{ "id": "nexus-sen-1-0007-1035822", "citation": "Res. 08563-2021 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Verificación de barreras vegetales en fumigación aérea", "title_en": "Verification of vegetative barriers in aerial spraying", "summary_es": "La Sala Constitucional conoce un amparo contra el Ministerio de Salud y la Comisión Asesora para el Control y Regulación de las Actividades de Aviación Agrícola (CAAA). El recurrente solicitó certificar el cumplimiento del artículo 70 del Decreto Ejecutivo 31520 en todas las fincas bananeras del Caribe, documentando las áreas reforestadas como barreras naturales. Las autoridades le pidieron precisar las fincas y afectados, lo que el recurrente consideró una negativa a investigar. La Sala declara sin lugar respecto al Ministerio de Salud, por estimar razonable el requerimiento de precisión. Respecto a la CAAA, declara con lugar por dilación en la respuesta a la gestión presentada desde junio de 2020, que solo fue atendida durante el trámite del amparo. La condenatoria en costas, daños y perjuicios fue objeto de voto salvado por parte de varios magistrados.", "summary_en": "The Constitutional Chamber hears an amparo against the Ministry of Health and the Advisory Commission for the Control and Regulation of Agricultural Aviation Activities. The petitioner requested certification of compliance with Article 70 of Executive Decree 31520 on all banana farms in the Caribbean zone, documenting reforested areas as natural barriers. The authorities asked him to specify the farms and affected persons, which he considered a refusal to investigate. The Chamber denies the amparo against the Ministry of Health, finding the request for specificity reasonable. Against the Commission, the amparo is granted for delay in responding to the petition filed in June 2020, which was only answered during the amparo proceedings. Several justices issued dissenting votes regarding the award of costs and damages.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "30/04/2021", "year": "2021", "topic_ids": [], "primary_topic_id": null, "es_concept_hints": [ "fumigación aérea", "artículo 70 Decreto 31520", "deriva de plaguicidas", "zona de amortiguamiento", "franja de no aplicación", "principio precautorio", "Comisión Asesora Aviación Agrícola", "Área Rectora de Salud" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 70", "law": "Decreto Ejecutivo 31520" }, { "article": "Art. 52", "law": "Ley de la Jurisdicción Constitucional" } ], "keywords_es": [ "fumigación aérea", "barreras vegetales", "aviación agrícola", "Decreto 31520", "principio precautorio", "derecho a la salud", "amparo ambiental", "deriva de plaguicidas" ], "keywords_en": [ "aerial spraying", "vegetative barriers", "agricultural aviation", "Decree 31520", "precautionary principle", "right to health", "environmental amparo", "pesticide drift" ], "excerpt_es": "En cuanto al Ministerio de Salud, en los términos en que fue planteado el escrito de interposición, este Tribunal no aprecia situaciones que, a priori, ameriten su intervención. (...) aun cuando el recurrente cuestiona tal requerimiento de la autoridad accionada, esta Sala no considera que este sea irrazonable o arbitrario a los efectos de poder atender la gestión respecto al cumplimiento de la normativa antes citada. (...) de los elementos aportados a los autos, no se comprueba que el recurrente haya cumplido con lo requerido por la autoridad accionada, pues no se desprende que haya remitido denuncias concretas respecto a alguna finca determinada, por presuntos incumplimientos al Reglamento para las Actividades de Aviación Agrícola. (...) Por otro lado, respecto a la Comisión Asesora para el Control y Regulación de las Actividades de Aviación Agrícola, este Tribunal considera que ha lesionado los derechos fundamentales de la parte accionante, pues véase que, el 10 de junio de 2020, el recurrente también dirigió su gestión a esta dependencia; sin embargo, no fue sino durante el trámite de este proceso que se le dio una respuesta.\n\nEn consecuencia, en cuanto a este extremo, lo correspondiente es declarar con lugar el recurso de acuerdo con el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, debido a la dilación en la que incurrió la autoridad recurrida para atender la gestión del accionante.", "excerpt_en": "Regarding the Ministry of Health, as the amparo petition was filed, this Court does not appreciate situations that, a priori, merit its intervention. (...) even though the petitioner questions such requirement by the respondent authority, this Chamber does not consider it unreasonable or arbitrary in order to address the petition regarding compliance with the aforementioned regulation. (...) from the evidence in the record, it is not proven that the petitioner complied with what was required by the respondent authority, since it does not appear that he sent specific complaints regarding any particular farm, for alleged non-compliance with the Regulation for Agricultural Aviation Activities. (...) On the other hand, regarding the Advisory Commission for the Control and Regulation of Agricultural Aviation Activities, this Court considers that it has violated the fundamental rights of the petitioner, since on June 10, 2020, the petitioner also addressed his petition to this agency; however, it was not until the processing of this amparo that a response was given.\n\nConsequently, on this point, the appropriate decision is to grant the amparo in accordance with Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law, due to the delay incurred by the respondent authority in addressing the petitioner's request.", "outcome": { "label_en": "Partially granted", "label_es": "Parcialmente con lugar", "summary_en": "The amparo is denied against the Ministry of Health as their request for specificity was deemed reasonable; it is granted against the Advisory Commission for delay in responding to the petitioner's request.", "summary_es": "Se declara sin lugar el amparo contra el Ministerio de Salud por considerarse razonable que solicitaran precisión sobre las fincas y afectados; se declara con lugar contra la Comisión Asesora por dilación en la respuesta a la gestión del recurrente." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando V", "quote_en": "even though the petitioner questions such requirement by the respondent authority, this Chamber does not consider it unreasonable or arbitrary in order to address the petition regarding compliance with the aforementioned regulation.", "quote_es": "aun cuando el recurrente cuestiona tal requerimiento de la autoridad accionada, esta Sala no considera que este sea irrazonable o arbitrario a los efectos de poder atender la gestión respecto al cumplimiento de la normativa antes citada." }, { "context": "Considerando V", "quote_en": "regarding the Advisory Commission for the Control and Regulation of Agricultural Aviation Activities, this Court considers that it has violated the fundamental rights of the petitioner, since on June 10, 2020, the petitioner also addressed his petition to this agency; however, it was not until the processing of this amparo that a response was given.", "quote_es": "respecto a la Comisión Asesora para el Control y Regulación de las Actividades de Aviación Agrícola, este Tribunal considera que ha lesionado los derechos fundamentales de la parte accionante, pues véase que, el 10 de junio de 2020, el recurrente también dirigió su gestión a esta dependencia; sin embargo, no fue sino durante el trámite de este proceso que se le dio una respuesta." }, { "context": "Considerando V", "quote_en": "Consequently, on this point, the appropriate decision is to grant the amparo in accordance with Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law, due to the delay incurred by the respondent authority in addressing the petitioner's request.", "quote_es": "En consecuencia, en cuanto a este extremo, lo correspondiente es declarar con lugar el recurso de acuerdo con el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, debido a la dilación en la que incurrió la autoridad recurrida para atender la gestión del accionante." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [ { "target_id": "norm-52129", "kind": "concept_anchor", "label": "Decreto Ejecutivo 31520 Art. 70" } ], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1035822", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [], "sentencias_relacionadas": [], "temas_y_subtemas": [], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 08563 - 2021\n\nFecha de la Resolución: 30 de Abril del 2021 a las 09:15\n\nExpediente: 21-003927-0007-CO\n\nRedactado por: Paul Rueda Leal\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp: 21-003927-0007-CO\n\nRes. Nº 2021008563\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del treinta de abril de dos mil veintiuno .\n\n \n\n Recurso de amparo que se tramita en expediente n.o 21-003927-0007-CO, interpuesto por MARCO LEVY VIRGO, cédula de identidad 0700690314, contra el MINISTERIO DE SALUD Y LA COMISIÓN ASESORA PARA EL CONTROL Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE AVIACIÓN AGRÍCOLA.\n\nResultando:\n\n \n\n \n\n1.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 9:43 horas de 26 de febrero de 2021, el recurrente interpone recurso de amparo. Manifiesta que el 10 de junio de 2020 mediante oficio AEL-050-2020, dirigido al Ministro de Salud y a la Comisión de Aviación Agrícola, realizó una gestión, en la que indicó: “(…) que se proceda a realizar un levantamiento de toda la información que permita verificar el cabal cumplimiento del artículo 70 del Decreto Ejecutivo N°31520-MS-MAG-MOPT-G-MSP en todas las fincas bananeras de nuestra zona Caribe. Para ello se haría necesario documentar para cada caso el nombre y número de las fincas bananeras, que cumplen a cabalidad con el mantenimiento de áreas reforestadas que sirven como barreras de mitigación naturales en todas las colindancias, para mitigar el efecto que los plaguicidas ocasionan por la deriva de las fumigaciones y los fuertes vientos que imperan en nuestro Caribe. Igualmente, solicitamos respetuosamente se sirvan proceder de manera perentoria, con las acciones administrativas y judiciales necesarias para la consecuente finalización y cancelación de todas las afectaciones, que día a día sufre nuestra población por las actividades de aviación agrícola, principalmente en los cantones de Limón, Matina, Siquirres, Pococí y sobre la Ruta 36 carretera a Sixaola, entre otros\". Reclama que las autoridades de salud le solicitan la ubicación de dichas fincas y nombres de los afectados, obviando que los afectados son los trabajadores y sus familias, así como maestros de escuelas y colegios, que le han manifestado en privado que algunas empresas bananeras de Matina, supuestamente realizan donaciones y aportes a dichos centros de enseñanza y a la propia Área Rectora de Salud de Matina, comprometiendo con esto la objetividad de algunos directores o funcionarios de salud, quienes se niegan a indagar y facilitarle la investigación técnica y los protocolos usados para concluir que en Costa Rica solo son 100 metros los necesarios para la franja vegetal, cuando en Ecuador son 200 metros y en Argentina 500 metros, vaciando de contenido del principio de precaución. Con base en lo anterior, solicita que se declare con lugar el recurso y se ordene a las instancias recurridas resolver su gestión.\n\n2.-Mediante resolución de las 16:13 horas de 26 de febrero de 2021, se dio curso al proceso y se solicitó informe al ministro de Salud, a la secretaria de la Comisión Asesora para el Control y Regulación de las Actividades de Aviación Agrícola y a la directora del Área Rectora de Salud de Matina.\n\n3.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 21:26 horas de 26 de febrero de 2021, el recurrente aportó prueba documental.\n\n4.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 21:18 horas de 4 de marzo de 2021, Luis Renato Alvarado Rivera, ministro de Agricultura y Ganadería manifiesta que no ostenta la presidencia de la Comisión Asesora para el Control y Regulación de las Actividades de Aviación Agrícola, por lo que no tiene la legitimación para rendir el informe correspondiente.\n\n5.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 19:27 horas de 4 de marzo de 2021, el accionante aportó documentos al expediente.\n\n6.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 19:27 horas de 4 de marzo de 2021, el recurrente aportó documentos al expediente.\n\n7.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 20:39 horas de 4 de marzo de 2021, Daniel Salas Peraza y Gustavo Castillo Aguilera, por su orden, ministro de Salud y director del Área Rectora de Salud de Matina, rindieron informe bajo juramento. Señalan que el informe lo rinden de acuerdo con el oficio n.° MS-DPRSA-USA-0385-2021 de 3 de marzo de 2021, de la Unidad de Salud Ambiental de la Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental, y, además, con base en el oficio n.° MSDRRSHC-ARSM-0567-2021 de 2 de marzo de 2021 de la Dirección del Área Rectora de Salud de Matina. Así las cosas, aducen que en el oficio n.° MS-DPRSA-USA-0385-2021 se consignó: “1. Al respecto se debe indicar que la solicitud de información sobre la ubicación de las fincas y nombres de los afectados a la cual se refiere el Sr. Marco Levy fue realizada por el Área Rectora Matina mediante el oficio firmado por la Dra. Karen Mayorga Quirós. MSc. (Directora). 2. El oficio es el MS-DRRSHC-ARSM-1981-2020 dirigido al Dr. Alexander Salas López (Director Regional Región Huetar Caribe, Ministerio de Salud) el día 02 de julio del 2021, como respuesta al oficio MS-DM-4641-2020. De acuerdo con lo anterior, se considera importante indagar con esta persona los aspectos sobre las justificantes y contenido de lo solicitado; sin embargo, es criterio de esta Dirección que es necesario conocer la información con el mayor grado de exactitud a fin de poder enfocar esfuerzos en valorar la zona, las personas afectadas y el grado de afectación, a fin de poder constatar con éstos un daño a su salud. 3. Respecto a las manifestaciones de los maestros de escuelas y colegios sobre “donaciones y aportes “, no ha sido de conocimiento de los funcionarios de la Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental que se ocupan de los asuntos relacionados con el tema; además no se ha recibido ningún tipo de documento que denuncie o indique sobre este tema. Por lo tanto, no se tiene conocimiento para valorar la aseveración del denunciante: “comprometiendo con esto la objetividad de algunos directores o funcionarios de salud”. Es de nuestra consideración que esto podría constituir una acusación grave que en caso de ser real atenta contra el actuar y la ética profesional de cualquier funcionario público, razón por la cual esto debería en lugar de una expresión de tipo general, ser más bien demostrado con documentación, testigos u otro de manera muy seria, con el fin de procederse a realizar una investigación formal a nivel institucional: requiere una denuncia directa justificada y documentada, a través de los canales institucionales oficiales para dichos asuntos. 4. Es importante ampliar respecto a las intermediaciones que ha procurado realizarse por medio de la Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental (DPRSA), primeramente, se tiene la participación activa de uno de los funcionarios de la Unidad de Salud Ambiental (USA-DPRSA) en la Comisión sobre Asuntos de Aviación Agrícola (CAAA) y en segundo término se ha apoyado la gestión que se realiza en temas sobre la aplicación aérea de productos agroquímicos en la zona de Matina. a. En cumplimiento con el Reglamento para las Actividades de Aviación Agrícola (D.E. N° 31520-MS-MAG-MINAE-MOPT-MGPSP), se procedió a realizar la gira por parte de la CAAA los días 20 y 21 de noviembre del año 2019, a la zona de Matina. Resultado de ello, la USA-DPRSA, comunicó a dicha Comisión resultados de gestiones que involucran recomendaciones y apreciaciones técnicas en algunas de las fincas que en algún momento hayan sido visitadas en los alrededores o al menos la realización de una inspección ocular: la última acción realizada fue la gira (mencionada anteriormente) efectuada a la zona de Matina, en el mes de noviembre del año 2019 donde se hizo en representación del Ministerio de Salud, en compañía de los miembros de la CAAA y fue elaborado un informe por el Ing. Víctor Manuel Mata Vargas como un resultado de la misma; presentado mediante el oficio MS-DPRSA-USA-1968-2020 ante la CAAA. b. Cabe aclarar que el informe además de la descripción y el análisis de los sitios visitados (mediante una inspección ocular) fue acompañado con fotografías (ver anexos del informe) y este contiene una serie de recomendaciones importantes. Este documento sobre el Informe de la gira a la zona de Matina (Archivo: “Informe-Gira Matina 2019-Oficio-MS.DPRSA-USA-1968-2020.pdf”) fue comunicado, mediante el uso del correo institucional al Área Rectora de Matina en la fecha del 18 de noviembre del año 200, acompañado de la siguiente nota y se transcribe del correo: “Buenos días, Espero se encuentren bien, de acuerdo a lo indicado en la última Sesión Ordinaria N° 3, de la CAAA efectuada el día jueves 12 de noviembre del presente año, se adjunta el archivo que contiene el documento sobre \"Informe-Gira Matina 2019- Oficio-MS-DPRSA-USA-1968-2020\". A manera de aclaración se transcribe lo indicado al inicio de su contenido en la página 1- 2, lo siguiente: \"La elaboración de este documento fue iniciada durante el mes de diciembre del 2019…En medio de la situación que ha vivido el país (pandemia) y el impedimento de la imposibilidad de las reuniones de la CAAA, el documento no fue entregado durante varios meses en espera de las reuniones de la CAAA. La CAAA no pudo realizar su primera sesión ordinaria del año, hasta el día 11 de setiembre (2020). A causa de la variedad y cantidad de asuntos pendientes, así como la priorización en la agenda; se podrá ver el presente informe hasta la Sesión Ordinaria N° 3 a celebrar el día viernes 13 de noviembre. Se enviará con un número de oficio actualizado por parte de la USA-DPRSA del Ministerio de Salud.”. Del contenido del informe se transcribe: “En cumplimiento del Reglamento para las Actividades de Aviación Agrícola (D.E. N° 31520-MS-MAG-MINAE-MOPT-MGPSP), se procedió a realizar la gira los días 20 y 21 de noviembre del año 2019, a la zona de Matina – Limón (diferentes sitios y fincas bananeras). La gira fue establecida para ser llevada a cabo en coordinación con funcionarios del Ministerio de Salud (Área Rectora de Matina) y en compañía de funcionarios de otras entidades como el IRET, así como la participación de las personas de contacto de las empresas que pertenecen a estas fincas a observar. El motivo de mayor peso para realizar esta gira en conjunto, se originó del interés mostrado por funcionarios del IRET de mostrar una serie de condiciones de las fincas a visitar /observar , que fueron seleccionadas por ellos: condiciones de los sitios que relacionan la aplicación aérea de productos agroquímicos (fumigación aérea) en algunas fincas de la zona de Matina (Limón) y el posible grado de incumplimiento del Art. 70 del Decreto Ejecutivo N° 31520; con el fin de evidenciar de manera cualitativa la probabilidad de un “grado de riesgo” de exposición a la población de la zona.” 5. En cuanto a los protocolos mencionados por el denunciante, es preciso indicar que actualmente, la CAAA ha elaborado una modificación al actual y vigente Reglamento para las Actividades de Aviación Agrícola (D.E. N° 31520-MS-MAG-MINAE-MOPTMGPSP), propuesta que se encuentra en proceso de trámite y de revisión final para ser aprobado y firmado finalmente por los jerarcas de diferentes instituciones. Sin embargo, es importante dejar establecido que es la responsabilidad de la CAAA sobre la revisión y el establecimiento del contenido de la propuesta; comisión técnica donde se encuentran representadas diferentes instituciones del estado: razón por la cual las acciones y revisiones de datos u otros elementos de criterio técnico son valorados en el seno de la misma CAAA. La Comisión Asesora para el Control y Regulación de las Actividades de la Aviación Agrícola (CAAA) es una comisión técnica cuyo objetivo principal es velar por la adecuada aplicación del Reglamento para las actividades de Aviación Agrícola. De lo anterior cualquier consulta, cuestionamiento o duda de los criterios técnicos utilizados para el desarrollo del contenido de la normativa que rige la aplicación aérea de productos agroquímicos, debe ser directamente dirigida o solicitada ante la CAAA, no de manera aislada ante una institución como el Ministerio de Salud; aunque este ministerio tenga representación ante ella. De lo anterior no puede recibirse ante nuestra institución y mucho menos de manera general, cuestionamientos basados en criterios de valor y sin la documentación adecuada; sin un previo análisis técnico de aspectos que le lleven a dudar sobre lo indicado en nuestra legislación vigente, aunque sea con el fin de mejorar la calidad de la normativa y con ello los aspectos de seguridad, así como la protección de nuestra población (preservar su estado de salud) y del ambiente. (…)”. Por otra parte, exponen que en el oficio n.° MSDRRSHC-ARSM-0567-2021 se indica: “Para las acciones realizadas por nuestras autoridades de salud del Área Rectora de Salud Matina con respecto a la fumigación aérea aquí discutida, nos fundamentamos legalmente en el Decreto Ejecutivo 31520-MS-MAG-MOPT-G-MSP, que nos indica nuestro accionar para resolver la problemática ambiental que se nos genere; asimismo con la reforma al artículo 70 que hace mención el recurrente. Es de mi consideración, denotar la resolución No.11064-2012 de fecha 14 de Agosto del 2012 de la Noble Sala Constitucional en su Considerando lV- “-SOBRE EL FUNDAMENTO TÉCNICO DE DISTANCIA PARA REALIZAR APLICACIONES AÉREAS DE PLAGUICIDAS Y A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES AL AMBIENTE. LA REDUCCIÓN DE LA PRESUNTA VIOLACIÓN A LA SALUD Y AMBIENTE…” Del análisis del Decreto Ejecutivo No.34202 de 21 de Mayo de 2007,se logra desprender, con meridiana claridad, que la reducción de la distancia en cuestión para efectuar fumigaciones aéreas de plaguicidas, sea de 100 metros hasta 30 metros, sí se encuentra fundamentada y justificada en criterios y estudios técnicos y científicos llevados a cabo al efecto “… También menciona que en “cumplimiento del principio precautorio del derecho ambiental contemplado en el ordenamiento jurídico costarricense y previsto por en la(sic) Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio, protección, conservación y adecuada gestión de los recursos, decidió iniciar un conjunto de estudios científicos y técnicos conducentes a fundamentar el estado actual de la ciencia y la técnica aérea de aspersión, y que la reducción de esta de 100 a 30 metros cuando hayan zonas de amortiguamiento no va a afectar el medio ambiente, ni la salud, ni la vida de las personas, e igualmente a fijar requisitos para la ejecución de actividades de aspersión aérea para el correcto control y fiscalización”. Ahora bien, con lo que respecta a nuestro quehacer en la aplicación de la norma, se han valorado denuncias y acciones técnicas en el control y fiscalización de las compañías bananeras que son en su totalidad 49, y las cuales han sido visitadas e inspeccionadas en su totalidad, para ir corrigiendo aspectos no solo en fumigación aérea, sino además con otras valoraciones propias de su agroindustria que se detallan en la Ley General de Salud y reglamentos afines. Para efectos de aclaración e interpretación de la norma de la reforma al artículo 70 Decreto Ejecutivo N°31520-MS-MAG-MOPT-G-MSP, (Reglamento para las Actividades de Aviación Agrícola ), las empresas dedicadas al cultivo de banano tienen 2 opciones: -Dejar una zona de 100 metros donde no se utiliza el sistema del riego aéreo. -Cumplir con una zona de amortiguamiento reforestada de 30 metros y proceder a la fumigación aérea. Esto dando cumplimiento a ciertas condiciones técnicas a saber: a) Zonas de amortiguamiento-. b) Altura de vuelo. c) Tamaño de las gotas de la mezcla. d) Calibración Sistemática de equipo de Aplicación. e) Sistemas de señalamiento satelital. f) Longitud de la barra de Aspersión. (boom) g) Condiciones meteorológicas de Aplicación. h) Tipos de productos. Estas condicionantes se encuentran más explicativas mediante el Informe Técnico MSDRRSHC-ARSM-0559-2021, suscrito por las autoridades de salud del Área, el cual será adjuntado al legajo principal como prueba para mejor proveer y resolver. Asimismo, denotar que existen fincas bananeras que en sus colindancias no utilizan el sistema de aplicación del producto químico por riego aéreo, sino más bien lo hacen en forma manual con bomba de espalda o con vehículo conocido como “Martignani “, que consiste en un brazo largo que arroja el producto de afuera hacia adentro de la plantación en calles internas e (sic) externas y así evitar fumigaciones con riego aéreo. Por otra parte, no se omite manifestar que sí se han atendido denuncias por afectación de deriva del riego aéreo de las fincas bananeras, incumpliendo así la norma aquí discutida; sin embargo se han dictado los actos administrativos pertinentes, donde se tutela el bien común de la salud pública de nuestra población. Es por ello, en salvaguarda de la salud pública instamos una vez más al Señor Levy Virgo, sírvase indicarnos por los canales adecuados las denuncias en el o los lugares con meridiana claridad, para así determinar los sitios, inspeccionarlos y girar las órdenes sanitarias para corregir las deficiencias denunciadas, pues son 49 fincas que debemos monitorear. Hacer mención, que en anteriores ocasiones había presentado solicitud de información sobre la misma situación ante nuestra institución, la cual se le respondió mediante el oficio MS-DRRSHC-ARSM-3632-2020, aclarando sus expectativas e indicándole como proceder ante nuestra instancia. En otro comentario no aceptamos lo expuesto en el recurso sobre nuestra honestidad y transparencia en calidad de empleados públicos, por lo que sus comentarios no son de recibo por nuestra institución, ya que no recibimos donaciones, ni otros emulentos, y si tiene como demostrarlo presente las evidencias circunstanciales para realizar las investigaciones del caso, caso contrario debe tener cuidado ya que podemos demandarlo ante los Tribunales ordinarios por difamación, calumnias y ofensas, debe mantener en todo momento las líneas de respeto y cordura que son inherentes de personas cultas…”. Sostienen que la Dirección del Área Rectora de Salud de Matina y la Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental dejan claro que existe fundamento técnico y legal respecto a la distancia para aplicar plaguicidas de forma aérea; asimismo, acotan que cuando se han recibido las denuncias específicas sobre incumplimientos, estas han sido atendidas y se han emitido los actos administrativos correspondientes. Expresan que repudian y niegan lo alegado por el accionante en cuanto a presuntas donaciones realizadas al Ministerio, así como la falta de objetividad que se acusa.\n\n8.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 15:21 horas de 9 de marzo de 2021, el accionante plantea réplica al informe rendido por el ministro de Salud. Manifiesta que la imposibilidad de controlar el arrastre de los plaguicidas debido a los fuertes vientos y la recurrente súplica de los pobladores, particularmente maestros y estudiantes, constituyen la causa del asunto de marras. Señala que esto ha sido reconocido por las autoridades regionales, tal y como consta en el oficio DR-HC-3580-2015 de 9 de diciembre de 2015, suscrito por Alexander Salas López, director del Área Rectora de Salud Región Huetar Atlántica, quien atendió quejas en contra del artículo 70 del Decreto Ejecutivo n.° 31520-MS-MAG-MOPT-MGSP, que es el “Reglamento para las actividades de Aviación Agrícola”. Arguye que es fundamental tomar nota de lo expuesto en el oficio antes aludido, pues demuestra que la autoridad regional del Ministerio de Salud propuso que se modificara el artículo 70 del Decreto Ejecutivo antes señalado, pues señala que de manera implícita se reconoció que el numeral 70 presuntamente infringe el artículo 11 inciso 2) de la Ley de Biodiversidad y el principio 15 de la Declaración de Río. Expone que, desde diciembre de 2015, el funcionario Salas López alertó al director general de Salud del Ministerio de Salud acerca de la necesidad de reformar el mencionado artículo 70, lo anterior ante una gestión que planteó una vecina de la comunidad de Matina. Argumenta que el plazo para atender tal gestión era el establecido en el artículo 261 de la Ley General de la Administración Pública; es decir, de 2 meses para la resolución de la gestión; no obstante, aduce que ya se cumplen más de 5 años desde que en el oficio n.° DRHC-3580-2015 se planteó la necesidad de reforma al reglamento antes referido. Expresa que existen importantes sectores en todo el Caribe, y particularmente en el cantón de Matina, que no cuentan con barreras vegetales que protejan a la población de la caída de partículas fuera del perímetro de la plantación, lo cual constituye un peligro potencial para la salud pública. Solicita que en sentencia se establezca un marzo de responsabilidad medioambiental que sirva para la prevención y reparación de los daños ambientales provocados, tal y como es reconocido por el Área Rectora de Salud de Matina, quien mediante el oficio n.° MS-DRRSHC-ARSM-4339-2929 de 27 de noviembre de 2020, señaló: “Estando dentro del vehículo institucional a la orilla de la Ruta 805 (Bataan-Davao) se pudo observar cuando inicia la aspersión del riego aéreo, ya que en dicho sector por no haber zona reforestada de amortiguamiento debería dejarse una distancia de 100 metros lineales de no aplicación de riego aéreo con avioneta o helicóptero, por lo que queda la duda si se está respetando el retiro correspondiente en dicho sector, ya que mediante la Orden Sanitaria HC-ARS-M-3595-2014 se les había solicitado la zona reforestada de amortiguamiento pero la decisión de la empresa fue hacer el retiro de los 100 metros correspondientes. Se puede observar en la maleza a la orilla de la calle (Ruta 805) Bataan –Davao residuos del riego aéreo. En propiedades ubicadas al costado este de la finca a 70 metros de la colindancia se observa en plantas residuos de la fumigación aérea, así como también residuos en vehículos, mismo que permanece en cochera abierta (sin paredes) a 90 metros de distancia. Con relación a la información que en la finca se han trazado caminos internos para realizar aplicaciones terrestres (con camión) y por esta razón no son necesarias áreas de amortiguamiento dicho camino solo está en la colindancia con las propiedades ubicadas en Davao Viejo, no así en el trayecto de Bataan –Davao precisamente en el sector donde están ubicadas las viviendas al costado este de la finca Bioban (después de la estación de Bomberos hasta la Estación de servicios HBQ ), así como en el resto del trayecto hasta Davao (pozo AyA) no existe el camino interno, lo cual sería lo ideal. Se ha comprobado que la deriva del riego aéreo de la Finca Bioban 2 afecta las propiedades ubicadas al costado este y por ende a quienes circulan o transitan en el trayecto de Bataan-Davao”. Explica que mediante la orden sanitaria HCARS-M3595-2104 se había solicitado la zona reforestada de amortiguamiento, pero la decisión de la empresa fue hacer el retiro de los 100 metros correspondientes, lo cual resulta insuficiente. Asevera que han transcurrido 6 años desde que las autoridades del Área Rectora de Salud de Matina emitieron la orden sanitaria antes aludida, y no se han realizado acciones efectivas en beneficio de la protección del medio ambiente. Narra que las órdenes sanitarias aportadas por los recurridos no se han cumplido, a pesar del tiempo transcurrido. Aporta prueba documental.\n\n9.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 9:37 horas de 15 de marzo de 2021, Jorge Herrera Jiménez, presidente de la Comisión Asesora para el Control y Regulación de las Actividades de Aviación Agrícola, rindió informe bajo juramento. Manifiesta que, el 6 de julio de 2020, la Comisión le informó al recurrente que no se podía brindar una respuesta en ese momento al oficio n.° AEL-050-2020 que había remitido el 3 de julio de 2020, y en el cual solicitaba “Certificar el cabal cumplimiento del artículo 70 del Decreto Ejecutivo N°31520-MS-MAG-MOPT-G-MSP en todas las fincas bananeras de nuestra zona Caribe, documentando el número y nombre de las fincas que cumplen a cabalidad con el mantenimiento de áreas reforestadas que sirven como barreras naturales en todas las colindancias”, debido a que la Comisión no tenía en ese momento quorum estructural. Expresa que el accionante reiteró su solicitud mediante correo electrónico remitido el 24 de febrero de 2021, en el cual adjuntó el oficio n.° AEL-0029-2021, en el que peticionó “Certificar el cabal cumplimiento del artículo 70 del Decreto Ejecutivo N°31520-MS-MAG-MOPT-G-MSP en todas las fincas bananeras de nuestra zona Caribe, documentando el número y nombre de las fincas que cumplen a cabalidad con el mantenimiento de áreas reforestadas que sirven como barreras naturales en todas las colindancias”. Aduce que, el 2 de marzo de 2021, la Comisión le dio respuesta al recurrente, y se le indicó: “el tema solicitado ya estaba agendado para ser conocido en el orden del día de la sesión programada para el viernes 12 de marzo del año en curso”, pues explica que la Comisión solo sesiona una vez al mes. Acota que el oficio del accionante se conoció en la sesión de 12 de marzo de 2021 y se le brindó la respuesta mediante el oficio n.° CAAA-01-2021, la cual indica se adjunta, por lo que afirma que no se han quebrantado los artículos 27 y 30 de la Constitución Política. Arguye que si bien el oficio AEL-050-2020 también fue dirigido a la Comisión, lo cierto es que en tal gestión el recurrente dirigió su solicitud al Ministerio de Salud, dependencia que le previno detallar su pretensión. Cita el voto de la Sala n.° 2015-001345 y argumenta que la pretensión debe ser dirigida a la entidad competente, para que esta conteste de forma “clara, profusa y detallada, con el objetivo de que el petente quede debidamente informado y pueda ejercer las acciones legales que juzgue apropiadas”. Considera que la solicitud que le hizo el Ministerio de Salud al recurrente es pertinente y no conlleva un quebranto al principio precautorio. Indica que la Comisión que representa no es “Administración Activa” de acuerdo con el decreto que la creó (Decreto Ejecutivo n.° 31520-MS-MAG-MOPT-MSP) y no posee competencia para atender la solicitud del accionante. Asimismo, aduce que la Comisión carece de facultades para interponer procesos administrativos o judiciales, y explica que es una instancia coordinadora de los actores involucrados en las actividades de aviación agrícola. Explica que las competencias de esa dependencia están establecidas en el artículo 85 del decreto aludido, y dentro de estas no está la de llevar registros o realizar censos por nombre y número de las fincas bananeras del Caribe que cumplen con el artículo 70 del mismo decreto. Sostiene que el recurrente debe dirigir su solicitud al ente competente, y, además, debe precisarla, de forma tal que sea posible darle una respuesta clara y detallada. \n\n10.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 10:37 horas de 16 de marzo de 2021, el recurrente aporta documentos al expediente, y señala: “(…) le remito copia de nota CAAA-02-2021 de 12 de marzo de 2021 en la cual se reconoce la necesidad de la modificación al Decreto Ejecutivo N° 31520-MS-MAGMOPT-G-MSP, donde se haga obligatorio el mantenimiento de áreas reforestadas que sirvan como barreras en todas las colindancias o bien el retiro de áreas sin fumigar”.\n\n11.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 11:03 horas de 16 de marzo de 2021, el accionante aporta documentos al expediente.\n\n12.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 15:27 horas de 18 de marzo de 2021, el recurrente plantea réplica al informe rendido por el presidente de la Comisión Asesora para el Control y Regulación de las Actividades de Aviación Agrícola, en los mismos términos de la réplica formulada al informe de las autoridades del Ministerio de Salud, y con el siguiente desarrollo adicional: “(…) Véase además, que el Presidente de la Comisión Asesora para el Control y Regulación de las Actividades de Aviación Agrícola es un piloto y en consecuencia tiene la experticia para comprender las penurias y sufrimiento de los sencillos pobladores que viven contiguo a las plantaciones Bananeras y que de manera recurrente tienen que soportar el recurrente baño de plaguicidas que afecta por igual a niños y adultos, que por temor a represalias por parte de las empresas bananeras no se atreven a denunciar dichos atropellos a sus derechos fundamentales.  Igualmente debemos de indicar que antes de la reforma del artículo 70 del superado Decreto Ejecutivo N°31520-MS-MAG-MOPT-MGSP, que es “Reglamento para las actividades de Aviación Agrícola”, de 16/10/2003. Las distancias eran de 100 y 200 metros de viviendas y fuentes de abastecimiento. No obstante, sin ningún fundamento factico ni técnico la recurrida Comisión Asesora introdujo la cuestionada reforma al artículo 70 del Decreto Ejecutivo N°31520-MS-MAG-MOPT-MGSP sin siquiera consultar con expertos en el tema. En otros países, entre ellos Ecuador, la distancia mínima es de 200 metros y en argentina son 500 metros. Por lo tanto, lo reforma se ha realizado violentando lo recomendado en la Guías sobre Buenas Prácticas para la Aplicación Aérea de Plaguicidas de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación Roma, 2002 http://www.fao.org/3/Y2766S/Y2766S00.htm.”.\n\n13.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 10:17 horas de 22 de marzo de 2021, el recurrente manifiesta que las competencias de la Comisión Asesora para el Control y Regulación de las Actividades de Aviación Agrícola, están reguladas en los artículos 81 y 82 del Decreto Ejecutivo n.° 31520-MS-MAG-MINAE-MOPT-MGPSP, los cuales cita. Sostiene entonces, que, con base en tales normas, no comparte las manifestaciones del presidente de la Comisión aludida, quien indicó que conforme al decreto mencionado, no tenía la competencia para atender sus solicitudes pues es solo una instancia de coordinación entre los actores involucrados en las actividades de aviación agrícola. Argumenta que el artículo 82.8 del citado decreto, señala como facultades de la dependencia recurrida: “Rendir informes periódicos a los respectivos ministerios e instituciones, así como los que se le soliciten.”. Solicita que se le ordenen la autoridad recurrida “Certificar el cabal cumplimiento del artículo 70 del Decreto Ejecutivo N°31520-MS-MAG-MOPT-G-MSP en todas las fincas bananeras de nuestra zona Caribe, documentando el número y nombre de las fincas que cumplen a cabalidad con el mantenimiento de áreas reforestadas que sirven como barreras naturales en todas las colindancias.”.\n\n14.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 10:17 horas de 22 de marzo de 2021, el accionante aportó documentos al expediente, e indicó: “Con respecto a la legislación internacional en materia de regulación de fumigaciones de plaguicidas y distancias que se deben respetar, se encontró en Latinoamérica algunas variantes respecto a estas distancias, por ejemplo en países como Brasil para una fumigación aérea se debe mantener 500 metros, en Uruguay, específicamente para escuelas, las fumigaciones aéreas se deben realizar a 500 metros y para fumigaciones terrestres la distancia de amortiguamiento es de 300 metros (RAP-AL, 2013), en Argentina la distancia para fumigación aérea es de 500 metros y para fumigaciones terrestre es de 100 metros de amortiguamiento para una zona residencial, incluyendo escuelas10; en Chile y Paraguay la distancia disminuye a 200 metros en una zona residencial (Felsot. A et al, 2010).”.\n\n15.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 17:53 horas de 22 de marzo de 2021, el recurrente aportó documentos al expediente.\n\n16.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 16:39 de 23 de marzo de 2021, el accionante aportó documentos al expediente.\n\n17.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 20:56 horas de 25 de marzo de 2021, el recurrente aportó documentos al expediente.\n\n18.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 11:04 horas de 14 de abril de 2021, el accionante aportó documentos al expediente.\n\n19.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.\n\n Redacta la Magistrada Esquivel Rodríguez; y,\n\nConsiderando:\n\n \n\nI.- ACLARACIÓN PREVIA. Antes de analizar el fondo del asunto debe aclararse que, a partir de la sentencia número 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones aquellos asuntos en los que se discute si la Administración Pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante una denuncia en materia ambiental, la cual se acusa que no ha sido resuelta dentro de un plazo razonable. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta reclamada en este amparo.\n\nII.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente manifiesta que el 10 de junio de 2020, mediante el oficio n.° AEL-050-2020, dirigido al Ministro de Salud y a la Comisión Asesora para el Control y Regulación de las Actividades de Aviación Agrícola, gestionó que se verificara el cumplimiento del artículo 70 del Decreto Ejecutivo n.° 31520-MS-MAG-MOPT-G-MSP en todas las fincas bananeras de la zona del Caribe; no obstante, reclama que las autoridades recurridas le solicitaron la ubicación de las fincas y los nombres de las personas afectadas, obviando que los afectaros son los trabajadores y sus familias, así como los maestros de escuelas y colegios. Acusa que los recurridos se niegan a indagar sobre la situación señalada y a facilitarle la investigación técnica y los protocolos usados para concluir que en Costa Rica solo son 100 metros los necesarios para la franja vegetal, cuando en Ecuador son 200 metros y en Argentina 500 metros. Solicita que se le ordene a las autoridades recurridas resolver la gestión planteada.\n\nIII.-HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:\n\na)     El 10 de junio de 2020, mediante el oficio n.° AEL-050-2020, el recurrente planteó una gestión que dirigió al ministro de Salud y a la Comisión Asesora para el Control y Regulación de las Actividades de Aviación Agrícola, en la que indicó: “Ref: Certificar el cabal cumplimiento del artículo 70 del Decreto Ejecutivo N° 31520-MS-MAG-MOPT-G-MSP en todas las fincas bananeras de nuestra zona Caribe, documentando el número y nombre de las fincas que cumplen a cabalidad con el mantenimiento de áreas reforestadas que sirven como barreras naturales en todas las colindancias (…) me presento a solicitar que se proceda a realizar un levantamiento de toda la información que permita verificar el cabal cumplimiento del artículo 70 del Decreto Ejecutivo N°31520-MS-MAG-MOPT-G-MSP en todas las fincas bananeras de nuestra zona Caribe. Para ello se haría necesario documentar para cada caso el nombre y número de las fincas bananeras, que cumplen a cabalidad con el mantenimiento de áreas reforestadas que sirven como barreras de mitigación naturales en todas las colindancias, para mitigar el efecto que los plaguicidas ocasionan por la deriva de las fumigaciones y los fuertes vientos que imperan en nuestro Caribe. Igualmente, solicitamos respetuosamente se sirvan proceder de manera perentoria, con las acciones administrativas y judiciales necesarias para la consecuente finalización y cancelación de todas las afectaciones, que día a día sufre nuestra población por las actividades de aviación agrícola, principalmente en los cantones de Limón, Matina, Siquirres, Pococí y sobre la Ruta 36 carretera a Sixaola, entre otros. Así las cosas, rogamos resolver de conformidad y tener la bondad de informarnos oportunamente lo actuado en beneficio de la salud y la vida de nuestros pobladores\". (Prueba documental aportada por el recurrente).\n\nb)    El 2 de julio de 2020, la directora del Área Rectora de Salud suscribió el oficio n.° MS-DRRSHC-ARSM-1981-2020, que dirigió al director de la Región Huetar Norte del Ministerio de Salud. En tal documento consignó: “(…) En atención a oficio MS-DM-4641-2020, suscrito por el Dr. Daniel Salas Peraza, Ministro de Salud, referente a “Certificar el cabal cumplimiento del artículo 70 del Decreto Ejecutivo N° 31520-MS-MAG-MOPT-G-MSP en todas las fincas bananeras de nuestra zona Caribe, documentando el número y nombre de las fincas que cumplen a cabalidad con el mantenimiento de áreas reforestadas que sirven como barreras naturales en todas las colindancias”, ante lo cual se le informa lo siguiente: ● Referente al artículo 70 en mención indica lo siguiente: Si se deja una franja de no aplicación aérea de 100 metros, no se requiere una zona de amortiguamiento reforestada con un ancho de 30 metros con una altura mayor al cultivo que sirva como barreras para reducir la deriva de las aplicaciones aéreas, si la aplicación se lleva a cabo en dirección paralela a la zona de amortiguamiento. Si la aplicación se realizara con avión y en forma perpendicular a la línea de cultivo, adicionalmente se deberá dejar una franja de 40 metros dentro del cultivo, en la que no se deberá asperjar para reducir el efecto de arrastre. ● Por lo expuesto en el punto anterior las fincas bananeras no están obligadas a cumplir con una zona de amortiguamiento reforestada si dejan una zona de 100 metros de no aplicación del riesgo aéreo. ● Que el cantón de Matina hay 46 fincas agrícolas dedicadas al cultivo de banano para la exportación. ● En el marzo de la atención de la emergencia nacional sanitaria por la pandemia de SARS-COV-2 se está priorizando su abordaje en el cantón de Matina. ● Además, se sugiere que se solicite al denunciante especificar las fincas o sitios, ya que en la denuncia no se consigna, sino que se habla en general de la zona Caribe. ● Importante destacar que las denuncias que se han presentado anteriormente en el Área Rectora de Salud de Matina en torno a la fumigación aérea, han sido atendidas según corresponde y en algunos casos las empresas han optado por dejar una zona de 100 metros de no aplicación del riesgo aéreo.”. (Prueba documental aportada por el recurrente).\n\nc)     Ante la gestión del recurrente, las autoridades del Ministerio de Salud le solicitaron indicar la ubicación y dirección de las fincas que presuntamente habían incurrido en los incumplimientos acusados, así como los nombres de las personas afectadas. (Hecho incontrovertido).\n\nd)    El 6 de julio de 2020, la Comisión Asesora para el Control y Regulación de las Actividades de Aviación Agrícola, remitió un correo electrónico al accionante, en el que señaló: “Confirmo el recibido del oficio AEL-050-2020. Por el momento la Comisión no le puede responder porque no hay quorum estructural, en el momento que se realice una sesión de trabajo se le estará brindando la información solicitada.”. (Prueba documental aportada por el recurrente).\n\ne)     El 24 de febrero de 2021, el accionante remite nuevamente a las autoridades recurridas una gestión en la que solicita: “Certificar el cabal cumplimiento del artículo 70 del Decreto Ejecutivo N° 31520-MS-MAG-MOPT-G-MSP en todas las fincas bananeras de nuestra zona Caribe, documentando el número y nombre de las fincas que cumplen a cabalidad con el mantenimiento de áreas reforestadas que sirven como barreras naturales en todas las colindancias”. (Prueba documental).\n\nf)      El 2 de marzo de 2021, la Comisión Asesora para el Control y Regulación de las Actividades de Aviación Agrícola remitió un correo electrónico al accionante, en el que señaló: “Hemos recibido su correo electrónico, queda agendado en el Orden del Día de la sesión ordinaria del mes de marzo, a realizarse el día viernes 12.”. (Prueba documental).\n\ng)    El ministro de Salud fue notificado de la resolución de curso de este proceso el 1° de marzo de 2021, el director del Área Rectora de Salud de Matina el 4 de marzo del mismo año, y la Comisión Asesora para el Control y Regulación de las Actividades de Aviación Agrícola fue notificada el 11 del mismo mes y año. (Actas de notificación agregadas al expediente).\n\nh)    La Comisión Asesora para el Control y Regulación de las Actividades de Aviación Agrícola, mediante el oficio n.° CAAA-01-2021 de 12 de marzo de 2021, le comunicó los siguiente al tutelado: “Conforme al decreto de creación de la Comisión, las competencias se definen en el artículo 85, y no está la de llevar registros o realizar censos por nombre y número de fincas bananeras de la Zona Caribe que cumplen a cabalidad con lo que establece el artículo 70 (…) La Comisión carece de facultades para interponer procesos administrativos o judiciales, es una instancia coordinadora de los actores involucrados (instituciones públicas, privadas y el sector privado) en las actividades de aviación agrícola. Entendemos que los ciudadanos tienen derecho a solicitar información y estamos en la mejor disposición de brindarla dentro de las competencias. A su vez se requiere que la información solicitada no sea ambigua y confusa, toda denuncia debe ser planteada con claridad, para lo cual se requiere, nombre de la finca, número de matrícula de la aeronave, lugar, hora y día exacta del evento. Un ejemplo de información confusa es la que se lee en su solicitud: “los fuertes vientos que imperan en nuestro Caribe”, por lo que se requiere que indique que entiende por “fuertes vientos”. Por todo lo anterior la Comisión no tiene competencia para atender su solicitud.”. Asimismo, mediante el oficio n.° CAAA-02-2021 de esa misma fecha, le contestó lo siguiente: “En relación con su oficio AEL-0033-2021 de 4 de marzo de 2021, recibido mediante correo electrónico el 04 de marzo, donde solicita de que la Comisión, “valore la posibilidad de hacer una reforma al artículo 70 del Decreto Ejecutivo N° 31520-MS-MAG-MOPT-G-MSP, donde se haga obligatorio el mantenimiento de áreas reforestadas que sirvan como barreras en todas las colindancias o bien el retiro de áreas sin fumigar”. Me permito indicarle que la Comisión elaboró una reforma al reglamento vigente, la cual salió a consulta pública, en cumplimiento de los requerimientos de mejora regulatoria del MEIC, el reglamento ha sido firmado por el MAG-MOPT-MTSS, quedan pendiente de la firma el MINAE y MS.”. (Informe de la autoridad recurrida y prueba documental).\n\nIV.- HECHOS NO PROBADOS. De importancia para la resolución de este asunto, se estima como no demostrados los siguientes hechos:\n\na)     Que el recurrente haya cumplido con el requerimiento de las autoridades del Ministerio de Salud, en cuanto a indicar la ubicación y dirección de las fincas que presuntamente incurrían en los incumplimientos acusados, así como los nombres de las personas afectadas.\n\nb)    Que el accionante haya planteado alguna gestión en la que solicitara a los recurridos facilitarle alguna investigación técnica o protocolos referentes a que “en Costa Rica solo son 100 metros los necesarios para la franja vegetal”.\n\nV.- SOBRE EL CASO EN CONCRETO. En el sub lite, el recurrente manifiesta que el 10 de junio de 2020, mediante el oficio n.° AEL-050-2020, dirigido al Ministro de Salud y a la Comisión Asesora para el Control y Regulación de las Actividades de Aviación Agrícola, gestionó que se verificara el cumplimiento del artículo 70 del Decreto Ejecutivo n.° 31520-MS-MAG-MOPT-G-MSP en todas las fincas bananeras de la zona del Caribe; no obstante, reclama que las autoridades recurridas le solicitaron la ubicación de las fincas y los nombres de las personas afectadas, obviando que los afectaros son los trabajadores y sus familias, así como los maestros de escuelas y colegios. Acusa que los recurridos se niegan a indagar sobre la situación señalada y a facilitarle la investigación técnica y los protocolos usados para concluir que en Costa Rica solo son 100 metros los necesarios para la franja vegetal, cuando en Ecuador son 200 metros y en Argentina 500 metros. Solicita que se le ordene a las autoridades recurridas resolver la gestión planteada.\n\nDel estudio de los autos se tiene por demostrado, que, el 10 de junio de 2020, mediante el oficio n.° AEL-050-2020, el recurrente planteó una gestión que dirigió al ministro de Salud y a la Comisión Asesora para el Control y Regulación de las Actividades de Aviación Agrícola, en la que indicó: “Ref: Certificar el cabal cumplimiento del artículo 70 del Decreto Ejecutivo N° 31520-MS-MAG-MOPT-G-MSP en todas las fincas bananeras de nuestra zona Caribe, documentando el número y nombre de las fincas que cumplen a cabalidad con el mantenimiento de áreas reforestadas que sirven como barreras naturales en todas las colindancias (…) me presento a solicitar que se proceda a realizar un levantamiento de toda la información que permita verificar el cabal cumplimiento del artículo 70 del Decreto Ejecutivo N°31520-MS-MAG-MOPT-G-MSP en todas las fincas bananeras de nuestra zona Caribe. Para ello se haría necesario documentar para cada caso el nombre y número de las fincas bananeras, que cumplen a cabalidad con el mantenimiento de áreas reforestadas que sirven como barreras de mitigación naturales en todas las colindancias, para mitigar el efecto que los plaguicidas ocasionan por la deriva de las fumigaciones y los fuertes vientos que imperan en nuestro Caribe. Igualmente, solicitamos respetuosamente se sirvan proceder de manera perentoria, con las acciones administrativas y judiciales necesarias para la consecuente finalización y cancelación de todas las afectaciones, que día a día sufre nuestra población por las actividades de aviación agrícola, principalmente en los cantones de Limón, Matina, Siquirres, Pococí y sobre la Ruta 36 carretera a Sixaola, entre otros. Así las cosas, rogamos resolver de conformidad y tener la bondad de informarnos oportunamente lo actuado en beneficio de la salud y la vida de nuestros pobladores\". El 2 de julio de 2020, la directora del Área Rectora de Salud suscribió el oficio n.° MS-DRRSHC-ARSM-1981-2020, que dirigió al director de la Región Huetar Norte del Ministerio de Salud. En tal documento consignó: “(…) En atención a oficio MS-DM-4641-2020, suscrito por el Dr. Daniel Salas Peraza, Ministro de Salud, referente a “Certificar el cabal cumplimiento del artículo 70 del Decreto Ejecutivo N° 31520-MS-MAG-MOPT-G-MSP en todas las fincas bananeras de nuestra zona Caribe, documentando el número y nombre de las fincas que cumplen a cabalidad con el mantenimiento de áreas reforestadas que sirven como barreras naturales en todas las colindancias”, ante lo cual se le informa lo siguiente: ● Referente al artículo 70 en mención indica lo siguiente: Si se deja una franja de no aplicación aérea de 100 metros, no se requiere una zona de amortiguamiento reforestada con un ancho de 30 metros con una altura mayor al cultivo que sirva como barreras para reducir la deriva de las aplicaciones aéreas, si la aplicación se lleva a cabo en dirección paralela a la zona de amortiguamiento. Si la aplicación se realizara con avión y en forma perpendicular a la línea de cultivo, adicionalmente se deberá dejar una franja de 40 metros dentro del cultivo, en la que no se deberá asperjar para reducir el efecto de arrastre. ● Por lo expuesto en el punto anterior las fincas bananeras no están obligadas a cumplir con una zona de amortiguamiento reforestada si dejan una zona de 100 metros de no aplicación del riesgo aéreo. ● Que el cantón de Matina hay 46 fincas agrícolas dedicadas al cultivo de banano para la exportación. ● En el marzo de la atención de la emergencia nacional sanitaria por la pandemia de SARS-COV-2 se está priorizando su abordaje en el cantón de Matina. ● Además, se sugiere que se solicite al denunciante especificar las fincas o sitios, ya que en la denuncia no se consigna, sino que se habla en general de la zona Caribe. ● Importante destacar que las denuncias que se han presentado anteriormente en el Área Rectora de Salud de Matina en torno a la fumigación aérea, han sido atendidas según corresponde y en algunos casos las empresas han optado por dejar una zona de 100 metros de no aplicación del riesgo aéreo.”. Ante la gestión del recurrente, las autoridades del Ministerio de Salud le solicitaron indicar la ubicación y dirección de las fincas que presuntamente habían incurrido en los incumplimientos acusados, así como los nombres de las personas afectadas. El 6 de julio de 2020, la Comisión Asesora para el Control y Regulación de las Actividades de Aviación Agrícola, remitió un correo electrónico al accionante, en el que señaló: “Confirmo el recibido del oficio AEL-050-2020. Por el momento la Comisión no le puede responder porque no hay quorum estructural, en el momento que se realice una sesión de trabajo se le estará brindando la información solicitada.”. El 24 de febrero de 2021, el accionante remite nuevamente a las autoridades recurridas una gestión en la que solicita: “Certificar el cabal cumplimiento del artículo 70 del Decreto Ejecutivo N° 31520-MS-MAG-MOPT-G-MSP en todas las fincas bananeras de nuestra zona Caribe, documentando el número y nombre de las fincas que cumplen a cabalidad con el mantenimiento de áreas reforestadas que sirven como barreras naturales en todas las colindancias”. El 2 de marzo de 2021, la Comisión Asesora para el Control y Regulación de las Actividades de Aviación Agrícola remitió un correo electrónico al accionante, en el que señaló: “Hemos recibido su correo electrónico, queda agendado en el Orden del Día de la sesión ordinaria del mes de marzo, a realizarse el día viernes 12.”. El ministro de Salud fue notificado de la resolución de curso de este proceso el 1° de marzo de 2021, el director del Área Rectora de Salud de Matina el 4 de marzo del mismo año, y la Comisión Asesora para el Control y Regulación de las Actividades de Aviación Agrícola fue notificada el 11 del mismo mes y año. La Comisión Asesora para el Control y Regulación de las Actividades de Aviación Agrícola, mediante el oficio n.° CAAA-01-2021 de 12 de marzo de 2021, le comunicó los siguiente al tutelado: “Conforme al decreto de creación de la Comisión, las competencias se definen en el artículo 85, y no está la de llevar registros o realizar censos por nombre y número de fincas bananeras de la Zona Caribe que cumplen a cabalidad con lo que establece el artículo 70 (…) La Comisión carece de facultades para interponer procesos administrativos o judiciales, es una instancia coordinadora de los actores involucrados (instituciones públicas, privadas y el sector privado) en las actividades de aviación agrícola. Entendemos que los ciudadanos tienen derecho a solicitar información y estamos en la mejor disposición de brindarla dentro de las competencias. A su vez se requiere que la información solicitada no sea ambigua y confusa, toda denuncia debe ser planteada con claridad, para lo cual se requiere, nombre de la finca, número de matrícula de la aeronave, lugar, hora y día exacta del evento. Un ejemplo de información confusa es la que se lee en su solicitud: “los fuertes vientos que imperan en nuestro Caribe”, por lo que se requiere que indique que entiende por “fuertes vientos”. Por todo lo anterior la Comisión no tiene competencia para atender su solicitud.”. Asimismo, mediante el oficio n.° CAAA-02-2021 de esa misma fecha, le contestó lo siguiente: “En relación con su oficio AEL-0033-2021 de 4 de marzo de 2021, recibido mediante correo electrónico el 04 de marzo, donde solicita de que la Comisión, “valore la posibilidad de hacer una reforma al artículo 70 del Decreto Ejecutivo N° 31520-MS-MAG-MOPT-G-MSP, donde se haga obligatorio el mantenimiento de áreas reforestadas que sirvan como barreras en todas las colindancias o bien el retiro de áreas sin fumigar”. Me permito indicarle que la Comisión elaboró una reforma al reglamento vigente, la cual salió a consulta pública, en cumplimiento de los requerimientos de mejora regulatoria del MEIC, el reglamento ha sido firmado por el MAG-MOPT-MTSS, quedan pendiente de la firma el MINAE y MS.”.\n\nEn cuanto al Ministerio de Salud, en los términos en que fue planteado el escrito de interposición, este Tribunal no aprecia situaciones que, a priori, ameriten su intervención.\n\nEn primer lugar, conviene traer a colación lo dispuesto por el artículo 70 del Decreto Ejecutivo n.° 31520-MS-MAG-MOPT-G-MSP (Reglamento para las actividades de Aviación Agrícola), que señala el accionante:\n\n“Artículo 70.-Requisitos de cumplimiento en las aplicaciones aéreas de plaguicidas respecto a centros de población o granjas. Las aplicaciones aéreas de plaguicidas pueden llevarse a cabo si entre el campo a tratar y cualquier carretera, centros de población, casas de habitación, edificios donde permanezca personal laborando, fuentes de agua y cultivos aledaños o fincas vecinas susceptibles a efectos negativos derivados del plaguicida aplicado, se deja una franja de no aplicación aérea no menor de 100 metros, de tal manera que no se contaminen personas, animales, casas, poblados, carreteras, pastizales, fuentes de agua, abrevaderos y los cultivos o fincas antes citados por efectos de la deriva o el arrastre de plaguicidas. \n\nLa distancia podrá reducirse de 100 hasta 30 metros si se dispone de una zona de amortiguamiento y se cumplen las siguientes condiciones:\n\na)         Zonas de amortiguamiento. Estas zonas deberán ser áreas reforestadas con árboles de especies preferiblemente nativas con una altura mayor al cultivo y un ancho mínimo de 30 metros , para servir como barreras para reducir la deriva de las aplicaciones aéreas, si la aplicación se lleva a cabo en dirección paralela a la zona de amortiguamiento. Si la aplicación se realizara con avión y en forma perpendicular a la línea de cultivo, adicionalmente se deberá dejar una franja de 40 metros dentro del cultivo, en la que no se deberá asperjar para reducir el efecto del arrastre. La autoridad administrativa competente podrá aumentar esta distancia mediante resolución razonada cuando en el área por asperjar existan situaciones particulares y objetivas que requieran una mayor distancia a pesar de la existencia de la zona de amortiguamiento. La franja de no aplicación de productos podrá omitirse en caso de vías o caminos internos de uso exclusivo para el cultivo y mientras no existan viviendas.\n\nb)         Altura de vuelo. Debe ser igual o inferior a 5 metros sobre dosel de la plantación, para que la concentración de partículas que pueden ser arrastradas por la influencia del viento, se reduzcan para minimizar la deriva y evaporación del producto asperjado.\n\nc)         Tamaño de las gotas de la mezcla. Se debe trabajar con un tamaño de gota promedio entre 200 y 300 micras (µm) para minimizar la deriva con una aplicación más lenta en su velocidad de caída libre y de más fácil evaporación.\n\nd)         Calibración sistemática de equipo de aplicación. Para garantizar una aplicación efectiva y la dosis adecuada de los productos, un técnico capacitado en la materia deberá verificar el tamaño de las gotas y el flujo de los aspersores con la siguiente frecuencia: 1) Flujo boquillas: semestral, 2) Número de gotas: semestral, 3) Dosificación: diaria. Antes y después de las aplicaciones aéreas un técnico deberá realizar una revisión que asegure el buen estado del sistema de mangueras, aspersores, válvulas, el sistema de señalamiento satelital y del Medidor Automático de Flujo.\n\ne)         Sistemas de señalamiento satelital. Todas las aeronaves deben contar con un sistema de señalamiento satelital para ofrecer la posibilidad de asegurar una adecuada aplicación de los productos en las áreas de cultivo, así como de disponer de una evidencia gráfica de esta. Los gráficos generados por el sistema de señalamiento satelital deben ser mantenidos por la empresa aspersora, por un mínimo de dos años. En todas las aeronaves que asperjen en fincas que poseen zonas de amortiguamiento deben instalar en el plazo de un año, un sistema automático de cierre de aspersores.\n\nf)          Longitud de la barra de aspersión (boom). La longitud efectiva de la barra no debe exceder el 80% de la longitud de cada ala del avión.\n\ng)         Condiciones meteorológicas de aplicación: 1) Velocidad y dirección del viento: la velocidad del viento no puede ser mayor a 15 kilómetros por hora cuando se asperjen las zonas de cultivo aledañas a las áreas de amortiguamiento y la dirección del viento debe ser contraria a la zona de amortiguamiento o zonas sensibles, 2) Temperatura: las aplicaciones en zonas aledañas a las áreas de amortiguamiento no podrán realizarse si la temperatura es superior a los 29 ºC , y, 3) Humedad relativa: debe ser superior al 70%.\n\nh)         Tipos de productos. En las fincas que poseen zonas de amortiguamiento sólo se podrán aplicar vía aérea los productos inscritos y autorizados de conformidad con el artículo 69 de este reglamento. Dichos productos deben ser de moderada toxicidad.”.\n\nAhora, si bien el recurrente acusa que en junio de 2020 dirigió un oficio a la autoridad recurrida en el que solicitaba la verificación del cumplimiento del artículo 70 supra transcrito en todas las fincas bananeras de la zona del Caribe, no menos cierto es que el mismo accionante señala que, al tramitar su gestión, las autoridades de salud le solicitaron especificar las fincas en concreto que acusaba de incumplimiento, así como señalar a las personas afectadas.\n\nAl respecto, aun cuando el recurrente cuestiona tal requerimiento de la autoridad accionada, esta Sala no considera que este sea irrazonable o arbitrario a los efectos de poder atender la gestión respecto al cumplimiento de la normativa antes citada. Véase que, de acuerdo con lo informado bajo juramento y con los elementos aportados a los autos, solo en el cantón de Matina hay más de 40 fincas bananeras, de ahí que la precisión solicitada por la autoridad recurrida y que cuestiona el tutelado no resulta abiertamente improcedente.\n\nAhora bien, de los elementos aportados a los autos, no se comprueba que el recurrente haya cumplido con lo requerido por la autoridad accionada, pues no se desprende que haya remitido denuncias concretas respecto a alguna finca determinada, por presuntos incumplimientos al Reglamento para las Actividades de Aviación Agrícola.\n\nEn consecuencia, en los términos en que fue planteado el escrito de interposición, prima facie se descarta alguna lesión a los derechos fundamentales del tutelado por parte del Ministerio de Salud, por lo que corresponde declarar sin lugar el recurso en cuanto a este extremo.\n\nPor otro lado, respecto a la Comisión Asesora para el Control y Regulación de las Actividades de Aviación Agrícola, este Tribunal considera que ha lesionado los derechos fundamentales de la parte accionante, pues véase que, el 10 de junio de 2020, el recurrente también dirigió su gestión a esta dependencia; sin embargo, no fue sino durante el trámite de este proceso que se le dio una respuesta.\n\nEn consecuencia, en cuanto a este extremo, lo correspondiente es declarar con lugar el recurso de acuerdo con el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, debido a la dilación en la que incurrió la autoridad recurrida para atender la gestión del accionante.\n\nVI.- Por otra parte, atinente al reclamo del amparado respecto a que las autoridades recurridas se niegan a facilitarle alguna investigación técnica o los protocolos usados para concluir que “en Costa Rica solo son 100 metros los necesarios para la franja vegetal, cuando en Ecuador son 200 metros y en Argentina 500 metros”, de los elementos aportados por el accionante en su escrito de interposición no se desprende que haya planteado alguna gestión formal ante las instancias recurridas en la que peticionara tal información.\n\nDe tal forma, sobre este aspecto, en los términos en que fue planteado el recurso, no se observan situaciones que, prima facie, ameriten la intervención de esta jurisdicción constitucional, por lo que corresponde declarar sin lugar el recurso en cuanto a este extremo.\n\nVII.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.\n\nVIII.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA HERNÁNDEZ LÓPEZ, SOBRE LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DERIVADAS DE DECLARAR CON LUGAR ESTE RECURSO. Coincido con la mayoría de la Sala en la decisión tomada respecto de la existencia de una lesión a los derechos fundamentales en este caso, la cual ha sido corregida con ocasión de la intervención de la Sala; no obstante, me separo de su decisión en relación con el tema de las consecuencias económicas de dicha declaratoria.\n\nLa jurisdicción constitucional a cargo de este Tribunal en materia de amparo y hábeas corpus -la jurisdicción de la libertad como se le denomina- es especial porque su finalidad no es la del juez tradicional que dirime un conflicto entre dos partes, enfrentadas por una disputa legal. Su materia es de orden público, y su objetivo es brindar protección judicial a las personas en el ejercicio de sus derechos fundamentales de manera tal que no se perturbe su disfrute por actos de quien, de hecho o de derecho, realiza ejercicios concretos de autoridad, capaces de vulnerarlos.\n\nEsa vocación protectora de la jurisdicción constitucional se concreta en un diseño procesal también peculiar, célere y gratuito en donde se impone a la autoridad pública recurrida la simple rendición de “un informe” sobre lo actuado en el caso denunciado (artículos 43, 44, 45 y 46 de la LJC). Así que no se trata técnicamente de un litigio y acorde con ello, se entregan a la Sala Constitucional amplios poderes para orientar el curso del proceso de amparo o de hábeas corpus, tanto respecto de la posibilidad de requerir información a otras autoridades sobre lo sucedido, como respecto del manejo amplio de la prueba que pueda servir para aclarar lo sucedido. Tal marco procesal de la jurisdicción de la libertad, donde no existen dos partes antagónicas enfrentadas de modo que lo que gane una lo pierda la otra, impone alejarnos de las soluciones que para estas últimas cuestiones han sido previstos en sistemas procesales como el civil, el contencioso o el laboral.\n\nEn lo que ahora interesa, la Ley de la Jurisdicción Constitucional regula en sus artículos 46 y siguientes, tres aspectos concretos del ejercicio de la función jurisdiccional de protección de derechos fundamentales, a cargo de la Sala: a) el primer aspecto es el atinente a la declaración que debe hacerse de la existencia o inexistencia de la violación (artículos 46 y 47 LJC); b) el segundo, regula de forma cuidadosa las potestades de las que goza el Tribunal para revertir los efectos jurídicos de la infracción a los derechos fundamentales y restaurar, de la forma más efectiva, su ejercicio (artículos 49 y 50 LJC); c) el tercer aspecto, (artículo 51 LJC) dispone reglas sobre las consecuencias económicas de tales procesos de amparo y habeas corpus, de manera tal que –ante la constatación de una lesión parte de la Sala-exista una restauración del disfrute de tales derechos y, además, una efectiva indemnización de los daños y gastos ocasionados, como parte del derecho a una justicia efectiva en cuanto a la reparación de las consecuencias dañosas generadas por las autoridades que resulten infractoras, las cuales no son sólo para efectos de la tutela judicial efectiva de la parte accionante, sino también con un fin disuasorio para que  el Estado, no incurra en el futuro en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50 de la ley de la Jurisdicción Constitucional.\n\nEn este último aspecto, la Ley en su artículo 51 ordena a la Sala que “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso…”.  Este es el sistema general que regula los temas del ámbito indemnizatorio, para los casos que la mayoría identifica como “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerados los derechos fundamentales…”;  en tales casos, dentro de los que se cuenta el que ahora se decide,  la Sala ha tenido por comprobado el agravio y de allí la necesidad de una condenatoria en costas daños y perjuicios, que se apoya en el concepto antes citado de una tutela efectiva de los derechos de las personas y en la noción de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y gastos que ocasione con su actuar inconstitucional. No cambia en nada esta conclusión por el hecho de que al conocer y resolver el amparo, “hubieren cesado los efectos del acto reclamado” (artículo 50) pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria automática en costas daños y perjuicios, por entenderse que el proceso ha terminado de forma normal y se ha constatado la violación.\n\nDentro de este marco general sencillo y claro -y carente de minusvalías o vacíos- la disposición del artículo 52 de la Ley encaja perfectamente como un caso de excepción, aplicable únicamente en los casos en que la Sala no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, es decir -como lo dice la mayoría- en aquellas situaciones de “terminación anormal del proceso”. Pero las condiciones y alcances para decretar esa forma de conclusión están delimitados como suma precisión por parte del legislador; en primer lugar, los presupuestos de hecho para la aplicación de esta norma, están claramente descritos, de modo que la Sala debe comprobar: 1) que el amparo está en curso;  2) que exista una resolución administrativa o judicial (que debe entenderse en su sentido estrictamente formal); y 3) que en tal resolución se disponga incuestionablemente la revocación, la detención o la suspensión de la actuación impugnada. Se trata de conceptos sumamente acotados, cuyo ámbito de aplicación debe además ser interpretado restringidamente, no solo en atención a la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino porque las consecuencias de aplicar tal excepción generan indiscutiblemente una disminución en el derecho fundamental de las personas a lograr una efectiva tutela judicial frente a los daños recibidos con la lesión a sus derechos constitucionales. En conclusión, únicamente en tales limitados casos y luego de confirmado por el Tribunal todo lo anterior, a la luz de una lectura restrictiva de sus alcances, estaríamos ante la necesidad de dejar de lado el sistema general de condenatoria automática en costas daños y perjuicios, y ejercitar -como jueces- nuestra discreción jurídica para decidir si se ordena el pago de tales extremos o no.\n\nEn este caso, el ejercicio anterior obliga a concluir la inaplicabilidad del artículo 52 de LJC, pues, por una parte, el Tribunal se ha pronunciado sobre el fondo del asunto, ha reconocido con su declaración una lesión a derechos fundamentales y determinado quién ha sido su autor; en nada se asemeja lo anterior una “terminación anormal del proceso”. Por otra parte, tampoco se verifican los requisitos del artículo 52 recién citado, ya que no existe una “resolución administrativa o judicial” formalmente emitida y en la cual, de manera expresa se revoque, detenga o suspenda el acto que origina la violación de derechos constitucionales; Por todo ello,  es procedente aplicar lo dispuesto en los artículos 50 y 51 de la LJC  y disponer -como consecuencia de haberse comprobado la violación- la condenatoria en daños, perjuicios y costas causados, en calidad de consecuencias económicas del proceso.\n\nPero incluso, aún si dejásemos de lado la condena automática en daños, perjuicios y costas, despreciando los razonamientos anteriores, lo cierto es que los hechos probados de este caso han llevado a la Sala a declarar la existencia de una afectación en el ejercicio de los derechos fundamentales de la parte amparada, que, como acción dañosa que es, lleva aparejada una presunción de surgimiento de daños y perjuicios económicos -cuya determinación concreta no le toca a la Sala-, y no se aprecia en el expediente mérito alguno que convenza para exonerar a la autoridad recurrida de cubrir la efectiva reparación de las consecuencias dañinas de sus actos, según el principio general dispuesto expresamente en la ley.\n\nIX.- VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO, ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LA NO CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA. Si bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.\n\nLa Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:\n\n“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.\n\nPor otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:\n\n“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.\n\nEsta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.\n\nEn criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.\n\nAsí, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.\n\nPor otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una“terminación anormal del proceso”.\n\nEl legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.\n\nEn mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaro.\n\nX.- VOTO SALVADO PARCIAL DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.\n\nMi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.\n\nCiertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es de carácter indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.\n\nSi el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de estos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya dictado la condenatoria en abstracto, no se han ocasionado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.\n\nCon la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido.\n\nEn razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas.\n\nX.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPor tanto:\n\n \n\n Se declara parcialmente con lugar el recurso sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, únicamente en relación con la Comisión Asesora para el Control y Regulación de las Actividades de Aviación Agrícola, por la dilación en la respuesta a la gestión planteada por el accionante el 10 de junio de 2020. La magistrada Hernández López salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas de conformidad con los artículos 50 y 51 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. El magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. Notifíquese.\n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nNancy Hernández L.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\n\n\nAnamari Garro V.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nMarta Eugenia Esquivel R.\n\n\n\n\nRonald Salazar Murillo\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nIleana Sánchez N.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n U4LDODBZBDW61\n\nEXPEDIENTE N° 21-003927-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 09-05-2026 09:26:22.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "**CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE.** San José, at nine hours fifteen minutes of the thirtieth of April of two thousand twenty-one.\n\n*Amparo* appeal processed in case file No. 21-003927-0007-CO, filed by MARCO LEVY VIRGO, identity card number 0700690314, against the MINISTRY OF HEALTH AND THE ADVISORY COMMISSION FOR THE CONTROL AND REGULATION OF AGRICULTURAL AVIATION ACTIVITIES.\n\n**Whereas:**\n\n1.- By brief added to the digital case file at 9:43 hours on February 26, 2021, the appellant files an *amparo* appeal. He states that on June 10, 2020, through official letter AEL-050-2020, addressed to the Minister of Health and the Agricultural Aviation Commission, he made a request, in which he indicated: “(…) that a comprehensive survey of all information be carried out to verify full compliance with Article 70 of Decreto Ejecutivo N°31520-MS-MAG-MOPT-G-MSP on all banana farms in our Caribbean zone. To do so, it would be necessary to document for each case the name and number of the banana farms that fully comply with the maintenance of reforested areas serving as natural mitigation barriers on all boundaries, to mitigate the effect that pesticides cause due to spray drift from fumigations and the strong winds prevailing in our Caribbean. Likewise, we respectfully request that you proceed peremptorily with the necessary administrative and judicial actions for the consequent termination and cancellation of all the effects that our population suffers daily from agricultural aviation activities, mainly in the cantons of Limón, Matina, Siquirres, Pococí and along Route 36, the highway to Sixaola, among others.” He claims that the health authorities ask him for the location of said farms and the names of those affected, ignoring that those affected are the workers and their families, as well as school and high school teachers, who have told him privately that some banana companies in Matina allegedly make donations and contributions to said educational centers and to the Rector Health Area of Matina itself, thereby compromising the objectivity of some directors or health officials, who refuse to investigate and provide him with the technical investigation and the protocols used to conclude that in Costa Rica only 100 meters are necessary for the vegetation buffer strip, when in Ecuador it is 200 meters and in Argentina 500 meters, emptying the precautionary principle of its content. Based on the foregoing, he requests that the appeal be granted and that the respondent bodies be ordered to resolve his request.\n\n2.- By resolution of 16:13 hours on February 26, 2021, the process was initiated and a report was requested from the Minister of Health, the secretary of the Advisory Commission for the Control and Regulation of Agricultural Aviation Activities, and the director of the Rector Health Area of Matina.\n\n3.- By brief added to the digital case file at 21:26 hours on February 26, 2021, the appellant provided documentary evidence.\n\n4.- By brief added to the digital case file at 21:18 hours on March 4, 2021, Luis Renato Alvarado Rivera, Minister of Agriculture and Livestock, states that he does not hold the presidency of the Advisory Commission for the Control and Regulation of Agricultural Aviation Activities, and therefore does not have the standing to render the corresponding report.\n\n5.- By brief added to the digital case file at 19:27 hours on March 4, 2021, the claimant provided documents to the case file.\n\n6.- By brief added to the digital case file at 19:27 hours on March 4, 2021, the appellant provided documents to the case file.\n\n7.- By brief added to the digital case file at 20:39 hours on March 4, 2021, Daniel Salas Peraza and Gustavo Castillo Aguilera, in their order, Minister of Health and director of the Rector Health Area of Matina, rendered a report under oath. They indicate that the report is rendered in accordance with official letter No. MS-DPRSA-USA-0385-2021 of March 3, 2021, from the Environmental Health Unit of the Directorate of Radiological Protection and Environmental Health, and, additionally, based on official letter No. MSDRRSHC-ARSM-0567-2021 of March 2, 2021, from the Directorate of the Rector Health Area of Matina. Thus, they argue that in official letter No. MS-DPRSA-USA-0385-2021, it was stated: “1. In this regard, it must be indicated that the request for information on the location of the farms and names of those affected, to which Mr. Marco Levy refers, was made by the Rector Area of Matina through the official letter signed by Dr. Karen Mayorga Quirós. MSc. (Director). 2. The official letter is MS-DRRSHC-ARSM-1981-2020 addressed to Dr. Alexander Salas López (Regional Director, Huetar Caribe Region, Ministry of Health) on July 2, 2021, in response to official letter MS-DM-4641-2020. In accordance with the foregoing, it is considered important to inquire with this person about the justifications and content of the request; however, it is the criterion of this Directorate that it is necessary to know the information with the greatest degree of accuracy in order to focus efforts on evaluating the area, the affected persons, and the degree of impact, to be able to verify with them a harm to their health. 3. Regarding the statements by school and high school teachers about “donations and contributions,” this has not been within the knowledge of the officials of the Directorate of Radiological Protection and Environmental Health who deal with matters related to the topic; furthermore, no type of document denouncing or indicating this subject has been received. Therefore, there is no knowledge to assess the complainant's assertion: “compromising the objectivity of some directors or health officials.” It is our consideration that this could constitute a serious accusation which, if true, undermines the conduct and professional ethics of any public official, which is why this should, instead of a general expression, be demonstrated with documentation, witnesses, or other means in a very serious manner, in order to proceed to carry out a formal investigation at the institutional level: it requires a direct, justified, and documented complaint through the official institutional channels for such matters. 4. It is important to expand on the intermediations that have been sought through the Directorate of Radiological Protection and Environmental Health (DPRSA); first, there is the active participation of one of the officials of the Environmental Health Unit (USA-DPRSA) in the Commission on Agricultural Aviation Affairs (CAAA), and secondly, the management carried out on issues concerning the aerial application of agrochemical products in the Matina area has been supported. a. In compliance with the Reglamento para las Actividades de Aviación Agrícola (D.E. N° 31520-MS-MAG-MINAE-MOPT-MGPSP), a field inspection was carried out by the CAAA on November 20 and 21, 2019, to the Matina area. As a result, the USA-DPRSA communicated to said Commission the results of procedures involving recommendations and technical assessments at some of the farms that were visited at some point in the surrounding areas or at least where a visual inspection was conducted: the last action taken was the inspection (mentioned above) carried out in the Matina area in November 2019, where representation was made on behalf of the Ministry of Health, accompanied by members of the CAAA, and a report was prepared by Eng. Víctor Manuel Mata Vargas as a result thereof; presented through official letter MS-DPRSA-USA-1968-2020 before the CAAA. b. It should be clarified that the report, in addition to the description and analysis of the visited sites (through a visual inspection), was accompanied by photographs (see report annexes) and contains a series of important recommendations. This document on the Report of the field inspection to the Matina area (File: “Informe-Gira Matina 2019-Oficio-MS.DPRSA-USA-1968-2020.pdf”) was communicated, through institutional email, to the Rector Health Area of Matina on November 18, 2020, accompanied by the following note, transcribed from the email: “Good morning, I hope you are well. As indicated in the last Ordinary Session No. 3 of the CAAA held on Thursday, November 12 of this year, the file containing the document on 'Informe-Gira Matina 2019- Oficio-MS-DPRSA-USA-1968-2020' is attached. For clarification, the following is transcribed from the beginning of its content on page 1-2: 'The preparation of this document was initiated during December 2019… Amidst the situation the country has experienced (pandemic) and the impediment of the impossibility of CAAA meetings, the document was not delivered for several months pending CAAA meetings. The CAAA could not hold its first ordinary session of the year until September 11 (2020). Due to the variety and quantity of pending matters, as well as prioritization of the agenda, this report will be seen at Ordinary Session No. 3 to be held on Friday, November 13. It will be sent with an updated official letter number by the USA-DPRSA of the Ministry of Health.' From the report's content, the following is transcribed: 'In compliance with the Reglamento para las Actividades de Aviación Agrícola (D.E. N° 31520-MS-MAG-MINAE-MOPT-MGPSP), a field inspection was carried out on November 20 and 21, 2019, to the Matina – Limón area (different sites and banana farms). The inspection was established to be carried out in coordination with officials of the Ministry of Health (Rector Health Area of Matina) and accompanied by officials from other entities such as IRET, as well as the participation of contact persons from the companies that own these farms to be observed. The main reason for carrying out this joint inspection arose from the interest shown by IRET officials in demonstrating a series of conditions at the farms to be visited/observed, which were selected by them: site conditions relating aerial application of agrochemical products (aerial fumigation) on some farms in the Matina (Limón) area and the possible degree of non-compliance with Art. 70 of Decreto Ejecutivo N° 31520; in order to qualitatively demonstrate the probability of a “degree of risk” of exposure to the population of the area.' 5. Regarding the protocols mentioned by the complainant, it is necessary to indicate that currently, the CAAA has drafted a modification to the current and valid Reglamento para las Actividades de Aviación Agrícola (D.E. N° 31520-MS-MAG-MINAE-MOPTMGPSP), a proposal that is in the process of being processed and undergoing final review to be approved and finally signed by the heads of different institutions. However, it is important to establish that the responsibility for the review and establishment of the proposal's content lies with the CAAA; a technical commission where different state institutions are represented: this is why actions and reviews of data or other technical criteria elements are assessed within the CAAA itself. The Advisory Commission for the Control and Regulation of Agricultural Aviation Activities (CAAA) is a technical commission whose main objective is to ensure the proper application of the Reglamento para las actividades de Aviación Agrícola. Consequently, any consultation, question, or doubt regarding the technical criteria used for developing the content of the regulations governing the aerial application of agrochemical products must be directly addressed or requested before the CAAA, not in isolation to an institution such as the Ministry of Health, even though this ministry has representation before it. Therefore, our institution cannot receive, much less in a general manner, questions based on value judgments and without adequate documentation; without a prior technical analysis of aspects that lead one to doubt what is indicated in our current legislation, even if it is for the purpose of improving the quality of the regulations and thereby safety aspects, as well as the protection of our population (preserving their health status) and the environment. (…).” On the other hand, they state that in official letter No. MSDRRSHC-ARSM-0567-2021, it is indicated: “For the actions carried out by our health authorities of the Rector Health Area of Matina regarding the aerial fumigation discussed herein, we base ourselves legally on Decreto Ejecutivo 31520-MS-MAG-MOPT-G-MSP, which indicates our actions to resolve the environmental problems generated; likewise with the amendment to Article 70 mentioned by the appellant. In my consideration, it is worth noting resolution No. 11064-2012 dated August 14, 2012, of the Honorable Constitutional Chamber in its Considerando IV- “-ON THE TECHNICAL BASIS FOR THE DISTANCE TO CONDUCT AERIAL PESTICIDE APPLICATIONS AND THE FUNDAMENTAL RIGHTS TO THE ENVIRONMENT. THE REDUCTION OF THE ALLEGED VIOLATION TO HEALTH AND THE ENVIRONMENT…” From the analysis of Decreto Ejecutivo No. 34202 of May 21, 2007, it can be clearly deduced that the reduction of the distance in question for carrying out aerial pesticide fumigations, whether from 100 meters to 30 meters, is indeed founded and justified on technical and scientific criteria and studies carried out for that purpose…” It also mentions that “in compliance with the precautionary principle of environmental law contemplated in the Costa Rican legal system and provided for in the (sic) United Nations Conference on the Environment, protection, conservation, and adequate management of resources, it was decided to initiate a set of scientific and technical studies leading to substantiate the current state of science and aerial spraying technique, and that the reduction from 100 to 30 meters when there are buffer zones will not affect the environment, nor the health, nor the lives of people, and likewise to establish requirements for the execution of aerial spraying activities for proper control and oversight.” Now, regarding our work in applying the regulation, complaints and technical actions have been assessed in the control and oversight of banana companies, which total 49, and which have been visited and inspected in their entirety, to correct aspects not only in aerial fumigation, but also with other assessments inherent to their agroindustry, detailed in the Ley General de Salud and related regulations. For purposes of clarification and interpretation of the regulation amending Article 70 of Decreto Ejecutivo N°31520-MS-MAG-MOPT-G-MSP, (Reglamento para las Actividades de Aviación Agrícola), companies engaged in banana cultivation have 2 options: -Leave a 100-meter zone where the aerial spraying system is not used. -Comply with a reforested buffer zone of 30 meters and proceed with aerial fumigation. This subject to compliance with certain technical conditions, namely: a) Buffer zones-. b) Flight altitude. c) Size of spray droplets. d) Systematic Calibration of Application equipment. e) Satellite signaling systems. f) Length of the spray boom. (boom) g) Meteorological application conditions. h) Types of products. These conditions are further explained in Informe Técnico MSDRRSHC-ARSM-0559-2021, signed by the health authorities of the Area, which will be attached to the main file as evidence for better provision and resolution. Likewise, it should be noted that there are banana farms that, on their boundaries, do not use the aerial application system for chemical products, but rather do so manually with a backpack sprayer or with a vehicle known as “Martignani,” which consists of a long arm that throws the product from the outside inward in the internal and (sic) external plantation roads, thus avoiding fumigations with aerial spraying. On the other hand, we do not omit to state that complaints have indeed been addressed for impacts from spray drift of aerial spraying from banana farms, thus breaching the regulation discussed herein; however, the pertinent administrative acts have been issued, safeguarding the common good of our population's public health. That is why, in safeguard of public health, we urge Mr. Levy Virgo once again to please indicate to us through the appropriate channels the complaints in the specific place(s) with crystal clarity, in order to determine the sites, inspect them, and issue the health orders to correct the reported deficiencies, since there are 49 farms we must monitor. It should be mentioned that on previous occasions he had filed a request for information on the same situation before our institution, which was responded to through official letter MS-DRRSHC-ARSM-3632-2020, clarifying his expectations and indicating how to proceed before our office. In another comment, we do not accept what is stated in the appeal regarding our honesty and transparency as public employees; therefore, his comments are not welcome by our institution, as we do not receive donations or other emoluments, and if you can prove it, present the circumstantial evidence to carry out the pertinent investigations; otherwise, you must be careful as we may sue you before the ordinary Courts for defamation, slander, and offenses, and you must always maintain the lines of respect and prudence that are inherent to cultured people…”. They maintain that the Directorate of the Rector Health Area of Matina and the Directorate of Radiological Protection and Environmental Health make it clear that there is a technical and legal basis regarding the distance for applying pesticides aerially; likewise, they note that when specific complaints of non-compliance have been received, these have been addressed and the corresponding administrative acts have been issued. They express that they reject and deny what was alleged by the claimant regarding alleged donations made to the Ministry, as well as the lack of objectivity being accused.\n\n8.- By brief added to the digital case file at 15:21 hours on March 9, 2021, the claimant files a rejoinder to the report rendered by the Minister of Health. He states that the impossibility of controlling pesticide drift due to strong winds and the recurring plea of the residents, particularly teachers and students, constitute the cause of the matter at hand. He notes that this has been recognized by the regional authorities, as evidenced in official letter DR-HC-3580-2015 of December 9, 2015, signed by Alexander Salas López, director of the Rector Health Area of the Huetar Atlántica Region, who addressed complaints against Article 70 of Decreto Ejecutivo No. 31520-MS-MAG-MOPT-MGSP, which is the “Reglamento para las actividades de Aviación Agrícola”. He argues that it is essential to take note of what was stated in the aforementioned official letter, as it demonstrates that the regional authority of the Ministry of Health proposed amending Article 70 of the aforementioned Decreto Ejecutivo, since he indicates that it was implicitly recognized that provision 70 allegedly infringes Article 11, subsection 2) of the Ley de Biodiversidad and Principle 15 of the Rio Declaration. He argues that, since December 2015, official Salas López alerted the Director General of Health of the Ministry of Health about the need to reform the mentioned Article 70, in response to a request made by a resident of the community of Matina. He argues that the deadline to address such a request was that established in Article 261 of the Ley General de la Administración Pública; that is, 2 months for the resolution of the request; however, he argues that more than 5 years have passed since official letter No. DRHC-3580-2015 raised the need for reform of the aforementioned regulation. He states that there are significant sectors throughout the Caribbean, and particularly in the canton of Matina, that lack vegetation barriers to protect the population from particle drift outside the plantation perimeter, which constitutes a potential danger to public health. He requests that the judgment establish a framework of environmental responsibility serving for the prevention and repair of environmental damage caused, as is recognized by the Rector Health Area of Matina, which through official letter No. MS-DRRSHC-ARSM-4339-2929 of November 27, 2020, indicated: “While in the institutional vehicle at the edge of Route 805 (Bataan-Davao), it could be observed when the aerial spraying begins, since in said sector, because there is no reforested buffer zone, a distance of 100 linear meters of no aerial spraying by airplane or helicopter should be left, raising doubt as to whether the corresponding setback is being respected in said sector, since through Health Order HC-ARS-M-3595-2014, the reforested buffer zone had been requested, but the company's decision was to implement the 100-meter setback. Residue from the aerial spraying can be observed on the weeds at the edge of the road (Route 805) Bataan – Davao. On properties located on the east side of the farm, 70 meters from the boundary, residues from aerial fumigation can be observed on plants, as well as residues on vehicles, which remain in an open garage (without walls) 90 meters away. Regarding the information that internal roads have been built on the farm to carry out ground applications (by truck) and for this reason buffer areas are not necessary, said road only exists on the boundary with the properties located in Davao Viejo, not on the Bataan – Davao route, precisely in the sector where the houses are located on the east side of the Bioban farm (after the Fire Station up to the HBQ Service Station), as well as on the rest of the route to Davao (AyA well), the internal road does not exist, which would be ideal. It has been proven that the spray drift from aerial spraying of Finca Bioban 2 affects the properties on the east side and therefore those who circulate or transit on the Bataan-Davao route.” He explains that through health order HCARS-M3595-2104, the reforested buffer zone had been requested, but the company's decision was to implement the 100-meter setback, which is insufficient. He asserts that 6 years have passed since the authorities of the Rector Health Area of Matina issued the aforementioned health order, and no effective actions have been taken to benefit environmental protection. He recounts that the health orders provided by the respondents have not been complied with, despite the time elapsed. He provides documentary evidence.\n\n9.- By brief added to the digital case file at 9:37 hours on March 15, 2021, Jorge Herrera Jiménez, president of the Advisory Commission for the Control and Regulation of Agricultural Aviation Activities, rendered a report under oath. He states that, on July 6, 2020, the Commission informed the appellant that it could not provide a response at that time to official letter No. AEL-050-2020, which he had sent on July 3, 2020, and in which he requested “Certify full compliance with Article 70 of Decreto Ejecutivo N°31520-MS-MAG-MOPT-G-MSP on all banana farms in our Caribbean zone, documenting the number and name of the farms that fully comply with the maintenance of reforested areas serving as natural barriers on all boundaries,” because the Commission did not have a structural quorum at that time. He states that the claimant reiterated his request through an email sent on February 24, 2021, to which he attached official letter No. AEL-0029-2021, in which he petitioned “Certify full compliance with Article 70 of Decreto Ejecutivo N°31520-MS-MAG-MOPT-G-MSP on all banana farms in our Caribbean zone, documenting the number and name of the farms that fully comply with the maintenance of reforested areas serving as natural barriers on all boundaries.” He argues that, on March 2, 2021, the Commission responded to the appellant, and he was informed: “the requested matter was already scheduled to be heard in the order of business for the session scheduled for Friday, March 12 of the current year,” since, he explains, the Commission only meets once a month. He notes that the claimant's official letter was heard at the session of March 12, 2021, and he was provided a response through official letter No. CAAA-01-2021, which he indicates is attached, thus affirming that Articles 27 and 30 of the Political Constitution have not been violated. He argues that even though official letter AEL-050-2020 was also addressed to the Commission, the fact is that in said request, the appellant addressed his request to the Ministry of Health, a body that requested him to detail his claim. He cites Chamber opinion No. 2015-001345 and argues that the claim must be addressed to the competent entity, so that it may respond in a “clear, thorough, and detailed manner, with the objective that the petitioner is duly informed and can exercise the legal actions he deems appropriate.” He considers that the request made by the Ministry of Health to the appellant is pertinent and does not entail a violation of the precautionary principle. He indicates that the Commission he represents is not “Active Administration” in accordance with the decree that created it (Decreto Ejecutivo No. 31520-MS-MAG-MOPT-MSP) and does not have the competence to address the claimant's request. Likewise, he argues that the Commission lacks the authority to file administrative or judicial proceedings, and explains that it is a coordinating body for the actors involved in agricultural aviation activities. He explains that the competencies of that office are established in Article 85 of the aforementioned decree, and these do not include keeping records or conducting censuses by name and number of the Caribbean banana farms that comply with Article 70 of the same decree. He maintains that the appellant should address his request to the competent entity, and, furthermore, should specify it in such a way that it is possible to provide a clear and detailed response.\n\n10.- By brief added to the digital case file at 10:37 hours on March 16, 2021, the appellant provides documents to the case file, and indicates: “(…) I am sending you a copy of note CAAA-02-2021 of March 12, 2021, in which the need for the modification to Decreto Ejecutivo N° 31520-MS-MAGMOPT-G-MSP is recognized, making it mandatory to maintain reforested areas that serve as barriers on all boundaries or else the setback of unfumigated areas.”\n\n11.- By brief added to the digital case file at 11:03 hours on March 16, 2021, the claimant provides documents to the case file.\n\n12.- By brief added to the digital case file at 15:27 hours on March 18, 2021, the appellant files a rejoinder to the report rendered by the president of the Advisory Commission for the Control and Regulation of Agricultural Aviation Activities, in the same terms as the rejoinder formulated to the report of the Ministry of Health authorities, and with the following additional development: “(…) Note also that the President of the Advisory Commission for the Control and Regulation of Agricultural Aviation Activities is a pilot and consequently has the expertise to understand the hardships and suffering of the simple residents who live adjacent to the banana plantations and who recurrently have to endure the recurring bath of pesticides that affects children and adults alike, who, for fear of reprisals by the banana companies, do not dare to denounce these abuses of their fundamental rights. We must also indicate that before the reform of Article 70 of the superseded Decreto Ejecutivo N°31520-MS-MAG-MOPT-MGSP, which is the 'Reglamento para las actividades de Aviación Agrícola', of October 16, 2003, the distances were 100 and 200 meters from dwellings and supply sources. However, without any factual or technical basis, the respondent Advisory Commission introduced the controversial amendment to Article 70 of Decreto Ejecutivo N°31520-MS-MAG-MOPT-MGSP without even consulting experts on the subject. In other countries, including Ecuador, the minimum distance is 200 meters, and in Argentina, it is 500 meters.\n\nTherefore, the reform has been carried out in violation of the recommendations in the Guidelines on Good Practice for the Aerial Application of Pesticides of the Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 2002 http://www.fao.org/3/Y2766S/Y2766S00.htm.”.\n\n13.- By submission added to the digital case file at 10:17 a.m. on March 22, 2021, the appellant states that the powers of the Comisión Asesora para el Control y Regulación de las Actividades de Aviación Agrícola are regulated in Articles 81 and 82 of Decreto Ejecutivo n.° 31520-MS-MAG-MINAE-MOPT-MGPSP, which he cites. He argues, then, that based on those rules, he does not share the statements of the chairperson of the aforementioned Commission, who indicated that according to the mentioned decree, he lacked the authority to address his requests because it is merely a coordinating body among the actors involved in agricultural aviation activities. He argues that Article 82.8 of the cited decree indicates the following as powers of the respondent agency: \"To render periodic reports to the respective ministries and institutions, as well as those requested of it.\" He requests that the respondent authority be ordered to \"Certify full compliance with Article 70 of Decreto Ejecutivo N°31520-MS-MAG-MOPT-G-MSP on all banana farms in our Caribbean zone, documenting the number and name of the farms that fully comply with the maintenance of reforested areas that serve as natural barriers on all boundaries.\"\n\n14.- By submission added to the digital case file at 10:17 a.m. on March 22, 2021, the claimant provided documents to the case file and stated: \"Regarding international legislation on the regulation of pesticide spraying and the distances that must be respected, some variants regarding these distances were found in Latin America, for example in countries such as Brazil, for aerial spraying a distance of 500 meters must be maintained, in Uruguay, specifically for schools, aerial spraying must be carried out at 500 meters and for ground spraying the buffer distance is 300 meters (RAP-AL, 2013), in Argentina the distance for aerial spraying is 500 meters and for ground spraying the buffer distance is 100 meters for a residential area, including schools10; in Chile and Paraguay the distance decreases to 200 meters in a residential area (Felsot. A et al, 2010).\"\n\n15.- By submission added to the digital case file at 5:53 p.m. on March 22, 2021, the appellant provided documents to the case file.\n\n16.- By submission added to the digital case file at 4:39 p.m. on March 23, 2021, the claimant provided documents to the case file.\n\n17.- By submission added to the digital case file at 8:56 p.m. on March 25, 2021, the appellant provided documents to the case file.\n\n18.- By submission added to the digital case file at 11:04 a.m. on April 14, 2021, the claimant provided documents to the case file.\n\n19.- The legal requirements have been observed in the proceedings followed.\n\nDrafted by Magistrate Esquivel Rodríguez; and,\n\nConsidering:\n\nI.- PRELIMINARY CLARIFICATION. Before analyzing the merits of the matter, it must be clarified that, starting from judgment number 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred – with some exceptions – to the administrative litigation jurisdiction those matters in which it is disputed whether the Public Administration has or has not complied with the deadlines established by the General Public Administration Law (articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve an administrative procedure by final act – initiated ex officio or at the request of a party – or to hear the corresponding administrative appeals. Precisely, in the case at hand, an exception is raised, since this involves a complaint in environmental matters, which is alleged not to have been resolved within a reasonable time. Having clarified this point, we proceed to resolve the specific situation claimed in this amparo.\n\nII.- PURPOSE OF THE APPEAL. The appellant states that on June 10, 2020, through official communication no. AEL-050-2020, addressed to the Minister of Health and the Comisión Asesora para el Control y Regulación de las Actividades de Aviación Agrícola, he requested verification of compliance with Article 70 of Decreto Ejecutivo n.° 31520-MS-MAG-MOPT-G-MSP on all banana farms in the Caribbean zone; however, he complains that the respondent authorities asked him for the location of the farms and the names of the affected persons, ignoring that the affected parties are the workers and their families, as well as the teachers of schools and high schools. He accuses the respondents of refusing to investigate the reported situation and to provide him with the technical investigation and the protocols used to conclude that in Costa Rica only 100 meters are necessary for the vegetative strip, when in Ecuador it is 200 meters and in Argentina 500 meters. He requests that the respondent authorities be ordered to resolve the request filed.\n\nIII.- PROVEN FACTS. The following facts are deemed duly proven as important for the decision of this matter, either because they have been so credited or because the respondent authority omitted to refer to them, as provided in the initial order:\n\na) On June 10, 2020, through official communication no. AEL-050-2020, the appellant filed a request addressed to the Minister of Health and the Comisión Asesora para el Control y Regulación de las Actividades de Aviación Agrícola, in which he stated: \"Ref: Certify full compliance with Article 70 of Decreto Ejecutivo N° 31520-MS-MAG-MOPT-G-MSP on all banana farms in our Caribbean zone, documenting the number and name of the farms that fully comply with the maintenance of reforested areas that serve as natural barriers on all boundaries (…) I hereby request that a survey be carried out of all information that allows verification of full compliance with Article 70 of Decreto Ejecutivo N°31520-MS-MAG-MOPT-G-MSP on all banana farms in our Caribbean zone. To do so, it would be necessary to document for each case the name and number of the banana farms that fully comply with the maintenance of reforested areas that serve as natural mitigation barriers on all boundaries, to mitigate the effect that pesticides cause due to spray drift (deriva de las fumigaciones) and the strong winds that prevail in our Caribbean. Likewise, we respectfully request that you proceed peremptorily with the necessary administrative and judicial actions for the consequent termination and cancellation of all the adverse effects that our population suffers daily from agricultural aviation activities, mainly in the cantons of Limón, Matina, Siquirres, Pococí and along Ruta 36, the highway to Sixaola, among others. Therefore, we request that you resolve accordingly and kindly inform us in a timely manner of the actions taken for the benefit of the health and life of our residents.\" (Documentary evidence provided by the appellant).\n\nb) On July 2, 2020, the director of the Área Rectora de Salud signed official communication no. MS-DRRSHC-ARSM-1981-2020, addressed to the director of the Huetar Norte Region of the Ministry of Health. In that document, she recorded: \"(…) In response to official communication MS-DM-4641-2020, signed by Dr. Daniel Salas Peraza, Minister of Health, concerning 'Certify full compliance with Article 70 of Decreto Ejecutivo N° 31520-MS-MAG-MOPT-G-MSP on all banana farms in our Caribbean zone, documenting the number and name of the farms that fully comply with the maintenance of reforested areas that serve as natural barriers on all boundaries,' the following is reported: ● Regarding the aforementioned Article 70, it indicates the following: If a no-spray buffer strip (franja de no aplicación aérea) of 100 meters is left, a reforested buffer zone (zona de amortiguamiento) with a width of 30 meters and a height greater than the crop to serve as barriers to reduce drift from aerial applications is not required, if the application is carried out parallel to the buffer zone. If the application is carried out by plane and perpendicular to the crop line, an additional strip of 40 meters must be left within the crop, in which no spraying shall be done to reduce the drift effect. ● Based on the above point, banana farms are not obligated to comply with a reforested buffer zone if they leave a 100-meter no-application zone from aerial risk. ● In the canton of Matina, there are 46 agricultural farms dedicated to the cultivation of bananas for export. ● Within the framework of addressing the national health emergency due to the SARS-COV-2 pandemic, addressing it in the canton of Matina is being prioritized. ● Additionally, it is suggested that the complainant be asked to specify the farms or sites, as the complaint does not state them but speaks generally of the Caribbean zone. ● It is important to highlight that complaints previously filed at the Área Rectora de Salud de Matina regarding aerial spraying have been addressed accordingly, and in some cases, companies have chosen to leave a 100-meter no-application zone from aerial risk.\" (Documentary evidence provided by the appellant).\n\nc) In response to the appellant's request, the authorities of the Ministry of Health asked him to indicate the location and address of the farms that had allegedly incurred the alleged non-compliance, as well as the names of the affected persons. (Undisputed fact).\n\nd) On July 6, 2020, the Comisión Asesora para el Control y Regulación de las Actividades de Aviación Agrícola sent an email to the claimant, stating: \"I confirm receipt of official communication AEL-050-2020. At the moment, the Commission cannot respond to you because there is no structural quorum; once a working session is held, the requested information will be provided to you.\" (Documentary evidence provided by the appellant).\n\ne) On February 24, 2021, the claimant again sent a request to the respondent authorities, soliciting: \"Certify full compliance with Article 70 of Decreto Ejecutivo N° 31520-MS-MAG-MOPT-G-MSP on all banana farms in our Caribbean zone, documenting the number and name of the farms that fully comply with the maintenance of reforested areas that serve as natural barriers on all boundaries.\" (Documentary evidence).\n\nf) On March 2, 2021, the Comisión Asesora para el Control y Regulación de las Actividades de Aviación Agrícola sent an email to the claimant, stating: \"We have received your email; it is scheduled on the Agenda for the ordinary session of March, to be held on Friday the 12th.\" (Documentary evidence).\n\ng) The Minister of Health was notified of the resolution ordering the course of this proceeding on March 1, 2021; the director of the Área Rectora de Salud de Matina on March 4 of the same year; and the Comisión Asesora para el Control y Regulación de las Actividades de Aviación Agrícola was notified on the 11th of the same month and year. (Notification records added to the case file).\n\nh) The Comisión Asesora para el Control y Regulación de las Actividades de Aviación Agrícola, through official communication no. CAAA-01-2021 of March 12, 2021, communicated the following to the petitioner: \"According to the decree creating the Commission, the powers are defined in Article 85, and these do not include keeping records or conducting censuses by name and number of banana farms in the Caribbean Zone that fully comply with the provisions of Article 70 (…) The Commission lacks the authority to file administrative or judicial proceedings; it is a coordinating body for the actors involved (public and private institutions and the private sector) in agricultural aviation activities. We understand that citizens have the right to request information, and we are fully willing to provide it within our powers. In turn, it is required that the requested information not be ambiguous and confusing; all complaints must be stated clearly, for which the name of the farm, the aircraft registration number, place, and exact time and day of the event are required. An example of confusing information is what is read in your request: 'the strong winds that prevail in our Caribbean,' for which it is required that you indicate what you understand by 'strong winds.' For all the above, the Commission does not have the authority to address your request.\" Likewise, through official communication no. CAAA-02-2021 of that same date, it responded as follows: \"Regarding your official communication AEL-0033-2021 of March 4, 2021, received by email on March 4, where you request that the Commission 'assess the possibility of making a reform to Article 70 of Decreto Ejecutivo N° 31520-MS-MAG-MOPT-G-MSP, where the maintenance of reforested areas that serve as barriers on all boundaries or the withdrawal of unsprayed areas is made mandatory.' I would like to inform you that the Commission prepared a reform to the current regulation, which was released for public consultation, in compliance with the regulatory improvement requirements of MEIC; the regulation has been signed by MAG-MOPT-MTSS, with signature pending from MINAE and MS.\" (Report from the respondent authority and documentary evidence).\n\nIV.- UNPROVEN FACTS. The following facts are deemed not proven as important for the resolution of this matter:\n\na) That the appellant complied with the requirement of the authorities of the Ministry of Health, to indicate the location and address of the farms that allegedly incurred the accused non-compliance, as well as the names of the affected persons.\n\nb) That the claimant filed any request in which he asked the respondents to provide him with any technical investigation or protocols regarding the fact that \"in Costa Rica only 100 meters are necessary for the vegetative strip.\"\n\nV.- REGARDING THE SPECIFIC CASE. In the case at hand, the appellant states that on June 10, 2020, through official communication no. AEL-050-2020, addressed to the Minister of Health and the Comisión Asesora para el Control y Regulación de las Actividades de Aviación Agrícola, he requested verification of compliance with Article 70 of Decreto Ejecutivo n.° 31520-MS-MAG-MOPT-G-MSP on all banana farms in the Caribbean zone; however, he complains that the respondent authorities asked him for the location of the farms and the names of the affected persons, ignoring that the affected parties are the workers and their families, as well as the teachers of schools and high schools. He accuses the respondents of refusing to investigate the reported situation and to provide him with the technical investigation and the protocols used to conclude that in Costa Rica only 100 meters are necessary for the vegetative strip, when in Ecuador it is 200 meters and in Argentina 500 meters. He requests that the respondent authorities be ordered to resolve the request filed.\n\nFrom the study of the case record, it has been proven that on June 10, 2020, through official communication no. AEL-050-2020, the appellant filed a request addressed to the Minister of Health and the Comisión Asesora para el Control y Regulación de las Actividades de Aviación Agrícola, in which he stated: \"Ref: Certify full compliance with Article 70 of Decreto Ejecutivo N° 31520-MS-MAG-MOPT-G-MSP on all banana farms in our Caribbean zone, documenting the number and name of the farms that fully comply with the maintenance of reforested areas that serve as natural barriers on all boundaries (…) I hereby request that a survey be carried out of all information that allows verification of full compliance with Article 70 of Decreto Ejecutivo N°31520-MS-MAG-MOPT-G-MSP on all banana farms in our Caribbean zone. To do so, it would be necessary to document for each case the name and number of the banana farms that fully comply with the maintenance of reforested areas that serve as natural mitigation barriers on all boundaries, to mitigate the effect that pesticides cause due to spray drift (deriva de las fumigaciones) and the strong winds that prevail in our Caribbean. Likewise, we respectfully request that you proceed peremptorily with the necessary administrative and judicial actions for the consequent termination and cancellation of all the adverse effects that our population suffers daily from agricultural aviation activities, mainly in the cantons of Limón, Matina, Siquirres, Pococí and along Ruta 36, the highway to Sixaola, among others. Therefore, we request that you resolve accordingly and kindly inform us in a timely manner of the actions taken for the benefit of the health and life of our residents.\" On July 2, 2020, the director of the Área Rectora de Salud signed official communication no. MS-DRRSHC-ARSM-1981-2020, addressed to the director of the Huetar Norte Region of the Ministry of Health. In that document, she recorded: \"(…) In response to official communication MS-DM-4641-2020, signed by Dr. Daniel Salas Peraza, Minister of Health, concerning 'Certify full compliance with Article 70 of Decreto Ejecutivo N° 31520-MS-MAG-MOPT-G-MSP on all banana farms in our Caribbean zone, documenting the number and name of the farms that fully comply with the maintenance of reforested areas that serve as natural barriers on all boundaries,' the following is reported: ● Regarding the aforementioned Article 70, it indicates the following: If a no-spray buffer strip (franja de no aplicación aérea) of 100 meters is left, a reforested buffer zone (zona de amortiguamiento) with a width of 30 meters and a height greater than the crop to serve as barriers to reduce drift from aerial applications is not required, if the application is carried out parallel to the buffer zone. If the application is carried out by plane and perpendicular to the crop line, an additional strip of 40 meters must be left within the crop, in which no spraying shall be done to reduce the drift effect. ● Based on the above point, banana farms are not obligated to comply with a reforested buffer zone if they leave a 100-meter no-application zone from aerial risk. ● In the canton of Matina, there are 46 agricultural farms dedicated to the cultivation of bananas for export. ● Within the framework of addressing the national health emergency due to the SARS-COV-2 pandemic, addressing it in the canton of Matina is being prioritized. ● Additionally, it is suggested that the complainant be asked to specify the farms or sites, as the complaint does not state them but speaks generally of the Caribbean zone. ● It is important to highlight that complaints previously filed at the Área Rectora de Salud de Matina regarding aerial spraying have been addressed accordingly, and in some cases, companies have chosen to leave a 100-meter no-application zone from aerial risk.\" In response to the appellant's request, the authorities of the Ministry of Health asked him to indicate the location and address of the farms that had allegedly incurred the alleged non-compliance, as well as the names of the affected persons. On July 6, 2020, the Comisión Asesora para el Control y Regulación de las Actividades de Aviación Agrícola sent an email to the claimant, stating: \"I confirm receipt of official communication AEL-050-2020. At the moment, the Commission cannot respond to you because there is no structural quorum; once a working session is held, the requested information will be provided to you.\" On February 24, 2021, the claimant again sent a request to the respondent authorities, soliciting: \"Certify full compliance with Article 70 of Decreto Ejecutivo N° 31520-MS-MAG-MOPT-G-MSP on all banana farms in our Caribbean zone, documenting the number and name of the farms that fully comply with the maintenance of reforested areas that serve as natural barriers on all boundaries.\" On March 2, 2021, the Comisión Asesora para el Control y Regulación de las Actividades de Aviación Agrícola sent an email to the claimant, stating: \"We have received your email; it is scheduled on the Agenda for the ordinary session of March, to be held on Friday the 12th.\" The Minister of Health was notified of the resolution ordering the course of this proceeding on March 1, 2021; the director of the Área Rectora de Salud de Matina on March 4 of the same year; and the Comisión Asesora para el Control y Regulación de las Actividades de Aviación Agrícola was notified on the 11th of the same month and year. The Comisión Asesora para el Control y Regulación de las Actividades de Aviación Agrícola, through official communication no. CAAA-01-2021 of March 12, 2021, communicated the following to the petitioner: \"According to the decree creating the Commission, the powers are defined in Article 85, and these do not include keeping records or conducting censuses by name and number of banana farms in the Caribbean Zone that fully comply with the provisions of Article 70 (…) The Commission lacks the authority to file administrative or judicial proceedings; it is a coordinating body for the actors involved (public and private institutions and the private sector) in agricultural aviation activities. We understand that citizens have the right to request information, and we are fully willing to provide it within our powers. In turn, it is required that the requested information not be ambiguous and confusing; all complaints must be stated clearly, for which the name of the farm, the aircraft registration number, place, and exact time and day of the event are required. An example of confusing information is what is read in your request: 'the strong winds that prevail in our Caribbean,' for which it is required that you indicate what you understand by 'strong winds.' For all the above, the Commission does not have the authority to address your request.\" Likewise, through official communication no. CAAA-02-2021 of that same date, it responded as follows: \"Regarding your official communication AEL-0033-2021 of March 4, 2021, received by email on March 4, where you request that the Commission 'assess the possibility of making a reform to Article 70 of Decreto Ejecutivo N° 31520-MS-MAG-MOPT-G-MSP, where the maintenance of reforested areas that serve as barriers on all boundaries or the withdrawal of unsprayed areas is made mandatory.' I would like to inform you that the Commission prepared a reform to the current regulation, which was released for public consultation, in compliance with the regulatory improvement requirements of MEIC; the regulation has been signed by MAG-MOPT-MTSS, with signature pending from MINAE and MS.\"\n\nWith respect to the Ministry of Health, in the terms in which the filing brief was drafted, this Court does not perceive situations that, a priori, warrant its intervention.\n\nFirst, it is appropriate to bring up the provisions of Article 70 of Decreto Ejecutivo n.° 31520-MS-MAG-MOPT-G-MSP (Reglamento para las actividades de Aviación Agrícola), which the claimant points out:\n\n\"Article 70.-Compliance requirements for aerial applications of pesticides near population centers or farms. Aerial applications of pesticides may be carried out if, between the field to be treated and any highway, population centers, dwelling houses, buildings where personnel are working, water sources (fuentes de agua), and adjacent crops or neighboring farms susceptible to negative effects derived from the applied pesticide, a no-spray buffer strip (franja de no aplicación aérea) of not less than 100 meters is left, so that persons, animals, houses, towns, highways, pastures, water sources, watering places, and the aforementioned crops or farms are not contaminated by the effects of spray drift (deriva) or pesticide drift (arrastre de plaguicidas).\n\nThe distance may be reduced from 100 to 30 meters if a buffer zone (zona de amortiguamiento) is available and the following conditions are met:\n\na) Buffer zones. These zones must be reforested areas with preferably native tree species, with a height greater than the crop and a minimum width of 30 meters, to serve as barriers to reduce drift from aerial applications, if the application is carried out parallel to the buffer zone. If the application is carried out by plane and perpendicular to the crop line, an additional strip of 40 meters must be left within the crop, in which no spraying shall be done to reduce the drift effect. The competent administrative authority may increase this distance through a reasoned resolution when there are particular and objective situations in the area to be sprayed that require a greater distance despite the existence of the buffer zone. The no-spray buffer strip may be omitted for internal roads or paths for the exclusive use of the crop, and as long as there are no dwellings.\n\nb) Flight height. Must be equal to or less than 5 meters above the plantation canopy, so that the concentration of particles that can be carried by the influence of the wind is reduced to minimize drift and evaporation of the sprayed product.\n\nc) Size of mixture droplets. Work must be done with an average droplet size between 200 and 300 microns (µm) to minimize drift, with a slower application in its free-fall speed and easier evaporation.\n\nd) Systematic calibration of application equipment. To guarantee an effective application and the adequate dose of the products, a technician trained in the field must verify the droplet size and the flow of the spray nozzles with the following frequency: 1) Nozzle flow: semi-annual, 2) Number of droplets: semi-annual, 3) Dosage: daily. Before and after aerial applications, a technician must carry out a review to ensure the good condition of the hose system, spray nozzles, valves, the satellite guidance system, and the Automatic Flow Meter.\n\ne) Satellite guidance systems. All aircraft must have a satellite guidance system to provide the possibility of ensuring an adequate application of the products on the crop areas, as well as to have graphic evidence of this. The graphics generated by the satellite guidance system must be maintained by the spraying company for a minimum of two years. All aircraft that spray on farms that have buffer zones must install, within one year, an automatic spray nozzle shut-off system.\n\nf) Length of the spray bar (boom). The effective length of the bar must not exceed 80% of the length of each wing of the aircraft.\n\ng) Meteorological application conditions: 1) Wind speed and direction: wind speed cannot be greater than 15 kilometers per hour when spraying crop zones adjacent to the buffer areas and the wind direction must be contrary to the buffer zone or sensitive areas, 2) Temperature: applications in zones adjacent to buffer areas may not be carried out if the temperature is above 29 ºC, and, 3) Relative humidity: must be above 70%.\n\nh) Types of products. On farms that have buffer zones, only products registered and authorized in accordance with Article 69 of this regulation may be applied aerially. Such products must be of moderate toxicity.\"\n\nNow, although the appellant accuses that in June 2020 he sent an official communication to the respondent authority requesting verification of compliance with Article 70 transcribed above on all banana farms in the Caribbean zone, it is no less true that the same claimant indicates that, when processing his request, the health authorities asked him to specify the specific farms he accused of non-compliance, as well as to identify the affected persons.\n\nIn this regard, even though the appellant questions this requirement from the respondent authority, this Chamber does not consider it unreasonable or arbitrary for the purposes of being able to address the request regarding compliance with the aforementioned regulations.\n\nSee that, according to what was reported under oath and with the elements provided to the case file, in the canton of Matina alone there are more than 40 banana farms, hence the precision requested by the appealed authority and questioned by the protected party is not openly inappropriate.\n\nNow, from the elements provided to the case file, it is not proven that the appellant complied with what was required by the respondent authority, since it does not appear that he sent specific complaints regarding any particular farm, for alleged non-compliance with the Reglamento para las Actividades de Aviación Agrícola.\n\nConsequently, in the terms in which the filing brief was presented, any injury to the fundamental rights of the protected party by the Ministry of Health is prima facie dismissed, and therefore the appeal must be declared without merit regarding this point.\n\nOn the other hand, regarding the Comisión Asesora para el Control y Regulación de las Actividades de Aviación Agrícola, this Tribunal considers that it has injured the fundamental rights of the claimant, since it can be seen that, on June 10, 2020, the appellant also directed his request to this office; however, it was not until the processing of this proceeding that a response was given.\n\nConsequently, regarding this point, the appropriate course is to declare the appeal with merit in accordance with Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, due to the delay incurred by the appealed authority in addressing the claimant's request.\n\nVI.- On the other hand, concerning the protected party's claim that the appealed authorities refuse to provide him with any technical investigation or the protocols used to conclude that \"in Costa Rica only 100 meters are necessary for the vegetated buffer strip, when in Ecuador it is 200 meters and in Argentina 500 meters,\" it does not appear from the elements provided by the claimant in his filing brief that he made any formal request to the appealed instances petitioning such information.\n\nThus, on this aspect, in the terms in which the appeal was filed, no situations are observed that, prima facie, merit the intervention of this constitutional jurisdiction, and therefore the appeal must be declared without merit regarding this point.\n\nVII.- ON THE AWARD OF COSTS, DAMAGES, AND LOSSES IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 52 OF THE LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Upon better consideration, the majority of the Chamber considers that, in the sub examine case, in accordance with the provisions of paragraph 1 of Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (\"If, while the amparo is pending, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the appeal shall be declared with merit solely for purposes of compensation and costs, if they are applicable\"), the granting of the appeal must be without a special award of costs, damages, and losses, based on the following considerations. While there is an express text in the law obliging that the operative part of the judgment indicate that the appeal is declared with merit, when the grievance is resolved while the amparo is pending, it is no less true that the same paragraph in fine states that the granting is ordered \"solely for purposes of compensation and costs, if they are applicable.\" It is underlined that the Law states \"if they are applicable,\" which means that the applicability or non-applicability of compensation and costs depends on an assessment, appreciation, or weighing by the Tribunal. In cases like this, the content of the protected person's claim and the conduct of the appealed authority in acknowledging it suggest that the alleged impairments, injuries, or alterations are not directly referred to a repercussion on a constitutional right of a clearly patrimonial nature (as would occur, for example, with an effect on the right to salary). To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provision in Article 51 of the same Ley de la Jurisdicción Constitucional, when it states: \"any resolution that grants the appeal shall abstractly order compensation for the damages and losses caused and the payment of the costs of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the execution of judgment,\" where the possibility of assessing whether compensation and costs are applicable or not is not foreseen. The principles of Constitutional Law, those of Public and General Procedural Law or, as applicable, those of International or Community Law and, additionally, in order, the Ley General de la Administración Pública and the Código Procesal Contencioso Administrativo and other procedural codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the norms of the Ley de la Jurisdicción Constitucional -cf. Article 14-. For the contentious-administrative jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in Article 197 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, which responds to procedural logic in any matter. In any case, the affected party in the sub lite case preserves the possibility of resorting, if they deem it appropriate, to a plenary proceeding to demonstrate that they have suffered some type of impairment. Based on the foregoing, it is the majority criterion to resolve this appeal without an award of costs, damages, and losses.\n\nVIII.- DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE HERNÁNDEZ LÓPEZ, ON THE ECONOMIC CONSEQUENCES DERIVED FROM DECLARING THIS APPEAL WITH MERIT. I agree with the majority of the Chamber on the decision taken regarding the existence of an injury to fundamental rights in this case, which has been corrected upon the intervention of the Chamber; however, I separate myself from its decision regarding the issue of the economic consequences of said declaration.\n\nThe constitutional jurisdiction under the charge of this Tribunal in matters of amparo and hábeas corpus -the jurisdiction of liberty as it is called- is special because its purpose is not that of the traditional judge who settles a dispute between two parties, opposed by a legal dispute. Its subject matter is of public order, and its objective is to provide judicial protection to persons in the exercise of their fundamental rights in such a way that their enjoyment is not disturbed by acts of those who, de facto or de jure, carry out concrete exercises of authority capable of violating them.\n\nThat protective vocation of the constitutional jurisdiction is realized in a procedural design that is also peculiar, swift, and free, where the appealed public authority is imposed upon merely to render \"a report\" on what has been done in the denounced case (Articles 43, 44, 45, and 46 of the LJC). So, it is not technically a litigation, and accordingly, the Sala Constitucional is granted broad powers to guide the course of the amparo or hábeas corpus proceeding, both regarding the possibility of requesting information from other authorities about what happened, and regarding the broad handling of evidence that may serve to clarify what occurred. Such a procedural framework for the jurisdiction of liberty, where there are no two antagonistic parties facing each other such that what one gains the other loses, requires us to move away from the solutions that have been foreseen for these latter issues in procedural systems such as civil, contentious, or labor law.\n\nIn what is now of interest, the Ley de la Jurisdicción Constitucional regulates, in its Articles 46 and following, three concrete aspects of the exercise of the jurisdictional function of protecting fundamental rights, under the charge of the Chamber: a) the first aspect concerns the declaration that must be made of the existence or non-existence of the violation (Articles 46 and 47 LJC); b) the second carefully regulates the powers enjoyed by the Tribunal to reverse the legal effects of the infringement of fundamental rights and restore, in the most effective way, their exercise (Articles 49 and 50 LJC); c) the third aspect (Article 51 LJC) provides rules on the economic consequences of such amparo and habeas corpus proceedings, such that –upon the verification of an injury by the Chamber– there exists a restoration of the enjoyment of such rights and, additionally, effective compensation for the damages and expenses caused, as part of the right to effective justice regarding the reparation of the harmful consequences generated by the offending authorities, which are not only for the purposes of effective judicial protection for the claimant but also with a dissuasive purpose so that the State does not incur in the future in the actions that gave basis for the granting of the appeal, a matter regulated in Article 50 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional.\n\nIn this last aspect, the Law in its Article 51 orders the Chamber that \"any resolution that grants the appeal shall abstractly order compensation for the damages and losses caused and the payment of the costs of the appeal…\". This is the general system that regulates the matters of the indemnification sphere, for cases that the majority identifies as the \"natural or normal form of termination of the proceeding, where there is a ruling on the merits of the matter and acknowledgment of the facts that have violated fundamental rights…\"; in such cases, among which is the one now decided, the Chamber has found the grievance proven and hence the need for an award of costs, damages, and losses, supported by the aforementioned concept of effective protection of persons' rights and the notion that the Administration must be held responsible for the damages and expenses caused by its unconstitutional acting. This conclusion is not changed at all by the fact that, upon hearing and resolving the amparo, \"the effects of the claimed act might have ceased\" (Article 50), as such a case forms an integral part of the general system of automatic award of costs, damages, and losses, it being understood that the proceeding has ended normally and the violation has been verified.\n\nWithin this simple and clear general framework -and lacking any deficiencies or gaps- the provision of Article 52 of the Law fits perfectly as an exceptional case, applicable only in cases where the Chamber has not heard, nor ruled on, the merits of the claim, that is -as the majority states- in those situations of \"abnormal termination of the proceeding.\" However, the conditions and scope for decreeing that form of conclusion are delimited with the utmost precision by the legislator; first, the factual prerequisites for the application of this norm are clearly described, such that the Chamber must verify: 1) that the amparo is pending; 2) that there exists an administrative or judicial resolution (which must be understood in its strictly formal sense); and 3) that said resolution unquestionably orders the revocation, halting, or suspension of the challenged action. These are extremely limited concepts, the scope of application of which must also be interpreted restrictively, not only in attention to the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but also because the consequences of applying such an exception undeniably generate a diminution in the fundamental right of persons to achieve effective judicial protection against the damages received from the injury to their constitutional rights. In conclusion, only in such limited cases and after the Tribunal has confirmed all of the above, in light of a restrictive interpretation of its scope, would we be facing the need to set aside the general system of automatic award of costs, damages, and losses, and to exercise -as judges- our legal discretion to decide whether payment of such items is ordered or not.\n\nIn this case, the foregoing exercise compels the conclusion of the inapplicability of Article 52 of the LJC, since, on the one hand, the Tribunal has ruled on the merits of the matter, has recognized with its declaration an injury to fundamental rights, and determined who was its author; the foregoing in no way resembles an \"abnormal termination of the proceeding.\" On the other hand, the requirements of the recently cited Article 52 are also not verified, since there is no formally issued \"administrative or judicial resolution\" in which the act originating the violation of constitutional rights is expressly revoked, halted, or suspended; For all these reasons, it is appropriate to apply the provisions of Articles 50 and 51 of the LJC and order -as a consequence of having verified the violation- the award for the damages, losses, and costs caused, as the economic consequences of the proceeding.\n\nBut even if we were to set aside the automatic award for damages, losses, and costs, disregarding the preceding reasoning, the truth is that the proven facts of this case have led the Chamber to declare the existence of an effect on the exercise of the fundamental rights of the protected party, which, as a harmful action that it is, carries with it a presumption of the emergence of economic damages and losses -the concrete determination of which is not for the Chamber to make-, and no merit whatsoever is appreciated in the case file that convinces to exonerate the appealed authority from covering the effective reparation of the harmful consequences of its acts, according to the general principle expressly provided in the law.\n\nIX.- PARTIAL DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO, ONLY IN RELATION TO THE NON-AWARD OF COSTS, DAMAGES, AND LOSSES AGAINST THE APPEALED PARTY. Although I agree with the rest of the Chamber in declaring the appeal with merit, I separate myself from the majority criterion insofar as it exempts the appealed party from being ordered to pay the costs, damages, and losses derived from the injury caused to the fundamental rights of the protected party.\n\nThe Ley de la Jurisdicción Constitucional, in Article 52, provides that:\n\n\"If, while the amparo is pending, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the appeal shall be declared with merit solely for purposes of compensation and costs, if they are applicable.\"\n\nOn the other hand, Article 51 ibidem establishes that:\n\n\"...any resolution that grants the appeal shall abstractly order compensation for the damages and losses caused and the payment of the costs of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the execution of judgment.\"\n\nThis latter norm establishes the general system that regulates matters related to compensation and the payment of costs, which the majority calls the \"natural or normal form of termination of the proceeding, where there is a ruling on the merits of the matter and acknowledgment of the facts that have violated fundamental rights….\"\n\nIn the majority's criterion, the cited Article 51 regulates the scenarios in which the Chamber has found the grievance proven; and, as a consequence, the need for an award of costs, damages, and losses arises. However, in the undersigned's judgment, from the systematic interpretation of both norms, it is concluded that, both in cases where this Constitutional Tribunal verifies an injury to some fundamental right and, therefore, declares the appeal with merit, and in those where the Administration, by its own decision, restores the aggrieved person to the enjoyment of their fundamental rights, once it becomes aware of the amparo -a scenario contemplated in the referenced Article 52-, by mandate of Articles 50 and 51 of the cited law, the necessary and inescapable consequence is the award against the offender for the compensation of the damages and losses caused and the payment of the costs of the appeal. This rule is nothing more than the recognition, to the party that has suffered a violation of their fundamental rights, of the right to effective judicial protection regarding the reparation of the harmful consequences derived from the actions or omissions of the offending authorities; and, as a dissuasive means, so that the State does not incur again in the actions that gave basis for the granting of the appeal, a matter regulated in Article 50 of the law governing this jurisdiction. So, whether the Chamber has found the grievance proven and has entered to hear the merits of the matter, or whether the violation has ceased by decision of the appealed authority itself, once it became aware of the processing of the amparo, with restoration to the enjoyment of fundamental rights in favor of the aggrieved (Article 52), always, in any of these scenarios, the imperative need arises for an award of costs, damages, and losses against the offender, the basis of which lies in the principles of protection of persons' rights and in that the Administration must be held responsible for the damages and losses caused by its unconstitutional acting.\n\nThus, the fact that, at the time of hearing and granting the amparo with merit, the effects of the challenged act might have already ceased, in the terms of the provisions of Articles 50 and 52 of the cited law, does not vitiate the applicability of the award of costs, damages, and losses, since such a case forms an integral part of the general system of mandatory award for these items contained in the Ley de la Jurisdicción Constitucional.\n\nOn the other hand, it is clear that the mentioned Article 52 applies only in cases where the Chamber, even though it has not heard, nor ruled on, the merits of the claim, has verified the violation that the protected party has suffered in their fundamental rights, by virtue of the restoration, in the enjoyment of those rights, that the Administration has agreed to in their favor; a situation that, as the majority of the Chamber affirms, implies an \"abnormal termination of the proceeding.\"\n\nThe legislator established and delimited, precisely, the conditions under which this Chamber may decree that form of abnormal conclusion of the amparo proceeding, as well as its scope, namely: 1) that the amparo is pending, that is, that the Administration has been duly notified of the resolution that admitted the amparo; and, 2) that there exists an administrative or judicial resolution that orders, indubitably, the revocation, halting, or suspension of the challenged action that violates fundamental rights. Certainly, the norm in question contemplates an exception to the general system of awarding costs, damages, and losses, notwithstanding the granting of the appeal, by providing that, in the cases regulated therein, the appeal shall be declared with merit \"solely for purposes of compensation and costs, if they are applicable.\" As an exception that it is, it must be interpreted restrictively; that is, it only applies in the scenarios strictly contemplated in the norm, not only due to the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but also because the consequences of applying such an exception imply, without a doubt, an impairment of the fundamental right of persons to obtain effective judicial protection against the damages and losses suffered from the injury to their constitutional rights.\n\nIn my opinion, such an exception must be interpreted to mean that, in accordance with the general system of automatic award for costs, damages, and losses upon a violation of fundamental rights, that award is always applicable, even in the event that the appealed party issues an administrative or judicial resolution that revokes, halts, or suspends the challenged action, unless it is indubitably and clearly evidenced that in the specific case no compensable harm was caused. Only and solely in such scenarios could the appealed Administration be exempted from the payment of said items. As in this case, there is no element whatsoever that refutes the presumption of the emergence, for the protected party, of economic damages and losses derived from the challenged actions -the concrete determination of which does not correspond to this jurisdiction-, the granting of this appeal must necessarily imply the award of costs, damages, and losses, and I so declare.\n\nX.- PARTIAL DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE GARRO VARGAS. Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC) states: \"If, while the amparo is pending, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the appeal shall be declared with merit solely for purposes of compensation and costs, if they are applicable.\"\n\nMy interpretation of that norm is the following: That \"resolution\" is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the infringed right. The phrase \"if they are applicable\" refers to costs. Moreover, Article 197 of the Código Procesal Contencioso-Administrativo, cited by the majority, on the basis of Article 14 of the LJC, precisely refers only to these: costs.\n\nCertainly, according to Article 48 of the Constitución Política (CP), the essential content of the right to the amparo remedy is not of an indemnification nature but rather restitutive; however, Article 51 of the LJC states: \"Any resolution that grants the appeal shall abstractly order compensation for the damages and losses caused and the payment of the costs of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the execution of judgment.\"\n\nIf the right has been violated and the Chamber so verifies, even in the event that it has been restored, damages and losses could have arisen. For this reason, the abstract award for these is appropriate. If this were not done, if such an award were not given, in the event that they had indeed occurred, there would be no title –derived from this proceeding– to claim them, which could violate Article 41 of the CP. If, despite the abstract award having been ordered, no damages and losses have been caused, the judge in the ordinary jurisdiction will so declare, since only he is responsible for finding the real existence and magnitude of the same proven.\n\nWith the thesis defended by the majority, I believe that, contrary to what is sought, it would encourage the Administration to respect rights only upon the existence of an amparo remedy. It remains to be said that Article 52 of the LJC foresees the possibility that, if it is deemed fair, the Chamber may order costs, even when the right has been restored.\n\nBy reason of the foregoing, I partially dissent regarding the operative part and order the award for damages and losses, but not the award of costs.\n\nX.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that, if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device, or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, as provided in the \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", approved by the Corte Plena in session N° 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session N° 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.\n\nPor tanto:\n\nThe appeal is partially declared with merit without a special award of costs, damages, and losses, solely in relation to the Comisión Asesora para el Control y Regulación de las Actividades de Aviación Agrícola, for the delay in responding to the request made by the claimant on June 10, 2020. Magistrate Hernández López partially dissents and orders the award for damages, losses, and costs in accordance with Articles 50 and 51 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional. Magistrate Salazar Alvarado partially dissents and orders the award for damages, losses, and costs. Magistrate Garro Vargas partially dissents and orders the award for damages and losses, but not the award of costs. In all other respects, the appeal is declared without merit. Notify.\n\nFernando Castillo V.\nPresidente\n\nNancy Hernández L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nAnamari Garro V.\n\nMarta Eugenia Esquivel R.\n\nRonald Salazar Murillo\n\nIleana Sánchez N.\n\nDocumento Firmado Digitalmente\n-- Código verificador --\n\n U4LDODBZBDW61\n\nEXPEDIENTE N° 21-003927-0007-CO\n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 09-05-2026 09:26:22." }