{ "id": "nexus-sen-1-0007-1019679", "citation": "Res. 04223-2021 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Amparo prematuro por contaminación de taller de enderezado y pintura", "title_en": "Premature amparo against pollution from auto body shop", "summary_es": "La Sala Constitucional rechaza de plano un recurso de amparo interpuesto contra el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Limón por presunta omisión en atender denuncias sobre contaminación ambiental generada por un taller de enderezado y pintura. Las amparadas alegan que los químicos y productos industriales liberados contaminan el aire y afectan la salud de vecinos, incluyendo menores de edad. La Sala determina que el recurso es prematuro, pues las denuncias presentadas en febrero de 2021 aún estaban dentro del plazo razonable de resolución, y la denuncia anterior ya había sido atendida con la orden de instalar un extractor. Reitera el tribunal que, en tratándose de denuncias, no existe un plazo legal fijo para resolver, pero debe ponderarse si la demora es indebida; en este caso, no ha transcurrido un plazo excesivo. Por tanto, declara inadmisible el amparo, sin perjuicio de que las accionantes puedan volver a recurrir si la administración incurre en dilaciones irrazonables.", "summary_en": "The Constitutional Chamber flatly rejects an amparo filed against the Ministry of Health and the Municipality of Limón for alleged failure to act on complaints about environmental pollution from an auto body and paint shop. The petitioners claim that chemicals and industrial products released contaminate the air and harm residents' health, including children. The Chamber finds the amparo premature, since the complaints filed in February 2021 were still within a reasonable resolution period and the earlier complaint had already been addressed with an order to install an air extractor. The court reiterates that, for complaints, there is no statutory deadline, but the delay must be weighed; in this case, no excessive time has passed. 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Asimismo, en lo tocante a las quejas presentadas los días 8 y el 12 de febrero de 2021, a juicio de este Tribunal, este amparo es prematuro, puesto que, a la fecha de interposición de este recurso, todavía no había transcurrido el término mencionado en el considerando I de esta resolución, con lo que aún no era posible exigirle una contestación o acciones concretas a las Autoridades recurridas. Por lo tanto, lo propio es que la parte accionante exponga sus inconformidades, reclamos y solicitudes directamente ante dichas Autoridades, en el entendido, eso sí, de que si transcurre un plazo excesivo sin que obtenga una respuesta administrativa apropiada, nada obsta para que pueda volver a apersonarse ante esta sede para reclamar cualquier demora irrazonable en resolver. En consecuencia, el recurso es inadmisible por prematuro y así se declara.", "excerpt_en": "In the case at hand, the petitioner herself acknowledges that the complaint filed on behalf of the protected parties in November 2020 was already addressed by the Ministry of Health, since she admits that it led to the order for the offender Soto Gómez to install an air extractor. Likewise, regarding the complaints filed on February 8 and 12, 2021, this Court considers this amparo to be premature, because at the time this appeal was filed, the term mentioned in Consideration I of this ruling had not yet elapsed, so it was not yet possible to demand a response or concrete actions from the respondent Authorities. 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Consequently, the appeal is inadmissible for being premature and is so declared.", "outcome": { "label_en": "Inadmissible", "label_es": "Inadmisible", "summary_en": "The amparo is flatly rejected as premature, since no excessive time has elapsed since the complaints were filed.", "summary_es": "Se rechaza de plano el amparo por prematuro, al no haber transcurrido un plazo excesivo desde la presentación de las denuncias." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando I", "quote_en": "In the case of complaints —which are nonetheless a form of petition— there is no statutory deadline, neither specifically nor in a supplementary or generic manner, so in these cases it must necessarily be assessed whether the time taken by the administration to resolve a specific complaint is excessive or not for the purpose of exercising the legitimate right to complain and to obtain a response from the administration.", "quote_es": "En el caso de las denuncias —que no dejan de ser una modalidad de petición— no existe plazo legal establecido, ni específicamente ni en forma supletoria o genérica, por lo que en estos supuestos se tiene que valorar, necesariamente, si el plazo tomado por la