{ "id": "nexus-sen-1-0007-1025413", "citation": "Res. 07574-2021 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Deber de responder solicitudes de información pública en sede electrónica", "title_en": "Obligation to respond to public information requests via electronic means", "summary_es": "La Sala Constitucional conoció un recurso de amparo interpuesto por un diputado contra la Presidencia de la República por la falta de respuesta a una solicitud de información pública sobre el veto al proyecto de ley N° 21478. La parte recurrida alegó que la solicitud no era simple y requería coordinación interinstitucional, y que el recurrente ya había tenido acceso al expediente legislativo. Sin embargo, la Sala determinó que la administración no comunicó al recurrente el carácter complejo de la solicitud ni estableció un plazo razonable para responder, manteniéndolo en incertidumbre durante más de cuatro meses. Además, constató que la respuesta notificada después de la interposición del amparo omitió contestar de forma clara y precisa uno de los once puntos de la solicitud. La Sala declaró con lugar el recurso, ordenando a la Ministra de la Presidencia que en el plazo de diez días conteste el punto faltante, bajo apercibimiento de responsabilidad penal.", "summary_en": "The Constitutional Chamber heard an amparo action filed by a congressman against the Office of the President for failing to respond to a public information request regarding the veto of bill No. 21478. The respondent argued that the request was not simple and required inter-agency coordination, and that the petitioner already had access to the legislative record. However, the Chamber found that the administration did not inform the petitioner about the complexity of the request nor set a reasonable deadline for the response, leaving him in uncertainty for over four months. Additionally, it verified that the response notified after the amparo was filed omitted to clearly and precisely answer one of the eleven points of the request. The Chamber granted the amparo, ordering the Minister of the Presidency to respond to the missing point within ten days, under warning of criminal liability.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "16/04/2021", "year": "2021", "topic_ids": [ "_off-topic" ], "primary_topic_id": "_off-topic", "es_concept_hints": [ "derecho de petición", "acceso a la información", "plazo razonable", "recurso de amparo", "artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional", "coordinación interinstitucional", "notificación electrónica" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 71", "law": "Ley de la Jurisdicción Constitucional" }, { "article": "Art. 27", "law": "Constitución Política" } ], "keywords_es": [ "derecho de petición", "acceso a la información", "recurso de amparo", "solicitud de información pública", "Sala Constitucional", "derechos fundamentales", "plazo razonable", "coordinación interinstitucional", "notificación electrónica", "Presidencia de la República" ], "keywords_en": [ "right to petition", "access to information", "amparo action", "public information request", "Constitutional Chamber", "fundamental rights", "reasonable deadline", "inter-agency coordination", "electronic notification", "Office of the President" ], "excerpt_es": "En mérito de lo expuesto, se impone declarar con lugar el recurso, con las consecuencias que se detallan en la parte dispositiva de la sentencia.\n\nPor tanto:\n\nSe declara con lugar el recurso. Se ordena a Geannina Dinarte Romero, en su condición de Ministra de la Presidencia, o a quien en su lugar ocupe ese cargo, que lleve a cabo todas las actuaciones dentro del ámbito de sus competencias y coordine lo pertinente, para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se conteste de forma clara, expresa y precisa el punto 10 del oficio No. FRN-MNP-140-2020. Lo anterior bajo el apercibimiento de que, con base en lo establecido en el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo o de hábeas corpus y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado.", "excerpt_en": "Based on the foregoing, it is necessary to grant the amparo action, with the consequences detailed in the operative part of the judgment.\n\nTherefore:\n\nThe amparo action is granted. Geannina Dinarte Romero, in her capacity as Minister of the Presidency, or whoever occupies that position, is ordered to carry out all actions within her competence and coordinate accordingly, so that within TEN DAYS from the notification of this judgment, point 10 of official letter No. FRN-MNP-140-2020 is answered clearly, expressly, and precisely. The foregoing under the warning that, based on Article 71 of the Constitutional Jurisdiction Law, whoever receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo or habeas corpus action and fails to comply with or enforce it, shall be punished with imprisonment from three months to two years, or a fine from twenty to sixty days, provided that the offense is not more severely penalized.", "outcome": { "label_en": "Granted", "label_es": "Con lugar", "summary_en": "The Chamber granted the amparo action for violation of the right to petition and access to information, after finding that the Presidency failed to respond within a reasonable time and omitted to answer one of the points of the request.", "summary_es": "La Sala declaró con lugar el recurso de amparo por violación al derecho de petición y acceso a la información, al constatar que la Presidencia no respondió dentro de un plazo razonable y omitió contestar uno de los puntos de la solicitud." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando V", "quote_en": "if the request was not simple, this should have been explained to the petitioner and, furthermore, an approximate reasonable deadline should have been indicated within which the response would be provided, which was not done either by phone or in official letter No. DP-224-2020, notified on November 13, 2021", "quote_es": "si la solicitud no era pura y simple, así debió habérsele explicado al recurrente y, además, se le debió señalar el plazo razonable aproximado en el cual se le estaría dando respuesta, lo que no se hizo ni vía telefónica, ni en el oficio No. DP-224-2020, notificado el 13 de noviembre de 2021" }, { "context": "Considerando V", "quote_en": "instead of responding or informing the petitioner that his request could not be handled within the legally established period, he was subjected to a state of uncertainty for approximately 4 months and 21 days", "quote_es": "en vez de responder o bien comunicar al amparado que no se podría atender su petición dentro del plazo legalmente establecido, se le sometió a un estado de incerteza por alrededor de 4 meses y 21 días" }, { "context": "Considerando VI", "quote_en": "point 10 was not answered expressly and precisely, even though it was clearly formulated", "quote_es": "el punto 10 no se responde de forma expresa y precisa, pese a que fue claramente formulado" } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1025413", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [], "sentencias_relacionadas": [], "temas_y_subtemas": [], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 07574 - 2021\n\nFecha de la Resolución: 16 de Abril del 2021 a las 09:15\n\nExpediente: 21-005819-0007-CO\n\nRedactado por: Jorge Araya Garcia\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp: 21-005819-0007-CO\n\nRes. Nº 2021007574\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del dieciseis de abril de dos mil veintiuno .\n\n \n\n Recurso de amparo interpuesto por MELVIN ÁNGEL NÚÑEZ PIÑA, cédula de identidad 0603130091, contra LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.\n\nResultando:\n\n1.-     Por medio del escrito agregado al expediente digital a las 17:40 horas de 23 de marzo de 2021, Melvin Ángel Núñez presentó un recurso de amparo en contra de la Presidencia de la República. Explicó que por oficio No. FRN-MNP-140-2020, dirigido al Presidente de la República en fecha 5 de noviembre de 2020, mediante la dirección electrónica despachopresidente@presidencia.go.cr, solicitó, en su condición de diputado, información pública de su interés sobre el veto del proyecto 21.478. Ante la falta de respuesta, el 19 de noviembre de 2020 realizó una consulta – vía telefónica – para conocer el estado de la gestión y se le informó que están trabajando en la gestión. Posterior a eso y, ante la omisión descrita, el 11 de marzo de 2021 volvió a llamar y se le informó que el oficio está en análisis. Acusó que, no obstante lo anterior, a la fecha en que acude en amparo no se le ha suministrado lo que solicitó. Solicitó que se declare con lugar el recurso.\n\n2.- Mediante el escrito agregado al expediente digital a las 09:52 horas de 24 de marzo de 2021, la Magistrada Hernández López presentó una solicitud de inhibitoria.\n\n3.- Mediante el auto de las 10:21 horas de 24 de marzo de 2021, se admitió el recurso de amparo y se le dio traslado al Ministro de la Presidencia.\n\n4.- Por medio del escrito agregado al expediente digital a las 09:49 horas de 7 de abril de 2021, Geannina Dinarte Romero, Ministra de la Presidencia, explicó:  “(…) más allá de la remisión de un expediente y de informarse sobre las razones del veto, las consultas se vinculaban con temas nacionales referentes a la implementación de políticas de la pesca de arrastre, el comercio del camarón, la importación del camarón, posibles soluciones para los pescadores nacionales, discusión de estudios técnicos, científicos, estadísticos y aspectos legales, entre otros. Por ello, es claro que no se trata de un asunto donde simplemente se suministre una información existente, sino que se evidencia la complejidad de la consulta y la necesidad de coordinación interinstitucional a fin de contestar los cuestionamientos técnicos, comerciales, políticos y jurídicos que surgen a raíz de  la disconformidad del amparado con el veto practicado al Decreto Legislativo N° 9909 (…) En primer término, ante la presente audiencia, resulta esencial explicar a la Sala Constitucional el proceso de tramitación que se siguió con la gestión alegada. Ciertamente, el 5 de noviembre de 2020 se recibió en la Presidencia de la República un correo electrónico del señor Róger Mora Mora, quien indicó que enviaba “oficio para su trámite” a favor del diputado Melvin Ángel Núñez Piña; el adjunto correspondía al oficio N° FRN-140-2020. El 6 de noviembre de 2020, es decir al día siguiente de la formulación, se acusó recibo del correo electrónico citado y se ofreció el número telefónico 2207-9252 para el seguimiento de la solicitud de información. Posteriormente, como en efecto lo señala el recurrente, se recibió una llamada telefónica sobre el seguimiento de la gestión objeto de este proceso y en esa ocasión, se explicó que se estaban analizando las consultas realizadas. Días después, sea el 13 de noviembre de 2020, mediante el oficio N° DP-223-2020, se le solicitó, por parte del Despacho del Presidente de la República, al Viceministerio de Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano de la Presidencia de la República, la coordinación interinstitucional necesaria y la rendición de un informe preliminar, a fin de atender la gestión del amparado. Ese mismo día, mediante el oficio N°DP-224-2020, el Despacho del Presidente de la República informó en tiempo al señor Núñez Piña que se estaba “coordinando con los equipos técnicos competentes para atender su nota oportunamente. Así las cosas, una vez contemos con la totalidad de los insumos se estará emitiendo el informe correspondiente.” Dicho oficio fue enviado el propio 13 de noviembre al amparado mediante el correo electrónico señalado para recibir notificaciones. Pese a tal abordaje, dicho hecho no se menciona en la interposición del recurso de amparo por parte del recurrente. El 26 de noviembre de 2020, mediante el oficio N° VPDC-616-2020, el Viceministerio referido contestó los extremos consultados sobre la gestión del amparado, según se demuestra en la prueba aportada en autos. El 16 de febrero de 2021, vía correo electrónico, se trasladó al Viceministerio de Agua y Mares, un borrador de respuesta, a fin que se completase con la incorporación de la información de su competencia que considerase necesaria para atender la gestión. Posteriormente, el 2 de marzo de 2021, dicho Viceministerio, respondió la solicitud, indicando que efectivamente incorporó algunos comentarios para su valoración. En una segunda ocasión, se recibió llamada telefónica el 11 de marzo de 2021, en la cual se le indicó a la parte consultante, que para atender las consultas de la forma debida se estaba coordinando, para hacer llegar al Despacho más información. El 11 de marzo de 2021, el Despacho del Presidente de la República trasladó al Ministerio de la Presidencia la propuesta de abordaje para la gestión y una serie de insumos, para su afinamiento y remisión a la parte recurrente. Ahora, conviene aclarar que si bien varios de los oficios que se adjuntaron al correo electrónico del 11 de marzo son previos a la consulta alegada, lo cierto es que resultaba necesario extraer de tales insumos información relevante para responder la gestión referida. Posterior a ello, hubo un último proceso de afinamiento, desde la óptica legal, por parte del Despacho de la Presidencia. Finalmente, el 26 de marzo de 2021, el Ministerio de la Presidencia, a través del Viceministerio citado –como instancia interna encargada de abordar los temas de pesquería-, brindó atención a las consultas alegadas, mediante el oficio N° VPDC-244-2021. De acuerdo con la prueba aportada en este recurso, ese mismo día se notificó, al correo electrónico señalado por el amparado, el citado oficio y sus anexos, a saber: ● Oficio N° DP-P-O099-2020. ● Oficio N° DM-0246-2020. ● Decreto Legislativo N° 9909. ● Oficio N° VPDC-244-2021 (…) Por otra parte, en lo que respecta al expediente administrativo solicitado sobre el veto del Decreto Legislativo N° 9909, no hay que perder de vista que el amparado, como Diputado de la República, tiene acceso directo a la correspondencia que se envía a la Asamblea Legislativa. Tal y como consta en la página oficial de la Asamblea Legislativa, al consultar el expediente legislativo N° 21.478, se puede observar que el 2 de noviembre de 2020, se registró el movimiento denominado “Recepción en la Secretaría del Directorio (Veto)”. Por ello, el amparado, desde antes de consultar a la Presidencia de la República, ya tenía acceso a las razones técnicas y jurídicas por las cuales se vetó el Decreto Legislativo N° 9909. Ello por cuanto dichas razones están contenidas en el acto del veto en razón de su naturaleza, no así en un expediente específico. Es así como, en el oficio N° DP-P-099-2020, dirigido al señor Eduardo Cruickshank Smith, en su condición de Presidente de la Asamblea Legislativa, el Poder Ejecutivo dispuso que el veto en mención atendía a razones de oportunidad y conveniencia (…) Si se analiza la integridad del oficio N° DP-P-099-2020, en contraposición con las consultas realizadas por el amparado, se evidencia que la información solicitada se generó a partir de las razones que justifican el veto citado, por ello, a fin de atenderlas, no bastaba únicamente el oficio N° DP-P-099-2020, sino que era necesario recopilar una serie de información que se encontraba en poder de distintas instituciones a fin de construir las respuestas a los cuestionamientos objeto de este recurso. En razón de lo anterior, no es exacta la afirmación que el amparado realiza en su escrito inicial, al indicar que “solicitando información respecto al veto del proyecto 21.478”, ya que, si se revisan las consultas realizadas por el señor Núñez Piña, se evidencia que para formularlas tuvo acceso al oficio N° DP-P-099-2020 y que las interrogantes son sobre aspectos técnicos, comerciales, políticos y jurídicos a partir de dicha decisión, es decir del acto de veto. De esta manera, se evidencia con claridad que la gestión alegada no corresponde a una petición pura y simple, ni versa sobre el acceso a información que requiere sencillamente replicar para ser brindada al amparado. Es notorio que las consultas abarcan diversas aristas del área pesquera referida y que su abordaje demandó una construcción compleja, pero que se efectuó debidamente como en derecho correspondía (…) de los oficios N° DM-0246-2020 y N° DP-P-099-2020 se derivan las razones jurídicas y técnicas que sustentaron el acto de veto que llevó a cabo el Poder Ejecutivo. Dichos documentos son parte del expediente legislativo N° 21.478, de manera que bajo el principio de publicidad oficiosa, tal información es de acceso público y directo para el recurrente (…) El amparado, en su condición de Diputado de la República, tuvo pleno conocimiento de las razones técnicas y jurídicas que motivaron el veto, tanto así, que ellas son la base sobre las cuales hace los cuestionamientos en su oficio N° FRN-MNP-140-2020, que como se ha indicado más que solicitar un expediente y las razones del veto, se cuestiona cuál será la política nacional para no perjudicar a los pescadores de camarón a partir de la decisión de vetar el Decreto Legislativo en cuestión (…)”.\n\n 5.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.\n\n Redacta el Magistrado Araya García; y,\n\nConsiderando:\n\nI.- Objeto del recurso.  El recurrente aseguró que la Presidencia de la República no ha contestado una solicitud de información pública, que planteó desde el 5 de noviembre de 2020, relacionada con el veto del proyecto de Ley No. 21478. \n\nII.- Aclaración previa. La solicitud de inhibitoria de la Magistrada Hernández López agregada al expediente digital a las 09:52 horas de 24 de marzo de 2021, no se tramitó, debido a que no participa en la votación de este asunto.\n\nIII.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:\n\n   El 5 de noviembre de 2020, mediante un correo electrónico enviado desde la cuenta roger.mora@asamblea.go.cr, a la dirección electrónica despachopresidente@presidencia.go.cr, un funcionario del Despacho del Diputado a la Asamblea Legislativa, Melvin Núñez Piña, envió el oficio No. FRN-MNP-140-2020, en el cual este pidió lo siguiente: “(…) Con base en el artículo 27 de la Constitución Política, le solicito información referente al veto del proyecto 21478, interpuesto por su persona como Presidente de la República. 1- ¿Qué otras alternativas pesqueras o acuícolas ofrecen a los pescadores de camarón afectados al veto del proyecto 21.478 que cuenten con estudios técnicos, científicos, sociales económicos y ambientales que determinen su sostenibilidad como tal? Consulto sobre estas alternativas dado que, son de acción inmediata y permitirá igualar o mejorar las condiciones de vida de todas las personas afectadas con el veto del proyecto 21478. 2- ¿De dónde se extrae la información que existen 14800 pescadores artesanales? De acuerdo al oficio PESJ-303-2019 emitido por consulta realizada por la diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC) Paola Vega Rodríguez, se le expresa que solo existen registradas 1900 licencias de pesca artesanal a nivel nacional, misma afirmación se hace en el oficio DEC-125-2019 al señor Gerardo Marín Rojas presidente de Asociación Independiente de Pescadores Camaroneros (UNIPESCA) en el cual se expone que a nivel nacional existen 1900 licencias de pesca artesanal y de las cuales los pescadores beneficiados ante dicha actividad corresponde (sic) entre 1900 a 4000, con base a (sic) la cantidad de tripulantes que autoriza el certificado de navegación emitido por MOPT. 3- ¿De dónde se extrae la información científica, técnica y jurídica que determina la viabilidad de que los estudios elaborados por el ente competente INCOPESCA no son suficientes aún, debido a que las resoluciones 10540-2013, 14168-2018, emitidas por la Sala Constitucional deja muy en claro que lo necesario para la reactivación de la pesca de camarón es “se demuestre una reducción significativa de dicha captura incidental que sea compatible con un desarrollo sostenible democrático” no obstante sobre esa misma línea la resolución 01387-2020 emitida por la misma Sala Constitucional por votación de mayoría ha dejado muy claro que el proyecto 21478 “No contiene vicios de constitucionalidad de carácter sustancial de procedimiento ni de fondo”. 4- Como es de conocimiento público e interinstitucional es claro que Costa Rica posee un stock de recurso camarón en aguas profundas (Pinky, Fidel, Langostino Chileno, Camllito y Camellón) el cual no se está aprovechando. ¿De qué manera se permitirá obtener acceso a dichos recursos para generar bienestar al a población? ¿Qué arte podrá utilizarse que cuente con criterios técnicos y científicos?, ya que de acuerdo al Artículo 6 de nuestra Constitución se establece lo siguiente (…) 5- Debido a la restricción del veto que se establece para la pesca de camarón en el proyecto 21478, consulto: ¿Qué medidas inmediatas está tomando su administración para aplicar la prohibición o restricción de la importación de camarón salvaje que se pesca bajo la modalidad de arrastre y que no cuenta con certificaciones de sostenibilidad, solicitud en igualdad de condiciones que se le hace a la flota pesquera camaronera de nuestro país? 6- ¿Cómo determina su administración qué se genera afectación a las comunidades artesanales? De acuerdo al programa Juntos por el Mar elaborado en la administración Solís Rivera se realizó el programa de mesas de diálogo que dieron origen a la zonificación y ordenamiento espacial marino en el cual participaron todas las comunidades pesqueras de Cota Rica, organizaciones ambientales, las academias y otros en el cual se estableció la solución de conflictos entre los sectores pesqueros del país y dieron origen al aprovechamiento sostenible del recurso camarón donde también interactuó y dio aval la FAO y estableció el acuerdo de junta directiva del INCOPESCA AJDIP 158-2017. 7- ¿Cuál es la línea de medición que establece el estado para determinar la sostenibilidad y               que va de la mano con los principios de desarrollo sostenible emitidas por Naciones Unidad? 8- ¿Cómo determina la Academia CIMAR que la pesca de camarón con redes de arrastre es insostenible? Consulto ya que, en el año 2006 la misma academia CIMAR en compañía con el biólogo Ingo Werthman estableció en una publicación elaborada por periódico la Nación que la pesca de camarón en aguas profundas es sostenible. 9- ¿Por qué la Academia del CIMAR debe presentar los estudios? Ya que la ley establece que es el INCOPESCA es el responsable en la materia. 10- ;Para considera (sic) su administración que se iniciarán con los estudios para determinar la sostenibilidad de la pesca de camarón? Además, solicito un desglose para determinar los costos de dichos estudios de acuerdo a la flota camaronera existente. 11- Solicito una copia fiel del expediente administrativo que contiene las justificaciones técnicas y jurídicas por las cuales se emitió el veto en cuestión (…)”. En el membrete del documento se incluyó la dirección de correo electrónico melvin.nunez@asamblea.go.cr  (ver la prueba aportada por el recurrente, agregada al expediente digital).\nEl 6 de noviembre de 2020, mediante un correo electrónico, el Despacho del Presidente de la República, confirmó recibido de la gestión; adicionalmente, se suministró un número telefónico para dar seguimiento al trámite de la solicitud (ver la prueba aportada por el recurrente, agregada al expediente digital).\nEl 13 de noviembre de 2020, mediante el oficio No. DP-223-2020, el Despacho del Presidente de la República, solicitó al Viceministro de Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano, la coordinación interinstitucional necesaria y la rendición de un informe preliminar, para atender la solicitud formulada (ver el informe rendido y la prueba aportada por la Ministra de la Presidencia, agregados al expediente digital).\nEl 13 de noviembre de 2020, mediante el oficio No. DP-224-2020, el Despacho del Presidente de la República, informó al tutelado lo siguiente: “(…) Reciba un cordial saludo. Muy atentamente me refiero a su oficio FRN-MNP-140-2020 con fecha 05 de noviembre del año en curso, en el que solicita información relacionada con el veto del proyecto 21478. Al respecto, me permito informarle que nos encontramos coordinando con los equipos técnicos competentes para atender su nota oportunamente. Así las cosas, una vez contemos con la totalidad de los insumos se estará emitiendo el informe correspondiente (…)” (ver el informe rendido y la prueba aportada por la Ministra de la Presidencia, agregados al expediente digital).\nEl 19 de noviembre de 2020, el recurrente consultó, vía telefónica, el estado de la solicitud, y se le informó que estaban trabajando en ella (hecho incontrovertido).\nEl 26 de noviembre de 2020, mediante el oficio No. VPDC-616-2020, el Viceministro de Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano, se refirió a  los extremos consultados en el oficio No. DP-223-2020 (ver el informe rendido y la prueba aportada por la Ministra de la Presidencia, agregados al expediente digital).\nEl 16 de febrero de 2021, se trasladó al Viceministerio de Agua y Mares, un borrador de respuesta, con el fin de que incorporara la información de su competencia (ver el informe rendido y la prueba aportada por la Ministra de la Presidencia, agregados al expediente digital).\nEl 2 de marzo de 2021, el Viceministerio de Agua y Mares respondió indicando que incluyó comentarios en el borrador de respuesta (ver el informe rendido y la prueba aportada por la Ministra de la Presidencia, agregados al expediente digital).\nEl 11 de marzo de 2021, el recurrente consultó, vía telefónica, el estado de la solicitud, y se le informó que estaban trabajando en ella (hecho incontrovertido).\n El 11 de marzo de 2021, el Despacho del Presidente de la República trasladó al Ministerio de la Presidencia, el borrador de la respuesta y una serie de insumos, para su afinamiento y envío final (ver el informe rendido y la prueba aportada por la Ministra de la Presidencia, agregados al expediente digital).\nEl 25 de marzo de 2021, se notificó al Ministerio de la Presidencia el auto inicial del recurso de amparo (ver el acta de notificación, agregada al expediente digital).\nEl 26 de marzo de 2021, el Ministerio de la Presidencia, mediante un correo electrónico enviado a las direcciones: melvin.nunez@asamblea.go.cr y melvinministerio@gmail.com, notificó al tutelado el oficio No. VPDC-244-2021, en el que se le indicó: “(…) Tengo el honor de dirigirme a usted con el propósito de referirme a su oficio número FRN-MNP-140-2020, mediante el cual plantea una serie de consultas respecto a la actividad pesquera y acuícola en el país. Al respecto, en lo que se refiere a las alternativas pesqueras o acuícolas para las personas pescadoras, en marzo de 2019 se presentó el Plan Estratégico de la Acuicultura Costa Rica 2019-2023, con el objetivo de potenciar un desarrollo ordenado, sostenible y ambientalmente equilibrado de la actividad acuícola, innovando a partir de la investigación científica y promoviendo su crecimiento socioeconómico con equidad. Diversas instituciones, como el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el Instituto Costarricense de Pesca (INCOPESCA), la academia y otros actores, bajo la coordinación técnica del Parque Marino del Pacífico, han venido realizando una serie de acciones en Puntarenas, para el desarrollo de proyectos de maricultura, buscando contribuir con el desarrollo de los medios de vida de las poblaciones dedicadas a la pesca, la generación de nuevos empleos y al desarrollo socioeconómico del sector pesquero y acuícola nacional. Asimismo, el Poder Ejecutivo está trabajando en el desarrollo de iniciativas que permitan la reactivación económica de las comunidades costeras, en las que se impulsen programas de inversión en desarrollo tecnológico, innovación, investigación y formación técnica, dirigidas a las cadenas de valor en pesquerías y acuicultura, impulsadas por diversos sectores con participación de la institucionalidad relacionada. Con base en las diferentes mesas de negociación que ha sostenido el Gobierno con los subsectores pesqueros desde el 2018 y los procesos de diálogo regional y nacional, se están impulsando acciones para potenciar a Puntarenas como un centro de innovación y producción costero. En septiembre de 2020, durante el Consejo de Gobierno desarrollado en la provincia de Puntarenas, se hizo una rendición de cuentas que evidenció los avances en infraestructura clave (vial, agua, vivienda, educación, turismo y salud), producción y empleo en esa provincia, a manera de ejemplo: ● Inversión en infraestructura vial que ronda los 214 millones de dólares e incluye rutas como Limonal – Barranca, La Angostura, ruta nacional 160 entre Playa Naranjo y Paquera, entre otras. ● Se prevén 8 proyectos de construcción y equipamiento, que incluyen nuevas sedes para áreas de salud y Ebais, dos nuevas sucursales, por un monto de 166 mil millones de colones y el nuevo Hospital de Puntarenas, cuya inversión supera los 220 millones de dólares. ● En el proceso de comercialización de productos marinos de la Península de Nicoya que implica una inversión de alrededor de 468 millones de colones. ● Programas de Escalamiento de Maricultura, servicio certificado de al menos 8 granjas ostrícolas de la zona en los que se ha invertido 165 millones de colones. Cabe indicar que la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER) ha venido trabajando desde el mes de octubre del 2020, en coordinación con el MAG, MINAE y el INCOPESCA, en un análisis para identificar oportunidades y retos para la comercialización del atún fresco y procesado (en conserva). En ese sentido, el trabajo tuvo como primera meta determinar las condiciones de acceso generales para los mercados que presentan alguna oportunidad y, una vez seleccionados los países con potencial para la oferta costarricense, considerar las condiciones de acceso generales en cuanto a aranceles en los tratados de libre comercio con esos países y los requisitos generales para su ingreso. Asimismo, se analizaron las barreras y los retos de la oferta costarricense para la comercialización, sobre todo en términos del valor agregado que se pueda ofrecer, el control de pesca ilegal y la asociatividad, entre otros factores. Unido a lo anterior, se ha trabajado para incorporar en un plan de acción de corto, mediano y largo plazo estas alternativas, de manera que permita medir con indicadores claros su alcance y dotar de financiamiento las diversas acciones. Sobre los pescadores artesanales, la Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano (OSPESCA) dispone que son 14.800. Para efectos oficiales, desde el INCOPESCA, ante el faltante de un censo nacional pesquero y acuícola, se utilizan las proyecciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en el marco de las encuestas nacionales de empleo. En lo que respecta a la viabilidad de la pesquería de camarón con redes de arrastre, previo a abordar sus consultas, es importante clarificar aspectos relevantes relacionados a las resoluciones judiciales existentes sobre este tema. Como punto de partida, es conocida por todos la sentencia número 2013-10540, emitida por la Sala Constitucional, mediante la cual se declaró la inconstitucionalidad de diversos artículos vinculados con la pesca de camarón con red de arrastre y consecuentemente, derogó tales artículos de la Ley de Pesca y Acuicultura, Ley número 8436 del 1 de marzo 2005, que regulaban dicha actividad, entre ellos la normativa base para el otorgamiento de las licencias A y B del artículo 47 de la Ley citada. En este contexto, no se pueden dejar de lado diversas decisiones jurisdiccionales posteriores en torno al tema, como lo son las sentencias constitucionales número 2018-07978, 2018-14168 y 2020-13837, así como otras disposiciones judiciales. Como parte de las anteriores, la resolución número 277-2018-I, del 30 de julio de 2018, del Tribunal Contencioso Administrativo, otorgó al INCOPESCA, el plazo máximo de cuatro meses, contados a partir de la notificación de la resolución, para que concluyera definitivamente los estudios de tipo técnico-ambiental que determinarán la viabilidad de la pesca sostenible de camarón, a fin de que pudiera someterse a conocimiento de la Asamblea Legislativa con vista a la regulación legal de la temática. En este contexto legal, es importante mencionar los principios rectores que debe enmarcar el accionar del INCOPESCA como autoridad ejecutora y que se establecen en el artículo 1 de la Ley 8436 Ley de Pesca y Acuicultura, así como en el artículo 2 de la Ley 7384, Ley de Creación del INCOPESCA, donde sobresalen la promoción y ordenación, el desarrollo de la pesca, la caza marítima, la acuacultura y la investigación, sobre la base de criterios técnicos y científicos, la conservación, el aprovechamiento y el uso sostenible de los recursos biológicos del mar y de la acuicultura. Asimismo, el artículo 103 de la Ley de Pesca y Acuicultura, establece que el otorgamiento de la licencia, la autorización o el permiso estará condicionado a la disponibilidad y conservación del recurso hidrobiológico de que se trate y a las necesidades de desarrollo y sostenibilidad del sector pesquero, lo cual deberá estar debidamente fundamentado en los resultados de los estudios científicos, técnicos, económicos o sociales, aspectos que norman las actividades pesqueras en general. En lo referente al desarrollo de investigaciones sobre la pesquería de camarón, el INCOPESCA desarrolló la investigación denominada, “Evaluación de los porcentajes de exclusión de la fauna de acompañamiento (FACA) en la pesca de arrastre de los camarones de profundidad pinky (Farfantepenaeusbrevirostris) y fidel (Solenoceraagassizii), utilizando diferentes tamaños de luces de malla, aditamentos como (Dispositivos de Excluidores de Pesca (DEP´s), Dispositivos de Exclusión de Tortugas (DET ´s) y doble relinga), en el Océano Pacífico costarricense”, de conformidad con lo solicitado por parte de las instancias judiciales en el marco de la sentencia N°277-2018-I del Tribunal de Apelaciones Contencioso Administrativo y la resolución número 2018014168 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la cual tuvo que llevarse a cabo en un tiempo no recomendado por aspectos propios de la sentencia judicial. Con respecto al cumplimiento del voto No.10540-2013, Expediente 12-010016-0007- CO de la Sala Constitucional, la Resolución Número 277-2018-I, del 30 de julio de 2018, del Tribunal Contencioso Administrativo, Expediente N°17-001929-1027-CA, y la Resolución 2018014168 del 31 de agosto de 2018; y el Expediente 18-009624- 007-CO de la Sala Constitucional, los insumos obtenidos de esta investigación se remitieron a la Sala Constitucional, la Asamblea Legislativa y al Tribunal Contencioso Administrativo en cumplimiento con estas sentencias. En relación a lo indicado anteriormente, se debe tomar en consideración que el INCOPESCA como ente rector en materia pesquera tiene la obligación de brindar una atención integral de lo referido y resuelto, tanto por parte de la Sala Constitucional, como por parte del Tribunal Contencioso Administrativo, no quedando solamente en la literalidad de la sentencia, sino que se debe tener en consideración todo el contexto que engloba la resolución, con el fin de brindar una atención acorde al espíritu de lo resuelto por parte de las distintas instancias judiciales. Asimismo, el INCOPESCA como ente técnico especializado de conformidad con las competencias legales otorgadas mediante la Ley de Pesca y Acuicultura, así como su Ley de creación, fue claro en cuanto a la necesidad de contar adicionalmente, con los insumos científico técnicos necesarios para el debate adecuado sobre este tema, es por ello que a fin de ampliar y generar más insumos de tipo técnico-ambiental y cumplir a cabalidad con las sentencias judiciales, se propuso realizar la investigación denominada: “Evaluación de la dinámica de población para la pesquería de camarón por buques de arrastre en el Pacífico de Costa Rica”, en la cual se harían las consultas formales para la construcción del diseño experimental de la investigación los planteamientos del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), las Universidades Públicas, Centros de Investigación, entre otros entes, aspectos altamente requeridos y que versaron en el debate social y técnico sobre el tema. El estudio propuesto estaba proyectado para realizarse en un plazo de 24 meses, con el fin de comparar al menos dos años de datos y considerar posibles variaciones causadas por el fenómeno ENOS (El Niño – La Niña Oscilación Sureña). Las nuevas investigaciones complementan la que ya se desarrolló para evaluar los porcentajes de exclusión de la FACA en la pesca de arrastre de los camarones de profundidad pinky y fidel en respuesta a las sentencias judiciales. Como es de su conocimiento, los carteles de contratación de embarcaciones fueron publicados y de parte del sector camaronero no se dio participación en este proceso. Es importante mencionar y dejar en claro que los resultados de estos análisis eran de suma importancia para que el INCOPESCA y en general la sociedad costarricense contara con datos de rigurosidad técnica-científica para la toma de decisiones y se valoraran los criterios biológicos, socioeconómicos y normativos para que por vía legislativa se definiera si era factible o no el uso del arte de pesca de arrastre para la captura del camarón, en cuyo caso se deberían establecer los parámetros de rendimiento máximo sustentable (RMS), así como definir los niveles de reducción de la FACA, y determinar las vedas espacio-temporales para proteger a la especie cuando está en zonas de crecimiento, y en períodos de reproducción. En este mismo contexto, el Departamento de Investigación del INCOPESCA en la sección de recomendaciones del informe final de la investigación “Evaluación de los porcentajes de exclusión de la fauna de acompañamiento (FACA) en la pesca de arrastre de los camarones de profundidad pinky (Farfantepenaeusbrevirostris) y fidel (Solenoceraagassizii),utilizando diferentes tamaños de luces de malla, aditamentos como (Dispositivos de Excluidores de Pesca (DEP´s), Dispositivos de Exclusión de Tortugas (DET ´s) y doble relinga), en el Océano Pacífico costarricense”, destaca: a) Que la aprobación de las licencias de pesca vayan condicionadas a nuevas investigaciones, tales como: utilización de esta red en otras zonas de pesca, comportamiento temporal (día y noche); estacional (época seca y lluviosa) y espacial (longitudinales y batimétricas). Además, es necesario determinar la captura de la biomasa al máximo rendimiento sostenible, zonas de ubicación de juveniles, tallas de primera madurez sexual y otros, que hagan una pesca sostenible para ambas especies. b) Incorporar un enfoque ecosistémico a las nuevas investigaciones pesqueras, en cuanto a la determinación de los parámetros biológico-pesqueros de los stocks, incluyendo biomasa disponible, capacidad de carga del ecosistema, niveles de explotación óptimos, y otros que se requieren, para obtener la sostenibilidad del recurso. En este orden de ideas, desde el INCOPESCA se realizaron los señalamientos necesarios mediante los criterios institucionales emitidos a la Asamblea Legislativa sobre el Proyecto 21478, mediante oficios PESJ-334-2019, del 03 de septiembre del 2019 y PESJ-409-2019, del 20 de noviembre del 2019 sobre el proyecto aprobado. Desde el INCOPESCA y otras entidades del gobierno central, con apoyo del Banco Mundial, se ha preparado todo un programa para el desarrollo sostenible de la pesca la acuicultura en el país, que venga a apoyar a INCOPESCA con estudios técnicos y científicos exhaustivos que garanticen el manejo sostenible de las principales pesquerías del país y que nos permita maximizar el aprovechamiento de los recursos marinos costeros, asegurando mares productivos, sanos, resilientes con los mayores beneficios para las comunidades, así como una actividad acuícola que permita el desarrollo de otras zonas, como parte de nuestros objetivos país en línea con la economía azul. Esta iniciativa permitirá modernizar el modelo de pesca y acuicultura en Costa Rica, contribuyendo al desarrollo de los medios de vida de las poblaciones dedicadas a la pesca, la generación de nuevos empleos y al desarrollo socioeconómico del sector pesquero y acuícola nacional. Gracias a este proyecto, el Gobierno incrementará la contribución de los productos del mar a la economía nacional y regional mediante el fortalecimiento de la capacidad institucional y la gobernanza del sector pesquero, la generación de valor agregado mediante la mejora de infraestructura pesquera clave y de la comercialización y el abordaje de los aspectos sociales y ambientales, para una distribución equitativa y sostenible de los beneficios derivados de la actividad. Con relación al tema de prohibición o restricción de la importación de camarón obtenido mediante arrastre, quisiera destacar que, a nivel internacional, el intercambio de productos se encuentra sujeto a los principios de no discriminación, y principalmente en este caso, de trato nacional, que dispone que los requisitos técnicos o de calidad que se exijan a los productos importados, deben ser exigidos en los mismos términos que a los productos nacionales. En ese sentido, es importante tomar en cuenta que, si bien la pesca de arrastre no es un arte de pesca permitido actualmente, a la producción nacional no se le exige el cumplimiento de un esquema de certificación. En respuesta al tema de la zonificación, para su determinación resulta necesaria una revisión y actualización de esta, considerando los cambios en el ecosistema marino y la dinámica pesquera reciente. Cabe mencionar que la Sala Constitucional ha hecho énfasis en el cumplimiento del Principio de Desarrollo Sostenible Democrático y en asegurar el acceso a los recursos marinos por parte de las pesquerías. En cuanto a la definición de sostenibilidad, con base en el bloque de constitucionalidad y en el Estado de Derecho, dicha definición se integra tanto desde la normativa internacional, el ordenamiento nacional y la jurisprudencia constitucional. Para este tema en particular, se considera lo indicado por la Sala Constitucional en su sentencia número 2013-10540, de la cual resaltamos los siguientes extractos: “Desde la Carta Mundial de la Naturaleza y con mayor influencia a partir de la Declaración de Río, los principios del Derecho Ambiental cumplen la función transversal de informar y regular la actividad económica sobre el mar. Esta rama del derecho deja de ser un mero límite externo, puesto que en adelante, toda actividad económica, social y cultural relacionada con el mar y sus riquezas naturales queda sujeta de forma creciente al Derecho Ambiental. En el marco de estos nuevos principios, progresivamente se ha reglamentado la actividad pesquera, a la que se le ha impuesto la obligación de utilizar artes y prácticas de pesca selectivas. Se ha entendido que las artes de pesca no selectivas son un problema de dimensión mundial por el peligro para la conservación de los recursos marinos. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas ha adoptado por consenso diversas resoluciones en un esfuerzo por poner fin a esa modalidad pesquera, como las resoluciones 46/215 de 20 de diciembre de 1991 y 57/142 de 12 de diciembre de 2002.” En esta misma línea, la Sala Constitucional haciendo referencia al Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO, en la citada sentencia, ese órgano sostuvo: “Este último instrumento internacional transita por el camino de protección al ambiente y la protección y conservación de los ecosistemas marinos en su conjunto, a partir del principio de la pesca responsable. El Código pretende la utilización sostenible de los recursos pesqueros de manera armónica con el ambiente, así como el uso de prácticas de captura y acuicultura que no dañen los ecosistemas, los recursos o su calidad. La pesca responsable debe llevarse a cabo tanto en las zonas marítimas sometidas a la jurisdicción nacional, como en alta mar. En este último supuesto, el principio fundamental consiste en que el derecho a pescar en estas aguas no significa una total y absoluta libertad de pesca como en antaño. El Código se enmarca dentro de la tendencia ya descrita de permeabilidad del Derecho Internacional Ambiental al Derecho del Mar.” A partir de lo anterior, la Sala Constitucional consagra el Principio de Desarrollo Sostenible Democrático, a partir cual no solo se trata de garantizar el aprovechamiento de los recursos existentes por las presentes generaciones, y de asegurar la subsistencia de las futuras, sino que para lograrlo, también se debe asegurar que el acceso a esos recursos y a la riqueza generada por las actividades económicas relacionadas con la pesca y acuicultura se distribuya equitativamente en la sociedad, de modo que alcance al mayor número posible de personas y permita el progreso solidario de las familias que componen ese sector social y productivo. La responsabilidad es el principio que garantiza la efectiva aplicación de los otros. El INCOPESCA siempre se encuentra anuente como ente técnico científico a buscar las fuentes de financiamiento para el estudio de las diferentes pesquerías que puedan promover una pesca sostenible y que tenga un impacto social en la población. Por otro lado, en lo referente a consultas relacionadas al Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (CIMAR), al ser esta institución parte de la Universidad de Costa Rica y ajena al Poder Ejecutivo, en apego a su autonomía, establecida a nivel constitucional, la Presidencia de la República, no tiene injerencia en los aspectos administrativos, técnicos y decisorios de esa institución. Para terminar, esta Administración comparte la importancia de la reactivación económica para la Provincia de Puntarenas apegada al desarrollo sostenible. Es por ello, que se trabaja en procurar acciones institucionales que contemplen el resguardo de los recursos marinos y permitan mantener la actividad pesquera de manera sostenible con una visión de largo plazo. Finalmente, en virtud de la solicitud de información efectuada, se procede a remitir copia de los documentos que conforman el expediente administrativo del acto del veto del Decreto Legislativo N° 9909, los cuales detallo a continuación:  El Decreto Legislativo N° 9909 presentado ante la Presidencia de la República el 27 de octubre de 2020;  El oficio DM-0246-2020 suscrito por los jerarcas del Ministerio de Ambiente y Energía y del Ministerio de Agricultura y Ganadería, mediante el cual “externa[n...] la necesidad de que el Poder Ejecutivo vete de manera total el Decreto Legislativo número 9909 y que a partir de las consideraciones [...] expuestas, se cuente con los elementos base para el análisis pertinente”, y  El oficio dirigido al Presidente de la Asamblea Legislativa, N° DP-P- 099-2020, mediante el cual se pone en conocimiento la decisión de utilizar la facultad constitucional para vetar el proyecto de Ley N° 21478 “para el Aprovechamiento Sostenible de la Pesca de Camarón en Costa Rica”. Los oficios DM-0246-2020 y DP-P-099-2020 consignan las razones jurídicas y técnicas del acto de veto que llevó a cabo el Poder Ejecutivo (…)”. Se adjuntó la documentación pertinente  (ver el informe rendido y la prueba aportada por la Ministra de la Presidencia, agregados al expediente digital).\n\nIV.- Sobre el ejercicio del derecho de petición y pronta respuesta, así como el derecho de acceso a la información administrativa, a través de medios electrónicos. Esta Sala Constitucional, en la sentencia No. 2008-009670 de las 09:55 horas de 13 de junio de 2008, al referirse al derecho de petición y el empleo de medios electrónicos (aplicable mutatis mutandis al derecho de acceso a la información administrativa), explicó:\n\n“(…) En el marco de la sociedad de la información y el conocimiento, los derechos fundamentales pueden ser ejercidos a través de las nuevas tecnologías de la información. En lo que al derecho de petición y pronta respuesta se refiere, la utilización de los medios electrónicos le da nuevos matices, los cuales, deben ser ponderados. Siempre teniendo en consideración su eficacia progresiva y expansiva, pero también, tomando en cuenta el carácter no absoluto de los derechos fundamentales, es posible concluir que, para el ejercicio del derecho de petición y pronta respuesta, empleando los medios que las nuevas tecnologías facilitan, es importante, que el requerimiento sea canalizado a través de una página web de libre acceso del ente o el órgano público. Adicionalmente, ese dominio electrónico debe contar con un hipervínculo direccionado hacia un correo electrónico dispuesto, específicamente, para recibir solicitudes, sea sobre un tema particular o bien que sirva como buzón para todo tipo gestiones (…)” (el énfasis no pertenece al original). \n\nParalelamente, en cuanto a solicitudes que son remitidas a correos no oficiales, pero su recibido se acusa o se inicia la tramitación de su respuesta, este Tribunal, en la sentencia No. 2019-2204 de las 09:15 horas de 8 de febrero de 2019, señaló:\n\n“(…) Ahora bien, en vista de lo expuesto y luego de analizar los elementos aportados a los autos, la Sala considera que el reclamo del recurrente en este sentido, resulta procedente, toda vez, que si bien el correo electrónico al que el interesado remitió su petición, no constituye un medio oficial para la recepción de tales gestiones, lo cierto es que la parte recurrida admitió que ha procedido a tramitar dicha solicitud, siendo que al momento que la recibió, tuvo conocimiento de ella (…) Así las cosas, la administración recurrida se dio por conocedora de la gestión, y proveyó lo correspondiente para brindar la respuesta requerida (…)” (el énfasis no pertenece al original).\n\n V.- Sobre el caso concreto.   El recurrente aseguró que la Presidencia de la República no ha contestado una solicitud de información pública, que planteó desde el 5 de noviembre de 2020, relacionada con el veto del proyecto de Ley No. 21478.  En su informe, la Ministra de la Presidencia alegó que el 26 de marzo de 2021, se notificó la respuesta. Con el propósito de justificar la tardanza, argumentó, en esencia: a) que la solicitud no es pura y simple, pues requería una coordinación interinstitucional y un análisis desde distintas aristas y, b) que en su criterio, el tutelado ya había tenido acceso a la copia certificada del expediente legislativo donde constan las razones técnicas y jurídicas que respaldaron el veto en cuestión. Al respecto, esta Sala Constitucional debe recordar a la Ministra de la Presidencia lo siguiente: a) si la solicitud no era pura y simple, así debió habérsele explicado al recurrente y, además, se le debió señalar el plazo razonable aproximado en el cual se le estaría dando respuesta, lo que no se hizo ni vía telefónica, ni en el oficio No. DP-224-2020, notificado el 13 de noviembre de 2021; b) si en su criterio o en el del Despacho de la Presidencia, el tutelado ya había tenido acceso al expediente legislativo donde, según indica, constan las razones técnicas y jurídicas que respaldaron el veto en cuestión, pues así debió habérsele indicado al promovente como parte de una respuesta y; c) en vez de responder o bien comunicar al amparado que no se podría atender su petición dentro del plazo legalmente establecido, se le sometió a un estado de incerteza por alrededor de 4 meses y 21 días (no debe perderse de vista que, según lo informado, no existe registro de tramitación alguna llevada a cabo con el fin de atender la gestión, desde el 26 de noviembre de 2020 y hasta el 16 de febrero de 2021). Nótese que el oficio de respuesta fue notificado, a la dirección electrónica consignada en el membrete del oficio original, luego que se comunicara la interposición del presente proceso.\n\nVI.- A partir de lo expuesto, por estos hechos, ya el recurso de amparo es procedente. Sin embargo, es importante constatar también que en el oficio de respuesta notificado, en verdad se haya atendido todas las peticiones formuladas por el recurrente:\n\nLo preguntado - solicitado\n\n\t\n\nLo respondido\n\n\n\n\n1- ¿Qué otras alternativas pesqueras o acuícolas ofrecen a los pescadores de camarón afectados al veto del proyecto 21.478 que cuenten con estudios técnicos, científicos, sociales económicos y ambientales que determinen su sostenibilidad como tal? Consulto sobre estas alternativas dado que, son de acción inmediata y permitirá igualar o mejorar las condiciones de vida de todas las personas afectadas con el veto del proyecto 21478.\n\n\t\n\n“(…) Al respecto, en lo que se refiere a las alternativas pesqueras o acuícolas para las personas pescadoras, en marzo de 2019 se presentó el Plan Estratégico de la Acuicultura Costa Rica 2019-2023, con el objetivo de potenciar un desarrollo ordenado, sostenible y ambientalmente equilibrado de la actividad acuícola, innovando a partir de la investigación científica y promoviendo su crecimiento socioeconómico con equidad. Diversas instituciones, como el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el Instituto Costarricense de Pesca (INCOPESCA), la academia y otros actores, bajo la coordinación técnica del Parque Marino del Pacífico, han venido realizando una serie de acciones en Puntarenas, para el desarrollo de proyectos de maricultura, buscando contribuir con el desarrollo de los medios de vida de las poblaciones dedicadas a la pesca, la generación de nuevos empleos y al desarrollo socioeconómico del sector pesquero y acuícola nacional. Asimismo, el Poder Ejecutivo está trabajando en el desarrollo de iniciativas que permitan la reactivación económica de las comunidades costeras, en las que se impulsen programas de inversión en desarrollo tecnológico, innovación, investigación y formación técnica, dirigidas a las cadenas de valor en pesquerías y acuicultura, impulsadas por diversos sectores con participación de la institucionalidad relacionada. Con base en las diferentes mesas de negociación que ha sostenido el Gobierno con los subsectores pesqueros desde el 2018 y los procesos de diálogo regional y nacional, se están impulsando acciones para potenciar a Puntarenas como un centro de innovación y producción costero. En septiembre de 2020, durante el Consejo de Gobierno desarrollado en la provincia de Puntarenas, se hizo una rendición de cuentas que evidenció los avances en infraestructura clave (vial, agua, vivienda, educación, turismo y salud), producción y empleo en esa provincia, a manera de ejemplo: ● Inversión en infraestructura vial que ronda los 214 millones de dólares e incluye rutas como Limonal – Barranca, La Angostura, ruta nacional 160 entre Playa Naranjo y Paquera, entre otras. ● Se prevén 8 proyectos de construcción y equipamiento, que incluyen nuevas sedes para áreas de salud y Ebais, dos nuevas sucursales, por un monto de 166 mil millones de colones y el nuevo Hospital de Puntarenas, cuya inversión supera los 220 millones de dólares. ● En el proceso de comercialización de productos marinos de la Península de Nicoya que implica una inversión de alrededor de 468 millones de colones. ● Programas de Escalamiento de Maricultura, servicio certificado de al menos 8 granjas ostrícolas de la zona en los que se ha invertido 165 millones de colones. Cabe indicar que la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER) ha venido trabajando desde el mes de octubre del 2020, en coordinación con el MAG, MINAE y el INCOPESCA, en un análisis para identificar oportunidades y retos para la comercialización del atún fresco y procesado (en conserva). En ese sentido, el trabajo tuvo como primera meta determinar las condiciones de acceso generales para los mercados que presentan alguna oportunidad y, una vez seleccionados los países con potencial para la oferta costarricense, considerar las condiciones de acceso generales en cuanto a aranceles en los tratados de libre comercio con esos países y los requisitos generales para su ingreso. Asimismo, se analizaron las barreras y los retos de la oferta costarricense para la comercialización, sobre todo en términos del valor agregado que se pueda ofrecer, el control de pesca ilegal y la asociatividad, entre otros factores. Unido a lo anterior, se ha trabajado para incorporar en un plan de acción de corto, mediano y largo plazo estas alternativas, de manera que permita medir con indicadores claros su alcance y dotar de financiamiento las diversas acciones.\n\n\n\n\n2- ¿De dónde se extrae la información que existen 14800 pescadores artesanales? De acuerdo al oficio PESJ-303-2019 emitido por consulta realizada por la diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC) Paola Vega Rodríguez, se le expresa que solo existen registradas 1900 licencias de pesca artesanal a nivel nacional, misma afirmación se hace en el oficio DEC-125-2019 al señor Gerardo Marín Rojas presidente de Asociación Independiente de Pescadores Camaroneros (UNIPESCA) en el cual se expone que a nivel nacional existen 1900 licencias de pesca artesanal y de las cuales los pescadores beneficiados ante dicha actividad corresponde (sic) entre 1900 a 4000, con base a (sic) la cantidad de tripulantes que autoriza el certificado de navegación emitido por MOPT.\n\n\t\n\nSobre los pescadores artesanales, la Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano (OSPESCA) dispone que son 14.800. Para efectos oficiales, desde el INCOPESCA, ante el faltante de un censo nacional pesquero y acuícola, se utilizan las proyecciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en el marco de las encuestas nacionales de empleo.\n\n\n\n\n3- ¿De dónde se extrae la información científica, técnica y jurídica que determina la viabilidad de que los estudios elaborados por el ente competente INCOPESCA no son suficientes aún, debido a que las resoluciones 10540-2013, 14168-2018, emitidas por la Sala Constitucional deja muy en claro que lo necesario para la reactivación de la pesca de camarón es “se demuestre una reducción significativa de dicha captura incidental que sea compatible con un desarrollo sostenible democrático” no obstante sobre esa misma línea la resolución 01387-2020 emitida por la misma Sala Constitucional por votación de mayoría ha dejado muy claro que el proyecto 21478 “No contiene vicios de constitucionalidad de carácter sustancial de procedimiento ni de fondo”.\n\n\t\n\nEn lo que respecta a la viabilidad de la pesquería de camarón con redes de arrastre, previo a abordar sus consultas, es importante clarificar aspectos relevantes relacionados a las resoluciones judiciales existentes sobre este tema. Como punto de partida, es conocida por todos la sentencia número 2013-10540, emitida por la Sala Constitucional, mediante la cual se declaró la inconstitucionalidad de diversos artículos vinculados con la pesca de camarón con red de arrastre y consecuentemente, derogó tales artículos de la Ley de Pesca y Acuicultura, Ley número 8436 del 1 de marzo 2005, que regulaban dicha actividad, entre ellos la normativa base para el otorgamiento de las licencias A y B del artículo 47 de la Ley citada. En este contexto, no se pueden dejar de lado diversas decisiones jurisdiccionales posteriores en torno al tema, como lo son las sentencias constitucionales número 2018-07978, 2018-14168 y 2020-13837, así como otras disposiciones judiciales. Como parte de las anteriores, la resolución número 277-2018-I, del 30 de julio de 2018, del Tribunal Contencioso Administrativo, otorgó al INCOPESCA, el plazo máximo de cuatro meses, contados a partir de la notificación de la resolución, para que concluyera definitivamente los estudios de tipo técnico-ambiental que determinarán la viabilidad de la pesca sostenible de camarón, a fin de que pudiera someterse a conocimiento de la Asamblea Legislativa con vista a la regulación legal de la temática. En este contexto legal, es importante mencionar los principios rectores que debe enmarcar el accionar del INCOPESCA como autoridad ejecutora y que se establecen en el artículo 1 de la Ley 8436 Ley de Pesca y Acuicultura, así como en el artículo 2 de la Ley 7384, Ley de Creación del INCOPESCA, donde sobresalen la promoción y ordenación, el desarrollo de la pesca, la caza marítima, la acuacultura y la investigación, sobre la base de criterios técnicos y científicos, la conservación, el aprovechamiento y el uso sostenible de los recursos biológicos del mar y de la acuicultura. Asimismo, el artículo 103 de la Ley de Pesca y Acuicultura, establece que el otorgamiento de la licencia, la autorización o el permiso estará condicionado a la disponibilidad y conservación del recurso hidrobiológico de que se trate y a las necesidades de desarrollo y sostenibilidad del sector pesquero, lo cual deberá estar debidamente fundamentado en los resultados de los estudios científicos, técnicos, económicos o sociales, aspectos que norman las actividades pesqueras en general.\n\n\n\n\n4- Como es de conocimiento público e interinstitucional es claro que Costa Rica posee un stock de recurso camarón en aguas profundas (Pinky, Fidel, Langostino Chileno, Camllito y Camellón) el cual no se está aprovechando. ¿De qué manera se permitirá obtener acceso a dichos recursos para generar bienestar al a población? ¿Qué arte podrá utilizarse que cuente con criterios técnicos y científicos?, ya que de acuerdo al Artículo 6 de nuestra Constitución se establece lo siguiente (…)\n\n\t\n\nEn lo referente al desarrollo de investigaciones sobre la pesquería de camarón, el INCOPESCA desarrolló la investigación denominada, “Evaluación de los porcentajes de exclusión de la fauna de acompañamiento (FACA) en la pesca de arrastre de los camarones de profundidad pinky (Farfantepenaeusbrevirostris) y fidel (Solenoceraagassizii), utilizando diferentes tamaños de luces de malla, aditamentos como (Dispositivos de Excluidores de Pesca (DEP´s), Dispositivos de Exclusión de Tortugas (DET ´s) y doble relinga), en el Océano Pacífico costarricense”, de conformidad con lo solicitado por parte de las instancias judiciales en el marco de la sentencia N°277-2018-I del Tribunal de Apelaciones Contencioso Administrativo y la resolución número 2018014168 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la cual tuvo que llevarse a cabo en un tiempo no recomendado por aspectos propios de la sentencia judicial. Con respecto al cumplimiento del voto No.10540-2013, Expediente 12-010016-0007- CO de la Sala Constitucional, la Resolución Número 277-2018-I, del 30 de julio de 2018, del Tribunal Contencioso Administrativo, Expediente N°17-001929-1027-CA, y la Resolución 2018014168 del 31 de agosto de 2018; y el Expediente 18-009624- 007-CO de la Sala Constitucional, los insumos obtenidos de esta investigación se remitieron a la Sala Constitucional, la Asamblea Legislativa y al Tribunal Contencioso Administrativo en cumplimiento con estas sentencias. En relación a lo indicado anteriormente, se debe tomar en consideración que el INCOPESCA como ente rector en materia pesquera tiene la obligación de brindar una atención integral de lo referido y resuelto, tanto por parte de la Sala Constitucional, como por parte del Tribunal Contencioso Administrativo, no quedando solamente en la literalidad de la sentencia, sino que se debe tener en consideración todo el contexto que engloba la resolución, con el fin de brindar una atención acorde al espíritu de lo resuelto por parte de las distintas instancias judiciales. Asimismo, el INCOPESCA como ente técnico especializado de conformidad con las competencias legales otorgadas mediante la Ley de Pesca y Acuicultura, así como su Ley de creación, fue claro en cuanto a la necesidad de contar adicionalmente, con los insumos científico técnicos necesarios para el debate adecuado sobre este tema, es por ello que a fin de ampliar y generar más insumos de tipo técnico-ambiental y cumplir a cabalidad con las sentencias judiciales, se propuso realizar la investigación denominada: “Evaluación de la dinámica de población para la pesquería de camarón por buques de arrastre en el Pacífico de Costa Rica”, en la cual se harían las consultas formales para la construcción del diseño experimental de la investigación los planteamientos del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), las Universidades Públicas, Centros de Investigación, entre otros entes, aspectos altamente requeridos y que versaron en el debate social y técnico sobre el tema. El estudio propuesto estaba proyectado para realizarse en un plazo de 24 meses, con el fin de comparar al menos dos años de datos y considerar posibles variaciones causadas por el fenómeno ENOS (El Niño – La Niña Oscilación Sureña). Las nuevas investigaciones complementan la que ya se desarrolló para evaluar los porcentajes de exclusión de la FACA en la pesca de arrastre de los camarones de profundidad pinky y fidel en respuesta a las sentencias judiciales. Como es de su conocimiento, los carteles de contratación de embarcaciones fueron publicados y de parte del sector camaronero no se dio participación en este proceso. Es importante mencionar y dejar en claro que los resultados de estos análisis eran de suma importancia para que el INCOPESCA y en general la sociedad costarricense contara con datos de rigurosidad técnica-científica para la toma de decisiones y se valoraran los criterios biológicos, socioeconómicos y normativos para que por vía legislativa se definiera si era factible o no el uso del arte de pesca de arrastre para la captura del camarón, en cuyo caso se deberían establecer los parámetros de rendimiento máximo sustentable (RMS), así como definir los niveles de reducción de la FACA, y determinar las vedas espacio-temporales para proteger a la especie cuando está en zonas de crecimiento, y en períodos de reproducción. En este mismo contexto, el Departamento de Investigación del INCOPESCA en la sección de recomendaciones del informe final de la investigación “Evaluación de los porcentajes de exclusión de la fauna de acompañamiento (FACA) en la pesca de arrastre de los camarones de profundidad pinky (Farfantepenaeusbrevirostris) y fidel (Solenoceraagassizii),utilizando diferentes tamaños de luces de malla, aditamentos como (Dispositivos de Excluidores de Pesca (DEP´s), Dispositivos de Exclusión de Tortugas (DET ´s) y doble relinga), en el Océano Pacífico costarricense”, destaca: a) Que la aprobación de las licencias de pesca vayan condicionadas a nuevas investigaciones, tales como: utilización de esta red en otras zonas de pesca, comportamiento temporal (día y noche); estacional (época seca y lluviosa) y espacial (longitudinales y batimétricas). Además, es necesario determinar la captura de la biomasa al máximo rendimiento sostenible, zonas de ubicación de juveniles, tallas de primera madurez sexual y otros, que hagan una pesca sostenible para ambas especies. b) Incorporar un enfoque ecosistémico a las nuevas investigaciones pesqueras, en cuanto a la determinación de los parámetros biológico-pesqueros de los stocks, incluyendo biomasa disponible, capacidad de carga del ecosistema, niveles de explotación óptimos, y otros que se requieren, para obtener la sostenibilidad del recurso. En este orden de ideas, desde el INCOPESCA se realizaron los señalamientos necesarios mediante los criterios institucionales emitidos a la Asamblea Legislativa sobre el Proyecto 21478, mediante oficios PESJ-334-2019, del 03 de septiembre del 2019 y PESJ-409-2019, del 20 de noviembre del 2019 sobre el proyecto aprobado. Desde el INCOPESCA y otras entidades del gobierno central, con apoyo del Banco Mundial, se ha preparado todo un programa para el desarrollo sostenible de la pesca la acuicultura en el país, que venga a apoyar a INCOPESCA con estudios técnicos y científicos exhaustivos que garanticen el manejo sostenible de las principales pesquerías del país y que nos permita maximizar el aprovechamiento de los recursos marinos costeros, asegurando mares productivos, sanos, resilientes con los mayores beneficios para las comunidades, así como una actividad acuícola que permita el desarrollo de otras zonas, como parte de nuestros objetivos país en línea con la economía azul. Esta iniciativa permitirá modernizar el modelo de pesca y acuicultura en Costa Rica, contribuyendo al desarrollo de los medios de vida de las poblaciones dedicadas a la pesca, la generación de nuevos empleos y al desarrollo socioeconómico del sector pesquero y acuícola nacional. Gracias a este proyecto, el Gobierno incrementará la contribución de los productos del mar a la economía nacional y regional mediante el fortalecimiento de la capacidad institucional y la gobernanza del sector pesquero, la generación de valor agregado mediante la mejora de infraestructura pesquera clave y de la comercialización y el abordaje de los aspectos sociales y ambientales, para una distribución equitativa y sostenible de los beneficios derivados de la actividad.\n\n\n\n\n5- Debido a la restricción del veto que se establece para la pesca de camarón en el proyecto 21478, consulto: ¿Qué medidas inmediatas está tomando su administración para aplicar la prohibición o restricción de la importación de camarón salvaje que se pesca bajo la modalidad de arrastre y que no cuenta con certificaciones de sostenibilidad, solicitud en igualdad de condiciones que se le hace a la flota pesquera camaronera de nuestro país?\n\n\t\n\nCon relación al tema de prohibición o restricción de la importación de camarón obtenido mediante arrastre, quisiera destacar que, a nivel internacional, el intercambio de productos se encuentra sujeto a los principios de no discriminación, y principalmente en este caso, de trato nacional, que dispone que los requisitos técnicos o de calidad que se exijan a los productos importados, deben ser exigidos en los mismos términos que a los productos nacionales. En ese sentido, es importante tomar en cuenta que, si bien la pesca de arrastre no es un arte de pesca permitido actualmente, a la producción nacional no se le exige el cumplimiento de un esquema de certificación.\n\n\n\n\n6- ¿Cómo determina su administración qué se genera afectación a las comunidades artesanales? De acuerdo al programa Juntos por el Mar elaborado en la administración Solís Rivera se realizó el programa de mesas de diálogo que dieron origen a la zonificación y ordenamiento espacial marino en el cual participaron todas las comunidades pesqueras de Cota Rica, organizaciones ambientales, las academias y otros en el cual se estableció la solución de conflictos entre los sectores pesqueros del país y dieron origen al aprovechamiento sostenible del recurso camarón donde también interactuó y dio aval la FAO y estableció el acuerdo de junta directiva del INCOPESCA AJDIP 158-2017.\n\n\t\n\nEn respuesta al tema de la zonificación, para su determinación resulta necesaria una revisión y actualización de esta, considerando los cambios en el ecosistema marino y la dinámica pesquera reciente. Cabe mencionar que la Sala Constitucional ha hecho énfasis en el cumplimiento del Principio de Desarrollo Sostenible Democrático y en asegurar el acceso a los recursos marinos por parte de las pesquerías.\n\n\n\n\n7- ¿Cuál es la línea de medición que establece el estado para determinar la sostenibilidad y               que va de la mano con los principios de desarrollo sostenible emitidas por Naciones Unidad?\n\n\t\n\nEn cuanto a la definición de sostenibilidad, con base en el bloque de constitucionalidad y en el Estado de Derecho, dicha definición se integra tanto desde la normativa internacional, el ordenamiento nacional y la jurisprudencia constitucional. Para este tema en particular, se considera lo indicado por la Sala Constitucional en su sentencia número 2013-10540, de la cual resaltamos los siguientes extractos: “Desde la Carta Mundial de la Naturaleza y con mayor influencia a partir de la Declaración de Río, los principios del Derecho Ambiental cumplen la función transversal de informar y regular la actividad económica sobre el mar. Esta rama del derecho deja de ser un mero límite externo, puesto que en adelante, toda actividad económica, social y cultural relacionada con el mar y sus riquezas naturales queda sujeta de forma creciente al Derecho Ambiental. En el marco de estos nuevos principios, progresivamente se ha reglamentado la actividad pesquera, a la que se le ha impuesto la obligación de utilizar artes y prácticas de pesca selectivas. Se ha entendido que las artes de pesca no selectivas son un problema de dimensión mundial por el peligro para la conservación de los recursos marinos. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas ha adoptado por consenso diversas resoluciones en un esfuerzo por poner fin a esa modalidad pesquera, como las resoluciones 46/215 de 20 de diciembre de 1991 y 57/142 de 12 de diciembre de 2002.” En esta misma línea, la Sala Constitucional haciendo referencia al Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO, en la citada sentencia, ese órgano sostuvo: “Este último instrumento internacional transita por el camino de protección al ambiente y la protección y conservación de los ecosistemas marinos en su conjunto, a partir del principio de la pesca responsable. El Código pretende la utilización sostenible de los recursos pesqueros de manera armónica con el ambiente, así como el uso de prácticas de captura y acuicultura que no dañen los ecosistemas, los recursos o su calidad. La pesca responsable debe llevarse a cabo tanto en las zonas marítimas sometidas a la jurisdicción nacional, como en alta mar. En este último supuesto, el principio fundamental consiste en que el derecho a pescar en estas aguas no significa una total y absoluta libertad de pesca como en antaño. El Código se enmarca dentro de la tendencia ya descrita de permeabilidad del Derecho Internacional Ambiental al Derecho del Mar.” A partir de lo anterior, la Sala Constitucional consagra el Principio de Desarrollo Sostenible Democrático, a partir cual no solo se trata de garantizar el aprovechamiento de los recursos existentes por las presentes generaciones, y de asegurar la subsistencia de las futuras, sino que para lograrlo, también se debe asegurar que el acceso a esos recursos y a la riqueza generada por las actividades económicas relacionadas con la pesca y acuicultura se distribuya equitativamente en la sociedad, de modo que alcance al mayor número posible de personas y permita el progreso solidario de las familias que componen ese sector social y productivo. La responsabilidad es el principio que garantiza la efectiva aplicación de los otros. El INCOPESCA siempre se encuentra anuente como ente técnico científico a buscar las fuentes de financiamiento para el estudio de las diferentes pesquerías que puedan promover una pesca sostenible y que tenga un impacto social en la población.\n\n\n\n\n8- ¿Cómo determina la Academia CIMAR que la pesca de camarón con redes de arrastre es insostenible? Consulto ya que, en el año 2006 la misma academia CIMAR en compañía con el biólogo Ingo Werthman estableció en una publicación elaborada por periódico la Nación que la pesca de camarón en aguas profundas es sostenible.\n\n\t\n\nPor otro lado, en lo referente a consultas relacionadas al Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (CIMAR), al ser esta institución parte de la Universidad de Costa Rica y ajena al Poder Ejecutivo, en apego a su autonomía, establecida a nivel constitucional, la Presidencia de la República, no tiene injerencia en los aspectos administrativos, técnicos y decisorios de esa institución.\n\n\n\n\n9- ¿Por qué la Academia del CIMAR debe presentar los estudios? Ya que la ley establece que es el INCOPESCA es el responsable en la materia.\n\n\t\n\n \n\nMisma respuesta que en el punto anterior\n\n\n\n\n10- Para considera (sic) su administración que se iniciarán con los estudios para determinar la sostenibilidad de la pesca de camarón? Además, solicito un desglose para determinar los costos de dichos estudios de acuerdo a la flota camaronera existente.\n\n\t\n\n \n\n \n\nNo se responde de forma clara, expresa y precisa.\n\n\n\n\n11- Solicito una copia fiel del expediente administrativo que contiene las justificaciones técnicas y jurídicas por las cuales se emitió el veto en cuestión (…)\n\n\t\n\nFinalmente, en virtud de la solicitud de información efectuada, se procede a remitir copia de los documentos que conforman el expediente administrativo del acto del veto del Decreto Legislativo N° 9909, los cuales detallo a continuación:  El Decreto Legislativo N° 9909 presentado ante la Presidencia de la República el 27 de octubre de 2020;  El oficio DM-0246-2020 suscrito por los jerarcas del Ministerio de Ambiente y Energía y del Ministerio de Agricultura y Ganadería, mediante el cual “externa[n...] la necesidad de que el Poder Ejecutivo vete de manera total el Decreto Legislativo número 9909 y que a partir de las consideraciones [...] expuestas, se cuente con los elementos base para el análisis pertinente”, y  El oficio dirigido al Presidente de la Asamblea Legislativa, N° DP-P- 099-2020, mediante el cual se pone en conocimiento la decisión de utilizar la facultad constitucional para vetar el proyecto de Ley N° 21478 “para el Aprovechamiento Sostenible de la Pesca de Camarón en Costa Rica”. Los oficios DM-0246-2020 y DP-P-099-2020 consignan las razones jurídicas y técnicas del acto de veto que llevó a cabo el Poder Ejecutivo (…).\n\n \n\nDel análisis del cuadro comparativo anterior se desprende que en la respuesta brindada se hizo referencia a 10 de los 11 puntos formulados en la solicitud planteada por el recurrente desde el 5 de noviembre de 2020, sin embargo, el punto 10 no se responde de forma expresa y precisa, pese a que fue claramente formulado: “(…) Para considera (sic) su administración que se iniciarán con los estudios para determinar la sostenibilidad de la pesca de camarón? Además, solicito un desglose para determinar los costos de dichos estudios de acuerdo a la flota camaronera existente (…)” (el énfasis no pertenece al original). En función de lo expuesto, esta Sala Constitucional debe intervenir, con el propósito de salvaguardar los derechos fundamentales del amparado.\n\n VII.- Por último, es importante tomar en cuenta que la dirección de correo electrónico despachopresidente@presidencia.go.cr, se tiene por medio oficial para atender solicitudes de información, dado que la autoridad recurrida no lo desmintió, a pesar de habérseles hecho la prevención en la resolución de curso (artículo 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional). Además, no debe perderse de vista que el 6 de noviembre de 2020, se acusó recibido de la solicitud, desde esa cuenta.\n\nVIII.- Conclusión. En mérito de lo expuesto, se impone declarar con lugar el recurso, con las consecuencias que se detallan en la parte dispositiva de la sentencia.\n\nIX.-Documentación aportada al expediente.  Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPor tanto:\n\nSe declara con lugar el recurso. Se ordena a Geannina Dinarte Romero, en su condición de Ministra de la Presidencia, o a quien en su lugar ocupe ese cargo,  que lleve a cabo todas las actuaciones dentro del ámbito de sus competencias y coordine lo pertinente, para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se conteste de forma clara, expresa y precisa el punto 10 del oficio No. FRN-MNP-140-2020. Lo anterior bajo el apercibimiento de que, con base en lo establecido en el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo o de hábeas corpus y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nPaul Rueda L.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\n\n\nJorge Araya G.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nAnamari Garro V.\n\n\n\n\nAlejandro Delgado F.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nIleana Sánchez N.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n G743OH9NXJKQ61\n\n1\n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 09-05-2026 09:13:35.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "**Large**\n**Normal**\n**Small**\n**Sala Constitucional**\n\n**Resolution No. 07574 - 2021**\n\n**Date of Resolution:** April 16, 2021, at 09:15\n\n**Expediente:** 21-005819-0007-CO\n\n**Drafted by:** Jorge Araya Garcia\n\n**Reviewed by:** SALA CONSTITUCIONAL\n\n**Text of the resolution**\n\n**Exp: 21-005819-0007-CO**\n**Res. No. 2021007574**\n\n**SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.** San José, at nine hours fifteen minutes on the sixteenth of April, two thousand twenty-one.\n\n**Amparo** action filed by MELVIN ÁNGEL NÚÑEZ PIÑA, identity card number 0603130091, against THE PRESIDENCY OF THE REPUBLIC.\n\n**Whereas:**\n\n1.- Through the document added to the digital record at 17:40 hours on March 23, 2021, Melvin Ángel Núñez filed an amparo action against the Presidency of the Republic. He explained that through official letter No. FRN-MNP-140-2020, addressed to the President of the Republic on November 5, 2020, via the email address despachopresidente@presidencia.go.cr, he requested, in his capacity as a legislator, public information of interest regarding the veto of bill 21.478. Due to the lack of a response, on November 19, 2020, he made an inquiry – by telephone – to learn the status of the matter and was informed that they are working on it. Subsequent to that, and given the described omission, on March 11, 2021, he called again and was informed that the official letter is under analysis. He asserted that, despite the foregoing, as of the date he files this amparo action, what he requested has not been provided to him. He requested that the action be granted.\n\n2.- Through the document added to the digital record at 09:52 hours on March 24, 2021, Magistrate Hernández López filed a motion to recuse herself.\n\n3.- Through the order issued at 10:21 hours on March 24, 2021, the amparo action was admitted, and the Minister of the Presidency was notified.\n\n4.- Through the document added to the digital record at 09:49 hours on April 7, 2021, Geannina Dinarte Romero, Minister of the Presidency, explained: “(…) beyond the remittal of a file and reporting on the reasons for the veto, the inquiries were linked to national issues concerning the implementation of shrimp trawling policies, shrimp trade, shrimp imports, possible solutions for national fishermen, discussion of technical, scientific, statistical studies, and legal aspects, among others. Therefore, it is clear that this is not a matter where simply existing information is to be provided, but rather, the complexity of the inquiry and the need for inter-institutional coordination are evident in order to answer the technical, commercial, political, and legal questions arising from the petitioner's disagreement with the veto exercised on Legislative Decree No. 9909 (…) Firstly, before this hearing, it is essential to explain to the Sala Constitucional the processing procedure followed for the alleged matter. Certainly, on November 5, 2020, the Presidency of the Republic received an email from Mr. Róger Mora Mora, who stated that he was sending 'official letter for processing' on behalf of Legislator Melvin Ángel Núñez Piña; the attachment corresponded to official letter No. FRN-140-2020. On November 6, 2020, that is, the day after the inquiry was made, receipt of the cited email was acknowledged, and the telephone number 2207-9252 was provided for follow-up on the request for information. Subsequently, as the petitioner indeed states, a telephone call was received regarding the follow-up on the matter subject to this process, and on that occasion, it was explained that the inquiries made were being analyzed. Days later, namely on November 13, 2020, through official letter No. DP-223-2020, the Office of the President of the Republic requested the necessary inter-institutional coordination and the rendering of a preliminary report from the Vice-Ministry of Political Affairs and Citizen Dialogue of the Presidency of the Republic, in order to address the petitioner's matter. That same day, through official letter No. DP-224-2020, the Office of the President of the Republic promptly informed Mr. Núñez Piña that it was 'coordinating with the competent technical teams to address your note in a timely manner. Accordingly, once we have all the inputs, the corresponding report will be issued.' Said official letter was sent on November 13 itself to the petitioner via the email address indicated for receiving notifications. Despite this approach, this fact is not mentioned in the filing of the amparo action by the petitioner. On November 26, 2020, through official letter No. VPDC-616-2020, the referenced Vice-Ministry answered the points inquired about the petitioner's matter, as demonstrated in the evidence provided in the proceedings. On February 16, 2021, via email, a draft response was forwarded to the Vice-Ministry of Water and Seas so that it could be completed by incorporating the information within its competence that it deemed necessary to address the matter. Subsequently, on March 2, 2021, said Vice-Ministry responded to the request, indicating that it had indeed incorporated some comments for evaluation. On a second occasion, a telephone call was received on March 11, 2021, in which the inquiring party was told that, to address the inquiries properly, coordination was underway to gather more information for the Office. On March 11, 2021, the Office of the President of the Republic forwarded to the Ministry of the Presidency the proposed approach for the matter and a series of inputs, for refinement and referral to the petitioner. Now, it should be clarified that although several of the official letters attached to the March 11 email predate the alleged inquiry, the truth is that it was necessary to extract relevant information from such inputs to respond to the referenced matter. After that, there was a final refinement process, from a legal standpoint, by the Office of the Presidency. Finally, on March 26, 2021, the Ministry of the Presidency, through the cited Vice-Ministry – as the internal body responsible for addressing fisheries issues – addressed the alleged inquiries, through official letter No. VPDC-244-2021. According to the evidence provided in this action, that same day, the cited official letter and its annexes were notified to the email address indicated by the petitioner, namely: ● Official Letter No. DP-P-O099-2020. ● Official Letter No. DM-0246-2020. ● Legislative Decree No. 9909. ● Official Letter No. VPDC-244-2021 (…) On the other hand, regarding the requested administrative file on the veto of Legislative Decree No. 9909, it must not be overlooked that the petitioner, as a Legislator of the Republic, has direct access to correspondence sent to the Asamblea Legislativa. As evidenced on the official page of the Asamblea Legislativa, upon consulting legislative file No. 21.478, it can be observed that on November 2, 2020, the action designated 'Reception at the Secretariat of the Directorate (Veto)' was recorded. Therefore, the petitioner, even before consulting the Presidency of the Republic, already had access to the technical and legal reasons for which Legislative Decree No. 9909 was vetoed. This is because said reasons are contained within the veto act by its nature, not in a specific file. Thus, in official letter No. DP-P-099-2020, addressed to Mr. Eduardo Cruickshank Smith, in his capacity as President of the Asamblea Legislativa, the Executive Branch stated that the veto in question was based on reasons of opportunity and convenience (…) If the entirety of official letter No. DP-P-099-2020 is analyzed, in contrast to the inquiries made by the petitioner, it is evident that the information requested was generated from the reasons justifying the cited veto; therefore, to address them, official letter No. DP-P-099-2020 alone was not enough, but rather it was necessary to compile a series of information held by different institutions in order to build the answers to the questions subject to this action. Due to the foregoing, the statement the petitioner makes in his initial brief, indicating that he was 'requesting information regarding the veto of bill 21.478,' is not accurate, since, if the inquiries made by Mr. Núñez Piña are reviewed, it is evident that to formulate them he had access to official letter No. DP-P-099-2020 and that the questions concern technical, commercial, political, and legal aspects arising from said decision, that is, from the veto act. In this way, it is clearly evident that the alleged matter does not correspond to a pure and simple petition, nor does it relate to access to information that simply needs to be replicated to be provided to the petitioner. It is notable that the inquiries cover diverse edges of the referenced fisheries area and that their handling demanded a complex construction, but one that was duly carried out as legally required (…) from official letters No. DM-0246-2020 and No. DP-P-099-2020 derive the legal and technical reasons that supported the veto act carried out by the Executive Branch. Said documents are part of legislative file No. 21.478, such that, under the principle of proactive disclosure, such information is publicly and directly accessible to the petitioner (…) The petitioner, in his capacity as a Legislator of the Republic, was fully aware of the technical and legal reasons that motivated the veto, so much so that they are the basis upon which he poses his questions in his official letter No. FRN-MNP-140-2020, which, as has been indicated, rather than requesting a file and the reasons for the veto, questions what the national policy will be so as not to harm shrimp fishermen based on the decision to veto the Legislative Decree in question (…)”.\n\n5.- In the proceedings followed, legal requirements have been observed.\n\n**Drafted by Magistrate Araya García; and,**\n\n**Considering:**\n\nI.- Purpose of the action. The petitioner asserted that the Presidency of the Republic has not responded to a request for public information, which he submitted on November 5, 2020, related to the veto of bill No. 21478.\n\nII.- Preliminary clarification. The motion to recuse filed by Magistrate Hernández López, added to the digital record at 09:52 hours on March 24, 2021, was not processed because she does not participate in the voting on this matter.\n\nIII.- Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven:\n\nOn November 5, 2020, via an email sent from the account roger.mora@asamblea.go.cr to the email address despachopresidente@presidencia.go.cr, an official from the Office of Legislator Melvin Núñez Piña of the Asamblea Legislativa sent official letter No. FRN-MNP-140-2020, in which the latter requested the following: “(…) Based on Article 27 of the Political Constitution, I request information regarding the veto of bill 21478, interposed by you as President of the Republic. 1- What other fishing or aquaculture alternatives do you offer to the shrimp fishermen affected by the veto of bill 21.478 that have technical, scientific, social, economic, and environmental studies that determine their sustainability as such? I inquire about these alternatives given that they are of immediate action and will allow equalizing or improving the living conditions of all persons affected by the veto of bill 21478. 2- From where is the information extracted that there are 14,800 artisanal fishermen? According to official letter PESJ-303-2019 issued following an inquiry made by Legislator Paola Vega Rodríguez of the Partido Acción Ciudadana (PAC), it was stated that there are only 1,900 registered artisanal fishing licenses nationwide, the same assertion made in official letter DEC-125-2019 to Mr. Gerardo Marín Rojas, president of the Asociación Independiente de Pescadores Camaroneros (UNIPESCA), in which it is stated that nationwide there are 1,900 artisanal fishing licenses and that the fishermen benefiting from said activity correspond (sic) to between 1,900 to 4,000, based on (sic) the number of crew members authorized by the navigation certificate issued by MOPT. 3- From where is the scientific, technical, and legal information extracted that determines the viability that the studies prepared by the competent entity INCOPESCA are still insufficient, given that resolutions 10540-2013 and 14168-2018, issued by the Sala Constitucional, make it very clear that what is necessary for the reactivation of shrimp fishing is 'a significant reduction of said incidental catch compatible with sustainable democratic development is demonstrated'; however, along those same lines, resolution 01387-2020 issued by the same Sala Constitucional by majority vote has made it very clear that bill 21478 'Contains no substantive, procedural, or substantive constitutional flaws.' 4- As is public and inter-institutional knowledge, it is clear that Costa Rica has a stock of shrimp resources in deep waters (Pinky, Fidel, Langostino Chileno, Camllito, and Camellón) which is not being utilized. In what way will access to said resources be allowed to generate well-being for the population? What gear may be used that has technical and scientific criteria?, given that according to Article 6 of our Constitution, the following is established (…) 5- Due to the restriction of the veto established for shrimp fishing in bill 21478, I inquire: What immediate measures is your administration taking to apply the prohibition or restriction of the importation of wild shrimp caught under the trawling modality and that does not have sustainability certifications, a request made under equal conditions to that made for our country's shrimp fishing fleet? 6- How does your administration determine that an impact is generated on artisanal communities? According to the Juntos por el Mar program prepared during the Solís Rivera administration, the dialogue tables program was carried out that gave rise to marine spatial zoning and ordering, in which all of Costa Rica's fishing communities, environmental organizations, universities, and others participated, establishing the resolution of conflicts between the country's fishing sectors and giving rise to the sustainable use of the shrimp resource, where the FAO also interacted and endorsed it, and established the agreement AJDIP 158-2017 of the INCOPESCA board of directors. 7- What is the measurement line established by the state to determine sustainability that goes hand in hand with the sustainable development principles issued by the United Nations? 8- How does the CIMAR Academy determine that shrimp fishing with trawl nets is unsustainable? I ask because, in 2006, the same CIMAR Academy, in the company of biologist Ingo Werthman, established in a publication prepared by the newspaper La Nación that shrimp fishing in deep waters is sustainable. 9- Why must the CIMAR Academy present the studies? Since the law establishes that INCOPESCA is the responsible party in the matter. 10- Does your administration consider (sic) that the studies to determine the sustainability of shrimp fishing will begin? Additionally, I request a breakdown to determine the costs of said studies according to the existing shrimp fleet. 11- I request a faithful copy of the administrative file containing the technical and legal justifications for which the veto in question was issued (…)”. The letterhead of the document included the email address melvin.nunez@asamblea.go.cr (see the evidence provided by the petitioner, added to the digital record).\nOn November 6, 2020, via email, the Office of the President of the Republic confirmed receipt of the matter; additionally, a telephone number was provided to follow up on the processing of the request (see the evidence provided by the petitioner, added to the digital record).\nOn November 13, 2020, through official letter No. DP-223-2020, the Office of the President of the Republic requested the necessary inter-institutional coordination and the rendering of a preliminary report from the Vice-Minister of Political Affairs and Citizen Dialogue to address the formulated request (see the report rendered and the evidence provided by the Minister of the Presidency, added to the digital record).\nOn November 13, 2020, through official letter No. DP-224-2020, the Office of the President of the Republic informed the petitioner of the following: “(…) Receive cordial greetings. I respectfully refer to your official letter FRN-MNP-140-2020 dated November 5 of the current year, in which you request information related to the veto of bill 21478. In this regard, I would like to inform you that we are coordinating with the competent technical teams to address your note in a timely manner. Accordingly, once we have all the inputs, the corresponding report will be issued (…)” (see the report rendered and the evidence provided by the Minister of the Presidency, added to the digital record).\nOn November 19, 2020, the petitioner inquired, by telephone, about the status of the request, and he was informed that they were working on it (undisputed fact).\nOn November 26, 2020, through official letter No. VPDC-616-2020, the Vice-Minister of Political Affairs and Citizen Dialogue referred to the points inquired about in official letter No. DP-223-2020 (see the report rendered and the evidence provided by the Minister of the Presidency, added to the digital record).\nOn February 16, 2021, a draft response was forwarded to the Vice-Ministry of Water and Seas, so that it could incorporate information within its competence (see the report rendered and the evidence provided by the Minister of the Presidency, added to the digital record).\nOn March 2, 2021, the Vice-Ministry of Water and Seas responded indicating that it included comments in the draft response (see the report rendered and the evidence provided by the Minister of the Presidency, added to the digital record).\nOn March 11, 2021, the petitioner inquired, by telephone, about the status of the request, and he was informed that they were working on it (undisputed fact).\nOn March 11, 2021, the Office of the President of the Republic forwarded the draft response and a series of inputs to the Ministry of the Presidency for refinement and final sending (see the report rendered and the evidence provided by the Minister of the Presidency, added to the digital record).\nOn March 25, 2021, the Ministry of the Presidency was notified of the initial order of the amparo action (see the notification record, added to the digital record).\nOn March 26, 2021, the Ministry of the Presidency, via an email sent to the addresses: melvin.nunez@asamblea.go.cr and melvinministerio@gmail.com, notified the petitioner of official letter No. VPDC-244-2021, in which it stated: “(…) I have the honor to address you with the purpose of referring to your official letter number FRN-MNP-140-2020, through which you pose a series of inquiries regarding fishing and aquaculture activity in the country. In this regard, with respect to fishing or aquaculture alternatives for fisherfolk, in March 2019, the Strategic Plan for Aquaculture Costa Rica 2019-2023 was presented, with the objective of promoting an orderly, sustainable, and environmentally balanced development of aquaculture activity, innovating based on scientific research and promoting its socioeconomic growth with equity. Various institutions, such as the Ministry of Labor and Social Security (MTSS), the Ministry of Environment and Energy (MINAE), the Ministry of Agriculture and Livestock (MAG), the Instituto de Desarrollo Rural (INDER), the Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), the Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), the Instituto Costarricense de Pesca (INCOPESCA), academia, and other actors, under the technical coordination of the Parque Marino del Pacífico, have been carrying out a series of actions in Puntarenas for the development of mariculture projects, seeking to contribute to the development of livelihoods for populations dedicated to fishing, the generation of new jobs, and the socioeconomic development of the national fishing and aquaculture sector. Likewise, the Executive Branch is working on the development of initiatives that allow the economic reactivation of coastal communities, which promote investment programs in technological development, innovation, research, and technical training, targeting value chains in fisheries and aquaculture, driven by various sectors with the participation of related institutions. Based on the various negotiation tables that the Government has held with fishing subsectors since 2018 and the regional and national dialogue processes, actions are being promoted to strengthen Puntarenas as a center for coastal innovation and production. In September 2020, during the Consejo de Gobierno held in the province of Puntarenas, a report was rendered evidencing the progress in key infrastructure (roads, water, housing, education, tourism, and health), production, and employment in that province, for example: ● Investment in road infrastructure of around 214 million dollars, including routes such as Limonal – Barranca, La Angostura, national route 160 between Playa Naranjo and Paquera, among others. ● 8 construction and equipment projects are planned, including new facilities for health areas and Ebais, two new branches, for an amount of 166 million colones, and the new Hospital de Puntarenas, whose investment exceeds 220 million dollars. ● In the process of commercializing marine products from the Nicoya Peninsula, involving an investment of around 468 million colones. ● Mariculture Scaling Programs, certified service for at least 8 oyster farms in the area, in which 165 million colones have been invested. It should be noted that the Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER) has been working since October 2020, in coordination with MAG, MINAE, and INCOPESCA, on an analysis to identify opportunities and challenges for the commercialization of fresh and processed (canned) tuna. In that sense, the work's first goal was to determine the general access conditions for markets that present some opportunity, and, once countries with potential for the Costa Rican supply were selected, to consider the general access conditions regarding tariffs under the free trade agreements with those countries and the general requirements for their entry. Likewise, the barriers and challenges for the commercialization of the Costa Rican supply were analyzed, especially in terms of the added value that can be offered, control of illegal fishing, and associativity, among other factors. Together with the above, work has been done to incorporate these alternatives into a short, medium, and long-term action plan, enabling their scope to be measured with clear indicators and providing funding for the various actions. Regarding artisanal fishermen, the Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano (OSPESCA) states that there are 14,800. For official purposes, INCOPESCA, in the absence of a national fishing and aquaculture census, uses the projections made by the Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) within the framework of national employment surveys. Regarding the feasibility of shrimp fisheries using trawl nets, before addressing your inquiries, it is important to clarify relevant aspects related to the existing judicial resolutions on this topic. As a starting point, the ruling number 2013-10540, issued by the Sala Constitucional, is known to all, through which the unconstitutionality of various articles linked to shrimp fishing with trawl nets was declared, and consequently, such articles of the Fisheries and Aquaculture Law, Law number 8436 of March 1, 2005, which regulated said activity, were repealed, including the basic regulations for granting A and B licenses under Article 47 of the cited Law. In this context, one cannot disregard various subsequent jurisdictional decisions on the matter, such as constitutional rulings number 2018-07978, 2018-14168, and 2020-13837, as well as other judicial orders. As part of the foregoing, resolution number 277-2018-I, of July 30, 2018, of the Tribunal Contencioso Administrativo, granted INCOPESCA a maximum period of four months, counted from the notification of the resolution, to definitively conclude the technical-environmental type studies that would determine the feasibility of sustainable shrimp fishing, so that it could be submitted to the knowledge of the Asamblea Legislativa with a view to the legal regulation of the subject. In this legal context, it is important to mention the guiding principles that must frame the actions of INCOPESCA as the executing authority, which are established in Article 1 of Law 8436, the Fisheries and Aquaculture Law, as well as in Article 2 of Law 7384, the Law Creating INCOPESCA, where the promotion and management, the development of fishing, maritime hunting, aquaculture, and research stand out, based on technical and scientific criteria, the conservation, use, and sustainable use of the biological resources of the sea and aquaculture. Likewise, Article 103 of the Fisheries and Aquaculture Law establishes that the granting of a license, authorization, or permit will be conditioned upon the availability and conservation of the relevant hydrobiological resource and the development and sustainability needs of the fishing sector, which must be duly grounded in the results of scientific, technical, economic, or social studies, aspects that govern fishing activities in general. Regarding the development of research on the shrimp fishery, INCOPESCA developed the investigation called, 'Evaluation of the exclusion percentages of bycatch (FACA) in trawl fishing for deepwater pinky shrimp (Farfantepenaeusbrevirostris) and fidel shrimp (Solenoceraagassizii), using different mesh light sizes, devices such as (Turtle Excluder Devices (TEDs), Finfish Excluder Devices (FEDs), and double groundrope), in the Costa Rican Pacific Ocean,' in accordance with what was requested by the judicial bodies within the framework of ruling No. 277-2018-I of the Tribunal de Apelaciones Contencioso Administrativo and resolution number 2018014168 of the Sala Constitucional of the Corte Suprema de Justicia, which had to be carried out at a time not recommended due to aspects inherent to the judicial ruling. Regarding compliance with Vote No. 10540-2013, Expediente 12-010016-0007- CO of the Sala Constitucional, Resolution Number 277-2018-I, of July 30, 2018, of the Tribunal Contencioso Administrativo, Expediente No. 17-001929-1027-CA, and Resolution 2018014168 of August 31, 2018; and Expediente 18-009624-007-CO of the Sala Constitucional, the inputs obtained from this research were sent to the Sala Constitucional, the Asamblea Legislativa, and the Tribunal Contencioso Administrativo in compliance with these rulings. In relation to the foregoing, it must be taken into consideration that INCOPESCA, as the governing body in fisheries matters, has the obligation to provide comprehensive attention to what has been referred and resolved, both by the Sala Constitucional and by the Tribunal Contencioso Administrativo, not limiting itself solely to the literal text of the ruling, but rather the entire context encompassing the resolution must be considered in order to provide attention consistent with the spirit of what was resolved by the different judicial bodies.\n\nLikewise, INCOPESCA, as the specialized technical entity in accordance with the legal powers granted by the Fisheries and Aquaculture Law, as well as its enabling law, was clear regarding the need to additionally have the necessary scientific-technical inputs for a proper debate on this matter. For this reason, in order to expand and generate more technical-environmental inputs and fully comply with the court rulings, it was proposed to conduct the research study titled: \"Population Dynamics Assessment for the Shrimp Fishery by Trawl Vessels in the Pacific of Costa Rica,\" in which formal consultations would be made to incorporate, into the construction of the experimental research design, the proposals of the Ministry of Environment and Energy (MINAE), the Ministry of Agriculture and Livestock (MAG), the Public Universities, Research Centers, among other entities—highly required aspects that were central to the social and technical debate on the subject. The proposed study was projected to be carried out over a period of 24 months, in order to compare at least two years of data and consider possible variations caused by the ENSO phenomenon (El Niño–Southern Oscillation). The new research studies complement the one already conducted to evaluate the bycatch (FACA) exclusion percentages in the trawl fishery for deepwater pinky and fidel shrimp in response to the court rulings.\n\nAs you are aware, the calls for vessel contracting were published, and the shrimp sector did not participate in this process. It is important to mention and make clear that the results of these analyses were of utmost importance so that INCOPESCA and Costa Rican society in general would have technically and scientifically rigorous data for decision-making and for assessing the biological, socioeconomic, and regulatory criteria, so that the legislature could define whether the use of trawl fishing gear for shrimp capture was feasible or not. In that case, the maximum sustainable yield (MSY) parameters would need to be established, the bycatch (FACA) reduction levels defined, and spatial-temporal closures established to protect the species when in growth zones and during reproductive periods.\n\nIn this same context, the INCOPESCA Research Department, in the recommendations section of the final report for the research study \"Assessment of the exclusion percentages of bycatch (fauna de acompañamiento, FACA) in the trawl fishery for deepwater pinky (Farfantepenaeus brevirostris) and fidel (Solenocera agassizii) shrimp, using different mesh sizes, devices such as Fishery Excluder Devices (Dispositivos de Excluidores de Pesca, DEPs), Turtle Excluder Devices (Dispositivos de Exclusión de Tortugas, DETs), and double sweepline (doble relinga), in the Costa Rican Pacific Ocean,\" highlights: a) That the approval of fishing licenses be conditional on new research, such as: use of this net in other fishing zones, temporal behavior (day and night); seasonal (dry and rainy season) and spatial (longitudinal and bathymetric). Furthermore, it is necessary to determine the biomass catch at maximum sustainable yield, juvenile location zones, sizes at first sexual maturity, and other factors that ensure sustainable fishing for both species. b) Incorporate an ecosystem approach into new fisheries research, regarding the determination of the biological-fishery parameters of the stocks, including available biomass, ecosystem carrying capacity, optimal exploitation levels, and others required to achieve resource sustainability.\n\nAlong these lines, INCOPESCA made the necessary observations through institutional criteria issued to the Legislative Assembly on Draft Bill 21478, via official communications PESJ-334-2019, dated September 3, 2019, and PESJ-409-2019, dated November 20, 2019, regarding the approved draft bill. INCOPESCA and other central government entities, with support from the World Bank, have prepared a comprehensive program for the sustainable development of fisheries and aquaculture in the country, which will support INCOPESCA with exhaustive technical and scientific studies that guarantee the sustainable management of the country's main fisheries and allow us to maximize the use of coastal marine resources, ensuring productive, healthy, and resilient seas with the greatest benefits for communities, as well as an aquaculture activity that enables the development of other areas, as part of our national objectives aligned with the blue economy. This initiative will allow the modernization of the fisheries and aquaculture model in Costa Rica, contributing to the development of the livelihoods of populations engaged in fishing, the generation of new jobs, and the socioeconomic development of the national fisheries and aquaculture sector. Thanks to this project, the Government will increase the contribution of seafood products to the national and regional economy by strengthening institutional capacity and governance of the fisheries sector, generating added value through the improvement of key fisheries infrastructure and commercialization, and addressing social and environmental aspects for an equitable and sustainable distribution of the benefits derived from the activity.\n\nRegarding the prohibition or restriction on the importation of shrimp caught by trawling, I would like to highlight that, at the international level, the exchange of products is subject to the principles of non-discrimination, and mainly in this case, national treatment, which provides that the technical or quality requirements demanded of imported products must be required under the same terms as those for domestic products. In this regard, it is important to consider that, although trawl fishing is not a currently permitted fishing gear, domestic production is not required to comply with a certification scheme.\n\nIn response to the zoning issue, its determination requires a review and update, considering the changes in the marine ecosystem and the recent fisheries dynamics. It is worth noting that the Constitutional Chamber has emphasized compliance with the Principle of Democratic Sustainable Development and ensuring access to marine resources for the fisheries.\n\nRegarding the definition of sustainability, based on the constitutional block and the Rule of Law, this definition is integrated from international regulations, the national legal system, and constitutional jurisprudence. For this particular issue, the Constitutional Chamber's ruling in judgment number 2013-10540 is considered, from which we highlight the following excerpts: \"Since the World Charter for Nature and with greater influence from the Rio Declaration, the principles of Environmental Law have performed the cross-cutting function of informing and regulating economic activity in the sea. This branch of law ceases to be a mere external limit, since henceforth, all economic, social, and cultural activity related to the sea and its natural riches is increasingly subject to Environmental Law. Within the framework of these new principles, fishing activity has been progressively regulated, imposing the obligation to use selective fishing gear and practices. It has been understood that non-selective fishing gear is a problem of global dimension due to the danger to the conservation of marine resources. The General Assembly of the United Nations has adopted by consensus various resolutions in an effort to put an end to that fishing modality, such as resolutions 46/215 of December 20, 1991, and 57/142 of December 12, 2002.\"\n\nIn the same vein, the Constitutional Chamber, referring to the FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries, in the cited judgment, held: \"This last international instrument travels the path of environmental protection and the protection and conservation of marine ecosystems as a whole, based on the principle of responsible fishing. The Code aims for the sustainable use of fishery resources in harmony with the environment, as well as the use of capture and aquaculture practices that do not harm the ecosystems, the resources, or their quality. Responsible fishing must be carried out both in maritime zones under national jurisdiction and on the high seas. In the latter case, the fundamental principle is that the right to fish in these waters does not mean a total and absolute freedom of fishing as in times past. The Code fits within the already-described trend of permeability of International Environmental Law to the Law of the Sea.\"\n\nBased on the foregoing, the Constitutional Chamber enshrines the Principle of Democratic Sustainable Development, from which it is not only about guaranteeing the use of existing resources by present generations and ensuring the subsistence of future ones, but to achieve this, it must also be ensured that access to those resources and the wealth generated by economic activities related to fishing and aquaculture is distributed equitably in society, so that it reaches the greatest possible number of people and allows the supportive progress of the families that make up that social and productive sector. Responsibility is the principle that guarantees the effective application of the others. INCOPESCA, as a technical-scientific entity, is always willing to seek funding sources for the study of the different fisheries that can promote sustainable fishing with a social impact on the population.\n\nOn the other hand, regarding inquiries related to the Research Center for Marine Sciences and Limnology (CIMAR), as this institution is part of the University of Costa Rica and outside the Executive Branch, in adherence to its autonomy, established at the constitutional level, the Presidency of the Republic has no influence over the administrative, technical, and decision-making aspects of that institution.\n\nTo conclude, this Administration shares the importance of economic reactivation for the Province of Puntarenas in adherence to sustainable development. That is why work is being done to pursue institutional actions that contemplate the safeguarding of marine resources and allow fishing activity to be maintained sustainably with a long-term vision.\n\nFinally, by virtue of the request for information made, copies of the documents that make up the administrative file of the veto act of Legislative Decree No. 9909 are being sent, which I detail below:\n Legislative Decree No. 9909, submitted to the Presidency of the Republic on October 27, 2020;\n Official communication DM-0246-2020, signed by the heads of the Ministry of Environment and Energy and the Ministry of Agriculture and Livestock, through which they \"express[...] the need for the Executive Branch to totally veto Legislative Decree number 9909, and that based on the considerations [...] set forth, the basic elements for the pertinent analysis be available\", and\n Communication addressed to the President of the Legislative Assembly, No. DP-P- 099-2020, by which the decision to use the constitutional power to veto Draft Bill No. 21478 \"for the Sustainable Use of Shrimp Fishing in Costa Rica\" is made known. Official communications DM-0246-2020 and DP-P-099-2020 set forth the legal and technical reasons for the veto act carried out by the Executive Branch (…) \". The pertinent documentation was attached (see the report rendered and the evidence provided by the Minister of the Presidency, added to the digital file).\n\nIV.- Regarding the exercise of the right of petition and prompt response, as well as the right of access to administrative information, through electronic means. This Constitutional Chamber, in judgment No. 2008-009670 of 09:55 hours on June 13, 2008, when referring to the right of petition and the use of electronic means (applicable mutatis mutandis to the right of access to administrative information), explained:\n\n\"(…) In the framework of the information and knowledge society, fundamental rights can be exercised through new information technologies. Regarding the right of petition and prompt response, the use of electronic means gives it new nuances, which must be weighed. Always taking into consideration its progressive and expansive effectiveness, but also taking into account the non-absolute nature of fundamental rights, it is possible to conclude that, for the exercise of the right of petition and prompt response, using the means that new technologies facilitate, it is important that the request be channeled through a freely accessible website of the entity or public body. Additionally, that electronic domain must have a hyperlink directed to an email address arranged specifically to receive requests, whether on a particular topic or serving as a mailbox for all types of procedures (…)\" (emphasis not from the original).\n\nSimilarly, regarding requests sent to non-official emails, but whose receipt is acknowledged or the processing of their response is initiated, this Court, in judgment No. 2019-2204 of 09:15 hours on February 8, 2019, stated:\n\n\"(…) Now then, in view of the foregoing and after analyzing the elements provided to the case file, the Chamber considers that the claimant's complaint in this sense is admissible, since, although the email address to which the interested party sent his petition does not constitute an official means for the reception of such procedures, the fact is that the respondent admitted that it has proceeded to process said request, having become aware of it at the moment it received it (…) Thus, the respondent administration became aware of the procedure, and provided what was necessary to provide the required response (…)\" (emphasis not from the original).\n\nV.- Regarding the specific case. The claimant asserted that the Presidency of the Republic has not responded to a public information request filed since November 5, 2020, related to the veto of Draft Bill No. 21478. In her report, the Minister of the Presidency claimed that on March 26, 2021, the response was notified. In order to justify the delay, she argued, in essence: a) that the request is not simple and straightforward, as it required inter-institutional coordination and analysis from different angles, and b) that in her opinion, the protected party had already had access to the certified copy of the legislative file where the technical and legal reasons that supported the veto in question are recorded.\n\nIn this regard, this Constitutional Chamber must remind the Minister of the Presidency of the following: a) if the request was not simple and straightforward, this should have been explained to the claimant accordingly, and furthermore, the approximate reasonable timeframe in which the response would be provided should have been indicated to him, which was not done either by telephone or in official communication No. DP-224-2020, notified on November 13, 2021; b) if in her opinion or in that of the Office of the Presidency, the protected party had already had access to the legislative file where, as indicated, the technical and legal reasons that supported the veto in question are recorded, then this should have been indicated to the petitioner as part of a response; and c) instead of responding or informing the protected party that his petition could not be addressed within the legally established timeframe, he was subjected to a state of uncertainty for approximately 4 months and 21 days (it must not be forgotten that, according to what was reported, there is no record of any processing carried out for the purpose of handling the procedure, from November 26, 2020, until February 16, 2021). It should be noted that the response communication was notified to the electronic address contained in the letterhead of the original communication, after notification of the filing of the present proceeding.\n\nVI.- Based on the foregoing, due to these facts, the amparo action is now admissible. However, it is also important to verify that in the notified response communication, all the petitions formulated by the claimant are indeed addressed:\n\nWhat was asked - requested\n\n\\t\n\nWhat was responded\n\n1- What other fishery or aquaculture alternatives are offered to the shrimp fishers affected by the veto of Draft Bill 21.478 that have technical, scientific, social, economic, and environmental studies determining their sustainability as such? I inquire about these alternatives given that they are of immediate action and will make it possible to equal or improve the living conditions of all the people affected by the veto of Draft Bill 21478.\n\n\\t\n\n\"(…) In this regard, concerning fishery or aquaculture alternatives for fishers, in March 2019 the Strategic Plan for Aquaculture Costa Rica 2019-2023 was presented, with the objective of promoting orderly, sustainable, and environmentally balanced development of aquaculture activity, innovating through scientific research and promoting its socioeconomic growth with equity. Various institutions, such as the Ministry of Labor and Social Security (MTSS), the Ministry of Environment and Energy (MINAE), the Ministry of Agriculture and Livestock (MAG), the Rural Development Institute (INDER), the National Women's Institute (INAMU), the National Learning Institute (INA), the Costa Rican Fisheries Institute (INCOPESCA), academia, and other actors, under the technical coordination of the Pacific Marine Park, have been implementing a series of actions in Puntarenas for the development of mariculture projects, seeking to contribute to the development of the livelihoods of populations engaged in fishing, the generation of new jobs, and the socioeconomic development of the national fisheries and aquaculture sector. Likewise, the Executive Branch is working on the development of initiatives that enable the economic reactivation of coastal communities, promoting investment programs in technological development, innovation, research, and technical training, focused on value chains in fisheries and aquaculture, driven by various sectors with the participation of related government bodies. Based on the various negotiation forums that the Government has held with fishery subsectors since 2018 and the regional and national dialogue processes, actions are being promoted to strengthen Puntarenas as a center for coastal innovation and production. In September 2020, during the Governing Council meeting held in the province of Puntarenas, an accountability report was presented that demonstrated progress in key infrastructure (roads, water, housing, education, tourism, and health), production, and employment in that province, for example:\n● Investment in road infrastructure totaling around 214 million dollars and includes routes such as Limonal – Barranca, La Angostura, National Route 160 between Playa Naranjo and Paquera, among others.\n● Eight construction and equipment projects are planned, including new clinics for health areas and Basic Comprehensive Health Care Teams (Ebais), two new branches, for an amount of 166 billion colones, and the new Puntarenas Hospital, whose investment exceeds 220 million dollars.\n● In the process of commercializing marine products from the Nicoya Peninsula, which involves an investment of around 468 million colones.\n● Mariculture Scaling Programs, certified service for at least 8 oyster farms in the area, in which 165 million colones have been invested.\nIt is worth noting that the Foreign Trade Promoter (PROCOMER) has been working since October 2020, in coordination with MAG, MINAE, and INCOPESCA, on an analysis to identify opportunities and challenges for the commercialization of fresh and processed (canned) tuna. In that regard, the work's first goal was to determine the general market access conditions for markets presenting some opportunity, and once the countries with potential for the Costa Rican supply were selected, to consider the general access conditions regarding tariffs under the free trade agreements with those countries and the general requirements for their entry. Likewise, the barriers and challenges for the Costa Rican supply in terms of commercialization were analyzed, especially in terms of the added value that can be offered, the control of illegal fishing, and associativity, among other factors. In line with the above, work has been done to incorporate these alternatives into a short-, medium-, and long-term action plan, in a way that allows measuring its scope with clear indicators and providing funding for the various actions.\n\n2- Where does the information that there are 14,800 artisanal fishers come from? According to official communication PESJ-303-2019 issued in response to an inquiry made by the Citizens' Action Party (PAC) congresswoman Paola Vega Rodríguez, it was stated that there are only 1,900 registered artisanal fishing licenses nationwide, the same statement is made in official communication DEC-125-2019 to Mr. Gerardo Marín Rojas, president of the Independent Association of Shrimp Fishers (UNIPESCA), in which it is stated that nationwide there are 1,900 artisanal fishing licenses, and from which the fishers benefiting from said activity corresponds (sic) to between 1,900 and 4,000, based on (sic) the number of crew members authorized by the navigation certificate issued by MOPT.\n\n\\t\n\nRegarding artisanal fishers, the Organization of the Fisheries and Aquaculture Sector of the Central American Isthmus (OSPESCA) states there are 14,800. For official purposes, from INCOPESCA, given the lack of a national fisheries and aquaculture census, the projections made by the National Institute of Statistics and Censuses (INEC) in the framework of the national employment surveys are used.\n\n3- Where is the scientific, technical, and legal information extracted from that determines the viability that the studies prepared by the competent entity INCOPESCA are not sufficient yet, given that rulings 10540-2013, 14168-2018, issued by the Constitutional Chamber make it very clear that what is necessary for the reactivation of shrimp fishing is \"to demonstrate a significant reduction of said bycatch (captura incidental) that is compatible with democratic sustainable development,\" however, along the same lines, ruling 01387-2020 issued by the same Constitutional Chamber by majority vote has made it very clear that Draft Bill 21478 \"Does not contain vices of constitutionality of substantial character, either procedural or substantive.\"\n\n\\t\n\nRegarding the viability of the shrimp fishery with trawl nets, before addressing your inquiries, it is important to clarify relevant aspects related to the existing court rulings on this matter. As a starting point, judgment number 2013-10540, issued by the Constitutional Chamber, is known by all, through which the unconstitutionality of various articles related to shrimp fishing with trawl nets was declared, and consequently, such articles of the Fisheries and Aquaculture Law, Law number 8436 of March 1, 2005, which regulated this activity, were repealed, including the basic regulation for granting A and B licenses of Article 47 of the cited Law. In this context, various subsequent jurisdictional decisions on the matter cannot be disregarded, such as constitutional judgments number 2018-07978, 2018-14168, and 2020-13837, as well as other judicial provisions. As part of the foregoing, resolution number 277-2018-I, of July 30, 2018, of the Contentious-Administrative Tribunal, granted INCOPESCA a maximum period of four months, counted from the notification of the resolution, to definitively conclude the technical-environmental studies that would determine the viability of sustainable shrimp fishing, so that it could be submitted for the knowledge of the Legislative Assembly with a view to the legal regulation of the matter. In this legal context, it is important to mention the guiding principles that must frame the actions of INCOPESCA as the executing authority and which are established in Article 1 of Law 8436, the Fisheries and Aquaculture Law, as well as in Article 2 of Law 7384, the Law Creating INCOPESCA, where the promotion and management, the development of fishing, sea hunting, aquaculture, and research, based on technical and scientific criteria, the conservation, the use, and the sustainable use of the biological resources of the sea and aquaculture, stand out. Likewise, Article 103 of the Fisheries and Aquaculture Law establishes that the granting of the license, authorization, or permit shall be conditional on the availability and conservation of the relevant hydrobiological resource and the development and sustainability needs of the fisheries sector, which must be duly based on the results of scientific, technical, economic, or social studies, aspects that govern fishing activities in general.\n\n4- As is publicly and inter-institutionally known, it is clear that Costa Rica possesses a stock of deepwater shrimp resources (Pinky, Fidel, Langostino Chileno, Camllito, and Camellón) which is not being utilized. In what way will access to these resources be permitted to generate well-being for the population? What gear may be used that has technical and scientific criteria? Since according to Article 6 of our Constitution, the following is established (…)\n\n\\t\n\nRegarding the development of research on the shrimp fishery, INCOPESCA conducted the research study titled, \"Assessment of the exclusion percentages of bycatch (fauna de acompañamiento, FACA) in the trawl fishery for deepwater pinky (Farfantepenaeus brevirostris) and fidel (Solenocera agassizii) shrimp, using different mesh sizes, devices such as Fishery Excluder Devices (Dispositivos de Excluidores de Pesca, DEPs), Turtle Excluder Devices (Dispositivos de Exclusión de Tortugas, DETs), and double sweepline (doble relinga), in the Costa Rican Pacific Ocean,\" in accordance with what was requested by the judicial bodies within the framework of judgment No. 277-2018-I of the Contentious-Administrative Appeals Tribunal and resolution number 2018014168 of the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, which had to be carried out within a timeframe not recommended for reasons inherent to the court ruling. With respect to compliance with ruling No. 10540-2013, File 12-010016-0007-CO of the Constitutional Chamber, Resolution Number 277-2018-I, of July 30, 2018, of the Contentious-Administrative Tribunal, File No. 17-001929-1027-CA, and Resolution 2018014168 of August 31, 2018; and File 18-009624-007-CO of the Constitutional Chamber, the inputs obtained from this research were submitted to the Constitutional Chamber, the Legislative Assembly, and the Contentious-Administrative Tribunal in compliance with these judgments. In relation to the above, it must be taken into consideration that INCOPESCA, as the governing entity in fisheries matters, has the obligation to provide comprehensive attention to what is referred to and decided both by the Constitutional Chamber and the Contentious-Administrative Tribunal, not remaining only in the literal text of the judgment, but rather the entire context encompassing the resolution must be considered, in order to provide attention in accordance with the spirit of what was resolved by the different judicial bodies. Likewise, INCOPESCA, as the specialized technical entity in accordance with the legal powers granted by the Fisheries and Aquaculture Law, as well as its enabling law, was clear regarding the need to additionally have the necessary scientific-technical inputs for a proper debate on this matter. For this reason, in order to expand and generate more technical-environmental inputs and fully comply with the court rulings, it was proposed to conduct the research study titled: \"Population Dynamics Assessment for the Shrimp Fishery by Trawl Vessels in the Pacific of Costa Rica,\" in which formal consultations would be made to incorporate, into the construction of the experimental research design, the proposals of the Ministry of Environment and Energy (MINAE), the Ministry of Agriculture and Livestock (MAG), the Public Universities, Research Centers, among other entities—highly required aspects that were central to the social and technical debate on the subject. The proposed study was projected to be carried out over a period of 24 months, in order to compare at least two years of data and consider possible variations caused by the ENSO phenomenon (El Niño–Southern Oscillation). The new research studies complement the one already conducted to evaluate the bycatch (FACA) exclusion percentages in the trawl fishery for deepwater pinky and fidel shrimp in response to the court rulings.\n\nAs you are aware, the tenders for vessel contracting were published and the shrimp sector did not participate in this process. It is important to mention and make clear that the results of these analyses were of utmost importance so that INCOPESCA and Costa Rican society in general would have technically and scientifically rigorous data for decision-making and so that the biological, socioeconomic, and regulatory criteria could be evaluated in order for the legislative branch to define whether or not the use of trawl fishing gear for shrimp capture was feasible, in which case the maximum sustainable yield (MSY) parameters should be established, as well as defining the reduction levels for bycatch (FACA), and determining spatial-temporal closures to protect the species when it is in growth zones and during reproduction periods. In this same context, the INCOPESCA Research Department, in the recommendations section of the final research report “Evaluation of the exclusion percentages of bycatch (fauna de acompañamiento, FACA) in trawl fishing for deepwater pinky shrimp (Farfantepenaeusbrevirostris) and fidel shrimp (Solenoceraagassizii), using different mesh opening sizes, devices such as (Fisheries Excluder Devices (DEPs), Turtle Excluder Devices (DETs) and double sweepline), in the Costa Rican Pacific Ocean,” highlights: a) That the approval of fishing licenses be conditioned on new research, such as: use of this net in other fishing zones, temporal behavior (day and night); seasonal (dry and rainy season) and spatial (longitudinal and bathymetric). In addition, it is necessary to determine the biomass catch at maximum sustainable yield, juvenile location zones, sizes at first sexual maturity, and others, to achieve a sustainable fishery for both species. b) Incorporate an ecosystem approach into new fisheries research, regarding the determination of the biological-fisheries parameters of the stocks, including available biomass, ecosystem carrying capacity, optimal exploitation levels, and others that are required, to obtain resource sustainability. In this line of thinking, INCOPESCA made the necessary observations through the institutional criteria issued to the Legislative Assembly on Bill 21478, via official letters PESJ-334-2019, of September 3, 2019 and PESJ-409-2019, of November 20, 2019 on the approved bill. INCOPESCA and other central government entities, with support from the World Bank, have prepared an entire program for the sustainable development of fisheries and aquaculture in the country, which will support INCOPESCA with exhaustive technical and scientific studies that guarantee the sustainable management of the country's main fisheries and allow us to maximize the use of coastal marine resources, ensuring productive, healthy, resilient seas with the greatest benefits for communities, as well as an aquaculture activity that enables the development of other zones, as part of our national objectives aligned with the blue economy. This initiative will modernize the fisheries and aquaculture model in Costa Rica, contributing to the development of the livelihoods of populations engaged in fishing, the generation of new jobs, and the socioeconomic development of the national fisheries and aquaculture sector. Thanks to this project, the Government will increase the contribution of seafood products to the national and regional economy by strengthening institutional capacity and governance of the fisheries sector, generating added value through the improvement of key fisheries infrastructure and marketing, and addressing social and environmental aspects, for an equitable and sustainable distribution of the benefits derived from the activity.\n\n\n\n\n5- Due to the veto restriction established for shrimp fishing in Bill 21478, I ask: What immediate measures is your administration taking to apply the prohibition or restriction on the import of wild shrimp caught under the trawl modality that does not have sustainability certifications, a requirement made under equal conditions to the shrimp fishing fleet of our country?\n\n\nRegarding the issue of prohibition or restriction on the import of shrimp obtained by trawling, I would like to highlight that, at the international level, the exchange of products is subject to the principles of non-discrimination, and primarily in this case, national treatment, which provides that the technical or quality requirements demanded of imported products must be demanded under the same terms as those for national products. In that sense, it is important to take into account that, although trawl fishing is not a currently permitted fishing gear, domestic production is not required to comply with a certification scheme.\n\n\n\n\n6- How does your administration determine that an impact is generated on artisanal communities? According to the Juntos por el Mar (Together for the Sea) program developed under the Solís Rivera administration, a program of dialogue roundtables was carried out that gave rise to marine spatial zoning and planning (zonificación y ordenamiento espacial marino) in which all the fishing communities of Costa Rica, environmental organizations, academia, and others participated, which established the resolution of conflicts among the country's fishing sectors and gave rise to the sustainable use of the shrimp resource, where the FAO also interacted and gave its endorsement and established the INCOPESCA board of directors agreement AJDIP 158-2017.\n\n\nIn response to the zoning issue, its determination requires a review and update, considering the changes in the marine ecosystem and recent fishing dynamics. It is worth mentioning that the Constitutional Chamber has emphasized compliance with the Principle of Democratic Sustainable Development and ensuring access to marine resources by fisheries.\n\n\n\n\n7- What is the measurement baseline established by the State to determine sustainability and that goes hand in hand with the principles of sustainable development issued by the United Nations?\n\n\nRegarding the definition of sustainability, based on the constitutional block and the Rule of Law, this definition is integrated from international regulations, national law, and constitutional jurisprudence. For this particular issue, what is indicated by the Constitutional Chamber in its judgment number 2013-10540 is considered, from which we highlight the following excerpts: \"Since the World Charter for Nature and with greater influence starting from the Rio Declaration, the principles of Environmental Law fulfill the transversal function of informing and regulating economic activity on the sea. This branch of law ceases to be a mere external limit, since from now on, all economic, social, and cultural activity related to the sea and its natural riches is increasingly subject to Environmental Law. Within the framework of these new principles, fishing activity has been progressively regulated, and has been imposed the obligation to use selective fishing gear and practices. It has been understood that non-selective fishing gear is a problem of global dimension due to the danger to the conservation of marine resources. The General Assembly of the United Nations has adopted by consensus various resolutions in an effort to put an end to that fishing modality, such as resolutions 46/215 of December 20, 1991 and 57/142 of December 12, 2002.\" In this same line, the Constitutional Chamber, referring to the FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries, in the cited judgment, that body held: \"This last international instrument moves along the path of environmental protection and the protection and conservation of marine ecosystems as a whole, based on the principle of responsible fishing. The Code seeks the sustainable use of fishery resources in harmony with the environment, as well as the use of capture and aquaculture practices that do not damage ecosystems, resources, or their quality. Responsible fishing must be carried out both in maritime zones subject to national jurisdiction and on the high seas. In this last scenario, the fundamental principle is that the right to fish in these waters does not mean a total and absolute freedom of fishing as in times past. The Code is framed within the already described trend of permeability of International Environmental Law to the Law of the Sea.\" From the foregoing, the Constitutional Chamber enshrines the Principle of Democratic Sustainable Development, based on which it is not only a matter of guaranteeing the use of existing resources by present generations, and of ensuring the subsistence of future ones, but that to achieve this, it must also be ensured that access to those resources and to the wealth generated by the economic activities related to fishing and aquaculture is distributed equitably in society, so that it reaches the greatest possible number of people and allows the solidary progress of the families that make up that social and productive sector. Responsibility is the principle that guarantees the effective application of the others. INCOPESCA is always willing as a technical-scientific entity to seek funding sources for the study of different fisheries that can promote sustainable fishing and have a social impact on the population.\n\n\n\n\n8- How does CIMAR Academy determine that shrimp fishing with trawl nets is unsustainable? I ask since, in 2006, the same CIMAR academy, together with biologist Ingo Werthman, stated in a publication prepared by the La Nación newspaper that deep-water shrimp fishing is sustainable.\n\n\nOn the other hand, regarding inquiries related to the Center for Research in Marine Sciences and Limnology (Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología, CIMAR), as this institution is part of the University of Costa Rica and outside the Executive Branch, in accordance with its autonomy, established at the constitutional level, the Presidency of the Republic has no interference in the administrative, technical, and decision-making aspects of that institution.\n\n\n\n\n9- Why must CIMAR Academy present the studies? Since the law establishes that INCOPESCA is the responsible entity in the matter.\n\n\n\nSame answer as in the previous point\n\n\n\n\n10- When does your administration consider that the studies to determine the sustainability of shrimp fishing will begin? Additionally, I request a breakdown to determine the costs of said studies according to the existing shrimp fleet.\n\n\n\nIt is not answered in a clear, express, and precise manner.\n\n\n\n\n11- I request a faithful copy of the administrative file containing the technical and legal justifications for which the veto in question was issued (…)\n\n\nFinally, by virtue of the request for information made, we proceed to send a copy of the documents that make up the administrative file of the veto act of Legislative Decree No. 9909, which I detail below:  Legislative Decree No. 9909 submitted to the Presidency of the Republic on October 27, 2020;  Official letter DM-0246-2020 signed by the heads of the Ministry of Environment and Energy and the Ministry of Agriculture and Livestock, through which they \"[state...] the need for the Executive Branch to totally veto Legislative Decree number 9909 and that based on the considerations [...] set forth, the base elements for the pertinent analysis are available,\" and  Official letter addressed to the President of the Legislative Assembly, No. DP-P- 099-2020, through which the decision to use the constitutional power to veto Bill No. 21478 \"for the Sustainable Use of Shrimp Fishing in Costa Rica\" is made known. Official letters DM-0246-2020 and DP-P-099-2020 record the legal and technical reasons for the veto act carried out by the Executive Branch (…).\n\n\nFrom the analysis of the previous comparative table, it is clear that the response provided referred to 10 of the 11 points formulated in the request made by the claimant on November 5, 2020; however, point 10 is not answered in an express and precise manner, even though it was clearly formulated: \"(…) When does your administration consider that the studies to determine the sustainability of shrimp fishing will begin? Additionally, I request a breakdown to determine the costs of said studies according to the existing shrimp fleet (…)\" (emphasis not in original). Based on the foregoing, this Constitutional Chamber must intervene, with the purpose of safeguarding the fundamental rights of the petitioner.\n\nVII.- Finally, it is important to take into account that the email address despachopresidente@presidencia.go.cr is considered an official means for attending to information requests, given that the respondent authority did not deny it, despite having been given the warning in the procedural resolution (article 45 of the Law of Constitutional Jurisdiction). Furthermore, it must not be lost sight of that on November 6, 2020, receipt of the request was acknowledged from that account.\n\nVIII.- Conclusion. Based on the merits of the foregoing, it is appropriate to declare the appeal with merit, with the consequences detailed in the operative part of the judgment.\n\nIX.-Documentation provided to the file. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not removed within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the \"Regulation on the Electronic Judicial File before the Judiciary,\" approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.\n\nTherefore:\n\nThe appeal is declared with merit. Geannina Dinarte Romero, in her capacity as Minister of the Presidency, or whoever holds that position in her place, is ordered to carry out all actions within the scope of her competencies and coordinate what is pertinent, so that within a period of TEN DAYS, counted from the notification of this judgment, point 10 of official letter No. FRN-MNP-140-2020 is answered in a clear, express, and precise manner. The foregoing under the warning that, based on the provisions of article 71, of the Law of Constitutional Jurisdiction, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on whoever receives an order that must be fulfilled or enforced, issued in an amparo or hábeas corpus appeal and does not fulfill it or does not have it fulfilled, provided the crime is not more severely punished. The State is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of the judgment in contentious-administrative proceedings. Notify.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nFernando Castillo V.\n\nPresident\n\n\n\n\n\n\nPaul Rueda L.\n\n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\n\nJorge Araya G.\n\n\n\n\n\nAnamari Garro V.\n\n\n\nAlejandro Delgado F.\n\n\n\n\n\nIleana Sánchez N.\n\n\n\nDigitally Signed Document\n\n-- Verification code --\n\n\n\nG743OH9NXJKQ61\n\n1\n\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 09-05-2026 09:13:35.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }