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  "id": "nexus-sen-1-0007-1012082",
  "citation": "Res. 01181-2021 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Acceso al expediente de relleno sanitario sin ser parte",
  "title_en": "Access to landfill file by third party without standing",
  "summary_es": "La Sala Constitucional declaró sin lugar un recurso de amparo interpuesto por un ciudadano que solicitó acceso al expediente del permiso de funcionamiento del Parque de Tecnología Ambiental Aczarri, un relleno sanitario, ante el Área Rectora de Salud de Desamparados. El recurrente alegó que la información era de interés público por tratarse de requisitos sanitarios de un relleno, invocando el artículo 30 constitucional y la legitimación amplia del artículo 50 en asuntos ambientales y de salud. La autoridad recurrida no negó el acceso de forma arbitraria, sino que solicitó al recurrente que aclarara si había interpuesto alguna denuncia o actuaba como abogado, conforme a los artículos 272 y 273 de la Ley General de la Administración Pública, que limitan el acceso al expediente a las partes y sus representantes, protegiendo información confidencial. El recurrente no demostró su legitimación. La Sala reiteró que el derecho de acceso a la información administrativa está limitado cuando se trata de información que no es de interés público o que puede comprometer secretos de Estado o información confidencial. Concluyó que no existió violación a los derechos fundamentales, ya que el acceso fue condicionado al cumplimiento de la normativa vigente.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber denied an amparo action brought by an individual who requested access to the operating permit file of the Aczarri Environmental Technology Park, a landfill, from the Desamparados Health Area. The petitioner argued the information was of public interest because it concerned sanitary requirements for the landfill, invoking Article 30 of the Constitution and the broad standing under Article 50 for environmental and public health matters. The respondent authority did not arbitrarily deny access; rather, it asked the petitioner to clarify whether he had filed a complaint or was acting as a lawyer, in accordance with Articles 272 and 273 of the General Public Administration Act, which restrict file access to parties and their representatives to protect confidential information. The petitioner did not establish his standing. The Chamber reiterated that the right to access administrative information is limited when the information is not of public interest or may compromise state secrets or confidential data. It concluded there was no violation of fundamental rights because access was conditioned on compliance with current regulations.",
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  "date": "22/01/2021",
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    "procedural-environmental"
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    "acceso al expediente administrativo",
    "interés público vs. interés privado",
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    "artículo 30 Constitución Política",
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    "información confidencial",
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    "expediente administrativo",
    "interés público",
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  "keywords_en": [
    "access to information",
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    "Article 30 Constitution",
    "Article 272 General Public Administration Act",
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  "excerpt_es": "V.- SOBRE EL CASO CONCRETO: ... Nótese, en el caso concreto, que en la respuesta dada al amparado no se está negando de manera arbitraria la copia del expediente, sino que se está haciendo al tenor de la normativa vigente, dado que al recurrente se le solicitó que aclare si su persona ha interpuesto alguna denuncia contra dicho establecimiento y en qué fecha o, caso contrario, si el expediente lo está solicitando en calidad de abogado, pero no lo hizo. De esta forma, lo procedente es declarar sin lugar el recurso, como en efecto se dispone.\n\nPor tanto:\n\nSe declara SIN lugar el recurso.",
  "excerpt_en": "V.- ON THE SPECIFIC CASE: ... Note, in this case, that the response given to the petitioner does not arbitrarily deny a copy of the file; rather, it complies with current regulations, since the petitioner was asked to clarify whether he has filed any complaint against the establishment and on what date, or else if he is requesting the file as a lawyer, but he did not do so. Therefore, the appropriate course is to deny the appeal, as is hereby ordered.\n\nTherefore:\n\nThe appeal is DENIED.",
  "outcome": {
    "label_en": "Denied",
    "label_es": "Sin lugar",
    "summary_en": "The amparo action was denied because the petitioner failed to establish standing to access the administrative file under regulations requiring party or attorney status.",
    "summary_es": "Se declaró sin lugar el recurso de amparo, por no demostrar el recurrente su legitimación para acceder al expediente administrativo conforme a la normativa que exige ser parte o abogado."
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    {
      "context": "Informe de la autoridad recurrida citando el Dictamen 094 de la PGR",
      "quote_en": "the right to information is limited by the right to privacy.",
      "quote_es": "el derecho a la información está limitado por el derecho a la intimidad."
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    {
      "context": "Cita del Art. 273 de la LGAP en la resolución",
      "quote_en": "There shall be no access to parts of the file whose knowledge could compromise state secrets or confidential information of the opposing party...",
      "quote_es": "No habrá acceso a las piezas del expediente cuyo conocimiento pueda comprometer secretos de Estado o información confidencial de la contraparte..."
    },
    {
      "context": "Informe de la autoridad recurrida",
      "quote_en": "the fact that information is contained in an administrative file does not automatically confer the status of a public file",
      "quote_es": "el hecho de que una información conste en un expediente administrativo, no le confiere de manera automática la condición de un expediente público"
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  "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1012082",
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 01181 - 2021\n\nFecha de la Resolución: 22 de Enero del 2021 a las 09:15\n\nExpediente: 20-019844-0007-CO\n\nRedactado por: Alicia Maria Salas Torres\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp: 20-019844-0007-CO\n\nRes. Nº 2021001181\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del veintidos de enero de dos mil veintiuno .\n\n Recurso de amparo que se tramita en expediente número 20-019844-0007-CO, interpuesto por ROLANDO FEOLI ROMERO, cédula de identidad 0108610994, contra EL ÁREA RECTORA DE SALUD DE DESAMPARADOS.\n\nResultando:\n\n 1.- Por escrito recibido en la Sala el 28 de octubre de 2020, el recurrente interpone un recurso de amparo. Manifiesta que solicitó ante la dirección del Área Rectora de Salud de Desamparados del Ministerio de Salud, acceso al expediente denominado permiso de funcionamiento No. CS-ARS-AS-293-17 - Parque de Tecnología Ambiental Aczarri- Área Rectora de Salud de Desamparados, ya que dicha información es de evidente interés público, por referirse a los requisitos sanitarios de operación de un relleno sanitario. Alega que el 27 de octubre de 2020, la autoridad recurrida le indicó mediante correo electrónico que \"se procederá a verificar el expediente para corroborar si su persona forma parte del mismo\". Sostiene que no es parte del expediente, pero le interesa estudiarlo y revisarlo para analizar si debe apersonarse   formalmente al procedimiento, en ejercicio de la amplia legitimación que deriva del artículo 50 de la Constitución Política para asuntos ambientales y de salud pública, como es este caso. Reclama que en razón de lo anterior, la autoridad recurrida no le puede exigir que sea parte dentro del legajo respectivo. Por lo expuesto, acude a la Sala en protección de sus derechos fundamentales y solicita que se declare con lugar el\n\n 2.- Mediante resolución de las 12:18 horas del 30 de octubre de 2020, la Presidencia de la Sala ordenó dar curso al amparo y solicitó informe al Director del Área Rectora de Salud de Desamparados, a fin de que se refiera a los hechos y omisiones alegadas en el presente recurso.\n\n 3.- Por escrito agregado al expediente electrónico a las 08:11 horas del 19 de noviembre de 2020, informa bajo juramento Carolina Umaña Cisneros en su condición de Directora a.i. del Área Rectora de Salud de Desamparados que en fecha 19 de octubre del 2020 se recibió en el Área Rectora que representa, correo electrónico del Sr. Rolando Feoli Romero, en el cual se solicita una cita al Ministerio para obtener fotocopia del expediente que tiene la razón social de Empresas Berthier EBI de Costa Rica Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-215741, lo antes posible, con el fin de interponer denuncia formal por un tema de ambiente contra dicha empresa y se indica que es importante acceder a la información para hacer el planteamiento. Refiere que en fecha 19 de octubre del 2020 el Área Rectora de Salud Desamparados a través de correo electrónico le indicó al Sr. Rolando Feoli lo siguiente: Las copias de los expedientes por Ley únicamente tienen acceso las personas que forman parte del mismo o un abogado, si su persona desea interponer una denuncia se le adjuntan los respectivos formularios. Más tarde, sea el  26 de octubre del 2020 se recibió en el Área Rectora nota del Sr. Rolando Feoli en el cual solicita copia del expediente esto amparado en el Artículo 30 de la Constitución Política. Por lo anterior, en fecha 27 de octubre del 2020 el Área Rectora le notificó el recibido de la nota y se le indica que se procederá a verificar el expediente para corroborar si su persona forma parte del mismo y facilitar el respectivo documento, el cual consta de 15 tomos. Posteriormente, el 05 de noviembre del 2020 el Área Rectora de Salud Desamparados envió correo electrónico al recurrente, en el cual le indicó: que para poder disponer del expediente se necesita que aclare si su persona ha interpuesto alguna denuncia contra dicho establecimiento y en qué fecha o si el expediente lo está solicitando en calidad de abogado, siendo que en ese caso debe facilitar por ese medio el Carnet del Colegio, puesto que el expediente consta de casi 15000 folios por lo que se solicita la información para poder agilizar la búsqueda de los datos. Aduce que la Ley de Administración Pública No. 6227 \"Artículo 272 1. Las partes y sus representantes, y cualquier abogado, tendrán derecho en cualquier fase del procedimiento a examinar, leer y copiar cualquier pieza del expediente, así como a pedir certificación de la misma, con las salvedades que indica el artículo siguiente. 2. El costo de las copias y certificaciones será de cuenta del petente. Artículo 273.- 1. No habrá acceso a las piezas del expediente cuyo conocimiento pueda comprometer secretos de Estado o información confidencial de la contraparte o, en general, cuando el examen de dichas piezas confiera a la parte un privilegió indebido o una oportunidad para dañar ilegítimamente a la Administración, a la contraparte o a terceros, dentro o fuera del expediente. 2. Se presumirán en esta condición, salvo prueba en contrario, los proyectos de resolución, así como los informes para órganos consultivos y los dictámenes de éstos antes de que hayan sido rendidos. Dictamen 094 del 12/06/1997 Procuraduría General de la República: Por \"información de interés público\" debe entenderse aquélla que sea de interés y utilidad para la comunidad, de modo que la información que sólo interesa y es útil para un particular no entra en los supuestos del artículo 30 constitucional. Los despachos administrativos pueden tramitarse o constar información de interés privado y Documentos privados, los cuales están protegidos por los derechos constitucionales de \"intimidad\" y de privacidad de los documentos privados\". La Administración Pública está impedida de suministrar esos documentos e información a terceros, salvo que cuente con el consentimiento del titular del derecho constitucionalmente protegido: el derecho a la información está limitado por el derecho a la intimidad. La actuación administrativa se rige por el principio de publicidad. Un principio que tiende a dar transparencia y claridad a la actuación administrativa, es decir, la publicidad se comprende en tanto exista un interés público por lo que si en el expediente constan documentos privados o información que sólo es de interés privado, no existe derecho de acceso a esa información, aun cuando conste en el expediente administrativo. El amplio derecho de acceso al expediente y sus piezas por las partes, sus representantes y cualquier abogado, reconocido en el artículo 272, es limitado en el numeral 273 en los casos de información \"confidencial \" de la contraparte o cuando el conocimiento de la información  suministrada por ésta, aun cuando no sea confidencial, coloque a la contraparte en una posición de ventaja que le permita ocasionar daños ilegítimos. La negativa de dar acceso al expediente debe ser motivada (art. 274 de la misma Ley). Lo dispuesto en dichos artículos ha sido reafirmado por la Sala Constitucional que, en su voto N. 2450-92 de las 11:04 hrs, de 21 de agosto de 1992, reafirmada por la N. 6240-93 de las 14:00 hrs. del 26 de noviembre de 1993, señaló: \"...el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información de asuntos de interés público, no da derecho a cualquier persona a obtener información confidencial o de importancia vital para el Estado y privada de otros. Los artículos 272, 273, 274 de la Ley General de la Administración Pública que desarrolla esos principios constitucionales, claramente excluyen los secretos de Estado y la información confidencial o privada de las partes de un expediente administrativo\". Por todo lo anterior, el Área Rectora no ha sido omisa en el cumplimiento de sus deberes, ya que ha efectuado las gestiones necesarias dentro de sus competencias para la atención oportuna y efectiva del procedimiento de interposición de denuncia del recurrente, sin embargo tal y como él lo indicó no es parte del expediente por lo cual amparados en el Artículo 272, 273 y 274 de la Ley de Administración Pública no existe derecho de acceso a la información puesto que el administrativo no forma parte y en el mismo se incluye información confidencial y al reproducir el expediente se estará violentando la intimidad de la contraparte, todo lo anterior en virtud del Art. 11 de la Ley General de Administración Pública que establece \"Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad y no pueden arrogarse facultades que la ley no les concede, la administración pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y solo podrá realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento según la escala jerárquica de sus fuentes\". Aclara que las actuaciones realizadas por parte de las Autoridades Sanitarias del Área Rectora de Salud de Desamparados se encuentran ajustadas al bloque de legalidad que rige el actuar de la Administración Pública y al mérito de los autos y por tanto no han lesionado de forma alguna derechos fundamentales del amparado. En efecto, al analizar el iter procedimental señalado por el recurrente y la respuesta brindada por esa Dirección de Área Rectora de Salud y la jurisprudencia administrativa de la Procuraduría General de la República, no se aprecia en la solicitud del recurrente que confluya un interés público o colectivo que, al tenor de dispuesto por el numeral 275 de la Ley General de la Administración pública, resulte directamente lesionado o satisfecho. Señala que el hecho de que una información conste en un expediente administrativo, no le confiere de manera automática la condición de un expediente público, puesto que en el concurren como en el caso que nos ocupa, información sensible de la empresa, su operación y documentos, dictámenes o resoluciones que únicamente le competen a las partes integrantes del mismo y que por tanto no pueden darse a conocer a personas ajenas al procedimiento. Así mismo, el recurrente manifiesta que desea revisar el expediente y sacar copia de él sin ser parte del mismo y sin contestar a la administración activa, las consultas que se le realizan en el sentido de detallar cuál de los 15 tomos preexistentes es el que requiere, y con qué finalidad lo solicita. Por este motivo, la expresión, empleada por el recurrente de que requiere la información para analizar si debe apersonarse formalmente al proceso, revela a todas lucen un interés privado o personal, y no uno colectivo o que atañe a la generalidad de administrados, que es precisamente el supuesto que legitima en materia de ambiente y salud la propia jurisprudencia constitucional. Al respecto ha señalado la Procuraduría General de la República citando a la propia Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia señala: \"…De los artículos 27 y 30 de la Constitución Política se deriva el derecho de todo ciudadano de pedir y obtener de la Administración Pública información de interés público. Conforme ha señalado este Órgano Consultivo en diversos dictámenes, por \"información de interés público\" debe entenderse aquélla que sea de interés y utilidad para la comunidad de  modo que la información que sólo interesa y es útil para un particular no entra en los supuestos del artículo 30 constitucional. Es en este sentido que mediante dictamen N. 130-93 de 28 de setiembre de 1993, la Procuraduría señaló: \"...es preciso tomar en cuenta que no todos los asuntos que conocen las oficinas administrativas son de claro interés público, por una parte, y que no siempre existe un interés público en informarse sobre asuntos administrativos de competencia de las citadas oficinas\". La necesidad de apreciar el carácter público del interés deriva, en efecto, del hecho de que en los despachos administrativos puede tramitarse o constar información de interés privado y documentos privados, los cuales están protegidos por los derechos constitucionales de \"intimidad\" y de privacidad de los documentos privados\". La Administración Pública está impedida de suministrar esos documentos e información a terceros, salvo que cuente con el consentimiento del titular del derecho constitucionalmente protegido: el derecho a la información está limitado por el  derecho a la Intimidad. Debe considerarse que el avance de la técnica, de los medios de comunicación y el reconocimiento a la vida privada extienden los contornos de la protección a la intimidad, abarcando diversas manifestaciones de la vida privada (económicas, ejercicio profesional, comerciales, etc). Aspectos que sólo podrían trascender a terceros si existe un evidente interés público en esa información: \"...el derecho a la información tiene como fundamento el interés de la comunidad de conocer la actividad del funcionario  Público, así como su buen o mal desempeño en el ejercicio del cargo y las informaciones que, siendo de interés público, se hallen en las oficinas o departamentos administrativos. Es por eso que la naturaleza pública de la información es el elemento cardinal para definir  el derecho a solicitarla al órgano o ente público...\". Sala Constitucional, N. 6240-93 de las 14:00 hrs. del 26 de noviembre de 1993.\" Precisamente al analizar las respuestas brindadas por el recurrente, a esa Área Rectora de Salud, no se determina en la especie, ninguna justificación o razonamiento de carácter jurídico, factico o al menos científico que legitime al señor  Feoli Romero a obtener una copia del expediente administrativo más que su sola mención de analizar si se apersona formalmente al procedimiento o no, es decir no explica con el rigor que se requiere cual es el interés legítimo o el derecho subjetivo que resulta directamente lesionado satisfecho en virtud del procedimiento que se sigue situación que exige mayor cuidado a la administración,  sobre todo si existen órdenes sanitarias con plazo para su cumplimiento. Al respecto dispone el numeral 275 de la Ley 6227, Ley General de la Administración Pública: \"…Artículo 275.-Podrá ser parte en el procedimiento administrativo, además de la Administración, todo el que tenga interés legítimo o derecho subjetivo que pueda resultar afectado, lesionado o satisfecho de manera total o parcial por  El acto final. El interés de la parte deberá ser legítimo y podrá ser moral, científico, religioso, económico o de cualquier otra naturaleza.  (Así reformado por el inciso 9) del artículo 200 del Código Procesal Contencioso- Administrativo, Ley N° 8508 de 28 de abril de 2006)…\"Por tal motivo, al no acreditar con la precisión requerida por parte de esa Administración su legitimación para consultar los 15 tomos que integran el expediente administrativo y al considerar que existen actos administrativos dentro del expediente con plazo para cumplirse, como la orden sanitaria MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-OS-0212-2020, no puede esa Dirección de Área Rectora de Salud desaplicar para el caso concreto lo establecido en los numerales 272 y 273 de la norma supra indicada, las cuales le imponen al Estado y sus instituciones la obligación jurídica de no permitir el acceso a las piezas del expediente a personas que no sean parte integrante del mismo, hasta tanto dichos sujetos no materialicen su interés directo en el asunto tal y como lo prevé la Ley. Así las cosas, esta Honorable Sala puede constatar que ante las distintas solicitudes planteadas por el recurrente, el Área Rectora de Salud siempre emitió su respuesta en un plazo casi inmediato, y fundamentando como corresponde sus solicitudes conforme lo establece la normativa legal vigente, verbigracia el numeral 274 de la Ley General de la Administración Pública por lo cual ante la constatación de que no existe violación alguna de los derechos fundamentales del recurrente. Por lo expuesto, solicita que se declare sin lugar el recurso.\n\n        4.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.\n\n Redacta la Magistrada Salas Torres; y,\n\nConsiderando:\n\n I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente acude en amparo e indica que solicitó ante el Área Rectora de Salud de Desamparados del Ministerio de Salud, acceso al expediente denominado permiso de funcionamiento No. CS-ARS-AS-293-17 - Parque de Tecnología Ambiental Aczarri- Área Rectora de Salud de Desamparados, ya que dicha información es de evidente interés público, por referirse a los requisitos sanitarios de operación de un relleno sanitario. No obstante, el mismo no fue suministrado bajo el argumento que no es parte dentro del expediente.\n\n II. HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:\n\n a) En fecha 19 de octubre de 2020, el recurrente solicitó ante el Área Rectora de Salud de Desamparados el expediente denomina do permiso de funcionamiento No. CS-ARS-AS-293-17 - Parque de Tecnología Ambiental Aczarri, con la finalidad de interponer denuncia formal por un tema de ambiente con dicha empresa (Ver prueba aportada con el escrito de interposición).\n\n b) En esa misma fecha, sea 19 de octubre de 2020, se le indicó al tutelado, a través de correo electrónico, que únicamente, las personas que forman parte; o un abogado, pueden obtener copia de los expedientes (informe rendido bajo de juramento).\n\n c)  El 26 de octubre anterior, el recurrente reiteró su solicitud, amparado en el artículo 30 de la Constitución Política (informe rendidos bajo fe de juramento).\n\n d) Por lo anterior, el 27 de octubre del 2020 el Área Rectora de Salud le comunicó al tutelado que se procederá a verificar el expediente para corroborar si su persona forma parte del mismo y facilitar el respectivo documento, el cual consta de 15 tomos (informe rendido bajo fe de juramento).\n\n e) En fecha 05 de noviembre del 2020 el Área Rectora de Salud Desamparados le comunicó al amparado -vía correo electrónico: que para poder disponer del expediente se necesita que aclare si su persona ha interpuesto alguna denuncia contra dicho establecimiento y en qué fecha o, caso contrario, si el expediente lo está solicitando en calidad de abogado, siendo que en ese caso debe facilitar por ese medio el Carnet del Colegio, puesto que el expediente consta de casi 15000 folios tomos (informe rendido bajo fe de juramento).\n\nIII. HECHO NO PROBADO.\n\nÚnico. Que el recurrente haya demostrado ante la autoridad recurrida su legitimación para revisar los 15 tomos que integran el expediente administrativo de su interés.\n\n IV.- SOBRE EL DERECHO AL ACCESO A LA INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA. En el voto Nº 2120-03 de las 13:30 hrs. del 14 de marzo del 2003 este Tribunal estimó, con redacción del Magistrado ponente, lo siguiente:\n\n\"I.- TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD ADMINISTRATIVAS. En el marco del Estado Social y Democrático de Derecho, todos y cada uno de los entes y órganos públicos que conforman la administración respectiva, deben estar sujetos a los principios constitucionales implícitos de la transparencia y la publicidad que deben ser la regla de toda la actuación o función administrativa. Las organizaciones colectivas del Derecho Público -entes públicos- están llamadas a ser verdaderas casas de cristal en cuyo interior puedan escrutar y fiscalizar, a plena luz del día, todos los administrados. Las administraciones públicas deben crear y propiciar canales permanentes y fluidos de comunicación o de intercambio de información con los administrados y los medios de comunicación colectiva en aras de incentivar una mayor participación directa y activa en la gestión pública y de actuar los principios de evaluación de resultados y rendición de cuentas actualmente incorporados a nuestro texto constitucional (artículo 11 de la Constitución Política). Bajo esta inteligencia, el secreto o la reserva administrativa son una excepción que se justifica, únicamente, bajo circunstancias calificadas cuando por su medio se tutelan valores y bienes constitucionalmente relevantes. Existen diversos mecanismos para alcanzar mayores niveles de transparencia administrativa en un ordenamiento jurídico determinado, tales como la motivación de los actos administrativos, las formas de su comunicación -publicación y notificación-, el trámite de información pública para la elaboración de los reglamentos y los planes reguladores, la participación en el procedimiento administrativo, los procedimientos de contratación administrativa, etc., sin embargo, una de las herramientas más preciosas para el logro de ese objetivo lo constituye el derecho de acceso a la información administrativa.\n\nII.- EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA. El ordinal 30 de la Constitución Política garantiza el libre acceso a los \"departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público\", derecho fundamental que en la doctrina se ha denominado derecho de acceso a los archivos y registros administrativos, sin embargo, la denominación más acertada es la de derecho de acceso a la información administrativa, puesto que, el acceso a los soportes materiales o virtuales de las administraciones públicas es el instrumento o mecanismo para alcanzar el fin propuesto que consiste en que los administrados se impongan de la información que detentan aquéllas. Es menester indicar que no siempre la información administrativa de interés público que busca un administrado se encuentra en un expediente, archivo o registro administrativo. El derecho de acceso a la información administrativa es un mecanismo de control en manos de los administrados, puesto que, le permite a éstos, ejercer un control óptimo de la legalidad y de la oportunidad, conveniencia o mérito y, en general, de la eficacia y eficiencia de la función administrativa desplegada por los diversos entes públicos. Las administraciones públicas eficientes y eficaces son aquellas que se someten al control y escrutinio público, pero no puede existir un control ciudadano sin una adecuada información. De este modo, se puede establecer un encadenamiento lógico entre acceso a la información administrativa, conocimiento y manejo de ésta, control ciudadano efectivo u oportuno y administraciones públicas eficientes. El derecho de acceso a la información administrativa tiene un profundo asidero en una serie de principios y valores inherentes al Estado Social y Democrático de Derecho, los cuales, al propio tiempo, actúa. Así, la participación ciudadana efectiva y directa en la gestión y manejo de los asuntos públicos resulta inconcebible si no se cuenta con un bagaje importante de información acerca de las competencias y servicios administrativos, de la misma forma, el principio democrático se ve fortalecido cuando las diversas fuerzas y grupos sociales, económicos y políticos participan activa e informadamente en la formación y ejecución de la voluntad pública. Finalmente, el derecho de acceso a la información administrativa es una herramienta indispensable, como otras tantas, para la vigencia plena de los principios de transparencia y publicidad administrativas. El contenido del derecho de acceso a la información administrativa es verdaderamente amplio y se compone de un haz de facultades en cabeza de la persona que lo ejerce tales como las siguientes: a) acceso a los departamentos, dependencias, oficinas y edificios públicos; b) acceso a los archivos, registros, expedientes y documentos físicos o automatizados -bases de datos ficheros-; c) facultad del administrado de conocer los datos personales o nominativos almacenados que le afecten de alguna forma, d) facultad del administrado de rectificar o eliminar esos datos si son erróneos, incorrectos o falsos; e) derecho de conocer el contenido de los documentos y expedientes físicos o virtuales y f) derecho de obtener, a su costo, certificaciones o copias de los mismos.\n\nIII.- TIPOLOGIA DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA. Se puede distinguir con claridad meridiana entre el derecho de acceso a la información administrativa (a) ad extra -fuera- y (b) ad intra -dentro- de un procedimiento administrativo. El primero se otorga a cualquier persona o administrado interesado en acceder una información administrativa determinada -uti universi- y el segundo, únicamente, a las partes interesadas en un procedimiento administrativo concreto y específico -uti singuli-. (…).\n\nIV.- SUJETOS ACTIVO Y PASIVO DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA. El sujeto activo del derecho consagrado en el artículo 30 de la Carta Magna lo es toda persona o todo administrado, por lo que el propósito del constituyente fue reducir a su mínima expresión el secreto administrativo y ampliar la transparencia y publicidad administrativas. Independientemente de lo anterior, el texto constitucional prevé, también, un acceso institucional privilegiado a la información administrativa como, por ejemplo, del que gozan las comisiones de investigación de la Asamblea Legislativa (artículo 121, inciso 23, de la Constitución Política) para el ejercicio de su control político. Debe advertirse que el acceso institucional privilegiado es regulado por el ordenamiento infraconstitucional para otras hipótesis tales como la Contraloría General de la República (artículos 13 de la Ley Orgánica No. 7428 del 26 de agosto de 1994; 20, párrafo 2º, de la Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de los Servidores Públicos, No. 6872 del 17 de junio de 1983 y sus reformas), la Defensoría de los Habitantes (artículo 12, párrafo 2º, de la Ley No. 7319 del 17 de noviembre de 1992 y sus reformas), las comisiones para Promover la Competencia y Nacional del Consumidor (artículo 64 de la Ley No. 7274 del 20 de diciembre de 1994), la administración tributaria (artículos 105, 106, y 107 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios), etc.. En lo tocante a los sujetos pasivos del derecho de acceso a la información administrativa, debe tomarse en consideración que el numeral 30 de la Constitución Política garantiza el libre acceso a los \"departamentos administrativos\", con lo que serán sujetos pasivos todos los entes públicos y sus órganos, tanto de la Administración Central -Estado o ente público mayor- como de la Administración Descentralizada institucional o por servicios -la mayoría de las instituciones autónomas-, territorial -municipalidades- y corporativa -colegios profesionales, corporaciones productivas o industriales como la Liga Agroindustrial de la Caña de Azúcar, el Instituto del Café, la Junta del Tabaco, la Corporación Arrocera, las Corporaciones Ganadera y Hortícola Nacional, etc.-. El derecho de acceso debe hacerse extensivo, pasivamente, a las empresas públicas que asuman formas de organización colectivas del derecho privado a través de las cuales alguna administración pública ejerce una actividad empresarial, industrial o comercial e interviene en la economía y el mercado, tales como la Refinadora Costarricense de Petróleo Sociedad Anónima (RECOPE), la Compañía Nacional de Fuerza y Luz Sociedad Anónima (CNFL), Radiográfica de Costa Rica Sociedad Anónima (RACSA), Correos de Costa Rica Sociedad Anónima, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia Sociedad Anónima (EPSH), etc., sobre todo, cuando poseen información de interés público. Por último, las personas privadas que ejercen de forma permanente o transitoria una potestad o competencia pública en virtud de habilitación legal o contractual (munera pubblica), tales como los concesionarios de servicios u obras públicas, los gestores interesados, los notarios, contadores públicos, ingenieros, arquitectos, topógrafos, etc. pueden, eventualmente, convertirse en sujetos pasivos cuando manejan o poseen información -documentos- de un claro interés público.\n\nV.- OBJETO DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA. El texto constitucional en su numeral 30 se refiere al libre acceso a los \"departamentos administrativos\", siendo que el acceso irrestricto a las instalaciones físicas de las dependencias u oficinas administrativas sería inútil e insuficiente para lograr el fin de tener administrados informados y conocedores de la gestión administrativa. Consecuentemente, una hermenéutica finalista o axiológica de la norma constitucional, debe conducir a concluir que los administrados o las personas pueden acceder cualquier información en poder de los respectivos entes y órganos públicos, independientemente, de su soporte, sea documental -expedientes, registros, archivos, ficheros-, electrónico o informático -bases de datos, expedientes electrónicos, ficheros automatizados, disquetes, discos compactos-, audiovisual, magnetofónico, etc..\n\nVI.- LÍMITES INTRÍNSECOS Y EXTRÍNSECOS DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA. En lo relativo a los límites intrínsecos al contenido esencial del derecho de acceso a la información administrativa, tenemos, los siguientes: 1) El fin del derecho es la \"información sobre asuntos de interés público\", de modo que cuando la información administrativa que se busca no versa sobre un extremo de tal naturaleza el derecho se ve enervado y no se puede acceder. 2) El segundo límite está constituido por lo establecido en el párrafo 2º del ordinal 30 constitucional al estipularse \"Quedan a salvo los secretos de Estado\". El secreto de Estado como un límite al derecho de acceso a la información administrativa es reserva de ley (artículo 19, párrafo 1º, de la Ley General de la Administración Pública), empero, han transcurrido más de cincuenta años desde la vigencia de la Constitución y todavía persiste la omisión legislativa en el dictado de una ley de secretos de estado y materias clasificadas. Esta laguna legislativa, obviamente, ha provocado una grave incertidumbre y ha propiciado la costumbre contra legem del Poder Ejecutivo de calificar, por vía de decreto ejecutivo, de forma puntual y coyuntural, algunas materias como reservadas o clasificadas por constituir, a su entender, secreto de Estado. Tocante el ámbito, extensión y alcances del secreto de Estado, la doctrina es pacífica en aceptar que comprende aspecto tales como la seguridad nacional (interna o externa), la defensa nacional frente a las agresiones que atenten contra la soberanía e independencia del Estado y las relaciones exteriores concertadas entre éste y el resto de los sujetos del Derecho Internacional Público (vid. artículo 284 del Código Penal, al tipificar el delito de \"revelación de secretos\"). No resulta ocioso distinguir entre el secreto por razones objetivas y materiales (ratione materia), referido a los tres aspectos anteriormente indicados (seguridad, defensa nacionales y relaciones exteriores) y el secreto impuesto a los funcionarios o servidores públicos (ratione personae) quienes por motivo del ejercicio de sus funciones conocen cierto tipo de información, respecto de la cual deben guardar un deber de sigilo y reserva (vid. artículo 337 del Código Penal al tipificar y sancionar el delito de \"divulgación de secretos). El secreto de Estado se encuentra regulado en el bloque de legalidad de forma desarticulada, dispersa e imprecisa (v. gr. Ley General de Policía No. 7410 del 26 de mayo de 1994, al calificar de confidenciales y, eventualmente, declarables secreto de Estado por el Presidente de la República los informes y documentos de la Dirección de Seguridad del Estado -artículo 16-; la Ley General de Aviación Civil respecto de algunos acuerdos del Consejo Técnico de Aviación Civil -artículo 303-, etc.). El secreto de Estado en cuanto constituye una excepción a los principios o valores constitucionales de la transparencia y la publicidad de los poderes públicos y su gestión debe ser interpretado y aplicado, en todo momento, de forma restrictiva. En lo concerniente a las limitaciones o límites extrínsecos del derecho de acceso a la información administrativa tenemos los siguientes: 1) El artículo 28 de la Constitución Política establece como límite extrínseco del cualquier derecho la moral y el orden público. 2) El artículo 24 de la Constitución Política le garantiza a todas las personas una esfera de intimidad intangible para el resto de los sujetos de derecho, de tal forma que aquellos datos íntimos, sensibles o nominativos que un ente u órgano público ha recolectado, procesado y almacenado, por constar en sus archivos, registros y expedientes físicos o automatizados, no pueden ser accedidos por ninguna persona por suponer ello una intromisión o injerencia externa e inconstitucional. Obviamente, lo anterior resulta de mayor aplicación cuando el propio administrado ha puesto en conocimiento de una administración pública información confidencial, por ser requerida, con el propósito de obtener un resultado determinado o beneficio. En realidad esta limitación está íntimamente ligada al primer límite intrínseco indicado, puesto que, muy, probablemente, en tal supuesto la información pretendida no recae sobre asuntos de interés público sino privado. Íntimamente ligados a esta limitación se encuentran el secreto bancario, entendido como el deber impuesto a toda entidad de intermediación financiera de no revelar la información y los datos que posea de sus clientes por cualquier operación bancaria o contrato bancario que haya celebrado con éstos, sobre todo, en tratándose de las cuentas corrientes, ya que, el numeral 615 del Código de Comercio lo consagra expresamente para esa hipótesis, y el secreto industrial, comercial o económico de las empresas acerca de determinadas ideas, productos o procedimientos industriales y de sus estados financieros, crediticios y tributarios. Habrá situaciones en que la información de un particular que posea un ente u órgano público puede tener, sobre todo articulada con la de otros particulares, una clara dimensión y vocación pública, circunstancias que deben ser progresiva y casuísticamente identificadas por este Tribunal Constitucional. 3) La averiguación de los delitos, cuando se trata de investigaciones criminales efectuadas por cuerpos policiales administrativos o judiciales, con el propósito de garantizar el acierto y éxito de la investigación y, ante todo, para respetar la presunción de inocencia, el honor y la intimidad de las personas involucradas.\"\n\n V.- SOBRE EL CASO CONCRETO: En el presente asunto el recurrente interpone el amparo en virtud de haber presentado una misiva ante el Área Rectora de Salud de Desamparados, a efecto de que se le brinde acceso al expediente denominado permiso de funcionamiento No. CS-ARS-AS-293-17 - Parque de Tecnología Ambiental Aczarri- Área Rectora de Salud de Desamparados. Consta que el 19 de octubre de 2020, se le indicó al tutelado, a través de correo electrónico, que únicamente, las personas que forman parte; o un abogado, pueden obtener copia de los expedientes. Se acreditó además que, posteriormente, el tutelado reiteró la solicitud amparado en el artículo 30 de la Constitución; empero, se le informó que para poder disponer del expediente se necesita que aclare si su persona ha interpuesto alguna denuncia contra dicho establecimiento y en qué fecha o, caso contrario, si el expediente lo está solicitando en calidad de abogado, siendo que en ese caso debe facilitar por ese medio el Carnet del Colegio, puesto que el expediente consta de casi 15000 folios y existen actos administrativos dentro del expediente con plazo para cumplirse, por medio de la orden sanitaria MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-OS-0212-2020. Sin embargo, el amparado no demostró su legitimación para poder obtener dicha copia.  Al respecto, la Ley de Administración Pública No. 6227 \"Artículo 272 1. Señala que \"Las partes y sus representantes, y cualquier abogado, tendrán derecho en cualquier fase del procedimiento a examinar, leer y copiar cualquier pieza del expediente, así como a pedir certificación de la misma, con las salvedades que indica el artículo siguiente.  2. El costo de las copias y certificaciones será de cuenta del petente\". Por su parte el artículo 273 de ese mismo cuerpo normativo dispone que \"(…) 1. No habrá acceso a las piezas del expediente cuyo conocimiento pueda comprometer secretos de Estado o información confidencial de la contraparte o, en general, cuando el examen de dichas piezas confiera a la parte un privilegió indebido o una oportunidad para dañar ilegítimamente a la Administración, a la contraparte o a terceros, dentro o fuera del expediente. 2. Se presumirán en esta condición, salvo prueba en contrario, los proyectos de resolución, así como los informes para órganos consultivos y los dictámenes de éstos antes de que hayan sido rendidos\". Nótese, en el caso concreto, que en la respuesta dada al amparado no se está negando de manera arbitraria la copia del expediente, sino que se está haciendo al tenor de la normativa vigente, dado que al recurrente se le solicitó que aclare si su persona ha interpuesto alguna denuncia contra dicho establecimiento y en qué fecha o, caso contrario, si el expediente lo está solicitando en calidad de abogado, pero no lo hizo. De esta forma, lo procedente es declarar sin lugar el recurso, como en efecto se dispone.\n\n VI.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI\n\nPor tanto:\n\n Se declara SIN lugar el recurso.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nNancy Hernández L.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\n\n\nJorge Araya G.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nAnamari Garro V.\n\n\n\n\nAlicia Salas T.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nMauricio Chacón J.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n E6JUUMP43EKM61\n\nEXPEDIENTE N° 20-019844-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 09-05-2026 08:51:11.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "Large\nNormal\nSmall\nConstitutional Chamber\n\nResolution No. 01181 - 2021\n\nDate of Resolution: 22 January 2021 at 09:15\n\nCase File: 20-019844-0007-CO\n\nDrafted by: Alicia Maria Salas Torres\n\nAnalyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER\n\n\n\n\n\n\nText of the resolution\n\n\n\nExp: 20-019844-0007-CO\n\nRes. No. 2021001181\n\n \nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours and fifteen minutes on the twenty-second of January, two thousand twenty-one.\n\n Amparo remedy (Recurso de amparo) processed under case file number 20-019844-0007-CO, filed by ROLANDO FEOLI ROMERO, identity card 0108610994, against the DESAMPARADOS GOVERNING HEALTH AREA (ÁREA RECTORA DE SALUD DE DESAMPARADOS).\n\nWhereas:\n\n 1.- By brief received in the Chamber on 28 October 2020, the petitioner files an amparo remedy (Recurso de amparo). He states that he requested from the Directorate of the Desamparados Governing Health Area (Área Rectora de Salud de Desamparados) of the Ministry of Health, access to the file called operating permit No. CS-ARS-AS-293-17 - Aczarri Environmental Technology Park - Desamparados Governing Health Area (Área Rectora de Salud de Desamparados), since said information is of evident public interest, as it refers to the sanitary requirements for the operation of a sanitary landfill (relleno sanitario). He claims that on 27 October 2020, the respondent authority indicated to him via email that \"we will proceed to verify the file to corroborate whether your person is part of the same.\" He maintains that he is not a party to the file, but he is interested in studying and reviewing it to analyze whether he should formally appear in the procedure, in exercise of the broad standing (legitimación) derived from Article 50 of the Political Constitution for environmental and public health matters, as is this case. He complains that by reason of the foregoing, the respondent authority cannot demand that he be a party within the respective dossier. For the reasons stated, he comes to the Chamber in protection of his fundamental rights and requests that the\n\n 2.- By resolution at 12:18 hours on 30 October 2020, the Presidency of the Chamber ordered that the amparo be processed and requested a report from the Director of the Desamparados Governing Health Area (Área Rectora de Salud de Desamparados), so that he may refer to the facts and omissions alleged in the present remedy.\n\n 3.- By brief added to the electronic case file at 08:11 hours on 19 November 2020, Carolina Umaña Cisneros reports under oath in her capacity as Acting Director of the Desamparados Governing Health Area (Área Rectora de Salud de Desamparados) that on 19 October 2020, the Governing Health Area (Área Rectora) she represents received an email from Mr. Rolando Feoli Romero, in which he requests an appointment at the Ministry to obtain a photocopy of the file under the corporate name of Empresas Berthier EBI de Costa Rica Sociedad Anónima, legal ID 3-101-215741, as soon as possible, in order to file a formal complaint for an environmental matter against said company and indicates that it is important to access the information to make the submission. She states that on 19 October 2020, the Desamparados Governing Health Area (Área Rectora de Salud Desamparados), via email, indicated to Mr. Rolando Feoli the following: By law, copies of files are only accessible to persons who are a party to the same or an attorney; if you wish to file a complaint, the respective forms are attached. Later, that is, on 26 October 2020, the Governing Health Area (Área Rectora) received a note from Mr. Rolando Feoli in which he requests a copy of the file, relying on Article 30 of the Political Constitution. Therefore, on 27 October 2020, the Governing Health Area (Área Rectora) notified him of receipt of the note and indicated that it would proceed to verify the file to corroborate whether his person is a party to the same and to provide the respective document, which consists of 15 volumes. Subsequently, on 05 November 2020, the Desamparados Governing Health Area (Área Rectora de Salud Desamparados) sent an email to the petitioner, in which it indicated: that in order to make the file available, he needs to clarify whether he has filed any complaint against said establishment and on what date, or if he is requesting the file in his capacity as an attorney, in which case he must provide his Bar Association Card by that means, since the file consists of almost 15,000 folios, so the information is requested in order to expedite the search for the data. She adduces that the Public Administration Act No. 6227 \"Article 272 1. The parties and their representatives, and any attorney, shall have the right, at any stage of the procedure, to examine, read, and copy any piece of the file, as well as to request certification thereof, save for the exceptions indicated in the following article. 2. The cost of copies and certifications shall be borne by the petitioner. Article 273.- 1. There shall be no access to pieces of the file whose knowledge may compromise State secrets or confidential information of the opposing party or, in general, when the examination of said pieces confers on the party an undue privilege or an opportunity to illegitimately harm the Administration, the opposing party, or third parties, within or outside the file. 2. Draft resolutions, as well as reports for consultative bodies and their opinions before they have been rendered, shall be presumed under this condition, unless proven otherwise. Opinion 094 of 12/06/1997 of the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República): By 'information of public interest' must be understood that which is of interest and utility to the community, so that information that only interests and is useful to a private individual does not fall within the assumptions of Article 30 of the Constitution. Administrative offices may process or contain information of private interest and private documents, which are protected by the constitutional rights to 'privacy' (intimidad) and the privacy of private documents. The Public Administration is barred from providing said documents and information to third parties, unless it has the consent of the holder of the constitutionally protected right: the right to information is limited by the right to privacy. Administrative action is governed by the principle of public disclosure. A principle that tends to give transparency and clarity to administrative action, that is, publicity is understood insofar as there is a public interest, so if the file contains private documents or information that is only of private interest, there is no right of access to that information, even when it appears in the administrative file. The broad right of access to the file and its pieces by the parties, their representatives, and any attorney, recognized in Article 272, is limited in numeral 273 in cases of 'confidential' information of the opposing party or when knowledge of the information provided by the latter, even when not confidential, places the opposing party in a position of advantage that allows it to cause illegitimate harm. The refusal to grant access to the file must be reasoned (Art. 274 of the same Act). The provisions of said articles have been reaffirmed by the Constitutional Chamber which, in its ruling No. 2450-92 at 11:04 hrs, of 21 August 1992, reaffirmed by No. 6240-93 at 14:00 hrs. of 26 November 1993, indicated: '...free access to administrative departments for purposes of information on matters of public interest, does not give any person the right to obtain confidential information or information of vital importance to the State and private to others. Articles 272, 273, 274 of the General Public Administration Act which develop those constitutional principles, clearly exclude State secrets and confidential or private information of the parties to an administrative file.' For all the foregoing, the Governing Health Area (Área Rectora) has not been remiss in fulfilling its duties, since it has carried out the necessary efforts within its competences for the timely and effective attention of the procedure for filing the petitioner's complaint; however, as he indicated, he is not a party to the file, so, relying on Articles 272, 273, and 274 of the Public Administration Act, there is no right of access to the information since the administered party is not a party and the file includes confidential information, and reproducing the file would violate the privacy of the opposing party, all the foregoing by virtue of Art. 11 of the General Public Administration Act which establishes 'Public officials are simple depositaries of authority and cannot arrogate powers that the law does not grant them; the public administration shall act subject to the legal system and may only perform those acts or provide those public services that said system authorizes according to the hierarchical scale of its sources.' She clarifies that the actions carried out by the Sanitary Authorities of the Desamparados Governing Health Area (Área Rectora de Salud de Desamparados) are adjusted to the block of legality that governs the actions of the Public Administration and to the merits of the proceedings, and therefore have not in any way injured the fundamental rights of the person protected by amparo. Indeed, upon analyzing the procedural path indicated by the petitioner and the response provided by this Directorate of the Governing Health Area (Área Rectora de Salud) and the administrative jurisprudence of the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República), it is not apparent in the petitioner's request that a public or collective interest converges which, in accordance with the provisions of numeral 275 of the General Public Administration Act, is directly injured or satisfied. She points out that the fact that information appears in an administrative file does not automatically confer upon it the status of a public file, since, as in the case at hand, sensitive information about the company, its operation, and documents, opinions, or resolutions that only concern the parties comprising the same concur therein, and which therefore cannot be disclosed to persons outside the procedure. Likewise, the petitioner states that he wishes to review the file and make a copy of it without being a party to the same and without answering the active administration's inquiries regarding specifying which of the 15 pre-existing volumes he needs and for what purpose he is requesting it. For this reason, the expression used by the petitioner that he needs the information to analyze whether he should formally appear in the process, clearly reveals a private or personal interest, and not a collective one or one that concerns the generality of administered persons, which is precisely the assumption that confers standing (legitimación) in environmental and health matters according to the constitutional jurisprudence itself. In this regard, the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República), citing the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice itself, has indicated: '...From Articles 27 and 30 of the Political Constitution derives the right of every citizen to request and obtain from the Public Administration information of public interest. As this Consultative Body has indicated in various opinions, by \"information of public interest\" must be understood that which is of interest and utility to the community, so that information that only interests and is useful to a private individual does not fall within the assumptions of Article 30 of the Constitution. It is in this sense that through Opinion No. 130-93 of 28 September 1993, the Attorney General's Office (Procuraduría) indicated: \"...it is necessary to take into account that not all matters that administrative offices handle are of clear public interest, on the one hand, and that there is not always a public interest in being informed about administrative matters within the competence of said offices.\" The need to assess the public nature of the interest derives, in effect, from the fact that administrative offices may process or contain information of private interest and private documents, which are protected by the constitutional rights to \"privacy\" (intimidad) and the privacy of private documents. The Public Administration is barred from providing those documents and information to third parties, unless it has the consent of the holder of the constitutionally protected right: the right to information is limited by the right to Privacy. It must be considered that the advancement of technology, communication media, and the recognition of private life extend the contours of the protection of privacy, encompassing various manifestations of private life (economic, professional practice, commercial, etc.). Aspects that could only transcend to third parties if there is an evident public interest in that information: \"...the right to information is based on the community's interest in knowing the activity of the public official, as well as his good or bad performance in the exercise of his duties and the information which, being of public interest, is found in administrative offices or departments. That is why the public nature of the information is the cardinal element for defining the right to request it from the public body or entity...\". Constitutional Chamber, No. 6240-93 at 14:00 hrs. of 26 November 1993.\" Precisely when analyzing the responses provided by the petitioner to that Governing Health Area (Área Rectora de Salud), no justification or reasoning of a legal, factual, or at least scientific nature is determined in the specific case that legitimizes Mr. Feoli Romero to obtain a copy of the administrative file beyond his mere mention of analyzing whether he formally appears in the procedure or not; that is, he does not explain with the required rigor what the legitimate interest or the subjective right is that is directly injured or satisfied by virtue of the procedure being followed, a situation that demands greater care from the administration, especially if there are sanitary orders with a deadline for their compliance. In this regard, numeral 275 of Act 6227, the General Public Administration Act, provides: \"...Article 275.- Any person who has a legitimate interest or a subjective right that may be affected, injured, or satisfied, totally or partially, by the final act may be a party to the administrative procedure, in addition to the Administration. The interest of the party must be legitimate and may be moral, scientific, religious, economic, or of any other nature. (Thus amended by subsection 9) of Article 200 of the Contentious-Administrative Procedural Code, Act No. 8508 of 28 April 2006)...\" For this reason, not having accredited with the precision required by that Administration his standing (legitimación) to consult the 15 volumes that make up the administrative file, and considering that there are administrative acts within the file with a deadline for compliance, such as sanitary order MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-OS-0212-2020, this Directorate of the Governing Health Area (Área Rectora de Salud) cannot disapply for this specific case the provisions of numerals 272 and 273 of the aforementioned rule, which impose on the State and its institutions the legal obligation not to allow access to the pieces of the file to persons who are not an integral party to the same, until such subjects materialize their direct interest in the matter as provided by Law. As things stand, this Honorable Chamber can verify that in response to the various requests made by the petitioner, the Governing Health Area (Área Rectora de Salud) always issued its response almost immediately, and duly supporting its requests as established by the current legal regulations, for example, numeral 274 of the General Public Administration Act, therefore, upon verifying that there is no violation whatsoever of the petitioner's fundamental rights. For the reasons stated, it requests that the remedy be declared without merit.\n\n       4.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.\n\n Drafted by Judge Salas Torres; and,\n\nConsidering:\n\n I.- PURPOSE OF THE REMEDY. The petitioner comes in amparo and indicates that he requested from the Desamparados Governing Health Area (Área Rectora de Salud de Desamparados) of the Ministry of Health, access to the file called operating permit No. CS-ARS-AS-293-17 - Aczarri Environmental Technology Park - Desamparados Governing Health Area (Área Rectora de Salud de Desamparados), since said information is of evident public interest, as it refers to the sanitary requirements for the operation of a sanitary landfill (relleno sanitario). However, it was not provided, under the argument that he is not a party to the file.\n\n II. PROVEN FACTS. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been thus accredited or because the respondent has omitted to refer to them, as provided for in the initial order:\n\n a) On 19 October 2020, the petitioner requested from the Desamparados Governing Health Area (Área Rectora de Salud de Desamparados) the file called operating permit No. CS-ARS-AS-293-17 - Aczarri Environmental Technology Park, with the purpose of filing a formal complaint for an environmental matter against said company (See evidence provided with the filing brief).\n\n b) On that same date, i.e., 19 October 2020, the protected person was informed, via email, that only persons who are a party; or an attorney, can obtain copies of the files (report rendered under oath).\n\n c) On 26 October last, the petitioner reiterated his request, relying on Article 30 of the Political Constitution (report rendered under oath).\n\n d) Therefore, on 27 October 2020, the Governing Health Area (Área Rectora de Salud) informed the protected person that it would proceed to verify the file to corroborate whether his person is a party to the same and to provide the respective document, which consists of 15 volumes (report rendered under oath).\n\n e) On 05 November 2020, the Desamparados Governing Health Area (Área Rectora de Salud Desamparados) informed the person protected by amparo -via email-: that in order to make the file available, he needs to clarify whether he has filed any complaint against said establishment and on what date, or, otherwise, if he is requesting the file in his capacity as an attorney, in which case he must provide his Bar Association Card by that means, since the file consists of almost 15,000 folios/volumes (report rendered under oath).\n\nIII. UNPROVEN FACT.\n\n Sole. That the petitioner has demonstrated before the respondent authority his standing (legitimación) to review the 15 volumes that make up the administrative file of his interest.\n\n IV.- REGARDING THE RIGHT OF ACCESS TO ADMINISTRATIVE INFORMATION. In ruling No. 2120-03 at 13:30 hrs. of 14 March 2003, this Court considered, with the drafting of the Presiding Judge, the following:\n\n\"I.- ADMINISTRATIVE TRANSPARENCY AND PUBLICITY. Within the framework of the Social and Democratic State of Law, each and every one of the public entities and bodies that make up the respective administration must be subject to the implicit constitutional principles of transparency and publicity, which must be the rule for all administrative action or function. The collective organizations of Public Law -public entities- are called to be true glass houses inside which all administered persons can scrutinize and supervise, in broad daylight. Public administrations must create and foster permanent and fluid channels of communication or exchange of information with the administered persons and the collective media in order to encourage greater direct and active participation in public management and to implement the principles of results evaluation and accountability currently incorporated into our constitutional text (Article 11 of the Political Constitution). Under this understanding, administrative secrecy or reserve is an exception that is justified, solely, under qualified circumstances when constitutionally relevant values and assets are protected through it. There are various mechanisms to achieve higher levels of administrative transparency in a given legal system, such as the statement of reasons for administrative acts, the forms of their communication -publication and notification-, the public information process for the drafting of regulations and regulatory plans, participation in the administrative procedure, administrative contracting procedures, etc.; however, one of the most valuable tools for achieving that objective is the right of access to administrative information.\n\nII.- THE RIGHT OF ACCESS TO ADMINISTRATIVE INFORMATION. Article 30 of the Political Constitution guarantees free access to 'administrative departments for purposes of information on matters of public interest,' a fundamental right that in doctrine has been called the right of access to administrative archives and records; however, the more accurate denomination is the right of access to administrative information, since access to the material or virtual supports of public administrations is the instrument or mechanism to achieve the proposed end, which is for the administered persons to become informed of the information held by those entities. It is necessary to indicate that the administrative information of public interest sought by an administered person is not always found in an administrative file, archive, or record. The right of access to administrative information is a control mechanism in the hands of the administered persons, since it allows them to exercise optimal control over the legality and the opportunity, convenience, or merit, and, in general, the effectiveness and efficiency of the administrative function carried out by the various public entities. Efficient and effective public administrations are those that submit to public control and scrutiny, but citizen control cannot exist without adequate information. In this way, a logical chain can be established between access to administrative information, knowledge and management thereof, effective or timely citizen control, and efficient public administrations. The right of access to administrative information has a deep foundation in a series of principles and values inherent to the Social and Democratic State of Law, which, at the same time, it enacts. Thus, effective and direct citizen participation in the management and handling of public affairs is inconceivable if one does not have a significant body of information about administrative competencies and services; likewise, the democratic principle is strengthened when the diverse social, economic, and political forces and groups participate actively and informedly in the formation and execution of the public will. Finally, the right of access to administrative information is an indispensable tool, like many others, for the full validity of the principles of administrative transparency and publicity. The content of the right of access to administrative information is truly broad and comprises a bundle of faculties held by the person who exercises it, such as the following: a) access to public departments, units, offices, and buildings; b) access to physical or automated archives, records, files, and documents -databases, files-; c) the administered person's faculty to know the stored personal or nominative data that affect him or her in any way; d) the administered person's faculty to rectify or delete said data if they are erroneous, incorrect, or false; e) the right to know the content of physical or virtual documents and files; and f) the right to obtain, at his or her cost, certifications or copies thereof.\n\nIII.- TYPOLOGY OF THE RIGHT OF ACCESS TO ADMINISTRATIVE INFORMATION. A clear distinction can be drawn between the right of access to administrative information (a) ad extra -outside- and (b) ad intra -inside- an administrative procedure. The former is granted to any person or administered person interested in accessing specific administrative information -uti universi- and the latter, solely, to the interested parties in a concrete and specific administrative procedure -uti singuli-. (...).\n\nIV.- ACTIVE AND PASSIVE SUBJECTS OF THE RIGHT OF ACCESS TO ADMINISTRATIVE INFORMATION. The active subject of the right enshrined in Article 30 of the Magna Carta is every person or every administered person; therefore, the constituent's purpose was to reduce administrative secrecy to its minimum expression and to broaden administrative transparency and publicity. Regardless of the foregoing, the constitutional text also envisages privileged institutional access to administrative information, such as, for example, that enjoyed by the investigative commissions of the Legislative Assembly (Article 121, subsection 23, of the Political Constitution) for the exercise of its political control. It should be noted that privileged institutional access is regulated by the infra-constitutional legal system for other instances such as the Comptroller General's Office (Contraloría General de la República) (articles 13 of Organic Act No. 7428 of 26 August 1994; 20, paragraph 2, of the Act on the Illicit Enrichment of Public Servants, No. 6872 of 17 June 1983 and its amendments), the Ombudsman's Office (Defensoría de los Habitantes) (Article 12, paragraph 2, of Act No. 7319 of 17 November 1992 and its amendments), the commissions to Promote Competition and the National Consumer Commission (Article 64 of Act No. 7274 of 20 December 1994), the tax administration (Articles 105, 106, and 107 of the Code of Tax Norms and Procedures), etc. Regarding the passive subjects of the right of access to administrative information, it must be taken into consideration that numeral 30 of the Political Constitution guarantees free access to 'administrative departments'; thus, passive subjects shall be all public entities and their bodies, both from the Central Administration -State or greater public entity- and from the Decentralized Administration, whether institutional or by services -the majority of autonomous institutions-, territorial -municipalities-, and corporate -professional associations, productive or industrial corporations such as the Sugar Cane Agro-industrial League (Liga Agroindustrial de la Caña de Azúcar), the Coffee Institute (Instituto del Café), the Tobacco Board (Junta del Tabaco), the Rice Corporation (Corporación Arrocera), the National Livestock and Horticultural Corporations (Corporaciones Ganadera y Hortícola Nacional), etc.-. The right of access must be extended, passively, to public enterprises that assume forms of collective organization under private law through which a public administration carries out a business, industrial, or commercial activity and intervenes in the economy and the market, such as the Costa Rican Oil Refinery, S.A. (Refinadora Costarricense de Petróleo Sociedad Anónima, RECOPE), the National Power and Light Company, S.A. (Compañía Nacional de Fuerza y Luz Sociedad Anónima, CNFL), Radiográfica Costarricense, S.A. (RACSA), Correos de Costa Rica, S.A., the Public Services Company of Heredia, S.A. (Empresa de Servicios Públicos de Heredia Sociedad Anónima, EPSH), etc., especially when they possess information of public interest. Finally, private persons who permanently or transitorily exercise a public power or competence by virtue of legal or contractual authorization (munera pubblica), such as concessionaires of public services or works, interested managers (gestores interesados), notaries, public accountants, engineers, architects, surveyors, etc., may eventually become passive subjects when they handle or possess information -documents- of a clear public interest.\n\nV.- OBJECT OF THE RIGHT OF ACCESS TO ADMINISTRATIVE INFORMATION. The constitutional text in its numeral 30 refers to free access to 'administrative departments'; unrestricted access to the physical facilities of administrative units or offices would be useless and insufficient to achieve the end of having informed administered persons knowledgeable about administrative management. Consequently, a finalist or axiological hermeneutics of the constitutional norm must lead to the conclusion that administered persons or individuals can access any information held by the respective public entities and bodies, regardless of its support, whether documentary -files, registries, archives, card files-, electronic or computer-based -databases, electronic files, automated files, diskettes, compact discs-, audiovisual, tape-recorded, etc.\n\nVI.- INTRINSIC AND EXTRINSIC LIMITS OF THE RIGHT OF ACCESS TO ADMINISTRATIVE INFORMATION. Regarding the intrinsic limits to the essential content of the right of access to administrative information, we have the following: 1) The purpose of the right is 'information on matters of public interest', so that when the administrative information sought does not deal with a matter of such nature, the right is nullified and cannot be accessed. 2) The second limit is constituted by what is established in paragraph 2 of constitutional numeral 30, which stipulates 'State secrets are safeguarded'.\n\nState secrecy as a limit on the right of access to administrative information is a matter reserved to law (Article 19, first paragraph, of the General Public Administration Act); however, more than fifty years have elapsed since the Constitution came into force and the legislative omission in enacting a law on state secrets and classified matters persists. This legislative gap, obviously, has caused grave uncertainty and has fostered the contra legem custom of the Executive Branch of classifying, by executive decree, on a specific and temporary basis, certain matters as reserved or classified because, in its view, they constitute a state secret. Regarding the scope, extent, and reach of state secrecy, the doctrine is settled in accepting that it comprises aspects such as national security (internal or external), national defense against aggressions that threaten the sovereignty and independence of the State, and the foreign relations entered into between the State and the rest of the subjects of Public International Law (see Article 284 of the Criminal Code, which typifies the crime of “revelation of secrets”). It is not idle to distinguish between secrecy for objective and material reasons (ratione materia), referring to the three aspects indicated above (national security, defense, and foreign relations) and the secrecy imposed on officials or public servants (ratione personae) who, by reason of the exercise of their functions, become aware of certain types of information regarding which they must maintain a duty of discretion and reserve (see Article 337 of the Criminal Code, which typifies and punishes the crime of “disclosure of secrets”). State secrecy is regulated within the body of law in a disjointed, dispersed, and imprecise manner (e.g., General Police Act No. 7410 of May 26, 1994, which classifies the reports and documents of the State Security Directorate as confidential and, potentially, declarable as state secrets by the President of the Republic—Article 16—; the General Civil Aviation Act with respect to certain agreements of the Civil Aviation Technical Council—Article 303—, etc.). State secrecy, insofar as it constitutes an exception to the constitutional principles or values of transparency and publicity of public authorities and their management, must be interpreted and applied restrictively at all times. With regard to the extrinsic limitations or limits of the right of access to administrative information, we have the following: 1) Article 28 of the Political Constitution establishes public morality and public order as an extrinsic limit of any right. 2) Article 24 of the Political Constitution guarantees every person a sphere of intimacy that is intangible to the rest of legal subjects, meaning that any intimate, sensitive, or nominative data that a public entity or body has collected, processed, and stored, as it appears in its physical or automated archives, records, and files, cannot be accessed by any person, since that would entail an external and unconstitutional intrusion or interference. Obviously, the foregoing is more applicable when the administered person himself has made confidential information known to a public administration, because it was required, for the purpose of obtaining a specific result or benefit. In reality, this limitation is closely linked to the first intrinsic limit indicated, since, very probably, in such an event, the information sought does not pertain to matters of public but rather private interest. Closely linked to this limitation are banking secrecy, understood as the duty imposed on every financial intermediary entity not to reveal the information and data it possesses about its clients regarding any banking transaction or contract it has entered into with them, especially with regard to current accounts, given that numeral 615 of the Commercial Code expressly enshrines it for that scenario, and the industrial, commercial, or economic secrecy of companies regarding certain industrial ideas, products, or procedures and their financial, credit, and tax statements. There will be situations in which the information about an individual held by a public entity or body may have, especially when combined with that of other individuals, a clear public dimension and vocation, circumstances that must be progressively and casuistically identified by this Constitutional Chamber. 3) The investigation of crimes, when it involves criminal investigations carried out by administrative or judicial police bodies, for the purpose of guaranteeing the accuracy and success of the investigation and, above all, to respect the presumption of innocence, the honor, and the intimacy of the persons involved.\n\nV.- REGARDING THE SPECIFIC CASE: In the present matter, the petitioner files the amparo (constitutional protection action) by virtue of having submitted a missive before the Área Rectora de Salud de Desamparados, in order to be granted access to the file called operating permit No. CS-ARS-AS-293-17 – Parque de Tecnología Ambiental Aczarri – Área Rectora de Salud de Desamparados. It is recorded that on October 19, 2020, the protected party was informed, via electronic mail, that only the persons who are a part thereof, or a lawyer, may obtain a copy of the files. It was also demonstrated that the protected party subsequently reiterated the request relying on Article 30 of the Constitution; however, he was informed that in order to have access to the file, he needed to clarify whether he had filed any complaint against said establishment and on what date, or, on the contrary, whether he was requesting the file in his capacity as a lawyer, in which case he must provide his Bar Association ID through that medium, since the file consists of almost 15,000 folios and there are administrative acts within the file with a deadline to be fulfilled, by means of the sanitary order MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-OS-0212-2020. Nevertheless, the protected party did not demonstrate his standing to be able to obtain said copy. In this regard, the Public Administration Act No. 6227, Article 272 1, states: “The parties and their representatives, and any lawyer, shall have the right, at any stage of the proceeding, to examine, read, and copy any piece of the file, as well as to request a certification thereof, with the exceptions set forth in the following article. 2. The cost of the copies and certifications shall be borne by the requester.” For its part, Article 273 of that same body of law provides that “(…) 1. There shall be no access to the pieces of the file whose knowledge may compromise state secrets or confidential information of the opposing party or, in general, when the examination of said pieces grants the party an undue privilege or an opportunity to illegitimately harm the Administration, the opposing party, or third parties, within or outside the file. 2. Draft resolutions, as well as the reports for consultative bodies and the opinions of these before they have been rendered, shall be presumed to be in this condition, barring proof to the contrary.” It should be noted, in the specific case, that in the response given to the protected party, the copy of the file is not being arbitrarily denied; rather, it is being done in accordance with the applicable regulations, given that the petitioner was asked to clarify whether he had filed any complaint against said establishment and on what date, or, on the contrary, whether he was requesting the file in his capacity as a lawyer, but he did not do so. In this manner, the appropriate course is to dismiss the appeal, as is hereby ordered.\n\nVI.- DOCUMENTATION SUBMITTED TO THE FILE. The parties are warned that if they have submitted any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of thirty business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not removed within this period shall be destroyed, as provided in the “Regulations on the Electronic File before the Judicial Branch,” approved by the Plenary Court in Session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Judicial Bulletin No. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in Session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.\n\nTherefore:\n\nThe appeal is DECLARED without merit.\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\nNancy Hernández L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\nAlicia Salas T.\n\nMauricio Chacón J.\n\nDigitally Signed Document\n\n-- Verification Code --\n\n*E6JUUMP43EKM61*\n\nEXPEDIENTE N° 20-019844-0007-CO\n\nTelephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. E-mail address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church). Reception of matters from vulnerable groups: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 09-05-2026 08:51:11.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
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