{ "id": "nexus-sen-1-0007-1016241", "citation": "Res. 01189-2021 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Orden al CONAVI para construir pasos de fauna en Ruta 32", "title_en": "Order to CONAVI to build wildlife crossings on Route 32", "summary_es": "La Sala Constitucional conoció un recurso de amparo contra el CONAVI, SETENA y el ICAA por la omisión en construir los pasos de fauna previstos en la viabilidad ambiental del proyecto de rehabilitación y ampliación de la Ruta Nacional No. 32 (carretera Braulio Carrillo). El recurrente alegó violación al artículo 50 constitucional al no haberse ejecutado esas obras, pese a estar contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental aprobado por SETENA desde 2016. La Sala acreditó que, tras múltiples órdenes de SETENA, el CONAVI no había construido ni habilitado los pasos en los tramos ya intervenidos, y que las justificaciones de la institución (falta de normativa específica, conflicto contractual con la contratista CHEC, y pretendida responsabilidad financiera del ICAA) no eximían su obligación ambiental. Con fundamento en el artículo 50 constitucional, el principio precautorio y el desarrollo sostenible, la Sala declaró parcialmente con lugar el recurso únicamente contra el CONAVI. Ordenó a su Director Ejecutivo que en tres meses construyera y habilitara los pasos de fauna en los tramos ya intervenidos, y que diseñara y planificara los pendientes, bajo apercibimiento de desobediencia. Hubo dos votos salvados que sostenían que el caso debió remitirse a la vía contencioso-administrativa por tratarse de un control de legalidad.", "summary_en": "The Constitutional Chamber heard an amparo action against CONAVI, SETENA and ICAA regarding the failure to build wildlife crossings required under the environmental feasibility approval for the rehabilitation and expansion of National Route 32 (Braulio Carrillo Highway). The petitioner alleged a violation of Article 50 of the Constitution because the crossings had not been built, despite being included in the Environmental Impact Study approved by SETENA since 2016. The Chamber found that, despite multiple orders from SETENA, CONAVI had not constructed or enabled the crossings on the sections already completed, and that the institution's justifications (lack of specific regulations, a contractual dispute with the contractor CHEC, and an alleged financial obligation of ICAA) did not excuse its environmental duty. Relying on Article 50 of the Constitution, the precautionary principle and sustainable development, the Chamber partially granted the amparo solely against CONAVI. It ordered the Executive Director to build and enable the wildlife crossings on already completed sections within three months, and to design and plan the remaining ones, under warning of contempt. Two dissenting votes argued the case should have been dismissed and sent to the ordinary contentious-administrative jurisdiction as a matter of legality review.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "22/01/2021", "year": "2021", "topic_ids": [ "environmental-law-7554", "art-50-constitution" ], "primary_topic_id": "art-50-constitution", "es_concept_hints": [ "principio precautorio", "viabilidad ambiental", "EIA", "pasos de fauna", "CONAVI", "SETENA", "amparo ambiental" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 50", "law": "Constitución Política" } ], "keywords_es": [ "pasos de fauna", "CONAVI", "SETENA", "viabilidad ambiental", "Ruta 32", "amparo ambiental", "Artículo 50 Constitución", "principio precautorio", "desarrollo sostenible", "impacto ambiental" ], "keywords_en": [ "wildlife crossings", "CONAVI", "SETENA", "environmental feasibility", "Route 32", "environmental amparo", "Article 50 Constitution", "precautionary principle", "sustainable development", "environmental impact" ], "excerpt_es": "Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente contra el CONAVI. Se ordena a Mario Rodríguez Vargas, en condición de Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), o a quien ejerza tal cargo, tomar las medidas correspondientes para que en el plazo de TRES MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se construyan y habiliten los pasos de fauna en los tramos de la Ruta Nacional No. 32 que ya fueron intervenidos en el proyecto de rehabilitación y ampliación de esa vía. Asimismo, que disponga lo correspondiente para que, en el mismo plazo, se diseñe y planifique la construcción de los demás pasos de fauna en los tramos de la misma ruta que serán intervenidos próximamente, de la forma en que lo ha previsto SETENA, y, en su momento, se ejecute su debida construcción.", "excerpt_en": "The amparo is partially granted, solely against CONAVI. Mario Rodríguez Vargas, in his capacity as Executive Director of the National Road Council (CONAVI), or whoever holds that position, is ordered to take the necessary measures so that, within THREE MONTHS from notification of this judgment, the wildlife crossings are built and enabled on the sections of National Route 32 that have already been intervened in the rehabilitation and expansion project of said road. Likewise, he shall make the corresponding arrangements so that, within the same period, the construction of the remaining wildlife crossings on the sections of the same route that will be intervened soon is designed and planned, as SETENA has provided, and, in due course, their proper construction is carried out.", "outcome": { "label_en": "Partially granted", "label_es": "Parcialmente con lugar", "summary_en": "The amparo is partially granted solely against CONAVI, ordering it to build and enable the wildlife crossings on already completed sections of Route 32 within three months, and to design and plan the remaining ones within the same period.", "summary_es": "Se declara parcialmente con lugar el recurso únicamente contra el CONAVI, ordenándole construir y habilitar los pasos de fauna en los tramos ya intervenidos de la Ruta 32 en un plazo de tres meses, y diseñar y planificar los faltantes en el mismo plazo." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando III", "quote_en": "Article 50 of the Political Constitution establishes that every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment... the State must guarantee, defend and preserve it.", "quote_es": "El artículo 50 de la Constitución Política establece que toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado... el Estado debe garantizarlo, defenderlo y preservarlo." }, { "context": "Considerando III", "quote_en": "In environmental matters, any omission by the State resulting in a decline of environmental conditions is especially serious.", "quote_es": "En materia ambiental resulta especialmente grave toda conducta omisiva por parte del Estado que resulte en decadencia de las condiciones del medio ambiente." }, { "context": "Considerando III (citando Declaración de Río, Principio 15)", "quote_en": "Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures.", "quote_es": "Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces." }, { "context": "Considerando IV", "quote_en": "If there is a dispute between CONAVI and China Harbour Engineering Company (CHEC), it must be litigated in the ordinary jurisdiction... but this does not justify the failure to build the wildlife crossings.", "quote_es": "Si existe un conflicto entre el CONAVI y China Harbour Engineering Company (CHEC), eso debe ser discutido en la vía ordinaria... pero sin que ello conlleve una justificación de la falta de ejecución de obras correspondientes a los pasos de fauna." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1016241", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [], "sentencias_relacionadas": [], "temas_y_subtemas": [], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 01189 - 2021\n\nFecha de la Resolución: 22 de Enero del 2021 a las 09:15\n\nExpediente: 20-020651-0007-CO\n\nRedactado por: Jorge Araya Garcia\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\nIndicadores de Relevancia\n\nSentencia relevante\n\n\n\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA\n\nTema: PODER EJECUTIVO\n\nSubtemas:\n\nINFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.\n\n001189-21. PODER EJECUTIVO. SOBRE LA OBLIGACIÓN DEL ESTADO Y SUS INSTITUCIONES EN LA PRESERVACIÓN DEL AMBIENTE Y LA APLICACIÓN DE DESARROLLO SOSTENIBLE. CASO DE ATRASOS EN CONSTRUCCIÓN DE RUTA 32. SE ORDENA AL CONAVI, QUE, EN EL PLAZO DE TRES MESES, SE CONSTRUYAN Y HABILITEN LOS PASOS DE FAUNA EN LOS TRAMOS DE LA RUTA NACIONAL NO. 32 QUE YA FUERON INTERVENIDOS EN EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE ESA VÍA. ASIMISMO, QUE DISPONGA LO CORRESPONDIENTE PARA QUE, EN EL MISMO PLAZO, SE DISEÑE Y PLANIFIQUE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS DEMÁS PASOS DE FAUNA EN LOS TRAMOS DE LA MISMA RUTA QUE SERÁN INTERVENIDOS PRÓXIMAMENTE, DE LA FORMA EN QUE LO HA PREVISTO SETENA, Y, EN SU MOMENTO, SE EJECUTE SU DEBIDA CONSTRUCCIÓN.\n\nRE/CO\n\n... Ver más\nTexto de la resolución\n\n*200206510007CO*\n\nExp: 20-020651-0007-CO\n\nRes. Nº 2021001189\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del veintidos de enero de dos mil veintiuno .\n\n  Recurso de amparo que se tramita en expediente número 20-020651-0007-CO, interpuesto por WALTER BRENES SOTO, cédula de identidad 0206450800, contra CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI), SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA) E INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ICAA).\n\nResultando:\n\n1.-Por escrito presentado por Gestión en Línea y que fue incorporado en el expediente electrónico a las 08:04 horas de 10 de noviembre de 2020, el recurrente interpone recurso de amparo contra el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA)  e Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA). Manifiesta que la autoridad recurrida se había comprometido a realizar la construcción de una serie de pasos de fauna en el proyecto de diseño, rehabilitación y ampliación de Ruta Nacional No. 32, carretera Braulio Carrillo. No obstante, reclama que, a la fecha de interposición del recurso, dicha institución no contaba aún con el presupuesto para dicha construcción. Estima que los hechos expuestos implican una violación a los artículos 21, 41 y 50 de la Constitución Política. Solicita que se declare con lugar el recurso.\n\n2.- Por resolución de las 18:12 horas de 12 de noviembre de 2020, se le dio curso a este recurso de amparo y se le solicitó informe al Director del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI).\n\n3.-Rinde informe, bajo juramento, Mario Rodríguez Vargas, en condición de Director Ejecutivo del CONAVI. Manifiesta que el proyecto de diseño, rehabilitación y ampliación de la Ruta Nacional No. 32, aún no ha culminado. Señala que la fecha de entrega está programada para el mes de marzo del año 2021, por lo que no es de recibo afirmar que no se han realizado los pasos de fauna, dado que se han realizado 11 pasos de fauna, 8 están por construir y 8 presentan dificultades constructivas, para los cuales se analizan otras alternativas. Alega que no lleva razón el recurrente al indicar que no se cuenta con el presupuesto para realizar los pasos de fauna, pues, según indicó la Unidad Ejecutora de la Ruta Nacional No. 32, en oficio UE-DRA-RN32-010-2020-2030 (561), el proyecto fue pactado a “suma alzada” y por dicho concepto la empresa contratista debe en principio ejecutar todas las obras propias del proyecto. Aunado a lo anterior, señala que en el oficio supra citado, el Gerente de la Unidad Ejecutora de la Ruta Nacional No. 32 indicó: “(...) como parte de los trámites para la gestión ambiental del proyecto se han contemplado medidas de mitigación como son los Pasos de Fauna, mismos que se originaron en el Estudio de Impacto Ambiental elaborado a solicitud de la empresa CHEC y que fue debidamente aprobado bajo la Viabilidad Ambiental del proyecto con la Resolución 2207-2016-SETENA del 02 de diciembre del 2016. El Amparado alega afectación a derechos fundamentales por el desarrollo del proyecto; el oficio UE-DRA-RN32-010-2019-1271(563) es claro en detallar los puntos de pasos de fauna y la situación de su financiamiento dirigida a la atención de la consulta ciudadana. Debe aclararse que los pasos aprobados en la Viabilidad Ambiental han sufrido modificaciones en su ubicación y dimensiones por razones técnicas de ejecución, bajo criterios que justifican dicha variación, sin embargo, el número de los pasos de fauna se mantiene sin variaciones (...) en atención a que el número y condiciones de los pasos de fauna fue determinado en el estudio de impacto ambiental elaborado a solicitud de la empresa CHEC y aprobados por la SETENA, considerando que esas actuaciones se dieron en fechas posteriores a que la empresa Contratista presentó su oferta ante la Administración; motivó que actualmente se está proceso de resolver una controversia entre las partes contratantes a efecto de determinar si la construcción de los pasos de fauna están o no incluidos dentro del alcance del proyecto. De determinarse por las partes o un Tribunal Arbitral que las obras están incluidas dentro del alcance del proyecto, corresponderá a la empresa contratista CHEC la construcción de esas obras. Caso contrario, de determinarse que los pasos de fauna no están en el contrato original, corresponderá a la Administración su construcción y los recursos para ello, podrían provenir de los más de nueve millones de dólares cuya devolución esta Unidad Ejecutora ha requerido al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados mediante el oficio UE-DRA-RN32-001-2020-1877 (693) de fecha 12 de octubre del año 2020, los cuales devienen del monto invertido en el proyecto de la ampliación de la ruta nacional N°32 en obras propias de la relocalización de acueductos que impedían la ejecución de la obra vial; requerimiento de pago autorizado por el artículo 14 de la Ley N°9293 (...)”. Asimismo, alega que en oficio UE-DRA-RN32-010-2019-1271 (563) de 11 de octubre de 2020, el CONAVI indicó: “(…) El CONAVI como desarrollador del proyecto asume la responsabilidad de cumplir con lo establecido en la resolución de viabilidad ambiental No. 2207-2016-SETENA. (...) Lo que indico textualmente en mi oficio es que: “…ni en el momento de definición del proyecto ni en este momento existe en el país legislación ni normativa específica de aplicación obligatoria para la inclusión de estos elementos dentro de los proyectos de infraestructura vial, lo cual además provoca que existan muchos vacíos a nivel técnico y legal que provocan incertidumbre en la inversión pública que se realizará para la implementación de estos elementos.” Lo anterior es totalmente veraz. Ni en el momento de la definición del proyecto ni a la fecha existe ni legislación ni normativa específica de aplicación obligatoria para la inclusión de pasos de fauna dentro de los proyectos de infraestructura vial en ninguna de sus etapas (planificación, diseño, construcción y operación). Lo anterior implica que existan vacíos técnicos y legales que respalden la inversión de fondos públicos en que incurrirá la Administración en la implementación de estos elementos en el proyecto. No obstante, como se indicó también en el oficio, como parte de la responsabilidad institucional y de un proceso que se ha venido aplicando en otros proyectos, el MOPT-CONAVI incluyó en su momento un análisis para la inclusión de estos elementos dentro del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto y ha quedado como un compromiso ambiental del proyecto, el cual se efectuará conforme a lo comprometido y dentro de lo que la técnica lo permita y lo justifique (...) Los compromisos ambientales establecidos en la resolución de cita se han venido aplicando desde el inicio del proyecto. Respecto a los pasos de fauna los mismos son elementos cuya naturaleza suponen su uso en la etapa de operación del proyecto y no antes. Para esto serán construidos, una vez se tengan los fondos necesarios, dentro de la etapa de construcción. Se han tomado medidas de mitigación como el rescate y la relocalización de especies durante los procesos de corta y en cuando se ha presentado algún evento puntual. (...)”. Expone que los pasos de fauna, en caso de no ser realizados dentro del proyecto de gestión, o bien, se se realizan mediante recursos propios de la Administración, su financiamiento podría obtenerse de recursos solicitados en oficio UE-DRA-RN32-001-2020-1877 (593), el cual fue dirigido a la Directora Ejecutiva del ICAA, indicando lo siguiente: “(...) esta Unidad Ejecutora se permite recordarle que en el proyecto de obra vial ejecutado en la Ruta Nacional No. 32, se ha realizado a través de la empresa Contratista CHEC el traslado de servicio en ambos lados de la carretera (lado izquierdo y lado derecho) de 74.69 kilómetros de acueductos que son competencia de su representado; por lo que, conforme lo dispuesto en el artículo 14 de la ley de Aprobación del Financiamiento al Proyecto Rehabilitación y Extensión de la Ruta Nacional N°32 Sección Cruce Ruta 4 -Limón, Ley No. 9293, respetuosamente se le solicita que en su condición de Presidenta Ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados emita las instrucciones necesarias a efecto que se gestione lo pertinente para que a la brevedad posible se traslade a favor del CONAVI la suma de $ 9.026.617,22, correspondiente al monto que en el proyecto de obra vial ha debido invertirse por este Consejo en la relocalización de los acueductos ubicados en el derecho de vía de la Ruta Nacional No. 32 (…)”. A partir de lo anterior, alega que los pasos de fauna se encuentran contemplados en el proyecto de diseño, rehabilitación y ampliación de la Ruta Nacional No.32, pero al no culminar la obra, existen trabajos pendientes de efectuarse, entre ellos, los pasos de fauna. Además, argumenta que se requiere determinar si los pasos de fauna se encuentran incluidos dentro del alcance del proyecto, los cuales serían financiados con el presupuesto destinado para el mismo.\n\n4.- Por resolución de las 15:21 horas de 20 de noviembre de 2020, se amplió el curso de este proceso y se le solicitó informe al Secretario de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y a la Presidenta Ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA). Además, se le solicitó al Director Ejecutivo de CONAVI que aportara el cronograma de obras referentes a la construcción de pasos de fauna e indicara si existe algún plan remedial para ejecutar en caso que los pasos no se encuentren listos al momento en que se entregarán las obras de la Ruta No. 32.\n\n5.- Rinde informe, bajo juramento, Mario Rodríguez Vargas, en condición de Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI). Manifiesta que, de conformidad con el oficio UE-DRA-RN32-010-2020-2177 (561) de 24 de noviembre de 2020, el Gerente de la Unidad Ejecutora de la Ruta Nacional No. 32 indicó lo siguiente: “(…) Como parte de los trámites para la gestión ambiental del proyecto se han contemplado medidas de mitigación, de no poder cumplirse con la construcción de los pasos de fauna antes de la fase de cierre del proyecto; así se incluirá Señalamiento Preventivo en la ruta que advierte a los conductores la presencia de fauna silvestre. Nos encontramos analizando propuestas de solución para Sistemas de Contención Vehicular móvil para mediana en los puntos calientes de pasos de fauna, su factibilidad y permeabilidad. Actualmente nos encontramos en el análisis de los sitios para pasos superiores mediante sistemas de imágenes (Dron) para garantizar la conectividad de los sitios propuestos. No consideramos necesario un plan remedial en virtud de que los pasos de fauna se encuentran en ejecución y los mismos deberán quedar operando cuando finalice el proyecto (…)”. A partir del contenido del oficio parcialmente transcrito, considera que el CONAVI no ha emitido actos o ha mantenido omisiones lesivas de algún derecho fundamental. Solicita que se declare sin lugar el recurso.\n\n6.- Rinde informe, bajo juramento, Yamilette Astorga Espeleta, en condición de Presidenta Ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Manifiesta que a partir de las diversas manifestaciones aportadas en este proceso, tanto por la parte recurrente y recurridos, se tiene que hay un intento de delegar al ICAA una responsabilidad que orgánicamente no le compete. Alega que lo dicho por el Gerente de la Unidad Ejecutora del CONAVI, es contrario al espíritu y alcance del artículo 176 de la Constitución Política, pues ese funcionario pretende eludir sus responsabilidades de una supuesta erogación de recursos financieros de su representada y traspasarle la obligación al ICAA. Afirma que el diseño, construcción y financiamiento de los pasos de fauna es una obligación exclusiva del CONAVI, sin que exista competencia para el ICAA. Explica que el CONAVI remitió el oficio UE-DRA-RN32-001-2020-1877 de 12 de octubre de 2020, solicitando que se emitieran las instrucciones necesarias para que se trasladara, a favor del CONAVI, la suma de $9.026.617,22 correspondiente al monto que en el proyecto de obra vial debía invertirse para la relocalización de los acueductos ubicados en el derecho de vía de la Ruta Nacional No. 32; empero, como respuesta a dicha solicitud, se emitió oficio PRE-2018-00312 de 19 de abril de 2018, indicando: “(…) De acuerdo con lo expuesto en varias oportunidades por el lng. Javier Valverde, Subgerente Gestión Sistemas Periféricos, me permito ratificar la posición del AyA con relación a la reubicación de las tuberías de abastecimiento de agua ubicadas en la zona del retiro de la carretera ruta 32 que va a ser ampliada por la empresa CHECK. Al respecto, le indico que el Instituto no cuenta con los recursos presupuestarios para financiar la reubicación de las tuberías, dichos costos no se han incluido en ninguna fijación de tarifas aprobadas por la ARESEP, por lo que no podremos cubrir los costos de la reubicación y de acuerdo con lo conversado, los mismos serán cubiertos por el proyecto que usted dirige con la colaboración del AyA en todo lo que se refiere a la inspección de las obras que eventualmente se lleguen a contratar (…)”. A partir de lo anterior, se tiene que el ICAA no asumió algún compromiso de pago al CONAVI con respecto a la localización de los servicios públicos ni a la financiación de las obras de protección para la fauna silvestre en la Ruta 32. Asegura que esto le fue comunicado a las autoridades del CONAVI desde el año 2018 y se les indicó que era responsabilidad de esa institución asumir los costos de las relocalizaciones. Argumenta que a partir de lo dicho anteriormente, no hay sustento en la dicho por las autoridades del CONAVI en cuanto a que no se han ejecutado las obras de pasos de fauna porque el ICAA no ha cancelado los supuestos costos de relocalización de servicios de agua potable y saneamiento. Insiste en que el costo de esas obras es responsabilidad del CONAVI. Solicita que se declare sin lugar el recurso.\n\n7.- Rinde informe, bajo juramento, Cynthia Barzuna Gutiérrez, en condición de Secretaria General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA). Manifiesta que por resolución No. 2207-2016-SETENA de 2 de diciembre de 2016, se otorgó la viabilidad ambiental al proyecto de ampliación de la Ruta Nacional No. 32, con las siguientes características: “(…) El Proyecto “Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 32 Sección: La Intersección con la Ruta Nacional Nº 4 – Limón”, consiste en un proyecto de obra vial en carretera ya existente, que involucra el diseño, rehabilitación y ampliación de la ruta nacional número 32 a cuatro carriles con todos los componentes de una vía de este tipo (…), por una extensión de 107,2 km, desde el kilómetro 49+200 en las cercanía de la intersección con la ruta número 4, hasta el kilómetro 156+850 en las cercanías del Parque Vargas de la ciudad de Limón (…) El proyecto abarca, primeramente, la elaboración del diseño de sitio definitivo con la definición definitiva de todos los componentes, en términos estructurales, técnicos y logísticos; hasta la construcción de las dos nuevas vías con sus respectivos puentes, y la rehabilitación de las vías actuales y el reforzamiento de los puentes ya existentes, tanto en capacidad de carga viva como en capacidad y resistencia ante sismos, para obtener una ruta a cuatro carriles. Estas obras se efectuarán sobre el derecho de vía de la actual ruta nacional número 32, enfocando la mayoría de las obras en el margen derecho en el sentido San José-Limón, pero con algunas intervenciones sobre el margen izquierdo para los nuevos componentes viales (secciones de las vías de retorno, calles marginales, accesos a propiedades y comunidades, bahía de autobuses, intersecciones a nivel y desnivel, ciclovías, aceras, sistema de drenaje, espaldón, puentes peatonales, entre otros). Los componentes a desarrollar se han definido mediante el contrato y la Ley 9293 de Aprobación del financiamiento establecido entre la República Popular de China y la República de Costa Rica, mismos serán redefinidos en las ubicaciones y en aspectos técnicos constructivos, una vez que se apruebe el inicio de las obras y con la elaboración del Diseño de sitio definitivo (…)”. Indica que dentro de los componentes del proyecto se indicaron, potencialmente, cincuenta y un pasos de fauna, siendo que la cantidad depende del diseño final de las obras y de las recomendaciones de los estudios realizados. Explica que todos los componentes del proyecto conllevan análisis de diseño y ajuste de acuerdo con las necesidad estructurales y de los usuarios de la vía, siendo que el análisis depende de los resultados que se alcancen con los estudios técnicos y de los procesos de consulta que se pretende efectuar con las personas de las localidades afectadas por el proyecto. Así, el proyecto se podrá mejorar sin afectar las variables ambientales que se hayan evaluado. Expone que por resolución No. 1239-2019-SENTENA de 25 de abril de 2019, se le ordenó al representante legal de CONAVI cumplir con lo dispuesto en la resolución No. 2207-2016-SETENA y corregir lo evidenciado en la inspección de cumplimiento ambiental realizada en marzo de 2019. Dentro de las acciones correctivas se mencionó la ejecución de pasos de fauna como parte de los compromisos ambientales. Aunado a lo anterior, señala que por resolución No. 2135-2019-SETENA de 5 de julio de 2019, se reiteró al representante legal de CONAVI cumplir con la resolución 2207-2016-SETENA, esencialmente en la implementación de medidas para el manejo y disposición de residuos ordinarios, especiales y peligroso, manejo de escombreras y construcción de pasos de fauna. Posteriormente, señala que mediante resolución No. 2572-2019-SETENA de 8 de agosto de 2019, se ordenó al representante legal de CONAVI a presentar la lista definitiva de la ubicación de los pasos de fauna, así como las coordinadas, características y justificación de las modificaciones realizadas, considerando lo evaluado. Asimismo, por resolución No. 1458-2020-SETENA de 19 de agosto de 2020, entro otras cosas, se ordenó nuevamente al representante legal de CONAVI y a la regencia ambiental GAPRO S.A., que en un plazo de sesenta días hábiles procedieran a: “(…) Aportar la lista definitiva de los pasos de fauna, características del tipo de paso, dimensiones, cota de ubicación, coordenadas CRTM05 y shape file. Aportar el aval técnico-profesional que justifique de manera específica la razón de las modificaciones de pasos de fauna realizadas. Dicha justificación deberá presentar un número igual o superior de variables a las estudiadas y analizadas por Pomareda et al. 2016. Incluso para los cambios en las medidas complementarias para la efectividad de los pasos (Malla Alta, Malla Baja, Bandas sonoras, reductor de velocidad y señalización). Indicar en qué etapa y porcentaje de avance del proyecto, debería estar implementado cada paso de fauna. Es necesario que en materia de Manejo de Vida Silvestre (rescate y reubicación) y Pasos de Fauna debe exista presencia en campo de profesionales en biología que verifiquen el cumplimiento de los compromisos ambientales. No existe claridad sobre las dimensiones y distancias de las medidas complementarias a implementar (mallas, señalización, banda sonoras, bandas logarítmicas, reductores), que garantizan la efectividad de pasos de fauna, por lo que debe detallar estas para cada uno de los pasos propuestos (…)”. No obstante, el 5 de noviembre de 2020 y mediante oficio No. 09712-2020, el desarrollador presentó una solicitud de prórroga para el cumplimiento de la resolución No. 1458-2020-SETENA. En cuanto a las razones de exigir la construcción de pasos biológicos, explica que de acuerdo con estudios de impacto ambiental, se determinó que hay huella potencial por la ocurrencia de accidentes de fauna durante la fase de operación y mantenimiento del proyecto. De tal forma, se esquematizaron cincuenta y cinco acciones como parte del estudio y medidas ambientales para la fauna. Así, la edificación de pasos de fauna forma parte de los compromisos ambientales adquiridos por el desarrollador. Al respecto añade: “(…) Como se mencionó, el proyecto pronosticó la ocurrencia del impacto e incorporó en su diseño la construcción de pasos de fauna, que de acuerdo con Pomareda et al. (2016), las oportunidades más rentables para la mitigación ambiental surgen durante la fase de planificación de la construcción, es decir, durante el proceso de diseño del proyecto, donde de previo a ejecutar la obra se torna fundamental tener una comprensión de los impactos potenciales que puede generar el mismo. De ahí que el proceso de EIA sea considerado el primer paso en la concepción de proyectos de alto impacto, donde la variable ambiental sea incluía como parte del diseño y no, como componentes aislados posterior a la finalización del proyecto, que pueden ocasionar alto costo ambiental y económico para el país, situación que deben prever la SETENA considerando los hallazgos encontrados por este Departamento (…)”. Menciona que entre el 25 y el 26 de noviembre de 2020 se realizó una inspección por parte del departamento de Auditoria y Seguimiento Ambiental, siendo que sobre los pasos de fauna se indicó: “(…) De 51 pasos de fauna propuestos originalmente en el EsIA, se fiscalizaron 28 sitios relacionados a obras terrestres. Los restantes 23 sitios corresponden a pasos aéreos que por el grado de avance del proyecto no se han implementado (…) De los 28 sitios visitados el 82,1% corresponden estructuras de doble propósito, es decir, son obras de drenaje (alcantarillas o puentes) contempladas en el diseño original que deben ser adaptadas para cumplir una función de paso de fauna. El restante 17,8% son pasos de exclusivos. No se ha construido ningún paso de fauna exclusivo. Destaca la ausencia de la estructura de paso para el Jaguar en el sector de la Universidad Earth. Preocupa y alarma que la empresa contratista ha colocado carpeta asfáltica en derecho de vía, por lo que es incierta la implementación de esta medida. Aún existen zonas sin intervenir donde deben construirse pasos de fauna exclusivos, por lo que se encuentra en el momento idóneo para implementar los mismos como parte integral del proyecto. Únicamente se han construido 20 estructuras de pasos de fauna, todas ellas de doble función, de las cuales 7 no cumplen con las medidas propuestas en el estudio de biológico aprobado por SETENA. De los 20 sitios fiscalizados construidos ninguno cuenta con las adaptaciones necesarias para que cumplan una adecuada función como paso de fauna. Por ende, son únicamente alcantarillas donde aún se desconoce la capacidad hidráulica de las mismas. En el K85+577 se observó una obra con dimensiones 245m x 2.4m que permite el paso entre fincas dedicadas al cultivo de piña. Así mismo, en el K126+378 existe un paso con dimensiones 5.25 m x 4.55 m que actualmente funciona para el transporte de banano entre fincas. Estas obras se pretenden adaptar como pasos de fauna, sin embargo, los sitios no forman parte de los puntos identificados en el estudio biológico contenido en el EsIA, tampoco contiene una justificación técnica científica que permita validarlo como paso de fauna (…)”. Explica que los pasos de fauna como medida ambiental se consignaron a partir de los resultados de un proceso de investigación científica. Expone que el avance de las obras en la Ruta No. 32 es de aproximadamente un 35%, por lo que no es posible imputar la ocurrencia de accidentes de fauna a la ampliación de la carretera supra citada, debido a que la ejecución del proyecto se realiza paralelamente al funcionamiento habitual y constante que ha tenido la ruta durante décadas, la cual es de alto tránsito vehicular que aunado a la falta de luminarias, señalización y educación vial de conductores han presentado alta incidencia de atropellos, incluso previamente al desarrollo del proyecto. Indica que se ha dado seguimiento ambiental al proyecto que se discute en este proceso, siendo que recientemente se emitió informe técnico de seguimiento No. INF-TEC-DT-ASA-0645-2020 de 1 de diciembre de 2020, a partir del cual se hicieron una serie de recomendaciones a la Comisión Plenaria, en relación al seguimiento ambiental, dentro de las cuales estás las que se refieren a los pasos de fauna. Dentro de las principales recomendaciones señala las siguientes: “(…) PRIMERO. Aprobar solicitud de prorroga al plazo concedido en la Resolución N° 1458-2020, otorgando un plazo adicional de 30 días hábiles no prorrogables, los cuales rigen a partir del día hábil siguiente a la notificación de la presente Resolución. SEGUNDO: Ordenar a Mario Rodríguez Vargas, cédula de identidad 3-0189-0060, Representante Legal de Consejo Nacional de Viabilidad (CONAVI), con cédula de personería jurídica N° 3-007-231686 y a la regencia ambiental GAPRO S. A, con número de consultora ambiental EC-004-2002-SETENA, subsanar de manera inmediata los incumplimientos evidenciados por esta Secretaría, para lo cual concede un único plazo de 30 días hábiles, para cumplir con las siguientes acciones, mismas que ratifican y complementan lo solicitado en la Resolución N° 1458-2020 (…) I. Cumplir con la instauración de un programa de identificación y monitoreo de puntos críticos para la prevención de accidentes con la fauna, durante la fase constructiva y operativa del proyecto. El monitoreo constante de la Vida Silvestre durante todas las etapas (planeación, construcción y operación) del proyecto vial permite tener la capacidad de prever y registrar los impactos en ésta. El Programa de Monitoreo de Vida Silvestre debe incluir: responsables, cronograma, metodología, informes mensuales sobre los resultados del monitoreo, acciones en respuesta a impactos identificados, efectividad de las medidas implementadas. En razón de lo anterior es necesario que en materia de Manejo de Vida Silvestre (rescate y reubicación) y Pasos de Fauna exista presencia en campo de profesionales en biología que lidere el programa de monitoreo y validen la funcionalidad de los pasos de pasos de fauna a instaurar y verifiquen el fiel cumplimiento de este compromiso ambiental. J. Aplicar de manera inmediata señalización vertical para disminuir la colisión de animales en puntos críticos de alta incidencia de atropellos de fauna. La señalización vial es una herramienta que puede utilizarse de manera temporal durante la construcción del proyecto para disminuir los atropellos de animales mientras se instaura de manera permanente el paso de fauna. Como complemento a la señalización se pueden utilizar reductores de velocidad o bandas logarítmicas que le indican al conductor la necesidad de disminuir la velocidad, ya que se aproxima a zonas de alta incidencia de atropello de animales silvestres (…) R. Aportar la lista definitiva de los pasos de fauna, características del tipo de paso, dimensiones, cota de ubicación, coordenadas CRTM05 y shape file. S. Indicar en qué etapa y porcentaje de avance del proyecto, debería estar implementado cada paso de fauna y estado de cumplimiento de cada paso. T. No existe claridad sobre las dimensiones y distancias de las medidas complementarias a implementar (mallas, señalización, banda sonoras, bandas logarítmicas, reductores), que garantizan la efectividad de pasos de fauna, por lo que debe detallar estas para cada uno de los pasos propuestos. U. Aportar el aval técnico-profesional que justifique de manera específica la razón de las modificaciones de pasos de fauna realizadas. Dicha justificación deberá presentar un número igual o superior de variables a las estudiadas y analizadas por Pomareda et al. 2016. Incluso para los cambios en las medidas complementarias para la efectividad de los pasos (Malla Alta, Malla Baja, Bandas sonoras, reductor de velocidad y señalización) (…)”.  A partir de lo expuesto anteriormente, considera que SETENA ha cumplido con el seguimiento ambiental del proyecto y ha ordenado las acciones que corresponden al respecto, incluyendo lo referido a los pasos de fauna. Afirma que cuando las actividades, obras y proyectos no cumplan con una condición de equilibrio ambiental, ni cumplan con los compromisos y condiciones ambientales impuestas, podrá ordenárseles medidas correctivas, o bien, en función de la condición de riesgo ambiental que implique la situación, podrá aplicárseles las acciones sancionatorias establecidas en la normativa. Concluye que el resultado del proceso de control y seguimiento ambiental realizado por SETENA, ha evidenciado que el proyecto presenta un grado de cumplimiento de los compromisos ambientales y control de los impactos ambientales negativos, no aceptable. Explica que el incumplimiento observado puede considerarse un riesgo para la condición de equilibrio ambiental del proyecto, especialmente por lo reiterativo de las no conformidades evidenciadas, el poco avance e incertidumbre que existe sobre la construcción de pasos de fauna debido a conflicto contractual entre el desarrollador y contratista. Añade que se debe considerar que en materia de estudio de impacto ambiental, la presencia de conflictos contractuales entre el desarrollador y contratista, no debe ni puede ser considerada una justificación para prolongar la efectiva ejecución de medidas de control ambiental. Por lo expuesto, solicita que se declare sin lugar el recurso en lo referente a SETENA.\n\n8.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.\n\n Redacta el Magistrado Araya García; y,\n\nConsiderando:\n\nI.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente alega que el CONAVI, entidad a cargo de las obras de ampliación de la Ruta Nacional No. 32, no ha realizado pasos de fauna, lo cuales resultan necesarios para evitar accidentes de fauna en la ruta mencionada y que están contemplados en el proyecto aprobado por las entidades con tal potestad.\n\nII.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:\n\n1)    El CONAVI, por medio de la empresa China Harbour Engineering Company (CHEC), desarrolla las obras de rehabilitación y ampliación de la Ruta Nacional No. 32 (hecho incontrovertido).\n\n2)    El proyecto fue aprobado por SETENA mediante resolución No. 2207-2016-SETENA de 2 de diciembre de 2016, mediante el otorgamiento de la viabilidad ambiental, contemplando la construcción de cincuenta y un pasos de fauna (informes rendidos).\n\n3)    SETENA, por resolución No. 1239-2019-SETENA de 25 de abril de 2019, ordenó al representante legal de CONAVI el cumplimiento de lo dispuesto en la resolución No. 2207-2016-SETENA de 2 de diciembre de 2016, señalando la necesidad de acciones correctivas, tales como la construcción de los pasos de fauna (informes rendidos).\n\n4)    SETENA reiteró al CONAVI, mediante resolución No. 2135-2019-SETENA de 5 de julio de 2019, la obligación de cumplir con lo dispuesto en la resolución No. 2207-2016-SETENA, esencialmente en la implementación de medidas para el manejo y disposición de residuos ordinarios, especiales y peligrosos, manejo de escombreras y construcción de pasos de fauna (informes rendidos).\n\n5)    Por resolución No. 2572-2019-SETENA de 8 de agosto de 2020, SETENA solicitó al representante legal de CONAVI que presentara la lista definitiva de la ubicación de los pasos de fauna, así como las características y justificación de las modificaciones realizadas (informes rendidos).\n\n6)    Por resolución No. 1458-2020-SETENA de 19 de agosto de 2020, SETENA solicitó al representante legal de CONAVI y a la regencia ambiental GAPRO S.A. que en el plazo de sesenta días hábiles procedieran con lo siguiente:“(…) Aportar la lista definitiva de los pasos de fauna, características del tipo de paso, dimensiones, cota de ubicación, coordenadas CRTM05 y shape file. Aportar el aval técnico-profesional que justifique de manera específica la razón de las modificaciones de pasos de fauna realizadas. Dicha justificación deberá presentar un número igual o superior de variables a las estudiadas y analizadas por Pomareda et al. 2016. Incluso para los cambios en las medidas complementarias para la efectividad de los pasos (Malla Alta, Malla Baja, Bandas sonoras, reductor de velocidad y señalización). Indicar en qué etapa y porcentaje de avance del proyecto, debería estar implementado cada paso de fauna. Es necesario que en materia de Manejo de Vida Silvestre (rescate y reubicación) y Pasos de Fauna debe exista presencia en campo de profesionales en biología que verifiquen el cumplimiento de los compromisos ambientales. No existe claridad sobre las dimensiones y distancias de las medidas complementarias a implementar (mallas, señalización, banda sonoras, bandas logarítmicas, reductores), que garantizan la efectividad de pasos de fauna, por lo que debe detallar estas para cada uno de los pasos propuestos (…)” (informes rendidos).\n\n7)    El 12 de octubre de 2020, mediante oficio UE-DRA-RN32-001-2020-1877, CONAVI solicitó a la Presidencia Ejecutiva del ICAA que se le trasladara la suma de $9.026.617,22, correspondiente al monto que en el proyecto de obra vial debía invertirse para la relocalización de los acueductos ubicados en el derecho de vía de la Ruta Nacional No. 32, los cuales servirían a su vez de pasos de fauna (informes rendidos).\n\n8)    En respuesta a la gestión de 12 de octubre de 2020, la Presidencia Ejecutiva del ICCA, sin precisar fecha exacta, remitido al CONAVI oficio PRE-2018-00312 de 19 de abril de 2018, en el que se indica: “(…) De acuerdo con lo expuesto en varias oportunidades por el lng. Javier Valverde, Subgerente Gestión Sistemas Periféricos, me permito ratificar la posición del AyA con relación a la reubicación de las tuberías de abastecimiento de agua ubicadas en la zona del retiro de la carretera ruta 32 que va a ser ampliada por la empresa CHECK. Al respecto, le indico que el Instituto no cuenta con los recursos presupuestarios para financiar la reubicación de las tuberías, dichos costos no se han incluido en ninguna fijación de tarifas aprobadas por la ARESEP, por lo que no podremos cubrir los costos de la reubicación y de acuerdo con lo conversado, los mismos serán cubiertos por el proyecto que usted dirige con la colaboración del AyA en todo lo que se refiere a la inspección de las obras que eventualmente se lleguen a contratar (…)” (informes rendidos).\n\n9)    El 5 de noviembre de 2020, por oficio No. 09712-2020, el desarrollador del proyecto de ampliación de la Ruta Nacional No. 32 presentó una solicitud de prórroga para el cumplimento de la resolución No. 1458-2020-SETENA (informes rendidos).\n\n10)            Entre el 25 y 26 de noviembre de 2020, el departamento de Auditoría y Seguimiento Ambiental de SETENA realizó una inspección en las obras de rehabilitación y ampliación de la Ruta Nacional No. 32, a partir de lo cual se indicó, en lo que interesa: “(…) Aún existen zonas sin intervenir donde deben construirse pasos de fauna exclusivos, por lo que se encuentra en el momento idóneo para implementar los mismos como parte integral del proyecto. Únicamente se han construido 20 estructuras de pasos de fauna, todas ellas de doble función, de las cuales 7 no cumplen con las medidas propuestas en el estudio de biológico aprobado por SETENA. De los 20 sitios fiscalizados construidos ninguno cuenta con las adaptaciones necesarias para que cumplan una adecuada función como paso de fauna. Por ende, son únicamente alcantarillas donde aún se desconoce la capacidad hidráulica de las mismas (…)” (informes rendidos).\n\n11)            El 1 de diciembre de 2020, SETENA emitió informe técnico de seguimiento No. INF-TEC-DT-ASA-0645-2020, a partir del cual emitió las siguientes recomendaciones:“(…) PRIMERO. Aprobar solicitud de prorroga al plazo concedido en la Resolución N° 1458-2020, otorgando un plazo adicional de 30 días hábiles no prorrogables, los cuales rigen a partir del día hábil siguiente a la notificación de la presente Resolución. SEGUNDO: Ordenar a Mario Rodríguez Vargas, cédula de identidad 3-0189-0060, Representante Legal de Consejo Nacional de Viabilidad (CONAVI), con cédula de personería jurídica N° 3-007-231686 y a la regencia ambiental GAPRO S. A, con número de consultora ambiental EC-004-2002-SETENA, subsanar de manera inmediata los incumplimientos evidenciados por esta Secretaría, para lo cual concede un único plazo de 30 días hábiles, para cumplir con las siguientes acciones, mismas que ratifican y complementan lo solicitado en la Resolución N° 1458-2020 (…) I. Cumplir con la instauración de un programa de identificación y monitoreo de puntos críticos para la prevención de accidentes con la fauna, durante la fase constructiva y operativa del proyecto. El monitoreo constante de la Vida Silvestre durante todas las etapas (planeación, construcción y operación) del proyecto vial permite tener la capacidad de prever y registrar los impactos en ésta. El Programa de Monitoreo de Vida Silvestre debe incluir: responsables, cronograma, metodología, informes mensuales sobre los resultados del monitoreo, acciones en respuesta a impactos identificados, efectividad de las medidas implementadas. En razón de lo anterior es necesario que en materia de Manejo de Vida Silvestre (rescate y reubicación) y Pasos de Fauna exista presencia en campo de profesionales en biología que lidere el programa de monitoreo y validen la funcionalidad de los pasos de pasos de fauna a instaurar y verifiquen el fiel cumplimiento de este compromiso ambiental. J. Aplicar de manera inmediata señalización vertical para disminuir la colisión de animales en puntos críticos de alta incidencia de atropellos de fauna. La señalización vial es una herramienta que puede utilizarse de manera temporal durante la construcción del proyecto para disminuir los atropellos de animales mientras se instaura de manera permanente el paso de fauna. Como complemento a la señalización se pueden utilizar reductores de velocidad o bandas logarítmicas que le indican al conductor la necesidad de disminuir la velocidad, ya que se aproxima a zonas de alta incidencia de atropello de animales silvestres (…) R. Aportar la lista definitiva de los pasos de fauna, características del tipo de paso, dimensiones, cota de ubicación, coordenadas CRTM05 y shape file. S. Indicar en qué etapa y porcentaje de avance del proyecto, debería estar implementado cada paso de fauna y estado de cumplimiento de cada paso. T. No existe claridad sobre las dimensiones y distancias de las medidas complementarias a implementar (mallas, señalización, banda sonoras, bandas logarítmicas, reductores), que garantizan la efectividad de pasos de fauna, por lo que debe detallar estas para cada uno de los pasos propuestos. U. Aportar el aval técnico-profesional que justifique de manera específica la razón de las modificaciones de pasos de fauna realizadas. Dicha justificación deberá presentar un número igual o superior de variables a las estudiadas y analizadas por Pomareda et al. 2016. Incluso para los cambios en las medidas complementarias para la efectividad de los pasos (Malla Alta, Malla Baja, Bandas sonoras, reductor de velocidad y señalización) (…)” (informes rendidos).\n\n12)            A la fecha en que se recibió el último informe en este proceso de amparo, sea, 17 de diciembre de 2020, no se han construido ni habilitado los pasos de fauna contemplados en el proyecto, en los tramos de vía donde se han ejecutado obras en la Ruta Nacional No. 32 (informes rendidos).\n\nIII.- SOBRE LA OBLIGACIÓN DEL ESTADO Y SUS INSTITUCIONES EN LA PRESERVACIÓN DEL AMBIENTE Y LA APLICACIÓN DE DESARROLLO SOSTENIBLE. De previo al análisis de fondo de los hechos reclamados en este proceso de amparo, corresponde indicar que, en el marco del Estado Social y Democrático de Derecho, los Derechos Económicos Sociales y Culturales tienen como objetivo fundamental garantizar el bienestar económico y el desarrollo del ser humano y los pueblos. A partir de esto, se puede señalar un contenido subjetivo y otro objetivo de tales derechos. Así, en cuanto al sentido subjetivo, los derechos prestaciones demandan la actividad general del Estado para la satisfacción de las necesidades individuales o colectivas. Por su parte, el sentido objetivo configura a tales derechos como mínimos vitales que el Estado debe resguardar a favor de las personas. La satisfacción de esas necesidades supone la creación de condiciones necesarias y el compromiso de lograr progresivamente su goce. En el caso del bloque de constitucionalidad costarricense, encontramos tales derechos en el contenido del artículo 50 de la Constitución Política y el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En ese marco, el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado resulta fundamental. El artículo 50 de la Constitución Política establece que toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que perfila el Estado Social de Derecho de forma que la Constitución Política enfatiza que la protección del medio ambiente es un mecanismo adecuado para tutelar y mejorar la calidad de vida de todos, lo que hace necesaria la intervención de los poderes públicos sobre los factores que pueden alterar su equilibrio y obstaculizar que la persona se desarrolle y desenvuelva en un ambiente sano. En ese sentido, este derecho se manifiesta en la doble vertiente: como derecho subjetivo de las personas, y como meta o fin de la acción de los poderes públicos en general, por lo que el Estado debe garantizarlo, defenderlo y preservarlo. En ese sentido, se debe vedar, prohibir e impedir toda actividad que atente contra el derecho y desplegar acciones dirigidas a proteger anticipadamente el derecho de posibles peligros, a efectos de hacerlo perdurar para futuras generaciones. Por lo anterior, el Estado debe por un lado abstenerse de atentar él mismo contra el ambiente, y por otro lado, debe asumir la tarea de dictar las medidas que permitan cumplir con los requerimientos constitucionales, dentro de las cuales se encuentran las de carácter preventivo.\n\nDe lo anterior, deriva el carácter de garante que ostenta el Estado de la conservación de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Esta obligación implica, en los términos en que lo ha dicho la Sala en otras ocasiones –v. gr., Sentencia No. 2001-13295 de las 12:06 horas de 21 de diciembre de 2001- que el Estado debe tomar todas las medidas técnicas posibles para asegurarse que la actividad que aprueba no causará daños al ambiente. Si bien el pronunciamiento del órgano estatal encargado es en sí un asunto técnico, el deber de pronunciarse y la exigencia de rigurosidad es un asunto jurídico. En términos generales, el deber estatal de garantizar el derecho a un ambiente sano no se reduce a satisfacer un simple requisito marginal dentro del proceso licitatorio. La Constitución no exige solo cumplir con ciertas formalidades, sino utilizar como se dijo todos los medios jurídica y fácticamente posibles para preservar el ambiente (ver en el mismo sentido Sentencia No.99-005906 de las 16:15 horas de 28 de julio de 1999). Aunado a lo anterior, este Tribunal ha indicado -v. gr., Sentencia No. 00-009735 de las 09:06 horas de 3 de noviembre de 2001 y Sentencia No. 02-001645 de las 11:04 horas de 15 de febrero de 2002- que en materia ambiental resulta especialmente grave toda conducta omisiva por parte del Estado que resulte en decadencia de las condiciones del medio ambiente.\n\nDe otra parte, en la función de preservar el medio ambiente, se debe observar y aplicar el principio precautorio, a partir del cual esta Sala ha indicado que en la protección de nuestros recursos naturales, debe existir una actitud preventiva, a partir de la cual el Estado tiene que disponer todo lo que sea necesario – dentro del ámbito permitido por la ley – a efecto de impedir que se produzcan daños irreversibles en el medio ambiente. Es el también llamado principio de “evitación prudente”, contenido en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Declaración de Río, que literalmente indica:\n\n\"Principio 15.- Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente\".\n\nRespecto a este principio, resulta de relevancia lo dicho por este Tribunal en Sentencia No. 2010-014180 de las 14:35 horas de 25 de agosto de 2010:\n\n“(…) deben desplegarse actuaciones anticipadamente para evitar los efectos negativos de un proyecto, y asegurar la protección, conservación y adecuada gestión de los recursos. Consecuentemente, el principio rector de prevención se fundamenta en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar o contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas. De esta forma, en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible -o una duda al respecto- se debe adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate. Lo anterior debido a que en materia ambiental la coacción a posteriori resulta ineficaz, por cuanto de haberse producido ya las consecuencias biológicas y socialmente nocivas, la represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente compensará los daños ocasionados al ambiente (…)”.\n\nAsí las cosas, nace la necesidad de que todo Estado alcance su progreso de la mano con la naturaleza, a través del desarrollo sostenible. De tal forma, es necesario que los entes estatales, en su función, apliquen el principio de desarrollo sostenible. Al respecto, esta Sala ha indicado -v. gr., Sentencia No. 2006-013461 de las 10:20 horas de 8 de setiembre de 2006 y Sentencia No. 2010-014180 de las 14:35 horas de 25 de agosto de 2010, lo siguiente:\n\n“(…) En esa tesitura, el artículo 3, inciso 4), de la Convención Marco señalada dispone, expresamente, que “Las Partes tienen derecho al desarrollo sostenible y deberían promoverlo... ”. Asimismo, el principio del desarrollo sostenible está previsto en la Declaración de Río de 1992 sobre el Medio Ambiente y Desarrollo que dispone en numeral 3° lo siguiente: “El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras.”\n\nBajo este principio de desarrollo sostenible, se reconoce la necesidad de alcanzar el desarrollo del país en aras de atender las insuficiencias sociales y económicas que se padecen. Pero proclama que el desarrollo se realice sin destruir el medio ambiente y sin agotar las existencias de recursos naturales, permitiendo que el uso de estos recursos no sea superior a su capacidad de reposición. Por ello, se reconoce la posibilidad de desarrollo del país pero el mismo no debiera ir en abierto detrimento del medio ambiente. El principio de desarrollo sostenible –ampliamente reconocido por este Tribunal– trasciende las cuestiones meramente ambientales, porque se erige como un objetivo en el ámbito de la ciencia económica, pues además de procurar preservar los recursos naturales que dan soporte a la vida de los seres humanos, también persigue la eficiencia en la utilización de los recursos para que se consiga el desarrollo que satisfaga las necesidades de las generaciones presentes y futuras, sin comprometer la disponibilidad de los recursos naturales en general. Conforme con lo expuesto, una gestión sostenible de los recursos implica satisfacer las necesidades de los países, teniendo en consideración los requerimientos de las generaciones presentes y futuras y balanceando tres objetivos principales: ambiental, social y económico. Lo anterior, en aras de invertir las tendencias que amenazan la calidad de vida de los seres humanos y evitar un aumento de los costos para la sociedad. En ese sentido, es preciso detener la continua degradación ambiental con medidas tendientes a atenuar los efectos negativos del desarrollo económico y social y velar por la existencia de un vínculo sostenible entre la humanidad y la naturaleza. Incluso, la adopción de políticas sostenibles está basada en la concordancia entre el crecimiento económico, la equidad social y la conservación de los recursos naturales, fomentando el uso de energías renovables y el aumento de la eficiencia energética (ver en ese sentido la sentencia 2007-006315 de las catorce horas treinta y tres minutos del nueve de mayo del dos mil siete). Al desarrollar este principio, este Tribunal ha señalado lo siguiente:\n\n“(…) De hecho, la división entre recursos naturales renovables y no renovables es moderna, pues aún la ciencia económica, que se preocupa de la administración del entorno para lograr la satisfación (sic) al máximo de las necesidades humanas con recursos limitados, no incorporó el desgaste y deterioro del medio como herramienta del análisis económico, sino hasta en fecha muy reciente.\n\nToda la vida del hombre ocurre en relación inevitable con su ambiente, en especial con el mejoramiento de la calidad de vida que es el objetivo central que el desarrollo necesita, pero éste debe estar en relación con el ambiente de modo tal que sea armónico y sustentable.\n\nEl ambiente, por lo tanto, debe ser entendido como un potencial de desarrollo para utilizarlo adecuadamente, debiendo actuarse de modo integrado en sus relaciones naturales, socioculturales, tecnológicas y de orden político, ya que, en caso contrario, se degrada su productividad para el presente y el futuro y podría ponerse en riesgo el patrimonio de las generaciones venideras. Los orígenes de los problemas ambientales son complejos y corresponden a una articulación de procesos naturales y sociales en el marco del estilo de desarrollo socioeconómico que adopte el país. Por ejemplo, se producen problemas ambientales cuando las modalidades de explotación de los recursos naturales dan lugar a una degradación de los ecosistemas superior a su capacidad de regeneración, lo que conduce a que amplios sectores de la población resulten perjudicados y se genere un alto costo ambiental y social que redunda en un deterioro de la calidad de vida; pues precisamente el objetivo primordial del uso y protección del ambiente es obtener un desarrollo y evolución favorable al ser humano. La calidad ambiental es un parámetro fundamental de esa calidad de vida; otros parámetros no menos importantes son salud, alimentación, trabajo, vivienda, educación, etc., pero más importante que ello es entender que si bien el hombre tiene el derecho de hacer uso del ambiente para su propio desarrollo, también tiene el deber de protegerlo y preservarlo para el uso de las generaciones presentes y futuras, lo cual no es tan novedoso, porque no es más que la traducción a esta materia, del principio de la \"lesión\", ya consolidado en el derecho común, en virtud del cual el legítimo ejercicio de un derecho tiene dos límites esenciales: Por un lado, los iguales derechos de los demás y, por el otro, el ejercicio racional y el disfrute útil del derecho mismo. (…)” Sentencia 3705-1993 de las quince horas del treinta de julio de mil novecientos noventa y tres (…)”.\n\nDicho lo anterior, se reconoce la necesidad de que cualquier proyecto que se desarrolle, ya sea por el Estado o por un sujeto de derecho privado, vaya de la mano con el ambiente, lo cual resulta de relevancia para la resolución de fondo de este proceso de amparo.\n\nIV.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En sub-examine, a partir de la relación de hechos probados y demás elementos que obran en autos, se tiene que CONAVI ha contrariado los principios y obligaciones ambientales de conformidad con lo indicado en el considerando precedente. Se tiene por demostrado que esa institución, por medio de la empresa China Harbour Engineering Company (CHEC), desarrolla las obras de rehabilitación y ampliación de la Ruta Nacional No. 32. Dicho proyecto fue aprobado por SETENA mediante resolución No. 2207-2016-SETENA de 2 de diciembre de 2016, a través de la cual otorgó la viabilidad ambiental, contemplando la construcción de cincuenta y un pasos de fauna, los cuales deben construirse conforme se dé el avance de las obras. No obstante, se constata que el CONAVI ha incumplido con tal obligación ambiental, a pesar de que por resoluciones No. 1239-2019-SETENA de 25 de abril de 2019, No. 2135-2019-SETENA de 5 de julio de 2019, No. 2572-2019-SETENA de 8 de agosto de 2020, SETENA y No. 1458-2020-SETENA de 19 de agosto de 2020, SETENA ha compelido la observancia de los compromisos en materia ambiental, lo que incluye la respectiva construcción y habilitación de los pasos de fauna. Se entiende que la edificación de los pasos se encuentra supeditada al avance del proyecto; empero, se tiene por demostrado que se ha desarrollado un porcentaje importante de las obras, sin que se hayan construido o habilitado los pasos en mención. Esto queda evidenciado con tres hechos en particular, a saber:\n\na.- Que el 5 de noviembre de 2020, por oficio No. 09712-2020, el desarrollador del proyecto de ampliación de la Ruta Nacional No. 32 presentó una solicitud de prórroga para el cumplimento de la resolución No. 1458-2020-SETENA, pronunciamiento en que se indicó: (…) Aportar la lista definitiva de los pasos de fauna, características del tipo de paso, dimensiones, cota de ubicación, coordenadas CRTM05 y shape file. Aportar el aval técnico-profesional que justifique de manera específica la razón de las modificaciones de pasos de fauna realizadas. Dicha justificación deberá presentar un número igual o superior de variables a las estudiadas y analizadas por Pomareda et al. 2016. Incluso para los cambios en las medidas complementarias para la efectividad de los pasos (Malla Alta, Malla Baja, Bandas sonoras, reductor de velocidad y señalización). Indicar en qué etapa y porcentaje de avance del proyecto, debería estar implementado cada paso de fauna. Es necesario que en materia de Manejo de Vida Silvestre (rescate y reubicación) y Pasos de Fauna debe exista presencia en campo de profesionales en biología que verifiquen el cumplimiento de los compromisos ambientales. No existe claridad sobre las dimensiones y distancias de las medidas complementarias a implementar (mallas, señalización, banda sonoras, bandas logarítmicas, reductores), que garantizan la efectividad de pasos de fauna, por lo que debe detallar estas para cada uno de los pasos propuestos (…)”;\n\nb.- Entre el 25 y 26 de noviembre de 2020, el departamento de Auditoría y Seguimiento Ambiental de SETENA realizó una inspección en las obras de rehabilitación y ampliación de la Ruta Nacional No. 32, a partir de lo cual se indicó, en lo que interesa: “(…) Aún existen zonas sin intervenir donde deben construirse pasos de fauna exclusivos, por lo que se encuentra en el momento idóneo para implementar los mismos como parte integral del proyecto. Únicamente se han construido 20 estructuras de pasos de fauna, todas ellas de doble función, de las cuales 7 no cumplen con las medidas propuestas en el estudio de biológico aprobado por SETENA. De los 20 sitios fiscalizados construidos ninguno cuenta con las adaptaciones necesarias para que cumplan una adecuada función como paso de fauna. Por ende, son únicamente alcantarillas donde aún se desconoce la capacidad hidráulica de las mismas (…)”.\n\n c.-) El 1 de diciembre de 2020, SETENA emitió informe técnico de seguimiento No. INF-TEC-DT-ASA-0645-2020, a partir del cual emitió las siguientes recomendaciones:“(…) PRIMERO. Aprobar solicitud de prorroga al plazo concedido en la Resolución N° 1458-2020, otorgando un plazo adicional de 30 días hábiles no prorrogables, los cuales rigen a partir del día hábil siguiente a la notificación de la presente Resolución. SEGUNDO: Ordenar a Mario Rodríguez Vargas, cédula de identidad 3-0189-0060, Representante Legal de Consejo Nacional de Viabilidad (CONAVI), con cédula de personería jurídica N° 3-007-231686 y a la regencia ambiental GAPRO S. A, con número de consultora ambiental EC-004-2002-SETENA, subsanar de manera inmediata los incumplimientos evidenciados por esta Secretaría, para lo cual concede un único plazo de 30 días hábiles, para cumplir con las siguientes acciones, mismas que ratifican y complementan lo solicitado en la Resolución N° 1458-2020 (…) I. Cumplir con la instauración de un programa de identificación y monitoreo de puntos críticos para la prevención de accidentes con la fauna, durante la fase constructiva y operativa del proyecto. El monitoreo constante de la Vida Silvestre durante todas las etapas (planeación, construcción y operación) del proyecto vial permite tener la capacidad de prever y registrar los impactos en ésta. El Programa de Monitoreo de Vida Silvestre debe incluir: responsables, cronograma, metodología, informes mensuales sobre los resultados del monitoreo, acciones en respuesta a impactos identificados, efectividad de las medidas implementadas. En razón de lo anterior es necesario que en materia de Manejo de Vida Silvestre (rescate y reubicación) y Pasos de Fauna exista presencia en campo de profesionales en biología que lidere el programa de monitoreo y validen la funcionalidad de los pasos de pasos de fauna a instaurar y verifiquen el fiel cumplimiento de este compromiso ambiental. J. Aplicar de manera inmediata señalización vertical para disminuir la colisión de animales en puntos críticos de alta incidencia de atropellos de fauna. La señalización vial es una herramienta que puede utilizarse de manera temporal durante la construcción del proyecto para disminuir los atropellos de animales mientras se instaura de manera permanente el paso de fauna. Como complemento a la señalización se pueden utilizar reductores de velocidad o bandas logarítmicas que le indican al conductor la necesidad de disminuir la velocidad, ya que se aproxima a zonas de alta incidencia de atropello de animales silvestres (…) R. Aportar la lista definitiva de los pasos de fauna, características del tipo de paso, dimensiones, cota de ubicación, coordenadas CRTM05 y shape file. S. Indicar en qué etapa y porcentaje de avance del proyecto, debería estar implementado cada paso de fauna y estado de cumplimiento de cada paso. T. No existe claridad sobre las dimensiones y distancias de las medidas complementarias a implementar (mallas, señalización, banda sonoras, bandas logarítmicas, reductores), que garantizan la efectividad de pasos de fauna, por lo que debe detallar estas para cada uno de los pasos propuestos. U. Aportar el aval técnico-profesional que justifique de manera específica la razón de las modificaciones de pasos de fauna realizadas. Dicha justificación deberá presentar un número igual o superior de variables a las estudiadas y analizadas por Pomareda et al. 2016. Incluso para los cambios en las medidas complementarias para la efectividad de los pasos (Malla Alta, Malla Baja, Bandas sonoras, reductor de velocidad y señalización) (…)”.\n\nLas autoridades del CONAVI intentan justificar la omisión de construir y habilitar los pasos de fauna en los tramos de vía en que se han efectuado obras, alegando lo siguientes: a) que existe competencia del ICAA en el giro de dineros al efecto, b) que existe un conflicto con China Harbour Engineering Company (CHEC) en cuanto a cuál de las dos entidades tiene la obligación de construir los pasos de fauna, y c) que no existe legislación ni normativa específica que obligue la inclusión de esos elementos dentro del proyecto. No obstante, tales argumentos no son de recibo, pues es claro que SETENA emitió informes técnicos en los que se evidenció la ocurrencia de impacto ambiental por posibles accidentes de fauna durante la operación y mantenimiento de la vía. Al respecto conviene traer a colación un extracto de lo informado por esa dependencia en este proceso de amparo:\n\n“(…) Como se mencionó, el proyecto pronosticó la ocurrencia del impacto e incorporó en su diseño la construcción de pasos de fauna, que de acuerdo con Pomareda et al. (2016), las oportunidades más rentables para la mitigación ambiental surgen durante la fase de planificación de la construcción, es decir, durante el proceso de diseño del proyecto, donde de previo a ejecutar la obra se torna fundamental tener una comprensión de los impactos potenciales que puede generar el mismo. De ahí que el proceso de EIA sea considerado el primer paso en la concepción de proyectos de alto impacto, donde la variable ambiental sea incluía como parte del diseño y no, como componentes aislados posterior a la finalización del proyecto, que pueden ocasionar alto costo ambiental y económico para el país, situación que deben prever la SETENA considerando los hallazgos encontrados por este Departamento (…)”.\n\nA partir de ello, se entiende que desde la etapa de planificación del proyecto, CONAVI debía contemplar los pasos de fauna, pues es claro que existe peligro de accidentes con animales durante la operación de la Ruta Nacional No. 32.\n\nDe otra parte, CONAVI intentó achacar responsabilidad al ICAA, pero tampoco es de recibo, pues es la primera entidad mencionada la desarrolladora del proyecto, por medio de China Harbour Engineering Company (CHEC) y no el ICAA, institución que en todo caso, desde al año 2018, indicó su incompetencia en la obra. Al respecto, por oficio PRE-2018-00312 de 19 de abril de 2018, manifestó: “(…) De acuerdo con lo expuesto en varias oportunidades por el lng. Javier Valverde, Subgerente Gestión Sistemas Periféricos, me permito ratificar la posición del AyA con relación a la reubicación de las tuberías de abastecimiento de agua ubicadas en la zona del retiro de la carretera ruta 32 que va a ser ampliada por la empresa CHECK. Al respecto, le indico que el Instituto no cuenta con los recursos presupuestarios para financiar la reubicación de las tuberías, dichos costos no se han incluido en ninguna fijación de tarifas aprobadas por la ARESEP, por lo que no podremos cubrir los costos de la reubicación y de acuerdo con lo conversado, los mismos serán cubiertos por el proyecto que usted dirige con la colaboración del AyA en todo lo que se refiere a la inspección de las obras que eventualmente se lleguen a contratar (…)”.\n\nEn virtud de lo expuesto anteriormente, se tiene que existe responsabilidad del CONAVI en la omisión de construir y habilitar los pasos de fauna en los tramos de la Ruta Nacional No.32 en los que se han efectuado obras de rehabilitación y ampliación, así como de diseñar, planificar y disponer lo correspondiente para la construcción de los pasos en las zonas que próximamente serán intervenidas, en la vía anteriormente citada, tal como lo identificó SETENA, poniendo en riesgo que el proyecto pueda culminarse con adecuado respeto a la protección ambiental que debe brindarse. Es menester indicar que si existe un conflicto entre el CONAVI y China Harbour Engineering Company (CHEC), eso es un conflicto que debe ser discutido en la vía ordinaria (administrativa o jurisdiccional), pero sin que ello conlleve una justificación de la falta de ejecución de obras correspondientes a los pasos de fauna. De tal forma, para fines de este proceso, deberá CONAVI realizar las obras correspondientes, sin perjuicio que esa institución realice el cobro correspondiente a la empresa contratada para las obras, en caso de que en la vía común se determine que es responsabilidad de esta la construcción de los pasos de fauna. Ergo, se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente contra el CONAVI.\n\nVI.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA HERNÁNDEZ LÓPEZ RESPECTO DEL RECLAMO POR INFRACCIÓN DEL ARTÍCULO 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA.\n\n           1. El contexto histórico que motivó en su momento la amplia intervención de la Sala en materia ambiental, ha tenido una considerable variación que impone a este órgano reconsiderar las condiciones para su participación en el aseguramiento del derecho de las personas a un ambiente sano y equilibrado, tal y como ha sido tutelado en el artículo 50 de la Constitución Política. En efecto, la situación actual –caracterizada por una amplísima producción legal y reglamentaria que incluye reglas de fondo, procedimientos y creación de órganos para el cumplimiento de lo ordenado en la Carta Fundamental- es radicalmente diferente de la anterior, en la cual la ausencia de normativa y de instancias estatales con competencia apropiada,  le impuso a la Sala un papel de protagonista, casi único, en la defensa del precitado derecho constitucional.\n\n2. Hoy en día, nos encontramos frente  a un “denso entramado” de normativa ambiental, lo cual ha producido dos fenómenos relevantes: el primero y más obvio, es el surgimiento de una abarcadora regulación jurídica respecto de actividades cuya incidencia en el ambiente estaba poco o nada ordenada, así la creación de órganos estatales con potestades de vigilancia y control sobre los efectos de la actividad humana en el entorno. El segundo fenómeno consiste en que esa creciente juridificación  –predominantemente legislativa y reglamentaria–  trae aparejada una ineludible entrada en escena tanto de la justicia administrativa como de la jurisdicción ordinaria -prioritariamente la contencioso administrativa, pero también la penal. En ellas, acorde con la importancia del derecho ambiental, se han regulado de forma amplia vías procesales y medios de legitimación incluyentes, de manera que los administrados puedan hacer valer lo establecido en ese amplio orden jurídico que se relaciona con el tema ambiental.\n\n          3. En ese contexto, no resulta apropiado jurídicamente, ni desde el punto de vista funcional, que la Sala Constitucional desplace,  o -peor aún- sustituya, a los órganos de justicia ordinarios en la realización de su tarea, también de rango constitucional, de velar por el efectivo cumplimiento de leyes y reglamentos. Es impropio jurídicamente porque en la inmensa mayoría de estos casos lo que se solicita es que interprete y haga valer normas legales y reglamentarias con lo que arriesga traslapar sus competencias con las de otros órganos jurisdiccionales que –ellos sí- han sido creados para ejecutar tales tareas; y resulta también funcionalmente incorrecto, porque el diseño de sus procesos se aviene mal con la complejidad que está presente en numerosos conflictos ambientales que se componen de series de hechos y actos técnica y jurídicamente complejos.  Sobre ambas cuestiones existen conocidos ejemplos en los que la Sala ha arrojado una resolución a medias o técnicamente incompleta, o bien se han generado fricciones innecesarias y afectación de la seguridad jurídica.\n\n4. Como parte de los aspectos técnicos que he valorado, añado que está el hecho de que esta jurisdicción no cuenta con jueces ejecutores de sentencia que permitan darle seguimiento adecuado a las mismas -generalmente complejas-, que implican en ocasiones el seguimiento de planes remediales, entre otros, con coordinación interinstitucional y seguimiento de meses y hasta años.\n\n5. Desde esa perspectiva, la decisión de dar un paso al lado en la materia ambiental por parte de este Tribunal no debe ser vista como un abandono de la materia ambiental, sino al contrario, de su adecuada tutela en la instancia que mejor se aviene a la naturaleza de su complejidad y diversidad. Asimismo tampoco debe ser visto como la declinación de esta instancia en su tarea de protección de los derechos constitucionales que le imponen la Constitución Política y su Ley Orgánica, que desde mi punto de vista, queda reservada en esta materia para casos específicos. Se trata  más bien, de un ejercicio de reacomodo de las cargas y tareas que corresponden a los distintos órganos estatales, de manera que cada uno de ellos, pueda desplegar plenamente su labor dentro del ámbito que se le ha asignado, así como del ejercicio de fijar su propia competencia, según lo establece el artículo 7 de su Ley Orgánica.\n\n6. Queda claro que la Sala no se plantea abandonar a otras jurisdicciones la labor de protección de los derechos de las personas en materia ambiental. Es conocido que si bien todo reclamo por infracción de normas legales y reglamentarias puede ser reconducido hasta el ámbito constitucional, existen casos cuya resolución no exige más que la aplicación del derecho de la Constitución.  Se trata entonces de lograr que la Sala se convierta en protagonista junto con otros, de manera que –entre todos y cada uno en su espacio- se pueda cubrir toda la variedad de situaciones que presenta una protección del derecho a un medio ambiente sano y equilibrado dentro de una sociedad en la que también existen otras necesidades igual de acuciantes.  Con esta posición creo firmemente que el ciudadano no pierde un ápice de protección pero se gana sustancialmente en amplitud, en perspectiva y en respeto al equilibrio y distribución de poderes, principio este último de obligada consideración, puesto que rige la dinámica constitucional de cualquier sistema liberal y democrático como el nuestro.-\n\n7. En línea con lo anterior, sostengo que esta Sala debe abstenerse de conocer los reclamos que se le presenten por supuesta infracción al artículo 50 de la Constitución Política para dejar en manos de la justicia administrativa y la jurisdicción contenciosa administrativa su conocimiento. Lo anterior se deja afirmado con carácter general, sin perjuicio de reconocer la existencia de casos particulares o grupos de casos que, según mi criterio, si resultarían aún mejor tutelados por esta Sala y por tanto deben ser conocidos y resueltos por ella.- Dentro de tales grupos de casos, y sin que esta enunciación pueda considerarse como una lista cerrada y definitiva, puedo señalar que la Sala debe reservarse el conocimiento de situaciones como por ejemplo los reclamos por infracciones ambientales que además pongan en riesgo directo la salud de las personas, o el acceso o calidad del agua; los casos de violaciones groseras y directas al ambiente y en los cuales se constate una palmaria ausencia de la protección por parte de las autoridades estatales, siempre y cuando además la naturaleza del reclamo permita ser abordado mediante el instrumento del amparo como instituto procesal sumario y especial, ya que estimo que tampoco se debe “ordinariar” el amparo para abordar, aún en estos casos citados, temas que rebasen la capacidad de ser atendidos adecuadamente en el mismo.\n\n8. En el caso concreto, de conformidad con los hechos probados no se presenta ninguna de las excepciones que mencionan y la situación planteada se ubica dentro de aquellos casos en las que la intervención de los medios de protección de la Administración y la justicia ordinaria, resultan ser una vía más amplia y completa para el tema discutido, el cual involucra una discusión sobre ventajas y desventajas y valoración de los beneficios, que requiere abundante prueba, seguimientos y estudios que exceden el ámbito del amparo. De tal modo, debió aplicarse el artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y rechazar de plano el recurso, no obstante, al no haber ocurrido así, procede ahora declarar sin lugar el amparo interpuesto\n\nVII.- VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. La protección a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en el Ordenamiento Jurídico Costarricense, está tutelado no solo en el artículo 50, de la Constitución Política, sino también en una serie de leyes y decretos ejecutivos (reglamentos) vigentes, tales como la Ley Orgánica del Ambiente, Ley N° 7554 de 4 de octubre de 1995; la Ley de Biodiversidad, Ley N° 7788 de 30 de abril de 1998; la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, Ley N° 7317 de 21 de octubre de 1992; y el Decreto Ejecutivo N° 31849 de 24 de mayo de 2004, Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), para citar solo algunos. Esto hace necesario, en materia ambiental, separar el control de constitucionalidad del control de legalidad. En este sentido, es criterio del suscrito que esta Sala, por vía de amparo, solo debe conocer un asunto en que se alega violación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, si la Administración no ha intervenido aún y cuando la violación a ese derecho sea manifiesta y evidente, de fácil constatación, de cierta importancia o gravedad y que afecte, de forma directa, a alguna persona o comunidad en concreto. De lo contrario, el tema debe plantearse y discutirse en la vía de legalidad. Por ello, el simple incumplimiento de obligaciones y deberes impuestos legalmente a las diversas administraciones públicas en materia ambiental es propio de ser conocido en la vía de legalidad –administrativa o jurisdiccional-, donde, con mucha mayor amplitud, podrán fiscalizarse los incumplimientos u omisiones que se acusen. Debe tenerse presente que el recurso de amparo es un proceso sumario, informal, sencillo y rápido, de manera tal, que desde el momento mismo en que la Administración interviene en un asunto ambiental, en ejercicio de sus competencias, y sustancia un procedimiento, con el dictado de actos administrativos, su conocimiento resulta ajeno al ámbito de acción de esta jurisdicción especializada. Por ello, la revisión de las actuaciones administrativas llevadas a cabo en torno a un tema ambiental que requiera, para su correcta valoración, de un proceso de conocimiento pleno, solo es posible en la jurisdicción ordinaria, toda vez que el diseño del proceso de amparo es incompatible con la contrastación o revisión de criterios técnicos o jurídicos elaborados al amparo de las normas legales o reglamentarias vigentes o con la evacuación de nuevos y mayores elementos de convicción necesarios para la contrastación o revisión de los criterios que ya consten en el expediente administrativo del caso. Lo contrario implicaría transformar el amparo en un proceso ordinario de pleno conocimiento, con lo cual se desnaturalizaría y se tornarían nugatorios los fines para los cuales ha sido diseñado, con lo cual, perdería, su condición de instrumento para la tutela eficaz de los derechos fundamentales. Como consecuencia de lo anterior, estimo que cuando un ente u órgano público ha intervenido, en diversas formas, o ha dictado actos administrativos en relación con un asunto ambiental, su conocimiento y fiscalización corresponde a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo. Es, precisamente, la verificación de la existencia de esa intervención administrativa lo que determina que el asunto sea competencia de la vía legalidad. En consecuencia, este recurso debió haberse rechazado de plano en cuanto a este extremo se refiere, ya que su objeto es una cuestión propia de ser discutida, analizada y resuelta en la vía de legalidad. Empero, como no se hizo así, lo procedente es declararlo sin lugar, sin hacer pronunciamiento alguno con respecto al fondo de la cuestión planteada por corresponderle a la jurisdicción ordinaria, en específico, a la contencioso-administrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas acusadas se ajustan o no, en sustancia, a lo preceptuado en el ordenamiento jurídico de rango legal, en cuanto a la protección, tutela y conservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.\n\nVIII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPor tanto:\n\n Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente contra el CONAVI. Se ordena a Mario Rodríguez Vargas, en condición de Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), o a quien ejerza tal cargo, tomar las medidas correspondientes para que en el plazo de TRES MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se construyan y habiliten los pasos de fauna en los tramos de la Ruta Nacional No. 32 que ya fueron intervenidos en el proyecto de rehabilitación y ampliación de esa vía. Asimismo, que disponga lo correspondiente para que, en el mismo plazo, se diseñe y planifique la construcción de los demás pasos de fauna en los tramos de la misma ruta que serán intervenidos próximamente, de la forma en que lo ha previsto SETENA, y, en su momento, se ejecute su debida construcción. Lo anterior bajo la advertencia que, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la cumpliere o hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al CONAVI al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a la presente declaratoria, los cuales se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En lo demás se declara sin lugar el recurso. La Magistrada Hernández López salva el voto y declara sin lugar el recurso en todos los extremos. El Magistrado Salazar Alvarado salva el voto y declara sin lugar el recurso en todos sus extremos. Notifíquese.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nNancy Hernández L.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\n\n\nJorge Araya G.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nAnamari Garro V.\n\n\n\n\nAlicia Salas T.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nMauricio Chacón J.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n*ANCBLNANG9461*\n\n ANCBLNANG9461\n\n1\n\n \n\nClasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 09-05-2026 08:56:42.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "Large\nNormal\nSmall\nConstitutional Chamber\n\nResolution No. 01189 - 2021\n\nResolution Date: January 22, 2021 at 09:15\n\nExpediente: 20-020651-0007-CO\n\nDrafted by: Jorge Araya Garcia\n\nAnalyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER\n\n\n\nRelevance Indicators\n\nRelevant ruling\n\n\n\nContent of Interest:\n\nType of content: Majority vote\n\nBranch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS\n\nTopic: EXECUTIVE BRANCH\n\nSubtopics:\n\nINFRASTRUCTURE AND CONDITIONS.\n\n001189-21. EXECUTIVE BRANCH. ON THE OBLIGATION OF THE STATE AND ITS INSTITUTIONS IN ENVIRONMENTAL PRESERVATION AND THE APPLICATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT. CASE OF DELAYS IN THE CONSTRUCTION OF ROUTE 32. CONAVI IS ORDERED, WITHIN A PERIOD OF THREE MONTHS, TO BUILD AND ENABLE WILDLIFE CROSSINGS IN THE SECTIONS OF NATIONAL ROUTE NO. 32 THAT HAVE ALREADY BEEN INTERVENED IN THE REHABILITATION AND EXPANSION PROJECT OF THAT ROAD. LIKEWISE, TO ARRANGE WHAT IS CORRESPONDING SO THAT, WITHIN THE SAME PERIOD, THE OTHER WILDLIFE CROSSINGS IN THE SECTIONS OF THE SAME ROUTE THAT WILL BE INTERVENED SHORTLY ARE DESIGNED AND PLANNED, IN THE MANNER PROVIDED BY SETENA, AND, IN DUE COURSE, THEIR PROPER CONSTRUCTION IS CARRIED OUT.\n\nRE/CO\n\n... See more\nText of the resolution\n\n*200206510007CO*\n\nExp: 20-020651-0007-CO\n\nRes. No. 2021001189\n\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours fifteen minutes on January twenty-second, two thousand twenty-one.\n\nAmparo action processed in expediente number 20-020651-0007-CO, filed by WALTER BRENES SOTO, identity card 0206450800, against the NATIONAL ROAD COUNCIL (CONAVI), the NATIONAL ENVIRONMENTAL TECHNICAL SECRETARIAT (SETENA), and the COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS (ICAA).\n\nWhereas:\n\n1.- By brief filed via Online Filing and incorporated into the electronic file at 08:04 hours on November 10, 2020, the petitioner files an amparo action against the National Road Council (CONAVI), the National Environmental Technical Secretariat (SETENA), and the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (ICAA). He states that the respondent authority had committed to carrying out the construction of a series of wildlife crossings (pasos de fauna) in the design, rehabilitation, and expansion project for National Route No. 32, Braulio Carrillo highway. However, he claims that, as of the date the action was filed, said institution still lacked the budget for said construction. He considers that the facts set forth imply a violation of Articles 21, 41, and 50 of the Political Constitution. He requests that the action be granted.\n\n2.- By resolution at 18:12 hours on November 12, 2020, this amparo action was admitted and a report was requested from the Director of the National Road Council (CONAVI).\n\n3.- Mario Rodríguez Vargas, in his capacity as Executive Director of CONAVI, renders a report under oath. He states that the design, rehabilitation, and expansion project for National Route No. 32 has not yet been completed. He points out that the delivery date is scheduled for the month of March 2021, so it is not admissible to state that the wildlife crossings (pasos de fauna) have not been built, given that 11 wildlife crossings have been built, 8 are yet to be built, and 8 present construction difficulties, for which other alternatives are being analyzed. He alleges that the petitioner is incorrect in stating that there is no budget to build the wildlife crossings, as, according to the National Route No. 32 Executing Unit, in official communication UE-DRA-RN32-010-2020-2030 (561), the project was agreed upon as a \"lump sum\" (suma alzada) and for said concept the contractor company must, in principle, execute all the works inherent to the project. In addition to the above, he points out that in the aforementioned official communication, the Manager of the National Route No. 32 Executing Unit stated: \"(...) as part of the procedures for the environmental management of the project, mitigation measures have been contemplated, such as Wildlife Crossings (Pasos de Fauna), which originated in the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) prepared at the request of the company CHEC and which was duly approved under the Environmental Viability of the project with Resolution 2207-2016-SETENA of December 2, 2016. The Petitioner alleges an infringement of fundamental rights due to the development of the project; official communication UE-DRA-RN32-010-2019-1271(563) clearly details the points for wildlife crossings and the situation of their financing aimed at addressing the citizen inquiry. It should be clarified that the crossings approved in the Environmental Viability have undergone modifications in their location and dimensions for technical execution reasons, under criteria that justify said variation; however, the number of wildlife crossings remains unchanged (...) given that the number and conditions of the wildlife crossings were determined in the environmental impact assessment prepared at the request of the company CHEC and approved by SETENA, considering that these actions occurred on dates after the Contractor company submitted its offer to the Administration; this led to a process currently underway to resolve a dispute between the contracting parties in order to determine whether or not the construction of the wildlife crossings is included within the scope of the project. If it is determined by the parties or an Arbitration Tribunal that the works are included within the scope of the project, the contractor company CHEC shall be responsible for the construction of those works. Otherwise, if it is determined that the wildlife crossings are not in the original contract, the Administration shall be responsible for their construction and the resources for this could come from the more than nine million dollars whose return this Executing Unit has requested from the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers through official communication UE-DRA-RN32-001-2020-1877 (693) dated October 12, 2020, which derive from the amount invested in the expansion project of National Route No. 32 in works related to the relocation of aqueducts that were impeding the execution of the road work; a payment request authorized by Article 14 of Law No. 9293 (...)\". Likewise, he alleges that in official communication UE-DRA-RN32-010-2019-1271 (563) of October 11, 2020, CONAVI stated: \"(...) CONAVI, as the project developer, assumes the responsibility to comply with what is established in the environmental viability resolution No. 2207-2016-SETENA. (...) What I stated verbatim in my official communication is that: '…neither at the time of the project's definition nor at this moment does specific legislation or mandatory regulations exist in the country for the inclusion of these elements within road infrastructure projects, which also leads to many technical and legal gaps that cause uncertainty in the public investment to be made for the implementation of these elements.' The foregoing is entirely true. Neither at the time of the project's definition nor to date does specific legislation or mandatory regulations exist for the inclusion of wildlife crossings (pasos de fauna) within road infrastructure projects at any of their stages (planning, design, construction, and operation). The foregoing implies that there are technical and legal gaps that support the investment of public funds that the Administration will incur in the implementation of these elements in the project. However, as also indicated in the official communication, as part of institutional responsibility and a process that has been applied in other projects, the MOPT-CONAVI included at the time an analysis for the inclusion of these elements within the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) of the project, and it has remained an environmental commitment of the project, which will be carried out as committed and within what is technically possible and justifiable (...) The environmental commitments established in the cited resolution have been applied since the start of the project. Regarding the wildlife crossings, these are elements whose nature presupposes their use in the operational stage of the project and not before. For this purpose, they will be built, once the necessary funds are available, during the construction stage. Mitigation measures have been taken, such as the rescue and relocation of species during clearing processes and when any specific event has occurred. (...)\". He explains that the wildlife crossings, in the event they are not built within the management project, or are built using the Administration's own resources, could be financed from resources requested in official communication UE-DRA-RN32-001-2020-1877 (593), which was addressed to the Executive Director of ICAA, stating the following: \"(...) this Executing Unit hereby reminds you that in the road works project executed on National Route No. 32, the relocation of service along both sides of the road (left side and right side) of 74.69 kilometers of aqueducts, which are the responsibility of your represented entity, has been carried out through the Contractor company CHEC; therefore, as provided in Article 14 of the Law Approving the Financing for the Rehabilitation and Extension Project of National Route No. 32, Section Junction Route 4 - Limón, Law No. 9293, we respectfully request that, in your capacity as Executive President of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, you issue the necessary instructions so that the pertinent actions are taken to transfer, as soon as possible, the sum of $9,026,617.22 in favor of CONAVI, corresponding to the amount that this Council has had to invest in the road works project for the relocation of the aqueducts located within the right-of-way of National Route No. 32 (...)\". Based on the foregoing, he alleges that the wildlife crossings (pasos de fauna) are contemplated in the design, rehabilitation, and expansion project for National Route No. 32, but since the work is not complete, there are pending tasks to be performed, among them, the wildlife crossings. Furthermore, he argues that it needs to be determined whether the wildlife crossings are included within the scope of the project, in which case they would be financed with the budget allocated for it.\n\n4.- By resolution at 15:21 hours on November 20, 2020, the scope of this proceeding was expanded and a report was requested from the Secretary of the National Environmental Technical Secretariat (SETENA) and from the Executive President of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (ICAA). In addition, the Executive Director of CONAVI was requested to provide the works schedule concerning the construction of wildlife crossings and to indicate whether there is any remedial plan to be executed in the event that the crossings are not ready by the time the works on Route No. 32 are delivered.\n\n5.- Mario Rodríguez Vargas, in his capacity as Executive Director of the National Road Council (CONAVI), renders a report under oath. He states that, in accordance with official communication UE-DRA-RN32-010-2020-2177 (561) of November 24, 2020, the Manager of the National Route No. 32 Executing Unit indicated the following: \"(...) As part of the procedures for the environmental management of the project, mitigation measures have been contemplated; if the construction of the wildlife crossings (pasos de fauna) cannot be completed before the project closing phase, Preventive Signage will be included on the route warning drivers of the presence of wildlife. We are analyzing solution proposals for mobile Vehicle Restraint Systems for the median at hot spots for wildlife crossings, their feasibility, and permeability. We are currently analyzing sites for overpasses using imaging systems (Drones) to ensure the connectivity of the proposed sites. We do not consider a remedial plan necessary by virtue of the fact that the wildlife crossings are under execution and they should be operational when the project ends (...)\". Based on the content of the partially transcribed official communication, he considers that CONAVI has not issued acts or maintained omissions that harm any fundamental right. He requests that the action be dismissed.\n\n6.- Yamilette Astorga Espeleta, in her capacity as Executive President of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, renders a report under oath. She states that from the various statements provided in this proceeding, both by the petitioner and the respondents, it is evident that there is an attempt to delegate to ICAA a responsibility that does not organically fall within its competence. She alleges that what was said by the Manager of the CONAVI Executing Unit is contrary to the spirit and scope of Article 176 of the Political Constitution, as that official seeks to evade his responsibilities for a supposed disbursement of financial resources from her represented entity and transfer the obligation to ICAA. She affirms that the design, construction, and financing of the wildlife crossings (pasos de fauna) is an exclusive obligation of CONAVI, without any competence existing for ICAA. She explains that CONAVI sent official communication UE-DRA-RN32-001-2020-1877 of October 12, 2020, requesting that the necessary instructions be issued to transfer, in favor of CONAVI, the sum of $9,026,617.22 corresponding to the amount that the road works project had to invest for the relocation of the aqueducts located in the right-of-way of National Route No. 32; however, in response to said request, official communication PRE-2018-00312 of April 19, 2018, was issued, stating: \"(...) In accordance with what was stated on several occasions by Eng. Javier Valverde, Deputy Manager of Peripheral Systems Management, I hereby ratify the position of AyA regarding the relocation of water supply pipes located in the setback area of Route 32 highway that will be expanded by the company CHECK. In this regard, I inform you that the Institute does not have the budgetary resources to finance the relocation of the pipes; said costs have not been included in any tariff setting approved by ARESEP, so we will not be able to cover the relocation costs and, according to what was discussed, these will be covered by the project you direct with the collaboration of AyA in everything concerning the inspection of the works that may eventually be contracted (...)\". Based on the foregoing, it is clear that ICAA did not assume any payment commitment to CONAVI regarding the location of public services or the financing of protective works for wildlife on Route 32. She asserts that this was communicated to CONAVI authorities since 2018, and they were informed that it was the responsibility of that institution to assume the costs of the relocations. She argues that, based on the foregoing, there is no basis for what was said by CONAVI authorities regarding the wildlife crossing works not having been executed because ICAA has not paid the supposed costs of relocating drinking water and sanitation services. She insists that the cost of these works is CONAVI's responsibility. She requests that the action be dismissed.\n\n7.- Cynthia Barzuna Gutiérrez, in her capacity as General Secretary of the National Environmental Technical Secretariat (SETENA), renders a report under oath. She states that by resolution No. 2207-2016-SETENA of December 2, 2016, environmental viability was granted to the expansion project of National Route No. 32, with the following characteristics: \"(...) The Project 'Rehabilitation and Expansion of National Route No. 32 Section: The Junction with National Route No. 4 – Limón' consists of a road works project on an existing road, which involves the design, rehabilitation, and expansion of National Route number 32 to four lanes with all the components of such a road (...), spanning a length of 107.2 km, from kilometer 49+200 near the junction with route number 4, to kilometer 156+850 near Parque Vargas in the city of Limón (...) The project covers, first, the development of the final site design with the definitive definition of all components, in structural, technical, and logistical terms; up to the construction of the two new roadways with their respective bridges, and the rehabilitation of the existing roadways and the reinforcement of existing bridges, both in live load capacity and in seismic capacity and resistance, to obtain a four-lane route. These works will be carried out within the right-of-way of the current National Route number 32, focusing most of the works on the right side in the San José-Limón direction, but with some interventions on the left side for new road components (sections of return lanes, frontage roads, accesses to properties and communities, bus bays, at-grade and grade-separated intersections, bike lanes, sidewalks, drainage system, shoulders, pedestrian bridges, among others). The components to be developed have been defined through the contract and Law 9293 Approving the financing established between the People's Republic of China and the Republic of Costa Rica, and these will be redefined in terms of locations and constructive technical aspects once the start of the works is approved and with the development of the final Site design (...)\". She indicates that within the project components, fifty-one wildlife crossings (pasos de fauna) were potentially indicated, with the quantity depending on the final design of the works and the recommendations of the studies carried out. She explains that all project components involve design analysis and adjustment according to structural needs and road users, with the analysis depending on the results obtained from the technical studies and the consultation processes intended to be carried out with the people from the localities affected by the project. Thus, the project may be improved without affecting the environmental variables that have been evaluated. She states that by resolution No. 1239-2019-SENTENA of April 25, 2019, the legal representative of CONAVI was ordered to comply with the provisions of resolution No. 2207-2016-SETENA and to correct what was evidenced in the environmental compliance inspection carried out in March 2019. Among the corrective actions mentioned was the execution of wildlife crossings as part of the environmental commitments. In addition to the above, she points out that by resolution No. 2135-2019-SETENA of July 5, 2019, the legal representative of CONAVI was again ordered to comply with resolution 2207-2016-SETENA, essentially in the implementation of measures for the management and disposal of ordinary, special, and hazardous waste, management of spoil tips, and construction of wildlife crossings. Subsequently, she points out that by resolution No. 2572-2019-SETENA of August 8, 2019, the legal representative of CONAVI was ordered to submit the definitive list of the location of the wildlife crossings, as well as the coordinates, characteristics, and justification for the modifications made, considering what was evaluated. Likewise, by resolution No. 1458-2020-SETENA of August 19, 2020, among other things, the legal representative of CONAVI and the environmental regency GAPRO S.A. were again ordered, within a period of sixty business days, to proceed to: \"(...) Provide the definitive list of wildlife crossings, characteristics of the type of crossing, dimensions, location elevation, CRTM05 coordinates, and shape file. Provide the technical-professional endorsement that specifically justifies the reason for the modifications of wildlife crossings made. Said justification must present an equal or greater number of variables than those studied and analyzed by Pomareda et al. 2016. Including for changes in complementary measures for the effectiveness of the crossings (High Mesh, Low Mesh, Sound Strips, speed reducer, and signage). Indicate at what stage and percentage of project progress each wildlife crossing should be implemented. It is necessary that in matters of Wildlife Management (rescue and relocation) and Wildlife Crossings, there be a field presence of biology professionals to verify compliance with environmental commitments. There is a lack of clarity regarding the dimensions and distances of the complementary measures to be implemented (meshes, signage, sound strips, logarithmic strips, reducers) that guarantee the effectiveness of wildlife crossings, therefore these must be detailed for each of the proposed crossings (...)\". However, on November 5, 2020, and through official communication No. 09712-2020, the developer submitted a request for an extension to comply with resolution No. 1458-2020-SETENA. Regarding the reasons for requiring the construction of biological crossings, she explains that according to environmental impact assessments, a potential footprint was determined due to the occurrence of wildlife accidents during the operation and maintenance phase of the project. Thus, fifty-five actions were outlined as part of the study and environmental measures for wildlife. Therefore, the construction of wildlife crossings forms part of the environmental commitments undertaken by the developer. In this regard, she adds: \"(...) As mentioned, the project predicted the occurrence of the impact and incorporated into its design the construction of wildlife crossings (pasos de fauna), which, according to Pomareda et al. (2016), the most cost-effective opportunities for environmental mitigation arise during the construction planning phase, that is, during the project design process, where, prior to executing the work, it becomes essential to have an understanding of the potential impacts it may generate. Hence, the EIA process is considered the first step in the conception of high-impact projects, where the environmental variable is included as part of the design and not as isolated components after the project's completion, which can cause high environmental and economic costs for the country; a situation that SETENA must foresee considering the findings found by this Department (...)\". She mentions that between November 25 and 26, 2020, an inspection was carried out by the Environmental Audit and Monitoring department, and regarding the wildlife crossings, it was indicated: \"(...) Of 51 wildlife crossings originally proposed in the EsIA, 28 sites related to land works were audited. The remaining 23 sites correspond to aerial crossings that, due to the degree of project progress, have not been implemented (...) Of the 28 sites visited, 82.1% correspond to dual-purpose structures, that is, they are drainage works (culverts or bridges) contemplated in the original design that must be adapted to fulfill a wildlife crossing function. The remaining 17.8% are exclusive crossings. No exclusive wildlife crossing has been built. The absence of the crossing structure for the Jaguar in the Universidad Earth sector is noteworthy. It is a matter of concern and alarm that the contractor company has placed an asphalt layer on the right-of-way, so the implementation of this measure is uncertain. There are still areas without intervention where exclusive wildlife crossings must be built; therefore, it is the ideal moment to implement them as an integral part of the project. Only 20 wildlife crossing structures have been built, all of them dual-function, of which 7 do not meet the measures proposed in the biological study approved by SETENA. None of the 20 constructed audited sites have the necessary adaptations to fulfill an adequate function as a wildlife crossing. Therefore, they are merely culverts where the hydraulic capacity is still unknown. At K85+577, a work with dimensions of 245m x 2.4m was observed that allows passage between farms dedicated to pineapple cultivation. Likewise, at K126+378, there is a crossing with dimensions of 5.25m x 4.55m that currently functions for banana transportation between farms. These works are intended to be adapted as wildlife crossings; however, the sites are not part of the points identified in the biological study contained in the EsIA, nor do they contain a scientific technical justification that allows them to be validated as a wildlife crossing (...)\". She explains that the wildlife crossings as an environmental measure were established based on the results of a scientific research process. She states that work progress on Route No. 32 is approximately 35%, so it is not possible to attribute the occurrence of wildlife accidents to the expansion of the aforementioned highway, because the project execution is carried out in parallel to the regular and constant operation that the route has had for decades, which has high vehicular traffic, and coupled with the lack of lighting, signage, and driver road education, has presented a high incidence of roadkill, even prior to the project's development. She indicates that environmental monitoring has been provided for the project under discussion in this proceeding, and that recently, technical monitoring report No. INF-TEC-DT-ASA-0645-2020 of December 1, 2020, was issued, based on which a series of recommendations were made to the Plenary Commission, in relation to environmental monitoring, among which are those referring to the wildlife crossings. Among the main recommendations, she points out the following: \"(...) FIRST. Approve the request for an extension to the period granted in Resolution No. 1458-2020, granting an additional non-extendable period of 30 business days, which take effect from the business day following the notification of this Resolution. SECOND: Order Mario Rodríguez Vargas, identity card 3-0189-0060, Legal Representative of the National Road Council (CONAVI), with legal identification number 3-007-231686, and the environmental regency GAPRO S. A, with environmental consultant number EC-004-2002-SETENA, to immediately rectify the non-compliances evidenced by this Secretariat, for which a single period of 30 business days is granted to comply with the following actions, which ratify and complement what was requested in Resolution No. 1458-2020 (...) I. Comply with the establishment of an identification and monitoring program for critical points for the prevention of accidents with wildlife, during the construction and operational phases of the project. Constant monitoring of Wildlife during all stages (planning, construction, and operation) of the road project allows for the capacity to foresee and record impacts on it. The Wildlife Monitoring Program must include: responsible parties, schedule, methodology, monthly reports on the monitoring results, actions in response to identified impacts, effectiveness of the implemented measures. Therefore, it is necessary that in matters of Wildlife Management (rescue and relocation) and Wildlife Crossings, there be a field presence of biology professionals who lead the monitoring program and validate the functionality of the wildlife crossings to be established and verify the faithful fulfillment of this environmental commitment. J. Immediately apply vertical signage to reduce the collision of animals at critical points with a high incidence of wildlife roadkill. Road signage is a tool that can be used temporarily during the project construction to reduce animal roadkill while the wildlife crossing is permanently established. As a complement to the signage, speed reducers or logarithmic strips can be used to indicate to the driver the need to reduce speed, as they are approaching areas with a high incidence of wild animal roadkill (...) R. Provide the definitive list of wildlife crossings, characteristics of the type of crossing, dimensions, location elevation, CRTM05 coordinates, and shape file. S. Indicate at what stage and percentage of project progress each wildlife crossing should be implemented and the compliance status of each crossing. T. There is a lack of clarity regarding the dimensions and distances of the complementary measures to be implemented (meshes, signage, sound strips, logarithmic strips, reducers) that guarantee the effectiveness of the wildlife crossings, therefore these must be detailed for each of the proposed crossings. U. Provide the technical-professional endorsement that specifically justifies the reason for the modifications of wildlife crossings made. Said justification must present an equal or greater number of variables than those studied and analyzed by Pomareda et al. 2016. Including for changes in complementary measures for the effectiveness of the crossings (High Mesh, Low Mesh, Sound Strips, speed reducer, and signage) (...)\". Based on the foregoing, she considers that SETENA has complied with the environmental monitoring of the project and has ordered the corresponding actions in this regard, including those related to the wildlife crossings.\n\nIt states that when activities, works, and projects fail to meet a condition of environmental equilibrium, or fail to comply with the imposed environmental commitments and conditions, corrective measures may be ordered, or, depending on the condition of environmental risk implied by the situation, the sanctioning actions established in the regulations may be applied. It concludes that the result of the environmental control and monitoring (control y seguimiento ambiental) process carried out by SETENA has demonstrated that the project exhibits a degree of compliance with environmental commitments and control of negative environmental impacts that is not acceptable. It explains that the observed non-compliance may be considered a risk to the condition of environmental equilibrium of the project, especially due to the repetitive nature of the non-conformities evidenced, the limited progress, and the uncertainty that exists regarding the construction of wildlife crossings (pasos de fauna) due to a contractual conflict between the developer and the contractor. It adds that, in matters of environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental), the existence of contractual conflicts between the developer and contractor should not and cannot be considered a justification for prolonging the effective execution of environmental control measures. Based on the foregoing, it requests that the appeal be declared without merit with respect to SETENA.\n\n8.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.\n\nDrafted by Judge Araya García; and,\n\nConsidering:\n\nI.- PURPOSE OF THE APPEAL. The appellant alleges that CONAVI, the entity in charge of the expansion works on Ruta Nacional No. 32, has not constructed wildlife crossings, which are necessary to prevent wildlife accidents on the mentioned route and which are included in the project approved by the entities with such authority.\n\nII.- PROVEN FACTS. The following facts are deemed duly demonstrated as being of importance for the decision of this matter:\n\n1) CONAVI, through the company China Harbour Engineering Company (CHEC), is carrying out the rehabilitation and expansion works on Ruta Nacional No. 32 (an uncontested fact).\n\n2) The project was approved by SETENA through resolution No. 2207-2016-SETENA of December 2, 2016, by granting environmental viability (viabilidad ambiental), and included the construction of fifty-one wildlife crossings (reports rendered).\n\n3) SETENA, by resolution No. 1239-2019-SETENA of April 25, 2019, ordered the legal representative of CONAVI to comply with the provisions of resolution No. 2207-2016-SETENA of December 2, 2016, indicating the need for corrective actions, such as the construction of wildlife crossings (reports rendered).\n\n4) SETENA reiterated to CONAVI, through resolution No. 2135-2019-SETENA of July 5, 2019, the obligation to comply with the provisions of resolution No. 2207-2016-SETENA, essentially in the implementation of measures for the management and disposal of ordinary, special, and hazardous waste, management of spoil areas, and construction of wildlife crossings (reports rendered).\n\n5) By resolution No. 2572-2019-SETENA of August 8, 2020, SETENA requested that the legal representative of CONAVI submit the final list of the location of wildlife crossings, as well as the characteristics and justification for the modifications made (reports rendered).\n\n6) By resolution No. 1458-2020-SETENA of August 19, 2020, SETENA requested that the legal representative of CONAVI and the environmental regency (regencia ambiental) GAPRO S.A. proceed with the following within a period of sixty business days: “(…) To provide the final list of wildlife crossings, characteristics of the type of crossing, dimensions, elevation, CRTM05 coordinates, and shape file. To provide the technical-professional endorsement that specifically justifies the reason for the modifications made to the wildlife crossings. Said justification must present a number of variables equal to or greater than those studied and analyzed by Pomareda et al. 2016. This also applies to changes in the complementary measures for the effectiveness of the crossings (High Mesh, Low Mesh, Sound Strips, speed reducer, and signage). To indicate at what stage and percentage of project progress each wildlife crossing should be implemented. In matters of Wildlife Management (rescue and relocation) and Wildlife Crossings, it is necessary that there be an on-site presence of biology professionals to verify compliance with environmental commitments. There is no clarity regarding the dimensions and distances of the complementary measures to be implemented (meshes, signage, sound strips, logarithmic strips, reducers) that guarantee the effectiveness of the wildlife crossings; therefore, you must detail these for each of the proposed crossings (…)” (reports rendered).\n\n7) On October 12, 2020, through official letter UE-DRA-RN32-001-2020-1877, CONAVI requested from the Executive Presidency of the ICAA the transfer of the sum of $9,026,617.22, corresponding to the amount that, within the road works project, was to be invested for the relocation of aqueducts located in the right-of-way of Ruta Nacional No. 32, which would also serve as wildlife crossings (reports rendered).\n\n8) In response to the request of October 12, 2020, the Executive Presidency of the ICCA, without specifying the exact date, sent to CONAVI official letter PRE-2018-00312 of April 19, 2018, which states: “(…) In accordance with what has been stated on several occasions by Eng. Javier Valverde, Deputy Manager of Peripheral System Management, I hereby ratify the position of AyA regarding the relocation of water supply pipes located in the setback zone of the Ruta 32 highway that will be expanded by the company CHECK. In this regard, I inform you that the Institute does not have the budgetary resources to finance the relocation of the pipes; these costs have not been included in any tariff fixing approved by ARESEP, so we will not be able to cover the relocation costs, and according to what has been discussed, these will be covered by the project you manage with the collaboration of AyA in everything related to the inspection of the works that may eventually be contracted out (…)” (reports rendered).\n\n9) On November 5, 2020, by official letter No. 09712-2020, the developer of the Ruta Nacional No. 32 expansion project submitted a request for an extension to comply with resolution No. 1458-2020-SETENA (reports rendered).\n\n10) Between November 25 and 26, 2020, the Department of Environmental Auditing and Monitoring (Auditoría y Seguimiento Ambiental) of SETENA conducted an inspection at the rehabilitation and expansion works on Ruta Nacional No. 32, based on which it was indicated, in relevant part: “(…) There are still undisturbed areas where exclusive wildlife crossings must be built; therefore, this is the ideal time to implement them as an integral part of the project. Only 20 wildlife crossing structures have been built, all of them dual-purpose, of which 7 do not comply with the measures proposed in the biological study approved by SETENA. Of the 20 built, inspected sites, none has the necessary adaptations to function adequately as a wildlife crossing. Therefore, they are merely culverts for which the hydraulic capacity is still unknown (…)” (reports rendered).\n\n11) On December 1, 2020, SETENA issued technical monitoring report No. INF-TEC-DT-ASA-0645-2020, based on which it issued the following recommendations: “(…) FIRST. To approve the request for an extension of the deadline granted in Resolution No. 1458-2020, granting an additional, non-renewable period of 30 business days, which shall be in effect as of the business day following the notification of this Resolution. SECOND: To order Mario Rodríguez Vargas, identity card number 3-0189-0060, Legal Representative of the Consejo Nacional de Viabilidad (CONAVI), with legal entity identification number 3-007-231686, and the environmental regency GAPRO S. A, with environmental consultant number EC-004-2002-SETENA, to immediately rectify the non-compliances evidenced by this Secretariat, for which purpose a single period of 30 business days is granted to carry out the following actions, which ratify and complement what was requested in Resolution No. 1458-2020 (…) I. Comply with the establishment of a program for the identification and monitoring of critical points for the prevention of accidents with fauna, during the construction and operation phase of the project. The constant monitoring of Wildlife during all stages (planning, construction, and operation) of the road project allows for the capacity to foresee and record impacts on it. The Wildlife Monitoring Program must include: responsible parties, timeline, methodology, monthly reports on monitoring results, actions in response to identified impacts, and the effectiveness of the measures implemented. Given the foregoing, it is necessary that in matters of Wildlife Management (rescue and relocation) and Wildlife Crossings, there be an on-site presence of biology professionals to lead the monitoring program, validate the functionality of the wildlife crossings to be established, and verify the faithful fulfillment of this environmental commitment. J. Immediately implement vertical signage to reduce animal collisions at critical points with high incidence of wildlife roadkill. Road signage is a tool that can be used temporarily during the project's construction to reduce animal roadkill while the wildlife crossing is permanently established. As a complement to the signage, speed reducers or logarithmic strips can be used to indicate to the driver the need to reduce speed, as they are approaching areas of high incidence of wild animal roadkill (…) R. Provide the final list of wildlife crossings, characteristics of the crossing type, dimensions, elevation, CRTM05 coordinates, and shape file. S. Indicate at what stage and percentage of project progress each wildlife crossing should be implemented and the compliance status of each crossing. T. There is no clarity regarding the dimensions and distances of the complementary measures to be implemented (meshes, signage, sound strips, logarithmic strips, reducers) that guarantee the effectiveness of the wildlife crossings; therefore, you must detail these for each of the proposed crossings. U. Provide the technical-professional endorsement that specifically justifies the reason for the modifications made to the wildlife crossings. Said justification must present a number of variables equal to or greater than those studied and analyzed by Pomareda et al. 2016. This also applies to changes in the complementary measures for the effectiveness of the crossings (High Mesh, Low Mesh, Sound Strips, speed reducer, and signage) (…)” (reports rendered).\n\n12) As of the date the last report was received in this amparo proceeding, that is, December 17, 2020, the wildlife crossings contemplated in the project have not been constructed or enabled in the road sections where works have been executed on Ruta Nacional No. 32 (reports rendered).\n\nIII.- REGARDING THE OBLIGATION OF THE STATE AND ITS INSTITUTIONS IN THE PRESERVATION OF THE ENVIRONMENT AND THE APPLICATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT. Prior to the substantive analysis of the facts claimed in this amparo proceeding, it is pertinent to indicate that, within the framework of the Social and Democratic Rule of Law, Economic, Social, and Cultural Rights have the fundamental objective of guaranteeing the economic well-being and development of the human being and of peoples. Based on this, a subjective content and an objective content of such rights can be identified. Thus, regarding the subjective sense, welfare rights demand the general activity of the State for the satisfaction of individual or collective needs. On the other hand, the objective sense configures such rights as vital minimums that the State must safeguard in favor of individuals. The satisfaction of those needs presupposes the creation of necessary conditions and the commitment to progressively achieve their enjoyment. In the case of the Costa Rican constitutional block, we find such rights in the content of Article 50 of the Political Constitution and Article 26 of the American Convention on Human Rights. Within this framework, the right to a healthy and ecologically balanced environment (ambiente sano y ecológicamente equilibrado) is fundamental. Article 50 of the Political Constitution establishes that every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment, which shapes the Social Rule of Law in such a way that the Political Constitution emphasizes that the protection of the environment is an adequate mechanism to safeguard and improve the quality of life for all, making necessary the intervention of public authorities regarding factors that may alter its balance and hinder the individual's development and unfolding in a healthy environment. In this sense, this right manifests itself in a double aspect: as a subjective right of individuals, and as a goal or purpose of the action of public authorities in general, for which the State must guarantee, defend, and preserve it. In this sense, all activity that threatens this right must be prohibited, banned, and prevented, and actions must be deployed aimed at anticipatorily protecting the right from possible dangers, in order to make it endure for future generations. Therefore, the State must, on the one hand, refrain from itself threatening the environment, and on the other hand, must assume the task of dictating measures that allow compliance with constitutional requirements, among which are those of a preventive nature.\n\nFrom the foregoing derives the character of guarantor that the State holds regarding the conservation of a healthy and ecologically balanced environment. This obligation implies, in the terms in which this Chamber has stated on other occasions –e.g., Judgment No. 2001-13295 of 12:06 hours of December 21, 2001– that the State must take all technically possible measures to ensure that the activity it approves will not cause damage to the environment. Although the pronouncement of the responsible state body is in itself a technical matter, the duty to pronounce and the requirement of rigor is a legal matter. In general terms, the state duty to guarantee the right to a healthy environment is not reduced to satisfying a simple marginal requirement within the bidding process. The Constitution does not only require compliance with certain formalities, but rather, as stated, the use of all legally and factually possible means to preserve the environment (see, in the same sense, Judgment No. 99-005906 of 4:15 p.m. of July 28, 1999). In addition to the foregoing, this Court has indicated –e.g., Judgment No. 00-009735 of 09:06 hours of November 3, 2001, and Judgment No. 02-001645 of 11:04 hours of February 15, 2002– that in environmental matters, any omissive conduct on the part of the State that results in the decline of environmental conditions is especially serious.\n\nFurthermore, in the function of preserving the environment, the precautionary principle must be observed and applied, based on which this Chamber has indicated that in the protection of our natural resources, there must be a preventive attitude, based on which the State must arrange everything necessary –within the scope permitted by law– to prevent irreversible damage from occurring to the environment. This is also known as the principle of \"prudent avoidance,\" contained in the United Nations Conference on Environment and Development, Rio Declaration, which literally states:\n\n\"Principle 15.- In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation.\"\n\nRegarding this principle, what was stated by this Court in Judgment No. 2010-014180 of 14:35 hours of August 25, 2010, is relevant:\n\n“(…) actions must be deployed anticipatorily to avoid the negative effects of a project, and to ensure the protection, conservation, and adequate management of resources. Consequently, the guiding principle of prevention is based on the need to take and assume all precautionary measures to avoid or contain the possible impact on the environment or the health of people. In this way, if there is a risk of serious or irreversible damage –or any doubt about it– a precautionary measure must be adopted and even the activity in question postponed. The foregoing because in environmental matters, ex post coercion is ineffective, since if the biologically and socially harmful consequences have already occurred, repression may have moral significance, but it will hardly compensate for the damage caused to the environment (…)”.\n\nThus, the need arises for every State to achieve its progress hand in hand with nature, through sustainable development. In this way, it is necessary for state entities, in their function, to apply the principle of sustainable development. In this regard, this Chamber has indicated –e.g., Judgment No. 2006-013461 of 10:20 hours of September 8, 2006, and Judgment No. 2010-014180 of 14:35 hours of August 25, 2010, the following:\n\n“(…) In this context, Article 3, paragraph 4), of the aforementioned Framework Convention expressly provides that “The Parties have a right to, and should, promote sustainable development...”. Likewise, the principle of sustainable development is set forth in the 1992 Rio Declaration on Environment and Development, which provides in principle 3 the following: “The right to development must be fulfilled so as to equitably meet developmental and environmental needs of present and future generations.”\n\nUnder this principle of sustainable development, the need to achieve the country's development in order to address the social and economic insufficiencies suffered is recognized. But it proclaims that development be carried out without destroying the environment and without depleting the stocks of natural resources, allowing the use of these resources not to exceed their capacity for renewal. Therefore, the possibility of the country's development is recognized, but it should not be to the open detriment of the environment. The principle of sustainable development –widely recognized by this Court– transcends purely environmental issues, because it stands as an objective in the field of economic science, since in addition to seeking to preserve the natural resources that support human life, it also pursues efficiency in the use of resources so that development is achieved that meets the needs of present and future generations, without compromising the availability of natural resources in general. In accordance with the foregoing, sustainable resource management implies meeting the needs of countries, taking into consideration the requirements of present and future generations and balancing three main objectives: environmental, social, and economic. The foregoing, in order to reverse the trends that threaten the quality of human life and avoid an increase in costs for society. In this sense, it is necessary to stop the continuous environmental degradation with measures aimed at mitigating the negative effects of economic and social development and ensuring the existence of a sustainable link between humanity and nature. Indeed, the adoption of sustainable policies is based on the concordance between economic growth, social equity, and the conservation of natural resources, promoting the use of renewable energies and the increase of energy efficiency (see, in this sense, Judgment 2007-006315 of fourteen hours thirty-three minutes of May nine, two thousand seven). In developing this principle, this Court has stated the following:\n\n“(…) In fact, the division between renewable and non-renewable natural resources is modern, since even economic science, which concerns itself with the administration of the environment to achieve the maximum satisfaction of human needs with limited resources, did not incorporate the wear and deterioration of the environment as a tool of economic analysis until very recently.\n\nAll human life occurs in inevitable relationship with its environment, especially with the improvement of the quality of life which is the central objective that development needs, but this must be in relationship with the environment in such a way that it is harmonious and sustainable.\n\nThe environment, therefore, must be understood as a potential for development to be used appropriately, and actions must be taken in an integrated manner in its natural, sociocultural, technological, and political relations, since, otherwise, its productivity is degraded for the present and the future, and the heritage of future generations could be put at risk. The origins of environmental problems are complex and correspond to an articulation of natural and social processes within the framework of the socioeconomic development style adopted by the country. For example, environmental problems occur when the modalities of exploitation of natural resources give rise to a degradation of the ecosystems exceeding their capacity for regeneration, which leads to broad sectors of the population being harmed and generating a high environmental and social cost that results in a deterioration of the quality of life; since precisely the primary objective of the use and protection of the environment is to obtain a development and evolution favorable to the human being. Environmental quality is a fundamental parameter of that quality of life; other no less important parameters are health, food, work, housing, education, etc., but more important than that is understanding that although man has the right to make use of the environment for his own development, he also has the duty to protect and preserve it for the use of present and future generations, which is not so novel, because it is nothing more than the translation, in this matter, of the principle of \"injury\", already consolidated in common law, by virtue of which the legitimate exercise of a right has two essential limits: On one hand, the equal rights of others and, on the other, the rational exercise and useful enjoyment of the right itself. (…)” Judgment 3705-1993 of fifteen hours of July thirty, nineteen ninety-three (…)”.\n\nHaving said the foregoing, the need is recognized for any project developed, whether by the State or by a private legal subject, to go hand in hand with the environment, which is relevant for the substantive resolution of this amparo proceeding.\n\nIV.- REGARDING THE SPECIFIC CASE. In the case under examination, based on the account of proven facts and other elements appearing in the record, it is held that CONAVI has contravened the environmental principles and obligations in accordance with what was indicated in the preceding considering. It is demonstrated that this institution, through the company China Harbour Engineering Company (CHEC), is carrying out the rehabilitation and expansion works on Ruta Nacional No. 32. Said project was approved by SETENA through resolution No. 2207-2016-SETENA of December 2, 2016, through which it granted environmental viability, including the construction of fifty-one wildlife crossings, which must be built as the works progress. However, it is verified that CONAVI has failed to comply with this environmental obligation, even though through resolutions No. 1239-2019-SETENA of April 25, 2019, No. 2135-2019-SETENA of July 5, 2019, No. 2572-2019-SETENA of August 8, 2020, SETENA, and No. 1458-2020-SETENA of August 19, 2020, SETENA has compelled the observance of environmental commitments, which includes the respective construction and enabling of wildlife crossings. It is understood that the building of the crossings is contingent upon the progress of the project; however, it is demonstrated that a significant percentage of the works has been carried out without the mentioned crossings having been built or enabled. This is evidenced by three facts in particular, namely:\n\na.- That on November 5, 2020, by official letter No. 09712-2020, the developer of the Ruta Nacional No. 32 expansion project submitted a request for an extension to comply with resolution No. 1458-2020-SETENA, a pronouncement in which it was indicated: (…) To provide the final list of wildlife crossings, characteristics of the crossing type, dimensions, elevation, CRTM05 coordinates, and shape file. To provide the technical-professional endorsement that specifically justifies the reason for the modifications made to the wildlife crossings. Said justification must present a number of variables equal to or greater than those studied and analyzed by Pomareda et al. 2016. This also applies to changes in the complementary measures for the effectiveness of the crossings (High Mesh, Low Mesh, Sound Strips, speed reducer, and signage). To indicate at what stage and percentage of project progress each wildlife crossing should be implemented. In matters of Wildlife Management (rescue and relocation) and Wildlife Crossings, it is necessary that there be an on-site presence of biology professionals to verify compliance with environmental commitments. There is no clarity regarding the dimensions and distances of the complementary measures to be implemented (meshes, signage, sound strips, logarithmic strips, reducers) that guarantee the effectiveness of the wildlife crossings; therefore, you must detail these for each of the proposed crossings (…)”;\n\nb.- Between November 25 and 26, 2020, the Department of Environmental Auditing and Monitoring of SETENA conducted an inspection at the rehabilitation and expansion works on Ruta Nacional No. 32, based on which it was indicated, in relevant part: “(…) There are still undisturbed areas where exclusive wildlife crossings must be built; therefore, this is the ideal time to implement them as an integral part of the project. Only 20 wildlife crossing structures have been built, all of them dual-purpose, of which 7 do not comply with the measures proposed in the biological study approved by SETENA. Of the 20 built, inspected sites, none has the necessary adaptations to function adequately as a wildlife crossing. Therefore, they are merely culverts for which the hydraulic capacity is still unknown (…)”.\n\nc.-) On December 1, 2020, SETENA issued technical monitoring report No. INF-TEC-DT-ASA-0645-2020, based on which it issued the following recommendations: “(…) FIRST. To approve the request for an extension of the deadline granted in Resolution No. 1458-2020, granting an additional, non-renewable period of 30 business days, which shall be in effect as of the business day following the notification of this Resolution. SECOND: To order Mario Rodríguez Vargas, identity card number 3-0189-0060, Legal Representative of the Consejo Nacional de Viabilidad (CONAVI), with legal entity identification number 3-007-231686, and the environmental regency GAPRO S. A, with environmental consultant number EC-004-2002-SETENA, to immediately rectify the non-compliances evidenced by this Secretariat, for which purpose a single period of 30 business days is granted to carry out the following actions, which ratify and complement what was requested in Resolution No. 1458-2020 (…) I. Comply with the establishment of a program for the identification and monitoring of critical points for the prevention of accidents with fauna, during the construction and operation phase of the project. The constant monitoring of Wildlife during all stages (planning, construction, and operation) of the road project allows for the capacity to foresee and record impacts on it. The Wildlife Monitoring Program must include: responsible parties, timeline, methodology, monthly reports on monitoring results, actions in response to identified impacts, and the effectiveness of the measures implemented. Given the foregoing, it is necessary that in matters of Wildlife Management (rescue and relocation) and Wildlife Crossings, there be an on-site presence of biology professionals to lead the monitoring program, validate the functionality of the wildlife crossings to be established, and verify the faithful fulfillment of this environmental commitment. J. Immediately implement vertical signage to reduce animal collisions at critical points with high incidence of wildlife roadkill. Road signage is a tool that can be used temporarily during the project's construction to reduce animal roadkill while the wildlife crossing is permanently established. As a complement to the signage, speed reducers or logarithmic strips can be used to indicate to the driver the need to reduce speed, as they are approaching areas of high incidence of wild animal roadkill (…)”.\n\nAs a complement to the signage, speed reducers or logarithmic rumble strips can be used to indicate to the driver the need to reduce speed, since they are approaching zones of high incidence of wildlife roadkill (…) R. Provide the definitive list of wildlife crossings, characteristics of the crossing type, dimensions, location elevation, CRTM05 coordinates, and shape file. S. Indicate at what stage and percentage of project progress each wildlife crossing should be implemented and the compliance status of each crossing. T. There is no clarity regarding the dimensions and distances of the complementary measures to be implemented (mesh, signage, audible bands, logarithmic rumble strips, speed reducers) that guarantee the effectiveness of wildlife crossings; therefore, you must detail these for each of the proposed crossings. U. Provide the technical-professional endorsement that specifically justifies the reason for the modifications made to the wildlife crossings. Said justification must present a number of variables equal to or greater than those studied and analyzed by Pomareda et al. 2016. This includes changes in the complementary measures for the effectiveness of the crossings (High Mesh, Low Mesh, Audible Bands, speed reducer, and signage) (…)\".\n\nThe authorities of CONAVI attempt to justify the omission to construct and enable wildlife crossings on the road sections where works have been carried out, alleging the following: a) that ICAA has the competence for the disbursement of funds for this purpose, b) that there is a conflict with China Harbour Engineering Company (CHEC) as to which of the two entities has the obligation to build the wildlife crossings, and c) that there is no specific legislation or regulation that mandates the inclusion of these elements within the project. However, such arguments are not acceptable, since it is clear that SETENA issued technical reports in which the occurrence of environmental impact (impacto ambiental) was evidenced due to possible wildlife accidents during the operation and maintenance of the road. In this regard, it is appropriate to bring up an excerpt from what was reported by that agency in this amparo proceeding:\n\n\"(…) As mentioned, the project predicted the occurrence of the impact and incorporated into its design the construction of wildlife crossings, which according to Pomareda et al. (2016), the most cost-effective opportunities for environmental mitigation arise during the construction planning phase, that is, during the project design process, where prior to executing the work, it is essential to have an understanding of the potential impacts it may generate. Hence, the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) process is considered the first step in the conception of high-impact projects, where the environmental variable is included as part of the design and not as isolated components after the completion of the project, which can cause high environmental and economic costs for the country, a situation that SETENA must foresee considering the findings encountered by this Department (…)\".\n\nBased on this, it is understood that from the project planning stage, CONAVI should have contemplated the wildlife crossings, since it is clear that there is a danger of accidents with animals during the operation of Ruta Nacional No. 32.\n\nOn the other hand, CONAVI attempted to shift responsibility to ICAA, but this is also not acceptable, since the first-mentioned entity is the project developer, through China Harbour Engineering Company (CHEC), and not ICAA, an institution which, in any case, since 2018, indicated its lack of competence regarding the work. In this regard, by official communication PRE-2018-00312 of April 19, 2018, it stated: \"(…) In accordance with what was stated on several occasions by Eng. Javier Valverde, Deputy Manager of Peripheral Systems Management, I hereby ratify AyA's position regarding the relocation of water supply pipelines located in the setback zone of the Ruta 32 road that will be expanded by the company CHECK. In this regard, I inform you that the Institute does not have the budgetary resources to finance the relocation of the pipelines; these costs have not been included in any tariff setting approved by ARESEP, so we will not be able to cover the relocation costs, and according to what was discussed, these will be covered by the project you direct with the collaboration of AyA in everything referring to the inspection of the works that may eventually be contracted (…)\".\n\nBy virtue of the foregoing, it is determined that CONAVI bears responsibility for the omission to construct and enable wildlife crossings on the sections of Ruta Nacional No. 32 where rehabilitation and expansion works have been carried out, as well as for designing, planning, and arranging what is necessary for the construction of the crossings in the areas that will soon be intervened, on the aforementioned road, as identified by SETENA, putting at risk the possibility that the project can be completed with adequate respect for the environmental protection that must be provided. It is necessary to indicate that if there is a conflict between CONAVI and China Harbour Engineering Company (CHEC), that is a conflict that must be discussed through ordinary channels (administrative or jurisdictional), but without this constituting a justification for the failure to execute the works corresponding to the wildlife crossings. Thus, for the purposes of this proceeding, CONAVI must carry out the corresponding works, without prejudice to that institution seeking the corresponding reimbursement from the company contracted for the works, should it be determined in the ordinary course that the company bears responsibility for the construction of the wildlife crossings. Ergo, the recurso is partially granted, solely against CONAVI.\n\nVI.- DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE HERNÁNDEZ LÓPEZ REGARDING THE CLAIM FOR INFRACTION OF ARTICLE 50 OF THE CONSTITUCIÓN POLÍTICA.\n\n 1. The historical context that at the time motivated the broad intervention of this Chamber in environmental matters has undergone a considerable change that compels this body to reconsider the conditions for its participation in securing the right of individuals to a healthy and balanced environment, as has been protected in Article 50 of the Constitución Política. Indeed, the current situation – characterized by an extremely broad production of laws and regulations that include substantive rules, procedures, and the creation of bodies for the fulfillment of what is mandated in the Carta Fundamental – is radically different from the previous one, in which the absence of regulations and state entities with appropriate competence imposed upon this Chamber a role as a protagonist, almost unique, in the defense of the aforementioned constitutional right.\n\n2. Today, we find ourselves before a \"dense framework\" of environmental regulations, which has produced two relevant phenomena: the first and most obvious is the emergence of a comprehensive legal regulation regarding activities whose impact on the environment was little or not at all regulated, thus the creation of state bodies with powers of surveillance and control over the effects of human activity on the surroundings. The second phenomenon is that this increasing juridification – predominantly legislative and regulatory – brings with it an unavoidable entry onto the scene of both administrative justice and ordinary jurisdiction – primarily the contentious-administrative jurisdiction, but also the criminal jurisdiction. In these, in accordance with the importance of environmental law, broad procedural avenues and inclusive means of standing have been extensively regulated, so that the administered can enforce what is established in that broad legal order related to the environmental matter.\n\n 3. In this context, it is neither legally appropriate nor functionally correct for the Sala Constitucional to displace, or – worse still – substitute, the ordinary justice bodies in the performance of their task, also of constitutional rank, of ensuring the effective compliance of laws and regulations. It is legally improper because in the vast majority of these cases, what is requested is that it interpret and enforce legal and regulatory norms, thereby risking overlapping its competencies with those of other jurisdictional bodies that – indeed – have been created to execute such tasks; and it is also functionally incorrect because the design of its processes does not fit well with the complexity present in numerous environmental conflicts that consist of series of factually and legally complex facts and acts. On both issues, there are well-known examples in which this Chamber has delivered a half-baked or technically incomplete resolution, or unnecessary frictions and impacts on legal certainty have been generated.\n\n4. As part of the technical aspects I have assessed, I add the fact that this jurisdiction does not have sentence execution judges that would allow for adequate follow-up of such sentences – generally complex –, which sometimes involve the monitoring of remedial plans, among others, with inter-institutional coordination and follow-up lasting months and even years.\n\n5. From this perspective, the decision to take a step back in environmental matters on the part of this Tribunal should not be seen as an abandonment of the environmental subject matter, but rather, on the contrary, as its adequate protection in the instance that best suits the nature of its complexity and diversity. Likewise, it should also not be seen as the declination of this instance in its task of protecting the constitutional rights imposed upon it by the Constitución Política and its Ley Orgánica, which, from my point of view, remains reserved in this matter for specific cases. It is, rather, an exercise of rearranging the burdens and tasks that correspond to the different state bodies, so that each of them can fully deploy its work within the scope that has been assigned to it, as well as the exercise of setting its own competence, as established by Article 7 of its Ley Orgánica.\n\n6. It remains clear that this Chamber does not propose abandoning to other jurisdictions the task of protecting individuals' rights in environmental matters. It is well known that although every claim for infringement of legal and regulatory norms can be redirected to the constitutional sphere, there are cases whose resolution requires nothing more than the application of the law of the Constitution. It is thus about ensuring that the Sala becomes a protagonist together with others, so that – among all and each in their own space – the entire variety of situations presented by the protection of the right to a healthy and balanced environment within a society where other equally pressing needs also exist can be covered. With this position, I firmly believe that the citizen loses not an iota of protection, but there is a substantial gain in breadth, perspective, and respect for the balance and distribution of powers, this last principle being of obligatory consideration, as it governs the constitutional dynamics of any liberal and democratic system such as ours.-\n\n7. In line with the above, I maintain that this Chamber must abstain from hearing the claims presented to it for alleged infringement of Article 50 of the Constitución Política, in order to leave their consideration in the hands of administrative justice and the contentious-administrative jurisdiction. The foregoing is affirmed generally, without prejudice to recognizing the existence of particular cases or groups of cases that, in my opinion, would still be better protected by this Chamber and therefore must be heard and decided by it. Within such groups of cases, and without this enunciation being considered a closed and definitive list, I can indicate that this Chamber should reserve the hearing of situations such as, for example, claims for environmental violations that also put people's health directly at risk, or the access to or quality of water; cases of gross and direct violations of the environment in which a blatant absence of protection by state authorities is verified, provided always that the nature of the claim also allows it to be addressed through the mechanism of amparo as a summary and special procedural institute, since I believe that the amparo should not be ‘ordinary-ized’ to address, even in these cited cases, matters that exceed the capacity to be adequately handled within it.\n\n8. In the specific case, in accordance with the proven facts, none of the exceptions mentioned are present, and the situation posed falls within those cases in which the intervention of the Administration's protection mechanisms and ordinary justice proves to be a broader and more complete avenue for the discussed issue, which involves a discussion of advantages and disadvantages and a valuation of benefits, requiring abundant evidence, follow-ups, and studies that exceed the scope of the amparo. Thus, Article 9 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional should have been applied and the recurso rejected outright; however, this not having occurred, it is now appropriate to declare the filed amparo without merit.\n\nVII.- DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO. The protection of a healthy and ecologically balanced environment, in the Costa Rican Legal System, is safeguarded not only in Article 50 of the Constitución Política, but also in a series of current laws and executive decrees (regulations), such as the Ley Orgánica del Ambiente, Ley N° 7554 of October 4, 1995; the Ley de Biodiversidad, Ley N° 7788 of April 30, 1998; the Ley de Conservación de la Vida Silvestre, Ley N° 7317 of October 21, 1992; and Decreto Ejecutivo N° 31849 of May 24, 2004, Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), to name only a few. This makes it necessary, in environmental matters, to separate the control of constitutionality from the control of legality. In this sense, it is the criterion of the undersigned that this Chamber, via the amparo proceeding, should only hear a matter in which a violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment is alleged, if the Administration has not yet intervened and when the violation of that right is manifest and evident, easily verifiable, of certain importance or gravity, and that directly affects a specific person or community. Otherwise, the issue must be raised and discussed through the legality track. Therefore, the mere non-compliance with obligations and duties legally imposed on the various public administrations in environmental matters is properly subject to being heard through the legality track – administrative or jurisdictional –, where, with much greater breadth, the alleged non-compliances or omissions can be scrutinized. It must be kept in mind that the recurso de amparo is a summary, informal, simple, and fast process, in such a way that, from the very moment the Administration intervenes in an environmental matter, in the exercise of its competencies, and substantiates a procedure, with the issuance of administrative acts, its consideration becomes alien to the scope of action of this specialized jurisdiction. For this reason, the review of the administrative actions carried out regarding an environmental matter that requires, for their correct assessment, a full evidentiary process, is only possible in the ordinary jurisdiction, since the design of the amparo process is incompatible with the contrasting or review of technical or legal criteria developed under the protection of current legal or regulatory norms, or with the evacuation of new and greater elements of conviction necessary for the contrasting or review of the criteria already contained in the administrative case file. The opposite would imply transforming the amparo into an ordinary process of full evidentiary hearing, thereby denaturing it and rendering nugatory the purposes for which it was designed, whereby it would lose its condition as an instrument for the effective protection of fundamental rights. As a consequence of the foregoing, I consider that when a public entity or body has intervened, in various forms, or has issued administrative acts in relation to an environmental matter, its knowledge and oversight corresponds to the contentious-administrative jurisdiction. It is, precisely, the verification of the existence of that administrative intervention that determines that the matter falls under the competence of the legality track. Consequently, this recurso should have been rejected outright as far as this issue is concerned, since its object is a matter properly to be discussed, analyzed, and resolved through the legality track. However, as this was not done, the appropriate course is to declare it without merit, without making any pronouncement regarding the merits of the issue raised, as it belongs to the ordinary jurisdiction, specifically, the contentious-administrative jurisdiction, to determine whether the accused administrative actions and behaviors conform, in substance, to what is mandated in the legal system of statutory rank, regarding the protection, safeguarding, and conservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment.\n\nVIII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device, or one produced by new technologies, these must be retrieved from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not retrieved within this period will be destroyed, as provided in the \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", approved by the Corte Plena in session N° 27-11 of August 22, 2011, article XXVI, and published in Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session N° 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.\n\nPor tanto:\n\nThe recurso is partially granted, solely against CONAVI. Mario Rodríguez Vargas, in his capacity as Executive Director of the Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), or whoever holds such position, is ordered to take the corresponding measures so that within the period of THREE MONTHS, counted from the notification of this judgment, the wildlife crossings are constructed and enabled on the sections of Ruta Nacional No. 32 that have already been intervened in the rehabilitation and expansion project of that road. Likewise, to arrange what is necessary so that, within the same period, the construction of the remaining wildlife crossings is designed and planned on the sections of the same route that will be intervened soon, in the manner provided for by SETENA, and, in due course, their proper construction is executed. The foregoing under the warning that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be fulfilled or enforced, issued in a recurso de amparo, and does not fulfill it or enforce it, provided the offense is not more severely penalized. CONAVI is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be settled in the execution of the sentence of the contentious-administrative jurisdiction. As to the rest, the recurso is declared without merit. Magistrate Hernández López dissents and declares the recurso without merit in all respects. Magistrate Salazar Alvarado dissents and declares the recurso without merit in all respects. Notify.\n\n \n \n \n \n\n \n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n \n\n \n\n \n\n\nNancy Hernández L.\n\n \n\n \n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\n\nJorge Araya G.\n\n \n\n \n\nAnamari Garro V.\n\n\n\nAlicia Salas T.\n\n \n\n \n\nMauricio Chacón J.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n*ANCBLNANG9461*\n\nANCBLNANG9461\n\n1\n\n \n\nClasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 09-05-2026 08:56:42.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }