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  "id": "nexus-sen-1-0007-1009656",
  "citation": "Res. 24231-2020 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Mora del TAA en denuncia por invasión de precaristas en área de protección",
  "title_en": "TAA delay in resolving complaint over squatter invasion in protected area",
  "summary_es": "La Sala Constitucional conoció un amparo interpuesto por el representante de Forestales Alegría S.A., propietaria de una finca en Limón, contra el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA). El recurrente alegó que desde el 10 de junio de 2015 presentó una denuncia por la apertura ilegal de una trocha, corta de árboles en bosque y posterior asentamiento de un caserío de precaristas en el área de protección de una naciente dentro de su propiedad. A pesar de múltiples inspecciones ordenadas, informes técnicos y requerimientos a diversas entidades, el expediente administrativo se mantenía sin resolver después de más de cinco años, en etapa de investigación preliminar. La Sala constató la existencia de prolongados períodos de inactividad injustificada del TAA, lo que vulneraba el derecho fundamental a una justicia pronta y cumplida. Asimismo, consideró que, al estar en riesgo la protección de un área ambiental, la demora ponía en peligro el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, declaró parcialmente con lugar el recurso, ordenando a la Ministra de Ambiente y al TAA dictar la resolución final en el plazo de seis meses, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad penal. En cuanto al reclamo por la falta de desalojo administrativo, la Sala lo remitió a la jurisdicción contenciosa por no configurar un supuesto de excepción a la regla general.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber heard an amparo filed by the representative of Forestales Alegría S.A., owner of a farm in Limón, against the Administrative Environmental Tribunal (TAA). The petitioner alleged that since June 10, 2015, he had filed a complaint regarding the illegal opening of a trail, logging in a forest, and the subsequent settlement of a squatter village within the protection area of a water spring on his property. Despite multiple inspections ordered, technical reports, and requests to various entities, the administrative file remained unresolved for over five years, stuck in the preliminary investigation stage. The Chamber verified prolonged periods of unjustified inactivity by the TAA, violating the fundamental right to a swift and effective justice. Given that an environmental protection area was at risk, the delay also threatened the right to a healthy and ecologically balanced environment. Therefore, it partially granted the remedy, ordering the Minister of Environment and the TAA to issue the final decision within six months, under penalty of criminal liability. The claim regarding the administrative eviction was dismissed and referred to the contentious-administrative jurisdiction.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "18/12/2020",
  "year": "2020",
  "topic_ids": [
    "procedural-environmental",
    "forestry-law-7575"
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  "primary_topic_id": "procedural-environmental",
  "es_concept_hints": [
    "Tribunal Ambiental Administrativo (TAA)",
    "mora administrativa",
    "justicia pronta y cumplida",
    "precaristas",
    "área de protección de naciente",
    "amparo ambiental",
    "denuncia ambiental",
    "expediente administrativo",
    "daño ambiental significativo"
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  "concept_anchors": [
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      "article": "Art. 71",
      "law": "Ley de la Jurisdicción Constitucional"
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      "article": "Arts. 261 y 325",
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      "article": "Arts. 103, 108 y 111",
      "law": "Ley Orgánica del Ambiente"
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  "keywords_es": [
    "amparo por mora",
    "Tribunal Ambiental Administrativo",
    "justicia pronta y cumplida",
    "precaristas",
    "área de protección de naciente",
    "corta de árboles",
    "daño ambiental",
    "Sala Constitucional",
    "expediente 104-15-02-TAA",
    "Forestales Alegría S.A.",
    "Batán de Matina",
    "inactividad administrativa",
    "orden de resolver en seis meses"
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  "keywords_en": [
    "amparo for delay",
    "Administrative Environmental Tribunal",
    "swift and effective justice",
    "squatters",
    "water spring protection area",
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    "environmental damage",
    "Constitutional Chamber",
    "file 104-15-02-TAA",
    "Forestales Alegría S.A.",
    "Batán de Matina",
    "administrative inactivity",
    "order to resolve within six months"
  ],
  "excerpt_es": "V.- Sobre el fondo. En el caso de las acciones desarrolladas por el Tribunal Ambiental Administrativo, debe indicarse que resulta incomprensible para esta Sala que el problema mencionado por el recurrente persista todavía, pues desde el 10 de junio de 2015, el amparado presentó ante dicho Tribunal la denuncia respectiva; sin embargo, el proceso está detenido en la etapa de investigación preliminar desde hace cinco años. Llama la atención de esta Sala, que a pesar del evidente abandono del expediente, la autoridad recurrida no da justificación del atraso en el trámite, a pesar de que el problema se mantiene a la fecha, siendo que no solo está la supuesta tala de un bosque sino la posible afectación del área de protección de una naciente debido al asentamiento de un caserío de precaristas. (…) Así las cosas, esta Sala comprueba que el Tribunal Ambiental Administrativo ha sido omiso en su accionar, de modo que ha faltado a su obligación de garantizar una justicia pronta y cumplida y con ello, proteger mediante las medidas correspondientes, si fuera el caso los derechos a la salud y a un medio ambiente ecológicamente equilibrado. Por lo anterior, en cuanto a este aspecto, procede declarar con lugar el recurso.\n\nPor tanto: Se declara parcialmente con lugar el recurso únicamente en contra del Tribunal Ambiental Administrativo. En consecuencia, se ordena a Andrea Meza Murillo, y a Ligia Umaña Ledezma, en su condición respectiva de Ministra de Ambiente y Energía y de Vicepresidenta del Tribunal Ambiental Administrativo, o a quienes ocupen dichos cargos, girar las órdenes pertinentes y tomar las medidas necesarias dentro del ámbito de sus competencias para que, en el plazo de SEIS MESES, contado a partir de la notificación de la presente sentencia, se dicte la resolución final en el expediente administrativo N° 104-15-02-TAA y se le comunique a las partes lo resuelto.",
  "excerpt_en": "V.- On the merits. Regarding the actions of the Administrative Environmental Tribunal, it is incomprehensible to this Chamber that the problem mentioned by the petitioner still persists, since on June 10, 2015, the protected party filed the respective complaint before said Tribunal; however, the process has been stalled in the preliminary investigation stage for five years. It draws this Chamber's attention that, despite the evident abandonment of the file, the respondent authority provides no justification for the delay, even though the problem continues to date, involving not only alleged logging of a forest but also the potential impact on the protection area of a water spring due to the settlement of a squatter village. (…) Thus, this Chamber finds that the Administrative Environmental Tribunal has been neglectful in its actions, thereby failing in its obligation to guarantee swift and effective justice and, accordingly, to protect, through appropriate measures where applicable, the rights to health and an ecologically balanced environment. Therefore, on this aspect, the remedy is granted.\n\nTherefore: The remedy is partially granted only against the Administrative Environmental Tribunal. Consequently, Andrea Meza Murillo and Ligia Umaña Ledezma, in their respective capacities as Minister of Environment and Energy and Vice-President of the Administrative Environmental Tribunal, or whoever holds those offices, are ordered to issue the pertinent orders and take the necessary measures within their competence so that, within SIX MONTHS from the notification of this ruling, the final decision in administrative file No. 104-15-02-TAA is issued and communicated to the parties.",
  "outcome": {
    "label_en": "Partially granted",
    "label_es": "Parcialmente con lugar",
    "summary_en": "The Administrative Environmental Tribunal and the Minister of Environment were ordered to issue the final decision in file No. 104-15-02-TAA within six months, for violation of the right to swift and effective justice. The claim regarding the administrative eviction was dismissed.",
    "summary_es": "Se ordenó al Tribunal Ambiental Administrativo y a la Ministra de Ambiente dictar la resolución final en el expediente N° 104-15-02-TAA en un plazo de seis meses, por vulneración del derecho a una justicia pronta y cumplida. Se rechazó el reclamo sobre el desalojo administrativo."
  },
  "pull_quotes": [
    {
      "context": "Considerando V",
      "quote_en": "it is incomprehensible to this Chamber that the problem mentioned by the petitioner still persists, since on June 10, 2015, the protected party filed the respective complaint before said Tribunal; however, the process has been stalled in the preliminary investigation stage for five years.",
      "quote_es": "resulta incomprensible para esta Sala que el problema mencionado por el recurrente persista todavía, pues desde el 10 de junio de 2015, el amparado presentó ante dicho Tribunal la denuncia respectiva; sin embargo, el proceso está detenido en la etapa de investigación preliminar desde hace cinco años."
    },
    {
      "context": "Considerando V",
      "quote_en": "the Administrative Environmental Tribunal has been neglectful in its actions, thereby failing in its obligation to guarantee swift and effective justice and, accordingly, to protect, through appropriate measures where applicable, the rights to health and an ecologically balanced environment.",
      "quote_es": "el Tribunal Ambiental Administrativo ha sido omiso en su accionar, de modo que ha faltado a su obligación de garantizar una justicia pronta y cumplida y con ello, proteger mediante las medidas correspondientes, si fuera el caso los derechos a la salud y a un medio ambiente ecológicamente equilibrado."
    },
    {
      "context": "Por tanto",
      "quote_en": "within SIX MONTHS from the notification of this ruling, the final decision in administrative file No. 104-15-02-TAA shall be issued",
      "quote_es": "en el plazo de SEIS MESES, contado a partir de la notificación de la presente sentencia, se dicte la resolución final en el expediente administrativo N° 104-15-02-TAA"
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  "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1009656",
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 24231 - 2020\n\nFecha de la Resolución: 18 de Diciembre del 2020 a las 09:05\n\nExpediente: 20-017960-0007-CO\n\nRedactado por: Luis Fdo. Salazar Alvarado\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\nIndicadores de Relevancia\n\nSentencia relevante\n\nSentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente\n\n\n\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA\n\nTema: PRONTA RESOLUCIÓN\n\nSubtemas:\n\nMORA ADMINISTRATIVA..\n\n024231-20. PRONTA RESOLUCIÓN. SE ACUSA QUE EL TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO, NO HA RESUELTO UNA DENUNCIA SOBRE EL ASENTAMIENTO DE UN CASERÍO DE PRECARISTAS EN UN ÁREA DE PROTECCIÓN, DESDE HACE CINCO AÑOS. SE DECLARA CON LUGAR EL RECURSO Y, SE ORDENA A LA MINISTRA DE AMBIENTE, QUE, EN EL PLAZO DE SEIS MESES, SE DICTE LA RESOLUCIÓN FINAL EN EL CASO CONCRETO. VCG01/2021\n\nTexto de la resolución\n\n*200179600007CO*\n\nExp: 20-017960-0007-CO\n\nRes. Nº 2020024231\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cinco minutos del dieciocho de diciembre de dos mil veinte .\n\n \n              Recurso de amparo que se tramita en Expediente N° 20-017960-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001]; contra el TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO.\nResultando:\n1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 11:27 horas del 30 de septiembre de 2020, el recurrente interpone recurso de amparo contra el Tribunal Ambiental Administrativo. Indica que, la compañía Forestal Alegría S.A., a la cual representa, es propietaria de un inmueble ubicado en la provincia de Limón, con matrícula de folio real N° [Valor 003] . Menciona, que dicho inmueble era un terreno en producción dedicado a un programa auto sostenible de reforestación, con especies exóticas de rápido crecimiento. Comenta que, el 20 de octubre 1986, la firma Forestal Alegría S.A. suscribió un contrato para el desarrollo forestal del terreno, y posteriormente suscribi ó un contrato de regencia para el óptimo desarrollo y manejo técnico forestal de la plantación cultivada. Relata que, en 1999, mediante Resolución N° [Valor 004], se reconoci ó a la empresa Forestales Alegría S.A. como resforestadora [sic] y a su plantación reserva forestal. Afirma, que la titularidad de Forestales Alegría S.A. sobre la finca N° 10576-000 iba más allá de una titularidad registral, dado que la propiedad nunca fue tierra ociosa, siempre estuvo delimitada con alambre de púas y mojones naturales, mantenía sus rondas perimetrales y trillos de acceso en calzadas construidas con piedras de río; además, contaba con personal para su cuido, manutención y atención técnica actividades que su representada financió durante décadas hasta llegarse a madurar la plantación forestal. De igual forma, señala que, al inmueble de su poderdante, no le existía carga alguna sea por servidumbre de paso, agrícola, eléctrica o de acueducto, tampoco estaba inscrita como o a favor de fundo sirviente. Indica que, durante muchos años, su representada ejerció el derecho pleno de posesi ón y dominio absoluto sobre la total extensión de la cabida del inmueble; sin embargo, acusa que en forma fraudulenta, clandestina y violenta fueron despojados del mismo por usurpadores que ingresaron con ánimo de tomar posesión del terreno para construir sus viviendas y perpetuarse en él. Así mismo, acota que dentro del inmueble se encontró al Sr. [Nombre 007], el cual argumentó ser dueño de un derecho de posesión del terreno y luego de contratar a un tractor para abrir camino, valiéndose de un plano elaborado en falsedad ideológica, procedió a vender la finca. Alega que, por esos hechos delictivos, se lesionó el bosque primario y secundario en plantación, afectando la conservación de la Reserva Forestal de Pacuare y el recurso hídrico que existía en la propiedad. De igual forma, señala que no se pudo repeler la invasión de la finca, porque cuando se llegó al inmueble ya se había consumado la apertura del camino que se hizo en forma fugaz, abrupta, ilegal y sin permiso municipal. Aduce que, con la invasión y usurpación realizada por los precaristas, al poco tiempo se produjo la destrucción del bosque natural, arrasando con los pocos árboles que existentes de la finca propiedad de su representado. Manifiesta que, el 10 de junio de 2015, interpuso una denuncia ante el Tribunal Ambiental Administrativo, la cual se tramitó bajo el expediente No. [Valor 005] TAA. Comenta que, en ella, se dio parte a los actos vandálicos y de despojamiento que estaban sufriendo por parte de precaristas y del Sr. Madriz Abarca, quien cortó árboles del bosque con apertura de una trocha en la finca folio real N° 10576-000. Arguye que, por Resolución de las 07:40 horas de 30 de julio de 2015, el Tribunal accionado le dio traslado a su denuncia y le ordenó al director del Área de Conservación Amistad Caribe realizar una inspección en dicho inmueble. Añade, que por investigaci ón N° TAA-DT-078-18 de 16 de octubre de 2016, realizada por el Tribunal recurrido, se logró determinar la eliminaci ón de todo tipo de cobertura, incluyendo, palmas, árboles y arbustos, así mismo se constató que la mayor parte de la plantación forestal que había en el lugar ya no exist ía. Comenta que, por Resolución de las 10:30 horas de 10 de setiembre de 2019 del Tribunal accionado, se volvió a ordenar una inspecci ón en el inmueble propiedad de su representada. Indica que, en dicha investigación, nuevamente se le vuelve a reiterar al Tribunal Ambiental de la inexistencia de plantación forestal o bosque en el lugar en cuestión. No obstante, reclama que al día de interposición de este recurso no se ha resuelto la acusación planteada. Afirma, que el expediente administrativo de su representada lleva, en el Tribunal Ambiental, aproximadamente 5 años y la autoridad recurrida no ha resuelto conforme a derecho corresponde. En virtud de lo anterior, estima vulnerados sus derechos fundamentales y solicita que se declare con lugar este recurso.\n2.- Mediante resolución de la Sala de las 7:42 horas del 9 de octubre de 2020, se dio curso al amparo y se solicitó informe al Presidente del Tribunal Ambiental Administrativo.\n3.- Mediante escrito recibido mediante el sistema de gestión en línea, a las 11:27 horas del 12 de octubre de 2020, el recurrente interpone recurso de revocatoria en contra de la resolución de las 7:42 horas del 9 de octubre de 2020, dado que el presente recurso también se interpuso en contra el Ministerio de la Presidencia, el Ministro de Seguridad Pública y el Ministerio de Ambiente y en dicha resolución solo se le dio traslado al Tribunal Ambiental, siendo que las administraciones citadas participaron en los motivos que dan fundamento y sustento a este recurso. Indica, que la Dirección Jurídica Ministerio de Seguridad Pública tardó desde la invasión y usurpación más de seis años en dictar la resoluci ón correspondiente, y ordenó el desalojo, siendo que mediante oficio del 27 de junio de 2016 solicitó a la Viceministra de la Presidencia realizar la valoración de la procedencia de ejecutar el desalojo, substrayéndose así de su obligación de realizar el desalojo ordenado por el Ministro. Alega que presentó el 5 de agosto de 2016, a la Comisión Integral de Desalojos de la Presidencia que se oponía al desalojo ya que ninguno de los precaristas se encuentra en vulnerabilidad o riesgo social. Indica que el 7 de agosto de 2018, reiteró su solicitud de ordenar el desalojo de la finca, a lo que se le contesto que no tenían ningún expediente al respecto y el 25 de marzo de 2019, presentó una queja a la Dirección de Recursos Humanos de Casa Presidencia  por la inacción de dicha Comisión en resolver su caso, por lo que se le convocó a una reunión donde no se llegó a nada. En cuanto al Ministerio de Ambiente, el 9 de junio de 2015, presentó la denuncia ante el Tribunal Ambiental por corta ilegal de árboles en bosque y apertura de una trocha y al día de hoy no ha sido resuelta y no hay ningún avance en el expediente, lo que resulta un atraso injustificado, siendo que dicho Tribunal en la resolución del 27 de setiembre apercibió a Director del Área de Conservación Amistad Caribe y al de FONAFIFO, a realizar la inspección correspondiente. Asegura, que el desalojo administrativo ordenado hace seis años no ha sido efectuado, pese a que existe una resolución firme y todos los funcionaros mencionados son co participes de la violación de su derecho a una justicia pronta y cumplida así como a su derecho a la propiedad.\n4.- Informa bajo juramento Ligia Umaña Ledezma, en su condición de Vicepresidenta y Juez Tramitadora del Tribunal Ambiental Administrativo. Indica que, el día 10 de junio de 2015, se recibió la denuncia ambiental interpuesta por Forestales Alegría S.A.- cuyo Presidente es el recurrente de este proceso- contra Jorge Gerardo Madriz Abarca, por la supuesta construcción que se realizará [ sic] sobre una naciente y en el área de protección; a dicha denuncia, se le asignó el Expediente N° 104-15-02-TAA. Señala que, mediante Resolución N° 916-15-TAA de las 7:40 horas del 30 de julio de 2015, se ordenó\n“(…) PRIMERO: (…), al señor Edwin Cyrus Cyrus, Director del Área de Conservación Amistad Caribe, o quien ocupe su cargo, que proceda a: 1) realizar un inspección ocular “in situ” en el inmueble ubicado en Batán, Matina, Limón, finca folio real número 7-10576-000, plano catastrado número L-0606016-1985 (única dirección aportada), propiedad de la sociedad Forestales Alegría S.A., cédula jurídica número 3-101-077633, por presunta construcción de una trocha y corta de  árboles de bosque; 2) remitir la correspondiente valoración económica del presunto daño ambiental ocasionado en caso de constatarse el mismo; 3) informa a este Despacho lo relacionado con el contrato forestal aprobado con la sociedad mencionada, según indica el denunciante mediante resolución número R-060-99-ACLAC, aportar copia certificada del mismo e indicar si el mismo se encuentra vigente a la fecha. SEGUNDO: (…) al señor Jorge Mario Rodríguez Zúñiga , en su condición de Director del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), o a quien ocupe su cargo: 1) certificar si a nombre de la sociedad Forestales Alegría, Sociedad Anónima (…), o del señor [Nombre 001] (…), y sobre la finca folio real número 7-10576-000 (…), existe expediente abierto en su institución por concepto de contrato por pago de servicios ambientales (PSA); 2) de existir contrato, remitir una copia certificada del mismo, así como cualquier otra información que considere relevante para el presente expediente en vista de la denuncia (…) TERCERO : Se aclara a [Nombre 001], (…) que (…) Es función del Tribunal conocer y resolver, en sede administrativa, las denuncias establecidas contra todas las personas, públicas o privadas, por violaciones a la legislación tutelar del ambiente y los recursos naturales; conocer, tramitar y resolver, de oficio o instancia de parte, las denuncias referentes a comportamientos activos y omisos que causen un daño ambiental significativo ; violen, amenacen violar o exista un riesgo de causar una infracción a las normas de la legislación tutelar del ambiente y los recursos naturales; (…) Por lo anteriormente expresado se le indica que sus pretensiones en cuanto al derecho de posesión y pretensiones estimadas monetariamente podrá reclamarlas en la vía judicial pertinente (…) o (…) competente para tal efecto (…)”.\nAñade que, respecto a lo ordenado anteriormente, el Director de Servicios Ambientales del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) indicó que Forestales Alegría S.A. no tiene contratos PSA a su nombre (esto, mediante constancia N° PSA-053-2015 del 28 de agosto de 2015). Recalca que, mediante las resoluciones 316-17-TAA (10:02 horas del 13 de marzo de 2017) y 872-17-TAA (7:31 horas del 19 de junio de 2017), se acordó solicitar a Edwin Cyrus Cyrus ( Director del Área de Conservación Amistad Caribe) cumplir lo ordenado por la Resolución N° 916-15-TAA de las 7:40 horas del 30 de julio de 2015. Relata que, mediante Oficio N° SINAC-ACLAC-DRFVS-100 del 27 de septiembre de 2017, el Director de Recursos Forestales y Vida Silvestre del Área de Conservación Amistad Caribe indic ó que se realizó inspección en el sitio y se identificó un camino que pasa por el medio de la finca, aproximadamente de dos kilómetros y cinco metros de ancho; no se pudo determinar la fecha de construcción del camino, ni se encontraron evidencias de árboles cortados recientemente; sin embargo, el recurrente de este proceso, mediante escrito del 6 de noviembre de 2017, indicó que el camino inspeccionado por el Área de Conservación se trata de otro distinto al denunciado en el expediente del procedimiento en cuestión y solicitó, entonces, una nueva inspección en el sitio denunciado. Narra, que se acordó realizar una inspecci ón ocular “in situ” en conjunto con el Departamento Técnico del Tribunal (mediante la Resolución 769-18-TAA a las 14:02 horas del 10 de agosto de 2018); y mediante el Oficio TAA-DT-078-18 del 16 de octubre de 2018, se entregó el informe técnico de inspección ambiental. Expone que, mediante Resolución N° 388-19-TAA de las 11:28 horas del 15 de marzo de 2019, se solicitó al recurrente de este proceso de amparo aclarar lo relacionado con las coordenadas del sitio denunciado; y el 10 de septiembre de 2019, mediante la Resolución N°1558-19-TAA de las 10:30 horas, se acordó que “(…) en vista de que no hubo claridad en cuanto a la ubicación de sitio y las coordenadas aportadas por el denunciante, a fin de establecer la verdad real de los hechos y determinar la situación denunciada en el sitio, la apertura de un presunto camino, la presunta eliminación de bosque ilegal, así como los nuevos hechos puestos en conocimiento por el denunciante en relación con la afectación del área de protección de una naciente con un caserío de precaristas, y/o cualquier otra consulta que se detecte, este Despacho considera necesario realizar una inspección ocular “in situ,” en forma conjunta con funcionarios del Departamento Técnico de este Tribunal”. Explica que, respecto a la investigación N°TAA-DT-078-18 del 16 de octubre de 2016, la eliminación de todo tipo de cobertura, incluyendo palmas, árboles y arbustos, se refiere a “(…) los sitios registrados con coordenadas “CRTM05 N 1112820 E 568208 (± 2.4 m) y N 1113055 E 568356 (± 2.7 m) (…); más no para la totalidad del inmueble objeto de la denuncia (…) la eliminación de la vegetación se realizó recientemente, incluso se localizaron indicios de quemas realizadas. Según el Sr. Pearson Palmer, estos hechos son recientes puesto que en la visita realizada en agosto de 2017 no habían sido realizados”. Aclara que, según el informe técnico de inspección ambiental (Oficio TAA-DT-139-19 del 31 de octubre de 2019), se indicó que “(…) no se observaron los indicios de la existencia de alguna plantación forestal, sino áreas con cobertura arbórea de especies forestales nativas que se presume corresponden a regeneración natural y que en apariencia esa cobertura ha sido fragmentada por la inclusión de cultivos agrícolas como maíz (…), guanábana (…), plátano (…), yuca (…), coco (…), caña (…), cítricos (…), naranjilla de palo (…), cas (…) y manzana de agua (…)”. Acusa, que el Expediente Administrativo N° 104-15-02-TAA implica el necesario desarrollo de un complejo proceso exegético para su verificación. Solicita se declare sin lugar el recurso.\n5.- Mediante resolución de las 10:06 horas del 23 de octubre de 2020, se ampliaron las partes del recurso y se requirió informe al Ministro de Ambiente y Energía, al Director del Área de Conservación “Amistad Caribe” y el Director del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, sobre los hechos alegados por el recurrente.\n6.- Mediante escrito recibido en el sistema de gestión en línea, el recurrente solicita se adicione la supraindicada resolución emplazando e intimidando a las autoridades recurridas y realizarles el respectivo traslado de hechos para que sea rendido el informe respectivo. Solicita se deje sin efecto el recurso de revocatoria interpuesto, pues deduce que de oficio se subsanó el error cometido y por ende, el mismo carece de interés actual.\n6.- Informa bajo juramento Andrea Meza Murillo, en su condición de Ministra de Ambiente y Energía, que el Tribunal Ambiental mediante oficio número 864-2020-TAA, de fecha 28 de octubre del 2020, suscrito por la Licda. Ligia Umaña Ledezma, en su condici ón de Vicepresidenta del Tribunal Ambiental Administrativo, procedió a informar las acciones para cumplir con la resolución supra citada, en los siguientes términos: “…PRIMERO: Que el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) por disposición del artículo 103 de la Ley Orgánica del Ambiente (publicada en La Gaceta N° 215 del 13 de noviembre de 1995), establece que es un órgano desconcentrado del Ministerio de Ambiente y Energía, con competencia exclusiva e independencia funcional en el desempeño de sus atribuciones. Acorde con las potestades del Tribunal Ambiental Administrativo conforme a la Ley Orgánica del Ambiente, esta institución actúa a partir de ser presentada la denuncia (Art. 108 de LOA) SEGUNDO: Antecedentes: 1) El día 10 de junio del 2015, fue recibido en este Despacho la denuncia ambiental interpuesta por Forestales Alegría S.A., cédula jurídica número 3-101-111417, cuyo Presidente es el señor [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001] , contra del señor Jorge Gerardo Madriz Abarca, cédula de identidad 9-0050-0356, por la supuesta construcción que se realizara sobre una naciente y en el área de protección. (folio 01-52) 2) Que a la denuncia le fue asignado el expediente número 104-15-02-TAA. 3) Que mediante escrito de fecha 29 de junio del 2015 suscrito por el Lic. Roberto Enrique [Nombre 001], visible a folio 52, se autoriza al señor Oseas López Jiménez para revisión del expediente. 4) Que mediante resolución número 916-15-TAA de las 07 horas 40 minutos del 30 de julio del 2015, visible a folio 53, este Tribunal ordenó: “(…) PRIMERO: (…), al señor Edwin Cyrus Cyrus, Director del Área de Conservación Amistad Caribe, o quien ocupe su cargo, que proceda a: 1) realizar una inspección ocular “in situ” en el inmueble ubicado en Batán, Matina, Limón, finca folio real número 7-10576-000, plano castrado número L-0606016-1985 (única dirección aportada), propiedad de la sociedad Forestales Alegría, S.A., cédula jurídica número 3-101-077633, por presunta construcción de una trocha y corta de árboles en bosque; 2) remitir la correspondiente valoración económica del presunto daño ambiental ocasionado en caso de constatarse el mismo; 3) informa a este Despacho lo relacionado con el contrato forestal aprobado con la sociedad mencionada, según indica el denunciante mediante resolución número R-060-99-ACLAC, aportar copia certificada del mismo e indicar si el mismo se encuentra vigente a la fecha. SEGUNDO: (…) al señor Jorge Mario Rodríguez\nZúñiga, en su condición de Director del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), o a quien ocupe su cargo: 1) certificar si a nombre de la sociedad Forestales Alegría, Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-077633, o del se ñor [Nombre 001] , cédula de identidad número [Valor 001], y sobre la finca folio real número 7-10576-000, plano catastro número L-0606016-1985, ubicada en Limón, Batán, Matina, existe expediente abierto en su institución por concepto de contrato por pago de servicios ambientales (PSA); 2) de existir contrato, remitir una copia certificada del mismo, así como cualquier otra información que considere relevante para el presente expediente en vista de la denuncia por tala actualmente tramitada. TERCERO: Se aclara al señor [Nombre 001], cédula de 5 identidad número [Valor 001], presidente de la sociedad Forestales Alegría, Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-077633, denunciante en el presente expediente, que las competencias que ejerce este Tribunal se encuentran definidas en los artículos 103 y 111 de la Ley Orgánica del Ambiente, Nº 7554. Es función del Tribunal conocer y resolver, en sede administrativa, las denuncias establecidas contra todas las personas, públicas o privadas, por violaciones a la legislación tutelar del ambiente y los recursos naturales; conocer, tramitar y resolver, de oficio o a instancia de parte, las denuncias referentes a comportamientos activos y omisos que causen un daño ambiental significativo; violen, amenacen violar o exista un riesgo de causar una infracción a las normas de la legislación tutelar del ambiente y los recursos naturales; (…). (…). Por lo anteriormente expresado se le indica que sus pretensiones en cuanto al derecho de posesión y pretensiones estimadas monetariamente podrá reclamarlas en la vía judicial pertinente para tal efecto, o en cualquier otra vía competente para tal efecto. (…)”. (sic) 5) Que mediante constancia número PSA-053-2015 de fecha 28 de agosto del 2015 suscrita por el Ing. Oscar Sánchez Chaves, Director de Servicios Ambientales FONAFIFO, visible a folio 67, indica que Forestales Alegría S.A., [Nombre 001] o finca folio real número 7-010576, plano L606016-1985, no tiene contratos PSA a su nombre. 6) Que a folios 68 y 69 consta escrito suscrito por el Lic. Roberto Enrique [Nombre 001] de fecha 11 de setiembre del 2015, mediante el cual aporta como nuevo fax para notificaciones el número 4030-88-11. 7) Que a folios 70 a 74 consta escrito sin fecha suscrito por el Lic. Roberto Enrique [Nombre 001], mediante el cual indica que del 19 de abril del 2016 al 09 de mayo del 2016 no se encontrará en el país por lo que ruego no realizar señalamientos ni cursar notificaciones ya que no podrá atender ninguna diligencia. 8) Que mediante escrito de fecha 28 de abril del 2016 suscrito por el Lic. Roberto Enrique [Nombre 001], visible a folios 75 a 79, aporta como prueba para mejor resolver la certificación de la escritura 124 de la Notaria Raquel Núñez González, que se refiere al autor responsable de la apertura del camino denunciado. 9) Que mediante escrito de fecha 19 de mayo del 2016 suscrito por el Lic. Roberto Enrique [Nombre 001], visible a folio 80, autoriza al señor Oseas López Jiménez para revisión del expediente. 10) Que mediante resolución número 316-17-TAA de las 10 horas 02 minutos del 13 de marzo del 2017, visible a folios 81 a 83, este Tribunal acordó solicitar por segunda vez al señor Edwin Cyrus Cyrus, Director del Área de Conservación Amistad Caribe, lo indicado en la resolución número 916-15-TAA de las 07 horas 40 minutos del 30 de julio del 2015, considerando primero. 11) Que mediante resolución número 872-17-TAA de las 07 horas 31 minutos del 19 de junio del 2017, visible a folios 88 a 91, este Tribunal acordó solicitar por tercera vez al señor Edwin Cyrus Cyrus, Director del Área de Conservación Amistad Caribe, lo indicado en la resolución número 916-15-TAA de las 07 horas 40 minutos del 30 de julio del 2015, considerando primero. 12) Que mediante oficio SINAC-ACLAC-DR-0312-2017 de fecha 11 de julio de 2017, visible a folios 96 y 97, el señor Edwin Cyrus, Director Regional del Área de Conservación Amistad Caribe remite para que se dé respuesta la resolución de este Tribunal a la señora Magdalena Melegatti, Asesora Legal del Área de Conservación Amistad Caribe. 13) Que mediante oficio SINAC-ACLAC-DRFVS-100 de fecha 27 de setiembre del 2017 suscrito por el Ing. Eduardo Pearson Palmer, Director de Recursos Forestales y Vida Silvestre del Área de Conservación Amistad Caribe, visible a folios 98 a 106, indica que se realiza inspección en el sitio y se identifica un camino que pasa por en medio de la finca de aproximadamente 02 kilómetros y 05 metros de ancho, no se pudo determinar la fecha de construcción del camino, ni se encontraron evidencias de árboles cortados recientemente, no encontrándose el mismo en bosque. 14) Que mediante escrito de fecha 06 de noviembre del 2017 suscrito por el señor [Nombre 001] , apoderado de Forestales Alegría S.A., visible a folios 107 a 113, indica que el camino inspeccionado por el Área de Conservación se trata de otro distinto al denunciado en el presente expediente, y solicita se realice nueva inspección en el sitio denunciado. 15) Que a folios 114 y 115 constan los planos catastrados L-0606016-1985 y L-834593- 2002. 16) Que mediante resolución número 769-18-TAA de las 14 horas 02 minutos del 10 de agosto del 2018, visible a folios 118 a 122, este Tribunal acordó realizar una inspección ocular “in situ”, en forma conjunta con el Departamento Técnico de este Tribunal. 17) Que mediante oficio TAA-DT-078-18 del 16 de octubre del 2018, se hace entrega del informe técnico de inspección ambiental, visible a folios 138-159. 18) Que a folio 160 consta escrito por parte del Lic. Roberto Enrique [Nombre 001]. 19) Que mediante resolución número 388-19-TAA de las 11 horas 28 minutos del 15 de marzo del 2019, visible a folios 161 a 162, este Tribunal acordó solicitar al Director de Recursos Forestales y Vida Silvestre del Área de Conservación Amistad Caribe, proceder en remitir el informe de la inspección realizada el 04 de octubre del 2018. Además, se solicita al señor [Nombre 001] , apoderado de Forestales Alegría Sociedad Anónima, aclarar lo relacionado con las coordenadas del sitio denunciado. 20) Que a folio 167-172 consta escrito por parte del señor [Nombre 001] , apoderado de Forestales Alegría S.A., en cumplimiento a la resolución número 388-19-TAA. 21) Que a folio 173-178 consta escrito por parte del Lic. Roberto Enrique [Nombre 001]. 22) Que mediante resolución número 1558-19-TAA de las 10 horas 30 minutos del 10  de setiembre del 2019, visible a folios 179 a 182, este Tribunal acordó que “..en vista de que no hubo claridad en cuanto a la ubicación de sitio y las coordenadas aportadas por el denunciante, a fin de establecer la verdad real de los hechos y determinar la situación denunciada en el sitio, la apertura de un presunto camino, la presunta eliminación de bosque ilegal, así como los nuevos hechos puestos en conocimiento por el denunciante en relación con la afectación del área de protección de una naciente con un caserío de precaristas, y/o cualquier otra consulta que se detecte, este Despacho considera necesario realizar una inspección ocular “in situ”, en forma conjunta con funcionarios del Departamento Técnico de este Tribunal. ” 23) Que mediante oficio DA-UHCAROG-0647-2019 de fecha 27 de setiembre del 2019 suscrito por la Licda. Daniella Villegas Loaiza, Unidad Hidrológica Caribe de la Direcci ón de Agua-MINAE, visible a folio 191, indica que “respecto a este cuerpo de agua se deberá dar un seguimiento en otro período del año para remitir un criterio respecto a su naturaleza.” 24) Que mediante oficio TAA-DT-139-19 del 31 de octubre del 2019, se hace entrega del informe técnico de inspección ambiental, visible a folios 192-238 del expediente administrativo. TERCERO: El día 12 de octubre del 2020, fue notificado a este Tribunal, la resolución de traslado de los hechos alegados por el recurrente, bajo expediente N° 20-17960- 0007-CO, al cual se brindó el respectivo informe mediante el oficio No. 836-2020 del 14 de octubre del 2020 y certificación de copia del expediente en oficio No. 837-2020. En resumen indica: Alegato Nº 1.- “…la compañía Forestal Alegría S.A., a la cual representa, es propietaria de un inmueble ubicado en la provincia de Limón, con matrícula de folio real N° 10576-000. Menciona dicho inmueble era un terreno en producción dedicado a un programa auto sostenible de reforestación, con especies exóticas de rápido crecimiento. Comenta que el 20 de octubre 1986 la firma Forestal Alegría S.A. suscribió un contrato para el desarrollo forestal del terreno, posteriormente suscribió un contrato de regencia para el óptimo desarrollo y manejo técnico forestal de la plantación cultivada. Relata que en 1999 mediante resolución N° 7484-1999, se reconoció a la empresa Forestales Alegría S.A. como reforestadora y a su plantación reserva forestal. Afirma que la titularidad de Forestales Alegría S.A. sobre la finca N° 10576-000 iba más allá de una titularidad registral dado que la propiedad nunca fue tierra ociosa, siempre estuvo delimitada con alambre de púas y mojones naturales, mantenía sus rondas perimetrales y trillos de acceso en calzada construidas con piedras de río; además, contaba con personal para su cuido, manutención y atención técnica actividades que su representada financió durante décadas hasta llegarse a madurar la plantación forestal. De igual forma, señala que, al inmueble de su poderdante, no le existía carga alguna sea por servidumbre de paso, agrícola, eléctrica o de acueducto, tampoco estaba inscrita como o a favor de fundo sirviente. Indica que, durante muchos años, su representada ejerció el derecho pleno de posesi ón y dominio absoluto sobre la total extensión de la cabida del inmueble; sin embargo, acusa que en forma fraudulenta, clandestina y violenta fueron despojados del mismo por usurpadores que ingresaron con ánimo de tomar posesión del terreno para construir sus viviendas y perpetuarse en él. Así mismo, acota que dentro del inmueble se encontró al Sr. Jorge Gerardo Madriz Abarca, el cual argumentó ser dueño de un derecho de posesión del terreno y luego de contratar a un tractor para abrir camino, valiéndose de un plano elaborado en falsedad ideológica, procedió a vender la finca. Alega que por esos hechos delictivos se lesionó el bosque primario y secundario en plantación, afectando la conservación de la Reserva Forestal de Pacuare y el recurso hídrico que existía en la propiedad. De igual forma, señala que no se pudo repeler la invasión de la finca, porque cuando se llegó al inmueble ya se había consumado la apertura del camino que se hizo en forma fugaz, abrupta, ilegal y sin permiso municipal. Aduce que, con la invasión y usurpación realizada por los precaristas, al poco tiempo se produjo la destrucción del bosque natural, arrasando con los pocos árboles que existentes de la finca propiedad de su representado.”. El expediente N° 104-15-02, se encuentra en la etapa de investigación preliminar por parte de este Despacho; por ende, en aras de salvaguardar el debido proceso, no se emite criterio anticipado del asunto aquí alegado. Alegato Nº 2.- “Manifiesta que el 10 de junio de 2015 interpuso una denuncia ante el Tribunal Ambiental Administrativo, la cual se tramitó bajo el expediente N° 104-15-02- TAA. Comenta que en ella dio parte a los actos vandálicos y de despojamiento que estaban sufriendo por parte de precaristas y del Sr. Madriz Abarca, quien cortó árboles del bosque con apertura de una trocha en la finca folio real N° 10576-000”. Lleva razón el recurrente. El día 10 de junio del 2015, fue recibido en este Despacho la denuncia ambiental interpuesta por Forestales Alegría S.A., cédula jurídica número 3- 101-111417, cuyo Presidente es el señor [Nombre 001] , cédula de identidad [Valor 001] , contra del señor Jorge Gerardo Madríz Abarca, cédula de identidad 9-0050-0356, por la supuesta construcción que se realizará sobre una naciente y en el  área de protección. (folio 01-52) -Alegato Nº 3.- Arguye que por resoluci ón de las 07:40 horas de 30 de julio de 2015, el Tribunal accionado le dio traslado a su denuncia y le ordenó al director del Área de Conservación Amistad Caribe realizar una inspección en dicho inmueble. Lleva razón el recurrente. Que mediante resolución número 916-15-TAA de las 07 horas 40 minutos del 30 de julio del 2015, visible a folios 55-53, este Tribunal ordenó: “(…) PRIMERO: (…), al señor Edwin Cyrus Cyrus, Director del Área de Conservación Amistad Caribe, o quien ocupe su cargo, que proceda a: 1) realizar una inspección ocular “in situ” en el inmueble ubicado en Batán, Matina, Limón, finca folio real número 7-10576-000, plano castrado número L-0606016-1985 (única dirección aportada), propiedad de la sociedad Forestales Alegría, S.A., cédula jurídica número 3-101-077633, por presunta construcción de una trocha y corta de árboles en bosque; 2) remitir la correspondiente valoración económica del presunto daño ambiental ocasionado en caso de constatarse el mismo; 3) informa a este Despacho lo relacionado con el contrato forestal aprobado con la sociedad mencionada, según indica el denunciante mediante resolución número R-060-99-ACLAC, aportar copia certificada del mismo e indicar si el mismo se encuentra vigente a la fecha SEGUNDO: (…) al señor Jorge Mario Rodríguez Zúñiga, en su condición de Director del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), o a quien ocupe su cargo: 1) certificar si a nombre de la sociedad Forestales Alegría, Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-077633, o del señor [Nombre 001], cédula de identidad número [Valor 001] , y sobre la finca folio real número 7-10576-000, plano catastro número L-0606016-1985, ubicada en Limón, Batán, Matina, existe expediente abierto en su institución por concepto de contrato por pago de servicios ambientales (PSA); 2) de existir contrato, remitir una copia certificada del mismo, así como cualquier otra información que considere relevante para el presente expediente en vista de la denuncia por tala actualmente tramitada. TERCERO: Se aclara al señor [Nombre 001], cédula de identidad número [Valor 001], presidente de la sociedad Forestales Alegría, Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-077633, denunciante en el presente expediente, que las competencias que ejerce este Tribunal se encuentran definidas en los artículos 103 y 111 de la Ley Orgánica del Ambiente, Nº 7554. Es función del Tribunal conocer y resolver, en sede administrativa, las denuncias establecidas contra todas las personas, públicas o privadas, por violaciones a la legislación tutelar del ambiente y los recursos naturales; conocer, tramitar y resolver, de oficio o a instancia de parte, las denuncias referentes a comportamientos activos y omisos que causen un daño ambiental significativo; violen, amenacen violar o exista un riesgo de causar una infracción a las normas de la legislación tutelar del ambiente y los recursos naturales; (…). (…). Por lo anteriormente expresado se le indica que sus pretensiones en cuanto al derecho de posesión y pretensiones estimadas monetariamente podrá reclamarlas en la vía judicial pertinente para tal efecto, o en cualquier otra vía competente para tal efecto. (…)”. (sic) -Alegato Nº 4.- Añade que por investigación N° TAA-DT-078-18 de 16 de octubre de 2016, realizada por el Tribunal recurrido, se logró determinar la eliminación de todo tipo de cobertura, incluyendo, palmas, árboles y arbustos, así mismo se constató que la mayor parte de la plantación forestal que había en el lugar ya no existía. Téngase que el oficio en cuestión establece en el punto 10 del apartado de HECHOS Y OBSERVACIONES que: “se observó la eliminación de todo tipo de cobertura, incluyendo palmas, árboles y arbustos.”; nótese que el apartado es específico para los sitios registrados con coordenadas “CRTM05 N 1112820 E 568208 (±2.4 m) y N 1113055 E 568356 (±2.7 m)..”; más no para la totalidad del inmueble objeto de la denuncia. Además añade, en este mismo apartado, que en “…apariencia la eliminación de la vegetación se realizó recientemente, incluso se localizaron indicios de quemas realizadas. Según el Sr. Pearson Palmer, estos hechos son recientes puesto que en la visita realizada en agosto del 2017 no habían sido realizados.” (folio 139 vto) -Alegato N º 5.- Comenta que por resolución de las 10:30 horas de 10 de setiembre de 2019 del Tribunal accionado, se volvió a ordenar una inspecci ón en el inmueble propiedad de su representada. Lleva razón el recurrente. Mediante resolución número 1558-19-TAA de las 10 horas 30 minutos del 10 de setiembre del 2019, visible a folios 179 a 182, este Tribunal acordó que: “..en vista de que no hubo claridad en cuanto a la ubicación de sitio y las coordenadas aportadas por el denunciante, a fin de establecer la verdad real de los hechos y determinar la situación denunciada en el sitio, la apertura de un presunto camino, la presunta eliminación de bosque ilegal, así como los nuevos hechos puestos en conocimiento por el denunciante en relación con la afectación del área de protección de una naciente con un caserío de precaristas, y/o cualquier otra consulta que se detecte, este Despacho considera necesario realizar una inspección ocular “in situ”, en forma conjunta con funcionarios del Departamento Técnico de este Tribunal. ” Se ordenó en dicha inspección estar presentes el día 24 de setiembre del 2019 a las 09 horas: Ing. Eduardo Pearson Palmer, Director de Recursos Forestales y Vida Silvestre del Área de Conservación Amistad Caribe;  Sr. [Nombre 001] , apoderado de Forestales Alegría Sociedad Anónima, o a quien designe;  Sr. Elvis Lawson Villafuerte, Alcalde de la Municipalidad de Matina, o a quien este designe, siendo importante para este Tribunal que se designe una persona con conocimientos catastrales, de ser posible  Ing. José Miguel Zeledón Calderón, Dirección de Agua, o a quien este designe.  Alegato Nº 6.- Indica que, en dicha investigación, nuevamente se le vuelve a reiterar al Tribunal Ambiental de la inexistencia de plantación forestal o bosque en el lugar en cuestión. Tal y como se indicó en el Alegato N° 4, téngase que el oficio TAA-DT-139-19 del 31 de octubre del 2019, correspondiente al informe técnico de inspección ambiental efectuado el día 24 de setiembre del 2019. Establece en lo conducente que: “Al momento de la inspecci ón no se observaron los indicios de la existencia de alguna plantación forestal, sino áreas con cobertura arbórea de especies forestales nativas que se presume corresponden a regeneración natural y que en apariencia esa cobertura ha sido fragmentada por la inclusi ón de cultivos agrícolas como maíz (Zea mays), guanábana (Annona muricata), plátano (Musa sp.), yuca (Manihot esculenta), coco (Cocos nucifera), caña (Saccharum officinarum), c ítricos (Citrus sp.), naranjilla de palo (Solanum quitoense), cas (Psidium friedrichsthalianum) y manzana de agua (Syzygium malaccense). Y que además, “Durante el recorrido se observó que los mismos sitios desprovistos de vegetación que fueron observados en la inspección del 4 de octubre de 2018 continúan de la misma manera.” (folio 194 vto) - Alegato N º 7.- No obstante, reclama que al día de interposición de este recurso no se ha resuelto la acusación planteada. Afirma que el expediente administrativo de su representada, lleva en el Tribunal Ambiental, aproximadamente 5 años y la autoridad recurrida no ha resuelto conforme a derecho corresponde. En virtud de lo anterior, estima vulnerados sus derechos fundamentales y solicita que se declare con lugar este recurso. Que el expediente administrativo 104-15-02-TAA, implica el necesario desarrollo de un complejo proceso exegético para su verificaci ón. Véase en el presente caso, que los hechos de la denuncia planteada el día 10 de junio 2015, corresponden a la presunta apertura de una trocha y corta de árboles en bosque en Batán, Matina, Limón; y por lo cual, se generaron una serie de actos administrativos, entre los cuales se destaca la Resolución N° 1558-19-TAA del 10 de setiembre 2019 (folio 179-182) mediante la cual, se acogen nuevos presuntos hechos del escrito presentado el 12 de abril 2019 por parte del Lic. Roberto [Nombre 001], Apoderado Administrativo (folio 153, 202-203) de la sociedad denominada “FORESTALES ALEGRÍA S.A.” Esa resolución administrativa indica: “cabe dejar constancia, que es hasta este momento que se ponen en conocimiento de este Despacho otros presuntos hechos que acontecen en la propiedad, tratándose, según se desprende, de la afectación al área de protección de una naciente captada, ya que la denuncia venía investigándose solamente por la presunta corta de árboles en bosque y un presunto camino. En relación con el escrito de fecha 12 de abril del 2019 (folios 174 a 178): Cabe indicarle, que en atención a lo indicado en su escrito, se tiene como prueba en el expediente lo aportado…” Por otra parte, respecto a la necesidad por este Despacho efectuar una nueva inspección ocular “in situ”, “…en vista de que no hubo claridad en cuanto a la ubicación de sitio y las coordenadas aportadas por el denunciante, a fin de establecer la verdad real de los hechos y determinar la situación denunciada en el sitio …”. Ahora bien, mediante Resolución N° 2812-2020-TAA del 13 de octubre del 2020 y notificada el 14 de octubre 2020, este Tribunal solicita criterio técnico al Ing. Eduardo Pearson Palmer, Jefe de la Oficina Matina-Siquirres del Área de Conservación La Amistad Caribe, Elvis Lawson Villafuerte, Alcalde de la Municipalidad de Matina y Licda. Daniella Villegas Loaiza, Unidad Hidrológica Caribe de la Direcci ón de Agua- MINAE. Al respecto se informa, que conforme al “…principio de coordinación y colaboración que debe articular la actividad administrativa y que vincula con especial intensidad a los órganos administrativos integrados dentro del Poder Ejecutivo” (Dictamen 171 del 05 de julio 2012), este Tribunal previo a resolver lo que en Derecho corresponda requiere obtener la información técnica…” SEGUNDO: Que del informe rendido por la Licda. Ligia Umaña Ledezma, en su condici ón de Vicepresidenta del Tribunal Ambiental Administrativo, se colige que el recurrente trata de causar confusión a los señores Magistrados de la honorable Sala Constitucional, al manifestar que el Tribunal Ambiental Administrativo, tiene aproximadamente quince años sin resolver su denuncia de carácter ambiental, conforme a derecho corresponde; toda vez que del informe de marras se colige que la denuncia fue interpuesta ante ese Tribunal, el día 10 de junio del 2015, y a la misma se le asignó el expediente Nº 104-2015-02-TAA . TERCERO: Que en cuanto a la actuación del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, la Licda. Luz Virginia Zamora Rodríguez en su condición de Asesora Legal de la Dirección Jurídica, de FONAFIFO, mediante oficio DA-OF-0323-2020, de fecha 28 de octubre del 2020, manifestó lo siguiente: “…En atención a su solicitud de informe sobre RECURSO DE AMPARO, interpuesto por [Nombre 001], contra el Tribunal Ambiental Administrativo, bajo expediente 20-17960-000-CO, me permito indicarle, que revisado nuestros archivos y las respectivas bases de datos llevadas al efecto, no encontramos que el inmueble del Partido de Limón inscrito bajo la Matr ícula de Folio Real Número 10576-000, a que hace referencia el recurso, como tampoco la sociedad propietaria mismo, hayan sido objeto de un contrato de pago por servicios Ambientales. Conviene aclarar, que para la fecha que el recurrente refiere haber suscrito el contrato para el “desarrollo forestal” (1986), FONAFIFO no había sido creado, de manera que por no versar el recurso sobre asuntos de nuestra competencia, nos vemos imposibilitados a emitir el informe requerido…” CUARTO: Que con respecto a la actuación del Área de Conservación La Amistad Caribe, el Ing. Eduardo Pearson Palmer, en su condición de Director de Recursos Forestales, del Área de Conservación La Amistad Caribe, mediante oficio SINACACLAC- DRFVS-087, de fecha 29 de octubre del 2020, informó lo siguiente: “…Me permito indicarle lo actuado en el Expediente N° 104-15-02-TAA, Resolución N° 316-17-TAA. Denunciado Jorge Gerardo Madriz Abarca, según informe SINACACLAC-DRFVS-100 de fecha 27 de setiembre del 2017 el cual versa en lo siguiente: El día 21 de agosto del año 2017, en compañía del Geógrafo Francisco Domínguez Barros, se procedi ó a realizar inspección de campo de acuerdo al considerando único de la citada resoluci ón donde se indica: 1. Realizar inspección ocular “In situ” en el inmueble ubicado en Batan, Matina, Limón, finca folio Real número 7-10576-000, plano catastrado numero L- 0606016-1985, propiedad de la sociedad Forestales Alegría S.A., cedula jurídica 3-101-077633, por presunta construcción de una trocha y corta de árboles en bosque. Con respecto a lo anterior se realizó la respectiva inspección de campo donde se determinó que en la propiedad antes mencionada efectivamente se había realizado la construcción de un camino el cual consta de aproximadamente 02 kilómetros de largo que pasa por en medio de la finca con un ancho de aproximadamente 05 metros que conecta las diferentes áreas del inmueble (ver figura adjunta). Según la inspección realizada no se pudo determinar la fecha de construcción del camino, ni se encontraron evidencias (troncos y trozas) de árboles cortados recientemente. En cuanto a la cobertura forestal se realizaron comparaciones entre las bases de datos geográficas de Uso del Suelo para los años 2000 y 2005, las cuales presentan incongruencias con respecto a la cobertura forestal ya que para el año dos mil se presenta la cobertura como bosque tomando en cuenta que dicho mapa de uso presenta falencias en cuanto a la comprobación de campo y de acuerdo a la oficialización establecida se realiz ó la comparación con la cobertura de uso del 2005 que corrige la verificación de campo, lo cual demuestra que si la construcción del camino se realizó posteriormente al 2005 el mismo se construyó en áreas que no corresponden a bosque. Por lo tanto, para mayor claridad con respecto a las conclusiones a las cuales se llegó, se adjuntan tomas fotogr áficas que pueden clarificar que efectivamente dicho camino no se construyó en bosque. 2. En cuanto a la presentación de la valoración económica del presunto daño, me permito informarle que de acuerdo al punto anterior y habiéndose determinado que el camino no se construyó en bosque lo solicitado no se puede realizar ya que no hubo daño al bosque verificable. 3. En cuanto a la Resolución R-060-99-ACLAC, se procedió a revisar los archivos existentes en el Área de Conservación y al haber transcurrido aproximadamente 18 años dichos archivos no fueron localizados y por el tiempo hecha la consulta al Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo) no existe actualmente expediente ni contrato vigente a nombre de Forestales Alegría S.A…”. Estima que de las acciones tomadas por este Ministerio por medio del Área de Conservación La Amistad Caribe del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, no se denotan violaciones a los derechos fundamentales, toda vez que los hechos alegados por el recurrente le han sido atendidos por parte de la Administración. Solicita se declare sin lugar el recurso.\n              7.-  Informa Magdalena Lucía Melegatti Pereita, en con condición de asesora legal del área de conservación  La Amistad Caribe, que adjunta el informe SINAC-ACLAC-DRFVS-087-2020, emitido por el funcionario a cargo Ing. Eduardo Pearson Palmer.\n              8.- Informa bajo juramento Jorge Mario Rodríguez Zúñiga, en su condición de Director Ejecutivo y Apoderado Generalísimo sin límite de suma, del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal del Ministerio de Ambiente y Energía, que el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal no guarda relación alguna con las omisiones administrativas acusadas. Señala, que, en el caso del inmueble del partido de Limón, con el número de matrícula 10576-000, a nombre de Forestales Alegría Sociedad Anónima, no es beneficiaria del programa de pago por servicios ambientales, tal y como consta en la certificación numero PSA-018-2020, emitida por el Director del Programa de Pago por Servicios Ambientales, Licenciado Gilmar Navarrete Chacón, en igual sentido, aporta certificación registral del inmueble supra citado, en el cual no constan las Afectaciones y limitaciones de la Ley Forestal 7575, que publicita la existencia de contratos en la actividad de protección de bosque con Fonafifo. Manifiesta, que si bien el recurrente hizo referencia a un contrato en el año 1986, para el desarrollo forestal del terreno, no obstante, el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, fue creado mediante Ley Forestal vigente a partir del 16 de abril de 1996, por lo que para la fecha señalada en el recurso, su representada no había sido jurídicamente creada. Solicita se declare sin lugar el recurso.\n               9.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.\n\n               Redacta el Magistrado Salazar Alvarado; y,\n\n \n\nCONSIDERANDO:\n\nI.- Objeto del recurso. El recurrente alega que  el 10 de junio de 2015, interpuso una denuncia ante el Tribunal Ambiental Administrativo, la cual se tramita bajo el expediente N° 104-15-02TAA, debido a actos vandálicos y de despojamiento que estaba sufriendo en su finca, por parte de un grupo de precaristas y del Sr. Madriz Abarca, quien cortó árboles del bosque con apertura de una trocha. Arguye, que por resolución de las 07:40 horas de 30 de julio de 2015, el Tribunal accionado le dio traslado y le ordenó al director del Área de Conservación Amistad Caribe realizar una inspección en dicho inmueble, siendo que el Tribunal recurrido en la investigación N° TAA-DT-078-18, realizada el 16 de octubre de 2016, logró determinar la eliminación de todo tipo de cobertura, incluyendo, palmas, árboles y arbustos, y tambi én constató que la mayor parte de la plantación forestal ya no exist ía. Alega que por resolución de las 10:30 horas de 10 de setiembre de 2019, el Tribunal accionado volvió a ordenar otra inspecci ón en el inmueble en cuestión, y en dicha investigación, se le reiteró al Tribunal Ambiental la inexistencia de la plantación forestal o bosque. Reclama que al día de interposición de este recurso, el Tribunal recurrido  no ha resuelto la acusación planteada, lo que lesiona su derecho a una justicia prona y cumplida y su derecho a la propiedad. \n\n               II.- De previo. De previo a analizar el fondo del asunto -por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido- debe aclararse, que a partir de la Sentencia Nº 2008-02545, de las 8:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa -con algunas excepciones-, aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administraci ón Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo -instruido de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante una gestión ambiental, presentada ante el Tribunal Ambiental que, presuntamente, no ha sido resuelta en un plazo razonable. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.\n\nIII.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:\n\nA) En relación al Tribunal Ambiental Administrativo: \n\na)El 10 de junio de 2015, el recurrente interpuso una denuncia ante el Tribunal Ambiental Administrativo contra Jorge Gerardo Madriz Abarca, la cual se tramita bajo el expediente N° 104-15-02-TAA, por daño ambiental debido a una supuesta corta de árboles del bosque con apertura de una trocha en la finca folio real N° 10576-000, de la Provincia de Limón (ver copia de la denuncia). \n\nb)La empresa Forestales Alegría S.A. es propietaria de la finca folio real N° 10576-000, de la Provincia de Limón (ver certificación del Registro Nacional de fecha 29 de setiembre de 2020). \n\nc)Mediante resolución N° 916-15-TAA, de las 07:40 horas de 30 de julio de 2015, el Tribunal accionado dio traslado a la denuncia y ordenó al director del Área de Conservación Amistad Caribe realizar una inspección en dicho inmueble, remitir la correspondiente valoración económica del presunto daño ambiental ocasionado, en caso de constatarse; informar lo relacionado con el contrato forestal suscrito con la sociedad amparada, aportar copia certificada del mismo e indicar, si se encuentra vigente. En cuando al Director del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), le solicitó: certificar si a nombre de la sociedad Forestales Alegría, Sociedad Anónima existe expediente abierto por concepto de contrato por pago de servicios ambientales (PSA); 2) de existir contrato, remitir una copia certificada del mismo, así como cualquier otra información que considere relevante. Además, se le aclaró al denunciante, que la pretensión en cuanto al derecho de posesión y las estimadas monetariamente podrá reclamarlas en la vía judicial pertinente para tal efecto (ver informe de la autoridad recurrida).\n\nd)Mediante constancia N° PSA-053-2015, de fecha 28 de agosto del 2015, suscrita por el Director de Servicios Ambientales FONAFIFO, se certificó que ni Forestales Alegría S.A., ni [Nombre 001] o finca folio real N° 7-010576, plano L606016-1985, no tienen contratos PSA a sus nombres (ver informe de la autoridad recurrida). \n\ne)Mediante investigación N° TAA-DT-078-18 de 16 de octubre de 2016, se logró determinar la eliminación de todo tipo de cobertura, incluyendo, palmas, árboles y arbustos, así mismo se constató, que la mayor parte de la plantación forestal que había en el lugar ya no existía (ver informe de la autoridad recurrida). \n\nf)Por resolución N°316-17-TAA de las 10:02 horas del 13 de marzo del 2017, el Tribunal acordó solicitar por segunda vez al Director del Área de Conservación Amistad Caribe, lo indicado en la resolución número 916-15-TAA (ver informe de la autoridad recurrida).\n\ng)Mediante resolución N° 872-17-TAA de las 07:31 horas del 19 de junio del 2017, el Tribunal acordó solicitar, por tercera vez, al Director del Área de Conservación Amistad Caribe, lo indicado en la resolución número 916-15-TAA (ver informe de la autoridad recurrida). \n\nh)Mediante oficio SINAC-ACLAC-DR-0312-2017, del 11 de julio de 2017, el Director Regional del Área de Conservación Amistad Caribe traslado la supraindicada gestión a la Asesora Legal para la respuesta (ver informe de la autoridad recurrida). \n\ni)El 21 de agosto del año 2017, el encargado del Área de Conservación realizó la  inspección de campo, de acuerdo con lo indicado en la resolución N° 316-17-TAA del Tribunal recurrido y determinó, que en la propiedad se había realizado la construcción de un camino de dos kilómetros de largo que pasa por en medio de la finca con un ancho de aproximadamente cinco metros que conecta las diferentes áreas del inmueble; no pudo determinar la fecha de construcción, ni se encontraron evidencias (troncos y trozas) de árboles cortados recientemente. En cuanto a la cobertura forestal, se realizaron comparaciones entre las bases de datos geográficas de Uso del Suelo para los años 2000 y 2005, las cuales presentan incongruencias con respecto a la cobertura forestal, ya que para el año 2000, se presentó la cobertura como bosque tomando en cuenta que dicho mapa de uso presenta falencias en cuanto a la comprobación de campo y de acuerdo a la oficialización establecida se realizó la comparación con la cobertura de uso del 2005, que corrige la verificación de campo, lo cual demostró que si la construcción del camino se realizó posteriormente al 2005, el mismo se efectuó en áreas que no corresponden a bosque (ver informe de la autoridad recurrida y copia del oficio SINAC-ACLAC-DRFVS-087, de la Dirección de Recurso Forestales y Vida Silvestre).\n\nj)Mediante oficio SINAC-ACLAC-DRFVS-100, de fecha 27 de setiembre del 2017, el Director de Recursos Forestales y Vida Silvestre del Área de Conservación Amistad Caribe comunicó al Tribunal que realizó la inspección en el sitio y se identificó un camino que pasa por en medio de la finca de aproximadamente 02 kilómetros y 05 metros de ancho, siendo que no pudo determinar la fecha de construcción del camino, ni se encontraron evidencias de árboles cortados recientemente, no encontrándose el mismo en bosque (ver informe de la autoridad recurrida).\n\nk)El 06 de noviembre del 2017, el apoderado de Forestales Alegría S.A. indicó que el camino que había sido inspeccionado por el Área de Conservación se trata de otro distinto al denunciado y solicitó la realización de una nueva inspección (ver informe de la parte recurrida).\n\nl)Mediante resolución N° 769-18-TAA de las 14:02 horas del 10 de agosto del 2018, el Tribunal acordó realizar una inspección ocular “in situ”, en forma conjunta con el Departamento Té cnico de este Tribunal (ver informe de la parte recurrida).\n\nm) Mediante oficio TAA-DT-078-18 del 16 de octubre del 2018, el inspector del Tribunal hizo entrega del informe técnico de inspección ambiental (ver informe de la parte recurrida y prueba aportada).\n\nn)Mediante resolución N° 388-19-TAA de las 11:28 horas del 15 de marzo del 2019, el Tribunal acordó solicitar al Director de Recursos Forestales y Vida Silvestre del Área de Conservación Amistad Caribe remitir el informe de la inspecció n realizada el 04 de octubre del 2018, y al denunciante, aclarar lo relacionado con las coordenadas del sitio denunciado (ver informe de la parte recurrida y prueba aportada).\n\no)Sin precisar fecha, el apoderado de Forestales Alegría S.A. cumplió con la prevención efectuada en la resolución número 388-19-TAA (ver informe de la autoridad recurrida).\n\np)Mediante resolución N° 1558-19-TAA de las 10:30 horas del 10  de setiembre del 2019, el Tribunal acordó que “ ..en vista de que no hubo claridad en cuanto a la ubicación de sitio y las coordenadas aportadas por el denunciante, a fin de establecer la verdad real de los hechos y determinar la situación denunciada en el sitio, la apertura de un presunto camino, la presunta eliminación de bosque ilegal, así  como los nuevos hechos puestos en conocimiento por el denunciante en relación con la afectación del área de protección de una naciente con un caserío de precaristas, y/o cualquier otra consulta que se detecte, este Despacho considera necesario realizar una inspección ocular “in situ”, en forma conjunta con funcionarios del Departamento Técnico de este Tribunal” (ver informe de la autoridad recurrida).\n\nq)Mediante oficio TAA-DT-139-19, del 31 de octubre del 2019, se hizo entrega del informe técnico de inspección ambiental efectuada el 24 de setiembre de 2019, y allí se le reiteró, al Tribunal Ambiental la inexistencia de plantación forestal o bosque en el lugar en cuestión. En lo conducente señaló, que: “Al momento de la inspección no se observaron los indicios de la existencia de alguna plantación forestal, sino áreas con cobertura arbórea de especies forestales nativas que se presume corresponden a regeneración natural y que en apariencia esa cobertura ha sido fragmentada por la inclusión de cultivos agrícolas como maíz (Zea mays), guanábana (Annona muricata), plátano (Musa sp.), yuca (Manihot esculenta), coco (Cocos nucifera), caña (Saccharum officinarum), cítricos (Citrus sp.), naranjilla de palo (Solanum quitoense), cas (Psidium friedrichsthalianum) y manzana de agua (Syzygium malaccense)”. Y que además, “Durante el recorrido se observó que los mismos sitios desprovistos de vegetación que fueron observados en la inspección del 4 de octubre de 2018 continúan de la misma manera” (ver informe de la autoridad recurrida).\n\nr)A la fecha, el expediente N° 104-15-02, se encuentra en la etapa de investigación preliminar por parte del Tribunal recurrido, ya que según lo indicado por la autoridad recurrida, conlleva el desarrollo de un complejo proceso para su verificación (ver informe).\n\ns)A las 11:20 horas del 12 de octubre de 2020, el Tribunal recurrido fue notificado de la resolución que dio curso al presente recurso (ver acta de notificación).\n\nt)Mediante Resolución N° 2812-2020-TAA del 13 de octubre del 2020, este Tribunal solicit ó criterio técnico al Ing. Eduardo Pearson Palmer, Jefe de la Oficina Matina-Siquirres del Área de Conservación La Amistad Caribe, Elvis Lawson Villafuerte, Alcalde de la Municipalidad de Matina y Licda. Daniella Villegas Loaiza, Unidad Hidrológica Caribe de la Dirección de Agua- MINAE (ver informe de la autoridad recurrida).\n\nu)Mediante oficio DA-OF-0323-2020, de fecha 28 de octubre del 2020, la  Asesora Legal de la Dirección Jurídica del Fondo Nacional FONAFIFO señaló al Tribunal que revisado los archivos y las respectivas bases de datos llevadas al efecto, no se encontró que el inmueble del Partido de Limón inscrito bajo la Matrícula de Folio Real Número 10576-000, como tampoco la sociedad propietaria mismo, hayan sido objeto de un contrato de pago por servicios Ambientales (ver copia del oficio e informe de la autoridad recurrida).\n\nv)Mediante oficio SINACACLAC- DRFVS-087, de fecha 29 de octubre del 2020, el Director de Recursos Forestales, del Área de Conservación La Amistad Caribe, informó que el 21 de agosto del año 2017, ya se había realizado la inspección de campo solicitada (ver prueba e informe).\n\nw)A la fecha, no existe expediente ni contrato de pago por servicios ambientales a nombre de Forestales Alegría S.A. (ver informe de la autoridad recurrida y copia del oficio DAJ-OF-0323-2020).\n\nx)El inmueble del partido de Limón, con el número de matrícula 10576-000, a nombre de Forestales Alegría Sociedad Anónima, no es beneficiaria del programa de pago por servicios ambientales (ver informe de la autoridad recurrida y copia de la certificación numero PSA-018-2020, emitida por el Director del Programa de Pago por Servicios Ambientales). \n\ny)En el Registro Nacional no constan anotaciones u afectaciones y limitaciones de la Ley Forestal N° 7575 en la propiedad (ver informe de la autoridad recurrida y copia de la certificación RNPDOGITAL-1786856-000, DE LAS 13:05 horas del 12 de noviembre de 2020).\n\n               IV.- Hechos no probados.   No se estiman demostrados los siguientes hechos de relevancia para esta resolución:\n\na)Que a la fecha, la autoridad recurrida haya notificado al denunciante las razones por las cuales la denuncia no ha podido ser resuelta.\n\n               V.- Sobre el fondo. En el caso de las acciones desarrolladas por el Tribunal Ambiental Administrativo, debe indicarse que resulta incomprensible para esta Sala que el problema mencionado por el recurrente persista todavía, pues desde el 10 de junio de 2015, el amparado presentó ante dicho Tribunal la denuncia respectiva; sin embargo, el proceso está detenido en la etapa de investigación preliminar desde hace cinco años. Llama la atención de esta Sala, que a pesar del evidente abandono del expediente, la autoridad recurrida no da justificación del atraso en el trámite, a pesar de que el problema se mantiene a la fecha, siendo que no solo está la supuesta tala de un bosque sino la posible afectación del área de protección de una naciente debido al asentamiento de un caserío de precaristas. De manera, que no fue sino un día después de la notificación de la resolución que dio curso al presente recurso de amparo, y luego de un año de inactividad en el expediente, que el Tribunal dictó la resolución 2812-2020-TAA del 13 de octubre del 2020, en la que solicitó criterio técnico al Ing. Eduardo Pearson Palmer, Jefe de la Oficina Matina-Siquirres del Área de Conservación La Amistad Caribe, Elvis Lawson Villafuerte, Alcalde de la Municipalidad de Matina y Licda. Daniella Villegas Loaiza, Unidad Hidrológica Caribe de la Dirección de Agua- MINAE sobre los hechos denunciados. Asimismo, si bien consta que desde el 2015, y hasta el año 2017, el Tribunal requirió al director del Área de Conservación Amistad Caribe realizar una inspección en dicho inmueble, entre otros, la misma se aportó el 27 de setiembre de 2017, mediante oficio SINAC-ACLAC-DRFVS-100; sin embargo, el apoderado de Forestales Alegría S.A., señaló que el camino inspeccionado por el Área de Conservación era otro distinto al denunciado y solicitó realizar  otra inspección, por lo que mediante resolución N° 769-18-TAA de las 14:02 horas del 10 de agosto del 2018, es decir casi un año después que el Tribunal resolvió ordenar una inspección ocular “in situ”, siendo que en el resultado de la misma fue remitido el 16 de octubre del 2018. Nuevamente, se vuelve a verificar que el expediente estuvo inactivo por cinco meses y fue hasta por resolución N° 388-19-TAA de las 11:28 horas del 15 de marzo del 2019, que el Tribunal acordó solicitar al Director de Recursos Forestales y Vida Silvestre del Área de Conservación Amistad Caribe remitir el informe de la inspección realizada el 04 de octubre del 2018.  Posteriormente, y luego de seis meses de inactividad, el Tribunal recurrido dictó otra resolución en la que consideró necesario realizar otra inspección dado los hechos nuevos puestos en conocimiento, en relación con la afectación del área de protección de una naciente debido a la instalación de un caserío de precaristas, así como la falta de claridad, en cuanto a la ubicación de sitio. A su vez, n ótese que el informe técnico de dicha inspección ambiental se entreg ó el 31 de octubre de 2019, y desde entonces, el Tribunal ha desatendido la investigación de la denuncia, sin que exista una justificación al respecto. Así las cosas, esta Sala comprueba que el Tribunal Ambiental Administrativo ha sido omiso en su accionar, de modo que ha faltado a su obligación de garantizar una justicia pronta y cumplida y con ello, proteger mediante las medidas correspondientes, si fuera el caso los derechos a la salud y a un medio ambiente ecológicamente equilibrado. Por lo anterior, en cuanto a este aspecto, procede declarar con lugar el recurso.\n\n              VI.- Por otra parte, el recurrente reclama que no se dio traslado de la interposición del presente recurso al Ministerio de Seguridad ni al de la Presidencia, ya que a la fecha, no han ejecutado la orden de desalojo administrativo de los ocupantes de la finca en cuestión dispuesta desde el a ño 2016. Al respecto, debe aclararse al recurrente, que a dichas autoridades no se les  dio traslado, pues a partir de la Sentencia N° 2008-02545, de las 8:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones- aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325), o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, el sub examine no se encuentra en ningún supuesto de excepción, para que la Sala se pronunciare al respecto y lo excepcione de ser conocido en la jurisdicción contenciosa administrativa. De ahí que resulte aplicable, lo que este Tribunal ha dispuesto en casos similares a este, con base en las siguientes consideraciones:\n\n \n\n“(…) Sobre la alegada morosidad administrativa: Nueva justicia administrativa: mecanismo célere y cumplido para la protección de situaciones jurídicas sustanciales de los administrados. La Sala Constitucional, desde su fundación, ha utilizado criterios amplios de admisibilidad en vista de la ausencia de cauces procesales expeditos y céleres para la protección de las situaciones jurídicas sustanciales que tienen asidero en el ordenamiento jurídico infra-constitucional o parámetro de legalidad, que guardan conexión indirecta con los derechos fundamentales y el Derecho de la Constitución. Sobre el particular, no debe perderse de perspectiva que la Constitución por su supremacía, súper-legalidad y eficacia directa e inmediata da fundamento indirecto a cualquier situación jurídica sustancial imaginable de las personas. No obstante, bajo una mejor ponderación y ante la promulgación del Código Procesal Contencioso-Administrativo (Ley No. 8508 de 24 de abril de 2006) y su entrada en vigencia a partir del 1° de enero de 2008, ha quedado patente que ahora los justiciables cuentan con una jurisdicción contencioso-administrativa plenaria y universal, sumamente expedita y célere por los diversos mecanismos procesales que incorpora al ordenamiento jurídico esa legislación, tales como el acortamiento de los plazos para realizar los diversos actos procesales, la amplitud de la legitimación, las medidas cautelares, el numerus apertus de las pretensiones deducibles, la oralidad –y sus sub-principios de concentración, inmediación y celeridad-, la única instancia con recurso de apelación en situaciones expresamente tasadas, la conciliación intra-procesal, el proceso unificado, el proceso de trámite preferente o “amparo de legalidad”, los procesos de puro derecho, las nuevas medidas de ejecución (multas coercitivas, ejecución sustitutiva o comisarial, embargo de bienes del dominio fiscal y algunos del dominio público), los amplios poderes del cuerpo de jueces de ejecución, la extensión y adaptación de los efectos de la jurisprudencia a terceros y la flexibilidad del recurso de casación. Todos esos institutos procesales novedosos tienen por fin y propósito manifiesto alcanzar la economía procesal, la celeridad, la prontitud y la protección efectiva o cumplida de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados, todo con garantía de derechos fundamentales básicos como el debido proceso, la defensa y el contradictorio. En suma, la nueva jurisdicción contencioso-administrativa es un cauce idóneo, por sus nuevas caracter ísticas de simplicidad, celeridad y prontitud para el amparo y protección efectiva de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados en las que se requiera recabar prueba o definir algunas cuestiones de legalidad ordinaria.\nVerificación de los plazos pautados por ley para resolver los procedimientos administrativos: cuestión evidente de legalidad ordinaria.- Es evidente que determinar si la Administración Pública cumple o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para así resolver por acto final un procedimiento administrativo –incoado de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes, es una evidente cuestión de legalidad ordinaria que, en adelante, puede ser discutida y resuelta ante la jurisdicción contencioso-administrativa, con la aplicación de los principios que nutren la jurisdicción constitucional, tales como los de la legitimación vicaria, la posibilidad de la defensa material –esto es de comparecer sin patrocinio letrado- y de gratuidad para el petente. Consecuentemente, se impone el rechazo de plano del presente asunto, y se indica a la parte recurrente que, si a bien lo tiene, puede acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa. (ver sentencia 2008-002545 de las 8:55 horas del 22 de febrero de 2008)”.\n\n              En consecuencia, tal retardo en resolver las gestiones incoadas en el despacho de la Presidencia de la República y ante el Ministerio de Seguridad Pública, deben ser acusados por el recurrente, si a bien lo tiene, en la vía contenciosa administrativa. Ergo, lo procedente es declarar sin lugar el recurso, en cuanto este extremo.\n\nVII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE . Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11, del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19, del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12, celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPor tanto:\n\n              Se declara parcialmente con lugar el recurso únicamente en contra del Tribunal Ambiental Administrativo. En consecuencia, se ordena a Andrea Meza Murillo, y a Ligia Umaña Ledezma, en su condición respectiva de Ministra de Ambiente y Energía y de Vicepresidenta del Tribunal Ambiental Administrativo, o a quienes ocupen dichos cargos, girar las órdenes pertinentes y tomar las medidas necesarias dentro del ámbito de sus competencias para que, en el plazo de SEIS MESES, contado a partir de la notificación de la presente sentencia, se dicte la resolución final en el expediente administrativo N° 104-15-02-TAA y se le comunique a las partes lo resuelto. Se advierte a las autoridades recurridas que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos a ños o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. Notifíquese.-\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\t\nNancy Hernández L.\nPresidenta a.i.\n\t\n \n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\t\n  \n\t\nJorge Araya G.\n\n\nAnamari Garro V.\n\t\n \n\t\nJose Paulino Hernández G.\n\n\nAna María Picado B.\n\t\n  \n\t\nAlicia Salas T.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n*HVPDSC7ORPY61*\n\nHVPDSC7ORPY61\n\nEXPEDIENTE N° 20-017960-0007-CO\n \nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nClasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 09-05-2026 02:45:54.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "**Finding of Facts:**\n\n**1.-** By brief received at the Secretariat of the Chamber at 11:27 a.m. on September 30, 2020, the petitioner files an amparo action against the Environmental Administrative Tribunal. He indicates that the company Forestal Alegría S.A., which he represents, is the owner of a property located in the province of Limón, with real folio registration number [Valor 003]. He mentions that said property was a production land dedicated to a self-sustainable reforestation program, with fast-growing exotic species. He comments that, on October 20, 1986, the firm Forestal Alegría S.A. entered into a contract for the forestry development of the land, and subsequently entered into a management contract for the optimal development and technical forestry management of the cultivated plantation. He relates that, in 1999, through Resolution No. [Valor 004], the company Forestales Alegría S.A. was recognized as a reforester and its plantation as a forest reserve. He affirms that Forestales Alegría S.A.'s ownership of farm No. 10576-000 went beyond mere registry ownership, given that the property was never idle land, it was always delimited with barbed wire and natural landmarks, it maintained its perimeter firebreaks (rondas perimetrales) and access trails on causeways built with river stones; furthermore, it had personnel for its care, maintenance, and technical attention, activities that his represented party financed for decades until the forest plantation reached maturity. Likewise, he points out that his client's property was not subject to any encumbrance, whether an easement (servidumbre) for passage, agricultural, electrical, or aqueduct, nor was it registered as or in favor of a servient tenement. He indicates that, for many years, his represented party exercised the full right of possession and absolute dominion over the entire registered area (cabida) of the property; however, he accuses that they were fraudulently, clandestinely, and violently dispossessed of it by usurpers who entered with the intent of taking possession of the land to build their homes and perpetuate themselves there. Likewise, he notes that Mr. [Name 007] was found within the property, who argued he was the owner of a possessory right to the land and, after hiring a tractor to open a road, using a plan prepared under ideological falsehood, proceeded to sell the farm. He alleges that, due to these criminal acts, the primary and secondary forest in the plantation was damaged, affecting the conservation of the Pacuare Forest Reserve and the water resources existing on the property. He also points out that it was not possible to repel the invasion of the farm because when they arrived at the property, the opening of the road had already been completed, which was done fleetingly, abruptly, illegally, and without municipal permission. He argues that, with the invasion and usurpation carried out by the squatters (precaristas), the destruction of the natural forest soon occurred, razing the few existing trees on the farm owned by his represented party. He states that, on June 10, 2015, he filed a complaint before the Environmental Administrative Tribunal, which was processed under file No. [Valor 005] TAA. He comments that, in it, he reported the acts of vandalism and dispossession they were suffering at the hands of squatters and Mr. Madriz Abarca, who cut down forest trees by opening a trail (trocha) on the farm with real folio number 10576-000. He argues that, by Resolution of 7:40 a.m. on July 30, 2015, the respondent Tribunal acknowledged his complaint and ordered the Director of the La Amistad Caribe Conservation Area to conduct an inspection (inspección) on said property. He adds that, through investigation No. TAA-DT-078-18 of October 16, 2016, carried out by the respondent Tribunal, it was possible to determine the elimination of all types of cover (cobertura), including palms, trees, and shrubs, and it was also verified that the majority of the forest plantation that existed in the area no longer existed. He comments that, by Resolution of 10:30 a.m. on September 10, 2019, of the respondent Tribunal, an inspection was again ordered on the property owned by his represented party. He indicates that, in said investigation, the Environmental Tribunal was once again informed of the non-existence of a forest plantation or forest in the place in question. However, he claims that, as of the date of filing this action, the accusation raised has not been resolved. He affirms that his represented party's administrative file has been before the Environmental Tribunal for approximately 5 years and the respondent authority has not resolved it according to law. By virtue of the foregoing, he considers his fundamental rights violated and requests that this action be granted.\n\n**2.-** By resolution of the Chamber at 7:42 a.m. on October 9, 2020, the amparo was admitted and a report was requested from the President of the Environmental Administrative Tribunal.\n\n**3.-** By brief received through the online management system at 11:27 a.m. on October 12, 2020, the petitioner files a revocation appeal against the resolution of 7:42 a.m. on October 9, 2020, given that this action was also filed against the Ministry of the Presidency, the Minister of Public Security, and the Ministry of Environment, and in said resolution, only the Environmental Tribunal was notified, given that the cited administrations participated in the reasons that give foundation and support to this action. He indicates that the Legal Directorate of the Ministry of Public Security took more than six years from the invasion and usurpation to issue the corresponding resolution and order the eviction (desalojo), and that, through official letter of June 27, 2016, it requested the Vice-Minister of the Presidency to assess the appropriateness of executing the eviction, thereby avoiding its obligation to carry out the eviction ordered by the Minister. He alleges that on August 5, 2016, he presented to the Comprehensive Evictions Commission of the Presidency his opposition to the eviction, since none of the squatters are in a situation of vulnerability or social risk. He indicates that on August 7, 2018, he reiterated his request to order the eviction of the farm, to which he was answered that they had no file regarding the matter, and on March 25, 2019, he filed a complaint with the Human Resources Directorate of the Presidential House for the inaction of said Commission in resolving his case, for which he was summoned to a meeting where nothing was achieved. Regarding the Ministry of Environment, on June 9, 2015, he filed the complaint before the Environmental Tribunal for the illegal cutting of trees in a forest and the opening of a trail, and to date it has not been resolved and there is no progress in the file, which constitutes an unjustified delay, given that said Tribunal, in the resolution of September 27, admonished the Director of the La Amistad Caribe Conservation Area and the Director of FONAFIFO to carry out the corresponding inspection. He asserts that the administrative eviction ordered six years ago has not been carried out, despite there being a final resolution and all the mentioned officials are co-participants in the violation of his right to prompt and complete justice as well as his right to property.\n\n**4.-** Ligia Umaña Ledezma, in her capacity as Vice President and Processing Judge of the Environmental Administrative Tribunal, reports under oath. She indicates that, on June 10, 2015, the environmental complaint filed by Forestales Alegría S.A.—whose President is the petitioner in this proceeding—against Jorge Gerardo Madriz Abarca was received, for the alleged construction that would be carried out over a spring (naciente) and in the protection area; said complaint was assigned File No. 104-15-02-TAA. She points out that, through Resolution No. 916-15-TAA of 7:40 a.m. on July 30, 2015, it was ordered\n\"(…) FIRST: (…), to Mr. Edwin Cyrus Cyrus, Director of the La Amistad Caribe Conservation Area, or whoever holds his position, to proceed to: 1) conduct an ocular inspection \"in situ\" at the property located in Batán, Matina, Limón, farm real folio number 7-10576-000, cadastral plan number L-0606016-1985 (only address provided), owned by the company Forestales Alegría S.A., legal identification number 3-101-077633, for the alleged construction of a trail (trocha) and cutting of forest trees; 2) submit the corresponding economic valuation of the alleged environmental damage caused, should it be verified; 3) inform this Office regarding the forest contract approved with the mentioned company, as indicated by the complainant through resolution number R-060-99-ACLAC, providing a certified copy thereof and indicating whether it is currently in force. SECOND: (…) to Mr. Jorge Mario Rodríguez Zúñiga, in his capacity as Director of the National Forest Financing Fund (Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, FONAFIFO), or whoever holds his position: 1) certify whether, in the name of the company Forestales Alegría, Sociedad Anónima (…), or Mr. [Name 001] (…), and over the farm with real folio number 7-10576-000 (…), there is an open file in your institution for a contract for payment for environmental services (Pago de Servicios Ambientales, PSA); 2) if a contract exists, submit a certified copy thereof, as well as any other information you consider relevant for this file in view of the complaint for felling currently being processed. (…) THIRD: It is clarified to [Name 001], (…) that (…) It is the function of the Tribunal to hear and resolve, in the administrative venue, complaints filed against all persons, public or private, for violations of legislation protecting the environment and natural resources; to hear, process, and resolve, ex officio or at the request of a party, complaints referring to active and omissive behaviors that cause significant environmental damage; violate, threaten to violate, or there is a risk of causing an infraction to the norms of legislation protecting the environment and natural resources; (…) By the foregoing, it is indicated to you that your claims regarding possessory rights and monetarily estimated claims may be claimed in the pertinent judicial venue (…) or (…) competent for such purpose (…).”\nShe adds that, regarding the foregoing orders, the Director of Environmental Services of the National Forest Financing Fund (FONAFIFO) indicated that Forestales Alegría S.A. does not have PSA contracts in its name (this, through certification No. PSA-053-2015 of August 28, 2015). She emphasizes that, through resolutions 316-17-TAA (10:02 a.m. on March 13, 2017) and 872-17-TAA (7:31 a.m. on June 19, 2017), it was agreed to request Edwin Cyrus Cyrus (Director of the La Amistad Caribe Conservation Area) to comply with what was ordered by Resolution No. 916-15-TAA of 7:40 a.m. on July 30, 2015. She relates that, through Official Letter No. SINAC-ACLAC-DRFVS-100 of September 27, 2017, the Director of Forest Resources and Wildlife of the La Amistad Caribe Conservation Area indicated that an inspection was carried out at the site and a road was identified that passes through the middle of the farm, approximately two kilometers long and five meters wide; the date of construction of the road could not be determined, nor was evidence of recently cut trees found; however, the petitioner in this proceeding, through a brief dated November 6, 2017, indicated that the road inspected by the Conservation Area is a different one from that reported in the file of the proceeding in question and requested, then, a new inspection at the reported site. She narrates that it was agreed to conduct an ocular inspection \"in situ\" jointly with the Technical Department of the Tribunal (through Resolution 769-18-TAA at 2:02 p.m. on August 10, 2018); and through Official Letter TAA-DT-078-18 of October 16, 2018, the technical environmental inspection report was delivered. She explains that, through Resolution No. 388-19-TAA of 11:28 a.m. on March 15, 2019, the petitioner in this amparo proceeding was requested to clarify matters related to the coordinates of the reported site; and on September 10, 2019, through Resolution No. 1558-19-TAA of 10:30 a.m., it was agreed that \"(…) in view of the fact that there was no clarity regarding the location of the site and the coordinates provided by the complainant, in order to establish the real truth of the facts and determine the situation reported at the site, the opening of an alleged road, the alleged illegal elimination of forest, as well as the new facts brought to the attention of the complainant regarding the affectation of the protection area of a spring (naciente) by a settlement of squatters (caserío de precaristas), and/or any other inquiry that is detected, this Office considers it necessary to conduct an ocular inspection \"in situ,\" jointly with officials of the Technical Department of this Tribunal.\" She explains that, regarding investigation No. TAA-DT-078-18 of October 16, 2016, the elimination of all types of cover (cobertura), including palms, trees, and shrubs, refers to \"(…) the sites registered with coordinates \"CRTM05 N 1112820 E 568208 (± 2.4 m) and N 1113055 E 568356 (± 2.7 m) (…); but not for the entirety of the property subject to the complaint (…) the elimination of vegetation was carried out recently, and evidence of recent burns was even located. According to Mr. Pearson Palmer, these events are recent since during the visit conducted in August 2017 they had not been carried out.\" She clarifies that, according to the technical environmental inspection report (Official Letter TAA-DT-139-19 of October 31, 2019), it was indicated that \"(…) no evidence of the existence of any forest plantation was observed, but rather areas with tree cover of native forest species that are presumed to correspond to natural regeneration and that this cover appears to have been fragmented by the inclusion of agricultural crops such as corn (…), soursop (…), plantain (…), cassava (…), coconut (…), sugarcane (…), citrus (…), naranjilla de palo (…), cas (…), and water apple (…).\" She asserts that Administrative File No. 104-15-02-TAA implies the necessary development of a complex exegetical process for its verification. She requests that the action be dismissed.\n\n**5.-** Through a resolution at 10:06 a.m. on October 23, 2020, the parties to the action were expanded and a report was requested from the Minister of Environment and Energy, the Director of the La Amistad Caribe Conservation Area, and the Director of the National Forest Financing Fund, regarding the facts alleged by the petitioner.\n\n**6.-** Through a brief received in the online management system, the petitioner requests that the aforementioned resolution be supplemented by summoning and warning the respondent authorities and providing them with the respective notification of facts so that the respective report may be rendered. He requests that the revocation appeal filed be set aside, as he deduces that the error committed was corrected ex officio and therefore, it lacks current interest.\n\n**6.-** Andrea Meza Murillo, in her capacity as Minister of Environment and Energy, reports under oath that the Environmental Tribunal, through official letter number 864-2020-TAA, dated October 28, 2020, signed by Attorney Ligia Umaña Ledezma, in her capacity as Vice President of the Environmental Administrative Tribunal, proceeded to report the actions taken to comply with the aforementioned resolution, in the following terms: \"…FIRST: That the Environmental Administrative Tribunal (TAA), by provision of Article 103 of the Organic Environmental Law (published in La Gaceta No. 215 of November 13, 1995), establishes that it is a deconcentrated body of the Ministry of Environment and Energy, with exclusive competence and functional independence in the performance of its duties. In accordance with the powers of the Environmental Administrative Tribunal pursuant to the Organic Environmental Law, this institution acts upon the complaint being filed (Art. 108 of LOA). SECOND: Background: 1) On June 10, 2015, this Office received the environmental complaint filed by Forestales Alegría S.A., legal identification number 3-101-111417, whose President is Mr. [Name 001], identification number [Valor 001], against Mr. Jorge Gerardo Madriz Abarca, identification number 9-0050-0356, for the alleged construction to be carried out over a spring (naciente) and in the protection area. (folio 01-52) 2) That the complaint was assigned file number 104-15-02-TAA. 3) That through a brief dated June 29, 2015, signed by Attorney Roberto Enrique [Name 001], visible at folio 52, Mr. Oseas López Jiménez was authorized to review the file. 4) That through resolution number 916-15-TAA of 7:40 a.m. on July 30, 2015, visible at folio 53, this Tribunal ordered: \"(…) FIRST: (…), to Mr. Edwin Cyrus Cyrus, Director of the La Amistad Caribe Conservation Area, or whoever holds his position, to proceed to: 1) conduct an ocular inspection \"in situ\" at the property located in Batán, Matina, Limón, farm real folio number 7-10576-000, cadastral plan number L-0606016-1985 (only address provided), owned by the company Forestales Alegría, S.A., legal identification number 3-101-077633, for the alleged construction of a trail (trocha) and cutting of trees in a forest; 2) submit the corresponding economic valuation of the alleged environmental damage caused, should it be verified; 3) inform this Office regarding the forest contract approved with the mentioned company, as indicated by the complainant through resolution number R-060-99-ACLAC, providing a certified copy thereof and indicating whether it is currently in force. SECOND: (…) to Mr. Jorge Mario Rodríguez\nZúñiga, in his capacity as Director of the National Forest Financing Fund (FONAFIFO), or whoever holds his position: 1) certify whether, in the name of the company Forestales Alegría, Sociedad Anónima, legal identification number 3-101-077633, or Mr. [Name 001], identification number [Valor 001], and over the farm with real folio number 7-10576-000, cadastre plan number L-0606016-1985, located in Limón, Batán, Matina, there is an open file in your institution for a contract for payment for environmental services (PSA); 2) if a contract exists, submit a certified copy thereof, as well as any other information you consider relevant for this file in view of the complaint for felling currently being processed. THIRD: It is clarified to Mr. [Name 001], identification number [Valor 001], president of the company Forestales Alegría, Sociedad Anónima, legal identification number 3-101-077633, complainant in this file, that the competencies exercised by this Tribunal are defined in Articles 103 and 111 of the Organic Environmental Law, No. 7554. It is the function of the Tribunal to hear and resolve, in the administrative venue, complaints filed against all persons, public or private, for violations of legislation protecting the environment and natural resources; to hear, process, and resolve, ex officio or at the request of a party, complaints referring to active and omissive behaviors that cause significant environmental damage; violate, threaten to violate, or there is a risk of causing an infraction to the norms of legislation protecting the environment and natural resources; (…). (…). By the foregoing, it is indicated to you that your claims regarding possessory rights and monetarily estimated claims may be claimed in the pertinent judicial venue for such purpose, or in any other competent venue for such purpose. (…).\" (sic) 5) That through certification number PSA-053-2015 dated August 28, 2015, signed by Eng. Oscar Sánchez Chaves, Director of Environmental Services of FONAFIFO, visible at folio 67, it indicates that Forestales Alegría S.A., [Name 001], or farm with real folio number 7-010576, plan L606016-1985, does not have PSA contracts in its name. 6) That at folios 68 and 69 it is recorded a brief signed by Attorney Roberto Enrique [Name 001] dated September 11, 2015, through which he provides a new fax number for notifications as 4030-88-11. 7) That at folios 70 to 74 it is recorded an undated brief signed by Attorney Roberto Enrique [Name 001], through which he indicates that from April 19, 2016, to May 9, 2016, he will not be in the country, therefore requesting that no hearings be scheduled or notifications be sent since he will be unable to attend any legal proceeding. 8) That through a brief dated April 28, 2016, signed by Attorney Roberto Enrique [Name 001], visible at folios 75 to 79, he provides as evidence for better resolution the certification of deed 124 of Notary Raquel Núñez González, which refers to the responsible author of the opening of the reported road. 9) That through a brief dated May 19, 2016, signed by Attorney Roberto Enrique [Name 001], visible at folio 80, he authorizes Mr. Oseas López Jiménez to review the file. 10) That through resolution number 316-17-TAA of 10:02 a.m. on March 13, 2017, visible at folios 81 to 83, this Tribunal agreed to request for the second time from Mr. Edwin Cyrus Cyrus, Director of the La Amistad Caribe Conservation Area, what was indicated in resolution number 916-15-TAA of 7:40 a.m. on July 30, 2015, first considerando. 11) That through resolution number 872-17-TAA of 7:31 a.m. on June 19, 2017, visible at folios 88 to 91, this Tribunal agreed to request for the third time from Mr. Edwin Cyrus Cyrus, Director of the La Amistad Caribe Conservation Area, what was indicated in resolution number 916-15-TAA of 7:40 a.m. on July 30, 2015, first considerando. 12) That through official letter SINAC-ACLAC-DR-0312-2017 dated July 11, 2017, visible at folios 96 and 97, Mr. Edwin Cyrus, Regional Director of the La Amistad Caribe Conservation Area, forwards, so that a response may be given to this Tribunal's resolution, to Ms. Magdalena Melegatti, Legal Advisor of the La Amistad Caribe Conservation Area. 13) That through official letter SINAC-ACLAC-DRFVS-100 dated September 27, 2017, signed by Eng. Eduardo Pearson Palmer, Director of Forest Resources and Wildlife of the La Amistad Caribe Conservation Area, visible at folios 98 to 106, it indicates that an inspection was conducted at the site and a road was identified that passes through the middle of the farm, approximately 02 kilometers long and 05 meters wide; the date of construction of the road could not be determined, nor was evidence of recently cut trees found, and it was not located within a forest. 14) That through a brief dated November 6, 2017, signed by Mr. [Name 001], legal representative of Forestales Alegría S.A., visible at folios 107 to 113, he indicates that the road inspected by the Conservation Area is a different one from that reported in this file, and requests that a new inspection be conducted at the reported site. 15) That at folios 114 and 115 are recorded the cadastral plans L-0606016-1985 and L-834593-2002. 16) That through resolution number 769-18-TAA of 2:02 p.m. on August 10, 2018, visible at folios 118 to 122, this Tribunal agreed to conduct an ocular inspection \"in situ\", jointly with the Technical Department of this Tribunal. 17) That through official letter TAA-DT-078-18 of October 16, 2018, the technical environmental inspection report is delivered, visible at folios 138-159. 18) That at folio 160 there is a brief from Attorney Roberto Enrique [Name 001]. 19) That through resolution number 388-19-TAA of 11:28 a.m. on March 15, 2019, visible at folios 161 to 162, this Tribunal agreed to request the Director of Forest Resources and Wildlife of the La Amistad Caribe Conservation Area to proceed to send the report of the inspection conducted on October 4, 2018. Furthermore, Mr. [Name 001], legal representative of Forestales Alegría Sociedad Anónima, is requested to clarify matters related to the coordinates of the reported site. 20) That at folio 167-172 there is a brief from Mr. [Name 001], legal representative of Forestales Alegría S.A., in compliance with resolution number 388-19-TAA. 21) That at folio 173-178 there is a brief from Attorney Roberto Enrique [Name 001]. 22) That through resolution number 1558-19-TAA of 10:30 a.m. on September 10, 2019, visible at folios 179 to 182, this Tribunal agreed that \"…in view of the fact that there was no clarity regarding the location of the site and the coordinates provided by the complainant, in order to establish the real truth of the facts and determine the situation reported at the site, the opening of an alleged road, the alleged illegal elimination of forest, as well as the new facts brought to the attention of the complainant regarding the affectation of the protection area of a spring (naciente) by a settlement of squatters (caserío de precaristas), and/or any other inquiry that is detected, this Office considers it necessary to conduct an ocular inspection \"in situ\", jointly with officials of the Technical Department of this Tribunal.\" 23) That through official letter DA-UHCAROG-0647-2019 dated September 27, 2019, signed by Attorney Daniella Villegas Loaiza, Caribbean Hydrological Unit of the Water Directorate-MINAE, visible at folio 191, it indicates that \"regarding this body of water, follow-up should be given in another period of the year to provide an opinion regarding its nature.\" 24) That through official letter TAA-DT-139-19 of October 31, 2019, the technical environmental inspection report is delivered, visible at folios 192-238 of the administrative file. THIRD: On October 12, 2020, this Tribunal was notified of the resolution transferring the facts alleged by the petitioner, under file No. 20-17960-0007-CO, to which the respective report was provided through official letter No. 836-2020 of October 14, 2020, and certification of a copy of the file in official letter No. 837-2020. In summary, it indicates: Allegation No. 1.- \"…the company Forestal Alegría S.A., which he represents, is the owner of a property located in the province of Limón, with real folio registration number 10576-000. He mentions that said property was a production land dedicated to a self-sustainable reforestation program, with fast-growing exotic species. He comments that on October 20, 1986, the firm Forestal Alegría S.A. entered into a contract for the forestry development of the land, and subsequently entered into a management contract for the optimal development and technical forestry management of the cultivated plantation. He relates that in 1999, through resolution No. 7484-1999, the company Forestales Alegría S.A. was recognized as a reforester and its plantation as a forest reserve. He affirms that Forestales Alegría S.A.'s ownership of farm No. 10576-000 went beyond mere registry ownership, given that the property was never idle land, it was always delimited with barbed wire and natural landmarks, it maintained its perimeter firebreaks (rondas perimetrales) and access trails on causeways built with river stones; furthermore, it had personnel for its care, maintenance, and technical attention, activities that his represented party financed for decades until the forest plantation reached maturity. Likewise, he points out that his client's property was not subject to any encumbrance, whether an easement (servidumbre) for passage, agricultural, electrical, or aqueduct, nor was it registered as or in favor of a servient tenement. He indicates that, for many years, his represented party exercised the full right of possession and absolute dominion over the entire registered area (cabida) of the property; however, he accuses that they were fraudulently, clandestinely, and violently dispossessed of it by usurpers who entered with the intent of taking possession of the land to build their homes and perpetuate themselves there. Likewise, he notes that Mr. Jorge Gerardo Madriz Abarca was found within the property, who argued he was the owner of a possessory right to the land and, after hiring a tractor to open a road, using a plan prepared under ideological falsehood, proceeded to sell the farm.\n\nHe alleges that these criminal acts damaged the primary and secondary forest in plantation, affecting the conservation of the Pacuare Forest Reserve and the water resource (recurso hídrico) that existed on the property. Likewise, he points out that the invasion of the farm could not be repelled, because when they arrived at the property, the opening of the road had already been consummated, which was done in a fleeting, abrupt, illegal manner and without municipal permission. He argues that, with the invasion and usurpation carried out by the squatters (precaristas), the destruction of the natural forest soon occurred, razing the few remaining trees on the farm owned by his client.\" File No. 104-15-02 is in the preliminary investigation stage by this Office; therefore, in order to safeguard due process, no advance opinion is issued on the matter alleged here. Allegation No. 2.- \"He states that on June 10, 2015, he filed a complaint before the Administrative Environmental Tribunal, which was processed under file No. 104-15-02- TAA. He comments that in it, he reported the acts of vandalism and dispossession they were suffering at the hands of squatters (precaristas) and Mr. Madriz Abarca, who cut down trees from the forest by opening a trail (trocha) on the farm registered under real folio No. 10576-000.\" The appellant is correct. On June 10, 2015, this Office received the environmental complaint filed by Forestales Alegría S.A., legal identification number 3-101-111417, whose President is Mr. [Name 001], identification number [Value 001], against Mr. Jorge Gerardo Madríz Abarca, identification number 9-0050-0356, for the alleged construction to be carried out on a spring (naciente) and in the protection area. (folio 01-52) -Allegation No. 3.- He argues that by resolution at 07:40 hours on July 30, 2015, the respondent Tribunal transferred his complaint and ordered the director of the Amistad Caribe Conservation Area to carry out an inspection on said property. The appellant is correct. That by resolution number 916-15-TAA at 07 hours 40 minutes on July 30, 2015, visible on folios 55-53, this Tribunal ordered: \"(…) FIRST: (…), to Mr. Edwin Cyrus Cyrus, Director of the Amistad Caribe Conservation Area, or whoever holds his position, to proceed to: 1) carry out an on-site ocular inspection (\"in situ\") on the property located in Batán, Matina, Limón, farm registered under real folio number 7-10576-000, cadastral plan number L-0606016-1985 (only address provided), owned by the company Forestales Alegría, S.A., legal identification number 3-101-077633, for the alleged construction of a trail (trocha) and cutting of trees in the forest; 2) submit the corresponding economic valuation of the alleged environmental damage caused should it be verified; 3) inform this Office regarding the forest contract approved with the aforementioned company, as indicated by the complainant through resolution number R-060-99-ACLAC, provide a certified copy thereof, and indicate whether it is currently in force. SECOND: (…) to Mr. Jorge Mario Rodríguez Zúñiga, in his capacity as Director of the National Forest Financing Fund (Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, FONAFIFO), or whoever holds his position: 1) certify whether in the name of the company Forestales Alegría, Sociedad Anónima, legal identification number 3-101-077633, or Mr. [Name 001], identification number [Value 001], and on the farm registered under real folio number 7-10576-000, cadastre plan number L-0606016-1985, located in Limón, Batán, Matina, there is an open file in your institution for a contract for payment for environmental services (pago de servicios ambientales, PSA); 2) if a contract exists, submit a certified copy thereof, as well as any other information deemed relevant to the present file in view of the complaint for logging currently being processed. THIRD: It is clarified to Mr. [Name 001], identification number [Value 001], president of the company Forestales Alegría, Sociedad Anónima, legal identification number 3-101-077633, complainant in the present file, that the powers exercised by this Tribunal are defined in articles 103 and 111 of the Organic Environmental Law, No. 7554. It is the function of the Tribunal to hear and resolve, in administrative venue, the complaints filed against all persons, public or private, for violations of legislation protecting the environment and natural resources; to hear, process, and resolve, ex officio or at the request of a party, complaints regarding active and omissive behaviors that cause significant environmental damage; violate, threaten to violate, or there is a risk of causing an infraction of the norms of legislation protecting the environment and natural resources; (…). (…). Due to the foregoing, you are informed that your claims regarding the right of possession and monetarily estimated claims may be pursued in the pertinent judicial venue for such purpose, or in any other competent venue for such purpose. (…)\". (sic) -Allegation No. 4.- He adds that through investigation No. TAA-DT-078-18 of October 16, 2016, carried out by the respondent Tribunal, it was possible to determine the elimination of all types of cover (cobertura), including palms, trees, and shrubs; likewise, it was verified that most of the forest plantation that was at the site no longer existed. It should be noted that the official communication in question establishes in point 10 of the FACTS AND OBSERVATIONS section that: \"the elimination of all types of cover (cobertura), including palms, trees, and shrubs, was observed.\"; note that the section is specific to the sites recorded with coordinates \"CRTM05 N 1112820 E 568208 (±2.4 m) and N 1113055 E 568356 (±2.7 m)..\"; but not for the entirety of the property subject to the complaint. In addition, it adds, in this same section, that in \"…appearance the elimination of the vegetation was carried out recently, even evidence of burning was located. According to Mr. Pearson Palmer, these events are recent since, during the visit made in August 2017, they had not been carried out.\" (folio 139 vto) -Allegation No. 5.- He comments that by resolution at 10:30 hours on September 10, 2019, from the respondent Tribunal, an inspection was again ordered on the property owned by his client. The appellant is correct. By resolution number 1558-19-TAA at 10 hours 30 minutes on September 10, 2019, visible on folios 179 to 182, this Tribunal agreed that: \"..in view of the fact that there was no clarity regarding the location of the site and the coordinates provided by the complainant, in order to establish the real truth of the facts and determine the situation reported at the site, the opening of an alleged road, the alleged illegal elimination of forest, as well as the new facts brought to the attention of the complainant in relation to the impact on the protection area of a spring (naciente) with a squatter settlement (caserío de precaristas), and/or any other query that is detected, this Office considers it necessary to carry out an on-site ocular inspection (\"in situ\"), jointly with officials from the Technical Department of this Tribunal. \" Said inspection ordered the presence on September 24, 2019, at 09:00 hours of: Eng. Eduardo Pearson Palmer, Director of Forest Resources and Wildlife of the Amistad Caribe Conservation Area; Mr. [Name 001], legal representative of Forestales Alegría Sociedad Anónima, or whomever he designates; Mr. Elvis Lawson Villafuerte, Mayor of the Municipality of Matina, or whomever he designates, it being important for this Tribunal that a person with cadastral knowledge be designated, if possible Eng. José Miguel Zeledón Calderón, Water Directorate, or whomever he designates. Allegation No. 6.- He indicates that, in said investigation, the Administrative Environmental Tribunal was again reiterated the non-existence of a forest plantation or forest at the site in question. As indicated in Allegation No. 4, it should be noted that official communication TAA-DT-139-19 of October 31, 2019, corresponding to the technical report of the environmental inspection carried out on September 24, 2019, establishes in the relevant part that: \"At the time of the inspection, no evidence of the existence of any forest plantation was observed, but rather areas with tree cover (cobertura arbórea) of native forest species that are presumed to correspond to natural regeneration and that, in appearance, this cover has been fragmented by the inclusion of agricultural crops such as maize (Zea mays), soursop (Annona muricata), banana (Musa sp.), cassava (Manihot esculenta), coconut (Cocos nucifera), sugarcane (Saccharum officinarum), citrus (Citrus sp.), naranjilla (Solanum quitoense), Costa Rican guava (Psidium friedrichsthalianum), and Malay apple (Syzygium malaccense). And furthermore, \"During the tour, it was observed that the same sites devoid of vegetation that were observed in the inspection of October 4, 2018, continue in the same manner.\" (folio 194 vto) - Allegation No. 7.- However, he complains that to date, upon filing this appeal, the accusation filed has not been resolved. He affirms that his client's administrative file has been before the Administrative Environmental Tribunal for approximately 5 years, and the respondent authority has not resolved it as legally required. By virtue of the foregoing, he considers his fundamental rights violated and requests that this appeal be granted. That administrative file 104-15-02-TAA involves the necessary development of a complex exegetical process for its verification. See in the present case, that the facts of the complaint filed on June 10, 2015, correspond to the alleged opening of a trail (trocha) and cutting of trees in the forest in Batán, Matina, Limón; and for which, a series of administrative acts were generated, among which Resolution No. 1558-19-TAA of September 10, 2019 (folio 179-182) stands out, by which new alleged facts from the brief filed on April 12, 2019, by Lic. Roberto [Name 001], Administrative Representative (folio 153, 202-203) of the company called \"FORESTALES ALEGRÍA S.A.\", are accepted. That administrative resolution indicates: \"it is worth noting, that it is only at this moment that other alleged events occurring on the property are brought to the attention of this Office, dealing, as it transpires, with the impact on the protection area of a captured spring (naciente captada), given that the complaint was only being investigated for the alleged cutting of trees in the forest and an alleged road. In relation to the brief dated April 12, 2019 (folios 174 to 178): It should be noted, that in response to what is indicated in your brief, what was provided is accepted as evidence in the file…\" On the other hand, regarding the need for this Office to carry out a new on-site ocular inspection (\"in situ\"), \"…in view of the fact that there was no clarity regarding the location of the site and the coordinates provided by the complainant, in order to establish the real truth of the facts and determine the situation reported at the site …\". Now then, by Resolution No. 2812-2020-TAA of October 13, 2020, and notified on October 14, 2020, this Tribunal requests a technical opinion from Eng. Eduardo Pearson Palmer, Head of the Matina-Siquirres Office of the La Amistad Caribe Conservation Area, Elvis Lawson Villafuerte, Mayor of the Municipality of Matina, and Licda. Daniella Villegas Loaiza, Caribbean Hydrological Unit of the Water Directorate- MINAE. In this regard, it is reported that, in accordance with the \"…principle of coordination and collaboration that must articulate administrative activity and that binds with special intensity the administrative bodies integrated within the Executive Branch\" (Opinion 171 of July 5, 2012), this Tribunal, prior to resolving what is legally appropriate, needs to obtain the technical information…\" SECOND: From the report rendered by Licda. Ligia Umaña Ledezma, in her capacity as Vice President of the Administrative Environmental Tribunal, it is inferred that the appellant is trying to cause confusion to the Justices of the honorable Constitutional Chamber, by stating that the Administrative Environmental Tribunal has taken approximately fifteen years without resolving his environmental complaint, as legally required; given that from the aforementioned report it is inferred that the complaint was filed before that Tribunal on June 10, 2015, and it was assigned file No. 104-2015-02-TAA. THIRD: Regarding the actions of the National Forest Financing Fund (Fondo Nacional de Financiamiento Forestal), Licda. Luz Virginia Zamora Rodríguez in her capacity as Legal Advisor of the Legal Directorate of FONAFIFO, by official communication DA-OF-0323-2020, dated October 28, 2020, stated the following: \"…In response to your request for a report on the AMPARO APPEAL, filed by [Name 001], against the Administrative Environmental Tribunal, under file 20-17960-000-CO, I beg to inform you that, having reviewed our archives and the respective databases kept for this purpose, we have not found that the property of the Partido of Limón registered under Real Folio Number 10576-000, referred to in the appeal, nor the company that owns it, have been the subject of a contract for payment for environmental services (pago por servicios ambientales, PSA). It should be clarified, that at the date the appellant claims to have signed the contract for \"forest development\" (1986), FONAFIFO had not been created, so that since the appeal does not concern matters within our competence, we are unable to issue the required report…\" FOURTH: Regarding the actions of the La Amistad Caribe Conservation Area, Eng. Eduardo Pearson Palmer, in his capacity as Director of Forest Resources of the La Amistad Caribe Conservation Area, by official communication SINACACLAC- DRFVS-087, dated October 29, 2020, reported the following: \"…I beg to indicate what was done in File No. 104-15-02-TAA, Resolution No. 316-17-TAA. Respondent Jorge Gerardo Madriz Abarca, according to report SINACACLAC-DRFVS-100 dated September 27, 2017, which states the following: On August 21, 2017, accompanied by Geographer Francisco Domínguez Barros, a field inspection was carried out in accordance with the sole whereas clause of the cited resolution which indicates: 1. Carry out an on-site ocular inspection (\"In situ\") on the property located in Batan, Matina, Limón, farm registered under Real Folio number 7-10576-000, cadastral plan number L-0606016-1985, owned by the company Forestales Alegría S.A., legal identification number 3-101-077633, for the alleged construction of a trail (trocha) and cutting of trees in the forest. Regarding the above, the respective field inspection was carried out where it was determined that on the aforementioned property, the construction of a road had indeed been carried out, which is approximately 02 kilometers long, passes through the middle of the farm, is approximately 05 meters wide, and connects the different areas of the property (see attached figure). According to the inspection carried out, it was not possible to determine the date of construction of the road, nor was evidence (trunks and logs) of recently cut trees found. Regarding the forest cover (cobertura forestal), comparisons were made between the geographic databases of Land Use (Uso del Suelo) for the years 2000 and 2005, which present inconsistencies regarding forest cover (cobertura forestal) given that for the year two thousand, the cover (cobertura) is presented as forest taking into account that said use map has shortcomings in terms of field verification and, in accordance with the established officialization, the comparison was made with the 2005 use cover (cobertura) which corrects the field verification, which demonstrates that if the road construction was carried out after 2005, it was built in areas that do not correspond to forest. Therefore, for greater clarity regarding the conclusions reached, photographs are attached that can clarify that indeed said road was not built in forest. 2. Regarding the presentation of the economic valuation of the alleged damage, I beg to inform you that according to the previous point and having determined that the road was not built in forest, what was requested cannot be carried out since there was no verifiable damage to the forest. 3. Regarding Resolution R-060-99-ACLAC, the existing files in the Conservation Area were reviewed and, approximately 18 years having elapsed, said files were not located and, due to time, the consultation was made to the National Forest Financing Fund (Fonafifo) and there is currently no file or contract in force in the name of Forestales Alegría S.A…\". He considers that from the actions taken by this Ministry through the La Amistad Caribe Conservation Area of the National System of Conservation Areas, no violations of fundamental rights are denoted, given that the facts alleged by the appellant have been addressed by the Administration. He requests that the appeal be dismissed.\n              7.- Magdalena Lucía Melegatti Pereita reports, in her capacity as legal advisor of the La Amistad Caribe conservation area, that she attaches report SINAC-ACLAC-DRFVS-087-2020, issued by the official in charge, Eng. Eduardo Pearson Palmer.\n              8.- Jorge Mario Rodríguez Zúñiga reports under oath, in his capacity as Executive Director and General Attorney-in-Fact without limit of sum, of the National Forest Financing Fund of the Ministry of Environment and Energy, that the National Forest Financing Fund bears no relation whatsoever to the alleged administrative omissions. He points out, that, in the case of the property of the partido of Limón, with registration number 10576-000, in the name of Forestales Alegría Sociedad Anónima, it is not a beneficiary of the payment for environmental services (pago por servicios ambientales, PSA) program, as stated in certification number PSA-018-2020, issued by the Director of the Payment for Environmental Services Program, Licenciado Gilmar Navarrete Chacón; in the same vein, he provides a registry certification of the aforementioned property, in which the Affections and limitations of the Forest Law (Ley Forestal) 7575, which publicizes the existence of contracts for forest protection activities with Fonafifo, do not appear. He states, that although the appellant referred to a contract in 1986 for the forest development of the land, however, the National Forest Financing Fund was created by the Forest Law (Ley Forestal) in force as of April 16, 1996, so that on the date indicated in the appeal, his client had not been legally created. He requests that the appeal be dismissed.\n               9.- The legal requirements have been observed in the proceedings followed.\n\n               Justice Salazar Alvarado writes; and,\n\n \n\nWHEREAS (CONSIDERANDO):\n\nI.- Purpose of the appeal. The appellant alleges that on June 10, 2015, he filed a complaint before the Administrative Environmental Tribunal, which is being processed under file No. 104-15-02TAA, due to acts of vandalism and dispossession he was suffering on his farm, by a group of squatters (precaristas) and Mr. Madriz Abarca, who cut down trees from the forest by opening a trail (trocha). He argues, that by resolution at 07:40 hours on July 30, 2015, the respondent Tribunal transferred it and ordered the director of the Amistad Caribe Conservation Area to carry out an inspection on said property, and that the respondent Tribunal, in investigation No. TAA-DT-078-18, carried out on October 16, 2016, was able to determine the elimination of all types of cover (cobertura), including palms, trees, and shrubs, and also verified that most of the forest plantation no longer existed. He alleges that by resolution at 10:30 hours on September 10, 2019, the respondent Tribunal again ordered another inspection on the property in question, and in said investigation, the Administrative Environmental Tribunal was reiterated the non-existence of the forest plantation or forest. He complains that to date, upon filing this appeal, the respondent Tribunal has not resolved the accusation filed, which injures his right to prompt and fulfilled justice and his right to property. \n\n               II.- Preliminarily. Before analyzing the merits of the matter - for the alleged violation of the right to a prompt and fulfilled procedure - it must be clarified that, starting from Judgment No. 2008-02545, at 8:55 hours on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction - with some exceptions - those matters in which it is disputed whether the public administration has complied or not with the deadlines set by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or the sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure - initiated ex officio or at the request of a party - or to hear the pertinent administrative appeals. Precisely, in the sub lite, an exception case is raised, as it involves an environmental proceeding, filed before the Administrative Environmental Tribunal that, allegedly, has not been resolved within a reasonable time. Having clarified the point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo.\n\nIII.- Proven facts. Deemed important for the decision of this matter, the following facts are considered duly demonstrated, either because they have been accredited or because the respondent has omitted to refer to them as provided in the initial order:\n\nA) In relation to the Administrative Environmental Tribunal: \n\na) On June 10, 2015, the appellant filed a complaint before the Administrative Environmental Tribunal against Jorge Gerardo Madriz Abarca, which is being processed under file No. 104-15-02-TAA, for environmental damage due to an alleged cutting of trees from the forest with the opening of a trail (trocha) on the farm registered under real folio No. 10576-000, of the Province of Limón (see copy of the complaint). \n\nb) The company Forestales Alegría S.A. is the owner of the farm registered under real folio No. 10576-000, of the Province of Limón (see certification from the National Registry dated September 29, 2020). \n\nc) By resolution No. 916-15-TAA, at 07:40 hours on July 30, 2015, the respondent Tribunal transferred the complaint and ordered the director of the Amistad Caribe Conservation Area to carry out an inspection on said property, submit the corresponding economic valuation of the alleged environmental damage caused, should it be verified; inform regarding the forest contract signed with the protected company, provide a certified copy thereof, and indicate whether it is in force. Regarding the Director of the National Forest Financing Fund (Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, FONAFIFO), it requested: certify whether in the name of the company Forestales Alegría, Sociedad Anónima there is an open file for a contract for payment for environmental services (pago por servicios ambientales, PSA); 2) if a contract exists, submit a certified copy thereof, as well as any other information deemed relevant. Furthermore, the complainant was clarified that the claim regarding the right of possession and monetarily estimated ones may be pursued in the pertinent judicial venue for such purpose (see report from the respondent authority).\n\nd) By certificate No. PSA-053-2015, dated August 28, 2015, signed by the Director of Environmental Services of FONAFIFO, it was certified that neither Forestales Alegría S.A., nor [Name 001] or farm registered under real folio No. 7-010576, plan L606016-1985, have PSA contracts in their names (see report from the respondent authority). \n\ne) By investigation No. TAA-DT-078-18 of October 16, 2016, it was possible to determine the elimination of all types of cover (cobertura), including palms, trees, and shrubs; likewise, it was verified that most of the forest plantation that was at the site no longer existed (see report from the respondent authority). \n\nf) By resolution No. 316-17-TAA at 10:02 hours on March 13, 2017, the Tribunal agreed to request for the second time from the Director of the Amistad Caribe Conservation Area, what was indicated in resolution number 916-15-TAA (see report from the respondent authority).\n\ng) By resolution No. 872-17-TAA at 07:31 hours on June 19, 2017, the Tribunal agreed to request, for the third time, from the Director of the Amistad Caribe Conservation Area, what was indicated in resolution number 916-15-TAA (see report from the respondent authority). \n\nh) By official communication SINAC-ACLAC-DR-0312-2017, of July 11, 2017, the Regional Director of the Amistad Caribe Conservation Area forwarded the above-indicated request to the Legal Advisor for the response (see report from the respondent authority). \n\ni) On August 21, 2017, the person in charge of the Conservation Area carried out the field inspection, in accordance with what was indicated in resolution No. 316-17-TAA of the respondent Tribunal, and determined that on the property, the construction of a road two kilometers long had been carried out, passing through the middle of the farm with a width of approximately five meters, connecting the different areas of the property; it was not possible to determine the date of construction, nor was evidence (trunks and logs) of recently cut trees found. Regarding the forest cover (cobertura forestal), comparisons were made between the geographic databases of Land Use (Uso del Suelo) for the years 2000 and 2005, which present inconsistencies regarding forest cover (cobertura forestal), since for the year 2000, the cover (cobertura) was presented as forest, taking into account that said use map has shortcomings in terms of field verification and, in accordance with the established officialization, the comparison was made with the 2005 use cover (cobertura), which corrects the field verification, which demonstrated that if the road construction was carried out after 2005, it was carried out in areas that do not correspond to forest (see report from the respondent authority and copy of official communication SINAC-ACLAC-DRFVS-087, from the Directorate of Forest Resources and Wildlife).\n\nj) By official communication SINAC-ACLAC-DRFVS-100, dated September 27, 2017, the Director of Forest Resources and Wildlife of the Amistad Caribe Conservation Area informed the Tribunal that he carried out the inspection on site and identified a road passing through the middle of the farm of approximately 02 kilometers and 05 meters wide, and that it was not possible to determine the date of construction of the road, nor was evidence of recently cut trees found, and it was not located in forest (see report from the respondent authority).\n\nk) On November 6, 2017, the legal representative of Forestales Alegría S.A. indicated that the road that had been inspected by the Conservation Area is a different one from the one reported and requested that a new inspection be carried out (see report from the respondent party).\n\nl) By resolution No. 769-18-TAA at 14:02 hours on August 10, 2018, the Tribunal agreed to carry out an on-site ocular inspection (\"in situ\"), jointly with the Technical Department of this Tribunal (see report from the respondent party).\n\nm) By official communication TAA-DT-078-18 of October 16, 2018, the inspector of the Tribunal delivered the technical report of the environmental inspection (see report from the respondent party and evidence provided).\n\nn) By resolution No. 388-19-TAA at 11:28 hours on March 15, 2019, the Tribunal agreed to request the Director of Forest Resources and Wildlife of the Amistad Caribe Conservation Area to submit the report of the inspection carried out on October 4, 2018, and the complainant, to clarify matters related to the coordinates of the reported site (see report from the respondent party and evidence provided).\n\no) Without specifying a date, the legal representative of Forestales Alegría S.A. complied with the requirement made in resolution number 388-19-TAA (see report from the respondent authority).\n\np) By resolution No. 1558-19-TAA at 10:30 hours on September 10, 2019, the Tribunal agreed that \" ..in view of the fact that there was no clarity regarding the location of the site and the coordinates provided by the complainant, in order to establish the real truth of the facts and determine the situation reported at the site, the opening of an alleged road, the alleged illegal elimination of forest, as well as the new facts brought to the attention of the complainant in relation to the impact on the protection area of a spring (naciente) with a squatter settlement (caserío de precaristas), and/or any other query that is detected, this Office considers it necessary to carry out an on-site ocular inspection (\"in situ\"), jointly with officials from the Technical Department of this Tribunal\" (see report from the respondent authority).\n\nq) By official communication TAA-DT-139-19, of October 31, 2019, the technical report of the environmental inspection carried out on September 24, 2019, was delivered, and therein, the Administrative Environmental Tribunal was reiterated the non-existence of a forest plantation or forest at the site in question. In the relevant part, it stated that: \"At the time of the inspection, no evidence of the existence of any forest plantation was observed, but rather areas with tree cover (cobertura arbórea) of native forest species that are presumed to correspond to natural regeneration and that, in appearance, this cover has been fragmented by the inclusion of agricultural crops such as maize (Zea mays), soursop (Annona muricata), banana (Musa sp.), cassava (Manihot esculenta), coconut (Cocos nucifera), sugarcane (Saccharum officinarum), citrus (Citrus sp.), naranjilla (Solanum quitoense), Costa Rican guava (Psidium friedrichsthalianum) and Malay apple (Syzygium malaccense)\".\n\nAnd that, furthermore, “During the site visit it was observed that the same sites devoid of vegetation that were observed in the inspection of October 4, 2018 continue in the same manner” (see report of the appealed authority).\n\nr) To date, case file No. 104-15-02 is in the preliminary investigation stage by the appealed Tribunal, since, as indicated by the appealed authority, it entails the development of a complex process for its verification (see report).\n\ns) At 11:20 a.m. on October 12, 2020, the appealed Tribunal was notified of the ruling that granted the present appeal (see notification record).\n\nt) By means of Ruling No. 2812-2020-TAA of October 13, 2020, this Tribunal requested a technical opinion from Ing. Eduardo Pearson Palmer, Head of the Matina-Siquirres Office of the La Amistad Caribe Conservation Area, Elvis Lawson Villafuerte, Mayor of the Municipality of Matina and Licda. Daniella Villegas Loaiza, Caribbean Hydrological Unit of the Water Directorate- MINAE (see report of the appealed authority).\n\nu) By means of official communication DA-OF-0323-2020, dated October 28, 2020, the Legal Advisor of the Legal Directorate of the National Fund FONAFIFO informed the Tribunal that, upon reviewing the archives and the respective databases kept for that purpose, it was not found that the property of the Partido de Limón registered under Real Folio Registration Number 10576-000, nor the company that owns it, have been the subject of a payment for environmental services (Pago de Servicios Ambientales) contract (see copy of the communication and report of the appealed authority).\n\nv) By means of official communication SINACACLAC- DRFVS-087, dated October 29, 2020, the Director of Forest Resources of the La Amistad Caribe Conservation Area reported that on August 21, 2017, the requested field inspection had already been carried out (see evidence and report).\n\nw) To date, there is no case file or payment for environmental services (pago por servicios ambientales) contract in the name of Forestales Alegría S.A. (see report of the appealed authority and copy of communication DAJ-OF-0323-2020).\n\nx) The property of the Partido de Limón, with registration number 10576-000, in the name of Forestales Alegría Sociedad Anónima, is not a beneficiary of the payment for environmental services (pago por servicios ambientales) program (see report of the appealed authority and copy of certification number PSA-018-2020, issued by the Director of the Payment for Environmental Services Program).\n\ny) In the National Registry, there are no entries or encumbrances and limitations of Forestry Law No. 7575 on the property (see report of the appealed authority and copy of certification RNPDOGITAL-1786856-000, of 1:05 p.m. on November 12, 2020).\n\n               IV.- Unproven Facts. The following facts of relevance to this ruling are not considered proven:\n\na) That to date, the appealed authority has notified the complainant of the reasons why the complaint has not been able to be resolved.\n\n               V.- On the merits. In the case of the actions undertaken by the Administrative Environmental Tribunal, it must be stated that it is incomprehensible to this Chamber that the problem mentioned by the appellant still persists, since on June 10, 2015, the protected party filed the respective complaint before said Tribunal; however, the process has been stalled in the preliminary investigation stage for five years. It calls the attention of this Chamber that, despite the evident abandonment of the case file, the appealed authority provides no justification for the delay in processing, even though the problem continues to date, given that there is not only the alleged logging of a forest but also the possible impact on the protection area of a spring (naciente) due to the settlement of a squatter hamlet. Thus, it was not until one day after the notification of the ruling that granted the present amparo appeal, and after a year of inactivity in the case file, that the Tribunal issued ruling 2812-2020-TAA of October 13, 2020, in which it requested a technical opinion from Ing. Eduardo Pearson Palmer, Head of the Matina-Siquirres Office of the La Amistad Caribe Conservation Area, Elvis Lawson Villafuerte, Mayor of the Municipality of Matina and Licda. Daniella Villegas Loaiza, Caribbean Hydrological Unit of the Water Directorate- MINAE regarding the reported facts. Likewise, although it is recorded that from 2015 and until 2017, the Tribunal required the director of the La Amistad Caribe Conservation Area to carry out an inspection on said property, among others, it was provided on September 27, 2017, by means of official communication SINAC-ACLAC-DRFVS-100; however, the legal representative of Forestales Alegría S.A. pointed out that the road inspected by the Conservation Area was a different one from the one reported and requested that another inspection be carried out, so by means of ruling No. 769-18-TAA of 2:02 p.m. on August 10, 2018, that is, almost a year later, the Tribunal resolved to order an on-site inspection “in situ”, the result of which was submitted on October 16, 2018. Once again, it is verified that the case file was inactive for five months and it was not until ruling No. 388-19-TAA of 11:28 a.m. on March 15, 2019, that the Tribunal agreed to request the Director of Forest Resources and Wildlife of the La Amistad Caribe Conservation Area to submit the report of the inspection carried out on October 4, 2018. Subsequently, and after six months of inactivity, the appealed Tribunal issued another ruling in which it considered it necessary to carry out another inspection given the new facts brought to its attention, regarding the impact on the protection area of a spring (naciente) due to the installation of a squatter hamlet, as well as the lack of clarity regarding the site location. In turn, note that the technical report of said environmental inspection was delivered on October 31, 2019, and since then, the Tribunal has neglected the investigation of the complaint, without any justification in that regard. Thus, this Chamber verifies that the Administrative Environmental Tribunal has been negligent in its actions, such that it has failed in its obligation to guarantee prompt and complete justice and thereby protect, through the corresponding measures, the rights to health and an ecologically balanced environment, if applicable. Therefore, regarding this aspect, the appeal must be granted.\n\n              VI.- On the other hand, the appellant claims that notice of the filing of the present appeal was not given to the Ministry of Security or the Ministry of the Presidency, since, to date, they have not executed the administrative eviction order for the occupants of the farm in question, ordered since 2016. In this regard, it must be clarified to the appellant that said authorities were not given notice because, as of Judgment No. 2008-02545, of 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the administrative litigation jurisdiction – with some exceptions – those matters in which it is discussed whether the public administration has complied or not with the deadlines set by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325), or the sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure – initiated ex officio or at the request of a party – or to hear the applicable administrative appeals. Precisely, the sub examine is not found in any exception scenario for the Chamber to rule on the matter and exempt it from being heard in the administrative litigation jurisdiction. Hence, it is applicable what this Tribunal has ordered in cases similar to this, based on the following considerations:\n\n \n\n“(…) Regarding the alleged administrative delay: New administrative justice: a swift and effective mechanism for the protection of substantial legal situations of the administered. The Constitutional Chamber, since its founding, has used broad admissibility criteria in view of the absence of expeditious and swift procedural channels for the protection of substantial legal situations that have a basis in the infra-constitutional legal system or legality parameter, which have an indirect connection with fundamental rights and the Law of the Constitution. In this regard, it should not be lost from perspective that the Constitution, by its supremacy, super-legality, and direct and immediate effectiveness, provides indirect foundation for any substantial legal situation imaginable of individuals. However, under better consideration and given the enactment of the Contentious-Administrative Procedure Code (Law No. 8508 of April 24, 2006) and its entry into force as of January 1, 2008, it has become evident that now the parties have access to a plenary and universal administrative litigation jurisdiction, extremely expeditious and swift due to the various procedural mechanisms that this legislation incorporates into the legal system, such as the shortening of deadlines for performing the various procedural acts, the breadth of standing, precautionary measures, the numerus apertus of deducible claims, orality – and its sub-principles of concentration, immediacy, and celerity –, the single instance with appeal in expressly limited situations, intra-procedural conciliation, the unified process, the preferential processing or “legality amparo” process, purely legal processes, the new enforcement measures (coercive fines, substitute or commissarial execution, seizure of assets from the fiscal domain and some from the public domain), the broad powers of the body of enforcement judges, the extension and adaptation of the effects of jurisprudence to third parties, and the flexibility of the cassation appeal. All these novel procedural institutes have the manifest end and purpose of achieving procedural economy, celerity, promptness, and effective or complete protection of the substantial legal situations of the administered, all with guarantee of basic fundamental rights such as due process, defense, and the adversarial principle. In sum, the new administrative litigation jurisdiction is an ideal channel, due to its new characteristics of simplicity, celerity, and promptness for the amparo and effective protection of the substantial legal situations of the administered in which it is required to gather evidence or define some questions of ordinary legality.\n\nVerification of the deadlines set by law to resolve administrative procedures: an evident question of ordinary legality.- It is evident that determining whether the Public Administration complies or not with the deadlines set by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or the sectoral laws for special administrative procedures, in order to resolve by final act an administrative procedure – initiated ex officio or at the request of a party – or to hear the applicable administrative remedies, is an evident question of ordinary legality that, henceforth, can be discussed and resolved before the administrative litigation jurisdiction, with the application of the principles that nourish the constitutional jurisdiction, such as vicarious standing, the possibility of material defense – that is, to appear without legal counsel – and of gratuity for the petitioner. Consequently, the outright rejection of the present matter is mandated, and the appellant is informed that, if they deem it appropriate, they may resort to the administrative litigation jurisdiction. (see judgment 2008-002545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008).”\n\n              Consequently, such delay in resolving the proceedings initiated in the office of the Presidency of the Republic and before the Ministry of Public Security must be asserted by the appellant, if they deem it appropriate, in the administrative litigation venue. Ergo, the appropriate action is to deny the appeal regarding this aspect.\n\nVII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that, if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of thirty business days, counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not withdrawn within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the “Regulations on Electronic Case Files before the Judicial Branch” (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Plenary Court in Session No. 27-11, of August 22, 2011, article XXVI and published in Judicial Bulletin No. 19, of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in Session No. 43-12, held on May 3, 2012, article LXXXI.\n\nPor tanto:\n\n              The appeal is partially granted solely against the Administrative Environmental Tribunal. Consequently, Andrea Meza Murillo, and Ligia Umaña Ledezma, in their respective capacities as Minister of Environment and Energy and Vice President of the Administrative Environmental Tribunal, or whomever occupies said positions, are ordered to issue the pertinent orders and take the necessary measures within the scope of their competencies so that, within a period of SIX MONTHS, counted from the notification of this judgment, the final ruling is issued in administrative case file No. 104-15-02-TAA and the parties are notified of the resolution. The appealed authorities are warned that, in accordance with the provisions of article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that they must fulfill or have fulfilled, issued within an amparo appeal, and does not fulfill it or have it fulfilled, provided that the offense is not more severely penalized. The State is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of judgment of the administrative litigation court. In all other respects, the appeal is denied. Notify.-\n\n\n\n \n\n \n\n \n\t \nNancy Hernández L.\nPresiding a.i.\n\t \n \n\n \nLuis Fdo. Salazar A.\n\t \n   \n\t \nJorge Araya G.\n\n\nAnamari Garro V.\n\t \n\t \nJose Paulino Hernández G.\n\n\nAna María Picado B.\n\t \n   \n\t \nAlicia Salas T.\n\n \n\n \n\nDigitally Signed Document\n\n-- Verification code --\n\n*HVPDSC7ORPY61*\n\nHVPDSC7ORPY61\n\nCASE FILE N° 20-017960-0007-CO\n\nTelephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church). Reception of matters from vulnerable groups: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nClassification prepared by the CONSTITUTIONAL CHAMBER of the Judicial Branch. Its reproduction and/or distribution for profit is prohibited.\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 09-05-2026 02:45:54.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
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