{ "id": "nexus-sen-1-0007-1020218", "citation": "Res. 05052-2021 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Amparo sobre condiciones de accesibilidad en centro penal", "title_en": "Amparo on prison accessibility conditions", "summary_es": "La Sala Constitucional conoció un recurso de amparo interpuesto por un privado de libertad con discapacidad física que se desplaza en silla de ruedas y usa sonda suprapúbica. El recurrente alegó que los pabellones G del CAI Luis Paulino Mora Mora incumplían la Ley 7600 al carecer de barandas en baños, no funcionar lavatorios y faltar agua, lo que le dificultaba asearse y desplazarse. También reclamó por una infección urinaria y limitaciones en llamadas telefónicas. La Sala verificó mediante inspección del Ministerio de Salud que los baños no cumplían con la normativa de accesibilidad y que existían deficiencias sanitarias adicionales. Declaró parcialmente con lugar el recurso, ordenando a la directora del centro acatar la orden sanitaria emitida por el Ministerio de Salud para reparar lavatorios, inodoros e instalar barras de apoyo, y garantizar mientras tanto la permanencia del amparado en lugares accesibles. Declaró sin lugar los demás reclamos por falta de fundamentación o por corresponder a la administración penitenciaria determinar la ubicación específica.", "summary_en": "The Constitutional Chamber heard an amparo filed by an inmate with a physical disability who uses a wheelchair and a suprapubic catheter. The petitioner alleged that the G units of the CAI Luis Paulino Mora Mora did not comply with Law 7600, lacking grab bars, functioning sinks and sufficient water, making hygiene and movement difficult. He also complained of a urinary infection and limits on phone calls. An inspection by the Ministry of Health confirmed the bathrooms lacked required accessibility features and had other sanitary deficiencies. The Chamber partially granted the amparo, ordering the prison director to comply with the health order to repair sinks, toilets and install grab bars, and meanwhile guarantee the inmate stays in accessible areas. It denied the remaining claims for lack of substantiation or because placement decisions belong to prison administration.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "12/03/2021", "year": "2021", "topic_ids": [ "_off-topic" ], "primary_topic_id": "_off-topic", "es_concept_hints": [ "Ley 7600", "recurso de amparo", "persona con discapacidad", "orden sanitaria", "CAI", "privado de libertad" ], "concept_anchors": [ { "article": "Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad", "law": "Ley 7600" }, { "article": "varios artículos sobre órdenes sanitarias", "law": "Ley General de Salud" }, { "article": "Art. 314 desobediencia", "law": "Código Penal" } ], "keywords_es": [ "amparo", "Ley 7600", "personas con discapacidad", "accesibilidad", "centro penitenciario", "orden sanitaria", "derecho a la salud", "privado de libertad" ], "keywords_en": [ "amparo", "Law 7600", "persons with disabilities", "accessibility", "prison", "sanitary order", "right to health", "inmate" ], "excerpt_es": "Sobre el particular, este Tribunal verifica que el pabellón en el que se encuentra el tutelado incumple con la ley n.o 7600 denominada “ Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad”, tal y como fue determinado por el Ministerio de Salud con ocasión de visita efectuada. Además, se evidenciaron otras situaciones que deben ser corregidas por las autoridades del centro penal. Todo lo cual fue consignado en la orden sanitaria MS-DRRSCN-DARSA2-OS-112-2021 del 1o de marzo de 2021. En consecuencia, se aprecia una vulneración a los derechos fundamentales del tutelado, ya que, pese a su discapacidad, ha tenido que utilizar baños que no se ajustan a la ley n.o 7600 y, además, presentan otras deficiencias de índole sanitario. Por ello, lo procedente es declarar con lugar este extremo, en los términos que se dictarán en la parte dispositiva de esta sentencia.", "excerpt_en": "On this matter, this Court verifies that the unit where the petitioner is located fails to comply with law no. 7600, the \"Equal Opportunities for Persons with Disabilities Act,\" as determined by the Ministry of Health during its visit. In addition, other situations were evidenced that must be corrected by the prison authorities. All of which was recorded in sanitary order MS-DRRSCN-DARSA2-OS-112-2021 of March 1, 2021. Consequently, a violation of the fundamental rights of the petitioner is observed, since, despite his disability, he has had to use bathrooms that do not comply with law no. 7600 and, in addition, have other sanitary deficiencies. Therefore, it is appropriate to grant this claim, in the terms set forth in the operative part of this judgment.", "outcome": { "label_en": "Partially granted", "label_es": "Parcialmente con lugar", "summary_en": "The Chamber partially granted the amparo only regarding the accessibility deficiencies confirmed by the Ministry of Health, ordering compliance with the sanitary order and guaranteeing placement in accessible areas; the remaining claims were denied.", "summary_es": "La Sala declaró parcialmente con lugar el amparo únicamente en cuanto a las deficiencias de accesibilidad constatadas por el Ministerio de Salud, ordenando cumplir la orden sanitaria y garantizar la permanencia en lugares accesibles; declaró sin lugar el resto de reclamos." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando III", "quote_en": "This Court verifies that the unit where the petitioner is located fails to comply with law no. 7600, the \"Equal Opportunities for Persons with Disabilities Act,\" as determined by the Ministry of Health during its visit.", "quote_es": "este Tribunal verifica que el pabellón en el que se encuentra el tutelado incumple con la ley n.o 7600 denominada “ Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad”, tal y como fue determinado por el Ministerio de Salud con ocasión de visita efectuada." }, { "context": "Considerando III", "quote_en": "It is not for this Court to determine the specific placement of a person deprived of liberty, as that is the exclusive purview of the Prison Administration.", "quote_es": "no corresponde a este Tribunal determinar la ubicación específica de una persona privada de libertad, ya que ello es resorte exclusivo de la Administración Penitenciaria." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [ { "target_id": "norm-23261", "kind": "concept_anchor", "label": "Ley 7600 Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad" } ], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1020218", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [], "sentencias_relacionadas": [], "temas_y_subtemas": [], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 05052 - 2021\n\nFecha de la Resolución: 12 de Marzo del 2021 a las 09:15\n\nExpediente: 21-001248-0007-CO\n\nRedactado por: Paul Rueda Leal\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\nSentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n*210012480007CO*\n\nExp: 21-001248-0007-CO\n\nRes. Nº 2021005052\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del doce de marzo de dos mil veintiuno .\n\n  Recurso de amparo que se tramita en el expediente n. º 21-001248-0007 CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra la DIRECCIÓN GENERAL DE ADAPTACIÓN SOCIAL y el CENTRO DE ATENCIÓN INSTITUCIONAL (CAI) LUIS PAULINO MORA MORA.\n\nResultando:\n\n  1.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 10:34 horas de 22 de enero de 2021, el accionante plantea recurso de amparo. Indica que se encuentra privado de libertad en el CAI recurrido. Señala que es una persona con discapacidad, pues recibió 2 balazos que lo dejaron en silla de ruedas.  Añade que también usa una sonda. Afirma que descuenta una sentencia de 6 años y 6 meses, la cual cumple con descuento el 23 de marzo de 2023. Manifiesta que desde hace 3 meses está en los pabellones G-11 (pabellones nuevos) por un reporte disciplinario; sin embargo, estos no cumplen con lo establecido en la ley n.o 7600, pues sus baños carecen de barandas y no ha suficiente agua. Arguye que él necesita ayuda al momento de bañarse, por lo que algunas personas lo ayudan por humanidad. Afirma que por su condición de salud ha tenido que acudir al médico en varias oportunidades. Explica que no puede solicitar un traslado a otro centro penal, ni tampoco está anuente a aceptar el ofrecimiento de la directora del CAI Luis Paulino Mora Mora, el cual consiste ser trasladado al CAI de Guápiles. Acota que el 19 de enero de 2021 se le detectó una bacteria, por esa razón recibe atención médica tanto en el hospital como en la Clínica La Reforma, pero no quiere ser sometido a otro tratamiento ultra venoso, ya que las condiciones en las que se encuentra, no son aptas para él. Pide que se le ubique le ubique en el lugar donde se encontraba y que se le devuelva tanto su cama como su cajón. Manifiesta que anteriormente estaba en el dormitorio APAC en las \"casitas de oportunidades\", donde hay personas con su condición y era atendido por personas que lo ayudaban a realizar sus actividades diarias. Menciona que en su ubicación actual solo puede hacer una llamada al día, pero donde estaba antes podía hacer más. Reprocha que donde se ubica en la actualidad solo puede hacer una llamada. Agrega que de los 3 lavatorios que están en los baños, solo uno funciona. Añade que el espacio no es apto para transitar en silla de ruedas.\n2.  Mediante resolución de las 14:35 horas de 22 de enero de 2021, se dio curso al proceso. Asimismo, se le solicitó informe al director general de Adaptación Social; al director general y al director de la Clínica, ambos del CAI Luis Paulino Mora Mora; y al director de la Clínica La Reforma. De igual, se ordenó como medida cautelar garantizar que el tutelado reciba la atención médica que requiere para tratar adecuadamente su padecimiento.\n3.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 8:29 horas de 27 de enero de 2021, rinden informe bajo juramento Paula García Navarrete, en su condición de directora del CAI Luis Paulino Mora Mora. Expone lo siguiente: “El sentenciado ingresó al Centro de Atención Institucional Luis Paulino Mora Mora en fecha 19/03/2019, procedente del CAI San José. Se encuentra a la Orden del Instituto Nacional de Criminología, descontando una sentencia de SEIS años SIES (sic) meses CERO días de prisión por el delito de VENTA DE DROGAS, en perjuicio La Salud Pública pena impuesta por el Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José en la Causa N° [Valor 002] . Que según la ficha de Cómputo de Pena y Archivo cumple con Prisión 05/08/2024; con descuento aproximadamente el 23/03/2023; Media pena y con derecho a Libertad Condicional 01/02/2021; tercio de la Pena el 25/03/2020; con Prisión Preventiva 04/05/2016 al 05/10/2016; por Hechos ocurridos 28/04/2018 y con Pena Líquida a partir del 10/07/2018. TERCERO. Con respecto a lo manifiesto (sic) por el amparado, arroja el informe del área de Salud del centro penal recurrido que: es portador de paraplejia y vejiga neurogénica secundaria a lesión medular a nivel de la L5 por herida de arma de fuego hace tres años por lo que utiliza silla de ruedas, para movilizarse y efectivamente fue traslado (sic) al Ámbito G, CAI Luis Paulino Mora Mora el 30 de octubre del 2020, reubicado de módulo a solicitud de este. En cuanto a que los pabellones no cumplen con lo establecido con la Ley 7600, la administración del centro mediante oficio A CAI-LPMM-033-2021 del 25 de enero del 2021 informa lo siguiente: \"Efectivamente el PL, se encuentra recluido en este centro en los Pabellones G. Que los pabellones G son pabellones nuevos recién construidos, inaugurados a partir del 01-09-2020. Que las instalaciones del (sic) dichos pabellones se encuentran en excelente condiciones por ende sus baños y lavatorios. Que fueron construidos por el deporte (sic) de ingeniería de Adaptación Social que dichos baños obedecen a los (sic) establecido en la Ley 7600. El sistema de suministro de agua potable del centro es propio de la institución, mediante sistema de bombas sumergibles almacenada en tanques la red de tuberías está en buenas condiciones se suministra agua parta (sic) el centro en general sin que haya escases de la misma\". En razón a lo expuesto, por la administración de este centro se desmiente que existan baños en condiciones no establecidas como lo exige la Ley 7600 o que los lavamanos estén sin servicio; por consiguiente, al existir suministro de agua suficiente, desmiente lo dicho por el amparo (sic). CUARTO. Con respecto a que nadie le ayuda a bañarse, ni a ponerse la ropa, esta administración no cuenta con personas para esos efectos, y tampoco cuenta con el aval por la Dirección General de Adaptación Social, para pagar incentivos y ejercer este tipo de funciones. QUINTO. En razón a los padecimientos de salud que aqueja Álvaro, efectivamente el sentenciado cuneta (sic) con una sonda Foley suprapúbica fija, en Control en el Servicio de Urología del Hospital San Rafael de Alajuela, donde según el informe de salud presentado mediante el Oficio 028-2021-SSCLPMM del 25 de enero del 2021, se le realizan cambios periódicos de su sonda y que durante su proceso de prisionalización permanece en el Centro penal recurrido con medicación tales como antibióticos, AINES, analgésicos (cuando lo ha requerido) y a la fecha del informe se encuentra en control y estable SEXTO. Con relación a la desestabilidad convivencial que ha tendido el sentenciado, ingresa el [Nombre 001] el 19/03/2019 al ser las 13:58 horas procedente del CASI San Agustín, como Medida Cautelar y el Instituto Nacional de Criminología mediante el acuerdo, Artículo 35 de la Sesión Ordinaria 5366 celebrada el 06/05/2019; y para la fecha indica fue ubicado en la Metodología del Programa de APAC; Que el 04/10/2019 por agredir a sus iguales incumpliendo con las normas establecidas para la permanencia de APAC y que por los hechos acusados por la Comisión Disciplinaria CD-48-2019 del 29-11-2019 acuerda declarar a [Nombre 001] autor responsable por la falta tipificada en el artículo 368 Enciso a) “agrede a uno de sus iguales atacándole y causándole una herida en el rostro que ameritó el traslado a la enfermería...