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  "id": "nexus-sen-1-0007-1015127",
  "citation": "Res. 03418-2021 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Omisión de respuesta a denuncia sobre fertilizantes irregulares que amenazan mantos acuíferos",
  "title_en": "Failure to respond to complaint about irregular fertilizers threatening aquifers",
  "summary_es": "La Sala Constitucional examina un recurso de amparo interpuesto por Alfredo Villalobos Salazar contra el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). El recurrente denunció ante el Servicio Fitosanitario del Estado presuntas irregularidades en dos fertilizantes orgánicos (Top Crop N y Multi Compost) por posible uso de fuentes amoniacales con altos residuos de cloruro que podrían contaminar mantos acuíferos, especialmente en el cultivo intensivo de piña. Aunque la Unidad de Fiscalización de Agroquímicos realizó inspecciones y notificó a las empresas entre noviembre y diciembre de 2020, omitió comunicar al denunciante el avance de las gestiones y no entregó el informe de análisis de importaciones solicitado. La Sala declara con lugar el amparo por violación al derecho de petición y acceso a la información, ordenando al MAG responder y facilitar lo requerido en tres días. El magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto, alegando que la discusión sobre la violación al derecho a un ambiente sano debe ventilarse en la jurisdicción contencioso-administrativa, no por amparo.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber reviews an amparo action filed by Alfredo Villalobos Salazar against the Ministry of Agriculture (MAG). The petitioner reported to the State Phytosanitary Service alleged irregularities in two organic fertilizers (Top Crop N and Multi Compost) due to possible use of ammoniacal sources with high chloride residues that could contaminate aquifers, especially in intensive pineapple farming. Although the Agrochemical Inspection Unit conducted inspections and notified the companies between November and December 2020, it failed to inform the petitioner about the progress and did not provide the requested import analysis report. The Chamber grants the amparo for violation of the right to petition and access to information, ordering the MAG to respond and provide the requested information within three days. Justice Salazar Alvarado partially dissents, arguing that the discussion on the violation of the right to a healthy environment should be brought before the administrative contentious jurisdiction, not through amparo.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "19/02/2021",
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    "Servicio Fitosanitario del Estado",
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    "Constitutional Chamber"
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  "excerpt_es": "En mérito de lo expuesto se impone declarar con lugar el recurso, con las consecuencias que se detallan en la parte dispositiva de la sentencia.\n\nSe declara con lugar el recurso. Se ordena a Luis Renato Alvarado Rivera, en su condición de Ministro de Agricultura y Ganadería, o a quien en su lugar ocupe ese cargo, que lleve a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias y coordine lo necesario, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se responda al tutelado lo pertinente respecto del “(…) 1. Informe de análisis realizados y/o toma de muestras de las importaciones de estos dos productos (…)”, que expresamente pidió el 7 de octubre de 2020, y además se le facilite, de ser procedente.",
  "excerpt_en": "In light of the foregoing, the amparo must be granted, with the consequences detailed in the operative part of the judgment.\n\nThe amparo is granted. Luis Renato Alvarado Rivera, in his capacity as Minister of Agriculture and Livestock, or whoever occupies that position, is ordered to carry out all actions within the scope of his powers and coordinate what is necessary, so that within THREE DAYS from the notification of this judgment, the petitioner is given a pertinent response regarding “(…) 1. Report of analyses performed and/or sampling of imports of these two products (…)”, which he expressly requested on October 7, 2020, and also to provide it, if appropriate.",
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    "summary_en": "The amparo is granted for violation of the right to petition and access to information, ordering the MAG to respond regarding the import analysis report of the reported fertilizers within three days.",
    "summary_es": "Se declara con lugar el amparo por violación del derecho de petición y acceso a la información, ordenando al MAG responder sobre el informe de análisis de importaciones de los fertilizantes denunciados en un plazo de tres días."
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      "context": "Voto salvado parcial del Magistrado Salazar Alvarado",
      "quote_en": "The protection of a healthy and ecologically balanced environment in the Costa Rican legal system is safeguarded not only in Article 50 of the Political Constitution but also in a series of laws and executive decrees (regulations) in force...",
      "quote_es": "La protección a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en el Ordenamiento Jurídico Costarricense, está tutelado no solo en el artículo 50, de la Constitución Política, sino también en una serie de leyes y decretos ejecutivos (reglamentos) vigentes..."
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    {
      "context": "Voto salvado parcial del Magistrado Salazar Alvarado",
      "quote_en": "the mere non-compliance with legally imposed obligations and duties on various public administrations in environmental matters is properly addressed through the legality route –administrative or jurisdictional–",
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 03418 - 2021\n\nFecha de la Resolución: 19 de Febrero del 2021 a las 09:30\n\nExpediente: 21-001977-0007-CO\n\nRedactado por: Jorge Araya Garcia\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp: 21-001977-0007-CO\n\nRes. Nº 2021003418\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del diecinueve de febrero de dos mil veintiuno .\n\n \n\n Recurso de amparo interpuesto por  ALFREDO VILLALOBOS SALAZAR, cédula de identidad 0105160370, contra el MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (MAG).\n\nResultando:\n\n1.- Por medio del escrito agregado al expediente digital a las 11:13 horas de 1° de febrero de 2021, Aldredo Villalobos Salazar presentó un recurso de amparo en contra del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Explicó que  el 7 de octubre de 2020 planteó una gestión ante la Unidad de Fiscalización de Agroquímicos del Departamento Fitosanitario del Estado (S.F.E.) del MAG, relacionada con fertilizantes irregulares. En dicha nota solicitó a la referida unidad que dadas sus competencias, investigara la posible existencia de agroquímicos o fertilizantes cuya composición publicitada no correspondería a los ingredientes activos declarados, refiriéndose a los “(...) productos TOP CROP N/ MAG#8187 de la empresa AGRO CONTROL, S.A (sic) registrante#957 y al producto Multi Compost/MAG#5676 de la empresa ENLASE Agropecuario S.A (sic) registrante#546. (...)” ante la posibilidad de la utilización de fuentes amoniacales que generarían residuos de cloruro tan altos en fertilizantes para uso orgánico, los cuales podrán contaminar mantos acuíferos y procedieran conforme. Asimismo, solicitó la siguiente información: “(...) 1. Informe de análisis realizados y/o toma de muestras de las importaciones de estos dos productos (...)”. Ante la falta de respuesta, el 4 de noviembre de 2020 presentó en el Departamento Fitosanitario del Estado (S.F.E.) del MAG, una nota de fecha 2 de noviembre 2020 reiterando la gestión anterior. Reclamó que a la fecha de la interposición del recurso, no se había resuelta la denuncia interpuesta, ni se le había contestado o dado acceso a la información solicitada. Solicitó que se declare con lugar el recurso.\n\n2.- Mediante el auto de las 22:29 horas de 3 de febrero de 2021, se admitió el recurso de amparo y se le dio traslado al Jefe de la Unidad de Fiscalización de Agroquímicos del Departamento Fitosanitario del Estado del Ministerio de Agricultura y Ganadería.\n\n3.- Por medio del escrito agregado al expediente digital a las 13:04 horas de 11 de febrero de 2021, Luis Renato Alvarado Rivera, Ministro de Agricultura y Ganadería, explicó: “(…) 1. Que el día 07 de octubre del 2020, el Departamento Administrativo y Financiero, Unidad de Servicios Generales del Servicio Fitosanitario del Estado, efectivamente recibió escrito del recurrente Alfredo Villalobos Salazar fechado del 30 de setiembre del 2020, manifestando los puntos señalados anteriormente. 2. En razón de la materia objeto de este recurso de amparo, es propia del Servicio Fitosanitario del Estado, nos remitimos al oficio AE-FIS-0018-2021 del 09 de febrero del 2021 que emite la Unidad de Fiscalización de Agroquímicos del Departamento Fitosanitario del Estado (S.F.E.) del MAG, el cual fue enviado al correo electrónico avillalobos59@gmail.com, el día 10 de febrero del 2020 a las 15 horas 06 minutos, en dicho oficio se le dio respuesta a todas las misivas del recurrente (…) 3. Que la Unidad de Fiscalización de Agroquímicos de Departamento Fitosanitario del Estado (S.F.E.) del MAG, el 10 de febrero del 2020, a las 15 horas 25 minutos, envió correo electrónico al señor Villalobos en la dirección electrónica señalada avillalobos59@gmail.com, los siguientes documentos; (Adjunto comprobante). • Resolución de notificación de cumplimiento Fertilizantes N° RCF-0116/2020 • Apercibimiento de notificación de No Cumplimiento Fertilizante N° ANCF-031-2020 • Hoja de Visita realizada del Departamento de Agroquímicos y Equipos, Unidad de Fiscalización de Agroquímicos el 9 de diciembre del 2020 a la empresa Bodega de Agrocontrol S.A. N° 004725 • Hoja de visita de realizada del Departamento de Agroquímicos y Equipos, Unidad de Fiscalización de Agroquímicos el 10 de diciembre del 2020 a la empresa Enlace S.A. N° 004712 (…)”.\n\n 4.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.\n\n Redacta el Magistrado Araya García; y,\n\nConsiderando:\n\nI.- Objeto del recurso. El recurrente aseguró que el 7 de octubre de 2020, presentó una denuncia y una solicitud de información ante el Departamento Fitosanitario del Estado. Ante la falta de resolución o respuesta, el 4 de noviembre de 2020 entregó un recordatorio, y pidió se le informara sobre el avance del trámite. Reclamó que no se ha resuelto lo pertinente y, tampoco se le ha facilitado lo requerido.\n\nII.- Aclaración previa. Antes de analizar el fondo del asunto debe aclararse que, a partir de la sentencia número 2008-02545 de las 8:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa, con algunas excepciones aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo, instruido de oficio o a instancia de parte, o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción: la alegada falta de atención de una denuncia por supuestas irregularidades de dos fertilizantes, lo que podría amenazar o lesionar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Aclarado el punto, se entra a resolver, la situación concreta planteada en este amparo.\n\nIII.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:\n\n El 7 de octubre de 2020, el tutelado presentó un oficio ante el Servicio Fitosanitario del Estado, en el cual manifestó: “(…) considere (sic) importante solicitarles su intervención para que se investiguen los siguientes hechos: 1. En este proceso de investigación, detecté dos agroquímicos y/o fertilizantes, cuya composición publicitaria no correspondería a los ingredientes activos declarados; me refiero a los productos TOP CROP N/MAG#8187 de la empresa AGRO CNTROL S.A. registrante #957 y el producto Multi Compost/MAG #5676 de la empresa ENLACE Agropecuario S.A registrante #546. 2. Actualmente en el servicio de consulta pública del S.F.E el producto TOP CROP N aparece registrado como orgánico, cuando la certificadora KIWA BCS le suspendió el aval a este insumo, ver oficio OR-AO-0100-2020. 3. De igual manera estoy ampliando consulta y solicitud a la Ing. Morales Roman para que se proceda en el mismo sentido con el producto Multi Compost/ #5676. 4. De conformidad con los análisis remitidos por mi persona y los que aportara KIWA BCS a la ARAO con motivo de mi denuncia, deja en evidencia que los porcentajes de los ingredientes activos violan la normativa vigente. 5. Mi preocupación es que si se están usando fuentes amoniacales generando residuos de CLORURO (CI) tan altos en fertilizantes para uso orgánico, se podrían estar contaminando los mantos acuíferos en actividad de agricultura intensiva como es el caso de la piña en nuestro país. 6. No omite manifestar que según información recibida, en el pasado, a el (sic) producto Multi Compost/ MAG #5676, se le había cancelado la compatibilidad de uso orgánico por inconsistencias. Es por todo lo anteriores, que les solicito respetuosamente lo siguiente: 1. Informe de análisis realizados y/o toma de muestras de las importaciones de estos dos productos. 2. Que de inmediato este departamento ubique los inventarios en sus centros de distribución y fincas y realice un muestreo de manera que se verifique la composición real de estos fertilizantes y si la misma es la declarada al momento del registro y a lo que indica su etiqueta o información publicitaria. 3. Que de comprobarse alguna irregularidad se proceda a decomisar, destruir los mismos y cancelar el título de registro agronómico. 4. Que se muestren los suelos de las fincas donde se han utilizado dichos productos para verificar o descartar cualquier contaminación a los suelos, subsuelos y productos. 5. Que en caso de comprobarse alguna anomalía en el agroquímico Multi Compost, se tenga presente su reincidencia para que se aplique el reglamento y la sanción correspondiente. Notificaciones: avillalobos59@gmail.com (…)” (el énfasis no pertenece al original) (ver la prueba aportada por el recurrente, agregada al expediente digital).\nEl 4 de noviembre de 2020, el amparado presentó otro oficio ante el Servicio Fitosanitario del Estado, indicando: “(…) Como consta en documento adjunto, el 07 de octubre del 2020, entregue a esa unidad, una solicitud de investigación e información sobre distintos hechos y situaciones con respecto a insumos o fertilizantes utilizados en la agricultura orgánica; a la (sic) haber transcurrido casi un mes de dicha solicitud, mucho le agradeceré informarme cual (sic) es el estado o avance de la misma. Notificaciones: avillalobos59@gmail.com (…)” (ver la prueba aportada por el recurrente, agregada al expediente digital).\nEl 27 de noviembre y el 18 de diciembre de 2020, luego de llevar a cabo las pesquisas procedentes, la Unidad de Fiscalización de Agroquímicos del Departamento Fitosanitario del Estado, notificó a las empresas respectivas, el correspondiente apercibimiento (ver la prueba aportada por el Ministro de Agricultura y Ganadería, agregada al expediente digital).\nEl 5 de febrero de 2021, se notificó al Jefe de la Unidad de Fiscalización de Agroquímicos del Servicio Fitosanitario del Estado, el auto inicial del recurso de amparo (ver el acta de notificación, agregada al expediente digital).\nEl 10 de febrero de 2020, mediante un correo electrónico enviado a la dirección avillalobos59@gmail.com, la Unidad de Fiscalización de Agroquímicos del Departamento Fitosanitario del Estado, envió al tutelado el oficio No. AE-FIS-0018-2021, en el cual hizo referencia a cada uno de los 6 puntos que integraban la denuncia planteada por el amparado, efectuando aclaraciones por imprecisiones terminológicas en las que incurrió el promovente; además, en el documento se le describen las inspecciones y diligencias probatorias que se ejecutaron en función de lo denunciado: “(…) Una vez que el laboratorio emitió el resultado, se procedió al análisis de los mismos, en base (sic) a la norma establecida en el Decreto de Fertilizantes, tolerantes permitidas para la concentración de elementos N°27069 MG-MEIC, y una vez analizado los resultados de las muestras, se procedió a notificar a las empresas la resolución, tal y como consta en los apercibimientos enviados a las empresas, ANCF-031-2020 enviado el día 27 de noviembre del año 2020 a los representantes de la empresa Enlace Agropecuario, y en el apercibimiento ANCF 034-2020 enviado el día 18 de diciembre del año 2020. Ambos apercibimientos actualmente se encuentran en trámite uno de estos es un No Cumplimiento de la norma y el otro resultado reveló que el producto Top Crop N cumple con la norma (…)”. A la misiva se adjuntó: “(…) • Resolución de notificación de cumplimiento Fertilizantes N° RCF-0116/2020 • Apercibimiento de notificación de No Cumplimiento Fertilizante N° ANCF-031-2020 • Hoja de Visita realizada del Departamento de Agroquímicos y Equipos, Unidad de Fiscalización de Agroquímicos el 9 de diciembre del 2020 a la empresa Bodega de Agrocontrol S.A. N° 004725 • Hoja de visita de realizada del Departamento de Agroquímicos y Equipos, Unidad de Fiscalización de Agroquímicos el 10 de diciembre del 2020 a la empresa Enlace S.A. N° 004712 (…)” (ver el informe y la prueba aportada por el Ministro de Agricultura y Ganadería, agregados al expediente digital).\n\nIV.- Hecho no probado. De importancia para resolver el presente asunto, se estima como no demostrado el siguiente hecho: único.- que se le haya suministrado al tutelado el “(…) 1. Informe de análisis realizados y/o toma de muestras de las importaciones de estos dos productos (…)”.\n\nV.- Sobre la atención de la denuncia. De la relación de hechos probados se desprende que la interposición de la denuncia por el supuesto incumplimiento de requisitos por parte de dos fertilizantes, fue planteada el 7 de octubre de 2020. El 4 de noviembre de 2020, el tutelado presentó un recordatorio y pidió se le informara sobre el estado o avance de su trámite. Consta que la Unidad de Fiscalización de Agroquímicos del Departamento Fitosanitario del Estado llevó a cabo las pesquisas pertinentes, al punto que desde el 27 de noviembre y el 18 de diciembre de 2020, se notificó a las empresas involucrados, una resolución de cumplimiento y un apercibimiento que se encuentra todavía en trámite. Sin embargo, fue hasta el 10 de febrero de 2021, luego de transcurridos 4 meses, y con posterioridad a la notificación del auto inicial del recurso de amparo, que se informó al tutelado sobre lo actuado. Así las cosas, este extremo del recurso deviene procedente.\n\nVI.- Sobre la información solicitada. En el sub examine quedó demostrado que el 10 de febrero de 2020, la Unidad de Fiscalización de Agroquímicos del Departamento Fitosanitario del Estado, envió al amparado el oficio No. AE-FIS-0018-2021, en el cual se hace referencia a cada uno de los 6 puntos expuestos por el promovente en la misiva de 7 de octubre de 2020; además se adjuntó la documentación respectiva que acreditaba lo actuado. No obstante, no se hizo referencia alguna a la información que el amparado solicitó expresamente, en concreto:  “(…) 1. Informe de análisis realizados y/o toma de muestras de las importaciones de estos dos productos (…)”. Por consiguiente, en cuanto a este punto en particular, esta Sala Constitucional debe intervenir.\n\nVII.- Conclusión. En mérito de lo expuesto se impone declarar con lugar el recurso, con las consecuencias que se detallan en la parte dispositiva de la sentencia.\n\nVIII.- Voto salvado parcial del Magistrado Salazar Alvarado. La protección a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en el Ordenamiento Jurídico Costarricense, está tutelado no solo en el artículo 50, de la Constitución Política, sino también en una serie de leyes y decretos ejecutivos (reglamentos) vigentes, tales como la Ley Orgánica del Ambiente, Ley N° 7554 de 4 de octubre de 1995; la Ley de Biodiversidad, Ley N° 7788 de 30 de abril de 1998; la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, Ley N° 7317 de 21 de octubre de 1992; y el Decreto Ejecutivo N° 31849 de 24 de mayo de 2004, Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), para citar solo algunos. Esto hace necesario, en materia ambiental, separar el control de constitucionalidad del control de legalidad. En este sentido, es criterio del suscrito que esta Sala, por vía de amparo, solo debe conocer un asunto en que se alega violación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, si la Administración no ha intervenido aún y cuando la violación a ese derecho sea manifiesta y evidente, de fácil constatación, de cierta importancia o gravedad y que afecte, de forma directa, a alguna persona o comunidad en concreto. De lo contrario, el tema debe plantearse y discutirse en la vía de legalidad. Por ello, el simple incumplimiento de obligaciones y deberes impuestos legalmente a las diversas administraciones públicas en materia ambiental es propio de ser conocido en la vía de legalidad –administrativa o jurisdiccional-, donde, con mucha mayor amplitud, podrán fiscalizarse los incumplimientos u omisiones que se acusen. Debe tenerse presente que el recurso de amparo es un proceso sumario, informal, sencillo y rápido, de manera tal, que desde el momento mismo en que la Administración interviene en un asunto ambiental, en ejercicio de sus competencias, y sustancia un procedimiento, con el dictado de actos administrativos, su conocimiento resulta ajeno al ámbito de acción de esta jurisdicción especializada. Por ello, la revisión de las actuaciones administrativas llevadas a cabo en torno a un tema ambiental que requiera, para su correcta valoración, de un proceso de conocimiento pleno, solo es posible en la jurisdicción ordinaria, toda vez que el diseño del proceso de amparo es incompatible con la contrastación o revisión de criterios técnicos o jurídicos elaborados al amparo de las normas legales o reglamentarias vigentes o con la evacuación de nuevos y mayores elementos de convicción necesarios para la contrastación o revisión de los criterios que ya consten en el expediente administrativo del caso. Lo contrario implicaría transformar el amparo en un proceso ordinario de pleno conocimiento, con lo cual se desnaturalizaría y se tornarían nugatorios los fines para los cuales ha sido diseñado, con lo cual, perdería, su condición de instrumento para la tutela eficaz de los derechos fundamentales. Como consecuencia de lo anterior, estimo que cuando un ente u órgano público ha intervenido, en diversas formas, o ha dictado actos administrativos en relación con un asunto ambiental, su conocimiento y fiscalización corresponde a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo. Es, precisamente, la verificación de la existencia de esa intervención administrativa lo que determina que el asunto sea competencia de la vía legalidad. En consecuencia, este recurso debió haberse rechazado de plano en cuanto a este extremo se refiere, ya que su objeto es una cuestión propia de ser discutida, analizada y resuelta en la vía de legalidad. Empero, como no se hizo así, lo procedente es declararlo sin lugar, sin hacer pronunciamiento alguno con respecto al fondo de la cuestión planteada por corresponderle a la jurisdicción ordinaria, en específico, a la contencioso-administrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas acusadas se ajustan o no, en sustancia, a lo preceptuado en el ordenamiento jurídico de rango legal, en cuanto a la protección, tutela y conservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.\n\nIX.-  Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial No. 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.             \n\nPor tanto:\n\nSe declara con lugar el recurso. Se ordena a Luis Renato Alvarado Rivera, en su condición de Ministro de Agricultura y Ganadería, o a quien en su lugar ocupe ese cargo, que lleve a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias y coordine lo necesario, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se responda al tutelado lo pertinente respecto del “(…) 1. Informe de análisis realizados y/o toma de muestras de las importaciones de estos dos productos (…)”, que expresamente pidió el 7 de octubre de 2020, y además se le facilite, de ser procedente. Se advierte a la autoridad recurrida que, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El Magistrado Salazar Alvarado salva el voto en forma parcial y declara sin lugar el recurso, en cuanto a la acusada violación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Notifíquese.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nPaul Rueda L.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nNancy Hernández L.\n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Araya G.\n\n\n\n\nAnamari Garro V.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nIleana Sánchez N.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n 848OPEWI47HG61\n\n1\n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 09-05-2026 08:55:01.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours thirty minutes on the nineteenth of February two thousand twenty-one.\n\nAmparo action filed by ALFREDO VILLALOBOS SALAZAR, identity card number 0105160370, against the MINISTRY OF AGRICULTURE AND LIVESTOCK (MAG).\n\nWhereas:\n\n1.- By means of the document added to the digital case file at 11:13 hours on February 1, 2021, Aldredo Villalobos Salazar filed an amparo action against the Ministry of Agriculture and Livestock. He explained that on October 7, 2020, he lodged a petition before the Agrochemical Oversight Unit of the State Phytosanitary Department (S.F.E.) of the MAG, concerning irregular fertilizers. In said communication, he requested that the referred unit, given its competencies, investigate the possible existence of agrochemicals or fertilizers whose advertised composition would not correspond to the declared active ingredients, referring to “(...) the products TOP CROP N/ MAG#8187 from the company AGRO CONTROL, S.A (sic) registrant#957 and the product Multi Compost/MAG#5676 from the company ENLASE Agropecuario S.A (sic) registrant#546. (...)” given the possibility of the use of ammoniacal sources that would generate such high chloride residues in fertilizers for organic use, which could contaminate aquifers and to proceed accordingly. Likewise, he requested the following information: “(...) 1. Report of analyses performed and/or sampling of imports of these two products (...)”. Given the lack of response, on November 4, 2020, he presented to the State Phytosanitary Department (S.F.E.) of the MAG, a communication dated November 2, 2020, reiterating the previous petition. He claimed that as of the date the action was filed, the complaint lodged had not been resolved, nor had he been answered or given access to the requested information. He requested that the action be granted.\n\n2.- By means of the order at 22:29 hours on February 3, 2021, the amparo action was admitted, and the Head of the Agrochemical Oversight Unit of the State Phytosanitary Department of the Ministry of Agriculture and Livestock was given notice thereof.\n\n3.- By means of the document added to the digital case file at 13:04 hours on February 11, 2021, Luis Renato Alvarado Rivera, Minister of Agriculture and Livestock, explained: “(…) 1. That on October 7, 2020, the Administrative and Financial Department, General Services Unit of the State Phytosanitary Service, indeed received a document from the petitioner Alfredo Villalobos Salazar dated September 30, 2020, expressing the points indicated above. 2. By reason of the subject matter of this amparo action, which pertains to the State Phytosanitary Service, we refer to official communication AE-FIS-0018-2021 of February 9, 2021, issued by the Agrochemical Oversight Unit of the State Phytosanitary Department (S.F.E.) of the MAG, which was sent to the email address avillalobos59@gmail.com, on February 10, 2020, at 15:06 hours; in said official communication, a response was given to all the petitioner's missives (…) 3. That the Agrochemical Oversight Unit of the State Phytosanitary Department (S.F.E.) of the MAG, on February 10, 2020, at 15:25 hours, sent an email to Mr. Villalobos at the indicated email address avillalobos59@gmail.com, the following documents: (Attach proof). • Resolution of notification of compliance for Fertilizers No. RCF-0116/2020 • Warning of notification of Non-Compliance for Fertilizer No. ANCF-031-2020 • Visit Report conducted by the Department of Agrochemicals and Equipment, Agrochemical Oversight Unit on December 9, 2020, at the company Bodega de Agrocontrol S.A. No. 004725 • Visit report conducted by the Department of Agrochemicals and Equipment, Agrochemical Oversight Unit on December 10, 2020, at the company Enlace S.A. No. 004712 (…)”.\n\n4.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.\n\nDrafted by Magistrate Araya García; and,\n\nConsidering:\n\nI.- Object of the action. The petitioner asserted that on October 7, 2020, he filed a complaint and a request for information before the State Phytosanitary Department. Given the lack of resolution or response, on November 4, 2020, he submitted a reminder, and requested to be informed about the progress of the procedure. He claimed that the relevant matters have not been resolved and that what was requested has not been provided to him.\n\nII.- Previous clarification. Before analyzing the merits of the matter, it must be clarified that, based on ruling number 2008-02545 at 8:55 hours on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction, with some exceptions, those matters in which it is disputed whether the public administration has or has not complied with the deadlines set by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure, conducted ex officio or at the request of a party, or to hear the appropriate administrative appeals. Precisely in the case sub lite, a scenario of exception is raised: the alleged failure to address a complaint regarding alleged irregularities in two fertilizers, which could threaten or harm the right to a healthy and ecologically balanced environment. Having clarified this point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo.\n\nIII.- Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven:\n\nOn October 7, 2020, the protected party submitted a communication before the State Phytosanitary Service, in which he stated: “(…) I consider (sic) it important to request your intervention so that the following facts are investigated: 1. In this investigation process, I detected two agrochemicals and/or fertilizers whose advertised composition would not correspond to the declared active ingredients; I am referring to the products TOP CROP N/MAG#8187 from the company AGRO CNTROL S.A. registrant #957 and the product Multi Compost/MAG #5676 from the company ENLACE Agropecuario S.A registrant #546. 2. Currently, in the public inquiry service of the S.F.E, the product TOP CROP N appears registered as organic, when the certifier KIWA BCS suspended the endorsement for this input, see official communication OR-AO-0100-2020. 3. In the same way, I am extending the inquiry and request to Ing. Morales Roman so that the same is proceeded with regarding the product Multi Compost/ #5676. 4. In accordance with the analyses submitted by me and those that KIWA BCS would provide to ARAO on the occasion of my complaint, it becomes evident that the percentages of active ingredients violate the current regulations. 5. My concern is that if ammoniacal sources are being used, generating such high CHLORIDE (CI) residues in fertilizers for organic use, the aquifers could be being contaminated in intensive agriculture activity such as pineapple in our country. 6. I do not fail to state that according to information received, in the past, the product Multi Compost/ MAG #5676 had its compatibility for organic use canceled due to inconsistencies. For all the above reasons, I respectfully request the following: 1. Report of analyses performed and/or sampling of imports of these two products. 2. That this department immediately locate the inventories in its distribution centers and farms and carry out sampling in such a way as to verify the real composition of these fertilizers and whether it is the same as that declared at the time of registration and what its label or advertising information indicates. 3. That if any irregularity is proven, the same be seized, destroyed, and the agronomic registration title be canceled. 4. That the soils of the farms where said products have been used be sampled to verify or rule out any contamination of the soils, subsoils, and products. 5. That in case any anomaly is proven in the agrochemical Multi Compost, its recidivism be taken into account so that the corresponding regulation and sanction be applied. Notifications: avillalobos59@gmail.com (…)” (the emphasis does not belong to the original) (see the evidence provided by the petitioner, added to the digital case file).\n\nOn November 4, 2020, the amparo petitioner filed another communication before the State Phytosanitary Service, indicating: “(…) As recorded in the attached document, on October 7, 2020, I delivered to this unit a request for investigation and information about various facts and situations regarding inputs or fertilizers used in organic agriculture; as (sic) almost a month has passed since said request, I would appreciate you informing me what (sic) the status or progress of the same is. Notifications: avillalobos59@gmail.com (…)” (see the evidence provided by the petitioner, added to the digital case file).\n\nOn November 27 and December 18, 2020, after carrying out the appropriate inquiries, the Agrochemical Oversight Unit of the State Phytosanitary Department notified the respective companies of the corresponding warning (see the evidence provided by the Minister of Agriculture and Livestock, added to the digital case file).\n\nOn February 5, 2021, the Head of the Agrochemical Oversight Unit of the State Phytosanitary Service was notified of the initial order of the amparo action (see the notification record, added to the digital case file).\n\nOn February 10, 2020, via an email sent to the address avillalobos59@gmail.com, the Agrochemical Oversight Unit of the State Phytosanitary Department sent the protected party official communication No. AE-FIS-0018-2021, in which it referred to each of the 6 points comprising the complaint raised by the amparo petitioner, making clarifications for terminological inaccuracies incurred by the promoter; additionally, the document describes the inspections and evidentiary proceedings that were carried out based on what was reported: “(…) Once the laboratory issued the result, the analysis thereof was carried out, based (sic) on the standard established in the Fertilizer Decree, tolerances allowed for the concentration of elements No. 27069 MG-MEIC, and once the results of the samples were analyzed, we proceeded to notify the companies of the resolution, as recorded in the warnings sent to the companies, ANCF-031-2020 sent on November 27, 2020, to the representatives of the company Enlace Agropecuario, and in warning ANCF 034-2020 sent on December 18, 2020. Both warnings are currently being processed; one of these is a Non-Compliance with the standard and the other result revealed that the product Top Crop N complies with the standard (…)”. The attached missive included: “(…) • Resolution of notification of compliance for Fertilizers No. RCF-0116/2020 • Warning of notification of Non-Compliance for Fertilizer No. ANCF-031-2020 • Visit Report conducted by the Department of Agrochemicals and Equipment, Agrochemical Oversight Unit on December 9, 2020, at the company Bodega de Agrocontrol S.A. No. 004725 • Visit report conducted by the Department of Agrochemicals and Equipment, Agrochemical Oversight Unit on December 10, 2020, at the company Enlace S.A. No. 004712 (…)” (see the report and the evidence provided by the Minister of Agriculture and Livestock, added to the digital case file).\n\nIV.- Unproven fact. Of importance for resolving the present matter, the following fact is deemed not proven: solely – that the protected party was provided with the “(…) 1. Report of analyses performed and/or sampling of imports of these two products (…)”.\n\nV.- Regarding the handling of the complaint. From the statement of proven facts, it is clear that the filing of the complaint for the alleged non-compliance with requirements by two fertilizers was raised on October 7, 2020. On November 4, 2020, the protected party presented a reminder and requested to be informed about the status or progress of its processing. It is on record that the Agrochemical Oversight Unit of the State Phytosanitary Department carried out the pertinent inquiries, to the point that since November 27 and December 18, 2020, the companies involved were notified of a compliance resolution and a warning that is still being processed. However, it was not until February 10, 2021, after 4 months had elapsed, and subsequent to the notification of the initial order of the amparo action, that the protected party was informed of the actions taken. Such being the case, this aspect of the action is admissible.\n\nVI.- Regarding the information requested. In the case sub examine, it was proven that on February 10, 2020, the Agrochemical Oversight Unit of the State Phytosanitary Department sent the amparo petitioner official communication No. AE-FIS-0018-2021, in which reference is made to each of the 6 points raised by the promoter in the missive of October 7, 2020; furthermore, the respective documentation accrediting the actions taken was attached. However, no reference whatsoever was made to the information that the amparo petitioner expressly requested, specifically: “(…) 1. Report of analyses performed and/or sampling of imports of these two products (…)”. Consequently, regarding this particular point, this Constitutional Chamber must intervene.\n\nVII.- Conclusion. In light of the foregoing, it is necessary to grant the action, with the consequences detailed in the operative part of the judgment.\n\nVIII.- Partial dissenting vote of Magistrate Salazar Alvarado. The protection of a healthy and ecologically balanced environment, within the Costa Rican Legal System, is safeguarded not only in Article 50 of the Political Constitution, but also in a series of current laws and executive decrees (regulations), such as the Organic Law of the Environment, Law No. 7554 of October 4, 1995; the Biodiversity Law, Law No. 7788 of April 30, 1998; the Wildlife Conservation Law, Law No. 7317 of October 21, 1992; and Executive Decree No. 31849 of May 24, 2004, General Regulation on Environmental Impact Assessment (EIA) Procedures, to name just a few. This makes it necessary, in environmental matters, to separate the control of constitutionality from the control of legality. In this sense, it is the undersigned's criterion that this Chamber, by means of amparo, should only hear a matter in which a violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment is alleged if the Administration has not yet intervened and when the violation of that right is manifest and evident, easily verifiable, of certain importance or gravity, and directly affects a specific person or community. Otherwise, the issue must be raised and discussed in the legality jurisdiction. Therefore, the simple non-compliance with obligations and duties legally imposed on the various public administrations in environmental matters is proper to be heard in the legality jurisdiction – administrative or jurisdictional – where, with much greater scope, the non-compliances or omissions alleged can be scrutinized. It must be borne in mind that the amparo action is a summary, informal, simple, and rapid process, such that from the very moment the Administration intervenes in an environmental matter, in the exercise of its competencies, and substantiates a procedure, with the issuance of administrative acts, its knowledge falls outside the scope of action of this specialized jurisdiction. For this reason, the review of administrative actions carried out regarding an environmental issue that requires, for its correct assessment, a full knowledge process, is only possible in the ordinary jurisdiction, since the design of the amparo process is incompatible with the contrasting or review of technical or legal criteria developed under the protection of current legal or regulatory norms or with the evacuation of new and greater elements of conviction necessary for contrasting or reviewing the criteria already on file in the administrative case record. The contrary would imply transforming the amparo into an ordinary full-knowledge process, which would denature it and render nugatory the purposes for which it was designed, thus losing its condition as an instrument for the effective protection of fundamental rights. As a consequence of the foregoing, I consider that when a public entity or body has intervened, in various forms, or has issued administrative acts in relation to an environmental matter, its knowledge and oversight corresponds to the contentious-administrative jurisdiction. It is, precisely, the verification of the existence of that administrative intervention that determines that the matter falls under the competence of the legality jurisdiction. Consequently, this action should have been rejected outright as far as this aspect is concerned, since its object is a matter proper to be discussed, analyzed, and resolved in the legality jurisdiction. However, as this was not done, the proper course is to declare it without merit, without making any pronouncement regarding the merits of the issue raised, as it corresponds to the ordinary jurisdiction, specifically the contentious-administrative jurisdiction, to determine whether the administrative actions and conduct alleged conform or not, in substance, to the provisions of the legal system at the statutory level, regarding the protection, safeguarding, and conservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment.\n\nIX.- Documentation provided to the case file. The parties are warned that if they have provided any documents on paper, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, they must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, as provided in the “Regulation on the Electronic Case File before the Judicial Branch”, approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Judicial Gazette No. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.\n\nTherefore:\n\nThe action is granted. Luis Renato Alvarado Rivera, in his capacity as Minister of Agriculture and Livestock, or whoever holds that position in his stead, is ordered to carry out all actions within the scope of his competencies and to coordinate whatever is necessary, so that within a period of THREE DAYS, counted from the notification of this judgment, the protected party is given the pertinent response regarding the “(…) 1. Report of analyses performed and/or sampling of imports of these two products (…)”, which he expressly requested on October 7, 2020, and that it be provided to him, if procedurally appropriate. The respondent authority is warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo action, and does not comply with it or does not enforce it, provided the act is not more severely penalized. The State is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this ruling, which shall be liquidated in the enforcement of judgment proceedings of the contentious-administrative jurisdiction. Magistrate Salazar Alvarado partially dissents and declares the action without merit regarding the alleged violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment. Notify.\n\nFernando Castillo V.\nPresident\n\nPaul Rueda L.\n\nNancy Hernández L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\nIleana Sánchez N.\n\nDigitally Signed Document\n-- Verification code --\n*848OPEWI47HG61*\n1\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 09-05-2026 08:55:01.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
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