administración, para resolver una denuncia específica, resulta excesivo o no a los efectos del ejercicio del legítimo derecho de denunciar y de obtener una respuesta por parte del administrado." }, { "context": "Considerando II", "quote_en": "This amparo is premature, since at the time this appeal was filed, the term mentioned in Consideration I of this ruling had not yet elapsed, so it was not yet possible to demand a response or concrete actions from the respondent Authorities.", "quote_es": "Este amparo es prematuro, puesto que, a la fecha de interposición de este recurso, todavía no había transcurrido el término mencionado en el considerando I de esta resolución, con lo que aún no era posible exigirle una contestación o acciones concretas a las Autoridades recurridas." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1019679", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [], "sentencias_relacionadas": [], "temas_y_subtemas": [], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 04223 - 2021\n\nFecha de la Resolución: 26 de Febrero del 2021 a las 09:30\n\nExpediente: 21-003566-0007-CO\n\nRedactado por: Anamari Garro Vargas\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\nEXPEDIENTE N° 21-003566-0007-CO\n\nPROCESO: RECURSO DE AMPARO\n\nRESOLUCIÓN Nº 2021004223\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del veintiseis de febrero de dos mil veintiuno .\n\n  Recurso de amparo interpuesto por YOLANDA EUGENIA DEL CARMEN VARGAS CASAL, cédula de identidad 0401320519, a favor de DIANA YORLENI PÉREZ ROMERO, de otras calidades no indicadas, y JOHANA GABRIELA YEP DURÁN, cédula de identidad 0701400869, contra el MINISTERIO DE SALUD y la MUNICIPALIDAD DE LIMÓN. \n\nResultando:\n\n   1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 14:51 horas del 22 de febrero de 2021, la recurrente interpone recurso de amparo contra el MINISTERIO DE SALUD y la MUNICIPALIDAD DE LIMÓN, a favor de  DIANA YORLENI PÉREZ ROMERO y JOHANA GABRIELA YEP DURÁN, y manifiesta lo siguiente: que la señora Yorlene Rodríguez Acuña tiene una propiedad ubicada en Limón, Valle La Estrella, La Guaria, 500 metros este y 150 metros sur del Colegio Técnico Profesional del Valle La Estrella. En ese terreno, el esposo de dicha señora, Freddy David Soto Gómez, instaló un taller de enderezado y pintura con una infraestructura abierta, pues las paredes son de malla. Además, las labores regulares del taller son de enderezado y pintura, mismas que en ocasiones son realizadas inclusive en la calle pública. En este contexto, acusa la recurrente que los químicos y otros productos industriales utilizados para la pintura de automóviles, son liberados al ambiente sin controles, contaminando el aire de los alrededores. Igualmente, explica que la señora Yep Durán, aquí amparada, es dueña de la propiedad situada al lado del taller, a saber, un lote no construido, y la señora Pérez Romero, también tutelada en estas diligencias, vive frente al taller y tiene dos niños pequeños que, a pesar de disfrutar cuando juegan en las áreas verdes alrededor de la casa, actualmente no pueden realizar tal actividad debido a la contaminación por químicos y otros. Por el contrario, los niños deben permanecer encerrados en su casa con poca actividad física. En el mes de noviembre de 2020, se presentó denuncia ante la oficina del Ministerio de Salud de la localidad, y los funcionarios del citado ministerio realizaron una inspección. De esta suerte, con posterioridad a la denuncia, el señor Soto Gómez instaló un extractor de aire a una altura de un metro del piso, cuya función es aspirar los químicos y sustancias industriales, así como renovar el aire a lo interno del taller. Más aún, el extractor fue colocado para desechar de manera directa, ese aire contaminado en dirección a la propiedad de la Sra. Yep Durán.  Además, el 21 de enero del 2021, la señora Pérez Romero solicitó mediante carta formal dirigida al Concejo Municipal de Limón, revisar la patente autorizada al Sr. Soto Gómez, debido a que en apariencia se tramitó para actividad de taller de reparación automotriz y no de enderezado y pintura. Adicionalmente, el 12 de febrero de 2021, la señora Yep Durán también presentó denuncia sobre el mismo tema ante el Concejo Municipal. Sin embargo, a la fecha, todavía no se ha recibido respuesta a ninguna de las dos peticiones. El 8 de febrero, se presentó nueva denuncia al Ministerio de Salud, debido a que continúa el problema de contaminación ambiental y el peligro para la salud de los habitantes del área. Sin embargo, al momento de interponerse el amparo, todavía estaban en espera de respuestas, mientras la situación de contaminación y peligro para la salud es evidente y los vecinos se están viendo muy afectados. La recurrente alega vulnerados los artículos 27, 41 y 48 de la Constitución Política, los numerales 5, 15 y 29 del Código de la Niñez y la Adolescencia, el ordinal 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño y el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Solicita la recurrente que  se declare con lugar el recurso, con las consecuencias de ley. \n\n  2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.\n\n Redacta la Magistrada Garro Vargas; y,\n\nConsiderando:\n\n  I.- SOBRE EL DERECHO DE PETICIÓN Y PRONTA RESOLUCIÓN. Analizado el escrito inicial de este recurso, se le hace ver a la recurrente que, aunque el derecho de petición establecido en el mencionado ordinal 27 constitucional, entendido de forma genérica, haga referencia a la facultad que posee todo ciudadano para dirigirse por escrito a cualquier funcionario público o entidad oficial con el fin de exponer un asunto de su interés, lo cierto es que es necesario distinguir las peticiones puras y simples de información de las denuncias. En el primer caso, normalmente la respuesta deberá darse dentro de los diez días hábiles siguientes a la recepción de la petición, como lo ordena el artículo 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional y demás normativa que regula la materia. Sin embargo, aunque la Sala ha reconocido que la denuncia se ubica dentro del concepto genérico de petición establecido en el artículo 27 constitucional, con su correlativo derecho de obtener resolución, en sentencia Nº 2000-00037 de las 16:18 horas del 4 de enero de 2000, declaró lo siguiente:\n\n\"…no nos encontramos ante hipótesis como las reguladas en los artículos 27 y 41 de la Constitución, los cuales se refieren a la libertad de petición ante cualquier funcionario público o entidad oficial y al derecho a obtener justicia pronta y cumplida, respectivamente. En este caso debe hacerse la distinción entre este tipo de peticiones y la denuncia, ya que para el análisis resulta meritorio. Las denuncias son medios utilizados por los administrados para poner en conocimiento de la Administración, hechos que el denunciante estima irregulares o ilegales, con el objeto de instar el ejercicio de competencias normalmente disciplinarias o sancionatorias, depositadas en los órganos públicos. En ocasiones, la denuncia configura incluso un deber para quien dada su función o su actividad tiene conocimiento de esos hechos, pero en otros casos es más bien un modo de participación en asuntos que conciernen al interés público, perfectamente compatible, y, de hecho, fundamentado en el principio democrático (no se olvide a este respecto que los funcionarios públicos son simples depositarios de esa autoridad). No obstante lo anterior, no se puede negar que las denuncias, al igual que las peticiones de información, los reclamos administrativos y las solicitudes de otorgamiento de ciertos derechos, se encuentran incluidas dentro del concepto genérico de petición establecido en el artículo 27 constitucional, con su correlativo derecho de obtener respuesta como complemento del ejercicio del derecho de pedir. Ahora bien, cada una de estas peticiones se encuentra reglada por distintos regímenes en cuanto al tiempo otorgado a la administración para contestar una vez solicitada su intervención. Por ejemplo, en el caso de las peticiones de información, los términos para que se brinde ésta por parte de la administración no se encuentran contemplados en la Ley General de la Administración Pública, pero sí en la Ley de la Jurisdicción Constitucional en el artículo 32, como un complemento al numeral 27 constitucional, para estos casos concretos. Los reclamos administrativos encuentran su plazo de resolución en la legislación administrativa. La Ley General de la Administración Pública, la cual rige para los procedimientos ordinarios, establece para éstos el término perentorio de resolución del asunto al establecido genéricamente para todos los trámites ante la administración, sea el contenido en el artículo 261 de dicho cuerpo normativo, el cual es de dos meses, sin perjuicio de los términos establecidos independientemente para los recursos en vía administrativa. A pesar de que en los supuestos citados el plazo se encuentra establecido claramente en la legislación, en el caso de las denuncias —que no dejan de ser una modalidad de petición— no existe plazo legal establecido, ni específicamente ni en forma supletoria o genérica, por lo que en estos supuestos se tiene que valorar, necesariamente, si el plazo tomado por la administración, para resolver una denuncia específica, resulta excesivo o no a los efectos del ejercicio del legítimo derecho de denunciar y de obtener una respuesta por parte del administrado…\" (el resaltado y subrayado no es del original).\n\n Así las cosas, si bien el numeral 3 de la Ley de Regulación del Derecho de Petición N° 9097 solamente establece que no son objeto del derecho de petición aquellas solicitudes, quejas o sugerencias para cuya satisfacción el ordenamiento jurídico estableció un procedimiento administrativo específico y plazos distintos de los regulados en dicha ley, dado que, en tratándose de denuncias, la Administración necesita llevar a cabo un procedimiento para verificar los hechos que han de servir de motivo al acto final, así como adoptar las medidas probatorias pertinentes, la Sala ha sostenido reiteradamente que el correspondiente quebrantamiento de los ordinales constitucionales se constata al ponderar —de conformidad con la prueba que obra en autos— que la substanciación se produjo sin dilaciones indebidas (véase la sentencia Nº 2002-09041 de las 15:02 horas del 17 de setiembre de 2002), sin perjuicio de aplicar como guía general el término previsto en el artículo 261 de la Ley General de la Administración Pública.\n\n II.- ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO. En el sub lite, la propia recurrente reconoce que la denuncia presentada en favor de las amparadas en noviembre de 2020, ya fue atendida por el Ministerio de Salud, pues admite que ésta dio pie para que se le ordenara al infractor Soto Gómez instalar un extractor de aire. Asimismo, en lo tocante a las quejas presentadas los días 8 y el 12 de febrero de 2021, a juicio de este Tribunal, este amparo es prematuro, puesto que, a la fecha de interposición de este recurso, todavía no había transcurrido el término mencionado en el considerando I de esta resolución, con lo que aún no era posible exigirle una contestación o acciones concretas a las Autoridades recurridas. Por lo tanto, lo propio es que la parte accionante exponga sus inconformidades, reclamos y solicitudes directamente ante dichas Autoridades, en el entendido, eso sí, de que si transcurre un plazo excesivo sin que obtenga una respuesta administrativa apropiada, nada obsta para que pueda volver a apersonarse ante esta sede para reclamar cualquier demora irrazonable en resolver. En consecuencia, el recurso es inadmisible por prematuro y así se declara.\n\nIII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPor tanto:\n\n Se rechaza de plano el recurso.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Araya G.\n\n\n\n\nAnamari Garro V.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nMarta Eugenia Esquivel R.\n\n\n\n\nRonald Salazar Murillo\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nIleana Sánchez N.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n LNXPGMMRNGW61\n\nEXPEDIENTE N° 21-003566-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 09-05-2026 09:01:09.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "EXPEDIENTE N° 21-003566-0007-CO\n\nPROCEEDING: AMPARO ACTION\n\nRESOLUTION Nº 2021004223\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours thirty minutes on the twenty-sixth of February, two thousand twenty-one.\n\nAmparo action filed by YOLANDA EUGENIA DEL CARMEN VARGAS CASAL, identity card number 0401320519, on behalf of DIANA YORLENI PÉREZ ROMERO, other qualities not indicated, and JOHANA GABRIELA YEP DURÁN, identity card number 0701400869, against the MINISTRY OF HEALTH and the MUNICIPALITY OF LIMÓN.\n\nWhereas:\n\n1.- By brief received at the Secretariat of the Chamber at 14:51 hours on February 22, 2021, the petitioner files an amparo action against the MINISTRY OF HEALTH and the MUNICIPALITY OF LIMÓN, on behalf of DIANA YORLENI PÉREZ ROMERO and JOHANA GABRIELA YEP DURÁN, and states the following: that Mrs. Yorlene Rodríguez Acuña owns a property located in Limón, Valle La Estrella, La Guaria, 500 meters east and 150 meters south of the Colegio Técnico Profesional del Valle La Estrella. On that land, the husband of said lady, Freddy David Soto Gómez, installed a body straightening and painting shop with an open infrastructure, since the walls are made of mesh. Furthermore, the regular activities of the shop are straightening and painting, which on occasion are even carried out on the public road. In this context, the petitioner accuses that the chemicals and other industrial products used for painting automobiles are released into the environment without controls, contaminating the surrounding air. Likewise, she explains that Mrs. Yep Durán, the person protected here, owns the property situated next to the shop, namely, an unbuilt lot, and Mrs. Pérez Romero, also protected in these proceedings, lives in front of the shop and has two small children who, despite enjoying playing in the green areas around the house, currently cannot engage in such activity due to contamination by chemicals and other substances. On the contrary, the children must remain locked in their house with little physical activity. In the month of November 2020, a complaint was filed at the local office of the Ministry of Health, and officials from the aforementioned ministry carried out an inspection. As a result, subsequent to the complaint, Mr. Soto Gómez installed an air extractor at a height of one meter from the floor, whose function is to suction chemicals and industrial substances, as well as to renew the air inside the shop. Moreover, the extractor was placed to directly discharge that contaminated air towards the property of Mrs. Yep Durán. Furthermore, on January 21, 2021, Mrs. Pérez Romero requested, via a formal letter addressed to the Municipal Council of Limón, a review of the business license (patente) authorized to Mr. Soto Gómez, because it was apparently processed for an automotive repair shop activity and not for straightening and painting. Additionally, on February 12, 2021, Mrs. Yep Durán also filed a complaint on the same matter before the Municipal Council. However, to date, no response has been received to either of the two requests. On February 8, a new complaint was filed with the Ministry of Health, due to the continuing problem of environmental contamination and the danger to the health of the area's inhabitants. However, at the time of filing the amparo action, they were still awaiting responses, while the situation of contamination and danger to health is evident and the neighbors are being greatly affected. The petitioner alleges violations of Articles 27, 41, and 48 of the Political Constitution, numerals 5, 15, and 29 of the Childhood and Adolescence Code, ordinal 3 of the Convention on the Rights of the Child, and Article 19 of the American Convention on Human Rights. The petitioner requests that the action be granted, with the legal consequences.\n\n2.- Article 9 of the Constitutional Jurisdiction Law empowers the Chamber to reject outright or on the merits, at any time, even from its presentation, any petition submitted for its knowledge that proves to be manifestly improper, or when it considers that there are sufficient elements of judgment to reject it, or that it involves the simple reiteration or reproduction of a previous equal or similar rejected petition.\n\nAuthored by Magistrate Garro Vargas; and,\n\nConsidering:\n\nI.- ON THE RIGHT OF PETITION AND PROMPT RESOLUTION. Having analyzed the initial brief of this action, the petitioner is made aware that, although the right of petition established in the aforementioned constitutional ordinal 27, understood generically, refers to the power possessed by every citizen to address in writing any public official or official entity in order to present a matter of their interest, the truth is that it is necessary to distinguish pure and simple requests for information from complaints (denuncias). In the first case, the response must normally be given within the ten business days following receipt of the petition, as ordered by Article 32 of the Constitutional Jurisdiction Law and other regulations governing the matter. However, although the Chamber has recognized that a complaint (denuncia) falls within the generic concept of petition established in Article 27 of the Constitution, with its correlative right to obtain a resolution, in judgment Nº 2000-00037 of 16:18 hours on January 4, 2000, it declared the following:\n\n\"…we are not faced with hypotheses such as those regulated in Articles 27 and 41 of the Constitution, which refer to the freedom of petition before any public official or official entity and to the right to obtain prompt and complete justice, respectively. In this case, a distinction must be made between this type of petition and the complaint (denuncia), since it is meritorious for the analysis. Complaints (denuncias) are means used by administered parties to bring to the Administration's attention facts that the complainant deems irregular or illegal, with the purpose of urging the exercise of powers, normally disciplinary or sanctioning, vested in public bodies. On occasion, the complaint (denuncia) even constitutes a duty for someone who, given their function or activity, has knowledge of those facts, but in other cases it is rather a mode of participation in matters that concern the public interest, perfectly compatible, and, in fact, founded on the democratic principle (one should not forget in this regard that public officials are simple depositaries of that authority). Notwithstanding the foregoing, it cannot be denied that complaints (denuncias), like requests for information, administrative claims, and requests for the granting of certain rights, are included within the generic concept of petition established in Article 27 of the Constitution, with their correlative right to obtain a response as a complement to the exercise of the right to petition. Nevertheless, each of these petitions is governed by different regimes regarding the time granted to the administration to reply once its intervention has been requested. For example, in the case of requests for information, the terms for providing this by the administration are not contemplated in the General Law of Public Administration, but rather in the Constitutional Jurisdiction Law in Article 32, as a complement to constitutional numeral 27, for these specific cases. Administrative claims find their resolution period in administrative legislation. The General Law of Public Administration, which governs ordinary procedures, establishes for these the peremptory term for resolution of the matter as generically established for all proceedings before the administration, that is, the one contained in Article 261 of said normative body, which is two months, without prejudice to the terms established independently for appeals in the administrative channel. Despite the fact that in the cited cases the period is clearly established in the legislation, in the case of complaints (denuncias) —which do not cease to be a modality of petition— no established legal period exists, neither specifically nor in a supplementary or generic form, so in these cases it must necessarily be assessed whether the time taken by the administration to resolve a specific complaint (denuncia) is excessive or not for the purposes of exercising the legitimate right to complain (denunciar) and to obtain a response from the administered party…\" (the bold and underlining are not from the original).\n\nThus, although numeral 3 of the Law Regulating the Right of Petition N° 9097 only establishes that those requests, complaints (quejas), or suggestions for whose satisfaction the legal system established a specific administrative procedure and deadlines different from those regulated in said law are not subject to the right of petition, given that, in the case of complaints (denuncias), the Administration needs to carry out a procedure to verify the facts that must serve as grounds for the final act, as well as to adopt the pertinent evidentiary measures, the Chamber has repeatedly held that the corresponding violation of the constitutional ordinals is verified by weighing —in accordance with the evidence in the records— that the substantiation was carried out without undue delays (see judgment Nº 2002-09041 of 15:02 hours on September 17, 2002), without prejudice to applying as a general guide the term provided in Article 261 of the General Law of Public Administration.\n\nII.- ANALYSIS OF THE SPECIFIC CASE. In the case at hand, the petitioner herself acknowledges that the complaint (denuncia) filed on behalf of the protected parties in November 2020 was already addressed by the Ministry of Health, since she admits that it gave rise to the infractor Soto Gómez being ordered to install an air extractor. Likewise, regarding the complaints (quejas) filed on February 8 and 12, 2021, in the judgment of this Court, this amparo action is premature, given that, as of the filing date of this action, the term mentioned in Considering I of this resolution had not yet elapsed, so it was not yet possible to demand a response or concrete actions from the Respondent Authorities. Therefore, it is proper for the petitioner to present her disagreements, claims, and requests directly before said Authorities, with the understanding, of course, that if an excessive period elapses without obtaining an appropriate administrative response, nothing prevents her from reappearing before this venue to claim any unreasonable delay in resolving. Consequently, the action is inadmissible due to being premature and is so declared.\n\nIII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE EXPEDIENTE. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not removed within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", approved by the Corte Plena in session N° 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in the Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session N° 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.\n\nTherefore:\n\nThe action is rejected outright.\n\nFernando Castillo V.\n\nPresident\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\nMarta Eugenia Esquivel R.\n\nRonald Salazar Murillo\n\nIleana Sánchez N.\n\nDigitally Signed Document\n\n-- Verification code --\n\nLNXPGMMRNGW61\n\nEXPEDIENTE N° 21-003566-0007-CO\n\nTelephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Email address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Iglesia del Perpetuo Socorro). Reception of matters from vulnerable groups: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Catedral District, Barrio González Lahmann, calles 19 and 21, avenidas 8 and 6\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 09-05-2026 09:01:09.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }