{ "id": "nexus-sen-1-0007-1021396", "citation": "Res. 05766-2021 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Derecho a respuesta en denuncia ambiental SITADA", "title_en": "Right to a response in SITADA environmental complaint", "summary_es": "La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo interpuesto por un ciudadano que, tras presentar una denuncia ambiental ante la Contraloría del Ambiente del MINAE por la corta de árboles en la carretera Florencio del Castillo, no recibió respuesta oportuna a su solicitud de información del 22 de septiembre de 2020. La denuncia fue registrada en el SITADA y remitida a la Oficina Subregional de San José del SINAC. Aunque el Contralor Ambiental reenvió la solicitud a la jefatura correspondiente, la respuesta se produjo solo hasta el 10 de marzo de 2021, con ocasión de la notificación del amparo. La Sala constata la violación del derecho a ser informado por un plazo desproporcional y, pese a que el agravio cesó, declara con lugar el recurso con base en el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sin condenatoria en costas, daños y perjuicios. Se emiten tres votos salvados parciales que abogan por la condenatoria en distintos extremos indemnizatorios. El fondo ambiental —corta de árboles— se resuelve administrativamente como no constitutiva de delito bajo el Art. 28 de la Ley Forestal.", "summary_en": "The Constitutional Chamber hears an amparo filed by a citizen who, after submitting an environmental complaint to the Environmental Comptroller of MINAE regarding tree cutting along the Florencio del Castillo highway, did not receive a timely response to his information request dated September 22, 2020. The complaint was registered in SITADA and referred to the San José Subregional Office of SINAC. Although the Environmental Comptroller forwarded the request to the relevant office, a response was only issued on March 10, 2021, triggered by the notification of the amparo. The Chamber finds a violation of the right to be informed due to an unreasonable delay and, despite the grievance having ceased, grants the amparo under Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law, without awarding costs, damages, or losses. Three partially dissenting votes argue for awarding damages and/or costs. The underlying environmental issue —the tree cutting— is resolved administratively as not constituting an offense under Article 28 of the Forestry Law.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "19/03/2021", "year": "2021", "topic_ids": [ "procedural-environmental", "forestry-law-7575" ], "primary_topic_id": "procedural-environmental", "es_concept_hints": [ "SITADA", "amparo", "Contraloría Ambiental", "SINAC", "artículo 52 LJC", "condenatoria en abstracto", "artículo 28 Ley Forestal" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 52", "law": "Ley de la Jurisdicción Constitucional" }, { "article": "Art. 51", "law": "Ley de la Jurisdicción Constitucional" }, { "article": "Art. 28", "law": "Ley Forestal 7575" } ], "keywords_es": [ "derecho a ser informado", "plazo razonable", "denuncia ambiental", "SITADA", "amparo ambiental", "condenatoria en costas", "artículo 52 LJC", "Ley Forestal 7575", "artículo 28 Ley Forestal", "Contraloría Ambiental", "SINAC" ], "keywords_en": [ "right to be informed", "reasonable time", "environmental complaint", "SITADA", "environmental amparo", "costs award", "Article 52 LJC", "Forestry Law 7575", "Article 28 Forestry Law", "Environmental Comptroller", "SINAC" ], "excerpt_es": "IV.- Sobre el caso en concreto.- El recurrente manifiesta que el 22 de setiembre de 2020, solicitó información sobre la denuncia que planteó; no obstante, reclama que no recibió respuesta. Del análisis de los informes rendidos bajo juramento por las autoridades recurridas y la prueba aportada para la resolución del asunto, ha sido debidamente acreditado que, en fecha 02 de julio de 2020, el tutelado planteó una denuncia ambiental por la corta de árboles en la carretera Florencio del Castillo, a la cual se le asignó el número [Valor 002]. En ese sentido, se verifica que, el 06 de julio de 2020, la Contraloría Ambiental remitió por competencia legal y territorial la denuncia planteada a la Oficina de San José del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, donde se asignó el respectivo funcionario para la investigación y resolución de denuncia. Ahora bien, se corrobora que, en fecha 22 de setiembre de 2020, el recurrente formuló solicitud de información con respecto a su denuncia al correo electrónico contraloriaambiental@minae.go.cr , la cual, el Contralor Ambiental dirigió a la Jefa de de la Oficina Subregional de San José del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, por tener asignada dicha denuncia. Asimismo, se observa que, fue con ocasión a la notificación del presente recurso -realizada el 10 de marzo de 2021 a las 11:25 horas- que las autoridades de la Oficina Subregional de San José del Sistema Nacional de Áreas de Conservación realizaron actuaciones para brindarle respuesta a la solicitud de información formulada por el amparado, pues consta que su gestión formulada en fecha 22 de setiembre de 2020, fue atendida y comunicada a su correo electrónico [...] -el 10 de marzo de 2021 a las 02:17 horas-, mediante el cual se le puso en conocimiento sobre lo observado y analizado con relación a la denuncia que planteó. En virtud de lo expuesto, este Tribunal comprueba que transcurrió un plazo desproporcional por parte de las autoridades recurridas del Oficina Subregional de San José del Sistema Nacional de Áreas de Conservación en atender la gestión formulada por el recurrente; no obstante, como la misma fue atendida con la ocasión de la tramitación de este asunto, se dispone acoger el recurso de conformidad con lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.\n\nV.- Sobre la condenatoria en costas, daños y perjuicios de conformidad con el artículo 52 de la ley de la jurisdicción constitucional. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recursoúnicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “ si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal.", "excerpt_en": "IV.- On the specific case.- The petitioner states that on September 22, 2020, he requested information on the complaint he filed; however, he claims he received no response. From the analysis of the reports rendered under oath by the respondent authorities and the evidence provided for the resolution of the matter, it has been duly accredited that, on July 2, 2020, the petitioner filed an environmental complaint regarding tree cutting on the Florencio del Castillo highway, assigned number [Value 002]. In that sense, it is verified that on July 6, 2020, the Environmental Comptroller referred the complaint, based on legal and territorial competence, to the San José Office of the National System of Conservation Areas, where the respective official was assigned for the investigation and resolution of the complaint. Now, it is corroborated that on September 22, 2020, the petitioner made an information request regarding his complaint to the email contraloriaambiental@minae.go.cr, which the Environmental Comptroller forwarded to the Head of the San José Subregional Office of the National System of Conservation Areas, as she was assigned the complaint. Likewise, it is observed that it was upon the notification of this appeal—made on March 10, 2021, at 11:25 a.m.—that the authorities of the San José Subregional Office of the National System of Conservation Areas took actions to respond to the information request made by the petitioner, since it is recorded that his request made on September 22, 2020, was attended to and communicated to his email [...] on March 10, 2021, at 2:17 p.m., informing him of the findings and analysis regarding the complaint he filed. By virtue of the foregoing, this Court finds that an unreasonable time elapsed on the part of the respondent authorities of the San José Subregional Office of the National System of Conservation Areas in attending to the request made by the petitioner; however, since it was attended to during the processing of this matter, it is decided to grant the appeal in accordance with the provisions of Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law.\n\nV.- On the award of costs, damages, and losses in accordance with Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law. Upon better consideration, the majority of the Chamber considers that, in the case at hand, in accordance with the provision of the first paragraph of Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law (“If, while the amparo is pending, an administrative or judicial resolution is issued revoking, stopping, or suspending the challenged action, the appeal shall be granted solely for purposes of compensation and costs, if applicable”), the granting must be without a special award of costs, damages, and losses, based on the following considerations. Although there is express text in the law requiring that the operative part of the judgment state that the appeal is granted when the grievance is resolved while the amparo is pending, it is no less true that the same final paragraph states that the granting is issued “solely for purposes of compensation and costs, if applicable.” It is underscored that the Law states “if applicable,” which means that the applicability or non-applicability of compensation and costs depends on an assessment, appreciation, or weighing by the Court.", "outcome": { "label_en": "Granted", "label_es": "Con lugar", "summary_en": "The amparo is granted due to violation of the right to be informed, without awarding costs, damages, or losses, as the grievance ceased during the proceedings.", "summary_es": "Se declara con lugar el recurso por violación del derecho a ser informado, sin condenatoria en costas, daños y perjuicios, al haber cesado el agravio durante la tramitación." }, "pull_quotes": [ { "context": "Hechos probados", "quote_en": "The Integrated System for Processing and Handling Environmental Complaints (SITADA) is a system designed to keep the reporting/complaining citizen informed of the progress of the investigation and resolution of the complaints.", "quote_es": "El Sistema Integrado de Trámites y Atención de Denuncias Ambientales, se trata de un sistema diseñado para mantener informado al ciudadano informante/denunciante de los avances de la investigación y la resolución de las denuncias." }, { "context": "Considerando IV", "quote_en": "This Court finds that an unreasonable time elapsed on the part of the respondent authorities of the San José Subregional Office of the National System of Conservation Areas in attending to the request made by the petitioner.", "quote_es": "Este Tribunal comprueba que transcurrió un plazo desproporcional por parte de las autoridades recurridas del Oficina Subregional de San José del Sistema Nacional de Áreas de Conservación en atender la gestión formulada por el recurrente." }, { "context": "Considerando VI (voto salvado Hernández López)", "quote_en": "Every resolution granting the appeal shall award in the abstract compensation for the damages and losses caused and the payment of the costs of the appeal, reserving their liquidation for the enforcement of judgment.", "quote_es": "Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia." }, { "context": "Hechos probados (informe SINAC)", "quote_en": "The reported facts do not constitute a crime as they fall within the provisions of Article 28 of Forestry Law 7575, since they involve planted and over-mature trees showing deterioration at their bases and which, under these conditions, pose a risk to the integrity and lives of people traveling on the Florencio del Castillo route.", "quote_es": "Los hechos denunciados no constituyen un delito por cuanto se ajusta a lo estipulado en el artículo 28 de la Ley Forestal 7575, lo anterior por tratarse de árboles plantados y sobre maduros que presentan deterioro en sus bases y que por estas condiciones constituyen un riesgo a la integridad y vida de las personas transeúntes de la ruta Florencio del Castillo." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [ { "target_id": "norm-41661", "kind": "concept_anchor", "label": "Ley Forestal 7575 Art. 28" } ], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1021396", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [], "sentencias_relacionadas": [], "temas_y_subtemas": [], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 05766 - 2021\n\nFecha de la Resolución: 19 de Marzo del 2021 a las 09:15\n\nExpediente: 21-003897-0007-CO\n\nRedactado por: Nancy Hernández López\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\nSentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n*210038970007CO*\n\nExp: 21-003897-0007-CO\n\nRes. Nº 2021005766\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del diecinueve de marzo de dos mil veintiuno .\n\nRecurso de amparo que se tramita en expediente No. 21-003897-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra el MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA.\n\nResultando:\n\n1.- Por escrito recibido en la Secretaria de la Sala a las 17:12 horas del 25 de febrero de 2021, la parte recurrente interpone recurso de amparo, contra el MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, y manifiesta lo siguiente: que a mediados del año 2020 pudo observar, en el sector comprendido entre la antigua Galera y el Centro Comercial Ciudad del Este, cuando estaban cortando árboles a todo lo largo de la carretera Florencio del Castillo. Debido a ello, afirma que el 2 de julio de 2020 planteó una denuncia ante la Contraloría del Ambiente del Ministerio de Ambiente y Energía, a la cual se le asignó el número [Valor 002]. Expresa que el 22 de septiembre de 2020 envió un correo electrónico a la dirección contraloriaambiental@minae.go.cr, solicitando información sobre la denuncia; sin embargo, no recibió respuesta alguna. Considera violentado su derecho ser informado y solicita se ordene al Ministerio de Ambiente y Energía responder lo que corresponda.\n2.- Mediante resolución de las 20:47 horas del 26 de febrero de 2021, se dio curso al presente recurso.\n3.- Por escrito incorporado al Sistema Jurídico el 05 de marzo de 2021, Walter Zavala Ortega, Contralor Ambiental, informa bajo juramento que el Sistema Integrado de Trámites y Atención de Denuncias Ambientales SITADA (www.sitada.go.cr/denunciaspublico), según Circular Ministerial DM-185-2012, funciona de manera obligatoria desde abril de 2013 y es administrado y coordinado por esta Contraloría Ambiental. Señala que, consta en el SITADA, el registro de la denuncia [Valor 002] , ingresada desde la interfaz pública el 02 de julio de 2020, inicialmente el sistema le asigna el número de identificación temporal 14407, de la revisión de la denuncia por parte de la Contraloría Ambiental, el sistema asigna de manera automática el número de identificación única de la denuncia [Valor 002] . Añade que, el 06 de julio de 2020, esta Contraloría Ambiental remite por competencia legal y territorial, por medio del SITADA la atención y resolución de la denuncia a la Oficina de San José del Sistema Nacional de Áreas de Conservación SINAC. La Jefa de dicha oficina, el 07 de julio de 2020, realiza la actividad de asignación de investigador y selecciona a Lioudmila Malomuzh Malomuzh. Agrega que, la denuncia aún esta bajo la responsabilidad de la Oficina de ACC San José SINAC y no ha sido resuelta. De lo anterior, se le envió copia al correo electrónico del denunciante, en este caso al correo [...]. Indica que, el 22 de setiembre de 2020, el señor [Nombre 001] remitió correo electrónico al correo contraloriaambiental@minae.go.cr , del cual, desde el correo electrónico wzavala@minae.go.cr , reenvió dicho correo al correo de la Jefatura de la Oficina de San José aimara.espinoza@sinac.go.cr , indicando lo siguiente: “Por estar asignada a su representada, la denuncia [Valor 002], le solicito dar respuesta a lo solicitado por el denunciante”, lo anterior con copia al correo electrónico del recurrente. Posterior al 22 de setiembre de 2020, esta Contraloría Ambiental, no recibió mas correos por parte del señor [Nombre 004] ni de la Licda. Espinoza. Solicita que se declare sin lugar el recurso.\n4.- Mediante resolución a las 12:01 horas del 08 de marzo de 2021, la Magistrada Instructora, dispuso ampliar los hechos que se impugnan, así como las partes que se consignan en el recurso de amparo, para darle audiencia y tener como autoridad recurrida al JEFE DE LA OFICINA DE SAN JOSÉ DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN.\n5.- Por escrito incorporado al Sistema Jurídico el 11 de marzo de 2021, Aimara Espinoza Ulate, Jefa de la Oficina Subregional San José del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, informa bajo juramento que efectivamente la denuncia [Valor 002] fue remitida a esta oficina en fecha 06 de julio de 2020 por parte de la Contraloría Ambiental mediante el entorno del Sistema Integrado de Atención de Denuncias Ambientales. Señala que, el 07 de julio de 2020, por medio del SITADA, esta Jefatura asignó el respectivo funcionario para la investigación y resolución de lo planteado por el denunciante en la SITADA [Valor 002], Añade que, no se cuenta con registro de que el contralor ambiental donde se traslada el correo del señor [Nombre 001] para su respectivo trámite. Agrega que, el 10 de marzo de 2021, esta Jefatura por medio del entorno del SITADA asigna un nuevo investigador para la atención y resolución de la SITADA [Valor 002] . Indica que, el 10 de marzo de 2021, mediante oficio SINAC-ACC-OSJ-of-170-2021, se recibe respuesta del análisis, atención y resolución de la denuncia SITADA [Valor 002] , en el que se indica lo siguiente: “que los hechos denunciados no constituyen un delito por cuanto se ajusta a lo estipulado en el artículo 28 de la Ley Forestal 7575, lo anterior por tratarse de árboles plantados y sobre maduros que presentan deterioro en sus bases y que por estas condiciones constituyen un riesgo a la integridad y vida de las personas transeúntes de la ruta Florencio del Castillo”, lo anterior fue puesto en conocimiento al señor [Nombre 001] mediante correo electrónico enviado a las 12:17 horas del 10 de marzo de 2021. Solicita que se declare sin lugar el recurso.\n6.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.\n\n  Redacta la Magistrada Sánchez Navarro ; y,\n\nConsiderando:\n\n  I.- Cuestión previa. Antes de analizar el fondo del asunto debe aclararse que, a partir de la sentencia número 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones aquellos asuntos en los que se discute si la Administración Pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante una denuncia en materia ambiental, la cual se acusa que no ha sido resuelta dentro de un plazo razonable. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta reclamada en este amparo.\nII.- Objeto del recurso. El recurrente manifiesta que, a mediados del año 2020, observó que en el sector comprendido entre la antigua Galera y el Centro Comercial Ciudad del Este, estaban cortando árboles en la carretera Florencio del Castillo. Por lo anterior, el 02 de julio de 2020 planteó una denuncia ante la Contraloría del Ambiente del Ministerio de Ambiente y Energía, a la cual se le asignó el número [Valor 002]. Reclama que, el 22 de setiembre de 2020, envió un correo electrónico a la dirección contraloriaambiental@minae.go.cr, solicitando información sobre la denuncia; no obstante, no recibió respuesta. Considera violentado su derecho ser informado.\nIII.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:\nEl 02 de julio de 2020, el amparado [Nombre 001] planteó una denuncia ambiental por la corta de árboles en la carretera Florencio del Castillo, por medio de la interfaz pública del Sistema Integrado de Trámites y Atención de Denuncias Ambientales, a la cual se le asignó el número [Valor 002] (hecho no controvertido);\nEl Sistema Integrado de Trámites y Atención de Denuncias Ambientales, se trata de un sistema diseñado para mantener informado al ciudadano informante/denunciante de los avances de la investigación y la resolución de las denuncias (ver informe rendido bajo juramento);\nEl 06 de julio de 2020, la Contraloría Ambiental remitió por competencia legal y territorial la denuncia número [Valor 002] a la Oficina de San José del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, por medio del Sistema Integrado de Trámites y Atención de Denuncias Ambientales. Lo anterior, fue puesto en conocimiento al amparado (ver informe rendido bajo juramento);\nEl 07 de julio de 2020, la Jefa de de la Oficina Subregional de San José del Sistema Nacional de Áreas de Conservación asignó el respectivo funcionario para la investigación y resolución de denuncia número [Valor 002] (ver informe rendido bajo juramento);\nEl 22 de setiembre de 2020, el amparado [Nombre 001] remitió correo electrónico a la dirección contraloriaambiental@minae.go.cr , mediante el cual solicitó información sobre la denuncia planteada (ver escrito de interposición y prueba aportada);\nEl correo electrónico contraloriaambiental@minae.go.cr es un mecanismo oficial de comunicación con la Contraloría Ambiental (hecho no controvertido);\nEl 22 de setiembre de 2020 a las 11:47 horas, el Contralor Ambiental dirigió la solicitud de información del tutelado al correo electrónico aimara.espinoza@sinac.go.cr, de la Jefa de de la Oficina Subregional de San José del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, a quien le solicitó dar respuesta al amparado por tener asignada la denuncia número [Valor 002]. Lo anterior, con copia al correo del amparado (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada);\nEl 10 de marzo de 2021 a las 11:25 horas, la Jefa de de la Oficina Subregional de San José del Sistema Nacional de Áreas de Conservación fue notificada de la resolución que da curso al presente recurso (ver acta de notificación);\nEl 10 de marzo de 2021, la Jefa de de la Oficina Subregional de San José del Sistema Nacional de Áreas de Conservación asignó un nuevo funcionario para la investigación y resolución de denuncia número [Valor 002] (ver informe rendido bajo juramento);\nMediante oficio SINAC-ACC-OSJ-of-170-2021, el funcionario Randall Eduardo Araya indicó los hechos denunciados por el amparado no constituyen un delito, por cuanto dichas actuaciones se ajustan a lo estipulado en el artículo 28 de la Ley Forestal 7575, lo anterior por tratarse de arboles plantados y sobre maduros que presentan deterioro en sus bases y por esas condiciones constituyen un riesgo a la integridad y vida de las personas transeúntes de la ruta Florencia del Castillo. Por lo anterior, recomendó cerrar la queja del SITADA (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada);\nEl 10 de marzo de 2021 a las 02:17 horas, el funcionario Randall Eduardo Araya remitió al correo electrónico [...] del amparado, mediante el cual le puso en conocimiento sobre lo observado y analizado de la denuncia que planteó. Lo anterior, se encuentra consignado en el Sistema Integrado de Trámites y Atención de Denuncias Ambientales (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada).\nIV.- Sobre el caso en concreto.- El recurrente manifiesta que el 22 de setiembre de 2020, solicitó información sobre la denuncia que planteó; no obstante, reclama que no recibió respuesta. Del análisis de los informes rendidos bajo juramento por las autoridades recurridas y la prueba aportada para la resolución del asunto, ha sido debidamente acreditado que, en fecha 02 de julio de 2020, el tutelado planteó una denuncia ambiental por la corta de árboles en la carretera Florencio del Castillo, a la cual se le asignó el número [Valor 002]. En ese sentido, se verifica que, el 06 de julio de 2020, la Contraloría Ambiental remitió por competencia legal y territorial la denuncia planteada a la Oficina de San José del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, donde se asignó el respectivo funcionario para la investigación y resolución de denuncia.  Ahora bien, se corrobora que, en fecha 22 de setiembre de 2020, el recurrente formuló solicitud de información con respecto a su denuncia al correo electrónico contraloriaambiental@minae.go.cr , la cual, el Contralor Ambiental dirigió a la Jefa de de la Oficina Subregional de San José del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, por tener asignada dicha denuncia. Asimismo, se observa que, fue con ocasión a la notificación del presente recurso -realizada el 10 de marzo de 2021 a las 11:25 horas- que las autoridades de la Oficina Subregional de San José del Sistema Nacional de Áreas de Conservación realizaron actuaciones para brindarle respuesta a la solicitud de información formulada por el amparado, pues consta que su gestión formulada en fecha 22 de setiembre de 2020, fue atendida y comunicada a su correo electrónico [...] -el 10 de marzo de 2021 a las 02:17 horas-, mediante el cual se le puso en conocimiento sobre lo observado y analizado con relación a la denuncia que planteó. En virtud de lo expuesto, este Tribunal comprueba que transcurrió un plazo desproporcional por parte de las autoridades recurridas del Oficina Subregional de San José del Sistema Nacional de Áreas de Conservación en atender la gestión formulada por el recurrente; no obstante, como la misma fue atendida con la ocasión de la tramitación de este asunto, se dispone acoger el recurso de conformidad con lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.\nV.- Sobre la condenatoria en costas, daños y perjuicios de conformidad con el artículo 52 de la ley de la jurisdicción constitucional. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recursoúnicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “ si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr . artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.\nVI.- Voto salvado de la Magistrada Hernández López, sobre las consecuencias económicas derivadas de declarar con lugar este recurso. Coincido con la mayoría de la Sala en la decisión tomada respecto de la existencia de una lesión a los derechos fundamentales en este caso, la cual ha sido corregida con ocasión de la intervención de la Sala; no obstante, me separo de su decisión en relación con el tema de las consecuencias económicas de dicha declaratoria. La jurisdicción constitucional a cargo de este Tribunal en materia de amparo y hábeas corpus -la jurisdicción de la libertad como se le denomina- es especial porque su finalidad no es la del juez tradicional que dirime un conflicto entre dos partes, enfrentadas por una disputa legal. Su materia es de orden público, y su objetivo es brindar protección judicial a las personas en el ejercicio de sus derechos fundamentales de manera tal que no se perturbe su disfrute por actos de quien, de hecho o de derecho, realiza ejercicios concretos de autoridad, capaces de vulnerarlos. Esa vocación protectora de la jurisdicción constitucional se concreta en un diseño procesal también peculiar, célere y gratuito en donde se impone a la autoridad pública recurrida la simple rendición de “un informe” sobre lo actuado en el caso denunciado (artículos 43, 44, 45 y 46 de la LJC). Así que no se trata técnicamente de un litigio y acorde con ello, se entregan a la Sala Constitucional amplios poderes para orientar el curso del proceso de amparo o de hábeas corpus, tanto respecto de la posibilidad de requerir información a otras autoridades sobre lo sucedido, como respecto del manejo amplio de la prueba que pueda servir para aclarar lo sucedido. Tal marco procesal de la jurisdicción de la libertad, donde no existen dos partes antagónicas enfrentadas de modo que lo que gane una lo pierda la otra, impone alejarnos de las soluciones que para estas últimas cuestiones han sido previstos en sistemas procesales como el civil, el contencioso o el laboral. En lo que ahora interesa, la Ley de la Jurisdicción Constitucional regula en sus artículos 46 y siguientes, tres aspectos concretos del ejercicio de la función jurisdiccional de protección de derechos fundamentales, a cargo de la Sala: a) el primer aspecto es el atinente a la declaración que debe hacerse de la existencia o inexistencia de la violación (artículos 46 y 47 LJC); b) el segundo, regula de forma cuidadosa las potestades de las que goza el Tribunal para revertir los efectos jurídicos de la infracción a los derechos fundamentales y restaurar, de la forma más efectiva, su ejercicio (artículos 49 y 50 LJC); c) el tercer aspecto, (artículo 51 LJC) dispone reglas sobre las consecuencias económicas de tales procesos de amparo y habeas corpus, de manera tal que –ante la constatación de una lesión parte de la Sala-exista una restauración del disfrute de tales derechos y, además, una efectiva indemnización de los daños y gastos ocasionados, como parte del derecho a una justicia efectiva en cuanto a la reparación de las consecuencias dañosas generadas por las autoridades que resulten infractoras, las cuales no son sólo para efectos de la tutela judicial efectiva de la parte accionante, sino también con un fin disuasorio para que  el Estado, no incurra en el futuro en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50 de la ley de la Jurisdicción Constitucional. En este último aspecto, la Ley en su artículo 51 ordena a la Sala que “ toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso…”.  Este es el sistema general que regula los temas del ámbito indemnizatorio, para los casos que la mayoría identifica como “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerados los derechos fundamentales…”;  en tales casos, dentro de los que se cuenta el que ahora se decide,  la Sala ha tenido por comprobado el agravio y de allí la necesidad de una condenatoria en costas daños y perjuicios, que se apoya en el concepto antes citado de una tutela efectiva de los derechos de las personas y en la noción de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y gastos que ocasione con su actuar inconstitucional. No cambia en nada esta conclusión por el hecho de que al conocer y resolver el amparo, “hubieren cesado los efectos del acto reclamado”  (artículo 50) pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria automática en costas daños y perjuicios, por entenderse que el proceso ha terminado de forma normal y se ha constatado la violación. Dentro de este marco general sencillo y claro -y carente de minusvalías o vacíos- la disposición del artículo 52 de la Ley encaja perfectamente como un caso de excepción, aplicable únicamente en los casos en que la Sala no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, es decir -como lo dice la mayoría- en aquellas situaciones de “terminación anormal del proceso”. Pero las condiciones y alcances para decretar esa forma de conclusión están delimitados como suma precisión por parte del legislador; en primer lugar, los presupuestos de hecho para la aplicación de esta norma, están claramente descritos, de modo que la Sala debe comprobar: 1) que el amparo está en curso;  2) que exista una resolución administrativa o judicial (que debe entenderse en su sentido estrictamente formal); y 3) que en tal resolución se disponga incuestionablemente la revocación, la detención o la suspensión de la actuación impugnada. Se trata de conceptos sumamente acotados, cuyo ámbito de aplicación debe además ser interpretado restringidamente, no solo en atención a la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino porque las consecuencias de aplicar tal excepción generan indiscutiblemente una disminución en el derecho fundamental de las personas a lograr una efectiva tutela judicial frente a los daños recibidos con la lesión a sus derechos constitucionales. En conclusión, únicamente en tales limitados casos y luego de confirmado por el Tribunal todo lo anterior, a la luz de una lectura restrictiva de sus alcances, estaríamos ante la necesidad de dejar de lado el sistema general de condenatoria automática en costas daños y perjuicios, y ejercitar -como jueces- nuestra discreción jurídica para decidir si se ordena el pago de tales extremos o no. En este caso, el ejercicio anterior obliga a concluir la inaplicabilidad del artículo 52 de LJC, pues, por una parte, el Tribunal se ha pronunciado sobre el fondo del asunto, ha reconocido con su declaración una lesión a derechos fundamentales y determinado quién ha sido su autor; en nada se asemeja lo anterior una “terminación anormal del proceso” . Por otra parte, tampoco se verifican los requisitos del artículo 52 recién citado, ya que no existe una “resolución administrativa o judicial” formalmente emitida y en la cual, de manera expresa se revoque, detenga o suspenda el acto que origina la violación de derechos constitucionales; Por todo ello,  es procedente aplicar lo dispuesto en los artículos 50 y 51 de la LJC  y disponer -como consecuencia de haberse comprobado la violación- la condenatoria en daños, perjuicios y costas causados, en calidad de consecuencias económicas del proceso. Pero incluso, aún si dejásemos de lado la condena automática en daños, perjuicios y costas, despreciando los razonamientos anteriores, lo cierto es que los hechos probados de este caso han llevado a la Sala a declarar la existencia de una afectación en el ejercicio de los derechos fundamentales del amparado, que, como acción dañosa que es, lleva aparejada una presunción de surgimiento de daños y perjuicios económicos -cuya determinación concreta no le toca a la Sala-, y no se aprecia en el expediente mérito alguno que convenza para exonerar a la autoridad recurrida de cubrir la efectiva reparación de las consecuencias dañinas de sus actos, según el principio general dispuesto expresamente en la ley.\nVII.- Voto salvado parcial del Magistrado Salazar Alvarado, únicamente en relación con la no condenatoria en costas, daños y perjuicios a la parte recurrida.\nSi bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.\nLa Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:\n\n“ Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.\n\nPor otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:\n\n“ ...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.\n\nEsta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.\nEn criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.\nAsí, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.\nPor otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”.\nEl legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.\nEn mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaro.\nVIII.-Voto salvado parcial de la Magistrada Garro Vargas. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): \"Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes\".\n  Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa \" resolución\" es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase \"si fueren procedentes\" se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.\n  Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: \" Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia\".\n  Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título -derivado de este proceso- para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.\n  Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aún cuando el derecho haya sido restituido.\n  En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas.\nIX.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Debe prevenir esta Sala a la parte recurrente que de haber aportado algún documentos en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho, en un plazo de 30 días hábiles, después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\nPor tanto:\nDe conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se declara con lugar el recurso sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios únicamente por el atraso en atender la gestión formulada por el amparado en fecha 22 de setiembre de 2020. La Magistrada Hernández López salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas de conformidad con los artículos 50 y 51 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. El Magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La Magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas. Notifíquese. -\n \n\n \n\n \n\n \n\t\nFernando Castillo V.\nPresidente\n\t\n \n\n\nNancy Hernández L.\n\t\n \n\t\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\nJorge Araya G.\n\t\n \n\t\nAnamari Garro V.\n\n\nHubert Fernández A.\n\t\n \n\t\nIleana Sánchez N.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n*1WSLGS2HGAQ61*\n\n 1WSLGS2HGAQ61\n\nEXPEDIENTE N° 21-003897-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 09-05-2026 09:07:43.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "**Large**\n**Normal**\n**Small**\n**Constitutional Chamber**\n\n**Resolution No. 05766 - 2021**\n\n**Date of Resolution:** March 19, 2021, at 09:15\n**Case File:** 21-003897-0007-CO\n**Drafted by:** Nancy Hernández López\n**Type of Matter:** Amparo Appeal\n**Analyzed by:** CONSTITUTIONAL CHAMBER\n\n**Judgment with protected data, in accordance with current regulations**\n\n**Text of the resolution**\n\n*210038970007CO*\n\nExp: 21-003897-0007-CO\nRes. No. 2021005766\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours and fifteen minutes on the nineteenth of March, two thousand twenty-one.\n\nAmparo appeal processed in case file No. 21-003897-0007-CO, filed by [Name 001], identification card [Value 001], against the MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA.\n\n**Whereas:**\n\n1.- By motion received in the Secretariat of the Chamber at 5:12 p.m. on February 25, 2021, the appellant files an amparo appeal against the MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, and states the following: that in mid-2020, they could observe, in the sector between the old Galera and the Ciudad del Este Shopping Center, that trees were being cut along the entire Florencio del Castillo highway. Due to this, they affirm that on July 2, 2020, they filed a complaint before the Environmental Comptroller's Office (Contraloría del Ambiente) of the Ministry of Environment and Energy, to which the number [Value 002] was assigned. They state that on September 22, 2020, they sent an email to the address contraloriaambiental@minae.go.cr, requesting information about the complaint; however, they did not receive any response. They consider their right to be informed violated and request that the Ministry of Environment and Energy be ordered to respond accordingly.\n\n2.- By resolution at 8:47 p.m. on February 26, 2021, this appeal was admitted.\n\n3.- By motion incorporated into the Legal System on March 5, 2021, Walter Zavala Ortega, Environmental Comptroller, reports under oath that the Integrated System for Processing and Handling Environmental Complaints (Sistema Integrado de Trámites y Atención de Denuncias Ambientales, SITADA) (www.sitada.go.cr/denunciaspublico), according to Ministerial Circular DM-185-2012, has operated on a mandatory basis since April 2013 and is administered and coordinated by this Environmental Comptroller's Office. He notes that the SITADA contains the registration of complaint [Value 002], entered from the public interface on July 2, 2020; initially the system assigns the temporary identification number 14407; upon review of the complaint by the Environmental Comptroller's Office, the system automatically assigns the unique identification number for the complaint, [Value 002]. He adds that, on July 6, 2020, this Environmental Comptroller's Office referred, due to legal and territorial competence, via the SITADA, the handling and resolution of the complaint to the San José Office of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). The head of said office, on July 7, 2020, assigns the investigator and selects Lioudmila Malomuzh Malomuzh. He adds that the complaint is still under the responsibility of the ACC San José Office of SINAC and has not been resolved. A copy of this was sent to the complainant's email, in this case to the email [...]. He indicates that, on September 22, 2020, Mr. [Name 001] sent an email to contraloriaambiental@minae.go.cr, which he forwarded from the email wzavala@minae.go.cr to the email of the Head of the San José Office, aimara.espinoza@sinac.go.cr, indicating the following: \"Since complaint [Value 002] is assigned to your office, I request you respond to the complainant's request,\" the above with a copy to the appellant's email. After September 22, 2020, this Environmental Comptroller's Office received no further emails from Mr. [Name 004] or Ms. Espinoza. He requests the appeal be dismissed.\n\n4.- By resolution at 12:01 p.m. on March 8, 2021, the Instructing Judge ordered the expansion of the facts challenged, as well as the parties listed in the amparo appeal, to give a hearing to and consider as the respondent authority the HEAD OF THE SAN JOSÉ OFFICE OF THE SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN.\n\n5.- By motion incorporated into the Legal System on March 11, 2021, Aimara Espinoza Ulate, Head of the San José Subregional Office of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, reports under oath that complaint [Value 002] was indeed referred to this office on July 6, 2020, by the Environmental Comptroller's Office via the Integrated System for Handling Environmental Complaints (SITADA) environment. She notes that, on July 7, 2020, through the SITADA, this Office assigned the respective official for the investigation and resolution of the matter raised by the complainant in SITADA [Value 002]. She adds that there is no record of the environmental comptroller forwarding Mr. [Name 001]'s email for its respective processing. She adds that, on March 10, 2021, this Office, through the SITADA environment, assigns a new investigator for the handling and resolution of SITADA [Value 002]. She indicates that, on March 10, 2021, via official letter SINAC-ACC-OSJ-of-170-2021, the response to the analysis, handling, and resolution of complaint SITADA [Value 002] is received, which indicates the following: \"that the reported facts do not constitute a crime because they conform to the stipulations of article 28 of the Ley Forestal 7575, as they involve planted and over-mature trees that show deterioration at their bases and that, due to these conditions, constitute a risk to the safety and life of persons traveling along the Florencio del Castillo route,\" the above was brought to the attention of Mr. [Name 001] via email sent at 12:17 p.m. on March 10, 2021. She requests the appeal be dismissed.\n\n6.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.\n\nDrafted by Judge Sánchez Navarro; and,\n\n**Considering:**\n\nI.- Preliminary Issue. Before analyzing the merits of the matter, it must be clarified that, as of judgment number 2008-02545 at 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred—with some exceptions—those matters in which it is disputed whether the Public Administration has complied or not with the deadlines set by the Ley General de la Administración Pública (articles 261 and 325) or the sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure—initiated ex officio or at the request of a party—or to hear the applicable administrative appeals, to the administrative litigation jurisdiction. Precisely, in the case at hand, an exception is raised, as this is an environmental complaint, which is alleged not to have been resolved within a reasonable time. Having clarified this point, the specific situation claimed in this amparo is addressed.\n\nII.- Object of the Appeal. The appellant states that, in mid-2020, they observed that in the sector between the old Galera and the Ciudad del Este Shopping Center, trees were being cut on the Florencio del Castillo highway. For this reason, on July 2, 2020, they filed a complaint before the Environmental Comptroller's Office of the Ministry of Environment and Energy, to which the number [Value 002] was assigned. They claim that, on September 22, 2020, they sent an email to contraloriaambiental@minae.go.cr, requesting information about the complaint; however, they did not receive a response. They consider their right to be informed violated.\n\nIII.- Proven Facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven:\nOn July 2, 2020, the protected party [Name 001] filed an environmental complaint regarding the cutting of trees on the Florencio del Castillo highway, through the public interface of the Integrated System for Processing and Handling Environmental Complaints (SITADA), to which the number [Value 002] was assigned (uncontested fact);\nThe Integrated System for Processing and Handling Environmental Complaints (SITADA) is a system designed to keep the reporting/complaining citizen informed of the progress of the investigation and resolution of complaints (see report rendered under oath);\nOn July 6, 2020, the Environmental Comptroller's Office referred, due to legal and territorial competence, complaint number [Value 002] to the San José Office of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), through the Integrated System for Processing and Handling Environmental Complaints (SITADA). This was communicated to the protected party (see report rendered under oath);\nOn July 7, 2020, the Head of the San José Subregional Office of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación assigned the respective official for the investigation and resolution of complaint number [Value 002] (see report rendered under oath);\nOn September 22, 2020, the protected party [Name 001] sent an email to contraloriaambiental@minae.go.cr, requesting information about the filed complaint (see filing motion and evidence provided);\nThe email address contraloriaambiental@minae.go.cr is an official mechanism for communication with the Environmental Comptroller's Office (uncontested fact);\nOn September 22, 2020, at 11:47 a.m., the Environmental Comptroller directed the request for information from the protected party to the email aimara.espinoza@sinac.go.cr, of the Head of the San José Subregional Office of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, requesting that she respond to the protected party since complaint number [Value 002] was assigned to her. This was done with a copy to the protected party's email (see report rendered under oath and evidence provided);\nOn March 10, 2021, at 11:25 a.m., the Head of the San José Subregional Office of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación was notified of the resolution admitting this appeal (see notification record);\nOn March 10, 2021, the Head of the San José Subregional Office of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación assigned a new official for the investigation and resolution of complaint number [Value 002] (see report rendered under oath);\nBy official letter SINAC-ACC-OSJ-of-170-2021, the official Randall Eduardo Araya indicated that the facts reported by the protected party do not constitute a crime, because said actions conform to the stipulations of article 28 of the Ley Forestal 7575, as they involve planted and over-mature trees that show deterioration at their bases and, due to these conditions, constitute a risk to the safety and life of persons traveling along the Florencio del Castillo route. Therefore, he recommended closing the SITADA complaint (see report rendered under oath and evidence provided);\nOn March 10, 2021, at 02:17 p.m., the official Randall Eduardo Araya sent an email to the protected party's [...] informing them of the observations and analysis regarding the complaint they filed. The above is recorded in the Integrated System for Processing and Handling Environmental Complaints (SITADA) (see report rendered under oath and evidence provided).\n\nIV.- On the Specific Case.- The appellant states that on September 22, 2020, they requested information about the complaint they filed; however, they claim they received no response. From the analysis of the reports rendered under oath by the respondent authorities and the evidence provided for the resolution of the matter, it has been duly accredited that, on July 2, 2020, the protected party filed an environmental complaint regarding the cutting of trees on the Florencio del Castillo highway, to which the number [Value 002] was assigned. In that regard, it is verified that, on July 6, 2020, the Environmental Comptroller's Office referred, due to legal and territorial competence, the filed complaint to the San José Office of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), where the respective official was assigned for the investigation and resolution of the complaint. Now, it is corroborated that, on September 22, 2020, the appellant formulated a request for information regarding their complaint to the email contraloriaambiental@minae.go.cr, which the Environmental Comptroller directed to the Head of the San José Subregional Office of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, as said complaint was assigned to her. Likewise, it is observed that it was on the occasion of the notification of this appeal - carried out on March 10, 2021, at 11:25 a.m. - that the authorities of the San José Subregional Office of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación took actions to provide a response to the request for information made by the protected party, since it is recorded that their request made on September 22, 2020, was handled and communicated to their email [...] - on March 10, 2021, at 02:17 p.m. -, by which they were informed of the observations and analysis regarding the complaint they filed. By virtue of the foregoing, this Tribunal verifies that a disproportionate period of time elapsed on the part of the respondent authorities of the San José Subregional Office of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación in handling the request made by the appellant; however, as it was handled on the occasion of the processing of this matter, the appeal is upheld in accordance with the provisions of article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional.\n\nV.- On the order for costs and damages pursuant to Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional. After better consideration, the majority of the Chamber considers that, in the case under review, in accordance with the provisions of paragraph 1 of article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (\"If, while the amparo is pending, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the appeal shall be upheld solely for purposes of compensation and costs, if applicable\"), the ruling must be made without a special order for costs, damages, and losses, based on the following considerations. While it is true there is an express text in the law that requires the operative part of the judgment to state that the appeal is upheld when the grievance is resolved while the amparo is pending, it is no less true that the same paragraph in fine refers that the ruling is \"solely for purposes of compensation and costs, if applicable.\" It is emphasized that the Law states \"if applicable,\" which means that the applicability or inapplicability of compensation and costs depends on an assessment, appreciation, or weighing by the Tribunal. In cases like this, the content of the protected person's claim and the respondent authority's conduct of acknowledging it suggest that the alleged detriments, injuries, or alterations are not directly related to a repercussion on a constitutional right of an evident proprietary nature (as would occur, for example, with an impact on the right to a salary). To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provisions of article 51 of the same Ley de la Jurisdicción Constitucional, when it states: \"any resolution that upholds the appeal shall order in the abstract the compensation for the damages caused and the payment of the costs of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment,\" where the possibility of assessing whether or not compensation and costs are applicable is not foreseen. The principles of Constitutional Law, those of Public and General Procedural Law or, as applicable, those of International or Community Law, and furthermore, in order, the Ley General de la Administración Pública and the Código Procesal Contencioso Administrativo and other procedural codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the norms of the Ley de la Jurisdicción Constitucional - cf. article 14-. For the administrative litigation jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in article 197 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, which responds to the procedural logic in any matter. In any case, the affected party in the case at hand preserves the possibility of resorting, if they deem it appropriate, to a plenary proceeding in order to demonstrate that they have suffered some type of detriment. Based on the foregoing, it is the majority criterion to resolve this appeal without an order for costs, damages, and losses.\n\nVI.- Dissenting Vote of Judge Hernández López, regarding the economic consequences derived from upholding this appeal. I agree with the majority of the Chamber in the decision taken regarding the existence of a violation of fundamental rights in this case, which has been corrected on the occasion of the Chamber's intervention; however, I distance myself from their decision regarding the issue of the economic consequences of said declaration. The constitutional jurisdiction exercised by this Tribunal in matters of amparo and habeas corpus - the jurisdiction of liberty as it is called - is special because its purpose is not that of the traditional judge who resolves a conflict between two parties, opposed by a legal dispute. Its subject matter is of public order, and its objective is to provide judicial protection to persons in the exercise of their fundamental rights in such a way that their enjoyment is not disturbed by acts of those who, de facto or de jure, perform concrete exercises of authority capable of violating them. This protective vocation of the constitutional jurisdiction is materialized in a procedural design that is also peculiar, expeditious, and free of charge, where the respondent public authority is simply required to render \"a report\" on the actions taken in the reported case (articles 43, 44, 45, and 46 of the LJC). Thus, it is not technically a lawsuit, and accordingly, the Constitutional Chamber is granted broad powers to guide the course of the amparo or habeas corpus proceeding, both regarding the possibility of requesting information from other authorities about what happened, and regarding the broad handling of evidence that may serve to clarify what occurred. Such a procedural framework for the jurisdiction of liberty, where there are no two opposing antagonistic parties such that what one gains the other loses, forces us to move away from the solutions that have been foreseen for these latter issues in procedural systems such as civil, administrative litigation, or labor. In what is relevant now, the Ley de la Jurisdicción Constitucional regulates, in articles 46 and following, three specific aspects of the exercise of the jurisdictional function of protecting fundamental rights under the Chamber's purview: a) the first aspect concerns the declaration that must be made of the existence or non-existence of the violation (articles 46 and 47 LJC); b) the second carefully regulates the powers the Tribunal has to reverse the legal effects of the infringement of fundamental rights and restore, in the most effective way, their exercise (articles 49 and 50 LJC); c) the third aspect (article 51 LJC) provides rules on the economic consequences of such amparo and habeas corpus proceedings, so that – upon the Chamber's finding of a violation – there is a restoration of the enjoyment of such rights and, in addition, an effective compensation for the damages and expenses caused, as part of the right to effective justice regarding the reparation of the harmful consequences generated by the authorities found to be infringing, which are not only for the purposes of effective judicial protection for the plaintiff, but also for a dissuasive purpose so that the State does not incur in the future in the actions that gave grounds for the upholding of the appeal, a matter regulated in article 50 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional. In this last aspect, the Law, in its article 51, orders the Chamber that \"any resolution that upholds the appeal shall order in the abstract the compensation for the damages caused and the payment of the costs of the appeal…\". This is the general system that regulates the matters of the compensatory scope for the cases that the majority identifies as the \"natural or normal form of termination of the process, where there is a ruling on the merits of the matter and acknowledgment of the facts that have violated fundamental rights…\"; in such cases, among which the one now decided is counted, the Chamber has verified the grievance and hence the need for an order for costs, damages, and losses, which is supported by the aforementioned concept of effective protection of persons' rights and the notion that the Administration must be responsible for the damages and expenses caused by its unconstitutional actions. This conclusion is not changed by the fact that upon hearing and resolving the amparo, \"the effects of the claimed act had ceased\" (article 50), as such a case forms an integral part of the general system of automatic order for costs, damages, and losses, understanding that the process has ended normally and the violation has been verified. Within this simple and clear general framework - devoid of shortcomings or gaps - the provision of article 52 of the Law fits perfectly as an exception case, applicable only in cases where the Chamber has not examined, nor ruled on, the merits of the claim, that is - as the majority says - in those situations of \"abnormal termination of the process.\" But the conditions and scope for decreeing that form of conclusion are delimited with utmost precision by the legislator; first, the factual prerequisites for the application of this rule are clearly described, such that the Chamber must verify: 1) that the amparo is pending; 2) that there exists an administrative or judicial resolution (which must be understood in its strictly formal sense); and 3) that such resolution unquestionably orders the revocation, the halting, or the suspension of the challenged action. These are highly circumscribed concepts, whose scope of application must also be interpreted restrictively, not only in accordance with the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but also because the consequences of applying such an exception undeniably generate a diminution in the fundamental right of persons to achieve effective judicial protection against the damages suffered due to the violation of their constitutional rights. In conclusion, only in such limited cases and after the Tribunal has confirmed all of the foregoing, in light of a restrictive reading of its scope, would we face the need to set aside the general system of automatic order for costs, damages, and losses, and exercise - as judges - our legal discretion to decide whether the payment of such items is ordered or not. In this case, the previous exercise forces us to conclude the inapplicability of article 52 of the LJC, because, on one hand, the Tribunal has ruled on the merits of the matter, has recognized with its declaration a violation of fundamental rights, and determined who its author was; the foregoing in no way resembles an \"abnormal termination of the process.\" On the other hand, the requirements of article 52 just cited are not met either, since there is no formally issued \"administrative or judicial resolution\" that expressly revokes, halts, or suspends the act originating the violation of constitutional rights. For all these reasons, it is appropriate to apply the provisions of articles 50 and 51 of the LJC and order - as a consequence of having verified the violation - the order for damages, losses, and costs caused, as economic consequences of the process. But even if we were to set aside the automatic order for damages, losses, and costs, disregarding the preceding reasoning, the truth is that the proven facts of this case have led the Chamber to declare the existence of an impact on the exercise of the fundamental rights of the protected party, which, being a harmful action, carries with it a presumption of the emergence of economic damages - the specific determination of which is not for the Chamber to make -, and no merit whatsoever is appreciated in the case file that convincingly serves to exonerate the respondent authority from covering the effective reparation of the harmful consequences of its acts, according to the general principle expressly set forth in the law.\n\nVII.- Partial Dissenting Vote of Judge Salazar Alvarado, solely in relation to the non-imposition of costs, damages, and losses on the respondent party.\nAlthough I agree with the rest of the Chamber in upholding the appeal, I depart from the majority criterion insofar as it exempts the respondent party from being ordered to pay the costs, damages, and losses derived from the violation caused to the fundamental rights of the protected party.\n\nThe Ley de la Jurisdicción Constitucional, in article 52, provides that:\n\n\" If, while the amparo is pending, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the appeal shall be upheld solely for purposes of compensation and costs, if applicable\".\n\nOn the other hand, in article 51 ibidem, it is established that:\n\n\"... any resolution that upholds the appeal shall order in the abstract the compensation for the damages caused and the payment of the costs of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment\".\n\nThis last norm establishes the general system that regulates the matter of compensation and the payment of costs, which the majority calls \"the natural or normal form of termination of the process, where there is a ruling on the merits of the matter and acknowledgment of the facts that have violated fundamental rights…\".\nIn the majority's criterion, the cited Article 51 regulates the cases in which the Chamber has verified the grievance; and, consequently, the need arises for an order for costs, damages, and losses. However, in the opinion of the undersigned, from the systematic interpretation of both norms, it is concluded that, both in the cases in which this Constitutional Tribunal finds a violation of a fundamental right and, therefore, upholds the appeal, and in those in which the Administration, by its own decision, restores the aggrieved person to the enjoyment of their fundamental rights once it becomes aware of the amparo - a case contemplated in the referenced Article 52 - by command of articles 50 and 51 of the cited law, the necessary and unavoidable consequence is the order against the infringer for the compensation of the damages caused and the payment of the costs of the appeal. This rule is nothing more than the recognition, to the party that has suffered a violation of their fundamental rights, of the right to effective judicial protection regarding the reparation of the harmful consequences derived from the actions or omissions of the infringing authorities; and, as a dissuasive means, so that the State does not incur again in the actions that gave grounds for the upholding of the appeal, a matter regulated in article 50 of the law governing this jurisdiction.\n\nThus, whether the Chamber has deemed the grievance proven and has proceeded to examine the merits of the matter, or whether the violation has ceased by decision of the respondent authority itself, once it became aware of the processing of the amparo, with restitution of the enjoyment of the fundamental rights in favor of the aggrieved party (Article 52), in either of those scenarios, the imperative need always arises for an award of costs, damages, and losses against the violator, the basis of which lies in the principles of protection of individuals' rights and in the principle that the Administration must be held liable for the damages and losses caused by its unconstitutional actions.\n\nThus, the fact that, at the time the amparo is heard and granted, the effects of the challenged act had already ceased, under the terms set forth in Articles 50 and 52 of the cited law, does not negate the appropriateness of an award of costs, damages, and losses, as such a case forms an integral part of the general system of mandatory award on those points contained in the Constitutional Jurisdiction Law (Ley de la Jurisdicción Constitucional).\n\nFurthermore, it is clear that the aforementioned Article 52 applies only in cases where the Chamber, even though it has not heard or ruled on the merits of the claim, has verified the violation of the protected party's fundamental rights, by virtue of the restitution of the enjoyment of those rights that the Administration has granted in their favor; a situation that, as the majority of the Chamber affirms, implies an \"abnormal termination of the proceeding.\"\n\nThe legislator established and precisely defined the conditions under which this Chamber may decree that form of abnormal conclusion of the amparo proceeding, as well as its scope, namely: 1) that the amparo is in progress, meaning that the Administration has been duly notified of the resolution admitting the amparo; and 2) that an administrative or judicial resolution exists that indisputably orders the revocation, cessation, or suspension of the challenged action violating fundamental rights. Certainly, the provision in question contemplates an exception to the general system of awarding costs, damages, and losses, despite the granting of the recourse, by establishing that, in the cases regulated therein, the recourse will be granted \"solely for purposes of compensation and costs, if they are appropriate.\" As it is an exception, it must be interpreted restrictively; that is, it only applies in the scenarios strictly contemplated by the provision, not only because of the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but also because the consequences of applying such an exception imply, without a doubt, a detriment to the fundamental right of individuals to obtain effective judicial protection against the damages and losses suffered from the injury to their constitutional rights.\n\nIn my view, such an exception should be interpreted to mean that, in accordance with the general system of automatic award of costs, damages, and losses in the event of a violation of fundamental rights, such an award is always appropriate, even in the case where the respondent party issues an administrative or judicial resolution revoking, ceasing, or suspending the challenged action, unless it is indisputably and clearly established that in the specific case no compensable harm whatsoever was caused. Only and exclusively in such scenarios could the respondent Administration be exempted from paying said items. Since in this case, there is no element whatsoever that rebuts the presumption of the emergence, for the protected party, of economic damages and losses derived from the challenged actions—the specific determination of which does not correspond to this jurisdiction—the granting of this recourse must necessarily entail the award of costs, damages, and losses, and I so declare.\n\nVIII.—Partial dissenting vote of Magistrate Garro Vargas. Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law (LJC) states: \"If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, ceases, or suspends the challenged action, the recourse will be granted solely for purposes of compensation and costs, if they are appropriate.\"\n\n My interpretation of that provision is as follows: That \"resolution\" is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase \"if they are appropriate\" refers to costs. Indeed, Article 197 of the Contentious-Administrative Procedural Code (Código Procesal Contencioso-Administrativo), cited by the majority, based on Article 14 of the LJC, refers precisely only to these: costs.\n\n Certainly, according to Article 48 of the Political Constitution (CP), the essential content of the right to the amparo recourse is not compensatory but restitutive; however, Article 51 of the LJC states: \"Any resolution granting the recourse shall award, in the abstract, compensation for the damages and losses caused and the payment of the costs of the recourse, reserving their liquidation for the execution of the judgment.\"\n\n If the right has been violated and the Chamber so verifies, even in the event that it has been restored, damages and losses may have arisen. For that reason, an award of these in the abstract is appropriate. If this were not done, if such an award were not made, in the event that they had indeed occurred, there would be no legal basis—derived from this proceeding—to claim them, which could violate Article 41 of the CP. Even if an award in the abstract is made, if no damages and losses occurred, the judge in the ordinary proceeding will so declare, as only they have the authority to determine the real existence and magnitude thereof.\n\n With the thesis defended by the majority, I believe that, contrary to what is sought, it would incentivize the Administration to respect rights only when an amparo recourse exists. It remains to be said that Article 52 of the LJC provides for the possibility that, if it is deemed just, the Chamber may award costs, even when the right has been restored.\n\n Based on the foregoing, I partially dissent with respect to the operative part and order the award of damages and losses, but not the award of costs.\n\nIX.— DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. This Chamber must warn the appellant that if any paper documents have been provided, as well as objects or evidence supported by any additional device, or by electronic, computer, magnetic, optical, telematic means or produced by new technologies, these must be removed from the office within a period of 30 business days after receiving notification of this judgment, otherwise all such items will be destroyed in accordance with the provisions of the \"Regulation on the Electronic Case File before the Judicial Branch\" (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Judicial Bulletin No. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.\n\nPor tanto:\n\nIn accordance with the provisions of Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law, the recourse is granted without special award of costs, damages, and losses solely for the delay in addressing the request filed by the protected party on September 22, 2020. Magistrate Hernández López partially dissents and orders the award of damages, losses, and costs in accordance with Articles 50 and 51 of the Constitutional Jurisdiction Law. Magistrate Salazar Alvarado partially dissents and orders the award of damages, losses, and costs. Magistrate Garro Vargas partially dissents and orders the award of damages and losses, but not costs. Notify. -\n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n\t\nFernando Castillo V.\nPresidente\n\t\n \n\nNancy Hernández L.\n\t\n \n\t\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G.\n\t\n \n\t\nAnamari Garro V.\n\nHubert Fernández A.\n\t\n \n\t\nIleana Sánchez N.\n\n \n \n\n \n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n*1WSLGS2HGAQ61*\n\n 1WSLGS2HGAQ61\n\nEXPEDIENTE N° 21-003897-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 09-05-2026 09:07:43.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }