{ "id": "nexus-sen-1-0007-1027719", "citation": "Res. 08644-2021 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Órdenes sanitarias incumplidas en centro educativo y amparo", "title_en": "Unfulfilled sanitary orders in educational center and amparo", "summary_es": "La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo interpuesto por docentes del Centro Educativo Maíz de Los Uva contra el Ministerio de Educación Pública. Los recurrentes alegan que, desde 2017, el Área Rectora de Salud de Buenos Aires emitió órdenes sanitarias por deficiencias en infraestructura (falta de sala de profesores, servicios sanitarios insuficientes e inadecuados, carencia de extintores, condiciones impropias para el personal auxiliar, manejo inadecuado de residuos y falta de accesibilidad según Ley 7600). A pesar de los requerimientos, las autoridades no han cumplido cabalmente. La Sala constata que han transcurrido más de tres años sin acatamiento total y declara con lugar el amparo, ordenando al Ministerio cumplir las órdenes sanitarias en un plazo máximo de seis meses. La mayoría exime de condenatoria en costas, daños y perjuicios, pero varios magistrados salvan el voto y disponen condena en daños y perjuicios y/o costas. Las notas separadas destacan que, aunque este tipo de casos suelen ser de legalidad ordinaria, la puesta en peligro de la salud e integridad física de estudiantes y docentes justifica la intervención constitucional.", "summary_en": "The Constitutional Chamber hears an amparo filed by teachers of the Maíz de Los Uva Educational Center against the Ministry of Public Education. The claimants argue that, since 2017, the Buenos Aires Health Area issued sanitary orders due to infrastructure deficiencies (lack of a teachers' lounge, insufficient and inadequate sanitary services, lack of fire extinguishers, unsuitable conditions for auxiliary staff, improper waste management, and lack of accessibility under Law 7600). Despite requirements, the authorities have not fully complied. The Chamber finds that more than three years have passed without full compliance and grants the amparo, ordering the Ministry to comply with the sanitary orders within a maximum of six months. The majority exempts the respondent from paying costs, damages, and losses, but several justices dissent and order compensation for damages and/or costs. Separate notes emphasize that, although such cases are usually matters of ordinary legality, the endangerment of the health and physical integrity of students and teachers justifies constitutional intervention.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "30/04/2021", "year": "2021", "topic_ids": [ "_off-topic" ], "primary_topic_id": "_off-topic", "es_concept_hints": [ "recurso de amparo", "orden sanitaria", "Ley 7600", "derecho a la salud", "integridad física", "voto salvado" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 52", "law": "Ley de la Jurisdicción Constitucional" }, { "article": "Art. 51", "law": "Ley de la Jurisdicción Constitucional" }, { "article": "varios", "law": "Ley 7600" } ], "keywords_es": [ "recurso de amparo", "órdenes sanitarias", "Ley 7600", "infraestructura educativa", "derecho a la salud", "integridad física", "condenatoria en costas", "votos salvados" ], "keywords_en": [ "amparo", "sanitary orders", "Law 7600", "educational infrastructure", "right to health", "physical integrity", "costs award", "dissenting opinions" ], "excerpt_es": "Dado lo anterior, este Tribunal constata que desde hace más de tres años que existe una orden sanitaria para que se mejore la infraestructura del centro educativo accionado y no ha sido acatada en su totalidad. Ahora bien, siendo que con ocasión de la notificación del presente recurso de amparo, las autoridades accionadas tomaron las acciones pertinentes para que se le diera seguimiento y se revalorara la orden sanitaria Nº ARSBA-ERS-OS-166- 2017, lo procedente es declarar con lugar el amparo, pero sin condenatoria en costas, daños y perjuicios, ordenando a las autoridades recurridas que dentro del plazo máximo de SEIS MESES, se haga efectivo el cumplimiento de la orden sanitaria Nº ARSBA-ERS-OS-166- 2017.", "excerpt_en": "Given the above, this Tribunal finds that for more than three years there has been a sanitary order to improve the infrastructure of the respondent educational center and it has not been fully complied with. However, since upon notification of this amparo the respondent authorities took the necessary actions to follow up and reassess the sanitary order No. ARSBA-ERS-OS-166-2017, it is appropriate to grant the amparo, but without an award of costs, damages, and losses, ordering the respondent authorities to ensure compliance with sanitary order No. ARSBA-ERS-OS-166-2017 within a maximum period of SIX MONTHS.", "outcome": { "label_en": "Granted", "label_es": "Con lugar", "summary_en": "Amparo granted, without costs, and ordered to comply with sanitary orders within six months.", "summary_es": "Se declara con lugar el amparo, sin condenatoria en costas, y se ordena cumplir las órdenes sanitarias en un plazo de seis meses." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando IV", "quote_en": "this Tribunal finds that for more than three years there has been a sanitary order to improve the infrastructure of the respondent educational center and it has not been fully complied with.", "quote_es": "este Tribunal constata que desde hace más de tres años que existe una orden sanitaria para que se mejore la infraestructura del centro educativo accionado y no ha sido acatada en su totalidad." }, { "context": "Considerando V", "quote_en": "While there is an express text in the law that obliges the operative part of the judgment to state that the recourse is granted, it is also true that the same first paragraph of article 52 of the cited law states that the grant is issued \"solely for purposes of compensation and costs, if they are applicable\".", "quote_es": "Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, también cierto es que el mismo párrafo primero del artículo 52 de la ley de cita, refiere que la estimatoria se dicta \"únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes\"." }, { "context": "Voto salvado, Considerando VI", "quote_en": "The constitutional jurisdiction of this Tribunal in matters of amparo and habeas corpus - called the jurisdiction of liberty - is special because its purpose is not that of the traditional judge who resolves a dispute between two parties, faced by a legal dispute.", "quote_es": "La jurisdicción constitucional a cargo de este Tribunal en materia de amparo y hábeas corpus -la jurisdicción de la libertad como se le denomina- es especial porque su finalidad no es la del juez tradicional que dirime un conflicto entre dos partes, enfrentadas por una disputa legal." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [ { "target_id": "norm-23261", "kind": "concept_anchor", "label": "Ley 7600 varios" } ], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1027719", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [], "sentencias_relacionadas": [], "temas_y_subtemas": [], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 08644 - 2021\n\nFecha de la Resolución: 30 de Abril del 2021 a las 09:15\n\nExpediente: 21-005910-0007-CO\n\nRedactado por: Luis Fdo. Salazar Alvarado\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\nSentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n*210059100007CO*\n\nExp: 21-005910-0007-CO\n\nRes. Nº 2021008644\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del treinta de abril de dos mil veintiuno .\n\n Recurso de amparo que se tramita en expediente número 21-005910-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], [Nombre 002], cédula de identidad [Valor 002], [Nombre 003], cédula de identidad [Valor 003] , [Nombre 004] , cédula de identidad [Valor 004], [Nombre 005], cédula de identidad [Valor 005] , [Nombre 006] , cédula de identidad [Valor 006], [Nombre 007], cédula de identidad [Valor 007], [Nombre 008], cédula de identidad [Valor 008], [Nombre 009], cédula de identidad [Valor 009], [Nombre 010], cédula de identidad [Valor 010] , [Nombre 011] , [Nombre 012], cédula de identidad [Valor 011] , [Nombre 013] , ninguno, [Nombre 014], cédula de identidad [Valor 012], [Nombre 015], cédula de identidad [Valor 013] y [Nombre 016] , cédula de identidad [Valor 014]; contra el MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA.\nResultando:\n1.- Por escrito recibido mediante el fax de la Sala a las 09:59 horas del 25 de marzo del 2021, los recurrentes interponen recurso de amparo contra el Ministerio de Educación Pública. Manifiestan que el Centro Educativo Maíz de Los Uva código 5132, del circuito 05 de la Regional de Educación Grande del Térraba, no cuenta con una sala de profesores donde puedan permanecer en sus lecciones libres, lecciones virtuales o a distancia, que se encuentre debidamente acondicionado para dicho fin. Además, no cuenta con al menos un servicio sanitario por género que cumpla con lo estipulado en la Ley 7600, dado que, solo cuenta con un inodoro que cumple los requisitos de esa ley que es utilizado tanto por el personal docente y administrativo como por el estudiantado. Señalan, que, el Área Rectora de Salud de Buenos Aires emitió la Orden Sanitaria N° ARSBA-ERS-OS-166- 2017, debido a las condiciones de la institución, la cual, en su punto cuatro se establece que por cada treinta hombres (estudiantes) debe existir un inodoro, un lavatorio y un mingitorio. Sin embargo, la institución cuenta con sesenta y tres hombres matriculados que deben abastecerse la totalidad con un inodoro ya que el segundo está en mal estado desde el año 2018 y tampoco tienen el sistema de lavado funcionando por lo que al orinar, los residuos no se desechan correctamente, quedando la orina en la loza seca. Sostienen que en la orden sanitaria de cita, en su punto cuatro establece también que por cada veinte mujeres (estudiantes) debe existir un inodoro y un lavatorio por cada treinta. Al respecto, el colegio cuenta con setenta y cinco mujeres matriculadas y la totalidad se abastece con tres inodoros. A esto suman que, en esa misma orden se indicó que por cada veinte hombres y veinte mujeres trabajadores (as) debe existir -al menos- un inodoro y un lavatorio por cada género; siendo que la institución, solo cuenta con un inodoro y un lavamanos para abastecer a la totalidad del personal docente y administrativo. Adicionan que la misma orden en su punto nueve establece que por cada doscientos metros cuadrados de construcción debe colocarse un extintor vigente en un lugar visible a una altura de un metro veinte del suelo a la manilla; empero, la institución cuenta con un único extintor, colocado en la secretaria para cubrir aproximadamente setecientos ochenta metros cuadrados. Refieren que de acuerdo con lo estipulado por el Ministerio de Educación Pública, los auxiliares de vigilancia deben contar con un aposento acondicionado con inodoro, lavamanos y un área de construcción con las medidas mínimas establecidas, requisito que tampoco se cumple en la actualidad, pues, la casetilla del Auxiliar de Vigilancia de la institución tiene medidas inferiores a cuatro metros cuadrados y no cuenta ni con lo necesario para procurar el necesario resguardo de higiene. De otra parte, según lo estipulado por el Ministerio de Educación Pública, los conserjes deben contar con un aposento acondicionado con bodega, inodoro, lavamanos y un área para sus artículos personales; no obstante, la bodega de artículos de limpieza es el mismo espacio donde los docentes permanecen en sus lecciones libres. Agregan que las instituciones educativas deben contar con un programa que regule y provea un adecuado tratamiento y manejo de los residuos orgánicos e inorgánicos de acuerdo a la Ley 8839 y la Ley 7554 de Gestión Ambiental, siendo que, en el centro educativo de cita, arrojan todos los desechos a una fosa y los queman, de manera que el humo ocasiona contaminación ambiental hasta por una semana en cada quema. Aparte, mencionan que la institución no cumple con los requisitos establecidos en la Ley 7600, dado que en el lugar designado para impartir lecciones de Educación Física y realización de actos cívicos no cuenta con rampa para el acceso, ni tampoco la entrada principal. Solicitan a la Sala que declare con lugar el recurso de amparo, con las consecuencias legales que ello implique.\n  2.- Por resolución de Presidencia de las 06:51 horas del 29 de marzo de 2021 se le dio curso al presente recurso de amparo.\n3.- Informa bajo juramento Catalina Salas Hernández, en su condición de Directora de la Dirección de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación Pública, que dicha Dirección no ha desatendido gestiones del Centro Educativo Maíz de Los Uva, ya que se tramitó y gestionó para atender dicha orden sanitaria, siendo que se realizó la visita técnica y se hizo el informe diagnóstico y propuesta de intervención y en diciembre del 2018 se hizo la solicitud de recursos para dar inicio al proceso de contratación administrativa para intervención y acatamiento de la orden sanitaria. Acota que las obras que se definen a partir de la orden sanitaria requieren la contratación de servicios profesionales, ya que a pesar de que parte de las obras a realizar son modulares; ya inscritas y avaladas ante del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, las obras complementarias si deben diseñarse y adecuarse en conjunto con las modulares para este centro educativo específico. Menciona que a pesar de que la solicitud de recursos se realizó, no se ha podido destinar los recursos debido a la priorización para la debida atención de casos de emergencias que maneja la Dirección accionada, en razón a los recortes presupuestarios sufridos a través de los años y a la magnitud y tipo de solicitudes que se atienden, siendo estas priorizadas sobre la atención de espacios indispensables y esenciales para brindar la educación en una edificación, según lo establece el artículo 15 del decreto 41103 “Reglamento de requerimientos de diseño arquitectónico sobre edificios para la educación pública y privada en Costa Rica” y el artículo 287 del Reglamento de Construcciones, así como lo establecido en la Ley 7600 y su Reglamento. Expone que la acción inmediata por parte de esta dependencia, es la asignación con prioridad del caso por parte del Departamento de Programación y Seguimiento al Departamento de Mantenimiento ambos de la Dirección recurrida, asignación de solicitud técnica T-MS-C5132-21-94, con el propósito de revalorar la orden sanitaria indicada y considerar un nuevo planteamiento para su intervención, para optar por obras  esenciales y de mantenimiento menor que permitan darle un solución pronta y oportuna al centro educativo, considerando las posibilidades de esa Dirección y basados en el principio de razonabilidad y proporcionalidad en la atención de casos que se atienden. Solicita a la Sala que declare sin lugar el recurso.\n4.- Informa bajo juramento José Víctor Estrada Torres, en su condición de Director de la Dirección Regional Grande del Térraba del Ministerio de Educación Pública, que mediante oficio N° CMU-017-2021, la directora del centro educativo recurrido indicó que desde el año 2016 se solicitó a la Dirección de Infraestructura Educativa de este Ministerio, la construcción de la sala de profesores ya que en ese entonces no había ningún lugar apto para tal fin, tanto la  directora como la junta solicitaron en muchas ocasiones una audiencia con el Director de Infraestructura; sin embargo, no hubo respuesta, por lo que, debido a esto, decidieron acondicionar un lugar donde los docentes pudieran estar, en espera a que dicha Dirección, les diera una solución, siendo que, tiempo después, el Ministerio de Salud procediera a girar Orden Sanitaria por ese mismo tema. Acota que en cuanto al servicio para discapacitados, indica que si es cierto que existe solo uno, debe ser usado por dos estudiantes que se mantiene este año con alguna discapacidad ya que los docentes no lo necesitan. Comenta que además dicho oficio de la Directora expuso lo siguiente: “(...)en los servicios de hombres se encuentran dos habilitados, y desde el 2018 se hizo la debida reparación de daños. Según lo indicado, este año han hecho lo humanamente posible con el presupuesto, con el fin de mantener los inodoros en buenas condiciones, también se ha solicitado al DIEE, sin éxito al respecto. La cantidad de estudiantes con la que estamos trabajando este año es de 35 mujeres y 30 hombres cada semana, ya que se trabaja semana de por medio, por lo que los servicios existentes si cubren la necesidad, con esta modalidad. Existen dos extintores y el área de construcción es de 540 metros, y el Ministerio de Salud procedió a revisarlo, otorgando el visto bueno, siendo importante destacar que algunas cosas que van en la orden sanitaria se subsanaron posterior a la emisión y recibo de la misma. En cuanto a la caseta del guarda, el Ministerio de Salud revisó las instalaciones y no encontraron irregularidad alguna en dicha caseta. El del Ministerio de Salud nunca ha indicado que la bodega del conserje debe tener servicio sanitario, ya que en la institución cuenta con un servicio sanitario para funcionarios y en total son 17 funcionarios los que hacen uso de él”. Menciona que, en cuanto a los residuos sólidos, lo que se trata de hacer es enterrar dichos residuos ya que por la ubicación de la institución no se puede optar por ninguna otra solución. Manifiesta que desde el año 2016 y años posteriores, se ha solicitado audiencias con el Director de Infraestructura, enviando la directora solicitud de construcción de diferentes estructuras; sin embargo, no hubo respuesta, además indica la directora que para el año 2020, el presupuesto fue bajado en más de un cincuenta por ciento por lo que ha sido difícil. Solicita a la Sala que declare sin lugar el recurso.\n5.- Informa bajo juramento Guiselle Cruz Maduro, en su condición de Ministra del Ministerio de Educación Pública, en los mismos términos en que lo hizo la Directora de la Dirección de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación Pública. Solicita a la Sala que declare sin lugar el recurso.\n6.- Informa bajo juramento Elke Mata Rivera, en su condición de Directora del Colegio Maíz de los Uva, en los mismos términos en que lo hizo el Director de la Dirección Regional Grande del Térraba. Solicita a la Sala que declare sin lugar el recurso.\n7.- Mediante constancia emitida por la Técnica Judicial 3 y el Secretario, ambos de la Sala Constitucional, se tiene que el Director del Área de Salud de Buenos Aires del Ministerio de Salud omitió rendir el informe solicitado mediante la resolución de las 06:51 horas del 29 de marzo de 2021.\n8.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.\n\n  Redacta el Magistrado Salazar Murillo; y,\n\nConsiderando:\n\nI.- DE PREVIO. En vista de que el Director del Área de Salud de Buenos Aires no rindió el informe solicitado en el plazo señalado en la resolución de las 06:51 horas del 29 de marzo de 2021, de conformidad con el artículo 45, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se entra a resolver el recurso con base en los demás escritos y pruebas contenidos en los autos.\nII.- OBJETO DEL RECURSO. Los recurrentes consideran lesionados sus derechos fundamentales, toda vez que laboran para el Centro Educativo Maíz de Los Uva y desde el año 2017, el Área Rectora de Salud de Buenos Aires emitió la orden sanitaria Nº ARSBA-ERS-OS-166-2017, debido a las condiciones de la institución accionada, así como que la orden sanitaria N° ARSBA-ERS-442-2018 del 31 de agosto de 2018, determinó el incumplimiento de la orden sanitaria del año 2017 y se les otorgó un plazo no mayor a mes y medio para el cumplimiento de la misma; sin embargo, a la fecha en que acuden en amparo no se han realizado las gestiones pertinentes para su debido cumplimiento.\nIII.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:\na) Los recurrentes laboran para el Colegio Maíz de Los Uva (hecho incontrovertido).\nb) El 18 de diciembre de 2017, el Área de Salud de Buenos Aires del Ministerio de Salud dictó la orden sanitaria Nº ARSBA-ERS-OS-166-2017, para que en el centro educativo accionado se realizaran mejoras a nivel institucional (véase informe rendido por las autoridades accionadas y prueba aportada por los recurrentes).\nc) El 31 de agosto de 2018, el Área de Salud de Buenos Aires dictó la orden sanitaria N° ARSBA-ERS-442-2018, donde se le dio seguimiento a la orden sanitaria Nº ARSBA-ERS-OS-166-2017 y se dictaminó que no se cumplía con algunos puntos todavía, por lo que al colegio recurrido se le otorgó un plazo no mayor a mes y medio para el cumplimiento de la misma (véase informe rendido por las autoridades accionadas y prueba aportada por los recurrentes).\nd) Las autoridades recurridas fueron notificadas del presente recurso de amparo entre el 30 de marzo y 6 de abril, ambas fechas de 2021 (véase actas de notificación).\ne) Con ocasión de la notificación del presente recurso de amparo, el 6 de abril de 2021, el Departamento de Programación y Seguimiento del ministerio recurrido envió correo electrónico al Departamento de Mantenimiento de ese mismo ministerio, con la asignación de solicitud técnica N° T-MS-C5132-21-94, con el propósito de revalorar la orden sanitaria indicada y considerar un nuevo planteamiento para su intervención, para optar por obras esenciales y de mantenimiento menor que permitan darle un solución pronta y oportuna al centro educativo accionado (véase informe rendido por las autoridades recurridas y prueba aportada).\n\nIV.- SOBRE EL CASO EN CONCRETO. En el sub lite, los recurrentes consideran infringidos sus derechos fundamentales, toda vez que laboran para el Centro Educativo Maíz de Los Uva y desde el año 2017, el Área Rectora de Salud de Buenos Aires emitió la Orden Sanitaria Nº ARSBA-ERS-OS-166-2017, debido a las condiciones de la institución accionada, así como que la orden sanitaria N° ARSBA-ERS-442-2018 del 31 de agosto de  2018, determinó el incumplimiento de la orden sanitaria del año 2017 y se les otorgó un plazo no mayor a mes y medio para el cumplimiento de la misma; sin embargo, a la fecha en que acuden en amparo no se han realizado las gestiones pertinentes para su debido cumplimiento. Al respecto, las autoridades del Ministerio de Educación Pública no niegan los hechos y, por el contrario, la Directora de la Dirección de Infraestructura Educativa de ese Ministerio indicó que con ocasión de la notificación del presente recurso de amparo, el 6 de abril de 2021, el Departamento de Programación y Seguimiento envió correo electrónico al Departamento de Mantenimiento, ambos de la Dirección recurrida, con la asignación de solicitud técnica N° T-MS-C5132-21-94, con el propósito de revalorar la orden sanitaria indicada y considerar un nuevo planteamiento para su intervención, para optar por obras  esenciales y de mantenimiento menor que permitan darle un solución pronta y oportuna al centro educativo accionado. Dado lo anterior, este Tribunal constata que desde hace más de tres años que existe una orden sanitaria para que se mejore la infraestructura del centro educativo accionado y no ha sido acatada en su totalidad. Ahora bien, siendo que con ocasión de la notificación del presente recurso de amparo, las autoridades accionadas tomaron las acciones pertinentes para que se le diera seguimiento y se revalorara la orden sanitaria Nº ARSBA-ERS-OS-166- 2017, lo procedente es declarar con lugar el amparo, pero sin condenatoria en costas, daños y perjuicios, ordenando a las autoridades recurridas que dentro del plazo máximo de SEIS MESES, se haga efectivo el cumplimiento de la orden sanitaria Nº ARSBA-ERS-OS-166- 2017.\n\n V.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL.  Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala es del criterio que la estimatoria que opera ex lege, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC), el cual dispone: \"Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso (…)\", debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, también cierto es que el mismo párrafo primero del artículo 52 de la ley de cita, refiere que la estimatoria se dicta \"únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes\". Se subraya que la Ley indica \"si fueren procedentes\", lo cual quiere decir que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas dependen de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este en que opera una terminación anormal del proceso, asimilable al desistimiento por satisfacción extraprocesal, es criterio de mayoría que no cabe condenar en costas, como tampoco en daños y perjuicios, porque las consecuencias económicas de la sentencia son similares a las de un archivo del expediente. Además, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que tales menoscabos, lesiones o alteraciones patrimoniales, no han tenido lugar; al menos en este amparo no hay elementos de juicio que sugieran otra cosa. Nada obsta para que, en casos de excepción, la Sala pueda considerar la procedencia de la indemnización. Cuando las leyes presentan omisiones o minusvalías, corresponde a los jueces enderezar esas carencias; si las leyes carecen de inteligencia en ciertos aspectos, no queda otro remedio que interpretarlas y aplicarlas conforme a las exigencias de la lógica procesal. Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: \"toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia\", se refiere a una forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de hechos que han vulnerado los derechos fundamentales de la parte actora en el proceso. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás Códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. A lo anterior se añaden razones de hecho, las cuales la Sala no puede soslayar, como lo demuestran casi tres décadas de la Jurisdicción Constitucional creada en 1989, en las cuales se ha generado un ejercicio abusivo de la acción vicaria en el recurso de amparo, con fines de riqueza en la indemnización, en la medida que no participa directamente las presuntas víctimas. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños o perjuicios.\n\n VI.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA HERNÁNDEZ LÓPEZ, SOBRE LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DERIVADAS DE DECLARAR CON LUGAR ESTE RECURSO. Coincido con la mayoría de la Sala en la decisión tomada respecto de la existencia de una lesión a los derechos fundamentales en este caso, la cual ha sido corregida con ocasión de la intervención de la Sala; no obstante, me separo de su decisión en relación con el tema de las consecuencias económicas de dicha declaratoria.\n\nLa jurisdicción constitucional a cargo de este Tribunal en materia de amparo y h ábeas corpus -la jurisdicción de la libertad como se le denomina- es especial porque su finalidad no es la del juez tradicional que dirime un conflicto entre dos partes, enfrentadas por una disputa legal. Su materia es de orden público, y su objetivo es brindar protección judicial a las personas en el ejercicio de sus derechos fundamentales de manera tal que no se perturbe su disfrute por actos de quien, de hecho o de derecho, realiza ejercicios concretos de autoridad, capaces de vulnerarlos.\n\nEsa vocación protectora de la jurisdicción constitucional se concreta en un dise ño procesal también peculiar, célere y gratuito en donde se impone a la autoridad pública recurrida la simple rendición de “un informe” sobre lo actuado en el caso denunciado (artículos 43, 44, 45 y 46 de la LJC). Así que no se trata técnicamente de un litigio y acorde con ello, se entregan a la Sala Constitucional amplios poderes para orientar el curso del proceso de amparo o de hábeas corpus, tanto respecto de la posibilidad de requerir información a otras autoridades sobre lo sucedido, como respecto del manejo amplio de la prueba que pueda servir para aclarar lo sucedido. Tal marco procesal de la jurisdicción de la libertad, donde no existen dos partes antagónicas enfrentadas de modo que lo que gane una lo pierda la otra, impone alejarnos de las soluciones que para estas últimas cuestiones han sido previstos en sistemas procesales como el civil, el contencioso o el laboral.\n\nEn lo que ahora interesa, la Ley de la Jurisdicción Constitucional regula en sus artículos 46 y siguientes, tres aspectos concretos del ejercicio de la función jurisdiccional de protección de derechos fundamentales, a cargo de la Sala: a) el primer aspecto es el atinente a la declaración que debe hacerse de la existencia o inexistencia de la violación (artículos 46 y 47 LJC); b) el segundo, regula de forma cuidadosa las potestades de las que goza el Tribunal para revertir los efectos jurídicos de la infracción a los derechos fundamentales y restaurar, de la forma más efectiva, su ejercicio (artículos 49 y 50 LJC); c) el tercer aspecto, (artículo 51 LJC) dispone reglas sobre las consecuencias económicas de tales procesos de amparo y habeas corpus, de manera tal que – ante la constatación de una lesión parte de la Sala-exista una restauración del disfrute de tales derechos y, además, una efectiva indemnización de los daños y gastos ocasionados, como parte del derecho a una justicia efectiva en cuanto a la reparación de las consecuencias dañosas generadas por las autoridades que resulten infractoras, las cuales no son sólo para efectos de la tutela judicial efectiva de la parte accionante, sino también con un fin disuasorio para que el Estado, no incurra en el futuro en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50 de la ley de la Jurisdicción Constitucional.\n\nEn este último aspecto, la Ley en su artículo 51 ordena a la Sala que “ toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso…”. Este es el sistema general que regula los temas del ámbito indemnizatorio, para los casos que la mayoría identifica como “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerados los derechos fundamentales…”; en tales casos, dentro de los que se cuenta el que ahora se decide, la Sala ha tenido por comprobado el agravio y de allí la necesidad de una condenatoria en costas daños y perjuicios, que se apoya en el concepto antes citado de una tutela efectiva de los derechos de las personas y en la noción de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y gastos que ocasione con su actuar inconstitucional. No cambia en nada esta conclusión por el hecho de que al conocer y resolver el amparo, “hubieren cesado los efectos del acto reclamado”  (artículo 50) pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria automática en costas daños y perjuicios, por entenderse que el proceso ha terminado de forma normal y se ha constatado la violación.\n\nDentro de este marco general sencillo y claro -y carente de minusvalías o vacíos- la disposición del artículo 52 de la Ley encaja perfectamente como un caso de excepción, aplicable únicamente en los casos en que la Sala no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, es decir -como lo dice la mayoría- en aquellas situaciones de “terminación anormal del proceso”. Pero las condiciones y alcances para decretar esa forma de conclusión están delimitados como suma precisión por parte del legislador; en primer lugar, los presupuestos de hecho para la aplicación de esta norma, están claramente descritos, de modo que la Sala debe comprobar: 1) que el amparo está en curso; 2) que exista una resolución administrativa o judicial (que debe entenderse en su sentido estrictamente formal); y 3) que en tal resolución se disponga incuestionablemente la revocación, la detención o la suspensión de la actuación impugnada. Se trata de conceptos sumamente acotados, cuyo ámbito de aplicación debe además ser interpretado restringidamente, no solo en atención a la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino porque las consecuencias de aplicar tal excepción generan indiscutiblemente una disminución en el derecho fundamental de las personas a lograr una efectiva tutela judicial frente a los daños recibidos con la lesión a sus derechos constitucionales. En conclusión, únicamente en tales limitados casos y luego de confirmado por el Tribunal todo lo anterior, a la luz de una lectura restrictiva de sus alcances, estaríamos ante la necesidad de dejar de lado el sistema general de condenatoria automática en costas daños y perjuicios, y ejercitar -como jueces- nuestra discreción jurídica para decidir si se ordena el pago de tales extremos o no.\n\nEn este caso, el ejercicio anterior obliga a concluir la inaplicabilidad del artículo 52 de LJC, pues, por una parte, el Tribunal se ha pronunciado sobre el fondo del asunto, ha reconocido con su declaración una lesión a derechos fundamentales y determinado quién ha sido su autor; en nada se asemeja lo anterior una “terminación anormal del proceso”. Por otra parte, tampoco se verifican los requisitos del artículo 52 recién citado, ya que no existe una “resolución administrativa o judicial” formalmente emitida y en la cual, de manera expresa se revoque, detenga o suspenda el acto que origina la violación de derechos constitucionales; Por todo ello, es procedente aplicar lo dispuesto en los artículos 50 y 51 de la LJC y disponer -como consecuencia de haberse comprobado la violación- la condenatoria en daños, perjuicios y costas causados, en calidad de consecuencias económicas del proceso.\n\nPero incluso, aún si dejásemos de lado la condena automática en daños, perjuicios y costas, despreciando los razonamientos anteriores, lo cierto es que los hechos probados de este caso han llevado a la Sala a declarar la existencia de una afectación en el ejercicio de los derechos fundamentales del amparado, que, como acción dañosa que es, lleva aparejada una presunción de surgimiento de daños y perjuicios económicos -cuya determinación concreta no le toca a la Sala-, y no se aprecia en el expediente mérito alguno que convenza para exonerar a la autoridad recurrida de cubrir la efectiva reparación de las consecuencias dañinas de sus actos, según el principio general dispuesto expresamente en la ley.\n\nVII.- VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO, ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LA NO CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA. Si bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.\nLa Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:\n\n“ Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.\n\nPor otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:\n\n“ ...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.\n\nEsta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales… ”.\nEn criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.\nAsí, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.\nPor otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”.\nEl legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “ únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.\n\nEn mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaro.\n\nVIII.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.\n\nMi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.\n\nCiertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es de carácter indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.\n\nSi el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de estos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título – derivado de este proceso – para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya dictado la condenatoria en abstracto, no se han ocasionado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.\n\nCon la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido.\n\nEn razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas.\n\nIX.- NOTA SEPARADA DE LA MAGISTRADA HERNÁNDEZ LÓPEZ. Como línea general sostengo que los reclamos por omisiones en relación con temas de infraestructura pueden y deben ser atendidos por los órganos administrativos competentes y de control así como por la jurisdicción ordinaria.- Pero también he dejado hecha la salvedad de que la puesta en peligro de derechos como la integridad física y la salud ameritan la intervención de este Tribunal.- Ello sucede en este caso concreto tal y como se demuestra del elenco de hechos demostrados que permite concluir que existe un peligro inminente para la integridad física o la salud de las personas -estudiantes, docentes y demás personal en general que asisten al Centro Educativo Maíz de Los Uva código 5132, del circuito 05 de la Regional de Educación Grande del Térraba- y que las autoridades que conocen del problema no han actuado con la diligencia necesaria para dar remedio a dicha urgencia.- Por estas razones es que concurro con el voto de mayoría.- \n\nX.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En tesis de principio, considero que los casos relacionados con la actividad o inactividad de la Administración Pública en la reparación, construcción, modificación o demolición de cualquier obra de infraestructura, deben ser desestimados, por constituir, esa omisión, un tema de legalidad, cuya discusión corresponde a la jurisdicción ordinaria, ante la cual la persona interesada puede debatir, con mayor amplitud, sus disconformidades. Sin embargo, cuando de aquella conducta administrativa (omisiva o no) se derive alguna violación a otros derechos fundamentales tutelados en esta jurisdicción constitucional, o se afecten grupos considerados vulnerables, sí entro a conocer el fondo del asunto, por constituir esta situación una excepción a mi posición en esta materia, tal y como sucede en este caso, en que la parte recurrente acusa que el Centro Educativo Maíz de Los Uva tiene una serie de deficiencias estructurales, las cuales fueron señaladas desde el año 2017 por parte del Área Rectora de Salud de Buenos Aires, quien inclusive emitió orden sanitaria en dos ocasiones debido a las condiciones de la institución accionada y se les otorgó un plazo para el cumplimiento y realizar las mejoras pertinentes; sin embargo, a la fecha en que acuden en amparo no se han realizado las remodelaciones, poniendo en riesgo su salud, integridad física y vida. \n\nXI.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes, que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del Despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11, del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19, del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12, celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPor tanto:\n Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. Se ordena a Guiselle Cruz Maduro, en su condición de Ministra, a Catalina Salas Hernández, en su condición de Directora de la Dirección de Infraestructura Educativa, y a Elke Mata Rivera, en su condición de Directora del Colegio Maíz de los Uva, todas del Ministerio de Educación Pública, o a quienes ejerzan esos cargos, que dentro del plazo máximo de SEIS MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se haga efectivo el cumplimiento de la orden sanitaria Nº ARSBA-ERS-OS-166-2017, así como de la N° ARSBA-ERS-442-2018 (seguimiento de la anterior), emitidas por el Área de Salud de Buenos Aires del Ministerio de Salud; y, en consecuencia, se realicen las mejoras necesarias en el centro educativo a efectos de evitar una infracción al derecho a la salud o vida en perjuicio de los docentes y alumnos. Se advierte a los recurridos que de conformidad con el artículo 71, de la Ley de esta Jurisdicción, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. La Magistrada Hernández López salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas de conformidad con los artículos 50 y 51 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. El Magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y ordena también la condenatoria en daños, perjuicios y costas a la parte recurrida. La Magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas. La Magistrada Hernández López pone nota. El Magistrado Salazar Alvarado pone nota. Notifíquese.-\n\n \n\n \n\n \n\t\nFernando Castillo V.\nPresidente\n\t\n \n\n\nNancy Hernández L.\n\t\n \n\t\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\nAnamari Garro V.\n\t\n \n\t\nMarta Eugenia Esquivel R.\n\n\nRonald Salazar Murillo\n\t\n \n\t\nIleana Sánchez N.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n*JV6P2XFEJ5Y61*\n\n JV6P2XFEJ5Y61\n\nEXPEDIENTE N° 21-005910-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 09-05-2026 09:14:57.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "**CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE.** San José, at nine hours fifteen minutes on the thirtieth of April two thousand twenty-one.\n\nAn amparo appeal processed under case file number 21-005910-0007-CO, filed by [Name 001], identity card [Value 001], [Name 002], identity card [Value 002], [Name 003], identity card [Value 003], [Name 004], identity card [Value 004], [Name 005], identity card [Value 005], [Name 006], identity card [Value 006], [Name 007], identity card [Value 007], [Name 008], identity card [Value 008], [Name 009], identity card [Value 009], [Name 010], identity card [Value 010], [Name 011], [Name 012], identity card [Value 011], [Name 013], none, [Name 014], identity card [Value 012], [Name 015], identity card [Value 013] and [Name 016], identity card [Value 014]; against the MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA.\n\n**Whereas:**\n\n1.- By brief received via the Chamber's fax at 09:59 hours on March 25, 2021, the appellants file an amparo appeal against the Ministerio de Educación Pública. They state that the Centro Educativo Maíz de Los Uva, code 5132, of circuit 05 of the Regional de Educación Grande del Térraba, does not have a teachers' lounge where they can remain during their free lessons, virtual or distance lessons, that is duly conditioned for this purpose. Furthermore, it does not have at least one sanitary service per gender that complies with the stipulations of Ley 7600, given that it only has one toilet that meets the requirements of that law, which is used by both the teaching and administrative staff and the student body. They point out that the Área Rectora de Salud de Buenos Aires issued Orden Sanitaria N° ARSBA-ERS-OS-166-2017, due to the conditions of the institution, which, in its point four, establishes that for every thirty men (students) there must be one toilet, one washbasin, and one urinal. However, the institution has sixty-three enrolled men who must all be supplied by one toilet since the second one has been in poor condition since 2018, and they also do not have the flushing system working, so when urinating, the waste is not disposed of correctly, leaving the urine in the dry bowl. They maintain that in the cited sanitary order, its point four also establishes that for every twenty women (students) there must be one toilet and one washbasin for every thirty. In this regard, the school has seventy-five enrolled women, and all are supplied by three toilets. To this they add that, in that same order, it was indicated that for every twenty male workers and twenty female workers there must be -at least- one toilet and one washbasin per gender; the institution only has one toilet and one sink to supply the entire teaching and administrative staff. They add that the same order, in its point nine, establishes that for every two hundred square meters of construction, a current fire extinguisher must be placed in a visible location at a height of one meter twenty from the floor to the handle; however, the institution has only one fire extinguisher, located in the administration office to cover approximately seven hundred eighty square meters. They state that according to the stipulations of the Ministerio de Educación Pública, security assistants must have a room conditioned with a toilet, sink, and a construction area with the minimum established measurements, a requirement that is also not currently met, as the security assistant's booth at the institution measures less than four square meters and does not even have what is necessary to ensure the necessary preservation of hygiene. On another note, according to the stipulations of the Ministerio de Educación Pública, janitors must have a room conditioned with a storage room, toilet, sink, and an area for their personal items; nevertheless, the cleaning supply storage room is the same space where teachers remain during their free lessons. They add that educational institutions must have a program that regulates and provides adequate treatment and management of organic and inorganic waste in accordance with Ley 8839 and Ley 7554 for environmental management, and that at the cited educational center, they throw all the waste into a pit and burn it, such that the smoke causes environmental pollution for up to a week after each burn. Apart from this, they mention that the institution does not meet the requirements established in Ley 7600, given that the place designated for giving Physical Education lessons and holding civic events does not have an access ramp, nor does the main entrance. They request that the Chamber declare the amparo appeal granted, with the legal consequences that this implies.\n\n2.- By Presidency resolution at 06:51 hours on March 29, 2021, this amparo appeal was admitted for processing.\n\n3.- Catalina Salas Hernández, in her capacity as Directora of the Dirección de Infraestructura Educativa of the Ministerio de Educación Pública, reports under oath that said Directorate has not neglected the requests of the Centro Educativo Maíz de Los Uva, as the process was carried out and managed to address said sanitary order, a technical visit was made, and the diagnostic report and intervention proposal were prepared, and in December 2018 the request for resources was made to start the administrative contracting process for intervention and compliance with the sanitary order. She notes that the works defined from the sanitary order require the contracting of professional services, since although part of the works to be carried out are modular, already registered and approved before the Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, the complementary works must indeed be designed and adapted together with the modular ones for this specific educational center. She mentions that despite the resource request being made, it has not been possible to allocate the resources due to the prioritization for the proper attention of emergency cases handled by the respondent Directorate, arising from the budget cuts suffered over the years and the magnitude and type of requests handled, these being prioritized over the attention of indispensable and essential spaces to provide education in a building, as established by article 15 of decree 41103 \"Reglamento de requerimientos de diseño arquitectónico sobre edificios para la educación pública y privada en Costa Rica\" and article 287 of the Reglamento de Construcciones, as well as that established in Ley 7600 and its Reglamento. She states that the immediate action by this unit is the prioritized assignment of the case by the Department of Programming and Monitoring to the Department of Maintenance, both of the respondent Dirección, the assignment of technical request T-MS-C5132-21-94, for the purpose of reassessing the indicated sanitary order and considering a new approach for its intervention, to opt for essential works and minor maintenance that allow for a prompt and opportune solution for the educational center, considering the possibilities of that Dirección and based on the principle of reasonableness and proportionality in the attention of cases handled. She requests that the Chamber declare the appeal dismissed.\n\n4.- José Víctor Estrada Torres, in his capacity as Director of the Dirección Regional Grande del Térraba of the Ministerio de Educación Pública, reports under oath that through official letter N° CMU-017-2021, the director of the respondent educational center indicated that since 2016, the construction of the teachers' lounge was requested from the Dirección de Infraestructura Educativa of this Ministry because at that time there was no place suitable for such a purpose. Both the director and the board requested an audience with the Director of Infraestructura on many occasions; however, there was no response, so, due to this, they decided to condition a place where the teachers could be, pending a solution from said Dirección, and that some time later, the Ministerio de Salud proceeded to issue a Sanitary Order for that very issue. He notes that regarding the service for the disabled, he indicates that it is true that only one exists, which must be used by two students with some disability enrolled this year since the teachers do not need it. He comments that furthermore, said official letter from the Director stated the following: \"(...) in the men's restrooms, two are functional, and since 2018 the proper repair of damages has been carried out. According to what was indicated, this year they have done everything humanly possible with the budget, in order to keep the toilets in good condition; the DIEE has also been requested, without success in this regard. The number of students we are working with this year is 35 women and 30 men each week, since they work every other week, so the existing services do cover the need, with this modality. There are two fire extinguishers, and the construction area is 540 meters, and the Ministerio de Salud proceeded to review it, granting approval, it being important to highlight that some things that are in the sanitary order were corrected after the issuance and receipt of the same. Regarding the guard's booth, the Ministerio de Salud reviewed the facilities and did not find any irregularity in said booth. The Ministerio de Salud has never indicated that the janitor's storage room must have a sanitary service, since the institution has a sanitary service for staff and in total, 17 staff members use it.\" He mentions that, regarding solid waste, what is attempted is to bury said waste since, due to the institution's location, no other solution can be opted for. He states that since 2016 and subsequent years, audiences have been requested with the Director of Infraestructura, the director submitting a request for the construction of different structures; however, there was no response. The director further indicates that for the year 2020, the budget was reduced by more than fifty percent, so it has been difficult. He requests that the Chamber declare the appeal dismissed.\n\n5.- Guiselle Cruz Maduro, in her capacity as Ministra of the Ministerio de Educación Pública, reports under oath in the same terms as the Directora of the Dirección de Infraestructura Educativa of the Ministerio de Educación Pública. She requests that the Chamber declare the appeal dismissed.\n\n6.- Elke Mata Rivera, in her capacity as Directora of Colegio Maíz de los Uva, reports under oath in the same terms as the Director of the Dirección Regional Grande del Térraba. She requests that the Chamber declare the appeal dismissed.\n\n7.- By means of certification issued by the Judicial Technician 3 and the Secretary, both of the Constitutional Chamber, it is established that the Director of the Área de Salud de Buenos Aires of the Ministerio de Salud failed to render the report requested by the resolution at 06:51 hours on March 29, 2021.\n\n8.- The legal requirements have been observed in the proceedings followed.\n\nDrafted by Magistrate Salazar Murillo; and,\n\n**Considering:**\n\nI.- PRELIMINARY MATTER. In view of the fact that the Director of the Área de Salud de Buenos Aires did not render the requested report within the period indicated in the resolution at 06:51 hours on March 29, 2021, in accordance with article 45 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, the appeal is hereby resolved based on the remaining briefs and evidence contained in the case file.\n\nII.- SUBJECT OF THE APPEAL. The appellants consider their fundamental rights violated, since they work for the Centro Educativo Maíz de Los Uva and since 2017, the Área Rectora de Salud de Buenos Aires issued sanitary order Nº ARSBA-ERS-OS-166-2017, due to the conditions of the respondent institution, and sanitary order N° ARSBA-ERS-442-2018 of August 31, 2018, determined the non-compliance with the 2017 sanitary order and a period of no more than a month and a half was granted for its compliance; however, as of the date they file this amparo appeal, the pertinent steps for its due compliance have not been taken.\n\nIII.- PROVEN FACTS. The following facts are deemed duly proven as important for the decision in this matter, either because they have been accredited or because the respondent has omitted to refer to them as provided in the initial order:\n\na) The appellants work for Colegio Maíz de Los Uva (uncontroverted fact).\n\nb) On December 18, 2017, the Área de Salud de Buenos Aires of the Ministerio de Salud issued sanitary order Nº ARSBA-ERS-OS-166-2017, for institutional improvements to be made at the respondent educational center (see report rendered by the respondent authorities and evidence provided by the appellants).\n\nc) On August 31, 2018, the Área de Salud de Buenos Aires issued sanitary order N° ARSBA-ERS-442-2018, which followed up on sanitary order Nº ARSBA-ERS-OS-166-2017 and ruled that some points were still not met, therefore the respondent school was granted a period of no more than a month and a half for compliance (see report rendered by the respondent authorities and evidence provided by the appellants).\n\nd) The respondent authorities were notified of this amparo appeal between March 30 and April 6, both dates of 2021 (see notification records).\n\ne) On the occasion of the notification of this amparo appeal, on April 6, 2021, the Department of Programming and Monitoring of the respondent ministry sent an email to the Department of Maintenance of that same ministry, with the assignment of technical request N° T-MS-C5132-21-94, for the purpose of reassessing the indicated sanitary order and considering a new approach for its intervention, to opt for essential works and minor maintenance that allow for a prompt and opportune solution for the respondent educational center (see report rendered by the respondent authorities and evidence provided).\n\nIV.- ON THE SPECIFIC CASE. In the sub lite, the appellants consider their fundamental rights violated, since they work for the Centro Educativo Maíz de Los Uva and since 2017, the Área Rectora de Salud de Buenos Aires issued Sanitary Order Nº ARSBA-ERS-OS-166-2017, due to the conditions of the respondent institution, and sanitary order N° ARSBA-ERS-442-2018 of August 31, 2018, determined the non-compliance with the 2017 sanitary order and a period of no more than a month and a half was granted for its compliance; however, as of the date they file this amparo appeal, the pertinent steps for its due compliance have not been taken. In this regard, the authorities of the Ministerio de Educación Pública do not deny the facts and, on the contrary, the Directora of the Dirección de Infraestructura Educativa of that Ministry indicated that on the occasion of the notification of this amparo appeal, on April 6, 2021, the Department of Programming and Monitoring sent an email to the Department of Maintenance, both of the respondent Dirección, with the assignment of technical request N° T-MS-C5132-21-94, for the purpose of reassessing the indicated sanitary order and considering a new approach for its intervention, to opt for essential works and minor maintenance that allow for a prompt and opportune solution for the respondent educational center. Given the foregoing, this Tribunal verifies that a sanitary order has existed for more than three years for the infrastructure of the respondent educational center to be improved, and it has not been fully complied with. That said, since on the occasion of the notification of this amparo appeal, the respondent authorities took the pertinent actions to follow up on and reassess sanitary order Nº ARSBA-ERS-OS-166-2017, the appropriate course is to declare the amparo granted, but without an award for costs, damages, and losses, ordering the respondent authorities that within the maximum period of SIX MONTHS, compliance with sanitary order Nº ARSBA-ERS-OS-166-2017 be made effective.\n\nV.- ON THE AWARD FOR COSTS, DAMAGES, AND LOSSES IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 52 OF THE LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Upon better consideration, the majority of the Chamber is of the opinion that the granting that operates ex lege, in accordance with the provisions of paragraph 1 of article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC), which states: \"If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the appeal shall be declared granted (...)\", must be without a special award for costs, damages, and losses, based on the following considerations. Although there is an express text in the law requiring that the operative part of the ruling indicate that the appeal is declared granted, it is also true that the same first paragraph of article 52 of the cited law states that the granting is ordered \"solely for purposes of compensation and costs, if they are appropriate\". It is emphasized that the Law indicates \"if they are appropriate\", which means that the appropriateness or inappropriateness of compensation and costs depends on an assessment, appreciation, or weighing by the Tribunal. In cases like this, where an abnormal termination of the process occurs, akin to withdrawal due to extra-procedural satisfaction, it is the majority opinion that costs should not be awarded, nor damages and losses, because the economic consequences of the judgment are similar to those of archiving the case file. Furthermore, the content of the petitioner's claim and the conduct of the respondent authority in acknowledging it suggest that such detriment, injuries, or financial alterations have not occurred; at least in this amparo appeal, there are no evidentiary elements to suggest otherwise. Nothing prevents the Chamber, in exceptional cases, from considering the appropriateness of compensation. When laws present omissions or shortcomings, it is up to the judges to rectify these deficiencies; if laws lack clarity in certain aspects, there is no other remedy than to interpret and apply them according to the demands of procedural logic. To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provisions of article 51 of the same Ley de la Jurisdicción Constitucional, when it states that: \"any resolution that upholds the appeal shall order, in the abstract, compensation for the damages and losses caused and the payment of the costs of the appeal, reserving their liquidation for the execution of the judgment\", referring to a natural or normal form of termination of the process, where there is a pronouncement on the merits of the matter and acknowledgment of facts that have violated the fundamental rights of the plaintiff in the process. The principles of Constitutional Law, those of Public and General Procedural Law or, where appropriate, those of International or Community Law and, additionally, in their order, the Ley General de la Administración Pública and the Código Procesal Contencioso Administrativo and the other Procedural Codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the norms of the Ley de la Jurisdicción Constitucional -cf. article 14-. For the contentious-administrative jurisdiction, the legislature established a precept fully applicable to the case by analogy, in article 197 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, which responds to procedural logic in any field. To the above are added factual reasons, which the Chamber cannot ignore, as demonstrated by almost three decades of the Constitutional Jurisdiction created in 1989, during which there has been an abusive exercise of the vicarious action in the amparo appeal, for purposes of enrichment through compensation, to the extent that the alleged victims do not directly participate. Based on the foregoing, it is the majority opinion to resolve this appeal without an award for costs, damages, or losses.\n\nVI.- DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE HERNÁNDEZ LÓPEZ, ON THE ECONOMIC CONSEQUENCES DERIVING FROM GRANTING THIS APPEAL. I agree with the majority of the Chamber on the decision taken regarding the existence of an injury to fundamental rights in this case, which has been corrected on the occasion of the Chamber's intervention; however, I dissent from its decision regarding the matter of the economic consequences of said declaration.\n\nThe constitutional jurisdiction entrusted to this Tribunal in amparo and habeas corpus matters -the jurisdiction of freedom as it is called- is special because its purpose is not that of a traditional judge who resolves a conflict between two parties, opposed by a legal dispute. Its matter is of public order, and its objective is to provide judicial protection to persons in the exercise of their fundamental rights in such a way that their enjoyment is not disturbed by acts of those who, de facto or de jure, carry out concrete exercises of authority capable of violating them.\n\nThis protective vocation of the constitutional jurisdiction is realized in a procedural design that is also peculiar, swift, and free of charge, where the respondent public authority is merely required to submit \"a report\" on what has been done in the reported case (articles 43, 44, 45, and 46 of the LJC). Thus, it is not technically a lawsuit, and accordingly, the Constitutional Chamber is granted broad powers to guide the course of the amparo or habeas corpus proceeding, both regarding the possibility of requesting information from other authorities about what happened, and regarding the broad management of evidence that may serve to clarify what occurred. Such a procedural framework of the jurisdiction of freedom, where there are no two antagonistic parties facing each other such that what one gains the other loses, requires us to distance ourselves from the solutions that have been provided for the latter matters in procedural systems such as the civil, contentious, or labor systems.\n\nIn what is of interest now, the Ley de la Jurisdicción Constitucional regulates, in its articles 46 and following, three concrete aspects of the exercise of the jurisdictional function of protecting fundamental rights, under the Chamber's charge: a) the first aspect relates to the declaration that must be made of the existence or non-existence of the violation (articles 46 and 47 LJC); b) the second carefully regulates the powers enjoyed by the Tribunal to reverse the legal effects of the infringement of fundamental rights and to restore, in the most effective way, their exercise (articles 49 and 50 LJC); c) the third aspect, (article 51 LJC) provides rules on the economic consequences of such amparo and habeas corpus proceedings, in such a way that – upon the finding of an injury by the Chamber – there exists a restoration of the enjoyment of such rights and, in addition, an effective compensation for the damages and expenses caused, as part of the right to effective justice regarding the reparation of the harmful consequences generated by the infringing authorities, which are not only for the purposes of effective judicial protection for the petitioner but also have a deterrent purpose so that the State does not incur in the future in the actions that gave rise to the granting of the appeal, a matter regulated in article 50 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional.\n\nIn this last aspect, the Law, in its article 51, orders the Chamber that \"any resolution that upholds the appeal shall order, in the abstract, compensation for the damages and losses caused and the payment of the costs of the appeal…\". This is the general system that regulates matters of the compensable sphere, for the cases that the majority identifies as \"a natural or normal form of termination of the process, where there is a pronouncement on the merits of the matter and acknowledgment of the facts that have violated fundamental rights…\"; in such cases, including the one now being decided, the Chamber has verified the grievance and hence the need for an award for costs, damages, and losses, which rests on the aforementioned concept of effective protection of the rights of persons and the notion that the Administration must be held responsible for the damages and expenses it causes through its unconstitutional actions. This conclusion is not altered by the fact that, upon hearing and resolving the amparo, \"the effects of the challenged act have ceased\" (article 50), as such a case forms an integral part of the general system of automatic award for costs, damages, and losses, it being understood that the process has ended normally and the violation has been verified.\n\nWithin this simple and clear general framework -and lacking in shortcomings or gaps- the provision of article 52 of the Law fits perfectly as an exceptional case, applicable only in cases where the Chamber has not heard of, nor ruled on, the merits of the claim, that is -as the majority states- in those situations of \"abnormal termination of the process\". But the conditions and scope for decreeing that form of conclusion are delimited with the utmost precision by the legislature; in the first place, the factual assumptions for the application of this norm are clearly described, so that the Chamber must verify: 1) that the amparo is in progress; 2) that there is an administrative or judicial resolution (which must be understood in its strictly formal sense); and 3) that such resolution unquestionably orders the revocation, halting, or suspension of the challenged action. These are highly circumscribed concepts, whose scope of application must also be interpreted restrictively, not only in consideration of the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but because the consequences of applying such an exception unquestionably generate a diminution in the fundamental right of persons to achieve effective judicial protection against the damages suffered from the injury to their constitutional rights. In conclusion, only in such limited cases, and after all the foregoing has been confirmed by the Tribunal, in light of a restrictive reading of its scope, would we be faced with the need to set aside the general system of automatic award for costs, damages, and losses, and exercise -as judges- our legal discretion to decide whether the payment of such items is ordered or not.\n\nIn this case, the foregoing exercise compels the conclusion of the inapplicability of article 52 of the LJC, since, on the one hand, the Tribunal has ruled on the merits of the matter, has acknowledged with its declaration an injury to fundamental rights, and has determined who its author was; the foregoing in no way resembles an \"abnormal termination of the process\". On the other hand, the requirements of the article 52 cited immediately above are also not met, since there is no \"administrative or judicial resolution\" formally issued in which, expressly, the act that originated the violation of constitutional rights is revoked, halted, or suspended; For all these reasons, it is appropriate to apply the provisions of articles 50 and 51 of the LJC and order -as a consequence of having verified the violation- the award for damages, losses, and costs caused, as the economic consequences of the process.\n\nBut even if we were to set aside the automatic award for damages, losses, and costs, disregarding the foregoing reasoning, the truth is that the proven facts of this case have led the Chamber to declare the existence of an impact on the exercise of the fundamental rights of the petitioner, which, as a harmful action, carries with it a presumption of the emergence of economic damages and losses -whose concrete determination is not up to the Chamber-, and no merit whatsoever is evident in the case file that persuades one to exonerate the respondent authority from covering the effective reparation of the harmful consequences of its acts, according to the general principle expressly provided in the law.\n\nVII.- PARTIAL DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO, SOLELY IN RELATION TO THE NON-AWARDING OF COSTS, DAMAGES, AND LOSSES AGAINST THE RESPONDENT PARTY.\n\nWhile I agree with the rest of the Chamber in granting the appeal, I depart from the majority opinion insofar as it exempts the respondent party from the payment of costs, damages, and losses arising from the injury caused to the fundamental rights of the protected party.\n\nThe Law of Constitutional Jurisdiction, in Article 52, provides that:\n\n“ If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the appeal shall be granted solely for purposes of indemnification and costs, if they are applicable”.\n\nFurthermore, Article 51 ibidem establishes that:\n\n“ ... any resolution that grants the appeal shall condemn in the abstract to the indemnification of the damages and losses caused and to the payment of the costs of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment”.\n\nThis latter provision establishes the general system governing matters relating to indemnification and the payment of costs, which the majority terms the “natural or normal manner of concluding the proceeding, where there is a pronouncement on the merits of the matter and acknowledgment of the facts that have violated fundamental rights… ”.\n\nIn the majority’s opinion, the cited Article 51 regulates the situations in which the Chamber has deemed the grievance to be proven; and, as a consequence, the need for a condemnation in costs, damages, and losses arises. However, in the opinion of the undersigned, from a systematic interpretation of both provisions, it is concluded that, both in cases where this Constitutional Court verifies an injury to a fundamental right and, therefore, grants the appeal, and in those where the Administration, by its own decision, restores the aggrieved person to the enjoyment of their fundamental rights, once it becomes aware of the amparo —a situation contemplated in the referenced Article 52— by imperative of Articles 50 and 51 of the cited law, the necessary and unavoidable consequence is the condemnation of the infringer to the indemnification of the damages and losses caused and the payment of the costs of the appeal. This rule is nothing more than the recognition, to the party that has suffered a violation of their fundamental rights, of the right to effective judicial protection regarding the reparation of the harmful consequences derived from the actions or omissions of the infringing authorities; and, as a dissuasive measure, so that the State does not again incur in the actions that gave basis to the granting of the appeal, a matter regulated in Article 50 of the law governing this jurisdiction. Thus, whether the Chamber has deemed the grievance proven and has proceeded to hear the merits of the matter, or the violation has ceased by decision of the respondent authority itself, once it became aware of the processing of the amparo, with restoration of the enjoyment of fundamental rights in favor of the aggrieved party (Article 52), always, in any of those situations, the imperative need arises for a condemnation in costs, damages, and losses against the infringer, whose foundation lies in the principles of protection of individuals' rights and in that the Administration must be held responsible for the damages and losses caused by its unconstitutional conduct.\n\nThus, the fact that, at the time the amparo is heard and granted, the effects of the challenged act have already ceased, under the terms of Articles 50 and 52 of the cited law, does not invalidate the appropriateness of the condemnation in costs, damages, and losses, since such a case forms an integral part of the general system of necessary condemnation on those points contained in the Law of Constitutional Jurisdiction.\n\nMoreover, it is clear that the mentioned Article 52 applies solely in cases where the Chamber, even when it has not heard or ruled on the merits of the claim, has verified the violation of fundamental rights suffered by the protected party, by virtue of the restoration, in the enjoyment of those rights, that the Administration has agreed to in their favor; a situation that, as the majority of the Chamber affirms, implies an “abnormal termination of the proceeding”.\n\nThe legislator established and delimited, in a precise manner, the conditions under which this Chamber may decree this form of abnormal conclusion of the amparo proceeding, as well as its scope, namely: 1) that the amparo is in progress, meaning that the Administration has been duly notified of the resolution admitting the amparo; and, 2) that there is an administrative or judicial resolution that orders, indisputably, the revocation, halting, or suspension of the challenged action violating fundamental rights. Certainly, the provision in question contemplates an exception to the general system of condemnation in costs, damages, and losses, notwithstanding the granting of the appeal, by providing that, in the cases regulated therein, the appeal shall be granted “ solely for purposes of indemnification and costs, if they are applicable”. As an exception that it is, it must be interpreted restrictively; that is, it only applies in the situations strictly contemplated in the provision, not only because of the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but also because the consequences of applying such an exception imply, without a doubt, a detriment to the fundamental right of individuals to obtain effective judicial protection against the damages and losses suffered due to the injury to their constitutional rights.\n\nIn my opinion, such an exception must be interpreted in the sense that, in accordance with the general system of automatic condemnation in costs, damages, and losses in the event of a violation of fundamental rights, such condemnation is always appropriate, even in the case where the respondent party issues an administrative or judicial resolution that revokes, halts, or suspends the challenged action, unless it is established indisputably and clearly that in the specific case no injury capable of being indemnified was caused. Only and solely in such situations could the respondent Administration be exempted from the payment of said items. As in this case, there is no element whatsoever that rebuts the presumption that economic damages and losses arose for the protected party as a result of the challenged actions —the specific determination of which does not correspond to this jurisdiction— the granting of this appeal must necessarily entail the condemnation in costs, damages, and losses, and I so declare.\n\nVIII.- SEPARATE OPINION OF MAGISTRATE GARRO VARGAS. Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction (LJC) states: “If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the appeal shall be granted solely for purposes of indemnification and costs, if they are applicable”.\n\nMy interpretation of that provision is as follows: That “resolution” is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase “if they are applicable” refers to costs. Moreover, Article 197 of the Contentious-Administrative Procedure Code, cited by the majority, based on Article 14 of the LJC, precisely refers only to these: to costs.\n\nCertainly, according to Article 48 of the Political Constitution (CP), the essential content of the right to the amparo appeal is not of an indemnifying nature but a restitutive one; however, Article 51 of the LJC states: “Any resolution that grants the appeal shall condemn in the abstract to the indemnification of the damages and losses caused and to the payment of the costs of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment”.\n\nIf the right has been violated and the Chamber so verifies, even in the event that it has been restored, damages and losses may have arisen. For this reason, condemnation in the abstract for these is appropriate. If it were not done so, if such condemnation were not issued, in the event that they had indeed occurred, there would be no title —derived from this proceeding— to claim them, which could violate Article 41 of the CP. If, despite the condemnation in the abstract having been issued, the damages and losses have not been caused, the judge in the ordinary jurisdiction shall so declare, since only to that judge corresponds the determination of the real existence and magnitude thereof.\n\nI believe that with the thesis defended by the majority, contrary to what is sought, the Administration would be incentivized to respect rights only when an amparo appeal exists. It remains to be said that Article 52 of the LJC provides for the possibility that, if it is deemed just, the Chamber may condemn in costs, even when the right has been restored.\n\nOn the basis of the foregoing, I partially dissent regarding the operative part and order the condemnation in damages and losses, but not the condemnation in costs.\n\nIX.- SEPARATE NOTE OF MAGISTRATE HERNÁNDEZ LÓPEZ. As a general line, I hold that claims regarding omissions in relation to infrastructure issues can and should be addressed by the competent administrative and oversight bodies, as well as by the ordinary jurisdiction.- But I have also made the caveat that the endangerment of rights such as physical integrity and health warrants the intervention of this Court.- This is what occurs in this specific case, as demonstrated by the set of proven facts that allow concluding that there is an imminent danger to the physical integrity or health of persons —students, teachers, and other personnel in general who attend the Centro Educativo Maíz de Los Uva code 5132, of circuit 05 of the Regional de Educación Grande del Térraba— and that the authorities aware of the problem have not acted with the necessary diligence to remedy said urgency.- For these reasons, I concur with the majority vote.-\n\nX.- NOTE OF MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO. In principle, I consider that cases related to the activity or inactivity of the Public Administration in the repair, construction, modification, or demolition of any infrastructure work should be dismissed, as such omission constitutes a matter of legality, the discussion of which corresponds to the ordinary jurisdiction, before which the interested person may debate, with greater breadth, their disagreements. However, when from that administrative conduct (omissive or not) some violation of other fundamental rights protected in this constitutional jurisdiction is derived, or groups considered vulnerable are affected, I do proceed to hear the merits of the matter, this situation constituting an exception to my position on this subject, as occurs in this case, in which the appellant alleges that the Centro Educativo Maíz de Los Uva has a series of structural deficiencies, which were pointed out since the year 2017 by the Área Rectora de Salud de Buenos Aires, which even issued a sanitary order on two occasions due to the conditions of the sued institution and a deadline was granted for compliance and to make the relevant improvements; however, as of the date they file the amparo, the remodeling has not been carried out, putting their health, physical integrity, and life at risk.\n\nXI.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that, if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device, or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the Office within a maximum period of thirty business days, counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not withdrawn within this period will be destroyed, as provided in the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, approved by the Corte Plena in Session N° 27-11, of August 22, 2011, Article XXVI and published in the Boletín Judicial N° 19, of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in Session N° 43-12, held on May 3, 2012, Article LXXXI.\n\nTherefore:\nThe appeal is granted, without special condemnation in costs, damages, and losses. Guiselle Cruz Maduro, in her capacity as Minister, Catalina Salas Hernández, in her capacity as Director of the Dirección de Infraestructura Educativa, and Elke Mata Rivera, in her capacity as Director of the Colegio Maíz de los Uva, all of the Ministerio de Educación Pública, or whomever holds those positions, are ordered, within a maximum period of SIX MONTHS, counted from the notification of this judgment, to make effective the compliance with sanitary order Nº ARSBA-ERS-OS-166-2017, as well as N° ARSBA-ERS-442-2018 (follow-up to the previous one), issued by the Área de Salud de Buenos Aires of the Ministerio de Salud; and, consequently, to carry out the necessary improvements in the educational center for the purpose of avoiding an infringement of the right to health or life to the detriment of the teachers and students. The respondents are warned that, in accordance with Article 71 of the Law of this Jurisdiction, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo appeal, and does not comply with it or does not have it complied with, provided the crime is not more severely punished. Magistrate Hernández López partially dissents and orders the condemnation in damages, losses, and costs in accordance with Articles 50 and 51 of the Law of Constitutional Jurisdiction. Magistrate Salazar Alvarado partially dissents and also orders the condemnation in damages, losses, and costs against the respondent party. Magistrate Garro Vargas partially dissents and orders the condemnation in damages and losses, but not the condemnation in costs. Magistrate Hernández López adds a note. Magistrate Salazar Alvarado adds a note. Notify.-\n\n\n\n\n\n\n\nFernando Castillo V.\nPresidente\n\n\n\n\nNancy Hernández L.\n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\nAnamari Garro V.\n\n\n\n\nMarta Eugenia Esquivel R.\n\n\nRonald Salazar Murillo\n\n\n\n\nIleana Sánchez N.\n\n\n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n*JV6P2XFEJ5Y61*\n\nJV6P2XFEJ5Y61\n\nEXPEDIENTE N° 21-005910-0007-CO\n\n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 09-05-2026 09:14:57.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }