciñe más a una gestión de pronta resolución amparada por el artículo 41, de la Constitución Política, ya que para resolver la misma es necesario realizar una investigación y análisis, de la situación. De modo que, la falta de atención de ese extremo constituiría una violación a lo dispuesto en el artículo 41, de la Constitución Política.\nPese a que el recurrente no ha recibido respuesta, se considera que no tiene asidero su reclamo, pues este recurso se interpuso de manera prematura el 21 de noviembre de 2020, cuando habían transcurrido 15 días desde que presentó la gestión. Es importante recalcar que no se trata de una denuncia para detener una obra que daña el ambiente, sino para, eventualmente, sentar responsabilidades sobre la autorización para construir una obra. En consecuencia, el plazo de espera no es desproporcionado.\nAprecia esta Sala que también el recurrente solicitó un informe cronológico de las condiciones fácticas y legales que mediaron en el asunto mencionado en su gestión. Cuando, como en el presente asunto, lo que se solicita es una información preconstituida, donde la Administración no tiene nada que resolver, se habla de peticiones puras y simples de información. Se entiende que, en estos casos, normalmente la respuesta deberá darse dentro de los diez días hábiles siguientes a la recepción de la petición, como lo ordena el artículo 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional.",
  "excerpt_en": "The first point of the petitioner's request is not a simple petition, but rather a request for a prompt resolution protected under Article 41 of the Political Constitution, since resolving it requires an investigation and analysis of the situation. Thus, the failure to address that point would constitute a violation of Article 41 of the Constitution.\nEven though the petitioner has not received a response, his claim is considered unfounded, because this appeal was filed prematurely on November 21, 2020, when only 15 days had passed since he filed the request. It is important to emphasize that this is not a complaint to stop a construction that damages the environment, but rather to eventually establish liability for authorizing a construction project. Consequently, the waiting period is not disproportionate.\nThis Chamber also notes that the petitioner requested a chronological report on the factual and legal conditions involved in the matter referred to in his request. When, as in the present case, what is requested is pre-established information, where the Administration has nothing to resolve, we speak of pure and simple information requests. It is understood that, in such cases, the response must normally be given within ten working days following receipt of the request, as required by Article 32 of the Constitutional Jurisdiction Law.",
  "outcome": {
    "label_en": "Partially Granted",
    "label_es": "Parcialmente con lugar",
    "summary_en": "The Mayor of Talamanca is ordered to provide the requested chronological report within five days. The amparo is denied regarding the request for investigation, deemed premature.",
    "summary_es": "Se ordena al Alcalde de Talamanca entregar el informe cronológico solicitado en el plazo de cinco días. El amparo se declara sin lugar en cuanto a la solicitud de investigación, considerada prematura."
  },
  "pull_quotes": [
    {
      "context": "Considerando V",
      "quote_en": "When, as in the present case, what is requested is pre-established information, where the Administration has nothing to resolve, we speak of pure and simple information requests. It is understood that, in such cases, the response must normally be given within ten working days following receipt of the request, as required by Article 32 of the Constitutional Jurisdiction Law.",
      "quote_es": "Cuando, como en el presente asunto, lo que se solicita es una información preconstituida, donde la Administración no tiene nada que resolver, se habla de peticiones puras y simples de información. Se entiende que, en estos casos, normalmente la respuesta deberá darse dentro de los diez días hábiles siguientes a la recepción de la petición, como lo ordena el artículo 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional."
    },
    {
      "context": "Considerando V",
      "quote_en": "This is not a complaint to stop a construction that damages the environment, but rather to eventually establish liability for authorizing a construction project. Consequently, the waiting period is not disproportionate.",
      "quote_es": "No se trata de una denuncia para detener una obra que daña el ambiente, sino para, eventualmente, sentar responsabilidades sobre la autorización para construir una obra. En consecuencia, el plazo de espera no es desproporcionado."
    }
  ],
  "cites": [],
  "cited_by": [],
  "references": {
    "internal": [],
    "external": []
  },
  "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1006870",
  "tier": 2,
  "_editorial_citation_count": 0,
  "regulations_by_article": null,
  "amendments_by_article": null,
  "dictamen_by_article": null,
  "concordancias_by_article": null,
  "afectaciones_by_article": null,
  "resoluciones_by_article": null,
  "cited_by_votos": [],
  "cited_norms": [],
  "cited_norms_inverted": [],
  "sentencias_relacionadas": [],
  "temas_y_subtemas": [],
  "cascade_only": false,
  "amendment_count": 0,
  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 23866 - 2020\n\nFecha de la Resolución: 10 de Diciembre del 2020 a las 14:05\n\nExpediente: 20-021457-0007-CO\n\nRedactado por: Anamari Garro Vargas\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\nSentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n*200214570007CO*\n\nExp: 20-021457-0007-CO\n\nRes. Nº 2020023866\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas cinco minutos del diez de diciembre de dos mil veinte .\nRECURSO DE AMPARO interpuesto por [Nombre 001], mayor, soltero, ecologista, cédula de identidad No. [Valor 001], vecino de Limón centro, a su favor y de la ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ECOLOGÍA, cédula jurídica 3-002-387868, contra el ALCALDE DE TALAMANCA.\nRESULTANDO:\n1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 12:32 horas del 21 de noviembre de 2020, el recurrente interpone recurso de amparo contra el Alcalde de Talamanca y expresa que el 5 de noviembre de 2020 presentó  en la secretaría del gobierno local accionado, una gestión No. MLV-017-2020, de fecha 4 de noviembre de 2020, en la que solicitó la siguiente información:  \"(...) nos brinde un informe cronológico de las condiciones fácticas y legales que mediaron en este asunto. (...)” (copia aportada como prueba). Lo anterior, en relación con presuntas irregularidades en la construcción de cinco \"bungalows\" (búngalos) y otras obras, por parte de una sociedad anónima denominada Bungalows de Punta Uva. Reclama que, a la fecha de interposición del recurso, no se le había contestado nada al respecto, ni se le había dado acceso alguno a la información solicitada. Estima que lo anterior es violatorio de sus derechos fundamentales. Solicita que se declare con lugar el recurso, con las consecuencias de ley.\n2.-  Mediante resolución de las 11:29 horas del 23 de noviembre de 2020, la Presidencia de la Sala dio curso a este amparo y se le solicitó informe al Alcalde de Talamanca.\n3.- Informa bajo juramento Rugeli Morales Rodríguez, en su condición de Alcalde de Talamanca (escrito presentado a las 10:57 horas del 2 de diciembre de 2020), que la Alcaldía Municipal de Talamanca y el Concejo Municipal de Talamanca recibieron el 27 de octubre de 2020, una solicitud del señor [Nombre 001], mediante gestión AEL-075-2020. En respuesta, la Alcaldía Municipal le entregó copia del expediente administrativo solicitado y como constancia firmó el 29 de octubre de 2020. En esa documentación constan las acciones administrativas y lo actuado por la Administración Municipal anterior en dicho proyecto. Así como la acción realizada por esa administración, donde se clausuraron las obras. Agrega que como parte de la investigación que se desarrolla en forma paralela, existe una investigación del Ministerio Público bajo la sumaria 20-000028-0597-PE, contra GIPSY RAIN S.A. y otros, por el delito de drenaje y relleno de humedal. Asunto donde se tiene programada una inspección en el lugar de los hechos a las 11:00 horas del 11 de diciembre de 2020. Dice que la Municipalidad ha brindado todos los informes y requerimientos judiciales necesarios para el esclarecimiento de la verdad real y, de ser necesario, todas las correcciones y acciones en protección del medio ambiente. Solicita declarar sin lugar el recurso.\n4.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 23:01 horas del 2 de diciembre de 2020, el recurrente indica que se presenta a replicar el informe rendido mediante oficio ALMT-182-2020, del 1º de diciembre de 2020, empezando por reiterar sus manifestaciones y argumentos iniciales, y aclarando que en el oficio MLV-017-2020 de fecha 5 de noviembre de 2020, solicitó un informe de carácter ambiental, tendiente a conocer la situación legal de una gigantesca serie de construcciones ubicadas dentro del patrimonio natural del estado, según resultado de registro ambiental D2-0600-2020 de fecha 07/08/2020, emitido por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), obras presuntamente ubicadas ilegalmente dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, las cuales fueron edificadas sin contar con el indispensable estudio de impacto ambiental, establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente. Igualmente, desea reiterar y enfatizar que el presente asunto versa sobre el acceso a la información (derecho de petición), la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, y se dirige a proteger los derechos ambientales de la colectividad, y para ello es fundamental que esta Sala garantice mediante sentencia el derecho de todas las personas a tener acceso a la información de manera oportuna y adecuada, a participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno, y a acceder a la justicia cuando estos derechos hayan sido vulnerados. En términos un poco más formales, información, participación y justicia. Nada del otro mundo, podría decirse. Y, sin embargo, los tres derechos resultan críticos para que nuestra población cuente con herramientas capaces de enrumbarnos hacia un desarrollo realmente sostenible. Y al decir esto, lo que dice es que, hoy por hoy, en temas ambientales, se carece de información adecuada, ya se vio con el debate sobre la pesca de arrastre y se ha visto con la discusión sobre Crucitas, y, en general, sobre las industrias extractivas. Sin información, sufre también la participación genuina de la población en el debate sobre las acciones, omisiones o normativa que afecte el medio ambiente en que vive nuestra población. En el informe de descargo del señor Alcalde no se explican las razones de la inacción del gobierno local en torno a las ilegales edificaciones, pese a la presunta afectación ambiental del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo (REGAMA), el cual se encuentra dentro de la jurisdicción del cantón de Talamanca, contraviniendo con su inercia los fines para los cuales fue creado el REGAMA, tal y como se desprende del registro ambiental D2-0600-2020 citado. Nuestra Constitución Política garantiza el derecho de acceso a la justicia y la justicia pronta y cumplida. Igualmente establece obligaciones para los gobiernos locales, al señalar la obligación de proteger los intereses y servicios locales de cada cantón. Realizó una petición ante la Municipalidad de Talamanca para que se le facilitara un informe, con el fin de analizar cuáles obras habían autorizado, qué tipos de permisos fueron otorgados, qué tipo de asesoría tuvo la sociedad anónima Bungalows de Punta UVA S.A., pero la información no se le suministró por parte del gobierno local recurrido. Solicita declarar con lugar el recurso.\n5.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 10:57 horas del 3 de diciembre de 2020, el recurrente aporta prueba documental para mejor resolver.\n6.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.\n\n               Redacta la Magistrada Garro Vargas; y,\n\nCONSIDERANDO:\nI.-  OBJETO DEL RECURSO. El recurrente alega falta de respuesta de la gestión que presentó el 5 de noviembre de 2020, mediante la cual, en su condición de Presidente de la  Asociación para el Desarrollo de la Ecología y como ciudadano, solicitó al Alcalde de Talamanca información de carácter ambiental sobre un proyecto de la sociedad anónima denominada Bungalows de Punta Uva, que fue rechazado por SETENA, por presuntamente ubicarse dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo.\nII.- HECHO PROBADO. De importancia para la decisión de este asunto, se estima como debidamente demostrado el siguiente hecho, sea porque así ha sido acreditado o bien porque el recurrido haya omitido referirse según lo prevenido en el auto inicial:\nÚnico. Mediante oficio MLV-017-2020, de fecha 4 de noviembre de 2020, recibido al día siguiente, el recurrente requirió al Alcalde de Talamanca lo siguiente: “Me presento a solicitarle muy respetuosamente, que se proceda conforme a derecho a realizar una exhaustiva investigación sobre las condiciones legales en que se construyeron 5 lujosos bungalows, una piscina, un cuarto de máquinas y una caseta por parte de la sociedad anónima denominada Bungalows de Punta Uva, antigua G Pesada. Según el expediente que usted nos facilitó mediante oficio AMTA.E-0188-2020, en la construcción de esas obras se colige que presuntamente, se lesionan los principios de probidad, legalidad, igualdad, racionalidad, proporcionalidad, justicia, moralidad, control efectivo del sano manejo de la hacienda pública, rendición de cuentas y la adecuada distribución de la riqueza, al brindar un trato desigual a una sociedad anónima al amparo de un permiso de vivienda de interés social, en aras de ocultar obras que no pasaron por el tamiz de la evaluación de impacto ambiental, tal como lo establece el artículo 17 de la Ley Orgánica del ambiente, todo lo cual consta en la información que obra en los expedientes respectivos. Por último, le solicitamos muy atentamente nos brinde un informe cronológico de las condiciones fácticas y legales que mediaron en este asunto. Le ruego respondernos dentro de los próximos diez días hábiles, según la jurisprudencia constitucional. Atenderé notificaciones al correo electrónico…” (documento aportado por el recurrente).\nIII.- HECHO NO PROBADO. Se considera indemostrado el siguiente hecho de relevancia para la resolución del presente recurso de amparo.\nÚnico. Que el Alcalde de Talamanca haya brindado respuesta a la gestión presentada por el recurrente el 5 de noviembre de 2020.\nIV.- SOBRE LAS DIFERENCIAS DE LOS DERECHOS TUTELADOS EN LOS ARTÍCULOS 27 Y 41 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA. Esta Sala en la sentencia No. 2014-019693, de las 14:30 horas del 02 de diciembre de 2014, sobre las diferencias del derecho de petición, contemplado en el numeral 27 de la Constitución, con el denominado, por este Tribunal Constitucional, “derecho a un procedimiento administrativo pronto y cumplido” que se indicó, se ha entendido incardinado en el contenido esencial del artículo 41 constitucional, señaló que “…en el caso del derecho de petición del artículo 27 de la norma fundamental, que puede formular cualquier persona a un órgano, ente o funcionario p úblico o, incluso, en ciertos casos calificados, a un sujeto de Derecho privado, se presenta una petición simple que debe ser objeto de respuesta dentro del plazo de los 10 días hábiles posteriores que establece el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Lo relevante de este derecho es que se le brinde respuesta a la persona dentro del plazo indicado o, bien, previa justificación ofrecida al petente, dentro de uno que sea razonable de acuerdo con la complejidad de la petición. El derecho de petición no da origen a la apertura de un procedimiento administrativo constitutivo o de impugnación (recursos) donde existan partes interesadas y una concatenación de fases que observar hasta el dictado de un acto administrativo formal. El derecho a un procedimiento administrativo pronto y cumplido (artículo 41 constitucional) es la proyección al terreno de la vía administrativa o gubernativa del derecho de las partes interesadas en un procedimiento administrativo a que durante su sustanciación no existan dilaciones injustificadas o retardos indebidos, respecto de los plazos que pautan las leyes para sustanciar un procedimiento administrativo desde su inicio, sea de oficio o a instancia de parte, o durante la tramitación de los medios administrativos de impugnación admisibles. En definitiva, el derecho a un procedimiento pronto y cumplido responde a que el legislador pautó unos plazos para observar los procedimientos administrativos, los que, en aras de obtener un acto administrativo final y definitivo, deben ser observados por las administraciones públicas. En suma, existen diferencias esenciales entre el derecho de simple petición y el derecho a un procedimiento administrativo pronto y cumplido que podemos resumir de la siguiente manera: a) El derecho de petición lo ejerce cualquier persona o ciudadano de modo general “uti universi”, a diferencia del derecho a un procedimiento pronto y cumplido que puede ser ejercido por las partes interesadas que tienen alguna legitimación con relación al objeto del procedimiento administrativo de manera específica “uti singuli”; b) el derecho de petición no genera la incoación y sustanciación de un procedimiento administrativo a diferencia del derecho a un procedimiento pronto y cumplido; y c) en el derecho de simple petición el resultado que se obtiene es una respuesta y no un acto administrativo de carácter formal, final y definitivo...”.\nV.- SOBRE EL FONDO. En el caso bajo estudio, de las pruebas aportadas al expediente y del informe rendido por el Alcalde de Talamanca, que es dado bajo la solemnidad del juramento, con oportuno apercibimiento de las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se acreditó que mediante oficio MLV-017-2020, de fecha 4 de noviembre de 2020, recibido al d ía siguiente, el recurrente requirió a la citada autoridad municipal dos extremos, a saber: 1) una investigación sobre las condiciones legales en que se construyeron 5 lujosos bungalows, una piscina, un cuarto de máquinas y una caseta, por parte de la sociedad anónima denominada Bungalows de Punta Uva, antigua G Pesada. 2) un informe cronológico de las condiciones fácticas y legales que mediaron en ese asunto. Sobre tal gestión el recurrido informa que el 27 de octubre de 2020, se recibió una solicitud del se ñor [Nombre 001], mediante gestión AEL-075-2020 y en respuesta, se le entregó el 29 de octubre de 2020, copia del expediente administrativo solicitado. Por la fecha de la solicitud y lo pedido, se evidencia que el recurrido hace mención a otra gestión y no a la que corresponde a este amparo, que fue recibida en fecha posterior, el 5 de noviembre de 2020. Aparte de que lo demandado corresponde a otros extremos. En ese contexto, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se tienen por ciertos los hechos y se procede a analizar la constitucionalidad del asunto con base en los demás elementos aportados a los autos.\nEl primer punto de la gestión del recurrente no se trata de una simple petición, sino que se ciñe más a una gestión de pronta resolución amparada por el artículo 41, de la Constitución Política, ya que para resolver la misma es necesario realizar una investigación y análisis, de la situación. De modo que, la falta de atención de ese extremo constituiría una violación a lo dispuesto en el art ículo 41, de la Constitución Política. Al respecto, debe aclararse al recurrente, que a partir de la sentencia No. 2008-002545, de las 8:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa, con algunas excepciones, aquellos asuntos en los que se discute si la Administración Pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325), o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– o conocer de los recursos administrativos procedentes. Empero, en este caso, se plantea un supuesto de excepción para que la Sala se pronuncie al respecto y lo excepcione de ser conocido en la jurisdicción contenciosa administrativa, pues se está ante una denuncia ambiental por un proyecto constructivo presuntamente ubicado dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo. Pese a que el recurrente no ha recibido respuesta, se considera que no tiene asidero su reclamo, pues este recurso se interpuso de manera prematura el 21 de noviembre de 2020, cuando habían transcurrido 15 días desde que presentó la gestión. Es importante recalcar que no se trata de una denuncia para detener una obra que daña el ambiente, sino para, eventualmente, sentar responsabilidades sobre la autorización para construir una obra. En consecuencia, el plazo de espera no es desproporcionado. No se trata de una solicitud de información pura y simple, sino de una solicitud que requiere de una investigación, como lo demanda el recurrente. Por consiguiente, no hay razón para estimar, en este momento, el recurso en cuanto a este punto. \nAprecia esta Sala que también el recurrente solicit ó un informe cronológico de las condiciones fácticas y legales que mediaron en el asunto mencionado en su gestión. Cuando, como en el presente asunto, lo que se solicita es una información preconstituida, donde la Administración no tiene nada que resolver, se habla de peticiones puras y simples de información. Se entiende que, en estos casos, normalmente la respuesta deberá darse dentro de los diez días hábiles siguientes a la recepción de la petición, como lo ordena el artículo 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional. En autos, no consta que al recurrente le haya sido remitida tal documentación, pues como se indicó, el Alcalde de Talamanca informa sobre la respuesta a otra gestión del administrado. En consecuencia, se corrobora lo alegado por el tutelado ante esta Sala, de que todavía su misiva no ha sido atendida. Ello implica una violación al derecho de petición, regulado en el artículo 27 de la Constituci ón Política, toda vez que se vulneró el plazo señalado. Desde esa perspectiva, es claro que amerita la tutela del reclamo presentado.\nVI.- CONCLUSION. En razón de lo expuesto, lo solicitado por el recurrente, en cuanto a la investigación que solicita se realice, se estima prematuro la interposición del recurso. Por ello, se rechaza el amparo en cuanto tal extremo. Mientras que, respecto al informe requerido, se considera procedente y con los efectos que se indican en la parte dispositiva.\nVII.-  DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE . Se previene a la parte recurrente que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\nPOR TANTO:\nSe declara parcialmente con lugar el recurso. Se ordena a Rugeli Morales Rodríguez, en su condición de Alcalde de Talamanca o a quien en su lugar ocupe ese cargo, que gire las órdenes pertinentes y lleve a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias, para que, en el plazo de CINCO DÍAS, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se le proporcione al recurrente [Nombre 001] el informe cronológico de las condiciones fácticas y legales que mediaron en la situación que refiere en el oficio MLV-017-2020, recibido el 5 de noviembre de 2020. Se advierte al recurrido que de no acatar la orden dicha, incurrirá en el delito de desobediencia y, que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de Talamanca al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Respecto al otro  extremo planteado en el oficio MLV-017-2020, se declara sin lugar el recurso. Notifíquese.\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n \n\n \n\n \n\t\nFernando Castillo V.\nPresidente\n\t\n \n\n\nPaul Rueda L.\n\t\n \n\t\nNancy Hernández L.\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\t\n  \n\t\nJorge Araya G.\n\n\nAnamari Garro V.\n\t\n \n\t\nAlicia Salas T.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n*BZJGEBM9A7U61*\n\nBZJGEBM9A7U61\n\nEXPEDIENTE N° 20-021457-0007-CO\n \nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 09-05-2026 02:42:15.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "Large  \nNormal  \nSmall  \n\nConstitutional Chamber  \n\nResolution No. 23866 - 2020  \n\nDate of Resolution: December 10, 2020 at 14:05  \n\nCase File: 20-021457-0007-CO  \n\nDrafted by: Anamari Garro Vargas  \n\nType of matter: Amparo appeal  \n\nAnalyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER  \n\n  \n\n  \n\nRuling with protected data, in accordance with current regulations  \n\n  \n\n  \n\nText of the resolution  \n\n*200214570007CO*  \n\nExp: 20-021457-0007-CO  \n\nRes. No. 2020023866  \n\n  \n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at fourteen hours and five minutes on December tenth, two thousand twenty.  \n\nAMPARO APPEAL filed by [Name 001], of legal age, single, ecologist, identity card No. [Value 001], resident of downtown Limón, on his own behalf and that of the ASSOCIATION FOR THE DEVELOPMENT OF ECOLOGY, legal ID number 3-002-387868, against the MAYOR OF TALAMANCA.  \n\nWHEREAS:  \n\n1.- By brief received in the Secretariat of the Chamber at 12:32 p.m. on November 21, 2020, the appellant files an amparo appeal against the Mayor of Talamanca and states that on November 5, 2020, he filed with the secretariat of the respondent local government, a procedure No. MLV-017-2020, dated November 4, 2020, in which he requested the following information: \"(...) provide us with a chronological report of the factual and legal conditions that mediated in this matter. (...)\" (copy provided as evidence). The foregoing, in relation to alleged irregularities in the construction of five \"bungalows\" and other works, by a corporation named Bungalows of Punta Uva. He claims that, as of the date of filing the appeal, no response had been provided, nor had any access been given to the requested information. He considers this to be a violation of his fundamental rights. He requests that the appeal be granted, with the legal consequences.  \n\n2.- By resolution at 11:29 a.m. on November 23, 2020, the Presidency of the Chamber admitted this amparo and requested a report from the Mayor of Talamanca.  \n\n3.- Rugeli Morales Rodríguez, in his capacity as Mayor of Talamanca, reports under oath (brief filed at 10:57 a.m. on December 2, 2020), that the Municipal Mayor's Office of Talamanca and the Municipal Council of Talamanca received a request from Mr. [Name 001] on October 27, 2020, through procedure AEL-075-2020. In response, the Municipal Mayor's Office provided him with a copy of the requested administrative file and signed as proof on October 29, 2020. This documentation includes the administrative actions and what was done by the previous Municipal Administration regarding this project, as well as the action taken by this administration, where the works were shut down. He adds that as part of the investigation being conducted in parallel, there is an investigation by the Public Prosecutor's Office under summary file 20-000028-0597-PE, against GIPSY RAIN S.A. and others, for the crime of draining and filling a wetland. A matter where an on-site inspection is scheduled for 11:00 a.m. on December 11, 2020. He states that the Municipality has provided all necessary judicial reports and requirements for the clarification of the real truth and, if necessary, all corrections and actions to protect the environment. He requests that the appeal be dismissed.  \n\n4.- By brief received in the Secretariat of the Chamber at 11:01 p.m. on December 2, 2020, the appellant indicates that he appears to reply to the report rendered through official letter ALMT-182-2020, of December 1, 2020, beginning by reiterating his initial statements and arguments, and clarifying that in the official letter MLV-017-2020 dated November 5, 2020, he requested an environmental report, aimed at knowing the legal status of a gigantic series of constructions located within the state's natural heritage, according to the result of environmental record D2-0600-2020 dated 07/08/2020, issued by the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental, SETENA), works allegedly located illegally within the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge, which were built without the indispensable environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) established in Article 17 of the Organic Law of the Environment. Likewise, he wishes to reiterate and emphasize that the present matter concerns access to information (right to petition), public participation, and access to justice in environmental matters, and is aimed at protecting the environmental rights of the community, and for this, it is essential that this Chamber guarantee through its ruling the right of all persons to have timely and adequate access to information, to participate meaningfully in decisions that affect their lives and their environment, and to access justice when these rights have been violated. In somewhat more formal terms, information, participation, and justice. Nothing extraordinary, one might say. And yet, the three rights are critical for our population to have tools capable of steering us toward truly sustainable development. And by saying this, what he means is that, today, in environmental matters, there is a lack of adequate information, as was seen with the debate on trawling and has been seen with the discussion on Crucitas, and, in general, on extractive industries. Without information, the genuine participation of the population in the debate on actions, omissions, or regulations affecting the environment in which our population lives also suffers. The discharge report of the Mayor does not explain the reasons for the local government's inaction regarding the illegal buildings, despite the alleged environmental damage to the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge (Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, REGAMA), which is located within the jurisdiction of the canton of Talamanca, contravening with its inertia the purposes for which REGAMA was created, as is evident from the cited environmental record D2-0600-2020. Our Political Constitution guarantees the right of access to justice and prompt and complete justice. It also establishes obligations for local governments, pointing out the obligation to protect the local interests and services of each canton. He made a petition before the Municipality of Talamanca to be provided with a report, in order to analyze which works had been authorized, what types of permits were granted, what type of advice the corporation Bungalows of Punta UVA S.A. received, but the information was not provided by the respondent local government. He requests that the appeal be granted.  \n\n5.- By brief received in the Secretariat of the Chamber at 10:57 a.m. on December 3, 2020, the appellant provides documentary evidence for a better resolution.  \n\n6.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.  \n\nDrafted by Magistrate Garro Vargas; and,  \n\nWHEREAS:  \n\nI.- OBJECT OF THE APPEAL. The appellant alleges a lack of response to the procedure he filed on November 5, 2020, by which, in his capacity as President of the Association for the Development of Ecology and as a citizen, he requested from the Mayor of Talamanca environmental information about a project by the corporation named Bungalows of Punta Uva, which was rejected by SETENA, for allegedly being located within the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge.  \n\nII.- PROVEN FACT. Of importance for the decision of this matter, the following fact is deemed duly proven, either because it has been so accredited or because the respondent has omitted to refer to it as provided in the initial order:  \n\nSole. Through official letter MLV-017-2020, dated November 4, 2020, received the following day, the appellant requested the following from the Mayor of Talamanca: “I hereby appear to most respectfully request that you proceed in accordance with the law to conduct an exhaustive investigation into the legal conditions under which 5 luxurious bungalows, a swimming pool, a machine room, and a guardhouse were built by the corporation named Bungalows of Punta Uva, formerly G Pesada. According to the file you provided us through official letter AMTA.E-0188-2020, in the construction of these works, it is inferred that the principles of probity, legality, equality, rationality, proportionality, justice, morality, effective control of the sound management of public funds, accountability, and adequate distribution of wealth are presumably harmed, by providing unequal treatment to a corporation under the guise of a social interest housing permit, in order to conceal works that did not pass the scrutiny of the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental), as established in Article 17 of the Organic Law of the Environment, all of which is recorded in the information contained in the respective files. Finally, we very attentively request that you provide us with a chronological report of the factual and legal conditions that mediated in this matter. I urge you to respond within the next ten business days, according to constitutional jurisprudence. I will accept notifications at the email address…” (document provided by the appellant).  \n\nIII.- UNPROVEN FACT. The following fact of relevance for the resolution of this amparo appeal is considered unproven.  \n\nSole. That the Mayor of Talamanca has provided a response to the procedure filed by the appellant on November 5, 2020.  \n\nIV.- ON THE DIFFERENCES BETWEEN THE RIGHTS PROTECTED IN ARTICLES 27 AND 41 OF THE POLITICAL CONSTITUTION. This Chamber, in judgment No. 2014-019693, at 14:30 on December 2, 2014, regarding the differences between the right to petition, contemplated in numeral 27 of the Constitution, and what this Constitutional Court has termed the \"right to a prompt and complete administrative procedure,\" indicated as being embedded in the essential content of constitutional Article 41, stated that \"…in the case of the right to petition of Article 27 of the fundamental norm, which any person may formulate to a public body, entity, or official or, even, in certain qualified cases, to a private law subject, a simple petition is presented that must be answered within the period of the following 10 business days established by Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction. What is relevant about this right is that the person be provided with a response within the indicated period or, after providing justification to the petitioner, within a period that is reasonable given the complexity of the petition. The right to petition does not give rise to the opening of a constitutive or challenge administrative procedure (appeals) where there are interested parties and a concatenation of phases to observe until the issuance of a formal administrative act. The right to a prompt and complete administrative procedure (Article 41 of the Constitution) is the projection, onto the terrain of the administrative or governmental route, of the right of the interested parties in an administrative procedure to have no unjustified delays or undue postponements during its substantiation, with respect to the deadlines set by the laws for substantiating an administrative procedure from its beginning, whether ex officio or at the request of a party, or during the processing of admissible administrative challenge remedies. In short, the right to a prompt and complete procedure responds to the fact that the legislator set deadlines for observing administrative procedures, which, in order to obtain a final and definitive administrative act, must be observed by public administrations. In summary, there are essential differences between the right of simple petition and the right to a prompt and complete administrative procedure, which we can summarize as follows: a) The right to petition is exercised by any person or citizen generally 'uti universi', unlike the right to a prompt and complete procedure, which can be exercised by interested parties who have some standing regarding the object of the administrative procedure specifically 'uti singuli'; b) the right to petition does not generate the initiation and substantiation of an administrative procedure, unlike the right to a prompt and complete procedure; and c) in the right of simple petition, the result obtained is a response and not a formal, final, and definitive administrative act...\".  \n\nV.- ON THE MERITS. In the case under study, from the evidence provided to the file and the report rendered by the Mayor of Talamanca, which is given under the solemnity of an oath, with timely warning of the consequences, including criminal ones, provided for in Article 44 of the Law of Constitutional Jurisdiction, it was proven that through official letter MLV-017-2020, dated November 4, 2020, received the following day, the appellant requested two points from the aforementioned municipal authority, namely: 1) an investigation into the legal conditions under which 5 luxurious bungalows, a swimming pool, a machine room, and a guardhouse were built by the corporation named Bungalows of Punta Uva, formerly G Pesada. 2) a chronological report of the factual and legal conditions that mediated in that matter. Regarding such procedure, the respondent reports that on October 27, 2020, a request was received from Mr. [Name 001] through procedure AEL-075-2020, and in response, a copy of the requested administrative file was provided to him on October 29, 2020. Given the date of the request and what was requested, it is evident that the respondent refers to another procedure and not the one corresponding to this amparo, which was received on a later date, November 5, 2020. Apart from the fact that what is demanded corresponds to other points. In this context, in accordance with the provisions of Article 45 of the Law of Constitutional Jurisdiction, the facts are taken as true, and the constitutionality of the matter is analyzed based on the other elements provided to the proceedings.  \n\nThe first point of the appellant's procedure is not a simple petition but rather conforms more to a procedure for prompt resolution protected by Article 41 of the Political Constitution, since resolving it requires conducting an investigation and analysis of the situation. Thus, the failure to address this point would constitute a violation of the provisions of Article 41 of the Political Constitution. In this regard, the appellant must be clarified that, since judgment No. 2008-002545, at 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction, with some exceptions, those matters in which it is debated whether the Public Administration has or has not complied with the deadlines set by the General Law of Public Administration (Articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure—initiated ex officio or at the request of a party—or to hear the appropriate administrative appeals. However, in this case, an exception arises for this Chamber to rule on the matter and exempt it from being heard in the contentious-administrative jurisdiction, as this is an environmental complaint concerning a construction project allegedly located within the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge. Having clarified this point, we move on to resolve the specific situation raised in this amparo. Despite the appellant not having received a response, his claim is considered unfounded, because this appeal was filed prematurely on November 21, 2020, when 15 days had passed since he filed the procedure. It is important to emphasize that this is not a complaint to stop a work that harms the environment but, eventually, to establish responsibilities regarding the authorization to build a work. Consequently, the waiting period is not disproportionate. It is not a request for pure and simple information but a request that requires an investigation, as demanded by the appellant. Therefore, there is no reason to grant the appeal at this time regarding this point.  \n\nThis Chamber appreciates that the appellant also requested a chronological report of the factual and legal conditions that mediated in the matter mentioned in his procedure. When, as in the present matter, what is requested is pre-constituted information, where the Administration has nothing to resolve, it is referred to as pure and simple requests for information. It is understood that, in these cases, the response should normally be given within the ten business days following the receipt of the petition, as ordered by Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction. In the proceedings, it is not recorded that such documentation was forwarded to the appellant, because as indicated, the Mayor of Talamanca reports on the response to another procedure of the administered party. Consequently, what is alleged by the protected party before this Chamber is corroborated, that his letter has still not been addressed. This implies a violation of the right to petition, regulated in Article 27 of the Political Constitution, since the stated deadline was breached. From that perspective, it is clear that the protection of the presented claim is warranted.  \n\nVI.- CONCLUSION. Based on the foregoing, what the appellant requested regarding the investigation he asks to be carried out, the filing of the appeal is deemed premature. Therefore, the amparo is rejected regarding that point. Meanwhile, regarding the requested report, it is considered appropriate and with the effects indicated in the operative part.  \n\nVII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE FILE. The appellant is warned that, if any document on paper has been provided, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material that is not withdrawn within this period will be destroyed, as provided in the \"Regulations on the Electronic File before the Judicial Branch\" (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in the Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.  \n\nTHEREFORE:  \n\nThe appeal is partially granted. Rugeli Morales Rodríguez, in his capacity as Mayor of Talamanca, or whoever holds that office in his stead, is ordered to issue the pertinent orders and carry out all actions within the scope of his authority so that, within a period of FIVE DAYS, counted from the notification of this judgment, the appellant [Name 001] is provided with the chronological report of the factual and legal conditions that mediated in the situation referred to in official letter MLV-017-2020, received on November 5, 2020. The respondent is warned that failure to comply with said order will constitute the crime of disobedience, and that in accordance with Article 71 of the Law of this jurisdiction, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo appeal, and does not comply with it or does not have it complied with, provided that the crime is not more severely punished. The Municipality of Talamanca is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the acts serving as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the enforcement of the judgment of the contentious-administrative jurisdiction. Regarding the other point raised in official letter MLV-017-2020, the appeal is dismissed. Notify.  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\nFernando Castillo V.  \nPresident  \n\n  \n\n  \n\nPaul Rueda L.  \n\n  \n\nNancy Hernández L.  \n\n  \n\nLuis Fdo. Salazar A.  \n\n  \n\nJorge Araya G.  \n\n  \n\nAnamari Garro V.  \n\n  \n\nAlicia Salas T.  \n\n  \n\n  \n\n  \n\nDigitally Signed Document  \n\n-- Verification code --  \n\n*BZJGEBM9A7U61*  \n\nBZJGEBM9A7U61  \n\nEXPEDIENTE N° 20-021457-0007-CO  \n\n  \n\nTelephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Email address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro Church). Reception of matters from vulnerable groups: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6"
}