\" y que según el Reglamento del Sistema Penitenciario Nacional, ordena levantar la Medida Cautelar impuesta y permanecer con ubicación en el D-04 \"Casitas\" del CAI Luis Paulino Mora Mora. Nuevamente la Comisión Disciplinaria mediante la CD-01-2020 del 10/1/2020, acuerda declarar a [Nombre 001] autor responsable por la falta tipificada en el artículo 368 inciso C) del Reglamento del Sistema Penitenciario Nacional \"...por tener oculto en su silla de ruedas 01 … envoltorio … dentro de otro envoltorio plástico transparente cubriendo la sustancia que contiene aparente marihuana con un peso de 179.6 gramos ...\" disponiendo la reubicación en un centro de mayor contención física. Que el Consejo Interdisciplinario mediante su última valoración visto mediante la Sesión Ordinaria N°11-2020 celebrada el 20/03/2020 dispone: “ACUERDA: Primero: Mantener la ubicación del privado de libertad [Nombre 001] en el Nivel de Atención Institucional toda vez que se ha caracterizado por el incumplimiento de la normativa establecida, vinculándose con el trasiego de drogas al interior del centro penal además por su problemática convivencial. A (sic) sido beneficiado con la ubicación en el Nivel de Atención Semi Institucional beneficio que le ha sido revocado por el incumplimiento de las condiciones; lo que demuestra a este órgano colegiado que no reúne las condiciones personales mínimas para su ubicación en un nivel de menor contención. Además carece de un proyecto de egreso fuerte que le permita una inserción socio laboral efectiva que evite la reincidencia en conductas delictivas. convirtiéndose lo anterior en factor de riesgo importante ante un eventual egreso de prisión. Segundo: Definir como Plan de Atención Profesional: Secciones Profesionales de Orientación, Trabajo Social, Derecho, Educativa y Proyectos Interdisciplinarios en Atención a la Drogadicción y Habilidades para la Vida. Tercero: Próxima Valoración: 19-03-2021. ACUERDO FIRME”. Nuevamente la Comisión Disciplinaria N° 31-2020 celebrada el 18/11/2020 acuerda por la falta disciplinaria cometida de conformidad con el artículo 368 inciso d) del Reglamento del Sistema Penitenciario Nacional acuerda: “mantener su ubicación en el Pabellón G de este centro penal” por poseer un arma punzocortante, admitiendo que es suyo y que siempre lo ha andado para defenderse. SÉTIMO. Con respecto a que no puede solicitar traslado, es enfáticamente incorrecta tal afirmación, pues la población penal y él, sin detrimento de sus derechos fundamentales tiene la posibilidad de solicitar traslado a otro centro penal tal como: el CAI Jorge de Bravo o el CAI Jorge Arturo Montero Castro, aunque ciertamente, se le intentó trasladar al CAI Carlos Luis Fallas, por la Medida Cautelar (por el decomiso de una arma punzocortante y amenaza a sus iguales, CAI LPMM-2027-2020 Y SEG CAI LPMM-2025-2020 del 26 de octubre de 2020) en su contra gestión que esta dirección realizó desde el pasado 30 de octubre del 2020, una vez que contó con el aval respectivo y la gestión vía correo electrónico se realiza (aprobación del traslado al centro) cumpliendo los protocolos y directrices institucionales justificado en que el sentenciado, es una persona que desestabiliza la dinámica y estando ubicado en los Pabellones de Compromisos y Oportunidades ( Pabellón D-Casitas), amenazó la integridad de un homólogo con un objeto punzocortante colocando en riesgo la humanidad de la víctima (boleta de traslado del 29/10/2020); pero una vez traslado al centro penal, no ingresa, aduciendo problemas de ubicación. Ahora bien, esta dirección tiene la anuencia en trasladar al amparado a otro centro penal como antes se dijo: el CAI Jorge de Bravo o el CAI Jorge Arturo Montero Castro, siempre y cuando se autorice mediante la coordinación del nivel y no cuenta (sic) nuevamente, con problemas de ingreso, misma que en ocasiones de (sic) torna manipulable por el amparado. OCTAVO. La población penal ubicado (sic) en el ámbito nuevo del G, sin excepción el amparado (además de contar con su cama ) es un espacio físico con ventilación apropiada, camarotes, ropa de cama, colchonetas, baños en buen estado, piletas para el lavado de su ropa, con accesos a los valores de Custodia, las encomiendas, la alimentación, misma que es distribuida en bandejas individuales de acuerdo a (sic) los horarios establecidos por la administración del centro misma que se reparte de forma diligente y diaria. Por otro parte, en cuanto el (sic) uso del teléfono, toda la población recluida en este Ámbito, tiene derecho a la comunicación con el exterior, que pueden realizar mediante 1. El uso de \"Cables\", documentos que diariamente la Policía Penitenciaria recibe de ellos, y que son distribuidos a las diferentes disciplinas del centro y esta dirección para sus respectivos trámites al exterior o interior, y 2. tienen la oportunidad de comunicarse con el exterior por medio de llamadas vía telefónicas, ya que espacio actualmente tiene con (sic) siete teléfonos públicos de los cuales seis son teléfonos fijos y un teléfono móvil de uso colectivo para el ámbito G-2, pabellón G-1 -1 y G-1-2 donde se encuentran los privados de libertad por contar con problemas convivenciales con sus iguales. Con respecto al tiempo de las llamadas telefónicas, la población se organiza mediante una lista en cada pabellón de manera equitativa, respetado el orden de esta y así todos, finalmente pueden comunicarse con sus familiares y otros, sin restricción alguna. Que la lista de los números de teléfonos fijos son: 24388204, 24388205, 24388206, 24388207, 24388211, 24388210 y teléfono móvil colectivo # 24388317. NOVENO. Por último, sobre la bacteria que indica y esta dirección le realiza consulta vía correo electrónico al Médico de turno y debido la consulta indica: \"el paciente en efecto se encuentra con una infección del tracto urinario por una bacteria llamada Proteus Mirabilis la cual es resistente a múltiples antibióticos. Se está manejando por medio de antibióticos intravenosos los cuales en horas de la mañana en el centro y en la noche en reforma (CAI Jorge Arturo Montero Castro) pese a esta condición el paciente goza de buen estado general. La infección no justifica el traslado del paciente\". Así las cosas, siguiendo lo anterior, la jefatura médica agrega y concluye que la solución final de este tipo de problema de salud, es de tipo quirúrgico lo que escapa del ámbito de competencia de los médicos generales del Sistema Penitenciario Nacional. Se agrega además que el sentenciado cuanta (sic) con silla de ruedas donada por un tercero (misma que está en buen estado) según consta en el oficio de la dirección de este momento; Por lo anteriormente expuesto, esta representación, no le ha ocasionado detrimento o violación a sus derechos fundamentales, pues ha contado con atención médica oportuno (sic) para el tratamiento de su padecimiento ya su vez, se ha desvirtuado todo mencionado por e amparado”. Solicita que se declare sin lugar el recurso.\n4.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 15:16 horas de 28 de enero de 2021, rinde informe bajo juramento Adín Largo Cruz, en su condición de director médico de la Clínica La Reforma. Indica que los hechos narrados por el recurrente aparentemente ocurrieron en el CAI Luis Paulino Mora Mora, por lo que no puede referirse a ellos. Señala que, en cuanto a la atención del 19 de enero de 2021, en el expediente electrónico EDUS no consta registro de valoración efectuada al tutelado por parte del servicio de salud del CAI Jorge Arturo Montero Castro. Menciona que en el libro de urgencia no consta que haya ingresado en esa fecha. Solicita que se declare sin lugar el recurso.\n5.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 8:55 horas de 5 de febrero de 2021, rinde informe bajo juramento Viviana Boza Chacón, en su condición de directora general a.i. de Adaptación Social. Expone lo siguiente: “ II. Atendiendo los hechos denunciados se requirió un informe a la Licda. Paula García Navarrete directora del Centro de Atención Institucional Luis Paulino Mora Mora. Al respecto mediante documento fechado 26 de enero 2021, la citada funcionaria señala lo siguiente: Primero: El sentenciado ingresó al Centro de Atención Institucional Luis Paulino Mora Mora en fecha 19/03/2019. Se encuentra a la orden del Instituto Nacional de Criminología, descontando una sentencia de 6 años y 6 meses de prisión por el delito de VENTA DE DROGAS, en perjuicio La Salud Pública pena impuesta por el Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José en la Causa N° [Valor 003] . Según la ficha de Cómputo de Pena y Archivo cumple la pena con prisión el 05/08/2024, con descuento aproximadamente el 23/03/2023 y la media pena y derecho a Libertad Condicional 01/02/2021. Segundo: Con respecto a su estado de salud, mediante informe del área médica del centro penal, se apunta que es portador de paraplejia y vejiga neurogénica secundaria a lesión medular a nivel de la L5, por herida de arma de fuego de hace tres años, por lo que utiliza silla de ruedas para movilizarse y efectivamente fue traslado (sic) al Ámbito G del CAI Luis Paulino Mora Mora el 30 de octubre del 2020, a solicitud del privado de libertad. En razón a los padecimientos de salud, efectivamente el sentenciado mantiene una sonda Foley suprapúbica fija, en Control en el Servicio de Urología del Hospital San Rafael de Alajuela, donde le realizan los cambios periódicamente y durante su proceso de prisionalización permanece en el Centro penal recurrido con medicación, tal como antibióticos, AINES, analgésicos (cuando lo ha requerido) y a la fecha del informe se encuentra en control y estable. Sobre la bacteria que indica se le detectó, esta dirección le realiza consulta vía correo electrónico al médico de turno, quien manifiesta que “el paciente en efecto se encuentra con una infección del tracto urinario por una bacteria llamada Proteus Mirabilis la cual es resistente a múltiples antibióticos. Se está manejando por medio de antibióticos intravenosos los cuales en horas de la mañana en el centro y en la noche en reforma (CAI Jorge Arturo Montero Castro) pese a esta condición, el paciente goza de buen estado general. La infección no justifica el traslado del paciente.” La jefatura médica agrega y concluye que la solución final de este tipo de problema de salud es de tipo quirúrgico lo que escapa del ámbito de competencia de los médicos generales del Sistema Penitenciario Nacional. Se agrega además que el sentenciado cuanta con silla de ruedas donada por un tercero, la cual es encuentra en buen estado. Tercero: En cuanto a que los pabellones no cumplen con lo establecido en la Ley 7600, la Administración del centro mediante oficio A-CAI-LPMM-033-2021 del 25 de enero del 2021, informa que el recurrente se encuentra en los Pabellones G, espacios nuevos recién construidos e inaugurados a partir del 01-09-2020. Señala que la construcción fue levantada por el Departamento de Arquitectura de la Dirección General y se encuentra en excelentes condiciones y que los baños obedecen a los establecido en la Ley 7600. Afirma que el sistema de suministro de agua potable del centro es propio de la institución, mediante un sistema de bombas sumergibles almacenada en tanques, la red de tuberías está en buenas condiciones y se suministra agua para todo el centro en general sin que haya escases. En razón a lo expuesto por la Administración de este centro, se desmiente que en el espacio en el que se ubica el recurrente no existan baños en las condiciones establecidas legalmente o que los lavamanos estén sin servicio. Cuarto: Con respecto a que no se le brinde colaboración para atender sus necesidades personales como bañarse y vestirse, se aclara que la administración no cuenta con personal para esos efectos, ni con los recursos económicos para pagar incentivos y que alguna persona ejerza este tipo de funciones. Quinto: Con relación a la desestabilidad convivencial que ha tendido el sentenciado, se señala que ingresa el 19/03/2019 al ser las 13:58 horas procedente del CASI San Agustín, como Medida Cautelar y posteriormente el Instituto Nacional de Criminología, mediante el Artículo 35 de la Sesión Ordinaria 5366 celebrada el 06/05/2019 lo ubica en la Metodología del Programa de APAC del CAI Luis Paulino Mora Mora. Que en la Comisión Disciplinaria le ha sancionado por poseer un arma punzocortante, admitiendo que es suya y que siempre la ha andado para defenderse; por agredir a uno de sus iguales, atacándolo y causándole una herida en el rostro que ameritó el traslado a la enfermería y por tener oculto en su silla de ruedas 01 envoltorio con aparente marihuana con un peso de 179.6 gramos. Que el Consejo Interdisciplinario mediante su última valoración visto mediante la Sesión Ordinaria N°11-2020 celebrada el 20/03/2020 dispone: “ACUERDA: Primero: Mantener la ubicación del privado de libertad [Nombre 001] en el Nivel de Atención Institucional, toda vez que se ha caracterizado por el incumplimiento de la normativa establecida, vinculándose con el trasiego de drogas al interior del centro penal, además por su problemática convivencial. Ha sido beneficiado con la ubicación en el Nivel de Atención Semi Institucional, beneficio que le ha sido revocado por el incumplimiento de las condiciones, lo que demuestra a este órgano colegiado que no reúne las condiciones personales mínimas para su ubicación en un nivel de menor contención. Además, carece de un proyecto de egreso fuerte que le permita una inserción sociolaboral efectiva que evite la reincidencia en conductas delictivas, convirtiéndose lo anterior en factor de riesgo importante ante un eventual egreso de prisión. Segundo: Definir como Plan de Atención Profesional: Secciones Profesionales de Orientación, Trabajo Social, Derecho, Educativa y Proyectos Interdisciplinarios en Atención a la Drogadicción y Habilidades para la Vida. Tercero: Próxima Valoración: 19-03-2021. ACUERDO FIRME.” Sexto: Con respecto a que no puede solicitar traslado, esta es una afirmación incorrecta, pues la población penal en general, sin detrimento de sus derechos fundamentales, tiene la posibilidad de solicitar traslado a otro centro penal. Aunque ciertamente al recurrente se le intentó trasladar al CAI Carlos Luis Fallas, por la Medida Cautelar en su contra (por el decomiso de una arma punzocortante y amenaza a sus iguales, CAI LPMM-2027-2020 Y SEG CAI LPMM-2025-2020 del 26 de octubre de 2020) gestión que esta dirección realizó desde el pasado 30 de octubre del 2020 y una vez que contó con el aval respectivo y la gestión vía correo electrónico se realizó (aprobación del traslado al centro) cumpliéndose los protocolos y directrices institucionales, en el sentido que el sentenciado es una persona que desestabiliza la dinámica y estando ubicado en los Pabellones de Compromisos y Oportunidades ( Pabellón D-Casitas), amenazó la integridad de un homólogo con un objeto punzocortante colocando en riesgo la humanidad de la víctima, el Sr. Alfaro no ingresó a ese centro aduciendo problemas con sus iguales allí ubicados. Ahora bien, esta dirección tiene la anuencia en trasladar al amparado a otro centro penal entre ellos, al CAI Jorge Debravo o CAI Jorge Arturo Montero Castro, siempre y cuando se autorice mediante la coordinación del nivel y el privado de libertad no cuente nuevamente con problemas de ingreso por manifestar tener conflictos con la población. Sétimo: Actualmente el amparado cuenta con una cama y en el espacio físico en el que se ubica hay ventilación apropiada, camarotes, ropa de cama, colchonetas, baños en buen estado, piletas para el lavado de la ropa, con accesos a los valores de Custodia, a recibir las encomiendas y a una buena alimentación, que es distribuida en bandejas individuales de acuerdo a los horarios establecidos por la administración del centro y que se reparte según los estándares establecidos. Por otro parte, en cuanto el uso del teléfono, toda la población recluida en ese ámbito tiene derecho a la comunicación con el exterior, que pueden realizar mediante 1. El uso de “Cables”, documentos que diariamente la Policía Penitenciaria recibe de ellos, y que son distribuidos a las diferentes disciplinas del centro y esta dirección, para sus respectivos trámites al exterior o interior, y 2. tienen la oportunidad de comunicarse con el exterior por medio de llamadas vía telefónica; ya que el espacio actualmente cuenta con siete teléfonos públicos de los cuales seis son teléfonos fijos y un teléfono móvil de uso colectivo para el ámbito G-2, pabellón G-1-1 y G-1-2 donde se encuentran privados de libertad por contar con problemas convivenciales con sus iguales. Con respecto al tiempo de las llamadas telefónicas, la población se organiza de manera equitativa mediante una lista en cada pabellón, respetando el orden y efectivamente todos pueden comunicarse con sus familiares y otros, sin restricción alguna. La lista de los números de teléfonos fijos son los siguientes: 24388204, 24388205, 24388206, 24388207, 24388211, 24388210 y teléfono móvil colectivo # 24388317. Concluye señalando la directora, que al recurrente no se le ha ocasionado detrimento o violación a sus derechos fundamentales, pues ha contado con atención médica oportuna para el tratamiento de su padecimiento y las condiciones de su reclusión son aptas, desvirtuándose todo lo mencionado en el presente recurso”. Solicita que se declare sin lugar el recurso.\n6.- Mediante resolución de las 10:46 horas de 19 de febrero de 2021, el magistrado instructor solicitó como prueba para mejor resolver al Área Rectora de Salud de Alajuela 2 del Ministerio de Salud lo siguiente: “realizar una inspección en el Centro de Atención Institucional (CAI) Luis Paulino Mora Mora, a fin de que informe a esta Sala si los Pabellones G de ese centro penitenciario cumplen con las disposiciones de la Ley n.° 7600. Lo anterior se dicta en relación con lo señalado por el tutelado [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], en resumen: que es una persona con discapacidad y utiliza una silla de ruedas. Manifiesta que está ubicado en los Pabellones G-11 del centro penal recurrido; sin embargo, estos incumplen lo establecido por la Ley n.° 7600, pues los baños carecen de barandas, no todos los lavatorios funcionan, y no hay suficiente agua”.\n7.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 11:19 horas de 2 de marzo de 2021, se apersona Ronald Enrique Mora Solano, en su condición de director del Área Rectora de Salud Alajuela 2. Expone lo siguiente: “El día 01 de marzo del 2021, la Licda. Diana Espinoza Navarro, Gestora Ambiental realizó inspección al establecimiento en mención, informe contenido en el informe técnico MS-DRRSCN-DARSA2-IT-1810-2021 (se adjunta). En el mismo, se detallan los hallazgos encontrados la visita, entre ellos se indicó que el dormitorio 1 del ámbito G en que se encuentra el amparado, cuenta con 4 servicios sanitarios, 4 duchas y 4 lavatorios. Señaló que, el servicio sanitario y la ducha habilitada para personas con discapacidad no contaba al momento de  la inspección con los accesorios indicados por la Ley 7600. Señalaron los oficiales, que la problemática se da porque los mismos privados de libertad los rompen para confeccionar objetos punzocortantes. Respecto a los lavamanos, durante la inspección se observó el funcionamiento solo de uno de ellos, a los otros les faltaban piezas para funcionar, según los responsables esta situación se da también por los privados de libertad. Por último, con respecto al suministro de agua potable, la autoridad sanitaria refirió que al momento de la inspección se verificó que las duchas, lavatorio si tienen agua (El agua es de pozo propio y funciona por bombeo). Según los oficiales del ámbito, el servicio de agua es continuo, la presión varía según el uso de las pilas, inodoros, lavatorio y dichas. Señaló, la autoridad sanitaria que se conversó con el señor [Nombre 001] quien manifestó su dificultad para ir al servicio sanitario y ducharse. Consideró importante, la autoridad de salud solicitar a los encargados del centro, arreglar las deficiencias detectadas en la visita referida. En atención a lo anterior, notificara orden sanitaria N° MS-DRRSCN-DARSA2-OS-0112-2021, para que se proceda con las mejoras requeridas”.\n8.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.\n\n  Redacta el Magistrado Rueda Leal ; y,\n\nConsiderando:\n\n   I.- Objeto del recurso.  El accionante, privado de libertad en el CAI Luis Paulino Mora Mora, señala que es una persona con discapacidad que debe usar silla de ruedas. Manifiesta que desde hace 3 meses está en los pabellones G-11 (pabellones nuevos); sin embargo, estos no cumplen con lo establecido en la ley n.o 7600, pues sus baños carecen de barandas, los lavatorios no funcionan y no ha suficiente agua. Acota que el 19 de enero de 2021 se le detectó una bacteria, por esa razón recibe atención médica tanto en el hospital como en la Clínica La Reforma, pero no quiere ser sometido a otro tratamiento ultra venoso, ya que las condiciones en las que se encuentra, no son aptas para él. Pide que se le ubique le ubique en el lugar donde se encontraba antes. Manifiesta que anteriormente estaba en el dormitorio APAC en las \"casitas de oportunidades\", donde hay personas con su condición. Menciona que en su ubicación actual solo puede hacer una llamada al día, pero donde estaba antes podía hacer más. Añade que el espacio no es apto para transitar en silla de ruedas.\nII.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estima como debidamente demostrados los siguientes hechos:\nEl 19 de marzo de 2019, el tutelado ingresó al CAI Luis Paulino Mora Mora proveniente del CAI San José. (Informe de las autoridades penitenciarias recurridas).\n El amparado se encuentra a la orden del Instituto Nacional de Criminología con ocasión de una sentencia de seis años y seis meses. (Informe de las autoridades penitenciarias recurridas).\nEl tutelado es portador de paraplejia y vejiga neurogénica secundaria a lesión medular a nivel de la L5 por herida de arma de fuego hace tres años por lo que utiliza silla de ruedas. (Informe de las autoridades penitenciarias recurridas).\nEl accionante utiliza una sonda Foley suprapúbica fija cuyo control se sigue en el Servicio de Urología del Hospital San Rafael de Alajuela. (Informe de las autoridades penitenciarias recurridas).\nEl 30 de octubre de 2020, el recurrente fue trasladado al ámbito G del CAI Luis Paulino Mora Mora. (Informe de las autoridades penitenciarias recurridas).\nEl Dr. Emanuel Rodríguez Quirós, por correo electrónico de 25 de enero de 2021, en relación con la condición de salud del amparado, señaló:\n“El paciente en efecto se encuentra con una infección del tracto urinario por una bacteria llamada Proteus Mirabilis la cual es resistente a múltiples antibióticos. Se está manejando por medio de antibióticos intravenosos los cuales en horas de la mañana en el centro y en la noche en reforma (CAI Jorge Arturo Montero Castro) pese a esta condición, el paciente goza de buen estado general. La infección no justifica el traslado del paciente”. (Informe de las autoridades penitenciarias recurridas y prueba aportada).\nLa funcionaria Diana Espinoza Navarro, Gestora Ambiental del Área Rectora de Salud 2, mediante oficio MS-DRRSCN-DARSA2-IT-1180-2021 del 1o de marzo de 2021 dirigido al director de esa área, señaló:\n“En seguimiento al Recurso de Amparo Expediente N° 21-001248-0007-CO recurrido por: [Nombre 001], sobre las condiciones del ámbito G-11 del Centro de Atención Institucional (CAI) Luis Paulino Mora Mora donde se encuentra actualmente recluido, se le informa lo siguiente:\nLe informó:\n1. El 24 de febrero de 2021, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia solicitó rendir un informe sobre los hechos alegados por el recurrente dentro los tres días hábiles.\n2. El 25 de febrero de 2021, vía correo electrónico, se coordinó con la directora del CAI, Paula García Navarrete, la inspección de campo para verificar los hechos alegados por el recurrente.\n3. El 1 de marzo de 2021, según consta en el acta de inspección ocular N°MS-DRRSCNDARSA2-1171-2021, la suscrita, se apersonó a las instalaciones del CAI Luis Paulino Mora Mora. En el sitio atendió primeramente la directora del CAI, señora García\nNavarrete y seguidamente el señor William Céspedes Quesada, oficial de vigilancia.\n4. Respecto a las condiciones denunciadas por el recurrente, se presenta el siguiente cuadro:\nAspecto\n\t\nSituación encontrada\n\nCumplimiento de la ley 7600\nen el ámbito G (barandas en\nlos baños\n\tEn el dormitorio 1 del ámbito G, sitio donde reside el recurrente se observaron (ver anexo 1):\n• 4 servicios sanitarios\n• 4 duchas\n• 4 lavatorios\nEl servicio sanitario y la ducha habilitada para personas con discapacidad (ver anexo 2) no cuenta con los accesorios indicados por la ley 7600. Lo anterior, debido a que los mismos privados de libertad lo rompen para confeccionar objetos punzocortantes\n\nNo todos los lavatorios\nfuncionan\n\t\nEn cuanto al funcionamiento de los  lavamanos, durante la visita solo se observó el funcionamiento de uno de ellos, los otros le faltaban piezas para funcionar (sifón, ver anexo 3). Esta situación también es ocasionada por los privados de libertad.\n\nNo hay suficiente agua\n(suministro)\n\tAl momento de la visita, se verificó que las duchas y lavatorio si tienen agua; el suministro de agua es propio (pozo) y funciona por bombeo. Según indicaron los oficiales del ámbito, el servicio de agua es continuo, la presión varía según el uso de las pilas, inodoro, lavatorios y duchas.\nNo obstante, el sistema de descarga y llenado de los inodoros no funciona bien, por lo que deben echar agua con baldes para que baje el servicio. Por afuera se observó la parte de arriba de los inodoros (ver anexo 4).\n5. Observaciones generales:\n• El CAI Luis Paulino Mora Mora tiene una población actual de 1001 privados de libertad; y específicamente el dormitorio 1 del Ámbito de Convivencia alberga 32 personas, entre ellas el recurrente.\n• Durante la visita, se logró entrevistar al señor [Nombre 001], quien manifestó que se le dificulta ir al servicio sanitario y ducharse. Cabe mencionar que se observó que el recurrente utiliza una sonda para orinar.\nPor lo antes expuesto, se recomienda emitir la orden sanitaria N° MS-DRRSCN-DARSA2-OS-0112-2021 para que la administración del CAI Luis Paulino Mora Mora repare los lavatorios fuera de funcionamiento, el mecanismo de llenado y descarga de los inodoros; y coloque barras de apoyo en el servicio sanitario y ducha habilitada para 7600”. (Prueba para mejor resolver solicitada al Ministerio de Salud).\nEl Área Rectora de Salud Alajuela 2, mediante orden sanitaria MS-DRRSCN-DARSA2-OS-112-2021 del 1o de marzo de 2021 dirigida a la directora del CAI Luis Paulino Mora Mora y notificada a esa funcionaria ese mismo día, dispuso:\n“Plazo de cumplimiento: 2 meses\nFecha de Notificación: 01/03/2021\nFecha de vencimiento: 01/05/2021\nDe acuerdo con valoración realizada el 01 de marzo del 2021, realizada por la funcionaria Diana Espinoza Navarro destacada en el Área Rectora de Salud Alajuela 2, y en atención al recurso de amparo N° 21-001248-0007-CO, y conforme al informe técnico N° MS-DRRSCN-DARSA2-1180- 2021, se describen las no conformidades detectadas, por tanto, se le ordena que en el plazo indicado debe:\nA. Corregir las no conformidades indicadas a continuación en el plazo indicado a partir de la notificación de esta orden sanitaria:\n1. Servicios sanitarios: reparar el sistema de llenado y descarga de los inodoros del dormitorio 1 del Ámbito de Convivencia G\n2. Lavamanos: reparar los tres lavamanos fuera de funcionamiento, de modo que mínimo siempre estén en operación dos lavamanos.\n3. Agarraderas: colocar las agarraderas de apoyo en el servicio sanitario y ducha habilitada según la Ley 7600.\nB. Presentar un plan de acciones correctivas ante el Área Rectora de Salud: Este plan debe ser entregado en un plazo no mayor a 10 días hábiles, y contener como mínimo un cronograma con los siguientes apartados: Fecha de inicio, fecha de finalización, actividades y responsables a cargo de la ejecución de cada actividad. El Plan debe subsanar todas las no conformidades detectadas y no exceder 2 meses.\nEl acto administrativo (Orden Sanitaria) tiene como propósito fundamental proteger la salud de la población y el ambiente. Lo anterior con fundamento legal en la Ley General de Salud, Reglamento General De Seguridad E Higiene De Trabajo (DE-01) y otras leyes conexas.\nRIGE A PARTIR DE SU NOTIFICACIÓN\nSe advierte que al incumplimiento de la presente orden sanitaria se procederá a interponer la denuncia ante el Ministerio Público, por el delito de desobediencia artículo 314 del Código Penal “314. Desobediencia Se impondrá prisión de seis meses a tres años, a quien no cumpla o no haga cumplir, en todos sus extremos, la orden impartida por un órgano jurisdiccional o por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, siempre que se haya comunicado, salvo si se trata de la propia detención”.\nEl incumplimiento dará motivo para proceder a la clausura de la actividad con formal colocación de sellos, según los artículos 355, 356 y 363 de la misma Ley General de Salud.\n“De conformidad con el artículo 60 y siguientes de la Ley Orgánica del Ministerio de Salud, en relación con la presente orden sanitaria, procede interponer los Recursos de Revocatoria con Apelación de Subsidio dentro de los cinco días hábiles contados a partir de su notificación. El recurso podrá ser interpuesto ante la Oficina del Área de Salud y de ser necesario, la revocatoria será resuelta por la Dirección Regional del Ministerio de Salud y\nde ser necesario la apelación será resuelta por el Ministerio de Salud”. (Prueba para mejor resolver solicitada al Ministerio de Salud).\nIII.-Sobre el fondo. En el sub lite, el accionante, privado de libertad en el CAI Luis Paulino Mora Mora, señala que es una persona con discapacidad que debe usar silla de ruedas. Manifiesta que desde hace 3 meses está en los pabellones G-11 (pabellones nuevos); sin embargo, estos no cumplen con lo establecido en la ley n.o 7600, pues sus baños carecen de barandas, los lavatorios no funcionan y no ha suficiente agua. Acota que el 19 de enero de 2021 se le detectó una bacteria, por esa razón recibe atención médica tanto en el hospital como en la Clínica La Reforma, pero no quiere ser sometido a otro tratamiento ultra venoso, ya que las condiciones en las que se encuentra, no son aptas para él. Pide que se le ubique le ubique en el lugar donde se encontraba antes. Manifiesta que anteriormente estaba en el dormitorio APAC en las \"casitas de oportunidades\", donde hay personas con su condición. Menciona que en su ubicación actual solo puede hacer una llamada al día, pero donde estaba antes podía hacer más. Añade que el espacio no es apto para transitar en silla de ruedas.\nDel estudio de los autos se tiene por demostrado, que el 19 de marzo de 2019, el tutelado ingresó al CAI Luis Paulino Mora Mora proveniente del CAI San José. El amparado se encuentra a la orden del Instituto Nacional de Criminología con ocasión de una sentencia de seis años y seis meses. El tutelado es portador de paraplejia y vejiga neurogénica secundaria a lesión medular a nivel de la L5 por herida de arma de fuego hace tres años por lo que utiliza silla de ruedas. El accionante utiliza una sonda Foley suprapúbica fija cuyo control se sigue en el Servicio de Urología del Hospital San Rafael de Alajuela. El 30 de octubre de 2020, el recurrente fue trasladado al ámbito G del CAI Luis Paulino Mora Mora. El Dr. Emanuel Rodríguez Quirós, por correo electrónico de 25 de enero de 2021, en relación con la condición de salud del amparado, señaló: “El paciente en efecto se encuentra con una infección del tracto urinario por una bacteria llamada Proteus Mirabilis la cual es resistente a múltiples antibióticos. Se está manejando por medio de antibióticos intravenosos los cuales en horas de la mañana en el centro y en la noche en reforma (CAI Jorge Arturo Montero Castro) pese a esta condición, el paciente goza de buen estado general. La infección no justifica el traslado del paciente”. La funcionaria Diana Espinoza Navarro, Gestora Ambiental del Área Rectora de Salud 2, mediante oficio MS-DRRSCN-DARSA2-IT-1180-2021 del 1o de marzo de 2021 dirigido al director de esa área, señaló: “En seguimiento al Recurso de Amparo Expediente N° 21-001248-0007-CO recurrido por: [Nombre 001], sobre las condiciones del ámbito G-11 del Centro de Atención Institucional (CAI) Luis Paulino Mora Mora donde se encuentra actualmente recluido, se le informa lo siguiente: Le informó: 1. El 24 de febrero de 2021, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia solicitó rendir un informe sobre los hechos alegados por el recurrente dentro los tres días hábiles. 2. El 25 de febrero de 2021, vía correo electrónico, se coordinó con la directora del CAI, Paula García Navarrete, la inspección de campo para verificar los hechos alegados por el recurrente. 3. El 1 de marzo de 2021, según consta en el acta de inspección ocular N°MS-DRRSCNDARSA2-1171-2021, la suscrita, se apersonó a las instalaciones del CAI Luis Paulino Mora Mora. En el sitio atendió primeramente la directora del CAI, señora García Navarrete y seguidamente el señor William Céspedes Quesada, oficial de vigilancia. 4. Respecto a las condiciones denunciadas por el recurrente, se presenta el siguiente cuadro:\nAspecto\n\t\nSituación encontrada\n\nCumplimiento de la ley 7600\nen el ámbito G (barandas en\nlos baños\n\tEn el dormitorio 1 del ámbito G, sitio donde reside el recurrente se observaron (ver anexo 1):\n• 4 servicios sanitarios\n• 4 duchas\n• 4 lavatorios\nEl servicio sanitario y la ducha habilitada para personas con discapacidad (ver anexo 2) no cuenta con los accesorios indicados por la ley 7600. Lo anterior, debido a que los mismos privados de libertad lo rompen para confeccionar objetos punzocortantes\n\nNo todos los lavatorios\nfuncionan\n\t\nEn cuanto al funcionamiento de los  lavamanos, durante la visita solo se observó el funcionamiento de uno de ellos, los otros le faltaban piezas para funcionar (sifón, ver anexo 3). Esta situación también es ocasionada por los privados de libertad.\n\nNo hay suficiente agua\n(suministro)\n\tAl momento de la visita, se verificó que las duchas y lavatorio si tienen agua; el suministro de agua es propio (pozo) y funciona por bombeo. Según indicaron los oficiales del ámbito, el servicio de agua es continuo, la presión varía según el uso de las pilas, inodoro, lavatorios y duchas.\nNo obstante, el sistema de descarga y llenado de los inodoros no funciona bien, por lo que deben echar agua con baldes para que baje el servicio. Por afuera se observó la parte de arriba de los inodoros (ver anexo 4).\n5. Observaciones generales: • El CAI Luis Paulino Mora Mora tiene una población actual de 1001 privados de libertad; y específicamente el dormitorio 1 del Ámbito de Convivencia alberga 32 personas, entre ellas el recurrente. • Durante la visita, se logró entrevistar al señor [Nombre 001], quien manifestó que se le dificulta ir al servicio sanitario y ducharse. Cabe mencionar que se observó que el recurrente utiliza una sonda para orinar. Por lo antes expuesto, se recomienda emitir la orden sanitaria N° MS-DRRSCN-DARSA2-OS-0112-2021 para que la administración del CAI Luis Paulino Mora Mora repare los lavatorios fuera de funcionamiento, el mecanismo de llenado y descarga de los inodoros; y coloque barras de apoyo en el servicio sanitario y ducha habilitada para 7600”. El Área Rectora de Salud Alajuela 2, mediante orden sanitaria MS-DRRSCN-DARSA2-OS-112-2021 del 1o de marzo de 2021 dirigida a la directora del CAI Luis Paulino Mora Mora y notificada a esa funcionaria ese mismo día, dispuso: “Plazo de cumplimiento: 2 meses Fecha de Notificación: 01/03/2021 Fecha de vencimiento: 01/05/2021 De acuerdo con valoración realizada el 01 de marzo del 2021, realizada por la funcionaria Diana Espinoza Navarro destacada en el Área Rectora de Salud Alajuela 2, y en atención al recurso de amparo N° 21-001248-0007-CO, y conforme al informe técnico N° MS-DRRSCN-DARSA2-1180- 2021 , se describen las no conformidades detectadas, por tanto, se le ordena que en el plazo indicado debe: A. Corregir las no conformidades indicadas a continuación en el plazo indicado a partir de la notificación de esta orden sanitaria: 1. Servicios sanitarios: reparar el sistema de llenado y descarga de los inodoros del dormitorio 1 del Ámbito de Convivencia G 2. Lavamanos: reparar los tres lavamanos fuera de funcionamiento, de modo que mínimo siempre estén en operación dos lavamanos. 3. Agarraderas: colocar las agarraderas de apoyo en el servicio sanitario y ducha habilitada según la Ley 7600. B. Presentar un plan de acciones correctivas ante el Área Rectora de Salud: Este plan debe ser entregado en un plazo no mayor a 10 días hábiles, y contener como mínimo un cronograma con los siguientes apartados: Fecha de inicio, fecha de finalización, actividades y responsables a cargo de la ejecución de cada actividad. El Plan debe subsanar todas las no conformidades detectadas y no exceder 2 meses. El acto administrativo (Orden Sanitaria) tiene como propósito fundamental proteger la salud de la población y el ambiente . Lo anterior con fundamento legal en la Ley General de Salud, Reglamento General De Seguridad E Higiene De Trabajo (DE-01) y otras leyes conexas. RIGE A PARTIR DE SU NOTIFICACIÓN Se advierte que al incumplimiento de la presente orden sanitaria se procederá a interponer la denuncia ante el Ministerio Público, por el delito de desobediencia artículo 314 del Código Penal “314. Desobediencia Se impondrá prisión de seis meses a tres años, a quien no cumpla o no haga cumplir, en todos sus extremos, la orden impartida por un órgano jurisdiccional o por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, siempre que se haya comunicado, salvo si se trata de la propia detención”. El incumplimiento dará motivo para proceder a la clausura de la actividad con formal colocación de sellos, según los artículos 355, 356 y 363 de la misma Ley General de Salud.  “De conformidad con el artículo 60 y siguientes de la Ley Orgánica del Ministerio de Salud, en relación con la presente orden sanitaria, procede interponer los Recursos de Revocatoria con Apelación de Subsidio dentro de los cinco días hábiles contados a partir de su notificación. El recurso podrá ser interpuesto ante la Oficina del Área de Salud y de ser necesario, la revocatoria será resuelta por la Dirección Regional del Ministerio de Salud y de ser necesario la apelación será resuelta por el Ministerio de Salud”.\nSobre el particular, este Tribunal verifica que el pabellón en el que se encuentra el tutelado incumple con la ley n.o 7600 denominada “ Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad”, tal y como fue determinado por el Ministerio de Salud con ocasión de visita efectuada. Además, se evidenciaron otras situaciones que deben ser corregidas por las autoridades del centro penal. Todo lo cual fue consignado en la orden sanitaria MS-DRRSCN-DARSA2-OS-112-2021 del 1o de marzo de 2021. En consecuencia, se aprecia una vulneración a los derechos fundamentales del tutelado, ya que, pese a su discapacidad, ha tenido que utilizar baños que no se ajustan a la ley n.o 7600 y, además, presentan otras deficiencias de índole sanitario. Por ello, lo procedente es declarar con lugar este extremo, en los términos que se dictarán en la parte dispositiva de esta sentencia.\nPor otra parte, si bien el recurrente quiere regresar específicamente a la ubicación del centro penal en la que se encontraba antes, es importante aclarar que no corresponde a este Tribunal determinar la ubicación específica de una persona privada de libertad, ya que ello es resorte exclusivo de la Administración Penitenciaria. Si lo que desea el accionante es tener una ubicación específica en el CAI Luis Paulino Mora Mora, o bien, en algún otro centro penal, podrá plantear sus alegatos en la vía administrativa o jurisdiccional ordinaria. \nEn relación con bacteria que se le detectó, se observa que las autoridades médicas del centro penal tienen conocimiento de tal situación y le están brindando el tratamiento correspondiente; además, consideran que, pese a ello, el paciente goza de buen estado en general. Asimismo, consta expresamente que el médico del CAI señaló que la infección como tal no justifica el traslado del paciente.\nEn relación con la cantidad de llamadas en su ubicación actual en comparación con las que tenía en su ubicación anterior, no se aprecia algún argumento que amerite pronunciamiento por parte de la Sala, ya que el amparado no desarrolló en qué medida resulta afectado.\nFinalmente, aun cuando el accionante acusa que el espacio dentro de la celda no es apto para transitar en silla de ruedas, no expone las razones por las cuales realiza esa afirmación ni los obstáculos concretos que le impiden desplazarse. De ahí que, al no formularse alegatos individualizados, este Tribunal no puede efectuar algún análisis de constitucionalidad al respecto.\nIV.- Nota del magistrado Rueda Leal.   Advierto que en este recurso no salvo el voto como ordinariamente lo hago y remito el asunto al Juez de Ejecución de la Pena, dado que el amparo está relacionado con aspectos de salud que según aduce la parte amparada le afectan, lo que es una excepción para mí, dada la relevancia de dicho derecho para la propia existencia del ser humano y cuya resolución debe ser atendida prontamente. Por consiguiente, estimo procedente conocer por el fondo el recurso.\nV.- Documentación aportada al expediente . Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo  contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\" , aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\nPor tanto:\n  Se declara parcialmente con lugar el recurso solo en cuanto a las deficiencias evidenciadas en la orden sanitaria MS-DRRSCN-DARSA2-OS-112-2021. Se ordena a Paula García Navarrete, en su condición de directora del CAI Luis Paulino Mora Mora, o a quien ocupe ese cargo, adoptar las medidas necesarias a fin de cumplir lo dispuesto en la orden sanitaria n.° MS-DRRSCN-DARSA2-OS-112-2021 dentro del plazo estipulado en ella; en el ínterin, deberá ejecutar todas las actuaciones dentro del ámbito de su competencia a los efectos de garantizar la permanencia del amparado en lugares accesibles de conformidad con la ley n.o 7600, de tal manera que no corra peligro su integridad física. Se advierte a la autoridad recurrida que, de acuerdo con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago daños y perjuicios, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En todo lo demás se declara sin lugar el recurso. Notifíquese.\n \n \n\t\nFernando Castillo V.\nPresidente\n\t\n \n\n\nPaul Rueda L.\n\t\n \n\t\nNancy Hernández L.\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\t\n \n\t\nJorge Araya G.\n\n\nAnamari Garro V.\n\t\n \n\t\nIleana Sánchez N.\n \n \nDocumento Firmado Digitalmente\n-- Código verificador --\n*XEOKRC6USCQ61*\n XEOKRC6USCQ61\nEXPEDIENTE N° 21-001248-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 09-05-2026 09:03:02.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "**CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE.** San José, at nine fifteen in the morning on the twelfth of March, two thousand twenty-one.\n\nAmparo appeal processed under case file No. 21-001248-0007 CO, filed by [Name 001], identification number [Value 001], against the DIRECCIÓN GENERAL DE ADAPTACIÓN SOCIAL and the CENTRO DE ATENCIÓN INSTITUCIONAL (CAI) LUIS PAULINO MORA MORA.\n\n**Whereas:**\n\n1.- By brief added to the digital case file at 10:34 on January 22, 2021, the petitioner files an amparo appeal. He indicates that he is deprived of liberty in the appealed CAI. He states that he is a person with a disability, because he received 2 gunshots that left him in a wheelchair. He adds that he also uses a catheter. He claims to be serving a sentence of 6 years and 6 months, for which he would complete his time off with good time credit on March 23, 2023. He states that for the past 3 months he has been in the G-11 wings (new wings) due to a disciplinary report; however, these do not comply with the provisions of Law 7600 (Ley 7600), because their bathrooms lack grab bars and there is insufficient water. He argues that he needs help when bathing, so some people help him out of humanity. He states that due to his health condition, he has had to see a doctor on several occasions. He explains that he cannot request a transfer to another penal center, nor is he willing to accept the offer from the director of the CAI Luis Paulino Mora Mora, which consists of being transferred to the CAI of Guápiles. He notes that on January 19, 2021, a bacterium was detected, for which reason he receives medical attention both at the hospital and at the Clínica La Reforma, but he does not want to be subjected to another intravenous treatment, since the conditions in which he finds himself are not suitable for him. He asks to be placed in the location where he was before and that both his bed and his locker be returned to him. He states that previously he was in the APAC dormitory in the \"casitas de oportunidades\", where there are people with his condition and he was attended by people who helped him perform his daily activities. He mentions that in his current placement, he can only make one call a day, but where he was before he could make more. He reproaches that where he is currently located, he can only make one call. He adds that of the 3 washbasins in the bathrooms, only one works. He adds that the space is not suitable for moving around in a wheelchair.\n\n2. By resolution at 14:35 on January 22, 2021, the proceeding was given course. Likewise, a report was requested from the Director General of Adaptación Social; from the Director General and the Director of the Clinic, both of the CAI Luis Paulino Mora Mora; and from the Director of the Clínica La Reforma. Similarly, it was ordered as a precautionary measure to ensure that the petitioner receives the medical attention he requires to adequately treat his condition.\n\n3.- By brief added to the digital case file at 8:29 on January 27, 2021, Paula García Navarrete, in her capacity as director of the CAI Luis Paulino Mora Mora, renders a report under oath. She states the following: “The sentenced inmate entered the Centro de Atención Institucional Luis Paulino Mora Mora on 03/19/2019, coming from the CAI San José. He is at the disposal of the Instituto Nacional de Criminología, serving a sentence of SIX years SIX months ZERO days of imprisonment for the crime of SALE OF DRUGS, to the detriment of Public Health, a sentence imposed by the Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José in Case No. [Value 002]. That according to the Sentence Computation and File card, he completes his Imprisonment on 08/05/2024; with good time credit approximately on 03/23/2023; Half sentence and with the right to Conditional Release 02/01/2021; one-third of the Sentence on 03/25/2020; with Preventive Detention from 05/04/2016 to 10/05/2016; for Acts occurring on 04/28/2018 and with a Liquid Sentence starting on 07/10/2018. THIRD. Regarding the statements made by the appellee, the report from the Health area of the appealed penal center reveals that: he has paraplegia and a neurogenic bladder secondary to a spinal cord injury at the L5 level from a firearm wound three years ago, for which he uses a wheelchair to get around, and indeed he was transferred to the G Sector of the CAI Luis Paulino Mora Mora on October 30, 2020, relocated from the module at his request. Regarding the fact that the wings do not comply with the provisions of Law 7600 (Ley 7600), the center's administration, through official letter A CAI-LPMM-033-2021 dated January 25, 2021, reports the following: ‘Indeed, the PL [privado de libertad] is confined in this center in the G Wings. That the G wings are newly built, newly constructed wings, inaugurated as of 09/01/2020. That the facilities of the said wings are in excellent condition, therefore their bathrooms and washbasins are as well. That they were built by the engineering department of Adaptación Social and that the said bathrooms comply with the provisions of Law 7600 (Ley 7600). The center's potable water supply system is the institution's own, by means of a submersible pump system stored in tanks; the pipe network is in good condition; water is supplied to the entire center in general without there being a shortage of it.’ Based on the foregoing, this center's administration refutes the claim that there are bathrooms in conditions that do not meet the requirements of Law 7600 (Ley 7600) or that the washbasins are out of service; consequently, since there is a sufficient water supply, it refutes what was stated by the appellee. FOURTH. Regarding the claim that no one helps him bathe or get dressed, this administration does not have personnel for those purposes, nor does it have the authorization from the Dirección General de Adaptación Social to pay incentives and carry out this type of function. FIFTH. Regarding Álvaro's health ailments, the sentenced inmate indeed has a fixed suprapubic Foley catheter, under Control at the Urology Service of the Hospital San Rafael de Alajuela, where, according to the health report submitted via Official Letter 028-2021-SSCLPMM dated January 25, 2021, periodic changes of his catheter are performed and that during his prison process he remains in the appealed Penal Center with medication such as antibiotics, NSAIDs, analgesics (when he has required them) and as of the date of the report he is under control and stable. SIXTH. In relation to the cohabitation instability that the sentenced inmate has experienced, [Name 001] entered on 03/19/2019 at 13:58 coming from the CASI San Agustín, as a Precautionary Measure, and the Instituto Nacional de Criminología, through the agreement, Article 35 of Ordinary Session 5366 held on 05/06/2019; and for the indicated date, he was placed in the APAC Program Methodology; That on 10/04/2019, for assaulting his peers, failing to comply with the established rules for remaining in APAC, and that due to the acts charged by the Disciplinary Commission CD-48-2019 of 11/29/2019, it agrees to declare [Name 001] the responsible perpetrator for the offense defined in article 368 subsection a) ‘assaulted one of his peers, attacking him and causing a wound to his face that warranted transfer to the infirmary...’ and that according to the Reglamento del Sistema Penitenciario Nacional, it orders the imposed Precautionary Measure to be lifted and to remain located in D-04 ‘Casitas’ of the CAI Luis Paulino Mora Mora. Again, the Disciplinary Commission, through CD-01-2020 of 01/10/2020, agrees to declare [Name 001] the responsible perpetrator for the offense defined in article 368 subsection C) of the Reglamento del Sistema Penitenciario Nacional ‘...for having hidden in his wheelchair 01 … wrapper … inside another transparent plastic wrapper covering the substance containing apparent marijuana with a weight of 179.6 grams ...’ ordering relocation to a higher physical containment center. That the Interdisciplinary Council, through its last assessment seen at Ordinary Session No. 11-2020 held on 03/20/2020, orders: ‘AGREES: First: To maintain the placement of the person deprived of liberty [Name 001] at the Institutional Attention Level, given that he has been characterized by non-compliance with established regulations, being linked to drug trafficking inside the penal center, in addition to his cohabitation problems. He has been granted the benefit of placement at the Semi-Institutional Attention Level, a benefit that has been revoked for non-compliance with the conditions; which demonstrates to this collegiate body that he does not meet the minimum personal conditions for placement at a lower containment level. Furthermore, he lacks a strong exit project that would allow him effective socio-labor insertion to prevent recidivism in criminal behavior. This becomes a significant risk factor in the event of a potential release from prison. Second: To define as a Professional Attention Plan: Professional Counseling, Social Work, Law, Educational Sections, and Interdisciplinary Projects for Drug Addiction and Life Skills. Third: Next Assessment: 03/19/2021. FINAL AGREEMENT.’ Again, Disciplinary Commission No. 31-2020 held on 11/18/2020 agreed, for the disciplinary offense committed in accordance with article 368 subsection d) of the Reglamento del Sistema Penitenciario Nacional, to: ‘maintain his placement in G Wing of this penal center’ for possessing a sharp weapon, admitting that it is his and that he has always carried it to defend himself. SEVENTH. Regarding the claim that he cannot request a transfer, this statement is emphatically incorrect, as the penal population and he, without detriment to his fundamental rights, have the possibility of requesting a transfer to another penal center such as: the CAI Jorge de Bravo or the CAI Jorge Arturo Montero Castro, although admittedly, an attempt was made to transfer him to the CAI Carlos Luis Fallas, due to the Precautionary Measure (for the confiscation of a sharp weapon and threatening his peers, CAI LPMM-2027-2020 AND SEG CAI LPMM-2025-2020 dated October 26, 2020) against him, a procedure that this management carried out since last October 30, 2020, once it had the respective approval and the procedure via email was completed (approval of the transfer to the center) complying with institutional protocols and guidelines, justified by the fact that the sentenced inmate is a person who destabilizes the dynamics and, while located in the Wings of Commitments and Opportunities (D-Casitas Wing), threatened the integrity of a peer with a sharp object, putting the humanity of the victim at risk (transfer order dated 10/29/2020); but once transferred to the penal center, he did not enter, citing placement problems. Now then, this management is willing to transfer the appellee to another penal center as previously stated: the CAI Jorge de Bravo or the CAI Jorge Arturo Montero Castro, provided it is authorized through the level's coordination and he does not again have entry problems, which at times becomes manipulable by the appellee. EIGHTH. The penal population located in the new G sector, without exception the appellee (in addition to having his bed), is in a physical space with appropriate ventilation, bunk beds, bed linen, mattresses, bathrooms in good condition, laundry sinks, with access to the values held in Custody, parcels, food, the same being distributed in individual trays according to the schedules established by the center's administration, which is distributed diligently and daily. On the other hand, regarding the use of the telephone, the entire population confined in this Sector has the right to communicate with the outside world, which they can do through 1. The use of ‘Cables’, documents that the Prison Police receive from them daily, and which are distributed to the different disciplines of the center and this management for their respective external or internal procedures, and 2. they have the opportunity to communicate with the outside via telephone calls, since the space currently has seven public telephones, of which six are landlines and one is a mobile phone for collective use for the G-2 sector, wing G-1-1 and G-1-2 where persons deprived of liberty are located for having cohabitation problems with their peers. Regarding the duration of telephone calls, the population organizes itself equitably through a list in each wing, respecting its order, and thus everyone can finally communicate with their relatives and others, without any restriction. The list of landline phone numbers is: 24388204, 24388205, 24388206, 24388207, 24388211, 24388210 and collective mobile phone # 24388317. NINTH. Lastly, regarding the bacteria he indicates, and this management makes a query via email to the On-call Doctor, and due to the query, he indicates: ‘the patient indeed has a urinary tract infection caused by a bacterium called Proteus Mirabilis, which is resistant to multiple antibiotics. He is being managed with intravenous antibiotics, which are administered in the morning at the center and at night in reforma (CAI Jorge Arturo Montero Castro). Despite this condition, the patient enjoys a good general state. The infection does not justify the transfer of the patient.’ Thus, following the above, the medical chief adds and concludes that the final solution for this type of health problem is surgical, which falls outside the scope of competence of the general practitioners of the Sistema Penitenciario Nacional. It is also added that the sentenced inmate has a wheelchair donated by a third party (which is in good condition) as stated in the official letter from the management at this time; For the reasons stated, this representation has not caused detriment to or violation of his fundamental rights, as he has had timely medical attention for the treatment of his condition and, in turn, everything mentioned by the appellee has been refuted.” She requests that the appeal be declared without merit.\n\n4.- By brief added to the digital case file at 15:16 on January 28, 2021, Adín Largo Cruz, in his capacity as medical director of the Clínica La Reforma, renders a report under oath. He indicates that the events narrated by the appellant apparently occurred in the CAI Luis Paulino Mora Mora, so he cannot refer to them. He notes that, regarding the attention on January 19, 2021, in the EDUS electronic record there is no record of an assessment performed on the petitioner by the health service of the CAI Jorge Arturo Montero Castro. He mentions that the emergency log does not show that he was admitted on that date. He requests that the appeal be declared without merit.\n\n5.- By brief added to the digital case file at 8:55 on February 5, 2021, Viviana Boza Chacón, in her capacity as acting director general of Adaptación Social, renders a report under oath. She states the following: “II. Addressing the reported events, a report was requested from Ms. Paula García Navarrete, director of the Centro de Atención Institucional Luis Paulino Mora Mora. In this regard, by document dated January 26, 2021, the aforementioned official states the following: First: The sentenced inmate entered the Centro de Atención Institucional Luis Paulino Mora Mora on 03/19/2019. He is at the disposal of the Instituto Nacional de Criminología, serving a sentence of 6 years and 6 months of imprisonment for the crime of SALE OF DRUGS, to the detriment of Public Health, a sentence imposed by the Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José in Case No. [Value 003]. According to the Sentence Computation and Archive card, he completes the prison sentence on 08/05/2024, with good time credit approximately on 03/23/2023 and half sentence and the right to Conditional Release 02/01/2021. Second: Regarding his state of health, through a report from the penal center's medical area, it is noted that he has paraplegia and a neurogenic bladder secondary to a spinal cord injury at the L5 level, from a firearm wound three years ago, for which he uses a wheelchair to get around, and indeed he was transferred to the G Sector of the CAI Luis Paulino Mora Mora on October 30, 2020, at the request of the person deprived of liberty. Regarding his health ailments, the sentenced inmate indeed has a fixed suprapubic Foley catheter, under Control at the Urology Service of the Hospital San Rafael de Alajuela, where changes are performed periodically and during his prison process he remains in the appealed Penal Center with medication, such as antibiotics, NSAIDs, analgesics (when he has required them) and as of the date of the report he is under control and stable. Regarding the bacterium he indicates was detected, this management makes a query via email to the on-call doctor, who states that ‘the patient indeed has a urinary tract infection caused by a bacterium called Proteus Mirabilis, which is resistant to multiple antibiotics. He is being managed with intravenous antibiotics, which are administered in the morning at the center and at night in reforma (CAI Jorge Arturo Montero Castro). Despite this condition, the patient enjoys a good general state. The infection does not justify the transfer of the patient.’ The medical chief adds and concludes that the final solution for this type of health problem is surgical, which falls outside the scope of competence of the general practitioners of the Sistema Penitenciario Nacional. It is also added that the sentenced inmate has a wheelchair donated by a third party, which is in good condition. Third: Regarding the claim that the wings do not comply with the provisions of Law 7600 (Ley 7600), the Center's Administration, through official letter A-CAI-LPMM-033-2021 dated January 25, 2021, reports that the appellant is located in the G Wings, new spaces recently built and inaugurated as of 09/01/2020. It notes that the construction was carried out by the Architecture Department of the Dirección General and is in excellent condition, and that the bathrooms comply with the provisions of Law 7600 (Ley 7600). It states that the center's potable water supply system is the institution's own, by means of a submersible pump system stored in tanks; the pipe network is in good condition; and water is supplied to the entire center in general without there being a shortage. Based on the foregoing from this Center's Administration, it is refuted that in the space where the appellant is located there are bathrooms not in legally established conditions or that the washbasins are out of service. Fourth: Regarding the claim that he is not provided with assistance to meet his personal needs such as bathing and getting dressed, it is clarified that the administration does not have personnel for those purposes, nor the financial resources to pay incentives for someone to perform these types of functions. Fifth: In relation to the cohabitation instability that the sentenced inmate has experienced, it is noted that he entered on 03/19/2019 at 13:58, coming from CASI San Agustín, as a Precautionary Measure, and subsequently the Instituto Nacional de Criminología, through Article 35 of Ordinary Session 5366 held on 05/06/2019, placed him in the APAC Program Methodology of the CAI Luis Paulino Mora Mora. That the Disciplinary Commission has sanctioned him for possessing a sharp weapon, admitting that it is his and that he has always carried it to defend himself; for assaulting one of his peers, attacking him and causing a wound to his face that warranted transfer to the infirmary; and for having hidden in his wheelchair 01 wrapper containing apparent marijuana with a weight of 179.6 grams. That the Interdisciplinary Council, through its last assessment seen at Ordinary Session No. 11-2020 held on 03/20/2020, orders: ‘AGREES: First: To maintain the placement of the person deprived of liberty [Name 001] at the Institutional Attention Level, given that he has been characterized by non-compliance with established regulations, being linked to drug trafficking inside the penal center, in addition to his cohabitation problems. He has been granted the benefit of placement at the Semi-Institutional Attention Level, a benefit that has been revoked for non-compliance with the conditions, which demonstrates to this collegiate body that he does not meet the minimum personal conditions for placement at a lower containment level. Furthermore, he lacks a strong exit project that would allow him effective socio-labor insertion to prevent recidivism in criminal behavior. This becomes a significant risk factor in the event of a potential release from prison. Second: To define as a Professional Attention Plan: Professional Counseling, Social Work, Law, Educational Sections, and Interdisciplinary Projects for Drug Addiction and Life Skills. Third: Next Assessment: 03/19/2021. FINAL AGREEMENT.’ Sixth: Regarding the claim that he cannot request a transfer, this is an incorrect statement, as the penal population in general, without detriment to their fundamental rights, has the possibility of requesting a transfer to another penal center. Although admittedly, an attempt was made to transfer the appellant to the CAI Carlos Luis Fallas, due to the Precautionary Measure against him (for the confiscation of a sharp weapon and threatening his peers, CAI LPMM-2027-2020 AND SEG CAI LPMM-2025-2020 dated October 26, 2020), a procedure that this management carried out since last October 30, 2020, and once it had the respective approval, the procedure via email was completed (approval of the transfer to the center), complying with institutional protocols and guidelines, in the sense that the sentenced inmate is a person who destabilizes the dynamics and, while located in the Wings of Commitments and Opportunities (D-Casitas Wing), threatened the integrity of a peer with a sharp object, putting the humanity of the victim at risk, Mr. Alfaro did not enter that center, citing problems with his peers located there. Now then, this management is willing to transfer the appellee to another penal center, among them, the CAI Jorge Debravo or CAI Jorge Arturo Montero Castro, provided it is authorized through the level's coordination and the person deprived of liberty does not again have entry problems due to claiming to have conflicts with the population. Seventh: Currently, the appellee has a bed, and the physical space in which he is located has appropriate ventilation, bunk beds, bed linen, mattresses, bathrooms in good condition, laundry sinks, with access to the values held in Custody, to receive parcels, and to good food, which is distributed in individual trays according to the schedules established by the center's administration and which is distributed according to established standards. On the other hand, regarding the use of the telephone, the entire population confined in that sector has the right to communicate with the outside world, which they can do through 1. The use of ‘Cables’, documents that the Prison Police receive from them daily, and which are distributed to the different disciplines of the center and this management, for their respective external or internal procedures, and 2. they have the opportunity to communicate with the outside via telephone calls; since the space currently has seven public telephones, of which six are landlines and one is a mobile phone for collective use for the G-2 sector, wing G-1-1 and G-1-2 where persons deprived of liberty are located for having cohabitation problems with their peers. Regarding the duration of telephone calls, the population organizes itself equitably through a list in each wing, respecting the order, and effectively everyone can communicate with their relatives and others, without any restriction. The list of landline phone numbers is as follows: 24388204, 24388205, 24388206, 24388207, 24388211, 24388210 and collective mobile phone # 24388317. The director concludes by stating that the appellant has not suffered detriment to or violation of his fundamental rights, as he has had timely medical attention for the treatment of his condition and the conditions of his confinement are suitable, refuting everything mentioned in this appeal.” She requests that the appeal be declared without merit.\n\n6.- By resolution at 10:46 on February 19, 2021, the instructing magistrate requested as evidence for better resolution from the Área Rectora de Salud de Alajuela 2 of the Ministry of Health the following: “conduct an inspection at the Centro de Atención Institucional (CAI) Luis Paulino Mora Mora, in order to inform this Chamber whether the G Wings of that penitentiary center comply with the provisions of Law No. 7600 (Ley n.° 7600). The foregoing is ordered in relation to what was indicated by the petitioner [Name 001], identification number [Value 001], in summary: that he is a person with a disability and uses a wheelchair. He states that he is located in the G-11 Wings of the appealed penal center; however, these fail to comply with the provisions of Law No. 7600 (Ley n.° 7600), because the bathrooms lack grab bars, not all washbasins work, and there is not enough water.”\n\n7.- By brief added to the digital case file at 11:19 on March 2, 2021, Ronald Enrique Mora Solano, in his capacity as director of the Área Rectora de Salud Alajuela 2, appears. He states the following: “On March 1, 2021, Ms. Diana Espinoza Navarro, Environmental Manager, conducted an inspection of the aforementioned establishment, a report contained in technical report MS-DRRSCN-DARSA2-IT-1810-2021 (attached). In it, the findings from the visit are detailed, among which it was indicated that dormitory 1 of the G sector where the appellee is located has 4 sanitary fixtures, 4 showers, and 4 washbasins. She pointed out that the sanitary fixture and the shower equipped for persons with disabilities did not have, at the time of the inspection, the accessories indicated by Law 7600 (Ley 7600). The officers indicated that the problem arises because the persons deprived of liberty themselves break them to fashion sharp objects. Regarding the washbasins, during the inspection the functioning of only one of them was observed; the others were missing parts to function, according to those responsible, this situation also occurs due to the persons deprived of liberty. Finally, regarding the potable water supply, the health authority reported that at the time of the inspection, it was verified that the showers and washbasin do have water (The water is from the institution's own well and operates by pumping). According to the officers of the sector, the water service is continuous; the pressure varies depending on the use of the laundry sinks, toilets, washbasin, and showers. The health authority noted that a conversation was held with Mr. [Name 001], who stated his difficulty in using the sanitary fixture and showering. The health authority considered it important to request the center's managers to fix the deficiencies detected in the referred visit. In response to the foregoing, sanitary order No. MS-DRRSCN-DARSA2-OS-0112-2021 will be notified, so that the required improvements are made.”\n\n8.- The legal requirements have been observed in the proceedings followed.\n\nDrafted by Magistrate Rueda Leal; and,\n\n**Considering:**\n\nI.- Object of the appeal. The petitioner, deprived of liberty in the CAI Luis Paulino Mora Mora, states that he is a person with a disability who must use a wheelchair. He states that for the past 3 months he has been in the G-11 wings (new wings); however, these do not comply with the provisions of Law 7600 (ley n.o 7600), because their bathrooms lack grab bars, the washbasins do not work, and there is insufficient water. He notes that on January 19, 2021, a bacterium was detected, for which reason he receives medical attention both at the hospital and at the Clínica La Reforma, but he does not want to be subjected to another intravenous treatment, since the conditions in which he finds himself are not suitable for him. He asks to be placed in the location where he was before. He states that previously he was in the APAC dormitory in the \"casitas de oportunidades\", where there are people with his condition. He mentions that in his current placement, he can only make one call a day, but where he was before he could make more. He adds that the space is not suitable for moving around in a wheelchair.\n\nII.- Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven:\n\nOn March 19, 2019, the petitioner entered the CAI Luis Paulino Mora Mora, coming from the CAI San José. (Report from the appealed penitentiary authorities).\n\nThe appellee is at the disposal of the Instituto Nacional de Criminología on the occasion of a sentence of six years and six months.\n\n(Report of the appealed prison authorities).\nThe protected party is a carrier of paraplegia and neurogenic bladder secondary to a spinal cord injury at the L5 level due to a gunshot wound three years ago, for which he uses a wheelchair. (Report of the appealed prison authorities).\nThe claimant uses a fixed suprapubic Foley catheter, whose monitoring is followed at the Urology Service of the Hospital San Rafael de Alajuela. (Report of the appealed prison authorities).\nOn October 30, 2020, the appellant was transferred to G unit of the CAI Luis Paulino Mora Mora. (Report of the appealed prison authorities).\nDr. Emanuel Rodríguez Quirós, by email of January 25, 2021, regarding the health condition of the amparo petitioner, stated:\n“The patient is indeed suffering from a urinary tract infection caused by a bacterium called Proteus Mirabilis, which is resistant to multiple antibiotics. He is being managed with intravenous antibiotics, in the mornings at the center and at night in reforma (CAI Jorge Arturo Montero Castro). Despite this condition, the patient enjoys a good general state of health. The infection does not justify the patient's transfer.” (Report of the appealed prison authorities and evidence provided).\nThe official Diana Espinoza Navarro, Environmental Manager of the Área Rectora de Salud 2, by official communication MS-DRRSCN-DARSA2-IT-1180-2021 of March 1, 2021, addressed to the director of that area, stated:\n“In follow-up to the Amparo Appeal File No. 21-001248-0007-CO filed by: [Name 001], regarding the conditions of G-11 unit of the Centro de Atención Institucional (CAI) Luis Paulino Mora Mora where he is currently confined, the following is reported:\nI report:\n1. On February 24, 2021, the Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia requested a report on the facts alleged by the appellant within three business days.\n2. On February 25, 2021, via email, the field inspection was coordinated with the director of the CAI, Paula García Navarrete, to verify the facts alleged by the appellant.\n3. On March 1, 2021, as recorded in the ocular inspection record No. MS-DRRSCNDARSA2-1171-2021, the undersigned appeared at the facilities of the CAI Luis Paulino Mora Mora. On site, she was first attended by the director of the CAI, Mrs. García Navarrete, and subsequently by Mr. William Céspedes Quesada, surveillance officer.\n4. Regarding the conditions reported by the appellant, the following table is presented:\n| Aspect | Situation found |\n| --- | --- |\n| Compliance with law 7600 in G unit (handrails in bathrooms) | In dormitory 1 of G unit, the site where the appellant resides, the following were observed (see Anexo 1): • 4 sanitary services • 4 showers • 4 washbasins. The sanitary service and shower enabled for persons with disabilities (see Anexo 2) do not have the accessories indicated by law 7600. This is because the inmates themselves break them to manufacture sharp objects. |\n| Not all washbasins work | Regarding the operation of the washbasins, during the visit only one was observed to be operational; the others were missing parts to function (trap, see Anexo 3). This situation is also caused by the inmates. |\n| There is not enough water (supply) | At the time of the visit, it was verified that the showers and washbasin do have water; the water supply is private (well) and works by pumping. According to the unit officers, water service is continuous; pressure varies depending on the use of the laundry sinks, toilets, washbasins, and showers. However, the flushing and filling system of the toilets does not work properly, so they must pour water with buckets to make the service flush. The top part of the toilets was observed from outside (see Anexo 4). |\n5. General observations:\n• The CAI Luis Paulino Mora Mora has a current population of 1001 inmates; and specifically, dormitory 1 of the Ámbito de Convivencia houses 32 people, including the appellant.\n• During the visit, Mr. [Name 001] was interviewed, who stated that it is difficult for him to go to the sanitary service and shower. It is worth mentioning that the appellant was observed using a catheter to urinate.\nBased on the foregoing, it is recommended to issue sanitary order No. MS-DRRSCN-DARSA2-OS-0112-2021 so that the administration of the CAI Luis Paulino Mora Mora repairs the non-functioning washbasins, the filling and flushing mechanism of the toilets; and places support grab bars in the sanitary service and shower enabled for 7600.” (Evidence for better resolution requested from the Ministerio de Salud).\nThe Área Rectora de Salud Alajuela 2, by sanitary order MS-DRRSCN-DARSA2-OS-112-2021 of March 1, 2021, addressed to the director of the CAI Luis Paulino Mora Mora and notified to that official on the same day, ordered:\n“Compliance deadline: 2 months\nNotification Date: 03/01/2021\nExpiration Date: 05/01/2021\nAccording to the assessment conducted on March 1, 2021, by the official Diana Espinoza Navarro assigned to the Área Rectora de Salud Alajuela 2, and in attention to the amparo appeal No. 21-001248-0007-CO, and pursuant to technical report No. MS-DRRSCN-DARSA2-1180-2021, the detected non-conformities are described; therefore, you are ordered to, within the indicated period:\nA. Correct the non-conformities indicated below within the period indicated starting from the notification of this sanitary order:\n1. Sanitary services: repair the filling and flushing system of the toilets in dormitory 1 of Ámbito de Convivencia G\n2. Washbasins: repair the three non-functioning washbasins, so that at least two washbasins are always in operation.\n3. Grab bars: install the support grab bars in the sanitary service and shower enabled according to Law 7600.\nB. Submit a corrective action plan to the Área Rectora de Salud: This plan must be delivered within a period of no more than 10 business days, and contain at least a schedule with the following sections: Start date, end date, activities, and those responsible for executing each activity. The Plan must correct all detected non-conformities and not exceed 2 months.\nThe administrative act (Sanitary Order) has the fundamental purpose of protecting the health of the population and the environment. The foregoing based legally on the Ley General de Salud, Reglamento General De Seguridad E Higiene De Trabajo (DE-01), and other related laws.\nEFFECTIVE UPON NOTIFICATION\nIt is warned that failure to comply with this sanitary order will result in filing a complaint before the Ministerio Público for the crime of disobedience under Article 314 of the Código Penal: “314. Disobedience. A prison term of six months to three years shall be imposed on anyone who fails to comply or enforce, in all its terms, an order issued by a jurisdictional body or by a public official in the exercise of their functions, provided it has been communicated, except if it pertains to the detention itself.”\nNon-compliance shall be grounds for proceeding with the closure of the activity with formal placement of seals, according to Articles 355, 356, and 363 of the same Ley General de Salud.\n“In accordance with Article 60 et seq. of the Ley Orgánica del Ministerio de Salud, in relation to this sanitary order, the Recursos de Revocatoria con Apelación de Subsidio may be filed within five business days counted from its notification. The appeal may be filed before the Office of the Área de Salud and, if necessary, the revocation will be resolved by the Dirección Regional del Ministerio de Salud, and if necessary, the appeal will be resolved by the Ministerio de Salud.” (Evidence for better resolution requested from the Ministerio de Salud).\nIII.- On the merits. In the sub lite case, the claimant, an inmate at the CAI Luis Paulino Mora Mora, states that he is a person with a disability who must use a wheelchair. He states that for the last 3 months he has been in the G-11 cellblocks (new cellblocks); however, these do not comply with the provisions of Ley No. 7600, as their bathrooms lack handrails, the washbasins do not work, and there is not enough water. He notes that on January 19, 2021, a bacterium was detected, and for that reason he receives medical care both at the hospital and at the Clínica La Reforma, but he does not want to undergo another intravenous treatment, since the conditions in which he finds himself are not suitable for him. He asks to be placed in the location where he was before. He states that he was previously in the APAC dormitory in the “casitas de oportunidades,” where there are people with his condition. He mentions that in his current location he can only make one call a day, but where he was before he could make more. He adds that the space is not suitable for moving around in a wheelchair.\nFrom the study of the case record, it has been proven that on March 19, 2019, the protected party entered the CAI Luis Paulino Mora Mora coming from the CAI San José. The amparo petitioner is at the order of the Instituto Nacional de Criminología on the occasion of a sentence of six years and six months. The protected party is a carrier of paraplegia and neurogenic bladder secondary to a spinal cord injury at the L5 level due to a gunshot wound three years ago, for which he uses a wheelchair. The claimant uses a fixed suprapubic Foley catheter, whose monitoring is followed at the Urology Service of the Hospital San Rafael de Alajuela. On October 30, 2020, the appellant was transferred to G unit of the CAI Luis Paulino Mora Mora. Dr. Emanuel Rodríguez Quirós, by email of January 25, 2021, regarding the health condition of the amparo petitioner, stated: “The patient is indeed suffering from a urinary tract infection caused by a bacterium called Proteus Mirabilis, which is resistant to multiple antibiotics. He is being managed with intravenous antibiotics, in the mornings at the center and at night in reforma (CAI Jorge Arturo Montero Castro). Despite this condition, the patient enjoys a good general state of health. The infection does not justify the patient's transfer.” The official Diana Espinoza Navarro, Environmental Manager of the Área Rectora de Salud 2, by official communication MS-DRRSCN-DARSA2-IT-1180-2021 of March 1, 2021, addressed to the director of that area, stated: “In follow-up to the Amparo Appeal File No. 21-001248-0007-CO filed by: [Name 001], regarding the conditions of G-11 unit of the Centro de Atención Institucional (CAI) Luis Paulino Mora Mora where he is currently confined, the following is reported: I report: 1. On February 24, 2021, the Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia requested a report on the facts alleged by the appellant within three business days. 2. On February 25, 2021, via email, the field inspection was coordinated with the director of the CAI, Paula García Navarrete, to verify the facts alleged by the appellant. 3. On March 1, 2021, as recorded in the ocular inspection record No. MS-DRRSCNDARSA2-1171-2021, the undersigned appeared at the facilities of the CAI Luis Paulino Mora Mora. On site, she was first attended by the director of the CAI, Mrs. García Navarrete, and subsequently by Mr. William Céspedes Quesada, surveillance officer. 4. Regarding the conditions reported by the appellant, the following table is presented:\n| Aspect | Situation found |\n| --- | --- |\n| Compliance with law 7600 in G unit (handrails in bathrooms) | In dormitory 1 of G unit, the site where the appellant resides, the following were observed (see Anexo 1): • 4 sanitary services • 4 showers • 4 washbasins. The sanitary service and shower enabled for persons with disabilities (see Anexo 2) do not have the accessories indicated by law 7600. This is because the inmates themselves break them to manufacture sharp objects. |\n| Not all washbasins work | Regarding the operation of the washbasins, during the visit only one was observed to be operational; the others were missing parts to function (trap, see Anexo 3). This situation is also caused by the inmates. |\n| There is not enough water (supply) | At the time of the visit, it was verified that the showers and washbasin do have water; the water supply is private (well) and works by pumping. According to the unit officers, water service is continuous; pressure varies depending on the use of the laundry sinks, toilets, washbasins, and showers. However, the flushing and filling system of the toilets does not work properly, so they must pour water with buckets to make the service flush. The top part of the toilets was observed from outside (see Anexo 4). |\n5. General observations: • The CAI Luis Paulino Mora Mora has a current population of 1001 inmates; and specifically, dormitory 1 of the Ámbito de Convivencia houses 32 people, including the appellant. • During the visit, Mr. [Name 001] was interviewed, who stated that it is difficult for him to go to the sanitary service and shower. It is worth mentioning that the appellant was observed using a catheter to urinate. Based on the foregoing, it is recommended to issue sanitary order No. MS-DRRSCN-DARSA2-OS-0112-2021 so that the administration of the CAI Luis Paulino Mora Mora repairs the non-functioning washbasins, the filling and flushing mechanism of the toilets; and places support grab bars in the sanitary service and shower enabled for 7600.” The Área Rectora de Salud Alajuela 2, by sanitary order MS-DRRSCN-DARSA2-OS-112-2021 of March 1, 2021, addressed to the director of the CAI Luis Paulino Mora Mora and notified to that official on the same day, ordered: “Compliance deadline: 2 months Notification Date: 03/01/2021 Expiration Date: 05/01/2021 According to the assessment conducted on March 1, 2021, by the official Diana Espinoza Navarro assigned to the Área Rectora de Salud Alajuela 2, and in attention to the amparo appeal No. 21-001248-0007-CO, and pursuant to technical report No. MS-DRRSCN-DARSA2-1180-2021, the detected non-conformities are described; therefore, you are ordered to, within the indicated period: A. Correct the non-conformities indicated below within the period indicated starting from the notification of this sanitary order: 1. Sanitary services: repair the filling and flushing system of the toilets in dormitory 1 of Ámbito de Convivencia G 2. Washbasins: repair the three non-functioning washbasins, so that at least two washbasins are always in operation. 3. Grab bars: install the support grab bars in the sanitary service and shower enabled according to Law 7600. B. Submit a corrective action plan to the Área Rectora de Salud: This plan must be delivered within a period of no more than 10 business days, and contain at least a schedule with the following sections: Start date, end date, activities, and those responsible for executing each activity. The Plan must correct all detected non-conformities and not exceed 2 months. The administrative act (Sanitary Order) has the fundamental purpose of protecting the health of the population and the environment. The foregoing based legally on the Ley General de Salud, Reglamento General De Seguridad E Higiene De Trabajo (DE-01), and other related laws. EFFECTIVE UPON NOTIFICATION It is warned that failure to comply with this sanitary order will result in filing a complaint before the Ministerio Público for the crime of disobedience under Article 314 of the Código Penal: '314. Disobedience. A prison term of six months to three years shall be imposed on anyone who fails to comply or enforce, in all its terms, an order issued by a jurisdictional body or by a public official in the exercise of their functions, provided it has been communicated, except if it pertains to the detention itself.' Non-compliance shall be grounds for proceeding with the closure of the activity with formal placement of seals, according to Articles 355, 356, and 363 of the same Ley General de Salud. 'In accordance with Article 60 et seq. of the Ley Orgánica del Ministerio de Salud, in relation to this sanitary order, the Recursos de Revocatoria con Apelación de Subsidio may be filed within five business days counted from its notification. The appeal may be filed before the Office of the Área de Salud and, if necessary, the revocation will be resolved by the Dirección Regional del Ministerio de Salud, and if necessary, the appeal will be resolved by the Ministerio de Salud.'”\nIn this regard, this Tribunal verifies that the cellblock in which the protected party is located fails to comply with Ley No. 7600, called “Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad”, as was determined by the Ministerio de Salud on the occasion of the visit made. In addition, other situations that must be corrected by the authorities of the penal center were evidenced. All of which was set forth in the sanitary order MS-DRRSCN-DARSA2-OS-112-2021 of March 1, 2021. Consequently, a violation of the fundamental rights of the protected party is observed, since, despite his disability, he has had to use bathrooms that do not comply with Ley No. 7600 and, furthermore, present other sanitary deficiencies. Therefore, the appropriate course of action is to grant this part of the claim, in the terms that will be set forth in the operative part of this judgment.\nOn the other hand, although the appellant wants to return specifically to the location of the penal center where he was previously, it is important to clarify that it is not for this Tribunal to determine the specific location of a person deprived of liberty, as this is the exclusive purview of the Prison Administration. If what the claimant desires is to have a specific location in the CAI Luis Paulino Mora Mora, or in some other penal center, he may present his arguments through the ordinary administrative or jurisdictional channels.\nRegarding the bacterium that was detected, it is observed that the medical authorities of the penal center are aware of such situation and are providing the corresponding treatment; furthermore, they consider that, despite this, the patient enjoys a good general state. Likewise, it is expressly recorded that the CAI physician stated that the infection as such does not justify the patient's transfer.\nRegarding the number of calls in his current location compared to those he had in his previous location, no argument meriting a pronouncement by the Chamber is observed, since the amparo petitioner did not elaborate on the extent to which he is affected.\nFinally, even though the claimant asserts that the space inside the cell is not suitable for moving around in a wheelchair, he does not set forth the reasons why he makes that statement nor the specific obstacles that prevent him from getting around. Hence, since no individualized arguments have been formulated, this Tribunal cannot conduct any constitutional analysis on this matter.\nIV.- Note from Judge Rueda Leal. I note that in this appeal I do not issue a dissenting vote as I ordinarily do and refer the matter to the Juez de Ejecución de la Pena, given that the amparo is related to health aspects that, according to the amparo petitioner, affect him, which is an exception for me, given the relevance of said right for the very existence of the human being and whose resolution must be attended to promptly. Consequently, I deem it appropriate to hear the appeal on its merits.\nV.- Documentation provided to the case file. The parties are advised that if they have provided any paper documents, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not removed within this period will be destroyed, according to the provisions of the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.\nTherefore:\nThe appeal is partially granted only regarding the deficiencies evidenced in sanitary order MS-DRRSCN-DARSA2-OS-112-2021. Paula García Navarrete, in her capacity as director of the CAI Luis Paulino Mora Mora, or whoever holds that position, is ordered to adopt the necessary measures to comply with the provisions of sanitary order No. MS-DRRSCN-DARSA2-OS-112-2021 within the period stipulated therein; in the interim, she must carry out all actions within the scope of her competence to ensure the permanence of the amparo petitioner in places accessible in accordance with Ley No. 7600, so that his physical integrity is not endangered. The appealed authority is warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, a prison term of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued within an amparo appeal, and does not comply with it or enforce it, provided the offense is not more severely punished. The State is ordered to pay damages and losses, which shall be liquidated in the execution of judgment proceeding of the contentious-administrative jurisdiction. In all other respects, the appeal is denied. Let it be notified.\n\nFernando Castillo V.\nPresidente\n\nPaul Rueda L.\n\nNancy Hernández L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\nIleana Sánchez N.\n\nDigitally Signed Document\n-- Verification code --\n*XEOKRC6USCQ61*\nXEOKRC6USCQ61\nEXPEDIENTE N° 21-001248-0007-CO\n\nTelephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Email address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church). Reception of matters concerning vulnerable groups: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 09-05-2026 09:03:02.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }