{ "id": "nexus-sen-1-0007-1011318", "citation": "Res. 00684-2021 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Inacción municipal ante botadero clandestino de basura", "title_en": "Municipal inaction toward clandestine waste dump", "summary_es": "La Sala Constitucional conoció un recurso de amparo interpuesto por vecinos de Calle La Paz, San Ramón, contra la Municipalidad de San Ramón y el Ministerio de Salud, por la omisión en atender de forma integral un botadero clandestino de desechos sólidos denunciado desde septiembre de 2020. Los recurrentes señalaron que, pese a las inspecciones realizadas, no se habían adoptado medidas concretas para eliminar los residuos, la quema de basura, la presencia de animales muertos y el riesgo de criaderos de dengue. La Sala constató que, aunque las autoridades respondieron la denuncia, no acreditaron una solución definitiva, limitándose a programar limpiezas futuras sin ejecutarlas plenamente. Determinó que la omisión vulnera el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (artículo 50 constitucional) y la obligación de coordinación interinstitucional. Declaró con lugar el recurso y ordenó a la Municipalidad recolectar los desechos en un mes, eliminar el riesgo en tres meses y, al Ministerio de Salud, vigilar el cumplimiento y rendir informes mensuales a la Sala. Las notas separadas de los magistrados Hernández y Salazar reflexionan sobre la necesidad de que la Sala redefina su papel en materia ambiental, reservando su intervención para casos donde exista un riesgo directo a la salud o una palmaria ausencia de protección estatal.", "summary_en": "The Constitutional Chamber reviewed an amparo filed by residents of Calle La Paz, San Ramón, against the Municipality and the Ministry of Health for failing to comprehensively address a clandestine solid waste dump reported since September 2020. The petitioners argued that despite inspections, no concrete measures had been taken to remove waste, stop burning, clear animal carcasses, or mitigate dengue breeding sites. The Chamber found that while authorities responded to the complaint, they failed to provide a definitive solution, merely scheduling future cleanups without full execution. It held that this omission violated the right to a healthy and ecologically balanced environment (Article 50 of the Constitution) and the duty of inter-institutional coordination. The amparo was granted, ordering the Municipality to collect waste within one month and eliminate the risk within three months, and requiring the Ministry of Health to monitor compliance and submit monthly progress reports. Separate opinions by Justices Hernández and Salazar reflect on the Chamber's evolving role in environmental matters, advocating for its intervention only when there is a direct health risk or a clear absence of state protection.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "15/01/2021", "year": "2021", "topic_ids": [ "art-50-constitution", "procedural-environmental" ], "primary_topic_id": "art-50-constitution", "es_concept_hints": [ "amparo ambiental", "botadero clandestino", "derecho a un ambiente sano", "artículo 50 Constitución", "coordinación interinstitucional", "omisión administrativa", "salud pública" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 50", "law": "Constitución Política" } ], "keywords_es": [ "amparo ambiental", "botadero clandestino", "basura", "desechos sólidos", "Municipalidad de San Ramón", "Ministerio de Salud", "derecho a un ambiente sano", "artículo 50 Constitución Política", "coordinación interinstitucional", "salud pública", "omisión administrativa", "dengue" ], "keywords_en": [ "environmental amparo", "clandestine dump", "waste", "solid waste", "Municipality of San Ramón", "Ministry of Health", "right to a healthy environment", "Article 50 Constitution", "inter-institutional coordination", "public health", "administrative omission", "dengue" ], "excerpt_es": "A juicio de esta Sala, en la especie nos encontramos ante un problema sanitario grave que afecta al medio ambiente y la salud de los habitantes de la comunidad, y se constata que las autoridades accionadas han mostrado incapacidad para hacer cumplir las leyes en la materia y su obligación de garantizar el disfrute de los habitantes de la zona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, con las consecuencias para la salud de esas personas debido a la naturaleza del problema sanitario que les aqueja. En reiterada jurisprudencia la Sala ha dicho que no se puede aceptar que a los seres humanos se les niegue el derecho a un ambiente sano, el derecho a la salud, debido a la incapacidad de las autoridades públicas correspondientes para ejercer efectivamente las potestades de vigilancia y la solución a los problemas otorgadas por ley. No basta con programar a meses plazo la realización de inspecciones o consultar a los vecinos si están conformes con que se realicen dichas inspecciones.", "excerpt_en": "In the Court's view, we are here confronted with a serious public health problem that affects the environment and the health of the community's inhabitants, and it is evident that the respondent authorities have shown incapacity to enforce the applicable laws and their obligation to guarantee the residents' enjoyment of a healthy and ecologically balanced environment, with the consequent impact on those persons' health given the nature of the sanitary problem they endure. In repeated jurisprudence, the Chamber has held that it is unacceptable to deny human beings the right to a healthy environment and the right to health due to the failure of the competent public authorities to effectively exercise their statutory powers of oversight and to resolve such problems. It is not enough to schedule inspections months in advance or to ask residents whether they agree to such inspections being carried out.", "outcome": { "label_en": "Granted", "label_es": "Con lugar", "summary_en": "The Chamber granted the amparo and ordered the Municipality to collect waste within one month and eliminate the risk within three months, under the supervision of the Ministry of Health, which must submit monthly progress reports.", "summary_es": "La Sala declaró con lugar el recurso y ordenó a la Municipalidad recolectar los desechos en un mes y eliminar el riesgo en tres meses, bajo vigilancia del Ministerio de Salud, que deberá rendir informes mensuales." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando", "quote_en": "It is not enough to schedule inspections months in advance or to ask residents whether they agree to such inspections being carried out.", "quote_es": "No basta con programar a meses plazo la realización de inspecciones o consultar a los vecinos si están conformes con que se realicen dichas inspecciones." }, { "context": "Considerando", "quote_en": "It is evident that the respondent authorities have shown incapacity to enforce the applicable laws and their obligation to guarantee the residents' enjoyment of a healthy and ecologically balanced environment.", "quote_es": "Se constata que las autoridades accionadas han mostrado incapacidad para hacer cumplir las leyes en la materia y su obligación de garantizar el disfrute de los habitantes de la zona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado." }, { "context": "Nota separada de la Magistrada Hernández López", "quote_en": "In the specific case, the complaint could eventually affect the health and physical integrity of the neighbors... due to the existence of a clandestine waste dump.", "quote_es": "En el caso concreto, el reclamo podría eventualmente incidir en la salud e integridad física de los vecinos... por la existencia de un botadero clandestino de desechos." }, { "context": "Nota del Magistrado Salazar Alvarado", "quote_en": "I do examine the merits when other rights of those affected by the source of contamination are at stake, including health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment.", "quote_es": "Sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1011318", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [], "sentencias_relacionadas": [], "temas_y_subtemas": [], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 00684 - 2021\n\nFecha de la Resolución: 15 de Enero del 2021 a las 09:15\n\nExpediente: 20-021902-0007-CO\n\nRedactado por: Anamari Garro Vargas\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\nSentencia con nota separada\n\n\n\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA\n\nTema: AMBIENTE\n\nSubtemas:\n\nBASURA.\n\n000684-21. SE CUESTIONA LA INACCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN, ANTE UN BOTADERO DE BASURA CLANDESTINO, UBICADO EN CALLE LA PAZ. SE DECLARA CON LUGAR EL RECURSO, ORDENANDO RECOLECTAR LOS DESECHOS EXISTENTES Y EN UN PLAZO DE TRES MESES, ELIMINAR EL RIESGO, LO CUAL DEBERÁ SER VIGILADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y RENDIR MENSUALMENTE UN INFORME DE LOS AVANCES A LA SALA CONSTITUCIONAL, HASTA SU EFECTIVO CUMPLIMIENTO.    \n\n\nLBH01/21\n\n... Ver más\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA\n\nTema: AMBIENTE\n\nSubtemas:\n\nCONTAMINACION.\n\n000684-21. SE CUESTIONA LA INACCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN, ANTE UN BOTADERO DE BASURA CLANDESTINO, UBICADO EN CALLE LA PAZ. SE DECLARA CON LUGAR EL RECURSO, ORDENANDO RECOLECTAR LOS DESECHOS EXISTENTES Y EN UN PLAZO DE TRES MESES, ELIMINAR EL RIESGO, LO CUAL DEBERÁ SER VIGILADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y RENDIR MENSUALMENTE UN INFORME DE LOS AVANCES A LA SALA CONSTITUCIONAL, HASTA SU EFECTIVO CUMPLIMIENTO.    \n\n\nLBH01/21\n\n... Ver más\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA\n\nTema: AMBIENTE\n\nSubtemas:\n\nDAÑO AMBIENTAL.\n\n000684-21. SE CUESTIONA LA INACCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN, ANTE UN BOTADERO DE BASURA CLANDESTINO, UBICADO EN CALLE LA PAZ. SE DECLARA CON LUGAR EL RECURSO, ORDENANDO RECOLECTAR LOS DESECHOS EXISTENTES Y EN UN PLAZO DE TRES MESES, ELIMINAR EL RIESGO, LO CUAL DEBERÁ SER VIGILADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y RENDIR MENSUALMENTE UN INFORME DE LOS AVANCES A LA SALA CONSTITUCIONAL, HASTA SU EFECTIVO CUMPLIMIENTO.    \n\n\nLBH01/21\n\n... Ver más\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA\n\nTema: AMBIENTE\n\nSubtemas:\n\nRELLENO SANITARIO..\n\n000684-21. SE CUESTIONA LA INACCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN, ANTE UN BOTADERO DE BASURA CLANDESTINO, UBICADO EN CALLE LA PAZ. SE DECLARA CON LUGAR EL RECURSO, ORDENANDO RECOLECTAR LOS DESECHOS EXISTENTES Y EN UN PLAZO DE TRES MESES, ELIMINAR EL RIESGO, LO CUAL DEBERÁ SER VIGILADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y RENDIR MENSUALMENTE UN INFORME DE LOS AVANCES A LA SALA CONSTITUCIONAL, HASTA SU EFECTIVO CUMPLIMIENTO.    \n\n\nLBH01/21\n\n... Ver más\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA\n\nTema: MUNICIPALIDAD\n\nSubtemas:\n\nINFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.\n\n000684-21. SE CUESTIONA LA INACCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN, ANTE UN BOTADERO DE BASURA CLANDESTINO, UBICADO EN CALLE LA PAZ. SE DECLARA CON LUGAR EL RECURSO, ORDENANDO RECOLECTAR LOS DESECHOS EXISTENTES Y EN UN PLAZO DE TRES MESES, ELIMINAR EL RIESGO, LO CUAL DEBERÁ SER VIGILADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y RENDIR MENSUALMENTE UN INFORME DE LOS AVANCES A LA SALA CONSTITUCIONAL, HASTA SU EFECTIVO CUMPLIMIENTO.    \n\n\nLBH01/21\n\n... Ver más\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA\n\nTema: MUNICIPALIDAD\n\nSubtemas:\n\nQUEJA.\n\n000684-21. SE CUESTIONA LA INACCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN, ANTE UN BOTADERO DE BASURA CLANDESTINO, UBICADO EN CALLE LA PAZ. SE DECLARA CON LUGAR EL RECURSO, ORDENANDO RECOLECTAR LOS DESECHOS EXISTENTES Y EN UN PLAZO DE TRES MESES, ELIMINAR EL RIESGO, LO CUAL DEBERÁ SER VIGILADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y RENDIR MENSUALMENTE UN INFORME DE LOS AVANCES A LA SALA CONSTITUCIONAL, HASTA SU EFECTIVO CUMPLIMIENTO.    \n\n\nLBH01/21\n\n... Ver más\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA\n\nTema: 050- Ambiente\n\nSubtemas:\n\nNO APLICA.\n\nSobre el Derecho Fundamental a un Ambiente Sano y Ecológicamente Equilibrado. En reiteradas ocasiones este Tribunal ha desarrollado el contenido de este derecho, contemplado en el artículo 50 de la Constitución Política. La protección del ambiente es un mecanismo adecuado para tutelar y mejorar la calidad de vida de todos, lo que hace necesaria la intervención de los Poderes Públicos sobre los factores que pueden alterar su equilibrio y obstaculizar que la persona se desarrolle y desenvuelva en un ambiente sano. El Estado se constituye en el garante en la protección y tutela del medio ambiente y los recursos naturales. En este sentido, el control y fiscalización de la materia y actividad ambiental se constituye en una función esencial del Estado, por lo que tratándose de la protección ambiental, las funciones de rectoría, control y fiscalización de la materia ambiental, corresponden al Estado, a cargo de las diversas dependencias administrativas. En resumen, se ha desarrollado ampliamente el derecho fundamental a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como la obligación del Estado y las distintas autoridades públicas de preservar, defender y garantizar dicho derecho\n\n\nLBH01/21\n\n... Ver más\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Nota separada\n\nRama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA\n\nTema: AMBIENTE\n\nSubtemas:\n\nBASURA.\n\nNOTA DE LA MAGISTRADA HERNÁNDEZ LÓPEZ RESPECTO DEL RECLAMO POR INFRACCIÓN DEL ARTÍCULO 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA.\n\n 1. El contexto histórico que motivó en su momento la amplia intervención de la Sala en materia ambiental, ha tenido una considerable variación que impone a este órgano reconsiderar las condiciones para su participación en el aseguramiento del derecho de las personas a un ambiente sano y equilibrado, tal y como ha sido tutelado en el artículo 50 de la Constitución Política. En efecto, la situación actual –caracterizada por una amplísima producción legal y reglamentaria que incluye reglas de fondo, procedimientos y creación de órganos para el cumplimiento de lo ordenado en la Carta Fundamental- es radicalmente diferente de la anterior, en la cual la ausencia de normativa y de instancias estatales con competencia apropiada, le impuso a la Sala un papel de protagonista, casi único, en la defensa del precitado derecho constitucional.\n\n 2. Hoy en día, nos encontramos frente a un “denso entramado” de normativa ambiental, lo cual ha producido dos fenómenos relevantes: el primero y más obvio, es el surgimiento de una abarcadora regulación jurídica respecto de actividades cuya incidencia en el ambiente estaba poco o nada ordenada, así la creación de órganos estatales con potestades de vigilancia y control sobre los efectos de la actividad humana en el entorno. El segundo fenómeno consiste en que esa creciente juridificación –predominantemente legislativa y reglamentaria– trae aparejada una ineludible entrada en escena tanto de la justicia administrativa como de la jurisdicción ordinaria -prioritariamente la contencioso administrativa, pero también la penal. En ellas, acorde con la importancia del derecho ambiental, se han regulado de forma amplia vías procesales y medios de legitimación incluyentes, de manera que  los administrados puedan hacer valer lo establecido en ese amplio orden jurídico que se relaciona con el tema ambiental.\n\n 3. En ese contexto, no resulta apropiado jurídicamente, ni desde el punto de vista funcional, que la Sala Constitucional desplace, o -peor aún- sustituya, a los órganos de justicia ordinarios en la realización de su tarea, también de rango constitucional, de velar por el efectivo cumplimiento de leyes y reglamentos. Es impropio jurídicamente porque en la inmensa mayoría de estos casos lo que se solicita es que interprete y haga valer normas legales y reglamentarias con lo que arriesga traslapar sus competencias con las de otros órganos jurisdiccionales que –ellos sí- han sido creados para ejecutar tales tareas; y resulta también funcionalmente incorrecto, porque el diseño de sus procesos se aviene mal con la complejidad que está presente en numerosos conflictos ambientales que se componen de series de hechos y actos técnica y jurídicamente complejos. Sobre ambas cuestiones existen conocidos ejemplos en los que la Sala ha arrojado una resolución a medias o técnicamente incompleta, o bien se han generado fricciones innecesarias y afectación de la seguridad jurídica.\n\n 4. Como parte de los aspectos técnicos que he valorado, añado que está el hecho de que esta jurisdicción no cuenta con jueces ejecutores de sentencia que permitan darle seguimiento adecuado a las mismas -generalmente complejas-, que implican en ocasiones el seguimiento de planes remediales, entre otros, con coordinación interinstitucional y seguimiento de meses y hasta años.\n\n 5. Desde esa perspectiva, la decisión de dar un paso al lado en la materia ambiental por parte de este Tribunal no debe ser vista como un abandono de la materia ambiental, sino al contrario, de su adecuada tutela en  la instancia que mejor se aviene a la naturaleza de su complejidad y diversidad. Asimismo tampoco debe ser visto como la declinación de esta instancia en su tarea de protección de los derechos constitucionales que le imponen la Constitución Política y su Ley Orgánica, que desde mi punto de vista, queda reservada en esta materia para casos específicos. Se trata más bien, de un ejercicio de reacomodo de las cargas y tareas que corresponden a los distintos órganos estatales, de manera que cada uno de ellos, pueda desplegar plenamente su labor dentro del ámbito que se le ha asignado, así como del ejercicio de fijar su propia competencia, según lo establece el artículo 7 de su Ley Orgánica.\n\n 6. Queda claro que la Sala no se plantea abandonar a otras jurisdicciones la labor de protección de los derechos de las personas en materia ambiental. Es conocido que si bien todo reclamo por infracción de normas legales y reglamentarias puede ser reconducido hasta el ámbito constitucional, existen casos cuya resolución no exige más que la aplicación del derecho de la Constitución. Se trata entonces de lograr que la Sala se convierta en protagonista junto con otros, de manera que –entre todos y cada uno en su espacio- se pueda cubrir toda la variedad de situaciones que presenta una protección del derecho a un medio ambiente sano y equilibrado dentro de una sociedad en la que también existen otras necesidades igual de acuciantes. Con esta posición creo firmemente que el ciudadano no pierde un ápice de protección pero se gana sustancialmente en amplitud, en perspectiva y en respeto al equilibrio y distribución de poderes, principio este último de obligada consideración, puesto que rige la dinámica constitucional de cualquier sistema liberal y democrático como el nuestro.-\n\n 7. En línea con lo anterior, sostengo que esta Sala debe abstenerse de conocer los reclamos que se le presenten por supuesta infracción al artículo 50  de la Constitución Política para dejar en manos de la justicia administrativa y la jurisdicción contenciosa administrativa su conocimiento. Lo anterior se deja afirmado con carácter general, sin perjuicio de reconocer la existencia de casos particulares o grupos de casos que, según mi criterio, si resultarían aún mejor tutelados por esta Sala y por tanto deben ser conocidos y resueltos por ella.- Dentro de tales grupos de casos, y sin que esta enunciación pueda considerarse como una lista cerrada y definitiva, puedo señalar que la Sala debe reservarse el conocimiento de situaciones como por ejemplo los reclamos por infracciones ambientales que además pongan en riesgo directo la salud de las personas, o el acceso o calidad del agua; los casos de violaciones groseras y directas al ambiente y en los cuales se constate una palmaria ausencia de la protección por parte de las autoridades estatales, siempre y cuando además la naturaleza del reclamo permita ser abordado mediante el instrumento del amparo como instituto procesal sumario y especial, ya que estimo que tampoco se debe “ordinariar” el amparo para abordar, aún en estos casos citados, temas que rebasen la capacidad de ser atendidos adecuadamente en el mismo.\n\n 8. En el caso concreto, de conformidad con los hechos probados, el reclamo de la parte recurrente, podría eventualmente incidir en la salud e integridad física de los vecinos de la comunidad de Calle La Paz en San Ramón por la existencia de un botadero clandestino de desechos en dicha localidad. En consecuencia, es claro que estamos ante las excepciones que mencionan y por esa razón he considerado necesario que la Sala ejerciera su competencia, para comprobar o descartar si las omisiones señaladas, vulneran los derechos fundamentales de las personas amparadas. \n\n\n\n\n\n\n\nLBH01/21\n\n... Ver más\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Nota separada\n\nRama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA\n\nTema: AMBIENTE\n\nSubtemas:\n\nCONTAMINACION.\n\nNOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En asuntos ambientales, es también criterio del suscrito, de que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, considero que su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que los recurrentes acusan que no se ha atendido en forma íntegra, por parte de las autoridades recurridas, la denuncia planteada desde el 18 de setiembre de 2020 por la existencia de un botadero clandestino de desechos ubicado en Calle La Paz, al oeste del barrio ramonense conocido como Las Lomas, en el distrito de Piedades Norte, cantón San Ramón, Alajuela, que pone en peligro a quienes transitan la zona. Lo anterior, con violación del derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida. \n\n\nLBH01/21\n\n... Ver más\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp: 20-021902-0007-CO\n\nRes. Nº 2021000684\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del quince de enero de dos mil veintiuno .\n\n  Recurso de amparo que se tramita en expediente número 20-021902-0007-CO, interpuesto por JAIME ANDRES RIVERA  ARAYA, cédula de identidad 0116960179, JOSE IGNACIO SALAZAR  VALERIO, cédula de identidad 0208040714, contra MINISTERIO DE SALUD DE SAN RAMÓN, MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN.\n\nResultando:\n\nPor escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 15:46 horas del 27 de noviembre de 2020, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra el director del Área Rectora de Salud de San Ramón del Ministerio de Salud, así como el alcalde y el jefe de Servicios Municipales Ambientales, ambos de la Municipalidad de San Ramón, y manifiesta que el 18 de septiembre de 2020 interpusieron una denuncia ante el gobierno local de San Ramón por la presencia de un gran botadero clandestino de desechos ubicado en Calle La Paz, al oeste del barrio ramonense conocido como Las Lomas, en el distrito de Piedades Norte, cantón San Ramón, Alajuela. Indican que en dicho lugar se observa la presencia de escombros de cemento, blocks, pedazos rotos de lavadora, tapas plásticas de baldes, ropa vieja, tambores de lavadoras, galones, vidrio, etc. Dicho lugar también es utilizado para quemar los residuos y para tirar animales muertos, pues hay partes de cuerpos de animales disgregados por el lugar. Además, se encuentran tambores de lavadoras donde se acumula agua, lo que podría desembocar en la formación de criaderos de mosquitos de dengue, hecho de potencial e inminente riesgo para los vecinos que viven a escasos metros de la zona. Los restos de animales muertos han propiciado que se acerquen otros animales de carroña a la zona, como ratas y perros callejeros. Esto, representa un particular peligro, pues la calle es utilizada con regularidad por transeúntes que realizan caminatas en el área, además de que implica inseguridad para la comunidad de la zona. Por oficio No. MSR-AM-DDUSMA-216-2020 de 30 de septiembre en curso, la municipalidad contestó que el 24 de septiembre del presente año se realizó una inspección a la zona, en la que descubrieron varios botaderos de desechos ubicados a ambos lados de la vía. Reclaman que, pese a dicha contestación, la autoridad municipal dejó por fuera muchas de las peticiones hechas en la denuncia municipal ambiental mencionada, las cuales a la fecha de la interposición del recurso aún no habían sido satisfechas. Sostienen que lo único que se hizo fue una inspección para tomar fotos, pero no se ha limpiado el área, ni recogido los desechos que hay allí disgregados, ni colocado letreros de \"Prohibido lanzar desechos\", simplemente se mencionó que esas serían medidas a adoptar luego, al lado de supervisiones mensuales. En igual sentido, acusan que el gobierno local recurrido se negó a notificar o hacer un apercibimiento al dueño del terreno en cuestión, bajo el alegato de que él no es responsable de depositar los residuos en ese lugar. De manera tal que, para ellos, es claro que existe un problema que afecta a la salud y al ambiente, pero las autoridades municipales no han hecho nada para solucionar la situación. Refieren que, en la misma fecha, 18 de setiembre de 2020, interpusieron una denuncia ante el Área Rectora de Salud de San Ramón por las mismas razones manifestadas y solicitaron que se girara una orden sanitaria de recolección de residuos a la Municipalidad de San Ramón, así como ordenarle enviar los residuos a un sitio para su debido tratamiento. Por oficio No. MS-DRRSCO-DARS-SR-2120-2020 de 6 de octubre en curso, el Área Rectora de Salud de San Ramón, contestó que no le correspondía atender la problemática denunciada, por considerar que el asunto denunciado es de única y exclusiva competencia de gobierno local de San Ramón, y nada más. Reclaman que, a la fecha de interposición del recurso, no se ha atendido el problema. Estiman que lo anterior es violatorio de sus derechos fundamentales. Solicitan que se declare con lugar el recurso, con las consecuencias de ley.\nMediante resolución de las 23:11 horas del 02 de diciembre de 2020 se dio curso al presente recurso, lo cual se notificó a los recurridos en fecha 04 de diciembre de 2020.\nInforman bajo juramento Marvin Quesada Elizondo, en su condición de director a. i. del Área Rectora de Salud San Ramón y director regional de la Rectoría de la Salud Central Occidente, ambas del Ministerio de Salud (folio 55 del expediente electrónico), que tal y como se contestó a los denunciantes, la gestión fue trasladada a la Oficina de Gestión Ambiental de la Municipalidad de San Ramón, en virtud que la problemática denunciada es competencia de esa institución y se les facilitó el número telefónico de dicha dependencia. Añaden que se confirmó con la entidad municipal que se atendió la denuncia y que se tomarán medidas para atender la problemática ambiental denunciada. Solicitan se desestime el recurso planteado.\nInforma bajo juramento Oria Cecilia Ruiz Murillo, en su condición de vicealcaldesa primera, sustituyendo al alcalde de San Ramón (folio 102 del expediente electrónico), que la denuncia de los recurrentes fue atendida con la realización de actividades de limpieza -con el apoyo de instituciones y grupos comunales- y se recomendó efectuar nuevas limpiezas y rotular la zona. Explican que se trata de un fundo privado al que se accede por un camino solitario, lo que se presta para que las personas utilicen el terreno como botadero; independientemente de los programas de recolección de residuos sólidos, las campañas de reciclaje y la existencia de un centro de transferencia de residuos. Afirman que la rotulación se solventará en el 2021, pues este año no se cuenta con presupuesto para atender dicha situación. Consideran que no se ha omitido ningún deber, pues se han realizado limpiezas y recolecciones en la zona dentro del ámbito competencial de la corporación, y que de lo actuado se ha informado a los denunciantes. Añaden que tampoco se ha lesionado el principio de coordinación interinstitucional, pues se comunicó al Ministerio de Salud las acciones tomadas en relación al tema. Solicita se desestime el recurso planteado.\nPor constancia extendida el 14 de diciembre de 2020, la Secretaría de la Sala Constitucional, hace constar que el jefe de Servicios Municipales Ambientales de la Municipalidad de San Ramón no presentó escrito o documento alguno, a fin de rendir el informe que se le solicitó en el auto inicial del amparo (folio 135 del expediente electrónico).\nInforma bajo juramento Allan Francisco Artavia Jiménez, en su condición de coordinador del Área de Servicios Municipales Ambientales de la Municipalidad de San Ramón, y lo hace en el mismo sentido que la vicealcaldesa primera de San Ramón.\nEn los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.\n\n Redacta la Magistrada Garro Vargas; y,\n\nConsiderando:\n\nObjeto del recurso. Los recurrentes consideran lesionados sus derechos fundamentales pues acusan que no se ha atendido en forma íntegra, por parte de las autoridades recurridas, la denuncia planteada desde el 18 de setiembre de 2020 por la existencia de un botadero clandestino.\nHechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:\n\nMunicipalidad de San Ramón\n\na)  El 18 de setiembre de 2020, los recurrentes denunciaron ante la Municipalidad de San Ramón la presencia de un gran botadero clandestino de desechos ubicado en Calle La Paz (folios 13 y 109 del expediente electrónico).\n\nb)  Por oficio No. MSR-AM-DDUSMA-216-2020 de 30 de septiembre en curso, la municipalidad contestó que el 24 de septiembre del presente año se realizó una inspección a la zona, en la que descubrieron varios botaderos de desechos ubicados a ambos lados de la vía, y que se estarán tomando las siguientes disposiciones: “1. Efectuar nuevamente una limpieza en esta área, con el propósito de recoger y disponer adecuadamente los deshechos que allí se hayan depositado ilegalmente. 2. Mantener una supervisión mensual del área, para identificar posibles nuevos botaderos clandestinos. 3. Colocar nuevamente rotulación preventiva en el sitio. 4. Solicitar el apoyo de los habitantes más próximos al lugar, con el objetivo de que puedan informar cuando ingresen vehículos a depositar residuos al lugar” (folios 37 y 122 del expediente electrónico).\n\nc)  Por oficio MSR-AM-DDU-SMA-2233-2020, de 06 de octubre de 2020, el jefe de Servicios Municipales Ambientales respondió la gestión del Ministerio de Salud, informando lo actuado por la corporación municipal (folio 129 del expediente electrónico).\n\nÁrea Rectora de Salud de San Ramón\n\nd)  El 18 de setiembre de 2020, los recurrentes denunciaron ante el Área Rectora de Salud de San Ramón la existencia de un gran botadero clandestino de basura (folios 25, 62 y 88 del expediente electrónico).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  \n\ne)  Por oficio No. MS-DRRSCO-DARS-SR-2120-2020 de 06 de octubre en curso, el Área Rectora de Salud de San Ramón contestó indicando que la denuncia fue trasladada a la oficina de Gestión Ambiental de la Municipalidad de San Ramón (mediante oficio MS-DRRSCO-DARS-SR-2116-2020, de la misma fecha), que es la entidad competente, e incluyó el número telefónico de dicha dependencia (folios 42, 96 y 100 del expediente electrónico).\n\nSobre el Derecho Fundamental a un Ambiente Sano y Ecológicamente Equilibrado. En reiteradas ocasiones este Tribunal ha desarrollado el contenido de este derecho, contemplado en el artículo 50 de la Constitución Política. La protección del ambiente es un mecanismo adecuado para tutelar y mejorar la calidad de vida de todos, lo que hace necesaria la intervención de los Poderes Públicos sobre los factores que pueden alterar su equilibrio y obstaculizar que la persona se desarrolle y desenvuelva en un ambiente sano. El Estado se constituye en el garante en la protección y tutela del medio ambiente y los recursos naturales. En este sentido, el control y fiscalización de la materia y actividad ambiental se constituye en una función esencial del Estado, por lo que tratándose de la protección ambiental, las funciones de rectoría, control y fiscalización de la materia ambiental, corresponden al Estado, a cargo de las diversas dependencias administrativas. En resumen, se ha desarrollado ampliamente el derecho fundamental a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como la obligación del Estado y las distintas autoridades públicas de preservar, defender y garantizar dicho derecho (véase la sentencia N°2006-005928).\nSobre el caso concreto. En el presente asunto, los recurrentes acusan omisión de las autoridades recurridas en atender la problemática ambiental denunciada mediante gestiones de 18 de setiembre de 2020. Acusan que, si bien su trámite fue respondido, no se han desplegado todas las actuaciones posibles para resolver el problema que ocasiona el basurero clandestino denunciado. Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal verifica la lesión a los derechos de las partes amparadas. De los informes rendidos bajo fe de juramento y del elenco de hechos -probados y no probados-, se desprende que la denuncia planteada por los recurrentes fue atendida por las autoridades recurridas, sin embargo, no se logra acreditar que se haya dado una solución integral a la problemática acusada en dicha gestión. Se constata que las autoridades municipales realizaron una inspección en el sitio y determinaron las acciones a seguir (véase el hecho probado b), sin que conste ninguna acción posterior tendente a brindar una solución definitiva a la problemática denunciada. Es claro, entonces, que la situación persiste y no han dado ninguna solución concreta. El gobierno local tiene potestad para responsabilizar a las personas que depositan basura en el lugar y también a quienes cohonestan con la situación (es decir, puede y debe llamar a cuentas al dueño del inmueble). Claramente, las acciones adoptadas han sido insuficientes para resolver la problemática denunciada. Dicho de otro modo, se constata que se verificó la existencia del basurero clandestino y no consta que se hayan implementado medidas concretas para resolver dicha situación. En lo que respecta a las autoridades sanitarias, se comprueba que estas remitieron la denuncia de los accionantes a la municipalidad, pero a pesar de haber sido impuestos de un problema persistente, de esta naturaleza y que claramente puede afectar la salud pública; no tomaron ninguna medida al respecto. En este contexto, se impone advertir que no le corresponde a este Tribunal determinar cuál es la alternativa que se debe adoptar para solucionar los problemas denunciados, ya que esta Sala no es un contralor de la legalidad de las actuaciones o resoluciones de la Administración, de modo que no le compete determinar si las medidas adoptadas se ajustan o no a la normativa legal o reglamentaria vigente, labor propia de la vía común, administrativa o jurisdiccional. Sin embargo, se impone recordar a las autoridades recurridas su obligación de verificar o descartar la existencia de la problemática denunciada, y de ser necesario, de resolver de manera definitiva y coordinada dicha situación. Este Tribunal ha reconocido que uno de los principios rectores de la organización administrativa lo constituye la coordinación que debe mediar entre todos los entes y órganos públicos al ejercer sus competencias y prestar los servicios que el ordenamiento jurídico les ha asignado. La coordinación, en cuanto asegura la eficiencia y eficacia administrativas, es un principio constitucional virtual o implícito que permea el entero ordenamiento jurídico administrativo y obliga a todos los entes públicos; puede ser interorgánica -entre los diversos órganos que conforman un ente público no sujetos a una relación de jerarquía- o intersubjetiva -esto es, entre los entes públicos, cada uno con personalidad jurídica, presupuesto propio, autonomía y competencias específicas-; y tiene por propósito evitar las duplicidades y omisiones en el ejercicio de las funciones administrativas de cada ente público, esto es, que sean desempeñadas de forma racional y ordenada (véase, al efecto, la sentencia Nº 2007-015218, entre otras). A juicio de esta Sala, en la especie nos encontramos ante un problema sanitario grave que afecta al medio ambiente y la salud de los habitantes de la comunidad, y se constata que las autoridades accionadas han mostrado incapacidad para hacer cumplir las leyes en la materia y su obligación de garantizar el disfrute de los habitantes de la zona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, con las consecuencias para la salud de esas personas debido a la naturaleza del problema sanitario que les aqueja. En reiterada jurisprudencia la Sala ha dicho que no se puede aceptar que a los seres humanos se les niegue el derecho a un ambiente sano, el derecho a la salud, debido a la incapacidad de las autoridades públicas correspondientes para ejercer efectivamente las potestades de vigilancia y la solución a los problemas otorgadas por ley. No basta con programar a meses plazo la realización de inspecciones o consultar a los vecinos si están conformes con que se realicen dichas inspecciones. Ambas autoridades poseen suficientes y variadas competencias para asegurar el cumplimiento de sus funciones. Sin embargo, a pesar de conocer de larga data la problemática denunciada, las pocas acciones que han desplegado no han sido suficientes para resolver la problemática ambiental denunciada. La persistencia del problema demuestra que las pocas acciones realizadas han sido claramente insuficientes, incurriendo así en responsabilidad por omisión en el ejercicio de esas potestades que, a su vez, lesionan el derecho constitucional de los administrados a que les presten servicios públicos eficientes y eficaces. En razón de lo anterior, procede declarar con lugar el recurso, a fin que tanto la Municipalidad accionada como el Ministerio de Salud, coordinen entre sí y ejerzan las acciones necesarias para darle una solución efectiva a dicha problemática.\nNOTA DE LA MAGISTRADA HERNÁNDEZ LÓPEZ RESPECTO DEL RECLAMO POR INFRACCIÓN DEL ARTÍCULO 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA.\n\n 1. El contexto histórico que motivó en su momento la amplia intervención de la Sala en materia ambiental, ha tenido una considerable variación que impone a este órgano reconsiderar las condiciones para su participación en el aseguramiento del derecho de las personas a un ambiente sano y equilibrado, tal y como ha sido tutelado en el artículo 50 de la Constitución Política. En efecto, la situación actual –caracterizada por una amplísima producción legal y reglamentaria que incluye reglas de fondo, procedimientos y creación de órganos para el cumplimiento de lo ordenado en la Carta Fundamental- es radicalmente diferente de la anterior, en la cual la ausencia de normativa y de instancias estatales con competencia apropiada, le impuso a la Sala un papel de protagonista, casi único, en la defensa del precitado derecho constitucional.\n\n 2. Hoy en día, nos encontramos frente a un “denso entramado” de normativa ambiental, lo cual ha producido dos fenómenos relevantes: el primero y más obvio, es el surgimiento de una abarcadora regulación jurídica respecto de actividades cuya incidencia en el ambiente estaba poco o nada ordenada, así la creación de órganos estatales con potestades de vigilancia y control sobre los efectos de la actividad humana en el entorno. El segundo fenómeno consiste en que esa creciente juridificación –predominantemente legislativa y reglamentaria– trae aparejada una ineludible entrada en escena tanto de la justicia administrativa como de la jurisdicción ordinaria -prioritariamente la contencioso administrativa, pero también la penal. En ellas, acorde con la importancia del derecho ambiental, se han regulado de forma amplia vías procesales y medios de legitimación incluyentes, de manera que  los administrados puedan hacer valer lo establecido en ese amplio orden jurídico que se relaciona con el tema ambiental.\n\n 3. En ese contexto, no resulta apropiado jurídicamente, ni desde el punto de vista funcional, que la Sala Constitucional desplace, o -peor aún- sustituya, a los órganos de justicia ordinarios en la realización de su tarea, también de rango constitucional, de velar por el efectivo cumplimiento de leyes y reglamentos. Es impropio jurídicamente porque en la inmensa mayoría de estos casos lo que se solicita es que interprete y haga valer normas legales y reglamentarias con lo que arriesga traslapar sus competencias con las de otros órganos jurisdiccionales que –ellos sí- han sido creados para ejecutar tales tareas; y resulta también funcionalmente incorrecto, porque el diseño de sus procesos se aviene mal con la complejidad que está presente en numerosos conflictos ambientales que se componen de series de hechos y actos técnica y jurídicamente complejos. Sobre ambas cuestiones existen conocidos ejemplos en los que la Sala ha arrojado una resolución a medias o técnicamente incompleta, o bien se han generado fricciones innecesarias y afectación de la seguridad jurídica.\n\n 4. Como parte de los aspectos técnicos que he valorado, añado que está el hecho de que esta jurisdicción no cuenta con jueces ejecutores de sentencia que permitan darle seguimiento adecuado a las mismas -generalmente complejas-, que implican en ocasiones el seguimiento de planes remediales, entre otros, con coordinación interinstitucional y seguimiento de meses y hasta años.\n\n 5. Desde esa perspectiva, la decisión de dar un paso al lado en la materia ambiental por parte de este Tribunal no debe ser vista como un abandono de la materia ambiental, sino al contrario, de su adecuada tutela en  la instancia que mejor se aviene a la naturaleza de su complejidad y diversidad. Asimismo tampoco debe ser visto como la declinación de esta instancia en su tarea de protección de los derechos constitucionales que le imponen la Constitución Política y su Ley Orgánica, que desde mi punto de vista, queda reservada en esta materia para casos específicos. Se trata más bien, de un ejercicio de reacomodo de las cargas y tareas que corresponden a los distintos órganos estatales, de manera que cada uno de ellos, pueda desplegar plenamente su labor dentro del ámbito que se le ha asignado, así como del ejercicio de fijar su propia competencia, según lo establece el artículo 7 de su Ley Orgánica.\n\n 6. Queda claro que la Sala no se plantea abandonar a otras jurisdicciones la labor de protección de los derechos de las personas en materia ambiental. Es conocido que si bien todo reclamo por infracción de normas legales y reglamentarias puede ser reconducido hasta el ámbito constitucional, existen casos cuya resolución no exige más que la aplicación del derecho de la Constitución. Se trata entonces de lograr que la Sala se convierta en protagonista junto con otros, de manera que –entre todos y cada uno en su espacio- se pueda cubrir toda la variedad de situaciones que presenta una protección del derecho a un medio ambiente sano y equilibrado dentro de una sociedad en la que también existen otras necesidades igual de acuciantes. Con esta posición creo firmemente que el ciudadano no pierde un ápice de protección pero se gana sustancialmente en amplitud, en perspectiva y en respeto al equilibrio y distribución de poderes, principio este último de obligada consideración, puesto que rige la dinámica constitucional de cualquier sistema liberal y democrático como el nuestro.-\n\n 7. En línea con lo anterior, sostengo que esta Sala debe abstenerse de conocer los reclamos que se le presenten por supuesta infracción al artículo 50  de la Constitución Política para dejar en manos de la justicia administrativa y la jurisdicción contenciosa administrativa su conocimiento. Lo anterior se deja afirmado con carácter general, sin perjuicio de reconocer la existencia de casos particulares o grupos de casos que, según mi criterio, si resultarían aún mejor tutelados por esta Sala y por tanto deben ser conocidos y resueltos por ella.- Dentro de tales grupos de casos, y sin que esta enunciación pueda considerarse como una lista cerrada y definitiva, puedo señalar que la Sala debe reservarse el conocimiento de situaciones como por ejemplo los reclamos por infracciones ambientales que además pongan en riesgo directo la salud de las personas, o el acceso o calidad del agua; los casos de violaciones groseras y directas al ambiente y en los cuales se constate una palmaria ausencia de la protección por parte de las autoridades estatales, siempre y cuando además la naturaleza del reclamo permita ser abordado mediante el instrumento del amparo como instituto procesal sumario y especial, ya que estimo que tampoco se debe “ordinariar” el amparo para abordar, aún en estos casos citados, temas que rebasen la capacidad de ser atendidos adecuadamente en el mismo.\n\n 8. En el caso concreto, de conformidad con los hechos probados, el reclamo de la parte recurrente, podría eventualmente incidir en la salud e integridad física de los vecinos de la comunidad de Calle La Paz en San Ramón por la existencia de un botadero clandestino de desechos en dicha localidad. En consecuencia, es claro que estamos ante las excepciones que mencionan y por esa razón he considerado necesario que la Sala ejerciera su competencia, para comprobar o descartar si las omisiones señaladas, vulneran los derechos fundamentales de las personas amparadas.\n\nNOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En asuntos ambientales, es también criterio del suscrito, de que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, considero que su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que los recurrentes acusan que no se ha atendido en forma íntegra, por parte de las autoridades recurridas, la denuncia planteada desde el 18 de setiembre de 2020 por la existencia de un botadero clandestino de desechos ubicado en Calle La Paz, al oeste del barrio ramonense conocido como Las Lomas, en el distrito de Piedades Norte, cantón San Ramón, Alajuela, que pone en peligro a quienes transitan la zona. Lo anterior, con violación del derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida.\nDOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Debe prevenir esta Sala a la parte recurrente que de haber aportado algún documentos en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho, en un plazo de 30 días hábiles, después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPor tanto:\n\nSe declara con lugar el recurso. En consecuencia, se ordena lo siguiente: 1) A Oria Cecilia Ruiz Murillo y a Allan Francisco Artavia Jiménez, en su condición de vicealcaldesa primera y de coordinador del Área de Servicios Municipales Ambientales, ambos de la Municipalidad de San Ramón, o a quienes ocupen esos cargos, realizar las acciones que se encuentren dentro del ámbito de sus competencias para que cumplan lo siguiente: a) En el plazo de un mes, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se disponga la recolección de los desechos existentes en el terreno denunciado; b) En el plazo de tres meses, contado a partir de la notificación de esta sentencia, de forma efectiva se elimine el riesgo que para el ambiente y la salud pública representa la acumulación de desechos sólidos en el inmueble denunciado por los amparados, así como regular la actividad de acopio que allí se presenta.  2) Se ordena a Marvin Quesada Elizondo, en su condición de director a. i. del Área Rectora de Salud San Ramón y director regional de la Rectoría de la Salud Central Occidente, ambos del Ministerio de Salud o a quien ocupe esos cargos, lo siguiente: a) Vigilar el efectivo cumplimiento por parte de la Municipalidad de San Ramón de lo antes ordenado, debiendo tomar las medidas administrativas que correspondan dentro de sus competencias legales; b) Rendir mensualmente un informe a esta Sala de las actuaciones del ayuntamiento recurrido hasta el efectivo cumplimiento de lo aquí dispuesto. Se les advierte que de no acatar la orden dicha, incurrirá en el delito de desobediencia y, que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado y a la Municipalidad de San Ramón al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. La Magistrada Hernández López pone nota. El Magistrado Salazar Alvarado pone nota. Notifíquese.\n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nNancy Hernández L.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\n\n\nJorge Araya G.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nAnamari Garro V.\n\n\n\n\nAlicia Salas T.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nAlejandro Delgado F.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n SERT4JLAW4O61\n\nEXPEDIENTE N° 20-021902-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nClasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 09-05-2026 06:09:26.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "Large\nNormal\nSmall\nSala Constitucional\n\nResolution No. 00684 - 2021\n\nDate of Resolution: January 15, 2021 at 09:15\n\nExpediente: 20-021902-0007-CO\n\nDrafted by: Anamari Garro Vargas\n\nAnalyzed by: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\nJudgment with separate note\n\n\n\nContent of Interest:\n\nType of content: Majority vote\n\nBranch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS\n\nTopic: ENVIRONMENT\n\nSubtopics:\n\nGARBAGE.\n\n000684-21. THE INACTION OF THE MUNICIPALITY OF SAN RAMÓN REGARDING A CLANDESTINE GARBAGE DUMP LOCATED ON CALLE LA PAZ IS QUESTIONED. THE APPEAL IS GRANTED, ORDERING THE COLLECTION OF EXISTING WASTE AND, WITHIN THREE MONTHS, THE ELIMINATION OF THE RISK. THIS SHALL BE MONITORED BY THE MINISTRY OF HEALTH, WHICH MUST SUBMIT A MONTHLY PROGRESS REPORT TO THE SALA CONSTITUCIONAL UNTIL EFFECTIVE COMPLIANCE IS ACHIEVED.\n\n\nLBH01/21\n\n... See more\nContent of Interest:\n\nType of content: Majority vote\n\nBranch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS\n\nTopic: ENVIRONMENT\n\nSubtopics:\n\nPOLLUTION.\n\n000684-21. THE INACTION OF THE MUNICIPALITY OF SAN RAMÓN REGARDING A CLANDESTINE GARBAGE DUMP LOCATED ON CALLE LA PAZ IS QUESTIONED. THE APPEAL IS GRANTED, ORDERING THE COLLECTION OF EXISTING WASTE AND, WITHIN THREE MONTHS, THE ELIMINATION OF THE RISK. THIS SHALL BE MONITORED BY THE MINISTRY OF HEALTH, WHICH MUST SUBMIT A MONTHLY PROGRESS REPORT TO THE SALA CONSTITUCIONAL UNTIL EFFECTIVE COMPLIANCE IS ACHIEVED.\n\n\nLBH01/21\n\n... See more\nContent of Interest:\n\nType of content: Majority vote\n\nBranch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS\n\nTopic: ENVIRONMENT\n\nSubtopics:\n\nENVIRONMENTAL DAMAGE.\n\n000684-21. THE INACTION OF THE MUNICIPALITY OF SAN RAMÓN REGARDING A CLANDESTINE GARBAGE DUMP LOCATED ON CALLE LA PAZ IS QUESTIONED. THE APPEAL IS GRANTED, ORDERING THE COLLECTION OF EXISTING WASTE AND, WITHIN THREE MONTHS, THE ELIMINATION OF THE RISK. THIS SHALL BE MONITORED BY THE MINISTRY OF HEALTH, WHICH MUST SUBMIT A MONTHLY PROGRESS REPORT TO THE SALA CONSTITUCIONAL UNTIL EFFECTIVE COMPLIANCE IS ACHIEVED.\n\n\nLBH01/21\n\n... See more\nContent of Interest:\n\nType of content: Majority vote\n\nBranch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS\n\nTopic: ENVIRONMENT\n\nSubtopics:\n\nSANITARY LANDFILL.\n\n000684-21. THE INACTION OF THE MUNICIPALITY OF SAN RAMÓN REGARDING A CLANDESTINE GARBAGE DUMP LOCATED ON CALLE LA PAZ IS QUESTIONED. THE APPEAL IS GRANTED, ORDERING THE COLLECTION OF EXISTING WASTE AND, WITHIN THREE MONTHS, THE ELIMINATION OF THE RISK. THIS SHALL BE MONITORED BY THE MINISTRY OF HEALTH, WHICH MUST SUBMIT A MONTHLY PROGRESS REPORT TO THE SALA CONSTITUCIONAL UNTIL EFFECTIVE COMPLIANCE IS ACHIEVED.\n\n\nLBH01/21\n\n... See more\nContent of Interest:\n\nType of content: Majority vote\n\nBranch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS\n\nTopic: MUNICIPALITY\n\nSubtopics:\n\nINFRASTRUCTURE AND CONDITIONS.\n\n000684-21. THE INACTION OF THE MUNICIPALITY OF SAN RAMÓN REGARDING A CLANDESTINE GARBAGE DUMP LOCATED ON CALLE LA PAZ IS QUESTIONED. THE APPEAL IS GRANTED, ORDERING THE COLLECTION OF EXISTING WASTE AND, WITHIN THREE MONTHS, THE ELIMINATION OF THE RISK. THIS SHALL BE MONITORED BY THE MINISTRY OF HEALTH, WHICH MUST SUBMIT A MONTHLY PROGRESS REPORT TO THE SALA CONSTITUCIONAL UNTIL EFFECTIVE COMPLIANCE IS ACHIEVED.\n\n\nLBH01/21\n\n... See more\nContent of Interest:\n\nType of content: Majority vote\n\nBranch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS\n\nTopic: MUNICIPALITY\n\nSubtopics:\n\nCOMPLAINT.\n\n000684-21. THE INACTION OF THE MUNICIPALITY OF SAN RAMÓN REGARDING A CLANDESTINE GARBAGE DUMP LOCATED ON CALLE LA PAZ IS QUESTIONED. THE APPEAL IS GRANTED, ORDERING THE COLLECTION OF EXISTING WASTE AND, WITHIN THREE MONTHS, THE ELIMINATION OF THE RISK. THIS SHALL BE MONITORED BY THE MINISTRY OF HEALTH, WHICH MUST SUBMIT A MONTHLY PROGRESS REPORT TO THE SALA CONSTITUCIONAL UNTIL EFFECTIVE COMPLIANCE IS ACHIEVED.\n\n\nLBH01/21\n\n... See more\nContent of Interest:\n\nType of content: Majority vote\n\nBranch of Law: 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE\n\nTopic: 050- Environment\n\nSubtopics:\n\nNOT APPLICABLE.\n\nOn the Fundamental Right to a Healthy and Ecologically Balanced Environment. This Tribunal has repeatedly developed the content of this right, contemplated in Article 50 of the Political Constitution. The protection of the environment is an adequate mechanism to safeguard and improve the quality of life for everyone, which makes necessary the intervention of Public Authorities over factors that can alter its balance and hinder a person's development and unfolding in a healthy environment. The State constitutes the guarantor in the protection and safeguarding of the environment and natural resources. In this sense, the control and oversight of environmental matters and activities constitutes an essential function of the State, so that, regarding environmental protection, the functions of stewardship, control, and oversight of environmental matters correspond to the State, through the various administrative dependencies. In summary, the fundamental right to health and to a healthy and ecologically balanced environment has been extensively developed, as well as the obligation of the State and the different public authorities to preserve, defend, and guarantee said right.\n\n\nLBH01/21\n\n... See more\nContent of Interest:\n\nType of content: Separate note\n\nBranch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS\n\nTopic: ENVIRONMENT\n\nSubtopics:\n\nGARBAGE.\n\nNOTE FROM JUDGE HERNÁNDEZ LÓPEZ REGARDING THE CLAIM FOR VIOLATION OF ARTICLE 50 OF THE POLITICAL CONSTITUTION.\n\n 1. The historical context that at the time motivated this Court's broad intervention in environmental matters has undergone a considerable variation, which requires this body to reconsider the conditions for its participation in ensuring the right of individuals to a healthy and balanced environment, as has been protected in Article 50 of the Political Constitution. Indeed, the current situation – characterized by a vast production of laws and regulations that include substantive rules, procedures, and the creation of bodies for compliance with what is mandated by the Constitution – is radically different from the previous one, in which the absence of regulations and state entities with appropriate jurisdiction imposed on this Court a role as a protagonist, almost unique, in the defense of the aforementioned constitutional right.\n\n 2. Today, we find ourselves confronted with a \"dense network\" of environmental regulations, which has produced two relevant phenomena: the first and most obvious is the emergence of a comprehensive legal regulation regarding activities whose incidence on the environment was little or not at all ordered, as well as the creation of state bodies with powers of surveillance and control over the effects of human activity on the surroundings. The second phenomenon is that this growing juridification – predominantly legislative and regulatory – brings with it an unavoidable entry onto the scene of both administrative justice and ordinary jurisdiction – primarily the administrative litigation jurisdiction, but also criminal jurisdiction. In these, in accordance with the importance of environmental law, broad procedural avenues and inclusive means of standing have been regulated, so that citizens can enforce what is established in that broad legal order related to environmental matters.\n\n 3. In this context, it is not legally appropriate, nor from a functional point of view, for the Sala Constitucional to displace, or – worse still – substitute, the ordinary justice bodies in carrying out their task, also of constitutional rank, of ensuring the effective enforcement of laws and regulations. It is legally improper because in the vast majority of these cases, what is requested is that it interpret and enforce legal and regulatory norms, risking overlapping its competences with those of other jurisdictional bodies that – these indeed – have been created to execute such tasks; and it is also functionally incorrect, because the design of its processes poorly accommodates the complexity present in numerous environmental conflicts composed of series of technically and legally complex facts and acts. Regarding both issues, there are well-known examples in which this Court has issued a partial or technically incomplete resolution, or unnecessary frictions have been generated, affecting legal certainty.\n\n 4. As part of the technical aspects I have assessed, I add the fact that this jurisdiction does not have judgment enforcement judges that would allow for adequate monitoring of these judgments – generally complex – which sometimes involve monitoring remedial plans, among other things, with inter-institutional coordination and monitoring over months and even years.\n\n 5. From that perspective, the decision to step aside in environmental matters by this Tribunal should not be seen as an abandonment of environmental matters, but on the contrary, of its adequate protection in the instance that best suits the nature of its complexity and diversity. Likewise, it should not be seen as the declination of this instance in its task of protecting the constitutional rights imposed upon it by the Political Constitution and its Organic Law, which from my point of view, is reserved in this matter for specific cases. It is rather an exercise in rearranging the burdens and tasks that correspond to the different state bodies, so that each of them can fully deploy its work within the scope assigned to it, as well as the exercise of establishing its own competence, as established by Article 7 of its Organic Law.\n\n 6. It is clear that this Court does not propose to abandon to other jurisdictions the task of protecting the rights of individuals in environmental matters. It is well known that, although any claim for violation of legal and regulatory norms can be redirected to the constitutional sphere, there are cases whose resolution requires nothing more than the application of constitutional law. It is, therefore, a matter of ensuring that this Court becomes a protagonist along with others, so that – among everyone, and each in its own space – the entire variety of situations presented by the protection of the right to a healthy and balanced environment within a society where other equally pressing needs also exist can be covered. With this position, I firmly believe that the citizen does not lose a shred of protection but substantially gains in breadth, perspective, and respect for the balance and distribution of powers, this last principle being of mandatory consideration, since it governs the constitutional dynamics of any liberal and democratic system like ours.-\n\n 7. In line with the above, I maintain that this Court should refrain from hearing claims presented for alleged violation of Article 50 of the Political Constitution, leaving their knowledge to administrative justice and the administrative litigation jurisdiction. The foregoing is affirmed in general terms, without prejudice to recognizing the existence of particular cases or groups of cases that, in my opinion, would still be better protected by this Court and therefore must be heard and resolved by it.- Within such groups of cases, and without this enumeration being considered a closed and definitive list, I can point out that this Court should reserve for itself the knowledge of situations such as, for example, claims for environmental violations that also pose a direct risk to people's health, or to the access or quality of water; cases of gross and direct violations to the environment in which a clear absence of protection by state authorities is verified, provided always that the nature of the claim allows it to be addressed through the instrument of the amparo appeal as a summary and special procedural institute, since I also consider that the amparo appeal should not be \"ordinaryfied\" to address, even in these cited cases, matters that exceed the capacity to be adequately attended to within it.\n\n 8. In the specific case, in accordance with the proven facts, the claim of the appellants could eventually affect the health and physical integrity of the residents of the community of Calle La Paz in San Ramón due to the existence of a clandestine dump of waste in said locality. Consequently, it is clear that we are before the exceptions I mention, and for that reason I have considered it necessary for this Court to exercise its competence, to verify or rule out whether the omissions indicated violate the fundamental rights of the protected persons.\n\n\nLBH01/21\n\n... See more\nContent of Interest:\n\nType of content: Separate note\n\nBranch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS\n\nTopic: ENVIRONMENT\n\nSubtopics:\n\nPOLLUTION.\n\nNOTE FROM JUDGE SALAZAR ALVARADO. In environmental matters, it is also the opinion of the undersigned that if the Public Administration has already intervened, I consider that its knowledge and resolution corresponds to the administrative litigation jurisdiction. However, I do examine the merits of the matter when other rights of the persons affected by the source of contamination are at stake, including health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (Article 50 of the Political Constitution), as is the case here, where the appellants accuse that the complaints filed since September 18, 2020, regarding the existence of a clandestine waste dump located on Calle La Paz, west of the San Ramón neighborhood known as Las Lomas, in the district of Piedades Norte, canton of San Ramón, Alajuela, which endangers those who travel through the area, have not been fully addressed by the respondent authorities. The foregoing constitutes a violation of the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment and a decent level of quality of life.\n\n\nLBH01/21\n\n... See more\nText of the resolution\n\n\n\nExp: 20-021902-0007-CO\n\nRes. No. 2021000684\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours fifteen minutes on January fifteenth, two thousand twenty-one.\n\n  Amparo appeal processed in expediente number 20-021902-0007-CO, filed by JAIME ANDRES RIVERA ARAYA, identification card number 0116960179, JOSE IGNACIO SALAZAR VALERIO, identification card number 0208040714, against the MINISTERIO DE SALUD OF SAN RAMÓN, MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN.\n\nWhereas:\n\nBy written statement received at the Secretariat of this Court at 3:46 p.m. on November 27, 2020, the appellants file an amparo appeal against the director of the Área Rectora de Salud of San Ramón of the Ministerio de Salud, as well as the mayor and the head of Servicios Municipales Ambientales, both of the Municipalidad de San Ramón, and state that on September 18, 2020, they filed a complaint before the local government of San Ramón regarding the presence of a large clandestine waste dump located on Calle La Paz, west of the San Ramón neighborhood known as Las Lomas, in the district of Piedades Norte, canton of San Ramón, Alajuela. They indicate that in said place the presence of cement debris, blocks, broken washing machine parts, plastic bucket lids, old clothes, washing machine drums, gallons, glass, etc., is observed. Said place is also used to burn waste and to throw dead animals, as there are parts of animal bodies scattered around the place. Additionally, there are washing machine drums where water accumulates, which could lead to the formation of breeding sites for dengue mosquitoes, a fact of potential and imminent risk for the neighbors who live just a few meters from the area. The remains of dead animals have encouraged other scavenger animals to approach the area, such as rats and stray dogs. This represents a particular danger, as the road is regularly used by pedestrians who walk in the area, besides implying insecurity for the community in the area. By official letter No. MSR-AM-DDUSMA-216-2020 of September 30, current year, the municipality replied that on September 24 of this year, an inspection of the area was carried out, in which they discovered several waste dumps located on both sides of the road. They claim that, despite said reply, the municipal authority left out many of the requests made in the mentioned municipal environmental complaint, which as of the date of filing the appeal had not yet been satisfied. They maintain that the only thing done was an inspection to take photos, but the area has not been cleaned, nor the waste scattered there collected, nor signs posted stating \"Prohibited from dumping waste\"; it was simply mentioned that these would be measures to be adopted later, alongside monthly supervisions. In the same vein, they accuse that the respondent local government refused to notify or issue a warning to the owner of the land in question, under the claim that he is not responsible for depositing the waste in that place. Thus, for them, it is clear that a problem exists that affects health and the environment, but the municipal authorities have done nothing to solve the situation. They report that, on the same date, September 18, 2020, they filed a complaint before the Área Rectora de Salud of San Ramón for the same stated reasons and requested that a sanitary order for waste collection be issued to the Municipalidad de San Ramón, as well as ordering it to send the waste to a site for its proper treatment. By official letter No. MS-DRRSCO-DARS-SR-2120-2020 of October 6, current year, the Área Rectora de Salud of San Ramón replied that it did not fall to them to address the reported problem, considering that the reported matter is the sole and exclusive competence of the local government of San Ramón, and nothing more. They claim that, as of the filing date of the appeal, the problem has not been addressed. They consider the foregoing to be a violation of their fundamental rights. They request that the appeal be granted, with the legal consequences.\nBy resolution at 11:11 p.m. on December 2, 2020, this appeal was processed and notified to the respondents on December 4, 2020.\nMarvin Quesada Elizondo reports under oath, in his capacity as acting director of the Área Rectora de Salud San Ramón and regional director of the Rectoría de la Salud Central Occidente, both of the Ministerio de Salud (folio 55 of the electronic expediente), that as was replied to the complainants, the matter was transferred to the Environmental Management Office of the Municipalidad de San Ramón, because the reported problem falls under the competence of that institution, and they were provided with the telephone number of said office. They add that it was confirmed with the municipal entity that the complaint was addressed and that measures will be taken to address the reported environmental problem. They request that the appeal filed be dismissed.\nOria Cecilia Ruiz Murillo reports under oath, in her capacity as first deputy mayor, substituting for the mayor of San Ramón (folio 102 of the electronic expediente), that the appellants' complaint was addressed with the execution of cleaning activities - with the support of institutions and community groups - and it was recommended to carry out new cleanups and to post signs in the area. They explain that it is a private property accessed by a lonely road, which lends itself to people using the land as a dump; regardless of the solid waste collection programs, recycling campaigns, and the existence of a waste transfer center. They affirm that the signage will be resolved in 2021, as there is no budget this year to address said situation. They consider that no duty has been omitted, as cleanups and collections have been carried out in the area within the competence scope of the corporation, and the complainants have been informed of the actions taken. They add that the principle of interinstitutional coordination has not been harmed either, as the Ministerio de Salud was informed of the actions taken regarding the matter. They request that the appeal filed be dismissed.\nBy certification issued on December 14, 2020, the Secretariat of the Sala Constitucional certifies that the head of Servicios Municipales Ambientales of the Municipalidad de San Ramón did not submit any written statement or document to render the report requested in the initial order of the amparo appeal (folio 135 of the electronic expediente).\nAllan Francisco Artavia Jiménez reports under oath, in his capacity as coordinator of the Área de Servicios Municipales Ambientales of the Municipalidad de San Ramón, and does so in the same sense as the first deputy mayor of San Ramón.\nIn the procedures followed, legal prescriptions have been observed.\n\n Drafted by Judge Garro Vargas; and,\n\nConsidering:\n\nPurpose of the appeal. The appellants consider their fundamental rights harmed as they accuse that the complaint filed since September 18, 2020, regarding the existence of a clandestine dump has not been fully addressed by the respondent authorities.\nProven facts. Of importance for the decision on this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been so accredited or because the respondent failed to refer to them as provided in the initial order:\n\nMunicipalidad de San Ramón\n\na)  On September 18, 2020, the appellants reported to the Municipalidad de San Ramón the presence of a large clandestine waste dump located on Calle La Paz (folios 13 and 109 of the electronic expediente).\n\nb)  By official letter No. MSR-AM-DDUSMA-216-2020 of September 30, current year, the municipality replied that on September 24 of this year, an inspection of the area was carried out, in which they discovered several waste dumps located on both sides of the road, and that the following measures will be taken: “1. Carry out a new cleaning in this area, with the purpose of collecting and adequately disposing of the waste that has been illegally deposited there. 2. Maintain a monthly supervision of the area to identify possible new clandestine dumps. 3. Once again place preventive signage at the site. 4. Request the support of the inhabitants closest to the place, so that they can report when vehicles enter to deposit waste at the location” (folios 37 and 122 of the electronic expediente).\n\nc)  By official letter MSR-AM-DDU-SMA-2233-2020, dated October 6, 2020, the head of Servicios Municipales Ambientales replied to the request from the Ministerio de Salud, reporting the actions taken by the municipal corporation (folio 129 of the electronic expediente).\n\nÁrea Rectora de Salud de San Ramón\n\nd)  On September 18, 2020, the appellants reported to the Área Rectora de Salud de San Ramón the existence of a large clandestine garbage dump (folios 25, 62, and 88 of the electronic expediente).\n\ne)  By official letter No. MS-DRRSCO-DARS-SR-2120-2020 of October 6, current year, the Área Rectora de Salud de San Ramón replied indicating that the complaint was forwarded to the Environmental Management office of the Municipalidad de San Ramón (by official letter MS-DRRSCO-DARS-SR-2116-2020, of the same date), which is the competent entity, and included the telephone number of said office (folios 42, 96, and 100 of the electronic expediente).\n\nOn the Fundamental Right to a Healthy and Ecologically Balanced Environment. This Tribunal has repeatedly developed the content of this right, contemplated in Article 50 of the Political Constitution. The protection of the environment is an adequate mechanism to safeguard and improve the quality of life for everyone, which makes necessary the intervention of Public Authorities over factors that can alter its balance and hinder a person's development and unfolding in a healthy environment. The State constitutes the guarantor in the protection and safeguarding of the environment and natural resources. In this sense, the control and oversight of environmental matters and activities constitutes an essential function of the State, so that, regarding environmental protection, the functions of stewardship, control, and oversight of environmental matters correspond to the State, through the various administrative dependencies. In summary, the fundamental right to health and to a healthy and ecologically balanced environment has been extensively developed, as well as the obligation of the State and the different public authorities to preserve, defend, and guarantee said right (see judgment No. 2006-005928).\nOn the specific case. In the present matter, the appellants accuse omission by the respondent authorities in addressing the environmental problem reported through actions dated September 18, 2020. They accuse that, although their filing was responded to, not all possible actions have been deployed to resolve the problem caused by the reported clandestine garbage dump. After analyzing the evidentiary elements provided, this Tribunal verifies the harm to the rights of the protected parties. From the reports rendered under oath and the list of facts - proven and unproven -, it appears that the complaint filed by the appellants was addressed by the respondent authorities; however, it is not possible to accredit that a comprehensive solution to the problem accused in said filing has been provided. It is verified that the municipal authorities conducted an inspection at the site and determined the actions to follow (see proven fact b), without any subsequent action tending to provide a definitive solution to the reported problem being evident. It is clear, then, that the situation persists and no concrete solution has been given. The local government has the authority to hold accountable the persons who deposit garbage at the place and also those who connive with the situation (that is, it can and must call the property owner to account). Clearly, the actions adopted have been insufficient to resolve the reported problem. Stated differently, it is verified that the existence of the clandestine garbage dump was confirmed, and it is not evident that concrete measures have been implemented to resolve said situation. Regarding the health authorities, it is confirmed that they forwarded the plaintiffs' complaint to the municipality, but despite having been informed of a persistent problem, of this nature and that can clearly affect public health, they took no measure in this regard. In this context, it becomes necessary to warn that it does not correspond to this Tribunal to determine which alternative should be adopted to solve the reported problems, since this Court is not a controller of the legality of the Administration's actions or resolutions, such that it is not its place to determine whether the adopted measures comply or not with current legal or regulatory norms, a task proper to the common route, administrative or jurisdictional. However, it becomes necessary to remind the respondent authorities of their obligation to verify or rule out the existence of the reported problem, and if necessary, to resolve said situation definitively and in a coordinated manner. This Tribunal has recognized that one of the guiding principles of administrative organization is the coordination that must exist between all public entities and bodies when exercising their competences and providing the services that the legal system has assigned to them. Coordination, insofar as it ensures administrative efficiency and effectiveness, is a virtual or implicit constitutional principle that permeates the entire administrative legal system and obliges all public entities; it can be inter-organic - between the various bodies that make up a public entity not subject to a hierarchical relationship - or intersubjective - that is, between public entities, each with its own legal personality, own budget, autonomy, and specific competences -; and its purpose is to avoid duplications and omissions in the exercise of the administrative functions of each public entity, that is, that they be performed in a rational and orderly manner (see, to that effect, judgment No. 2007-015218, among others). In the opinion of this Court, in the present case we find ourselves before a serious health problem that affects the environment and the health of the community's inhabitants, and it is verified that the respondent authorities have shown an inability to enforce the laws on the matter and their obligation to guarantee the enjoyment by the area's inhabitants of a healthy and ecologically balanced environment, with the consequences for the health of these persons due to the nature of the health problem that afflicts them.\n\nIn reiterated jurisprudence, this Chamber has stated that it cannot be accepted that human beings be denied the right to a healthy environment, the right to health, due to the incapacity of the corresponding public authorities to effectively exercise the oversight powers and the solution to problems granted by law. It is not enough to schedule inspections months in advance or to consult neighbors whether they agree that such inspections be carried out. Both authorities possess sufficient and varied powers to ensure the fulfillment of their functions. However, despite having long been aware of the denounced problem, the few actions they have deployed have not been sufficient to resolve the denounced environmental problem. The persistence of the problem demonstrates that the few actions taken have been clearly insufficient, thus incurring liability by omission in the exercise of those powers which, in turn, injure the constitutional right of the administered to receive efficient and effective public services. By reason of the foregoing, it is appropriate to grant the appeal (recurso), so that both the respondent Municipality and the Ministry of Health coordinate with each other and carry out the necessary actions to provide an effective solution to said problem.\n\nSEPARATE OPINION OF MAGISTRATE HERNÁNDEZ LÓPEZ REGARDING THE CLAIM FOR INFRINGEMENT OF ARTICLE 50 OF THE POLITICAL CONSTITUTION.\n\n1. The historical context that at one time prompted the broad intervention of the Chamber in environmental matters has undergone a considerable variation that requires this body to reconsider the conditions for its participation in ensuring the right of persons to a healthy and balanced environment, as has been protected in Article 50 of the Political Constitution. Indeed, the current situation—characterized by a vast legal and regulatory production that includes substantive rules, procedures, and the creation of bodies for compliance with what is ordered in the Fundamental Charter—is radically different from the previous one, in which the absence of regulations and state entities with appropriate competence imposed upon the Chamber a leading, almost unique, role in the defense of the aforementioned constitutional right.\n\n2. Today, we find ourselves before a \"dense web\" of environmental regulations, which has produced two relevant phenomena: the first and most obvious is the emergence of a comprehensive legal regulation regarding activities whose impact on the environment was little or not at all ordered, as well as the creation of state bodies with oversight and control powers over the effects of human activity on the surroundings. The second phenomenon is that this increasing juridification—predominantly legislative and regulatory—brings with it an unavoidable entry onto the scene of both administrative justice and ordinary jurisdiction—primarily the contentious-administrative, but also the criminal. In them, in accordance with the importance of environmental law, procedural avenues and inclusive standing mechanisms have been broadly regulated, so that the administered can enforce what is established in that broad legal order related to environmental matters.\n\n3. In this context, it is not legally appropriate, nor from a functional standpoint, for the Constitutional Chamber to displace, or—worse still—substitute for, the ordinary justice bodies in carrying out their task, also of constitutional rank, of ensuring the effective compliance with laws and regulations. It is legally improper because in the vast majority of these cases, what is requested is that it interpret and enforce legal and regulatory norms, with the risk of overlapping its competencies with those of other jurisdictional bodies that—they indeed—have been created to carry out such tasks; and it is also functionally incorrect, because the design of its processes is ill-suited to the complexity present in numerous environmental conflicts composed of series of technically and legally complex facts and acts. On both matters, there are known examples in which the Chamber has rendered a half-finished or technically incomplete decision, or unnecessary friction and harm to legal certainty have been generated.\n\n4. As part of the technical aspects I have assessed, I add the fact that this jurisdiction does not have judgment-execution judges that would allow adequate follow-up to these judgments—generally complex—that sometimes entail the monitoring of remedial plans, among others, with inter-institutional coordination and monitoring over months and even years.\n\n5. From that perspective, the decision by this Tribunal to step aside in environmental matters should not be seen as an abandonment of the environmental field, but on the contrary, as its adequate protection in the instance that best suits the nature of its complexity and diversity. Likewise, it should also not be seen as the declination of this instance in its task of protecting constitutional rights, as imposed by the Political Constitution and its Organic Law, which from my point of view is reserved in this matter for specific cases. It is, rather, an exercise in readjusting the burdens and tasks that correspond to the different state bodies, so that each of them can fully deploy its work within the scope assigned to it, as well as the exercise of setting its own competence, as established in Article 7 of its Organic Law.\n\n6. It is clear that the Chamber does not propose to abandon to other jurisdictions the task of protecting the rights of persons in environmental matters. It is known that, although any claim for infringement of legal and regulatory norms can be redirected to the constitutional sphere, there are cases whose resolution requires nothing more than the application of constitutional law. The goal, then, is for the Chamber to become a protagonist together with others, so that—among all, each in its own space—the entire variety of situations presented by the protection of the right to a healthy and balanced environment within a society where other equally pressing needs also exist can be covered. With this position, I firmly believe that the citizen loses not an iota of protection, but substantially gains in breadth, perspective, and respect for the balance and distribution of powers, this latter principle being of obligatory consideration, since it governs the constitutional dynamic of any liberal and democratic system like ours.-\n\n7. In line with the above, I maintain that this Chamber should abstain from hearing the claims presented to it for alleged infringement of Article 50 of the Political Constitution, in order to leave their adjudication in the hands of administrative justice and the contentious-administrative jurisdiction. The foregoing is affirmed as a general rule, without prejudice to recognizing the existence of particular cases or groups of cases that, in my opinion, would be even better protected by this Chamber and must therefore be heard and resolved by it.- Within such groups of cases, and without this enumeration being considered a closed and definitive list, I can indicate that the Chamber should reserve the hearing of situations such as, for example, claims for environmental violations that also pose a direct risk to people's health, or access to or quality of water; cases of gross and direct violations of the environment in which a palpable absence of protection by state authorities is confirmed, provided that the nature of the claim also allows it to be addressed through the instrument of amparo as a summary and special procedural institution, since I also believe that amparo should not be \"ordinary-fied\" to address, even in these cited cases, matters that exceed the capacity to be adequately attended to within it.\n\n8. In the specific case, in accordance with the proven facts, the claim of the petitioner (parte recurrente) could eventually affect the health and physical integrity of the residents of the community of Calle La Paz in San Ramón due to the existence of a clandestine waste dump in that locality. Consequently, it is clear that we are before the exceptions mentioned, and for that reason I have considered it necessary for the Chamber to exercise its competence, to verify or rule out whether the indicated omissions violate the fundamental rights of the persons protected (personas amparadas).\n\nSEPARATE OPINION OF MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO. In environmental matters, it is also the undersigned's opinion that, if there has already been intervention by the Public Administration, I consider that its adjudication and resolution corresponds to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do enter into the merits of the matter when other rights of the persons affected by the source of contamination are at stake, among them, health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (Article 50 of the Political Constitution), as is the case here, in which the petitioners (recurrentes) claim that the denunciation filed since September 18, 2020, regarding the existence of a clandestine waste dump located in Calle La Paz, west of the San Ramón neighborhood known as Las Lomas, in the district of Piedades Norte, canton San Ramón, Alajuela, which endangers those who transit the area, has not been fully addressed by the respondent authorities. The foregoing is in violation of the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment and a dignified level of quality of life.\n\nDOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. This Chamber must warn the petitioner that if any documents were provided in paper form, as well as objects or evidence supported by any additional device, or by electronic, computer, magnetic, optical, telematic media or media produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a period of 30 business days after receiving notification of this judgment; otherwise, all of it will be destroyed in accordance with the provisions of the \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.\n\nPor tanto:\n\nThe appeal is granted. Consequently, the following is ordered: 1) To Oria Cecilia Ruiz Murillo and Allan Francisco Artavia Jiménez, in their capacity as first deputy mayor and coordinator of the Área de Servicios Municipales Ambientales, both of the Municipality of San Ramón, or whoever holds those positions, to carry out the actions within the scope of their competencies to comply with the following: a) Within one month, counted from the notification of this judgment, arrange for the collection of the existing waste on the denounced property; b) Within three months, counted from the notification of this judgment, effectively eliminate the risk that the accumulation of solid waste on the property denounced by the protected persons represents for the environment and public health, as well as regulate the stockpiling activity that occurs there. 2) It is ordered to Marvin Quesada Elizondo, in his capacity as acting director (director a. i.) of the Área Rectora de Salud San Ramón and regional director of the Rectoría de la Salud Central Occidente, both of the Ministry of Health, or whoever holds those positions, the following: a) Monitor the effective compliance by the Municipality of San Ramón with the above ordered, being required to take the administrative measures that correspond within its legal competencies; b) Render a monthly report to this Chamber on the actions of the respondent municipality until effective compliance with what is ordered herein. They are warned that failure to comply with said order will incur the crime of disobedience and that, in accordance with Article 71 of the Law of this jurisdiction, a prison sentence of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo proceeding, and fails to comply with it or enforce it, provided the offense is not more severely punished. The State and the Municipality of San Ramón are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts serving as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the enforcement of judgment of the contentious-administrative proceeding. Magistrate Hernández López notes a separate opinion. Magistrate Salazar Alvarado notes a separate opinion. Notifíquese.\n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\nNancy Hernández L.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\n\nJorge Araya G.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nAnamari Garro V.\n\n\n\nAlicia Salas T.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nAlejandro Delgado F.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n SERT4JLAW4O61\n\nEXPEDIENTE N° 20-021902-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nClasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 09-05-2026 06:09:26.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }