{ "id": "nexus-sen-1-0007-1036056", "citation": "Res. 08609-2021 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Amparo contra permiso de aprovechamiento forestal en territorio indígena Rey Curré", "title_en": "Amparo against logging permit in Rey Curré indigenous territory", "summary_es": "La Sala Constitucional rechazó un recurso de amparo interpuesto por una vecina del territorio indígena de Rey Curré, quien solicitaba la suspensión de un permiso de corta y aprovechamiento forestal otorgado por el SINAC a la Asociación de Desarrollo Indígena local. La recurrente alegaba que el permiso violaba medidas cautelares dictadas en un proceso interdictal civil, y que provocaba daños ambientales por contaminación del río Térraba y destrucción de flora y fauna. La Sala determinó que la recurrente no formalizó ninguna denuncia o gestión ante el MINAE o el SINAC antes del amparo, y que la solicitud de cumplimiento de medidas cautelares compete al juzgado civil que las dictó, no a la jurisdicción constitucional. Asimismo, acreditó que el SINAC realizó inspecciones técnicas antes de otorgar el permiso, descartando arbitrariedad. Concluyó que no hubo omisión administrativa lesiva de derechos fundamentales y declaró sin lugar el recurso, sin perjuicio de que la recurrente plantee denuncias formales o acuda a la vía ordinaria. Un magistrado disintió por considerar que el asunto debió rechazarse de plano por corresponder a la jurisdicción contencioso-administrativa.", "summary_en": "The Constitutional Chamber dismissed an amparo filed by a neighbor of the Rey Curré indigenous territory, who sought to suspend a logging permit granted by SINAC to the local Indigenous Development Association. The claimant argued that the permit violated precautionary measures issued in a civil interdict proceeding and caused environmental damage—pollution of the Térraba River and destruction of flora and fauna. The Chamber found that the claimant had not formally filed any complaint or request with MINAE or SINAC before the amparo, and that enforcing judicial precautionary orders falls to the civil court, not the constitutional jurisdiction. It also verified that SINAC conducted technical inspections before issuing the permit, dismissing any arbitrariness. It held that there was no administrative omission violating fundamental rights and declared the amparo groundless, without prejudice to formal complaints or ordinary legal action. One magistrate dissented, arguing the matter should have been summarily rejected as it belonged to the administrative-contentious jurisdiction.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "30/04/2021", "year": "2021", "topic_ids": [ "procedural-environmental", "forestry-law-7575", "indigenous-law-6172" ], "primary_topic_id": "procedural-environmental", "es_concept_hints": [ "amparo ambiental", "aprovechamiento forestal", "territorio indígena Rey Curré", "medidas cautelares interdicto", "denuncia ambiental formal", "Decreto 27800-MINAE", "Ley Indígena 6172", "SINAC Subregión Buenos Aires" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 6", "law": "Ley 6172" }, { "article": "Art. 33", "law": "Ley 7575" }, { "article": "Art. 1", "law": "Decreto 27800-MINAE" }, { "article": "Art. 45", "law": "Ley de la Jurisdicción Constitucional" } ], "keywords_es": [ "amparo ambiental", "aprovechamiento forestal", "SINAC", "medidas cautelares", "territorio indígena", "Rey Curré", "contaminación de ríos", "permiso de corta", "denuncia ambiental", "jurisdicción contencioso-administrativa" ], "keywords_en": [ "environmental amparo", "forest harvesting", "SINAC", "precautionary measures", "indigenous territory", "Rey Curré", "river pollution", "logging permit", "environmental complaint", "administrative-contentious jurisdiction" ], "excerpt_es": "Al respecto, el Tribunal observa que en el fondo lo requerido por la accionante es que se decrete el incumplimiento de lo dispuesto por el Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Buenos Aires, mediante resolución de las 11:11 horas del 1° de octubre de 2020, en la que dictó una serie de medidas cautelares. Sobre este tema, advierta la parte recurrente que, si estima que ha habido un incumplimiento a alguna orden judicial, ello no corresponde ser conocido por esta Sala, máxime si se considera que a cualquier órgano jurisdiccional le asiste la facultad de ejecutar sus pronunciamientos y hacer cumplir sus órdenes. En consecuencia, si a bien lo tiene la parte amparada, puede acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente para que este, en ejercicio de las potestades que le asisten, disponga lo que en derecho corresponda para hacer cumplir lo resuelto.\n\nDe este modo, el Tribunal no estima que el otorgamiento del permiso de marras haya sido emitido de manera abiertamente arbitraria e ilegítima, por lo que a priori se descarta una lesión a los derechos fundamentales en los términos en los que fue planteado el recurso.\n\nErgo, en el sub lite no se observa que la parte accionante haya puesto en conocimiento de las autoridades recurridas algún tipo de denuncia formal, mediante la cual se haya requerido la suspensión del permiso de aprovechamiento en cuestión, debido a las presuntas consecuencias ambientales que genera su ejecución. En mérito de lo expuesto, y dado que este Tribunal Constitucional no debe funcionar como una instancia tramitadora de quejas o denuncias, lo acusado por la parte recurrente deberá ser interpuesto, primeramente, si a bien lo tiene, ante la propia parte recurrida o ante la vía jurisdiccional ordinaria.", "excerpt_en": "The Chamber observes that the claimant's underlying request is to declare non-compliance with the Civil, Labor and Family Court of Buenos Aires' order of October 1, 2020, which issued precautionary measures. On this point, the claimant should note that if she believes a judicial order has been breached, that is not a matter for this Chamber, especially considering that any court has the power to enforce its own rulings. Therefore, if she deems it appropriate, the claimant may apply to the relevant court to enforce what was decided.\n\nThus, the Chamber does not consider that the permit was granted in an openly arbitrary or illegitimate manner, and accordingly dismisses any violation of fundamental rights as argued.\n\nConsequently, the record shows that the claimant did not bring any formal complaint to the attention of the respondent authorities seeking suspension of the logging permit due to the alleged environmental damage. Given that this Constitutional Chamber must not function as a complaint-processing instance, the claimant’s grievances should first be presented to the respondents themselves or to the ordinary courts.", "outcome": { "label_en": "Denied", "label_es": "Sin lugar", "summary_en": "The Constitutional Chamber denied the amparo, finding that the claimant had not filed a prior formal environmental complaint and that the underlying issue (enforcement of precautionary measures) belongs to the ordinary civil jurisdiction.", "summary_es": "La Sala Constitucional declaró sin lugar el recurso de amparo, al considerar que la recurrente no formalizó denuncia ambiental previa y que el asunto de fondo (cumplimiento de medidas cautelares) corresponde a la jurisdicción ordinaria civil." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando VI", "quote_en": "if she believes that a judicial order has been breached, that is not a matter for this Chamber, especially considering that any court has the power to enforce its own rulings.", "quote_es": "si estima que ha habido un incumplimiento a alguna orden judicial, ello no corresponde ser conocido por esta Sala, máxime si se considera que a cualquier órgano jurisdiccional le asiste la facultad de ejecutar sus pronunciamientos y hacer cumplir sus órdenes." }, { "context": "Considerando VI", "quote_en": "the record does not show that the claimant brought any formal complaint to the attention of the respondent authorities seeking suspension of the logging permit.", "quote_es": "no se observa que la parte accionante haya puesto en conocimiento de las autoridades recurridas algún tipo de denuncia formal, mediante la cual se haya requerido la suspensión del permiso de aprovechamiento en cuestión." }, { "context": "Considerando VI", "quote_en": "this Constitutional Chamber must not function as a complaint-processing instance.", "quote_es": "este Tribunal Constitucional no debe funcionar como una instancia tramitadora de quejas o denuncias." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [ { "target_id": "norm-38110", "kind": "concept_anchor", "label": "Ley 6172 Art. 6" }, { "target_id": "norm-41661", "kind": "concept_anchor", "label": "Ley 7575 Art. 33" }, { "target_id": "norm-54465", "kind": "concept_anchor", "label": "Decreto 27800-MINAE Art. 1" } ], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1036056", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [], "sentencias_relacionadas": [], "temas_y_subtemas": [], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 08609 - 2021\n\nFecha de la Resolución: 30 de Abril del 2021 a las 09:15\n\nExpediente: 21-005517-0007-CO\n\nRedactado por: Marta Eugenia Esquivel Rodríguez\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp: 21-005517-0007-CO\n\nRes. Nº 2021008609\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del treinta de abril de dos mil veintiuno .\n\n Recurso de amparo que se tramita en expediente número 21-005517-0007-CO, interpuesto por EUGENIA DE LOS ÁNGELES ROJAS ORTEGA, contra el MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA (MINAE) y el SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC).\n\nResultando:\n\n 1.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 20:47 horas del 18 de marzo de 2021, la parte recurrente interpone recurso de amparo. Refiere que el 9 de noviembre de 2020 solicitó ante la autoridad recurrida la suspensión de permisos para corta de madera otorgado a la Asociación de Desarrollo Indígena Rey Curré, debido a que existen medidas cautelares dictadas por autoridad jurisdiccional competente, mediante las cuales se prohíbe a tal asociación realizar todo tipo de trabajos en ese lugar. Agrega que lo anterior está relacionado con el expediente n.° 19- 000038-1555-AG-2, que es un proceso interdictal que interpuso contra la Asociación de Desarrollo Indígena de Rey Curré. Acusa que a la fecha en que acude en amparo no ha recibido respuesta y, por el contrario, en claro incumplimiento de deberes, se otorgó a esa Asociación permisos para talar, cortar y extraer la madera que se encuentra en las márgenes del playón del río, dándose una contaminación del cauce del río que destruye la flora y fauna y la biodiversidad, por los aceites contaminantes de las motosierras que contaminan los ríos y dañan las fuentes de agua. Refiere que, por lo anterior, ha tratado de coordinar con el Ministerio de Ambiente y Energía para que se ordene la suspensión de ese permiso y daño ambiental, respecto de lo cual no ha recibido respuesta, por lo que se han visto lesionado su derecho fundamental a la vida, ya que el agua es fuente de vida para los seres humanos y la biodiversidad, así como su derecho de respuesta, en virtud de que planteó los documentos y solicitó la suspensión de permisos, lo que al día de hoy, no se ha realizado. Indica que, ante tal panorama, ha realizado varias llamadas telefónicas al número 2730-0846 para solicitar la resolución urgente de esa suspensión; empero, no hay respuesta a su petición, lo que lesiona su derecho fundamental de pronta respuesta y al derecho a un ambiente equilibrado y ecológicamente sano, toda vez que, el SINAC está en la obligación de tomar las medidas necesarias para preservar la salud de los habitantes y el ambiente, especialmente el recurso hídrico, en donde existen fuentes de agua para el abastecimientos a cientos de personas. Sostiene que no se ha hecho cosa alguna por evitar los posibles daños a los recursos naturales y biodiversidad. Solicita que se declare con lugar el recurso y que se ordene al MINAE dar respuesta a la gestión del 9 de noviembre de 2020. Pide, como medida cautelar, que se ordene suspender la tala y corta de árboles.\n\n2.- Mediante resolución de la Sala de las 08:10 horas del 22 de marzo de 2021, se dio curso al proceso y se requirió informe al ministro de Ambiente y Energía y a la directora ejecutiva del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, sobre los hechos alegados por el recurrente.\n\n3.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 11:40 horas del 25 de marzo de 2021, informa María Tamara Avendaño Chavarría, en su condición de apoderada especial judicial, según el poder especial judicial emitido por el director ejecutivo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación el 23 de marzo del 2021. Refiere que la tutelada dice haber solicitado el 20 de noviembre de 2020 a la autoridad recurrida la suspensión de permisos para corta de madera otorgado a la Asociación de Desarrollo Indígena de Rey Curré; no obstante, a la fecha no existe en la oficina SINAC- Subregión Buenos Aires gestión alguna en este sentido. Aclara que para esa fecha no existían permisos vigentes extendidos a la citada Asociación. Subraya que, anterior a esto, el 9 de noviembre de 2020, la amparada sí se apersonó en la oficina subregional de Buenos Aires y entregó un documento “Interdicto” dentro de expediente 18-000056-1555-AG-1 del Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Buenos Aires, el cual se le selló con el respectivo recibido, esto lo hizo para comunicar que existe una medida cautelar. Indica que, con lo anterior, se demuestra que a la fecha no existe en la oficina Subregional de Buenos Aires gestión o solicitud alguna sin atender a la recurrente, toda vez que el único documento aportado “a manera de información”, tal y como lo indicó la misma recurrente, es la resolución de las 11:11 horas del 1° de octubre de 2020, que corresponde a la medida cautelar por “Interdicto” dentro de expediente 18-000056-1555-AG-1, expediente en el cual se aclara, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación no es parte. Expone que, en efecto, existe una medida cautelar emitida en el proceso 18-000056-1555-AG-1 (05-2019)- Refiere que al Sistema Nacional de Áreas de Conservación, por medio de la oficina Subregional de Buenos Aires, hasta la fecha, no se le ha dictado medida cautelar alguna respecto al litigio que se da en la finca en cuestión, ni es parte del proceso judicial. Añade que la medida cautelar lo que ordena es no cambiar la naturaleza que la propiedad en litigio ostenta a la actualidad. Añade que en ningún momento se prohíbe hacer aprovechamiento forestal. Destaca que, aunque se diera aprovechamiento forestal, no se estaría haciendo cambio de la naturaleza del ecosistema en que se encuentre el árbol (potrero, bosque, tacotal). Alude que existe un permiso de aprovechamiento forestal otorgado a la ADII de Rey Curré que se otorgó al amparo de lo establecido en el decreto 27800-MINAE. Agrega que tal permiso se otorgó en atención a solicitud interpuesta por el ADII de Rey Curré, quien registralmente es la propietaria del inmueble. Relata que tal solicitud se resolvió mediante la resolución SINAC-ACLA-PSRBA-133-2021 del 8 de febrero de 2021, por medio de la que se brindó permiso de corta y aprovechamiento para varios árboles dentro de ellos el árbol que ha sido motivo de este recurso (árbol de Espavel). Explica que el árbol de Espavel, es desarraigado y arrastrado por las corrientes del río Térraba producto de los fenómenos naturales que han tenido lugar en los últimos años y que para este momento se encuentra ubicado fuera de áreas de protección. Detalla que es de conocimiento del jefe de la Subregión Buenos Aires que el 18 de marzo de 2021 tuvieron lugar dos llamadas. una primera que fue realizada por la amparada y atendida por la Ing. Raquel Rivera Segura, en la que la accionante exigía a modo de orden detener el permiso de aprovechamiento. Agrega que en horas de la tarde tuvo lugar una segunda llamada que fue realizada por un señor llamado Juan Jiménez, que es conocido como la pareja de la recurrente, la cual fue atendida por el señor Rolando Rodríguez y de igual modo exigía detener el aprovechamiento a lo que se le indicó que era un permiso legalmente otorgado al amparo de lo que establece la normativa vigente y que no se iba a detener, ante lo que expresó que realizaría la denuncia que correspondiese. Expone, en relación con la supuesta contaminación por los aceites que liberan las motosierras que se encuentra dañando las fuentes de agua para el abastecimiento de cientos de personas, que el aprovechamiento que hasta el momento ha tenido lugar se encuentra por completo fuera de áreas de protección, y que en caso de que se diera algún derrame de aceites los mismos no fluirían tan fácilmente a las aguas. Agrega que, a estas alturas, el río Térraba está tan contaminado que no se considera apto para el consumo humano, e indica que se efectuó la revisión de concesiones de aguas debajo del lugar de aserrío en la página de la Dirección de Aguas y no existen concesiones vigentes, y menos para consumo humano, aunque no se debe omitir que las aguas de este río pueden ser utilizadas tanto para riego como para consumo de animales. Subraya que, si existiera incumplimiento a lo ordenado en la resolución de las 8:11 del 1 de octubre de 2020 antes mencionada, no sería atribuible al SINAC, ya que, si bien desde noviembre de 2020 es de su conocimiento que existe una medida cautelar sobre finca en litigio, no menos cierto es que sería responsabilidad de la ADII de Rey Curré ser vigilantes por que las órdenes dictadas no se incumplan, por lo que lo legalmente procedente sería interponer la debida denuncia por el supuesto delito de desobediencia a la orden impartida por una autoridad jurisdiccional. Concluye que a la fecha no hay gestión ni denuncia alguna pendiente de atender de la señora Rojas Ortega- Sostiene que el asunto en cuestión se trata de una confusión de ésta entre el permiso de aprovechamiento otorgado por el Área de Conservación La Amistad Pacífico y el proceso que se ventiló bajo el expediente número 18-000056-1555-AG-1, tratándose de dos situaciones distintas, dado que la Asociación cumplió a cabalidad con los requisitos que exige la normativa para optar por dicho permiso y que no existe claridad si la misma incurrió en alguna situación de desobediencia de lo ordenado en la sentencia judicial, situación que debe ventilarse en la vía judicial correspondiente y no alegarse en vía administrativa en un proceso totalmente ajeno a lo que se discutió en el interdicto. Solicita a la Sala que se declare sin lugar el recurso de amparo.\n\n4.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 15:29 horas de 25 de marzo de 2021, informa bajo juramento Andrea Meza Murillo, en su condición de ministra de Ambiente y Energía. Aclara que para el tema de las medidas cautelares, las cuales fueron dictadas en el expediente número 19-000038-1555-AG-2 del Juzgado Civil Trabajo y Familia de Buenos Aires, por medio de la resolución de las 8:10 horas del 22 de marzo de 2021 ni el MINAE ni el SINAC fueron parte, e indica que los demandados de este proceso interdictal son los señores: José Rigoberto Leiva Cedeño, la Asociación de Desarrollo Integral de Reserva Indígena de Corre de Boruca (Rey Curre) representada por el señor José Rigoberto Leiva Cedeño, Hugo Lázaro Estrada, José Eusebio Lázaro Ortiz, Ana Jenny Lázaro Rojas, María Daneyi Mavisca Rueda, Geiner Castro Araya, Jessica Borbón Mavisca, José Danilo Rojas Rojas y Margarita Rojas Rojas. Subraya que, en el por tanto de ese interdicto, se acogió la solicitud de medida cautelar y el juez tramitador ordenó prevenir a los demandados arriba mencionados a “abstenerse de realizar edificaciones como ranchos, levantamientos de acueductos, tendidos eléctricos, y desarrollo de planteles y caminos con maquinaria pesada sobre el bien en litigio. Deberán de abstenerse de quemar pastos con químicos, variar las cercas internas existentes y no cambiar la naturaleza que la propiedad en litigio ostenta a la actualidad según reconocimiento judicial; no removiendo pastos por cultivos más allá de los ya existentes. La prohibición es extensiva a las áreas de bosque, tacotales y zonas de protección de quebradas y ríos que están dentro del inmueble”. Apunta que ni al MINAE ni al Sistema Nacional de Áreas de Conservación, por medio de la oficina Subregión Buenos Aires, se le dictó medida cautelar alguna en el interdicto sobre el terreno en cuestión. Destaca que ni el Ministerio ni el SINAC son parte del proceso; adicionalmente, advierte que tal medida cautelar en ningún momento prohíbe a los demandados hacer aprovechamiento forestal. Explica que el SINAC no comete incumplimiento de deberes alguno, ya que se encuentra al amparo del decreto número 27800-MINAE de 1999 Reglamento para el Aprovechamiento del Recurso Forestal en las Reservas Indígenas, el cual en el ordinal primero dispone: “Artículo 1°-Fines. El presente Reglamento tiene como finalidad otorgar a los pueblos indígenas, ubicados en Reservas Indígenas la competencia sobre el control del aprovechamiento del recurso forestal, canalizando el trámite de los permisos para la eliminación y/o aprovechamiento de árboles, en terrenos sin cobertura boscosa, con fines domésticos para beneficio de sus habitantes; labor que estará a cargo de las Asociaciones de Desarrollo Indígenas, como una medida para salvaguardar algunos de sus más arraigados principios y costumbres”. Menciona que, por medio de una solicitud planteada por el ADII de Rey Curré el 17 de marzo de 2020 en la Subregión d Buenos Aires en el SINAC, se resolvió mediante la resolución SINAC-ACLA-P-SRBA- 133-2021 del 8 de febrero de 2021, permiso de corta y aprovechamiento para varios árboles a tal Asociación, quien es registralmente la propietaria del inmueble, dentro de lo establecido en el decreto 27800-MINAE. Aclara que, a modo de ejemplo, uno de los árboles que tiene el permiso de ser aprovechado, es el árbol Espavel, el cual, es un árbol desarraigado y arrastrado por las corrientes del río Térraba producto de los fenómenos naturales que han tenido lugar en los últimos años, y el cual, para este momento y en el caso concreto, se encuentra ubicado fuera de áreas de protección. Refiere que, por medio del oficio SINAC-ACLA-P-SRBA-133-2021, la ingeniera Raquel Rivera Segura, funcionaria del SINAC, realizó recomendaciones sobre el aprovechamiento al terreno propiedad de AIDII, de las cuales se desprende que el SINAC no otorga aprovechamientos de manera antojadiza, sino que se realiza la debida resolución en la cual se cumple toda una investigación con visitas de campo que culminan con un informe de recomendaciones brindado por un funcionario ingeniero del SINAC. Destaca, sobre el tema del recurso hídrico, que el aprovechamiento que hasta el momento ha tenido lugar se encuentra completamente fuera de áreas de protección, y que, si se suscitase un derrame de aceites, estos no estarían fluyendo tan fácilmente a las aguas e indica que ya el río Térraba se encuentra tan contaminado por las actividades de aguas arriba que el mismo no se considera apto para el consumo humano, Expone que, el Ministerio de Energía y Ambiente se dio a la tarea de enviar solicitud, por medio de correos electrónicos, al Viceministerio de Ambiente, a la Dirección de Asesoría Jurídica y a su despacho; a lo cual todas las oficinas contestaron que no tenían en su base de datos solicitud alguna con el nombre de la recurrente. Indica que el oficio SINAC-AJ-144 se establece que en la oficina Subregional de Buenos Aires del SINAC no había llegado gestión alguna por parte de la recurrente y que para el 20 de noviembre del 2020 no existían permisos vigentes extendidos a la citada Asociación. Describe que la recurrente si se apersonó a las oficinas del SINAC de la Subregión Buenos Aires el 9 de noviembre de 2020 a entregar el documento “Interdicto” dentro de expediente 18-000056-1555-AG-1 del Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Buenos Aires, el cual se le selló con el respectivo recibido. Reitera que el SINAC no es parte del proceso, por lo que no se le está aplicando medida cautelar alguna. Agrega que en ningún momento se les prohíbe a los demandados hacer aprovechamiento forestal; por lo cual a la fecha no existe en la oficina Subregional de Buenos Aires gestión o solicitud alguna sin atender a la recurrente. Explica que, el 18 de marzo de 2020, en la Subregional de Buenos Aires se recibieron dos llamadas telefónicas; en la primera, atendida por la señora Raquel Rivera Segura, la recurrente exigió como orden detener el permiso de aprovechamiento; y en la segunda, atendida por ingeniero Rolando Rodríguez Peraza, jefe de la Subregión de Buenos Aires, un señor llamado Juan Jiménez exigió detener el aprovechamiento, a lo que se le indicó que era un permiso legalmente otorgado al amparo de lo que establece la normativa vigente por lo que no se iba a detener el aprovechamiento. Señala que, ante esta explicación del jefe del área del SINAC, el administrado indicó que realizaría la denuncia correspondiente. Concluye que, conforme a los hechos recurridos, y a las acciones tomadas por el Ministerio a través de la Subregión Buenos Aires del SINAC, no hay datos en el Ministerio de Ambiente y Energía de que la recurrente haya solicitado suspensión de aprovechamiento otorgado a la ADII de Rey Curré. Afirma que sí se realizaron dos llamadas telefónicas al SINAC, mediante las cuales se solicitó la suspensión del aprovechamiento otorgado a la ADII de Rey Curré; no obstante, se le explicó a los administrados de la existencia de la legislación vigente y que el SINAC otorga el aprovechamiento al amparo de esta ley. Sostiene que ni el MINAE ni el SINAC son parte ni les aplica las medidas cautelares emitidas en el expediente n.° 19-000038-1555-AG-2 del Juzgado Civil Trabajo y Familia de Buenos Aires. Considera que la medida cautelar referida en ningún momento prohíben a los demandados hacer aprovechamiento forestal. Estima que el aprovechamiento que hasta el momento ha tenido lugar por parte de la ADII se encuentra por completo fuera de áreas de protección, y en caso, de realizarse un derrame por parte por los aceites contaminantes de las motosierras, este líquido no estaría fluyendo tan fácilmente a las aguas. Añade que, a esa altura, el río Térraba se encuentra tan contaminado por las actividades aguas arriba que el mismo no se considera apto para el consumo humano. Solicita que se declare sin lugar el recurso.\n\n5.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 8:31 horas de 26 de marzo de 2021, informa bajo juramento Andrea Meza Murillo, en su condición de ministra de Ambiente y Energía, en los mismos términos que en el escrito incorporado al expediente digital a las 15:29 horas de 25 de marzo de 2021.\n\n6.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.\n\n Redacta la Magistrada Esquivel Rodríguez; y,\n\nConsiderando:\n\n I.- CUESTIÓN PREVIA. Aun cuando María Tamara Avendaño Chavarría se apersonó a este proceso en virtud del poder especial judicial otorgado por el director ejecutivo del Sistema Nacional de Área de Conservación, no menos cierto es que en la resolución de curso de este proceso se le apercibió a tal director ejecutivo que el informe requerido por este Tribunal debía ser rendido de forma personal.\n\nAtinente a este tema, la Sala en la sentencia n.° 03484-98 de las 16:51 horas de 27 de mayo de 1998, resolvió:\n\n“I. Asunto previo. No se admite, por improcedente, el informe que rinde Eduardo Acuña Castro en lugar del correcurrido Ejecutivo Municipal de Pococí. En primer término, cabe señalar que –en virtud de la responsabilidad que deriva del informe, el cual se tiene dado bajo juramento– no es admisible rendirlo más que personalmente (artículos 43, 55 y 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional). En segundo lugar, el citado funcionario carece de competencia legal para delegar una competencia que le es propia, conforme a la citada ley. En consecuencia, se le tiene por no aportado y procede la Sala a resolver el asunto sin otro trámite y únicamente a partir de los elementos de juicio que constan en los autos”.\n\nEn consecuencia, como el director ejecutivo del Sistema Nacional de Área de Conservación omitió rendir el informe solicitado de manera personal dentro del plazo conferido de acuerdo con el artículo 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se tienen por ciertos los hechos en cuanto a esta autoridad y se entra a resolver el recurso con base en los demás elementos que constan en el expediente.\n\nII.- SOBRE LA EXCEPCIÓN DEL ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA. Uno de los aspectos señalados podría configurar una lesión al derecho a una justicia administrativa pronta y cumplida. Al respecto, debe aclararse que, a partir del voto número 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa — con algunas excepciones —  aquellos asuntos en los que se discute si la autoridad pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, a fin de resolver por acto final un procedimiento administrativo — incoado de oficio o a instancia de parte—  o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este recurso se plantea un supuesto de excepción pues el sub examine está relacionado con la interposición de presuntas denuncias ambientales. En virtud de lo anterior, la Sala entrará a resolver el recurso.\n\nIII.- OBJETO DEL RECURSO. La recurrente alega que el 9 de noviembre de 2020 solicitó ante la autoridad recurrida la suspensión de permisos para corta de madera otorgado a la Asociación de Desarrollo Indígena Rey Curré, debido a que existen medidas cautelares dictadas por la autoridad jurisdiccional competente, mediante las cuales se prohíbe a tal asociación realizar todo tipo de trabajos en ese lugar. Agrega que a la fecha en que acude en amparo no ha recibido respuesta y, por el contrario, en claro incumplimiento de deberes, se otorgó a la aludida asociación permisos para talar, cortar y extraer la madera que se encuentra en las márgenes del playón del río, lo que provoca una contaminación del cauce de este, así como la destrucción de la flora y fauna por los aceites contaminantes de las motosierras. Afirma que, por lo anterior, ha tratado de coordinar con el MINAE para que se ordene la suspensión de ese permiso; empero, no ha recibido respuesta. Indica que, ante tal panorama, ha realizado varias llamadas telefónicas al número 2730-0846 para solicitar la resolución urgente de esa suspensión; sin embargo, no hay respuesta a su requerimiento. Por lo anterior, solicita que se declare con lugar el recurso y que se ordene al MINAE dar respuesta a la gestión del 9 de noviembre de 2020.\n\nIV.-HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:\n\na)     El Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Buenos Aires conoce el expediente 19-000038-1555-AG-2, en el que la tutelada figura como actora. Además, mediante resolución de las 11:11 horas del 1° de octubre de 2020 dispuso:\n\n“(…) se acoge la solicitud de medidas cautelares. Así las cosas procede acoger la solicitud de medida cautelar y ordenar lo siguiente: prevenir a los demandados JOSE RIGOBERTO LEIVA CEDEÑA, LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA RESERVA INDÍGENA DE CORRE DE BORUGA (REY CURRE) representada por el señor JOSE RIGOBERTO LEIVA CEDEÑO, HUGO LAZARO ESTRADA, JOSE USEBIO LÁZARO ORTIZ, ANA JENNY LÁZARO ROJAS, MARIA DANEYI MAVISCA RUEDA, GEINER CASTRO ARAYA, JESSICA BORBÓN MAVISCA, JOSE DANILO ROJAS ROJAS y MARGARITA ROJAS ROJAS abstenerse de realizar edificaciones como ranchos, levantamientos de acueductos, tendidos electrónicos y desarrollos de planteles y caminos con maquinaria pesada sobre el bien en litigio. Deberán abstenerse de quemar pastos con químicos, variar las cercas internas existentes y no cambiar la naturaleza que la propiedad en litigio ostenta a la actualidad según el reconocimiento judicial; no removiendo pastos por cultivos más allá de los ya existentes. La prohibición es extensiva a las áreas de bosque, tacotales y zonas de protección de quebradas y ríos que están dentro del inmueble. En caso de desobediencia se les seguirá causa penal por el delito de desobediencia a la autoridad. Notifíquese personalmente Lic. Jean Carlos Cespedes Mora.- Juez(a)”. (Ver prueba documental).\n\nb)    El 9 de noviembre de 2020 y el 18 de marzo de 2021, la recurrente aportó ante el SINAC una copia de la resolución de las 11:11 horas del 1° de octubre de 2020 dictada por el Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Buenos Aires. (Ver prueba documental).\n\nc)     Mediante resolución SINAC-ACLA-P-SRBA-133-2021 de las 11:00 horas del 8 de febrero de 2021, el SINAC dispuso:\n\n“RESULTANDO\n\nPRIMERO: Que en el día 17 de marzo del año 2020 se recibió solicitud para realizar inspecciones para aprovechamiento forestal por parte del señor José Rigoberto Leiva Cedeño, portador de cédula 1 1188 0674, Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Reserva Indígena de Rey Curré, con cédula jurídica 3-002-061742, efectuó formal presentación de documento de solicitud para la corta de árboles y aprovechamiento de madera en fincas de diferentes posesionarios dentro de los límites de su territorio, sita en la Provincia de Puntarenas, Cantón Buenos Aires, Distrito Boruca, Caserío Rey Curré.\n\nSEGUNDO: Que en atención a la solicitud planteada por la Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Rey Curré, el día 20 de enero del 2021, en compañía de los interesados y en conocimiento de su persona, se realizaron visitas a los diferentes sitios de tala o aprovechamiento según corresponda. (…)\n\nSEPTIMO: Que en informe elaborado por la funcionaría Ing. Raquel Rivera Segura recomienda lo siguiente para la inspección del día 25 de febrero del 2020; aprobar la corta y aprovechamiento de los siguientes árboles:\n\nPara las inspecciones realizadas el día 20 de enero del 2021 las recomendaciones dadas por la Ing. Raquel Rivera Segura son las siguientes:\n\nTabla 1. Árboles en Terrenos de uso agropecuario y sin bosque para los que se recomienda su aprobación:\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nJosé Manuel Fuentes Fuentes\n\n \n\n\t\n\nÁrbol\n\n\t\n\nEspecie\n\n\t\n\nNombre científico\n\n\t\n\nDiámetro (cm)\n\n\t\n\nAltura (m)\n\n\t\n\nVol (m3)\n\n \n\n\t\n\nCoordenadas\n\n\t\n\nAutorizado\n\n\n\n\nX\n\n\t\n\nY\n\n\n\n\n1\n\n\t\n\nCorteza negra\n\n\t\n\nHandroanthus\n\nImpetiginosus\n\n\t\n\n64\n\n\t\n\n8\n\n\t\n\n2.0466\n\n\t\n\n578643\n\n\t\n\n992598\n\n\t\n\nSI\n\n\n\n\n2\n\n\t\n\nCorteza negra\n\n\t\n\nHandroanthus\n\nimpetiginosus\n\n\t\n\n40\n\n\t\n\n5\n\n\t\n\n0.5441\n\n\t\n\n578638\n\n\t\n\n992598\n\n\t\n\nSI\n\n\n\n\n3\n\n\t\n\nCorteza negra\n\n\t\n\nHandroanthus\n\nImpetiginosus\n\n\t\n\n48\n\n\t\n\n8\n\n\t\n\n1.1381\n\n\t\n\n578625\n\n\t\n\n992614\n\n\t\n\nSI\n\n\n\n\n4\n\n\t\n\nCorteza negra\n\n\t\n\nHandroanthus\n\nImpetiginosus\n\n\t\n\n40\n\n\t\n\n5\n\n\t\n\n0,5441\n\n\t\n\n578617\n\n\t\n\n992588\n\n\t\n\nSI\n\n\n\n\n5\n\n\t\n\nGuanacaste\n\n\t\n\nEnterolobium\n\ncyclocarpum\n\n\t\n\n130\n\n\t\n\n25\n\n\t\n\n21,1020\n\n\t\n\n578765\n\n\t\n\n991496\n\n\t\n\nSI\n\n \n\nTabla 2. Árboles en Terrenos de uso agropecuario y sin bosque para los que NO se recomienda su aprobación:\n\nSolicitante\n\n\t\n\nÁrbol\n\n\t\n\nEspecie\n\n\t\n\nNombre científico\n\n\t\n\nDiámetro (cm)\n\n\t\n\nAltura (m)\n\n\t\n\nVol (m3)\n\n\t\n\nCoordenadas\n\n\t\n\nAutorizado\n\n\n\n\nX\n\n\t\n\nY\n\n\n\n\nJosé Manuel Fuentes Fuentes\n\n\t\n\n1\n\n\t\n\nOjoche\n\n\t\n\nBrosimum\n\nalicastrum\n\n\t\n\n80\n\n\t\n\n12\n\n\t\n\n4,4249\n\n\t\n\n578909\n\n\t\n\n992591\n\n\t\n\nNO*\n\n\n\n\nEddicson Mora Lázaro\n\n\t\n\n1\n\n\t\n\nCorteza negra\n\n\t\n\nHandroanthus\n\nimpetiginosus\n\n\t\n\n60\n\n\t\n\n9\n\n\t\n\n1,9666\n\n\t\n\n580870\n\n\t\n\n993103\n\n\t\n\nNO*\n\n \n\n* Para el caso de José Manuel Fuentes Fuentes el árbol está caído en área de protección de una naciente. También se recomienda conservar esa área de protección ya que esta familia utiliza el agua de la misma.\n\n* Para el caso de Eddicson Mora Lázaro el árbol está en área de protección de una quebrada, al momento de la visita no tenía agua, pero en la cartografía aparece como quebrada por lo que no se recomienda autorizarlo.\n\nTabla 3. Árboles que fueron dejados por el Rio Térraba después la creciente causada por la tormenta ETA en terrenos de uso agropecuario y en la orilla del Rio Térraba.\n\n \n\nSolicitante\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nÁrbol\n\n\t\n\nEspecie\n\n\t\n\nNombre científico\n\n\t\n\nDiámetro (cm)\n\n\t\n\nAltura (m)\n\n\t\n\nVol (m3)\n\n\t\n\nCoordenadas\n\n\t\n\nAutorizado\n\n\n\n\nX\n\n\t\n\nY\n\n\n\n\n \n\nHugo Lázaro\n\n\t\n\n1\n\n\t\n\nEspavel\n\n\t\n\nAnacardium\n\nexcelsum\n\n\t\n\n210\n\n\t\n\n16\n\n\t\n\n39.6453\n\n\t\n\n579822\n\n\t\n\n993401\n\n\t\n\nSI\n\n\n\n\n2\n\n\t\n\nEsparvel\n\n\t\n\nAnacardium\n\nexcelsum\n\n\t\n\n60\n\n\t\n\n15\n\n\t\n\n2.9278\n\n\t\n\n580064\n\n\t\n\n993338\n\n\t\n\nSI\n\n\n\n\n3\n\n\t\n\nCelba\n\n\t\n\nCeiba\n\npentandra\n\n\t\n\n64\n\n\t\n\n20\n\n\t\n\n4.1787\n\n\t\n\n580066\n\n\t\n\n993333\n\n\t\n\nSI\n\n\n\n\nRafael Rojas Leiva\n\n\t\n\n1\n\n\t\n\nGuanacaste\n\n\t\n\nEnterolobium\n\ncyclocarpum\n\n\t\n\n80\n\n\t\n\n10\n\n\t\n\n3.8390\n\n\t\n\n581195\n\n\t\n\n992775\n\n\t\n\nSI\n\n\n\n\n2\n\n\t\n\nJabillo\n\n\t\n\nHura\n\ncrepitans\n\n\t\n\n40\n\n\t\n\n3\n\n\t\n\n0.3655\n\n\t\n\n581225\n\n\t\n\n992868\n\n\t\n\nSI\n\n\n\n\n3\n\n\t\n\nGuanacaste\n\n\t\n\nEnterolobium\n\ncyclocarpum\n\n\t\n\n54\n\n\t\n\n2\n\n\t\n\n0.4915\n\n\t\n\n581225\n\n\t\n\n992878\n\n\t\n\nSI\n\n\n\n\n4\n\n\t\n\nCenízaro\n\n\t\n\nSamanea\n\nsaman\n\n\t\n\n70\n\n\t\n\n15\n\n\t\n\n4.0096\n\n\t\n\n581245\n\n\t\n\n992936\n\n\t\n\nSI\n\n\n\n\n5\n\n\t\n\nCenízaro\n\n\t\n\nSamanea\n\nsaman\n\n\t\n\n56\n\n\t\n\n7\n\n\t\n\n1.4047\n\n\t\n\n581247\n\n\t\n\n992943\n\n\t\n\nSI\n\n\n\n\n6\n\n\t\n\nGuanacaste\n\n\t\n\nEnterolobium\n\ncyclocarpum\n\n\t\n\n75\n\n\t\n\n8\n\n\t\n\n2.8285\n\n\t\n\n581264\n\n\t\n\n993027\n\n\t\n\nSI\n\n\n\n\nRafael González Leiva\n\n\t\n\n1\n\n\t\n\nGuanacaste\n\n\t\n\nEnterolobium\n\ncyclocarpum\n\n\t\n\n120\n\n\t\n\n12\n\n\t\n\n10.1181\n\n\t\n\n584524\n\n\t\n\n992882\n\n\t\n\nSI\n\n\n\n\n2\n\n\t\n\nCenízaro\n\n\t\n\nSamanea\n\nsaman\n\n\t\n\n80\n\n\t\n\n7\n\n\t\n\n2.9077\n\n\t\n\n584395\n\n\t\n\n992630\n\n\t\n\nSI\n\n\n\n\n3\n\n\t\n\nCenízaro\n\n\t\n\nSamanea\n\nsaman\n\n\t\n\n90\n\n\t\n\n10\n\n\t\n\n4.8816\n\n\t\n\n584333\n\n\t\n\n992563\n\n\t\n\nSI\n\n \n\nPOR TANTO, EL JEFE DE LA SUBREGION DE BUENOS AIRES RESUELVE:\n\nPrimero: Autorizar la corta y aprovechamiento de los árboles descritos en las tablas 1 y 3 del “Considerando” que corresponden a 17 árboles de diferentes especies (inspeccionadas en 4 posesión) que se encuentran en terrenos de uso agropecuario y sin bosque, del cual se estima aprovechar un volumen total de ochenta y dos punto diecisiete (82.17) metros cúbicos de madera, que están ubicados en terrenos de uso agropecuario y sin bosque (los árboles de la tabla 3 son producto de árboles traídos por las crecientes y dejados en las fincas) ; al señor José Rigoberto Leiva Cedeño, portador de cédula número uno -mil ciento ochenta y ocho cero seiscientos setenta y cuatro (1 1188 0674), como Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Reserva Indígena de Curré de Boruca. También se hace la denegatoria de los árboles descritos en la tabla 2 del “Considerando” por ser árboles que se encuentran dentro de áreas de protección de naciente y quebrada.\n\nLa presente autorización debe ser respalda por decisión de la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Integral de Reserva Indígena de Curré de Boruca, misma que promovió inicialmente este trámite; bajo las siguientes clausulas perceptivas, imperativas y vinculantes:\n\na. La madera debe ser procesada en la finca y utilizada en mejoras de infraestructura dentro de la misma; no se autoriza su transporte y su uso fuera de los límites del Territorio Indígena de Rey Curré, tal como lo establece el artículo 6 de la Ley Indígena, Ley No 6172.\n\nb. Se deben respetar las áreas de protección definidas en el artículo 33 de la Ley Forestal, Ley No 7575, a la hora de ejecutar la corta, extracción y procesamiento de la madera procedente del árbol autorizado.\n\nc. Como medida de garantizar la sostenibilidad del recurso forestal aprovechado, solicitar al beneficiario reforestar un total de al menos un (1) árbol, por cada árbol autorizado.\n\nSegundo: De comprobarse el incumplimiento de alguna de las condiciones bajo las cuales se aprueba esta autorización, se cancelará la ejecución y se revocará el permiso forestal con las consecuencias administrativas y legales que de ello se deriven.\n\nTercero: Contra la presente resolución proceden los recursos de revocatoria y apelación ante la Consejo Nacional de Áreas de Conservación Amistad Pacífico, en un plazo no mayor a tres días, de acuerdo con los artículos 343 y siguientes de la Ley General de Administración Pública.\n\nCuarto: La vigencia de la autorización y disposición o distribución de los árboles entre los interesados queda en manos de la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Integral de Reserva Indígena de Rey Curré de Boruca, los nombres de las personas aportados en las tablas se usan con el propósito de orientar quien fue la persona que nos acompañó en la inspección, en caso de que la distribución resulte ser diferente es de suma importancia se nos comunique de previo quien va a aprovechar”. (Ver prueba documental).\n\nd)    El 23 de marzo de 2021, el jefe de la Subregión de Buenos Aires del SINAC dirigió el oficio SINAC-ACLA-P-SRBA-265-2021 a una asesora jurídica del SINAC, por medio del cual señaló:\n\n“En primera instancia indica la señora Rojas Ortega que “el pasado 20 de noviembre solicitó ante la autoridad recurrida, la suspensión de permisos para corta de madera otorgado a la Asociación de Desarrollo Indígena de Rey Curré”; a esto se debe indicar que a la fecha no existe en nuestra oficina (SINAC- Subregión Buenos Aires) gestión alguna en este sentido; además, se debe señalar que para esa fecha no existía permisos vigentes extendidos a la citada Asociación. (Se adjunta copia del libro de ingreso de usuarios). Anterior a esto el día 9 de noviembre del año 2021 es correcto que la señora Rojas Ortega si estuvo en nuestra oficina y realizó entrega de documento “Interdicto” dentro de expediente 18-000056-1555-AG-1 del Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Buenos Aires, el cual se le selló con el respectivo recibido, esto lo hizo a modo de comunicar que existe una medida cautelar (Se adjunta copia). Con lo anterior se demuestra que a la fecha no existe en la oficina Subregional de Buenos Aires ninguna gestión o solicitud sin atender a la recurrente, repito, el único documento aportado “a manera de información como lo indicó la misma recurrente” es la resolución de las once horas once minutos del uno de octubre del dos mil veinte, que corresponde a la medida cautelar por “Interdicto” dentro de expediente 18-000056-1555-AG-1, en el cual se aclara, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación no es parte.\n\nEn su Recurso de Amparo continúa diciendo la recurrente que: “en razón de que existen medidas cautelares dictadas por autoridad competente, mediante las cuales se prohíbe a dicha asociación realizar todo tipo de trabajos en ese lugar”. Aquí se debe decir que si bien es cierto existe una medida cautelar (05-2019) que en su Por Tanto dice de manera textual:\n\n“En mérito de lo expuesto se acoge la solicitud de medidas cautelares. Así las cosas se procede a acoger la solicitud de medida cautelar y ordenar los siguiente: prevenir a demandados JOSE RIGOBERTO LEIVA CEDEÑO, LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE RESERVA INDIGENA DE CORRE BORUCA (REY CURRE) representada por el señor JOSE RIGOBERTO LEIVA CEDEÑO, HUGO LAZARO ESTRADA, JOSE EUSEBIO LÁZARO ORTIZ, ANA JENNY LÁZARO ROJAS, MARIA DANEYI MAVISCA RUEDA, GEINER CASTRO ARAYA, JESSICA BORBÓN MAVISCA, JOSE DANILO ROJAS ROJAS Y MARGARITA ROJAS ROJAS, abstenerse de realizar edificaciones como ranchos, levantamientos de acueductos, tendidos eléctricos, y desarrollo de planteles y caminos con maquinaria pesada sobre el bien en litigio. Deberán de abstenerse de quemar pastos con químicos, variar las cercas internas existentes y no cambiar la naturaleza que la propiedad en litigio ostenta a la actualidad según reconocimiento judicial; no removiendo pastos por cultivos más allá de los ya existentes. La prohibición es extensiva a las áreas de bosque, tacotales y zonas de protección de quebradas y ríos que están dentro del inmueble. En caso de desobediencia se les seguirá causa penal por el delito de desobediencia a la autoridad. Notifíquese personalmente Lic. Jean Carlos Céspedes Mora.- Juez(a)”\n\nDel párrafo anterior se desprende lo siguiente:\n\n1. Al Sistema Nacional de Áreas de Conservación por medio de la oficina Subregión Buenos Aires, hasta la fecha no se le ha dictado ninguna medida cautelar respecto al litigio que se da en la finca en cuestión, ni es parte del proceso judicial.\n\n2. La medida cautelar lo que solicita es no cambiar la naturaleza que la propiedad en litigio ostenta a la actualidad; en ningún momento ni siquiera a los ordenados les prohíbe hacer aprovechamiento forestal, importante aclarar que, aunque se diera aprovechamiento forestal, no se estaría haciendo cambio de la naturaleza del ecosistema en que se encuentre el árbol (potrero, bosque, tacotal).\n\nEs importante mencionar que existe un permiso de aprovechamiento forestal otorgado a la ADII de Rey Curré, aprovechamiento que se otorgó al amparo de lo establecido en el decreto 27800-MINAE de esta manera en atención a solicitud presentada por el ADII de Rey Curré, quien registralmente es la propietaria del inmueble, se resolvió mediante la resolución SINAC-ACLA-P-SRBA-133-2021 del día lunes ocho de febrero del 2021, permiso de corta y aprovechamiento para varios árboles dentro de ellos el árbol que ha sido motivo de este Recurso de Amparo (primer árbol de Espavel en la tabla 3). Para el caso específico de este árbol de Espavel, aclaro que este es un árbol desarraigado y arrastrado por las corrientes del Río Térraba producto de los fenómenos naturales que han tenido lugar en los últimos años, para este momento se encuentra ubicado fuera de áreas de protección. Se adjunta dicha resolución.\n\nEn relación a lo que indica la recurrente de que …“ante tal panorama, ha realizado varias llamadas telefónicas al número telefónico 2730-0846 para solicitar resolución urgente de dicha suspensión; empero, no hay respuesta a su petición”,….\n\nEs de mi conocimiento que el día 18 de marzo tuvieron lugar dos llamadas una primera que fue realizada por la señora Rojas Ortega y atendida por la Ing. Raquel Rivera Segura, llamada en la que ella exigía a modo de orden detener el permiso de aprovechamiento, y en horas de la tarde tuvo lugar una segunda llamada que en este caso fue realizada por un señor llamado Juan Jiménez que por nosotros es conocido como su pareja (esposo) esta llamada fue atendida por mi persona y de igual modo exigía detener el aprovechamiento a lo que se le indicó que era un permiso legalmente otorgado al amparo de lo que establece la normativa vigente y que no se iba a detener, ante lo que indicó que realizaría la denuncia que correspondiese.\n\nIndica además la recurrente que con el permiso que se dio y el aprovechamiento del árbol de Espavel que se estaba dando se produce contaminación por los aceites que liberan las motosierras de los ríos y dañan fuentes de aguas para el abastecimiento de cientos de personas. En este punto se debe indicar que el aprovechamiento que hasta el momento ha tenido lugar se encuentra por completo fuera de áreas de protección, en caso de que se diera algún derrame de aceites los mismos no estarían fluyendo tan fácilmente a las aguas, por otra parte se debe mencionar que para esta altura del Río Térraba el mismo esta tan contaminado por las actividades aguas arriba que el mismo no se considera apto para el consumo humano (con esto no quiero decir de ningún modo que se justifique ninguna otra contaminación), realicé revisión de concesiones aguas debajo del lugar de aserrío en la página de la Dirección de Aguas y no existe concesiones vigentes y menos para consumo humano, no se debe omitir que las aguas de este río pueden estar siendo utilizadas tanto para riego como para consumo de animales.\n\nEn todo caso si de alguna manera existiera incumplimiento a lo ordenado en la resolución de las once horas once minutos del uno de octubre del dos mil veinte, que corresponde a la medida cautelar por “Interdicto” dentro de expediente 18-000056-1555-AG-1, del Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Buenos Aires, no sería atribuible a nuestra institución, ya que si bien es cierto desde noviembre del año 2020 es de nuestro conocimiento que existe una medida cautelar sobre finca en litigio, al existir plano y escritura que incluye esta propiedad, sería responsabilidad de la ADII de Rey Curré ser vigilantes por que las órdenes dictadas no se incumplan, estas propiedades son tan grandes y al no ser de nuestro conocimiento la ubicación de fincas en litigio ya que en la mayoría de los casos no tienen planos, resulta para nosotros muy difícil conocer en cada momento si estamos o no dentro de una posesión en litigio” (el énfasis fue suplido). (Ver prueba documental)\n\ne)     La ministra de Ambiente y Energía señaló que:\n\n“Sobre el derecho fundamental de pronta respuesta manifiesta la recurrente que ha tratado de coordinar con el Ministerio de Ambiente y Energía, a lo cual no ha recibido respuesta. Ante esta declaración, este Ministerio se dio a la tarea de enviar solicitud, por medio de correos electrónicos, al Viceministerio de Ambiente, a la Dirección de Asesoría Jurídica y a mi Despacho; a lo cual todas las oficinas contestaron que no tenían en su base de datos, ninguna solicitud con el nombre de la recurrente.\n\nSEGUNDO: La recurrente señala que “el pasado 20 de noviembre solicitó ante la autoridad recurrida, la suspensión de permisos para corta de madera otorgado a la Asociación de Desarrollo Indígena de Rey Curré”. Por medio del oficio SINAC-AJ-144, mencionado con anterioridad, se señala que en la oficina Subregional de Buenos Aires del SINAC no había llegado ninguna gestión por parte de la señora recurrente. Así mismo se manifiesta en ese mismo oficio, que para esa fecha – 20 de noviembre del 2020- no existían permisos vigentes extendidos a la citada Asociación.\n\nTERCERO: Importante señalar que la recurrente sí llegó a las oficinas del SINAC de la Subregión Buenos Aires, el día 09 de noviembre del 2020 – según la Bitácora de la Subregión de Buenos Aires, aportada en la prueba 5 de este oficio - a entregar el documento “Interdicto” dentro de expediente 18-000056-1555-AG-1 del Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Buenos Aires, el cual se le selló con el respectivo recibido, como se podrá ver en la prueba número uno aportada. No obstante, como se explica en el apartado segundo, el SINAC no es parte del proceso; no se le está aplicando medida cautelar alguna, y por otra parte, en ningún momento se le prohíbe a los demandados en dicha medida cautelar, hacer aprovechamiento forestal; por lo cual a la fecha no existe en la oficina Subregional de Buenos Aires ninguna gestión o solicitud sin atender a la recurrente. (…)\n\nLa recurrente también alega que realizó varias llamadas al teléfono 2730-0846 con el fin de solicitar la resolución urgente de la suspensión, sin recibir respuesta a su petición. Sobre este alegato, en la Subregional de Buenos Aires, el 18 de marzo del año 2020 se recibieron dos llamadas telefónicas; en la primera, atendida por la Ing. Raquel Rivera Segura, la recurrente exigía como orden detener el permiso de aprovechamiento; y la segunda llamada, atendida por ingeniero Rolando Rodríguez Peraza, jefe de la Subregión de Buenos Aires, se atendió en horas de la tarde, la realizó un señor llamado Juan Jiménez; y de igual modo exigía detener el aprovechamiento, a lo que se le indicó que era un permiso legalmente otorgado al amparo de lo que establece la normativa vigente por lo que no se iba a detener el aprovechamiento. Ante esta explicación del jefe del área del SINAC, el administrado indicó que realizaría la denuncia correspondiente. (…)\n\nEl aprovechamiento que hasta el momento ha tenido lugar por parte de la ADII se encuentra por completo fuera de áreas de protección, y en caso, de realizarse un derrame por parte por los aceites contaminantes de las motosierras, éste (sic) líquido no estarían (sic) fluyendo tan fácilmente a las aguas. Adicionalmente, a esa altura del Río Térraba éste se encuentra tan contaminado por las actividades aguas arriba que el mismo no se considera apto para el consumo humano”. (Ver informe rendido bajo fe de juramento por la autoridad recurrida).\n\nV.- HECHO NO PROBADO.  De importancia para la resolución de este asunto, se estima como no demostrado el siguiente hecho:\n\na)     Que, de previo a la interposición de este amparo, la recurrente haya formulado de manera formal alguna gestión, queja o denuncia formal ante el MINAE y el SINAC, en la que haya requerido una solución a la problemática acusada en este recurso.\n\nVI.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub lite, de la prueba se desprende que el Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Buenos Aires conoce el expediente 19-000038-1555-AG-2, en el que la tutelada figura como actora. Además, mediante resolución de las 11:11 horas del 1° de octubre de 2020 dispuso: “(…) se acoge la solicitud de medidas cautelares. Así las cosas procede acoger la solicitud de medida cautelar y ordenar lo siguiente: prevenir a los demandados JOSE RIGOBERTO LEIVA CEDEÑA, LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA RESERVA INDÍGENA DE CORRE DE BORUGA (REY CURRE) representada por el señor JOSE RIGOBERTO LEIVA CEDEÑO, HUGO LAZARO ESTRADA, JOSE USEBIO LÁZARO ORTIZ, ANA JENNY LÁZARO ROJAS, MARIA DANEYI MAVISCA RUEDA, GEINER CASTRO ARAYA, JESSICA BORBÓN MAVISCA, JOSE DANILO ROJAS ROJAS y MARGARITA ROJAS ROJAS abstenerse de realizar edificaciones como ranchos, levantamientos de acueductos, tendidos electrónicos y desarrollos de planteles y caminos con maquinaria pesada sobre el bien en litigio. Deberán abstenerse de quemar pastos con químicos, variar las cercas internas existentes y no cambiar la naturaleza que la propiedad en litigio ostenta a la actualidad según el reconocimiento judicial; no removiendo pastos por cultivos más allá de los ya existentes. La prohibición es extensiva a las áreas de bosque, tacotales y zonas de protección de quebradas y ríos que están dentro del inmueble. En caso de desobediencia se les seguirá causa penal por el delito de desobediencia a la autoridad. Notifíquese personalmente Lic. Jean Carlos Cespedes Mora.- Juez(a)”. Al respecto, se observa que, el 9 de noviembre de 2020 y el 18 de marzo de 2021, la recurrente aportó ante el SINAC una copia de la resolución de las 11:11 horas del 1° de octubre de 2020 dictada por el Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Buenos Aires.\n\nLa Sala también verifica que, mediante resolución SINAC-ACLA-P-SRBA-133-2021 de las 11:00 horas del 8 de febrero de 2021, el SINAC dispuso: “RESULTANDO PRIMERO: Que en el día 17 de marzo del año 2020 se recibió solicitud para realizar inspecciones para aprovechamiento forestal por parte del señor José Rigoberto Leiva Cedeño, portador de cédula 1 1188 0674, Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Reserva Indígena de Rey Curré, con cédula jurídica 3-002-061742, efectuó formal presentación de documento de solicitud para la corta de árboles y aprovechamiento de madera en fincas de diferentes posesionarios dentro de los límites de su territorio, sita en la Provincia de Puntarenas, Cantón Buenos Aires, Distrito Boruca, Caserío Rey Curré. SEGUNDO: Que en atención a la solicitud planteada por la Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Rey Curré, el día 20 de enero del 2021, en compañía de los interesados y en conocimiento de su persona, se realizaron visitas a los diferentes sitios de tala o aprovechamiento según corresponda. (…) SEPTIMO: Que en informe elaborado por la funcionaría Ing. Raquel Rivera Segura recomienda lo siguiente para la inspección del día 25 de febrero del 2020; aprobar la corta y aprovechamiento de los siguientes árboles:  Para las inspecciones realizadas el día 20 de enero del 2021 las recomendaciones dadas por la Ing. Raquel Rivera Segura son las siguientes: Tabla 1. Árboles en Terrenos de uso agropecuario y sin bosque para los que se recomienda su aprobación:\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nJosé Manuel Fuentes Fuentes\n\n \n\n\t\n\nÁrbol\n\n\t\n\nEspecie\n\n\t\n\nNombre científico\n\n\t\n\nDiámetro (cm)\n\n\t\n\nAltura (m)\n\n\t\n\nVol (m3)\n\n \n\n\t\n\nCoordenadas\n\n\t\n\nAutorizado\n\n\n\n\nX\n\n\t\n\nY\n\n\n\n\n1\n\n\t\n\nCorteza negra\n\n\t\n\nHandroanthus\n\nImpetiginosus\n\n\t\n\n64\n\n\t\n\n8\n\n\t\n\n2.0466\n\n\t\n\n578643\n\n\t\n\n992598\n\n\t\n\nSI\n\n\n\n\n2\n\n\t\n\nCorteza negra\n\n\t\n\nHandroanthus\n\nimpetiginosus\n\n\t\n\n40\n\n\t\n\n5\n\n\t\n\n0.5441\n\n\t\n\n578638\n\n\t\n\n992598\n\n\t\n\nSI\n\n\n\n\n3\n\n\t\n\nCorteza negra\n\n\t\n\nHandroanthus\n\nImpetiginosus\n\n\t\n\n48\n\n\t\n\n8\n\n\t\n\n1.1381\n\n\t\n\n578625\n\n\t\n\n992614\n\n\t\n\nSI\n\n\n\n\n4\n\n\t\n\nCorteza negra\n\n\t\n\nHandroanthus\n\nImpetiginosus\n\n\t\n\n40\n\n\t\n\n5\n\n\t\n\n0,5441\n\n\t\n\n578617\n\n\t\n\n992588\n\n\t\n\nSI\n\n\n\n\n5\n\n\t\n\nGuanacaste\n\n\t\n\nEnterolobium\n\ncyclocarpum\n\n\t\n\n130\n\n\t\n\n25\n\n\t\n\n21,1020\n\n\t\n\n578765\n\n\t\n\n991496\n\n\t\n\nSI\n\n \n\nTabla 2. Árboles en Terrenos de uso agropecuario y sin bosque para los que NO se recomienda su aprobación:\n\nSolicitante\n\n\t\n\nÁrbol\n\n\t\n\nEspecie\n\n\t\n\nNombre científico\n\n\t\n\nDiámetro (cm)\n\n\t\n\nAltura (m)\n\n\t\n\nVol (m3)\n\n\t\n\nCoordenadas\n\n\t\n\nAutorizado\n\n\n\n\nX\n\n\t\n\nY\n\n\n\n\nJosé Manuel Fuentes Fuentes\n\n\t\n\n1\n\n\t\n\nOjoche\n\n\t\n\nBrosimum\n\nalicastrum\n\n\t\n\n80\n\n\t\n\n12\n\n\t\n\n4,4249\n\n\t\n\n578909\n\n\t\n\n992591\n\n\t\n\nNO*\n\n\n\n\nEddicson Mora Lázaro\n\n\t\n\n1\n\n\t\n\nCorteza negra\n\n\t\n\nHandroanthus\n\nimpetiginosus\n\n\t\n\n60\n\n\t\n\n9\n\n\t\n\n1,9666\n\n\t\n\n580870\n\n\t\n\n993103\n\n\t\n\nNO*\n\n \n\n* Para el caso de José Manuel Fuentes Fuentes el árbol está caído en área de protección de una naciente. También se recomienda conservar esa área de protección ya que esta familia utiliza el agua de la misma.\n\n* Para el caso de Eddicson Mora Lázaro el árbol está en área de protección de una quebrada, al momento de la visita no tenía agua, pero en la cartografía aparece como quebrada por lo que no se recomienda autorizarlo.\n\nTabla 3. Árboles que fueron dejados por el Rio Térraba después la creciente causada por la tormenta ETA en terrenos de uso agropecuario y en la orilla del Rio Térraba.\n\n \n\nSolicitante\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nÁrbol\n\n\t\n\nEspecie\n\n\t\n\nNombre científico\n\n\t\n\nDiámetro (cm)\n\n\t\n\nAltura (m)\n\n\t\n\nVol (m3)\n\n\t\n\nCoordenadas\n\n\t\n\nAutorizado\n\n\n\n\nX\n\n\t\n\nY\n\n\n\n\n \n\nHugo Lázaro\n\n\t\n\n1\n\n\t\n\nEspavel\n\n\t\n\nAnacardium\n\nexcelsum\n\n\t\n\n210\n\n\t\n\n16\n\n\t\n\n39.6453\n\n\t\n\n579822\n\n\t\n\n993401\n\n\t\n\nSI\n\n\n\n\n2\n\n\t\n\nEsparvel\n\n\t\n\nAnacardium\n\nexcelsum\n\n\t\n\n60\n\n\t\n\n15\n\n\t\n\n2.9278\n\n\t\n\n580064\n\n\t\n\n993338\n\n\t\n\nSI\n\n\n\n\n3\n\n\t\n\nCelba\n\n\t\n\nCeiba\n\npentandra\n\n\t\n\n64\n\n\t\n\n20\n\n\t\n\n4.1787\n\n\t\n\n580066\n\n\t\n\n993333\n\n\t\n\nSI\n\n\n\n\nRafael Rojas Leiva\n\n\t\n\n1\n\n\t\n\nGuanacaste\n\n\t\n\nEnterolobium\n\ncyclocarpum\n\n\t\n\n80\n\n\t\n\n10\n\n\t\n\n3.8390\n\n\t\n\n581195\n\n\t\n\n992775\n\n\t\n\nSI\n\n\n\n\n2\n\n\t\n\nJabillo\n\n\t\n\nHura\n\ncrepitans\n\n\t\n\n40\n\n\t\n\n3\n\n\t\n\n0.3655\n\n\t\n\n581225\n\n\t\n\n992868\n\n\t\n\nSI\n\n\n\n\n3\n\n\t\n\nGuanacaste\n\n\t\n\nEnterolobium\n\ncyclocarpum\n\n\t\n\n54\n\n\t\n\n2\n\n\t\n\n0.4915\n\n\t\n\n581225\n\n\t\n\n992878\n\n\t\n\nSI\n\n\n\n\n4\n\n\t\n\nCenízaro\n\n\t\n\nSamanea\n\nsaman\n\n\t\n\n70\n\n\t\n\n15\n\n\t\n\n4.0096\n\n\t\n\n581245\n\n\t\n\n992936\n\n\t\n\nSI\n\n\n\n\n5\n\n\t\n\nCenízaro\n\n\t\n\nSamanea\n\nsaman\n\n\t\n\n56\n\n\t\n\n7\n\n\t\n\n1.4047\n\n\t\n\n581247\n\n\t\n\n992943\n\n\t\n\nSI\n\n\n\n\n6\n\n\t\n\nGuanacaste\n\n\t\n\nEnterolobium\n\ncyclocarpum\n\n\t\n\n75\n\n\t\n\n8\n\n\t\n\n2.8285\n\n\t\n\n581264\n\n\t\n\n993027\n\n\t\n\nSI\n\n\n\n\nRafael González Leiva\n\n\t\n\n1\n\n\t\n\nGuanacaste\n\n\t\n\nEnterolobium\n\ncyclocarpum\n\n\t\n\n120\n\n\t\n\n12\n\n\t\n\n10.1181\n\n\t\n\n584524\n\n\t\n\n992882\n\n\t\n\nSI\n\n\n\n\n2\n\n\t\n\nCenízaro\n\n\t\n\nSamanea\n\nsaman\n\n\t\n\n80\n\n\t\n\n7\n\n\t\n\n2.9077\n\n\t\n\n584395\n\n\t\n\n992630\n\n\t\n\nSI\n\n\n\n\n3\n\n\t\n\nCenízaro\n\n\t\n\nSamanea\n\nsaman\n\n\t\n\n90\n\n\t\n\n10\n\n\t\n\n4.8816\n\n\t\n\n584333\n\n\t\n\n992563\n\n\t\n\nSI\n\nPOR TANTO, EL JEFE DE LA SUBREGION DE BUENOS AIRES RESUELVE: Primero: Autorizar la corta y aprovechamiento de los árboles descritos en las tablas 1 y 3 del “Considerando” que corresponden a 17 árboles de diferentes especies (inspeccionadas en 4 posesión) que se encuentran en terrenos de uso agropecuario y sin bosque, del cual se estima aprovechar un volumen total de ochenta y dos punto diecisiete (82.17) metros cúbicos de madera, que están ubicados en terrenos de uso agropecuario y sin bosque (los árboles de la tabla 3 son producto de árboles traídos por las crecientes y dejados en las fincas) ; al señor José Rigoberto Leiva Cedeño, portador de cédula número uno -mil ciento ochenta y ocho cero seiscientos setenta y cuatro (1 1188 0674), como Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Reserva Indígena de Curré de Boruca. También se hace la denegatoria de los árboles descritos en la tabla 2 del “Considerando” por ser árboles que se encuentran dentro de áreas de protección de naciente y quebrada. La presente autorización debe ser respalda por decisión de la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Integral de Reserva Indígena de Curré de Boruca, misma que promovió inicialmente este trámite; bajo las siguientes clausulas perceptivas, imperativas y vinculantes: a. La madera debe ser procesada en la finca y utilizada en mejoras de infraestructura dentro de la misma; no se autoriza su transporte y su uso fuera de los límites del Territorio Indígena de Rey Curré, tal como lo establece el artículo 6 de la Ley Indígena, Ley No 6172. b. Se deben respetar las áreas de protección definidas en el artículo 33 de la Ley Forestal, Ley No 7575, a la hora de ejecutar la corta, extracción y procesamiento de la madera procedente del árbol autorizado. c. Como medida de garantizar la sostenibilidad del recurso forestal aprovechado, solicitar al beneficiario reforestar un total de al menos un (1) árbol, por cada árbol autorizado. Segundo: De comprobarse el incumplimiento de alguna de las condiciones bajo las cuales se aprueba esta autorización, se cancelará la ejecución y se revocará el permiso forestal con las consecuencias administrativas y legales que de ello se deriven. Tercero: Contra la presente resolución proceden los recursos de revocatoria y apelación ante la Consejo Nacional de Áreas de Conservación Amistad Pacífico, en un plazo no mayor a tres días, de acuerdo con los artículos 343 y siguientes de la Ley General de Administración Pública. Cuarto: La vigencia de la autorización y disposición o distribución de los árboles entre los interesados queda en manos de la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Integral de Reserva Indígena de Rey Curré de Boruca, los nombres de las personas aportados en las tablas se usan con el propósito de orientar quien fue la persona que nos acompañó en la inspección, en caso de que la distribución resulte ser diferente es de suma importancia se nos comunique de previo quien va a aprovechar”.\n\nDe otro lado, en el sub examine se verifica que, el 23 de marzo de 2021, el jefe de la Subregión de Buenos Aires del SINAC dirigió el oficio SINAC-ACLA-P-SRBA-265-2021 a una asesora jurídica del SINAC, por medio del cual señaló: “En primera instancia indica la señora Rojas Ortega que “el pasado 20 de noviembre solicitó ante la autoridad recurrida, la suspensión de permisos para corta de madera otorgado a la Asociación de Desarrollo Indígena de Rey Curré”; a esto se debe indicar que a la fecha no existe en nuestra oficina (SINAC- Subregión Buenos Aires) gestión alguna en este sentido; además, se debe señalar que para esa fecha no existía permisos vigentes extendidos a la citada Asociación. (Se adjunta copia del libro de ingreso de usuarios). Anterior a esto el día 9 de noviembre del año 2021 es correcto que la señora Rojas Ortega si estuvo en nuestra oficina y realizó entrega de documento “Interdicto” dentro de expediente 18-000056-1555-AG-1 del Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Buenos Aires, el cual se le selló con el respectivo recibido, esto lo hizo a modo de comunicar que existe una medida cautelar (Se adjunta copia). Con lo anterior se demuestra que a la fecha no existe en la oficina Subregional de Buenos Aires ninguna gestión o solicitud sin atender a la recurrente, repito, el único documento aportado “a manera de información como lo indicó la misma recurrente” es la resolución de las once horas once minutos del uno de octubre del dos mil veinte, que corresponde a la medida cautelar por “Interdicto” dentro de expediente 18-000056-1555-AG-1, en el cual se aclara, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación no es parte. En su Recurso de Amparo continúa diciendo la recurrente que: “en razón de que existen medidas cautelares dictadas por autoridad competente, mediante las cuales se prohíbe a dicha asociación realizar todo tipo de trabajos en ese lugar”. Aquí se debe decir que si bien es cierto existe una medida cautelar (05-2019) que en su Por Tanto dice de manera textual: “En mérito de lo expuesto se acoge la solicitud de medidas cautelares. Así las cosas se procede a acoger la solicitud de medida cautelar y ordenar los siguiente: prevenir a demandados JOSE RIGOBERTO LEIVA CEDEÑO, LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE RESERVA INDIGENA DE CORRE BORUCA (REY CURRE) representada por el señor JOSE RIGOBERTO LEIVA CEDEÑO, HUGO LAZARO ESTRADA, JOSE EUSEBIO LÁZARO ORTIZ, ANA JENNY LÁZARO ROJAS, MARIA DANEYI MAVISCA RUEDA, GEINER CASTRO ARAYA, JESSICA BORBÓN MAVISCA, JOSE DANILO ROJAS ROJAS Y MARGARITA ROJAS ROJAS, abstenerse de realizar edificaciones como ranchos, levantamientos de acueductos, tendidos eléctricos, y desarrollo de planteles y caminos con maquinaria pesada sobre el bien en litigio. Deberán de abstenerse de quemar pastos con químicos, variar las cercas internas existentes y no cambiar la naturaleza que la propiedad en litigio ostenta a la actualidad según reconocimiento judicial; no removiendo pastos por cultivos más allá de los ya existentes. La prohibición es extensiva a las áreas de bosque, tacotales y zonas de protección de quebradas y ríos que están dentro del inmueble. En caso de desobediencia se les seguirá causa penal por el delito de desobediencia a la autoridad. Notifíquese personalmente Lic. Jean Carlos Céspedes Mora.- Juez(a)” Del párrafo anterior se desprende lo siguiente: 1. Al Sistema Nacional de Áreas de Conservación por medio de la oficina Subregión Buenos Aires, hasta la fecha no se le ha dictado ninguna medida cautelar respecto al litigio que se da en la finca en cuestión, ni es parte del proceso judicial. 2. La medida cautelar lo que solicita es no cambiar la naturaleza que la propiedad en litigio ostenta a la actualidad; en ningún momento ni siquiera a los ordenados les prohíbe hacer aprovechamiento forestal, importante aclarar que, aunque se diera aprovechamiento forestal, no se estaría haciendo cambio de la naturaleza del ecosistema en que se encuentre el árbol (potrero, bosque, tacotal). Es importante mencionar que existe un permiso de aprovechamiento forestal otorgado a la ADII de Rey Curré, aprovechamiento que se otorgó al amparo de lo establecido en el decreto 27800-MINAE de esta manera en atención a solicitud presentada por el ADII de Rey Curré, quien registralmente es la propietaria del inmueble, se resolvió mediante la resolución SINAC-ACLA-P-SRBA-133-2021 del día lunes ocho de febrero del 2021, permiso de corta y aprovechamiento para varios árboles dentro de ellos el árbol que ha sido motivo de este Recurso de Amparo (primer árbol de Espavel en la tabla 3). Para el caso específico de este árbol de Espavel, aclaro que este es un árbol desarraigado y arrastrado por las corrientes del Río Térraba producto de los fenómenos naturales que han tenido lugar en los últimos años, para este momento se encuentra ubicado fuera de áreas de protección. Se adjunta dicha resolución. En relación a lo que indica la recurrente de que …“ante tal panorama, ha realizado varias llamadas telefónicas al número telefónico 2730-0846 para solicitar resolución urgente de dicha suspensión; empero, no hay respuesta a su petición”,…. Es de mi conocimiento que el día 18 de marzo tuvieron lugar dos llamadas una primera que fue realizada por la señora Rojas Ortega y atendida por la Ing. Raquel Rivera Segura, llamada en la que ella exigía a modo de orden detener el permiso de aprovechamiento, y en horas de la tarde tuvo lugar una segunda llamada que en este caso fue realizada por un señor llamado Juan Jiménez que por nosotros es conocido como su pareja (esposo) esta llamada fue atendida por mi persona y de igual modo exigía detener el aprovechamiento a lo que se le indicó que era un permiso legalmente otorgado al amparo de lo que establece la normativa vigente y que no se iba a detener, ante lo que indicó que realizaría la denuncia que correspondiese. Indica además la recurrente que con el permiso que se dio y el aprovechamiento del árbol de Espavel que se estaba dando se produce contaminación por los aceites que liberan las motosierras de los ríos y dañan fuentes de aguas para el abastecimiento de cientos de personas. En este punto se debe indicar que el aprovechamiento que hasta el momento ha tenido lugar se encuentra por completo fuera de áreas de protección, en caso de que se diera algún derrame de aceites los mismos no estarían fluyendo tan fácilmente a las aguas, por otra parte se debe mencionar que para esta altura del Río Térraba el mismo esta tan contaminado por las actividades aguas arriba que el mismo no se considera apto para el consumo humano (con esto no quiero decir de ningún modo que se justifique ninguna otra contaminación), realicé revisión de concesiones aguas debajo del lugar de aserrío en la página de la Dirección de Aguas y no existe concesiones vigentes y menos para consumo humano, no se debe omitir que las aguas de este río pueden estar siendo utilizadas tanto para riego como para consumo de animales. En todo caso si de alguna manera existiera incumplimiento a lo ordenado en la resolución de las once horas once minutos del uno de octubre del dos mil veinte, que corresponde a la medida cautelar por “Interdicto” dentro de expediente 18-000056-1555-AG-1, del Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Buenos Aires, no sería atribuible a nuestra institución, ya que si bien es cierto desde noviembre del año 2020 es de nuestro conocimiento que existe una medida cautelar sobre finca en litigio, al existir plano y escritura que incluye esta propiedad, sería responsabilidad de la ADII de Rey Curré ser vigilantes por que las órdenes dictadas no se incumplan, estas propiedades son tan grandes y al no ser de nuestro conocimiento la ubicación de fincas en litigio ya que en la mayoría de los casos no tienen planos, resulta para nosotros muy difícil conocer en cada momento si estamos o no dentro de una posesión en litigio” (el énfasis fue suplido).\n\nAsimismo, del informe rendido bajo juramento por la ministra de Ambiente y Energía ‑con las solemnidades y consecuencias que conlleva‑ se colige que: “Sobre el derecho fundamental de pronta respuesta manifiesta la recurrente que ha tratado de coordinar con el Ministerio de Ambiente y Energía, a lo cual no ha recibido respuesta. Ante esta declaración, este Ministerio se dio a la tarea de enviar solicitud, por medio de correos electrónicos, al Viceministerio de Ambiente, a la Dirección de Asesoría Jurídica y a mi Despacho; a lo cual todas las oficinas contestaron que no tenían en su base de datos, ninguna solicitud con el nombre de la recurrente. SEGUNDO: La recurrente señala que “el pasado 20 de noviembre solicitó ante la autoridad recurrida, la suspensión de permisos para corta de madera otorgado a la Asociación de Desarrollo Indígena de Rey Curré”. Por medio del oficio SINAC-AJ-144, mencionado con anterioridad, se señala que en la oficina Subregional de Buenos Aires del SINAC no había llegado ninguna gestión por parte de la señora recurrente. Así mismo se manifiesta en ese mismo oficio, que para esa fecha – 20 de noviembre del 2020- no existían permisos vigentes extendidos a la citada Asociación. TERCERO: Importante señalar que la recurrente sí llegó a las oficinas del SINAC de la Subregión Buenos Aires, el día 09 de noviembre del 2020 – según la Bitácora de la Subregión de Buenos Aires, aportada en la prueba 5 de este oficio - a entregar el documento “Interdicto” dentro de expediente 18-000056-1555-AG-1 del Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Buenos Aires, el cual se le selló con el respectivo recibido, como se podrá ver en la prueba número uno aportada. No obstante, como se explica en el apartado segundo, el SINAC no es parte del proceso; no se le está aplicando medida cautelar alguna, y por otra parte, en ningún momento se le prohíbe a los demandados en dicha medida cautelar, hacer aprovechamiento forestal; por lo cual a la fecha no existe en la oficina Subregional de Buenos Aires ninguna gestión o solicitud sin atender a la recurrente. (…) La recurrente también alega que realizó varias llamadas al teléfono 2730-0846 con el fin de solicitar la resolución urgente de la suspensión, sin recibir respuesta a su petición. Sobre este alegato, en la Subregional de Buenos Aires, el 18 de marzo del año 2020 se recibieron dos llamadas telefónicas; en la primera, atendida por la Ing. Raquel Rivera Segura, la recurrente exigía como orden detener el permiso de aprovechamiento; y la segunda llamada, atendida por ingeniero Rolando Rodríguez Peraza, jefe de la Subregión de Buenos Aires, se atendió en horas de la tarde, la realizó un señor llamado Juan Jiménez; y de igual modo exigía detener el aprovechamiento, a lo que se le indicó que era un permiso legalmente otorgado al amparo de lo que establece la normativa vigente por lo que no se iba a detener el aprovechamiento. Ante esta explicación del jefe del área del SINAC, el administrado indicó que realizaría la denuncia correspondiente. (…) El aprovechamiento que hasta el momento ha tenido lugar por parte de la ADII se encuentra por completo fuera de áreas de protección, y en caso, de realizarse un derrame por parte por los aceites contaminantes de las motosierras, éste (sic) líquido no estarían (sic) fluyendo tan fácilmente a las aguas. Adicionalmente, a esa altura del Río Térraba éste se encuentra tan contaminado por las actividades aguas arriba que el mismo no se considera apto para el consumo humano”.\n\nFinalmente, de los autos no se colige que, de previo a la interposición de este amparo, la recurrente haya formulado de manera formal alguna gestión, queja o denuncia formal ante el MINAE y el SINAC, en la que haya requerido una solución a la problemática acusada en este recurso.\n\nAhora bien, en el sub examine, la recurrente reclama que desde el 9 de noviembre de 2020 solicitó ante el SINAC la suspensión de permisos para corta de madera otorgado a la Asociación de Desarrollo Indígena Rey Curré, debido a que existen medidas cautelares dictadas por la autoridad jurisdiccional competente, mediante las cuales se prohíbe a tal asociación realizar todo tipo de trabajos en ese lugar. Agrega que a la fecha en que acude en amparo no ha recibido respuesta y, por el contrario, en claro incumplimiento de deberes, se otorgó a la aludida asociación permisos para talar, cortar y extraer la madera que se encuentra en las márgenes del playón del río, lo que provoca una contaminación del cauce de este, así como la destrucción de la flora y fauna por los aceites contaminantes de las motosierras. Afirma que, por lo anterior, ha tratado de coordinar con el MINAE para que se ordene la suspensión de ese permiso; empero, no ha recibido respuesta. Indica que, ante tal panorama, ha realizado varias llamadas telefónicas al número 2730-0846 para solicitar la resolución urgente de esa suspensión; sin embargo, no hay respuesta a su requerimiento. Por lo anterior, solicita que se declare con lugar el recurso y que se ordene al MINAE dar respuesta a la gestión del 9 de noviembre de 2020.\n\nAl respecto, el Tribunal observa que en el fondo lo requerido por la accionante es que se decrete el incumplimiento de lo dispuesto por el Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Buenos Aires, mediante resolución de las 11:11 horas del 1° de octubre de 2020, en la que dictó una serie de medidas cautelares. Sobre este tema, advierta la parte recurrente que, si estima que ha habido un incumplimiento a alguna orden judicial, ello no corresponde ser conocido por esta Sala, máxime si se considera que a cualquier órgano jurisdiccional le asiste la facultad de ejecutar sus pronunciamientos y hacer cumplir sus órdenes. En consecuencia, si a bien lo tiene la parte amparada, puede acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente para que este, en ejercicio de las potestades que le asisten, disponga lo que en derecho corresponda para hacer cumplir lo resuelto.\n\nDe otro lado, la amparada alega que el SINAC le otorgó permisos a la Asociación de Desarrollo Indígena Rey Curré para talar, cortar y extraer la madera que se encuentra en las márgenes del playón del río, lo que provoca una contaminación del cauce de este, así como la destrucción de la flora y fauna por los aceites contaminantes de las motosierras. Sobre el particular, la Sala observa que, ante la solicitud formulada por la Asociación de Desarrollo Indígena Rey Curré, el SINAC dictó la resolución SINAC-ACLA-P-SRBA-133-2021 de las 11:00 horas del 8 de febrero de 2021, mediante la cual se refirió a la inspección efectuada ante la solicitud de marras y dispuso: “POR TANTO, EL JEFE DE LA SUBREGION DE BUENOS AIRES RESUELVE: Primero: Autorizar la corta y aprovechamiento de los árboles descritos en las tablas 1 y 3 del “Considerando” que corresponden a 17 árboles de diferentes especies (inspeccionadas en 4 posesión) que se encuentran en terrenos de uso agropecuario y sin bosque, del cual se estima aprovechar un volumen total de ochenta y dos punto diecisiete (82.17) metros cúbicos de madera, que están ubicados en terrenos de uso agropecuario y sin bosque (los árboles de la tabla 3 son producto de árboles traídos por las crecientes y dejados en las fincas) ; al señor José Rigoberto Leiva Cedeño, portador de cédula número uno -mil ciento ochenta y ocho cero seiscientos setenta y cuatro (1 1188 0674), como Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Reserva Indígena de Curré de Boruca. También se hace la denegatoria de los árboles descritos en la tabla 2 del “Considerando” por ser árboles que se encuentran dentro de áreas de protección de naciente y quebrada. La presente autorización debe ser respalda por decisión de la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Integral de Reserva Indígena de Curré de Boruca, misma que promovió inicialmente este trámite; bajo las siguientes clausulas perceptivas, imperativas y vinculantes: a. La madera debe ser procesada en la finca y utilizada en mejoras de infraestructura dentro de la misma; no se autoriza su transporte y su uso fuera de los límites del Territorio Indígena de Rey Curré, tal como lo establece el artículo 6 de la Ley Indígena, Ley No 6172. b. Se deben respetar las áreas de protección definidas en el artículo 33 de la Ley Forestal, Ley No 7575, a la hora de ejecutar la corta, extracción y procesamiento de la madera procedente del árbol autorizado. c. Como medida de garantizar la sostenibilidad del recurso forestal aprovechado, solicitar al beneficiario reforestar un total de al menos un (1) árbol, por cada árbol autorizado. Segundo: De comprobarse el incumplimiento de alguna de las condiciones bajo las cuales se aprueba esta autorización, se cancelará la ejecución y se revocará el permiso forestal con las consecuencias administrativas y legales que de ello se deriven. Tercero: Contra la presente resolución proceden los recursos de revocatoria y apelación ante la Consejo Nacional de Áreas de Conservación Amistad Pacífico, en un plazo no mayor a tres días, de acuerdo con los artículos 343 y siguientes de la Ley General de Administración Pública. Cuarto: La vigencia de la autorización y disposición o distribución de los árboles entre los interesados queda en manos de la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Integral de Reserva Indígena de Rey Curré de Boruca, los nombres de las personas aportados en las tablas se usan con el propósito de orientar quien fue la persona que nos acompañó en la inspección, en caso de que la distribución resulte ser diferente es de suma importancia se nos comunique de previo quien va a aprovechar”. Por lo que, previo a otorgar tal autorización, el SINAC efectuó una inspección al sitio y determinó las especies de árboles sobre las cuales se pueden realizar las actividades de corta y aprovechamiento. Asimismo, en el oficio SINAC-ACLA-P-SRBA-265-2021 del 23 de marzo de 2021 se consignó que: “Indica además la recurrente que con el permiso que se dio y el aprovechamiento del árbol de Espavel que se estaba dando se produce contaminación por los aceites que liberan las motosierras de los ríos y dañan fuentes de aguas para el abastecimiento de cientos de personas. En este punto se debe indicar que el aprovechamiento que hasta el momento ha tenido lugar se encuentra por completo fuera de áreas de protección, en caso de que se diera algún derrame de aceites los mismos no estarían fluyendo tan fácilmente a las aguas, por otra parte se debe mencionar que para esta altura del Río Térraba el mismo esta tan contaminado por las actividades aguas arriba que el mismo no se considera apto para el consumo humano (con esto no quiero decir de ningún modo que se justifique ninguna otra contaminación), realicé revisión de concesiones aguas debajo del lugar de aserrío en la página de la Dirección de Aguas y no existe concesiones vigentes y menos para consumo humano, no se debe omitir que las aguas de este río pueden estar siendo utilizadas tanto para riego como para consumo de animales”.  Mientras que en el informe rendido ante este Tribunal por la ministra del MINAE se señaló que “El aprovechamiento que hasta el momento ha tenido lugar por parte de la ADII se encuentra por completo fuera de áreas de protección, y en caso, de realizarse un derrame por parte por los aceites contaminantes de las motosierras, éste (sic) líquido no estarían (sic) fluyendo tan fácilmente a las aguas. Adicionalmente, a esa altura del Río Térraba éste se encuentra tan contaminado por las actividades aguas arriba que el mismo no se considera apto para el consumo humano”. De este modo, el Tribunal no estima que el otorgamiento del permiso de marras haya sido emitido de manera abiertamente arbitraria e ilegítima, por lo que a priori se descarta una lesión a los derechos fundamentales en los términos en los que fue planteado el recurso. Ahora, si la tutelada estima que con la emisión de tal resolución por parte del SINAC se vulnera lo dispuesto por el Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Buenos Aires en la resolución de las 11:11 horas del 1° de octubre de 2020, deberá acudir ante ese órgano jurisdiccional a efectuar el reclamo pertinente, tal como se indicó previamente en este pronunciamiento.\n\nPor otra parte, en la especie la accionante acusa que planteó gestiones ante las autoridades recurridas, a los efectos de suspender los permisos para corta de madera otorgado a la Asociación de Desarrollo Indígena Rey Curré; sin embargo, alega que a la fecha en que acude en amparo no ha recibido respuesta. Sobre el particular, cabe reiterar que en el informe rendido bajo juramento por la ministra de Ambiente y Energía se indicó que: “Sobre el derecho fundamental de pronta respuesta manifiesta la recurrente que ha tratado de coordinar con el Ministerio de Ambiente y Energía, a lo cual no ha recibido respuesta. Ante esta declaración, este Ministerio se dio a la tarea de enviar solicitud, por medio de correos electrónicos, al Viceministerio de Ambiente, a la Dirección de Asesoría Jurídica y a mi Despacho; a lo cual todas las oficinas contestaron que no tenían en su base de datos, ninguna solicitud con el nombre de la recurrente. SEGUNDO: La recurrente señala que “el pasado 20 de noviembre solicitó ante la autoridad recurrida, la suspensión de permisos para corta de madera otorgado a la Asociación de Desarrollo Indígena de Rey Curré”. Por medio del oficio SINAC-AJ-144, mencionado con anterioridad, se señala que en la oficina Subregional de Buenos Aires del SINAC no había llegado ninguna gestión por parte de la señora recurrente. Así mismo se manifiesta en ese mismo oficio, que para esa fecha – 20 de noviembre del 2020- no existían permisos vigentes extendidos a la citada Asociación. TERCERO: Importante señalar que la recurrente sí llegó a las oficinas del SINAC de la Subregión Buenos Aires, el día 09 de noviembre del 2020 – según la Bitácora de la Subregión de Buenos Aires, aportada en la prueba 5 de este oficio - a entregar el documento “Interdicto” dentro de expediente 18-000056-1555-AG-1 del Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Buenos Aires, el cual se le selló con el respectivo recibido, como se podrá ver en la prueba número uno aportada. No obstante, como se explica en el apartado segundo, el SINAC no es parte del proceso; no se le está aplicando medida cautelar alguna, y por otra parte, en ningún momento se le prohíbe a los demandados en dicha medida cautelar, hacer aprovechamiento forestal; por lo cual a la fecha no existe en la oficina Subregional de Buenos Aires ninguna gestión o solicitud sin atender a la recurrente. (…) La recurrente también alega que realizó varias llamadas al teléfono 2730-0846 con el fin de solicitar la resolución urgente de la suspensión, sin recibir respuesta a su petición. Sobre este alegato, en la Subregional de Buenos Aires, el 18 de marzo del año 2020 se recibieron dos llamadas telefónicas; en la primera, atendida por la Ing. Raquel Rivera Segura, la recurrente exigía como orden detener el permiso de aprovechamiento; y la segunda llamada, atendida por ingeniero Rolando Rodríguez Peraza, jefe de la Subregión de Buenos Aires, se atendió en horas de la tarde, la realizó un señor llamado Juan Jiménez; y de igual modo exigía detener el aprovechamiento, a lo que se le indicó que era un permiso legalmente otorgado al amparo de lo que establece la normativa vigente por lo que no se iba a detener el aprovechamiento. Ante esta explicación del jefe del área del SINAC, el administrado indicó que realizaría la denuncia correspondiente. (…)”. Al respecto, resulta conveniente reiterar que en el oficio SINAC-ACLA-P-SRBA-265-2021 del 23 de marzo de 2021, emitido por el jefe de la Subregión de Buenos Aires del SINAC, se consignó: “Es de mi conocimiento que el día 18 de marzo tuvieron lugar dos llamadas una primera que fue realizada por la señora Rojas Ortega y atendida por la Ing. Raquel Rivera Segura, llamada en la que ella exigía a modo de orden detener el permiso de aprovechamiento, y en horas de la tarde tuvo lugar una segunda llamada que en este caso fue realizada por un señor llamado Juan Jiménez que por nosotros es conocido como su pareja (esposo) esta llamada fue atendida por mi persona y de igual modo exigía detener el aprovechamiento a lo que se le indicó que era un permiso legalmente otorgado al amparo de lo que establece la normativa vigente y que no se iba a detener, ante lo que indicó que realizaría la denuncia que correspondiese”.  De este modo, las llamadas telefónicas efectuadas por la tutelada y su pareja al SINAC, por medio de las cuales reclamaron la suspensión del permiso de aprovechamiento de marras fueron efectuadas el mismo día en que se acudió en amparo, sea, el 18 de marzo de 2021. Sobre este tema, el Tribunal no omite señalar que, si bien se verifica que, el 9 de noviembre de 2020 y el 18 de marzo de 2021, la recurrente aportó ante el SINAC una copia de la resolución de las 11:11 horas del 1° de octubre de 2020 dictada por el Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Buenos Aires, no menos cierto es que no consta que en tal ocasión haya formulado alguna gestión o denuncia formal ante el MINAE y el SINAC, en la que haya requerido una solución a la problemática acusada en la especie. Ergo, en el sub lite no se observa que la parte accionante haya puesto en conocimiento de las autoridades recurridas algún tipo de denuncia formal, mediante la cual se haya requerido la suspensión del permiso de aprovechamiento en cuestión, debido a las presuntas consecuencias ambientales que genera su ejecución.\n\nEn mérito de lo expuesto, y dado que este Tribunal Constitucional no debe funcionar como una instancia tramitadora de quejas o denuncias, lo acusado por la parte recurrente deberá ser interpuesto, primeramente, si a bien lo tiene, ante la propia parte recurrida o ante la vía jurisdiccional ordinaria. Así, visto que en el sub examine no se constata que de previo a la interposición de este amparo se haya planteado alguna gestión o denuncia formal ante el SINAC y el MINAE relacionada con el problema acusado en este recurso, sea, las supuestas consecuencias ambientales que ocasiona la ejecución de un permiso de tala y aprovechamiento otorgado a la Asociación de Desarrollo Indígena Rey Curré, se descarta a priori alguna omisión por parte de las autoridades accionadas susceptible de ser conocida en esta vía. Al respecto, nótese que, contrario a lo alegado por la recurrente, en la especie no se tiene por demostrado que la parte recurrida haya dejado de atender alguna gestión interpuesta por la tutelada. Ahora bien, la Sala no omite advertir que, en caso de que se plantee alguna gestión o denuncia formal ante el MINAE y/o el SINAC y se produzca un retardo en su resolución, la parte recurrente puede acudir nuevamente a este Tribunal a reclamar lo oportuno, momento en el cual se decidirá si se está o no ante un agravio de relevancia constitucional. Ergo, lo procedente es declarar sin lugar el recurso. No obstante, tomen nota las autoridades recurridas que deberán llevar a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias, a fin de garantizar que la ejecución de lo dispuesto en la resolución SINAC-ACLA-P-SRBA-133-2021 de las 11:00 horas del 8 de febrero de 2021 sea conteste con los derechos y principios fundamentales, entre ellos, el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.\n\nVII.- RAZONES DIFERENTES DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. Con el debido respeto, disiento del voto de mayoría que entra a conocer por el fondo este asunto, con base en las siguientes razones: La protección a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en el Ordenamiento Jurídico Costarricense, está tutelado no solo en el artículo 50, de la Constitución Política, sino también en una serie de leyes y decretos ejecutivos (reglamentos) vigentes, tales como la Ley Orgánica del Ambiente, Ley N° 7554 de 4 de octubre de 1995; la Ley de Biodiversidad, Ley N° 7788 de 30 de abril de 1998; la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, Ley N° 7317 de 21 de octubre de 1992; y el Decreto Ejecutivo N° 31849 de 24 de mayo de 2004, Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), para citar solo algunos. Esto hace necesario, en materia ambiental, separar el control de constitucionalidad del control de legalidad. En este sentido, es criterio del suscrito que esta Sala, por vía de amparo, solo debe conocer un asunto en que se alega violación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, si la Administración no ha intervenido aún y cuando la violación a ese derecho sea manifiesta y evidente, de fácil constatación, de cierta importancia o gravedad y que afecte, de forma directa, a alguna persona o comunidad en concreto. De lo contrario, el tema debe plantearse y discutirse en la vía de legalidad. Por ello, el simple incumplimiento de obligaciones y deberes impuestos legalmente a las diversas administraciones públicas en materia ambiental es propio de ser conocido en la vía de legalidad –administrativa o jurisdiccional-, donde, con mucha mayor amplitud, podrán fiscalizarse los incumplimientos u omisiones que se acusen. Debe tenerse presente que el recurso de amparo es un proceso sumario, informal, sencillo y rápido, de manera tal, que desde el momento mismo en que la Administración interviene en un asunto ambiental, en ejercicio de sus competencias, y sustancia un procedimiento, con el dictado de actos administrativos, su conocimiento resulta ajeno al ámbito de acción de esta jurisdicción especializada. Por ello, la revisión de las actuaciones administrativas llevadas a cabo en torno a un tema ambiental que requiera, para su correcta valoración, de un proceso de conocimiento pleno, solo es posible en la jurisdicción ordinaria, toda vez que el diseño del proceso de amparo es incompatible con la contrastación o revisión de criterios técnicos o jurídicos elaborados al amparo de las normas legales o reglamentarias vigentes o con la evacuación de nuevos y mayores elementos de convicción necesarios para la contrastación o revisión de los criterios que ya consten en el expediente administrativo del caso. Lo contrario implicaría transformar el amparo en un proceso ordinario de pleno conocimiento, con lo cual se desnaturalizaría y se tornarían nugatorios los fines para los cuales ha sido diseñado, con lo cual, perdería su condición de instrumento para la tutela eficaz de los derechos fundamentales. Como consecuencia de lo anterior, estimo que cuando un ente u órgano público ha intervenido, en diversas formas, o ha dictado actos administrativos en relación con un asunto ambiental, su conocimiento y fiscalización corresponde a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo. Es, precisamente, la verificación de la existencia de esa intervención administrativa lo que determina que el asunto sea competencia de la vía legalidad. En consecuencia, este recurso debió haberse rechazado de plano, ya que su objeto es una cuestión propia de ser discutida, analizada y resuelta en la vía de legalidad. Empero, como no se hizo así, lo procedente es declararlo sin lugar, sin hacer pronunciamiento alguno con respecto al fondo de la cuestión planteada por corresponderle a la jurisdicción ordinaria, en específico, a la contencioso-administrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas acusadas se ajustan o no, en sustancia, a lo preceptuado en el ordenamiento jurídico de rango legal, en cuanto a la protección, tutela y conservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.\n\nVIII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPor tanto:\n\nSe declara sin lugar el recurso. Tomen nota las autoridades recurridas de lo indicado in fine del considerando VI de este pronunciamiento. El magistrado Salazar Alvarado consigna razones diferentes.\n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nNancy Hernández L.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\n\n\nAnamari Garro V.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nMarta Eugenia Esquivel R.\n\n\n\n\nRonald Salazar Murillo\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nIleana Sánchez N.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n IEXD4U43KJKM61\n\nEXPEDIENTE N° 21-005517-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 09-05-2026 09:28:22.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "Preliminary Issue. Although María Tamara Avendaño Chavarría appeared in this proceeding by virtue of a special judicial power of attorney granted by the executive director of the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación), it is no less true that in the order granting leave to proceed in this case, said executive director was warned that the report required by this Court had to be rendered personally.\n\nRegarding this matter, the Chamber, in judgment No. 03484-98 of 4:51 p.m. on May 27, 1998, resolved:\n\n\"I. Preliminary matter. The report rendered by Eduardo Acuña Castro on behalf of the respondent Municipal Executive of Pococí is not admitted, as it is improper. In the first place, it should be noted that – by virtue of the responsibility derived from the report, which is deemed given under oath – it is not admissible to render it other than personally (articles 43, 55 and 45 of the Law of Constitutional Jurisdiction). In the second place, the aforementioned official lacks the legal authority to delegate a power that is his own, according to the cited law. Consequently, it is deemed not submitted and the Chamber proceeds to resolve the matter without further proceedings and solely based on the evidence on file.\"\n\nConsequently, since the executive director of the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación) omitted to render the requested report personally within the period granted in accordance with article 45 of the Law of Constitutional Jurisdiction, the facts are deemed true with respect to this authority and the appeal is resolved based on the remaining evidence on file.\n\nII.- REGARDING THE EXCEPTION OF ARTICLE 41 OF THE POLITICAL CONSTITUTION. One of the aspects indicated could constitute a violation of the right to prompt and complete administrative justice. In this regard, it must be clarified that, as of vote number 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction — with some exceptions — those matters in which it is discussed whether the public authority has complied or not with the deadlines set by the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública) (articles 261 and 325) or the sectoral laws for special administrative procedures, in order to resolve by final act an administrative procedure — initiated ex officio or at the request of a party — or to hear the applicable administrative appeals. Precisely, in this appeal, an exception case is raised because the sub examine is related to the filing of alleged environmental complaints. By virtue of the foregoing, the Chamber will proceed to resolve the appeal.\n\nIII.- OBJECT OF THE APPEAL. The appellant claims that on November 9, 2020, she requested before the respondent authority the suspension of timber harvesting permits granted to the Rey Curré Indigenous Development Association (Asociación de Desarrollo Indígena Rey Curré), because there are precautionary measures (medidas cautelares) ordered by the competent jurisdictional authority, by means of which said association is prohibited from carrying out all types of work in that place. She adds that as of the date she files this amparo appeal, she has not received a response and, on the contrary, in clear breach of duties, permits were granted to the aforementioned association to fell, cut, and extract timber located on the banks of the river's sandbar, which causes contamination of its watercourse, as well as the destruction of flora and fauna due to the contaminating oils from the chainsaws. She states that, due to the foregoing, she has tried to coordinate with MINAE to order the suspension of that permit; however, she has not received a response. She indicates that, given this situation, she has made several telephone calls to number 2730-0846 to request the urgent resolution of that suspension; however, there is no response to her request. Therefore, she requests that the appeal be granted and that MINAE be ordered to respond to the petition of November 9, 2020.\n\nIV.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been accredited or because the respondent authority has omitted to refer to them, as provided in the initial order:\n\na) The Civil, Labor, and Family Court of Buenos Aires (Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Buenos Aires) hears case file 19-000038-1555-AG-2, in which the petitioner appears as plaintiff. Furthermore, by resolution of 11:11 a.m. on October 1, 2020, it ordered:\n\n\"(...) the request for precautionary measures (medidas cautelares) is granted. Therefore, it is appropriate to grant the request for a precautionary measure and order the following: warn the defendants JOSE RIGOBERTO LEIVA CEDEÑA, THE INTEGRAL DEVELOPMENT ASSOCIATION OF THE INDIGENOUS RESERVE OF CORRE DE BORUGA (ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA RESERVA INDÍGENA DE CORRE DE BORUGA) (REY CURRE) represented by Mr. JOSE RIGOBERTO LEIVA CEDEÑO, HUGO LAZARO ESTRADA, JOSE USEBIO LÁZARO ORTIZ, ANA JENNY LÁZARO ROJAS, MARIA DANEYI MAVISCA RUEDA, GEINER CASTRO ARAYA, JESSICA BORBÓN MAVISCA, JOSE DANILO ROJAS ROJAS and MARGARITA ROJAS ROJAS to refrain from carrying out constructions such as ranchos, aqueduct installations, power line installations, and development of facilities and roads with heavy machinery on the property in dispute. They must refrain from burning pastures with chemicals, altering the existing internal fences, and not changing the nature that the property in dispute currently holds according to the judicial inspection; not removing pastures for crops beyond those already existing. The prohibition extends to forest areas (áreas de bosque), scrublands (tacotales), and protection zones for streams and rivers that are within the property. In case of disobedience, criminal proceedings will be initiated against them for the crime of disobedience to authority. Notify personally Lic. Jean Carlos Cespedes Mora.- Judge(a)\". (See documentary evidence).\n\nb) On November 9, 2020, and March 18, 2021, the appellant provided SINAC with a copy of the resolution of 11:11 a.m. on October 1, 2020, issued by the Civil, Labor, and Family Court of Buenos Aires (Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Buenos Aires). (See documentary evidence).\n\nc) By resolution SINAC-ACLA-P-SRBA-133-2021 of 11:00 a.m. on February 8, 2021, SINAC ordered:\n\n\"WHEREAS (RESULTANDO)\n\nFIRST: That on March 17, 2020, a request was received to conduct inspections for forest harvesting (aprovechamiento forestal) from Mr. José Rigoberto Leiva Cedeño, bearer of identity card 1 1188 0674, President of the Integral Development Association of the Indigenous Reserve of Rey Curré (Asociación de Desarrollo Integral de Reserva Indígena de Rey Curré), with legal identification number 3-002-061742, who formally submitted a request document for the felling of trees and timber harvesting on farms of different possessors within the limits of their territory, located in the Province of Puntarenas, Canton Buenos Aires, District Boruca, Hamlet Rey Curré.\n\nSECOND: That in response to the request filed by the Integral Indigenous Development Association of Rey Curré (Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Rey Curré), on January 20, 2021, accompanied by the interested parties and with their knowledge, visits were made to the different felling or harvesting sites as applicable. (...)\n\nSEVENTH: That in a report prepared by the official Ing. Raquel Rivera Segura, she recommends the following for the inspection of February 25, 2020; approve the felling and harvesting of the following trees:\n\nFor the inspections carried out on January 20, 2021, the recommendations given by Ing. Raquel Rivera Segura are the following:\n\nTable 1. Trees on Lands for Agricultural Use and Without Forest (Terrenos de uso agropecuario y sin bosque) for which approval is recommended:\n\n| José Manuel Fuentes Fuentes | Tree (Árbol) | Species (Especie) | Scientific Name (Nombre científico) | Diameter (cm) (Diámetro (cm)) | Height (m) (Altura (m)) | Vol (m3) (Vol (m3)) | Coordinates (Coordenadas) | Authorized (Autorizado) |\n|---|---|---|---|---|---|---|---|---|\n| | | | | | | | X | Y | |\n| 1 | Corteza negra | Handroanthus Impetiginosus | 64 | 8 | 2.0466 | 578643 | 992598 | YES (SI) |\n| 2 | Corteza negra | Handroanthus impetiginosus | 40 | 5 | 0.5441 | 578638 | 992598 | YES (SI) |\n| 3 | Corteza negra | Handroanthus Impetiginosus | 48 | 8 | 1.1381 | 578625 | 992614 | YES (SI) |\n| 4 | Corteza negra | Handroanthus Impetiginosus | 40 | 5 | 0,5441 | 578617 | 992588 | YES (SI) |\n| 5 | Guanacaste | Enterolobium cyclocarpum | 130 | 25 | 21,1020 | 578765 | 991496 | YES (SI) |\n\nTable 2. Trees on Lands for Agricultural Use and Without Forest (Terrenos de uso agropecuario y sin bosque) for which approval is NOT recommended:\n\n| Applicant (Solicitante) | Tree (Árbol) | Species (Especie) | Scientific Name (Nombre científico) | Diameter (cm) (Diámetro (cm)) | Height (m) (Altura (m)) | Vol (m3) (Vol (m3)) | Coordinates (Coordenadas) | Authorized (Autorizado) |\n|---|---|---|---|---|---|---|---|---|\n| | | | | | | | X | Y | |\n| José Manuel Fuentes Fuentes | 1 | Ojoche | Brosimum alicastrum | 80 | 12 | 4,4249 | 578909 | 992591 | NO (NO)* |\n| Eddicson Mora Lázaro | 1 | Corteza negra | Handroanthus impetiginosus | 60 | 9 | 1,9666 | 580870 | 993103 | NO (NO)* |\n\n* For the case of José Manuel Fuentes Fuentes, the tree is fallen in the protection area of a spring (naciente). It is also recommended to conserve that protection area since this family uses its water.\n* For the case of Eddicson Mora Lázaro, the tree is in the protection area of a stream, at the time of the visit it had no water, but in the cartography it appears as a stream, therefore its authorization is not recommended.\n\nTable 3.\n\nTrees that were left by the Térraba River after the flooding caused by storm ETA on lands under agricultural and livestock use (terrenos de uso agropecuario) and on the bank of the Térraba River.\n\n| | | | | | | | | |\n| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |\n| Applicant | Tree | Species | Scientific name | Diameter (cm) | Height (m) | Vol (m3) | Coordinates | Authorized |\n| X | Y | | | | | | | |\n| Hugo Lázaro | 1 | Espavel | Anacardium excelsum | 210 | 16 | 39.6453 | 579822 | 993401 | YES |\n| 2 | Esparvel | Anacardium excelsum | 60 | 15 | 2.9278 | 580064 | 993338 | YES |\n| 3 | Celba | Ceiba pentandra | 64 | 20 | 4.1787 | 580066 | 993333 | YES |\n| Rafael Rojas Leiva | 1 | Guanacaste | Enterolobium cyclocarpum | 80 | 10 | 3.8390 | 581195 | 992775 | YES |\n| 2 | Jabillo | Hura crepitans | 40 | 3 | 0.3655 | 581225 | 992868 | YES |\n| 3 | Guanacaste | Enterolobium cyclocarpum | 54 | 2 | 0.4915 | 581225 | 992878 | YES |\n| 4 | Cenízaro | Samanea saman | 70 | 15 | 4.0096 | 581245 | 992936 | YES |\n| 5 | Cenízaro | Samanea saman | 56 | 7 | 1.4047 | 581247 | 992943 | YES |\n| 6 | Guanacaste | Enterolobium cyclocarpum | 75 | 8 | 2.8285 | 581264 | 993027 | YES |\n| Rafael González Leiva | 1 | Guanacaste | Enterolobium cyclocarpum | 120 | 12 | 10.1181 | 584524 | 992882 | YES |\n| 2 | Cenízaro | Samanea saman | 80 | 7 | 2.9077 | 584395 | 992630 | YES |\n| 3 | Cenízaro | Samanea saman | 90 | 10 | 4.8816 | 584333 | 992563 | YES |\n\nPOR TANTO, EL JEFE DE LA SUBREGION DE BUENOS AIRES RESUELVE:\n\nPrimero: Authorize the felling and harvesting (corta y aprovechamiento) of the trees described in tables 1 and 3 of the “Considerando” which correspond to 17 trees of different species (inspected in 4 possessions) that are located on lands under agricultural and livestock use and without forest cover (sin bosque), from which it is estimated a total volume of eighty-two point seventeen (82.17) cubic meters of timber will be harvested, which are located on lands under agricultural and livestock use and without forest cover (the trees in table 3 are the product of trees brought by the floods and left on the farms); to Mr. José Rigoberto Leiva Cedeño, bearer of identification card number one - one thousand one hundred eighty-eight zero six hundred seventy-four (1 1188 0674), as President of the Asociación de Desarrollo Integral de Reserva Indígena de Curré de Boruca. The denial is also made for the trees described in table 2 of the “Considerando” because they are trees located within protection areas for a spring (naciente) and a stream (quebrada).\n\nThis authorization must be supported by a decision of the Board of Directors of the Asociación de Desarrollo Integral de Reserva Indígena de Curré de Boruca, the same entity that initially promoted this procedure; under the following perceptive, imperative, and binding clauses:\n\na. The timber must be processed on the farm and used for infrastructure improvements within it; its transport and use outside the limits of the Rey Curré Indigenous Territory (Territorio Indígena de Rey Curré) is not authorized, as established in Article 6 of the Indigenous Law, Ley No 6172.\n\nb. The protection areas defined in Article 33 of the Forestry Law, Ley No 7575, must be respected when carrying out the felling, extraction, and processing of the timber from the authorized tree.\n\nc. As a measure to guarantee the sustainability of the harvested forest resource, require the beneficiary to reforest a total of at least one (1) tree for each authorized tree.\n\nSegundo: Should non-compliance with any of the conditions under which this authorization is approved be verified, the execution will be cancelled, and the forest permit will be revoked with the administrative and legal consequences that may arise therefrom.\n\nTercero: The remedies of revocation and appeal may be filed against this resolution before the Consejo Nacional de Áreas de Conservación Amistad Pacífico, within a period of no more than three days, in accordance with Articles 343 et seq. of the General Law of Public Administration.\n\nCuarto: The validity of the authorization and the disposal or distribution of the trees among the interested parties remains in the hands of the Board of Directors of the Asociación de Desarrollo Integral de Reserva Indígena de Rey Curré de Boruca; the names of the persons provided in the tables are used for the purpose of identifying who was the person who accompanied us during the inspection; should the distribution turn out to be different, it is extremely important that we be informed in advance who will carry out the harvesting.” (See documentary evidence).\n\nd) On March 23, 2021, the head of the Buenos Aires Subregion of SINAC addressed official correspondence SINAC-ACLA-P-SRBA-265-2021 to a legal advisor of SINAC, through which he stated:\n\n“In the first instance, Mrs. Rojas Ortega indicates that ‘on the past 20th of November she requested before the respondent authority the suspension of permits for timber felling granted to the Asociación de Desarrollo Indígena de Rey Curré’; to this, it must be indicated that to date there is no request whatsoever in this regard in our office (SINAC- Subregión Buenos Aires); furthermore, it must be pointed out that as of that date, there were no valid permits issued to the aforementioned Association. (A copy of the user entry logbook is attached). Prior to this, on the 9th day of November of the year 2021, it is correct that Mrs. Rojas Ortega was in our office and delivered the document “Interdict” within case file 18-000056-1555-AG-1 of the Civil, Labor, and Family Court of Buenos Aires, which was stamped with the respective receipt; she did this as a means of communicating that a precautionary measure (medida cautelar) exists (Copy attached). With the foregoing, it is demonstrated that to date there is no unaddressed request or petition from the appellant in the Buenos Aires Subregional office; I repeat, the only document provided ‘as a means of information as indicated by the appellant herself’ is the resolution of eleven hours eleven minutes of October 1, two thousand twenty, which corresponds to the precautionary measure for “Interdict” within case file 18-000056-1555-AG-1, in which it is clarified that the Sistema Nacional de Áreas de Conservación is not a party.\n\nIn her Amparo Appeal, the appellant goes on to say that: ‘because there are precautionary measures ordered by competent authority, through which said association is prohibited from carrying out all types of work in that place.’ Here it must be said that while it is true there is a precautionary measure (05-2019) that in its Por Tanto states verbatim:\n\n“On the merits of the foregoing, the request for precautionary measures is granted. Thus, we proceed to grant the request for precautionary measure and order the following: warn the defendants JOSE RIGOBERTO LEIVA CEDEÑO, LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE RESERVA INDIGENA DE CORRE BORUCA (REY CURRE) represented by Mr. JOSE RIGOBERTO LEIVA CEDEÑO, HUGO LAZARO ESTRADA, JOSE EUSEBIO LÁZARO ORTIZ, ANA JENNY LÁZARO ROJAS, MARIA DANEYI MAVISCA RUEDA, GEINER CASTRO ARAYA, JESSICA BORBÓN MAVISCA, JOSE DANILO ROJAS ROJAS AND MARGARITA ROJAS ROJAS, to refrain from carrying out constructions such as ranchos, water supply installations, electrical wiring, and development of facilities and roads with heavy machinery on the property in dispute. They must refrain from burning pastures with chemicals, altering existing internal fences, and not changing the nature that the property in dispute currently holds according to the judicial inspection; not removing pastures for crops beyond those already existing. The prohibition extends to forest areas, fallow lands (tacotales), and protection zones for streams (quebradas) and rivers that are within the property. In case of disobedience, they will be subject to criminal prosecution for the crime of disobedience to authority. Notify personally Lic. Jean Carlos Céspedes Mora.- Judge(a)”\n\nFrom the preceding paragraph, the following can be deduced:\n\n1. To date, no precautionary measure has been issued against the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, through the Buenos Aires Subregion office, regarding the litigation occurring on the farm in question, nor is it a party to the judicial process.\n\n2. What the precautionary measure requests is not to change the nature that the property in dispute currently holds; at no point does it prohibit the defendants from carrying out forest harvesting (aprovechamiento forestal); it is important to clarify that, even if forest harvesting occurred, it would not be changing the nature of the ecosystem where the tree is located (pasture, forest, fallow land).\n\nIt is important to mention that there exists a forest harvesting permit granted to the ADII of Rey Curré, a harvesting operation that was granted under the provisions established in decree 27800-MINAE and, in this manner, in response to the request submitted by the ADII of Rey Curré, which, according to the public registry, is the owner of the property; it was resolved through resolution SINAC-ACLA-P-SRBA-133-2021 of Monday, February 8, 2021, granting a felling and harvesting permit for several trees, among them the tree that has been the subject of this Amparo Appeal (the first Espavel tree in table 3). For the specific case of this Espavel tree, I clarify that this is a tree uprooted and dragged by the currents of the Térraba River, a product of the natural phenomena that have taken place in recent years; it is currently located outside protection areas. Said resolution is attached.\n\nRegarding what the appellant indicates that … “faced with such a situation, she has made several telephone calls to phone number 2730-0846 to request an urgent resolution of said suspension; however, there is no response to her petition,” ….\n\nIt is known to me that on March 18, two telephone calls took place. The first one, made by Mrs. Rojas Ortega, was answered by Eng. Raquel Rivera Segura, a call in which she demanded, as if giving an order, to stop the harvesting permit. In the afternoon, a second call took place, which in this case was made by a man named Juan Jiménez, known to us as her partner (husband). This call was answered by me, and he likewise demanded to stop the harvesting, to which he was told that it was a permit legally granted under what the current regulations establish and that it was not going to be stopped, to which he indicated he would file the corresponding complaint.\n\nFurthermore, the appellant indicates that with the granted permit and the harvesting of the Espavel tree that was taking place, pollution is produced by the oils released from chainsaws into the rivers, damaging water sources for the supply of hundreds of people. On this point, it must be stated that the harvesting that has taken place so far is located entirely outside of protection areas. Should any oil spill occur, these liquids would not be flowing so easily into the waters. On the other hand, it must be mentioned that at this point of the Térraba River, it is so contaminated by upstream activities that it is not considered suitable for human consumption (by this, I do not mean to justify any other contamination in any way). I reviewed water concessions downstream from the sawing site on the Dirección de Aguas website, and there are no valid concessions, much less for human consumption. It should not be omitted that the waters of this river may be being used for both irrigation and animal consumption.\n\nIn any case, if there were any failure to comply with what was ordered in the resolution of eleven hours eleven minutes of October 1, two thousand twenty, corresponding to the precautionary measure for “Interdict” within case file 18-000056-1555-AG-1, of the Civil, Labor, and Family Court of Buenos Aires, it would not be attributable to our institution, since while it is true that since November of the year 2020 we have been aware that a precautionary measure exists over a farm in litigation, as a map and deed exist that include this property, it would be the responsibility of the ADII of Rey Curré to monitor that the ordered directives are not breached. These properties are so large, and not knowing the location of farms in litigation—since in most cases they do not have maps—makes it very difficult for us to know at all times whether or not we are within a possession in dispute” (emphasis added). (See documentary evidence)\n\ne) The Minister of Environment and Energy stated that:\n\n“Regarding the fundamental right to a prompt response, the appellant states that she has tried to coordinate with the Ministry of Environment and Energy, to which she has received no response. Given this statement, this Ministry undertook the task of sending a request, through emails, to the Vice-Ministry of Environment, the Legal Advisory Department, and my Office; to which all offices replied that they had no request under the appellant's name in their database.\n\nSEGUNDO: The appellant says that ‘on the past 20th of November she requested before the respondent authority the suspension of permits for timber felling granted to the Asociación de Desarrollo Indígena de Rey Curré.’ Through official correspondence SINAC-AJ-144, mentioned previously, it is indicated that no request from the appellant had arrived at the Subregional office of Buenos Aires of SINAC. Likewise, it is stated in that same correspondence that as of that date – November 20, 2020 – there were no valid permits extended to the aforementioned Association.\n\nTERCERO: It is important to point out that the appellant did arrive at the SINAC offices of the Buenos Aires Subregion on November 9, 2020 – according to the Logbook of the Buenos Aires Subregion, provided in exhibit 5 of this correspondence – to deliver the document “Interdict” within case file 18-000056-1555-AG-1 of the Civil, Labor, and Family Court of Buenos Aires, which was stamped with the respective receipt, as can be seen in exhibit number one provided. However, as explained in section two, SINAC is not a party to the process; no precautionary measure is being applied to it, and on the other hand, at no time are the defendants in said precautionary measure prohibited from carrying out forest harvesting; thus, to date, there is no unaddressed request or petition from the appellant in the Buenos Aires Subregional office. (…)\n\nThe appellant also alleges that she made several phone calls to 2730-0846 in order to request an urgent resolution of the suspension, without receiving a response to her petition. Regarding this allegation, in the Buenos Aires Subregion, on March 18, 2020, two phone calls were received; in the first, answered by Eng. Raquel Rivera Segura, the appellant demanded as if giving an order that the harvesting permit be stopped; and the second call, answered by engineer Rolando Rodríguez Peraza, head of the Buenos Aires Subregion, was received in the afternoon, made by a man named Juan Jiménez; and he similarly demanded the harvesting be stopped, to which he was told that it was a permit legally granted under what the current regulations establish, so the harvesting would not be stopped. Given this explanation from the head of the SINAC area, the individual indicated he would file the corresponding complaint. (…)\n\nThe harvesting operation that has so far taken place by the ADII is located completely outside protection areas, and in the event of a spill of polluting oils from chainsaws, this liquid would not be flowing so easily into the waters. Additionally, at that point of the Térraba River, it is so contaminated by upstream activities that it is not considered suitable for human consumption.” (See report rendered under oath by the respondent authority).\n\nV.- UNPROVEN FACT. Of importance for the resolution of this matter, the following fact is considered not proven:\n\na) That, prior to the filing of this amparo, the appellant formally submitted any request, complaint, or formal denouncement before MINAE and SINAC, in which she sought a solution to the problematic situation alleged in this appeal.\n\nVI.- ON THE SPECIFIC CASE. In the sub lite, the evidence shows that the Civil, Labor, and Family Court of Buenos Aires is handling case file 19-000038-1555-AG-2, in which the amparo petitioner is the plaintiff. Additionally, through a resolution issued at 11:11 a.m. on October 1, 2020, it ordered: “(…) the request for precautionary measures is granted. Thus, we proceed to grant the request for precautionary measure and order the following: warn the defendants JOSE RIGOBERTO LEIVA CEDEÑA, LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA RESERVA INDÍGENA DE CORRE DE BORUGA (REY CURRE) represented by Mr. JOSE RIGOBERTO LEIVA CEDEÑO, HUGO LAZARO ESTRADA, JOSE USEBIO LÁZARO ORTIZ, ANA JENNY LÁZARO ROJAS, MARIA DANEYI MAVISCA RUEDA, GEINER CASTRO ARAYA, JESSICA BORBÓN MAVISCA, JOSE DANILO ROJAS ROJAS and MARGARITA ROJAS ROJAS to refrain from carrying out constructions such as ranchos, water supply installations, electrical wiring, and development of facilities and roads with heavy machinery on the property in dispute. They must refrain from burning pastures with chemicals, altering existing internal fences, and not changing the nature that the property in dispute currently holds according to the judicial inspection; not removing pastures for crops beyond those already existing. The prohibition extends to forest areas, fallow lands (tacotales), and protection zones for streams (quebradas) and rivers that are within the property. In case of disobedience, they will be subject to criminal prosecution for the crime of disobedience to authority. Notify personally Lic. Jean Carlos Cespedes Mora.- Judge(a).” In this regard, it is observed that on November 9, 2020, and March 18, 2021, the appellant provided SINAC with a copy of the resolution of 11:11 a.m. on October 1, 2020, issued by the Civil, Labor, and Family Court of Buenos Aires.\n\nThe Court also verifies that, through resolution SINAC-ACLA-P-SRBA-133-2021 of 11:00 a.m. on February 8, 2021, SINAC ordered: “RESULTANDO PRIMERO: That on March 17, 2020, a request was received to carry out inspections for forest harvesting filed by Mr. José Rigoberto Leiva Cedeño, bearer of ID 1 1188 0674, President of the Asociación de Desarrollo Integral de Reserva Indígena de Rey Curré, with legal ID 3-002-061742, formally presenting a request document for the felling of trees and timber harvesting on farms of different possessors within the limits of his territory, located in the Province of Puntarenas, Canton Buenos Aires, District Boruca, Village Rey Curré. SEGUNDO: That in response to the request filed by the Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Rey Curré, on January 20, 2021, accompanied by the interested parties and with your knowledge, visits were conducted to the various felling or harvesting sites as appropriate. (…) SEPTIMO: That in a report prepared by the official Eng. Raquel Rivera Segura, she recommends the following for the inspection conducted on February 25, 2020; to approve the felling and harvesting of the following trees: For the inspections carried out on January 20, 2021, the recommendations given by Eng. Raquel Rivera Segura are as follows: Table 1. Trees on lands under agricultural and livestock use and without forest cover for which approval is recommended:\n\n| | | | | | | | | |\n| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |\n| José Manuel Fuentes Fuentes | Tree | Species | Scientific name | Diameter (cm) | Height (m) | Vol (m3) | Coordinates | Authorized |\n| X | Y | | | | | | | |\n| 1 | Corteza negra | Handroanthus Impetiginosus | 64 | 8 | 2.0466 | 578643 | 992598 | YES |\n| 2 | Corteza negra | Handroanthus impetiginosus | 40 | 5 | 0.5441 | 578638 | 992598 | YES |\n| 3 | Corteza negra | Handroanthus Impetiginosus | 48 | 8 | 1.1381 | 578625 | 992614 | YES |\n| 4 | Corteza negra | Handroanthus Impetiginosus | 40 | 5 | 0.5441 | 578617 | 992588 | YES |\n| 5 | Guanacaste | Enterolobium cyclocarpum | 130 | 25 | 21.1020 | 578765 | 991496 | YES |\n\nTable 2. Trees on lands under agricultural and livestock use and without forest cover for which approval is NOT recommended:\n\n| Applicant | Tree | Species | Scientific name | Diameter (cm) | Height (m) | Vol (m3) | Coordinates | Authorized |\n| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |\n| X | Y | | | | | | | |\n| José Manuel Fuentes Fuentes | 1 | Ojoche | Brosimum alicastrum | 80 | 12 | 4.4249 | 578909 | 992591 | NO* |\n| Eddicson Mora Lázaro | 1 | Corteza negra | Handroanthus impetiginosus | 60 | 9 | 1.9666 | 580870 | 993103 | NO* |\n\n* For the case of José Manuel Fuentes Fuentes, the tree is fallen within the protection area of a spring (naciente). It is also recommended to conserve that protection area since this family uses the water from it.\n* For the case of Eddicson Mora Lázaro, the tree is within the protection area of a stream (quebrada); at the time of the visit it had no water, but on the map it appears as a stream, so its authorization is not recommended.\n\nTable 3. Trees that were left by the Térraba River after the flooding caused by storm ETA on lands under agricultural and livestock use and on the bank of the Térraba River.\n\n| | | | | | | | | |\n| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |\n| Applicant | Tree | Species | Scientific name | Diameter (cm) | Height (m) | Vol (m3) | Coordinates | Authorized |\n| X | Y | | | | | | | |\n| Hugo Lázaro | 1 | Espavel | Anacardium excelsum | 210 | 16 | 39.6453 | 579822 | 993401 | YES |\n| 2 | Esparvel | Anacardium excelsum | 60 | 15 | 2.9278 | 580064 | 993338 | YES |\n| 3 | Celba | Ceiba pentandra | 64 | 20 | 4.1787 | 580066 | 993333 | YES |\n| Rafael Rojas Leiva | 1 | Guanacaste | Enterolobium cyclocarpum | 80 | 10 | 3.8390 | 581195 | 992775 | YES |\n| 2 | Jabillo | Hura crepitans | 40 | 3 | 0.3655 | 581225 | 992868 | YES |\n| 3 | Guanacaste | Enterolobium cyclocarpum | 54 | 2 | 0.4915 | 581225 | 992878 | YES |\n| 4 | Cenízaro | Samanea saman | 70 | 15 | 4.0096 | 581245 | 992936 | YES |\n| 5 | Cenízaro | Samanea saman | 56 | 7 | 1.4047 | 581247 | 992943 | YES |\n| 6 | Guanacaste | Enterolobium cyclocarpum | 75 | 8 | 2.8285 | 581264 | 993027 | YES |\n| Rafael González Leiva | 1 | Guanacaste | Enterolobium cyclocarpum | 120 | 12 | 10.1181 | 584524 | 992882 | YES |\n| 2 | Cenízaro | Samanea saman | 80 | 7 | 2.9077 | 584395 | 992630 | YES |\n| 3 | Cenízaro | Samanea saman | 90 | 10 | 4.8816 | 584333 | 992563 | YES |\n\nPOR TANTO, EL JEFE DE LA SUBREGION DE BUENOS AIRES RESUELVE: Primero: Authorize the felling and harvesting of the trees described in tables 1 and 3 of the “Considerando” which correspond to 17 trees of different species (inspected in 4 possessions) that are located on lands under agricultural and livestock use and without forest cover, from which it is estimated a total volume of eighty-two point seventeen (82.17) cubic meters of timber will be harvested, which are located on lands under agricultural and livestock use and without forest cover (the trees in table 3 are the product of trees brought by the floods and left on the farms); to Mr. José Rigoberto Leiva Cedeño, bearer of identification card number one - one thousand one hundred eighty-eight zero six hundred seventy-four (1 1188 0674), as President of the Asociación de Desarrollo Integral de Reserva Indígena de Curré de Boruca. The denial is also made for the trees described in table 2 of the “Considerando” because they are trees located within protection areas for a spring and a stream. This authorization must be supported by a decision of the Board of Directors of the Asociación de Desarrollo Integral de Reserva Indígena de Curré de Boruca, the same entity that initially promoted this procedure; under the following perceptive, imperative, and binding clauses: a. The timber must be processed on the farm and used for infrastructure improvements within it; its transport and use outside the limits of the Rey Curré Indigenous Territory is not authorized, as established in Article 6 of the Indigenous Law, Ley No 6172. b. The protection areas defined in Article 33 of the Forestry Law, Ley No 7575, must be respected when carrying out the felling, extraction, and processing of the timber from the authorized tree. c. As a measure to guarantee the sustainability of the harvested forest resource, require the beneficiary to reforest a total of at least one (1) tree for each authorized tree. Segundo: Should non-compliance with any of the conditions under which this authorization is approved be verified, the execution will be cancelled, and the forest permit will be revoked with the administrative and legal consequences that may arise therefrom. Tercero: The remedies of revocation and appeal may be filed against this resolution before the Consejo Nacional de Áreas de Conservación Amistad Pacífico, within a period of no more than three days, in accordance with Articles 343 et seq. of the General Law of Public Administration. Cuarto: The validity of the authorization and the disposal or distribution of the trees among the interested parties remains in the hands of the Board of Directors of the Asociación de Desarrollo Integral de Reserva Indígena de Rey Curré de Boruca; the names of the persons provided in the tables are used for the purpose of identifying who was the person who accompanied us during the inspection; should the distribution turn out to be different, it is extremely important that we be informed in advance who will carry out the harvesting.”\n\nOn the other hand, in the sub examine, it is verified that on March 23, 2021, the head of the Buenos Aires Subregion of SINAC addressed official correspondence SINAC-ACLA-P-SRBA-265-2021 to a legal advisor of SINAC, through which he stated: “In the first instance, Mrs. Rojas Ortega indicates that ‘on the past 20th of November she requested before the respondent authority the suspension of permits for timber felling granted to the Asociación de Desarrollo Indígena de Rey Curré’; to this, it must be indicated that to date there is no request whatsoever in this regard in our office (SINAC- Subregión Buenos Aires); furthermore, it must be pointed out that as of that date, there were no valid permits issued to the aforementioned Association. (A copy of the user entry logbook is attached). Prior to this, on the 9th day of November of the year 2021, it is correct that Mrs. Rojas Ortega was in our office and delivered the document “Interdict” within case file 18-000056-1555-AG-1 of the Civil, Labor, and Family Court of Buenos Aires, which was stamped with the respective receipt; she did this as a means of communicating that a precautionary measure exists (Copy attached). With the foregoing, it is demonstrated that to date there is no unaddressed request or petition from the appellant in the Buenos Aires Subregional office; I repeat, the only document provided ‘as a means of information as indicated by the appellant herself’ is the resolution of eleven hours eleven minutes of October 1, two thousand twenty, which corresponds to the precautionary measure for “Interdict” within case file 18-000056-1555-AG-1, in which it is clarified that the Sistema Nacional de Áreas de Conservación is not a party. In her Amparo Appeal, the appellant goes on to say that: ‘because there are precautionary measures ordered by competent authority, through which said association is prohibited from carrying out all types of work in that place.’ Here it must be said that while it is true there is a precautionary measure (05-2019) that in its Por Tanto states verbatim: “On the merits of the foregoing, the request for precautionary measures is granted.\n\nAccordingly, the request for a precautionary measure is granted and the following is ordered: to warn defendants JOSE RIGOBERTO LEIVA CEDEÑO, LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE RESERVA INDIGENA DE CORRE BORUCA (REY CURRE) represented by Mr. JOSE RIGOBERTO LEIVA CEDEÑO, HUGO LAZARO ESTRADA, JOSE EUSEBIO LÁZARO ORTIZ, ANA JENNY LÁZARO ROJAS, MARIA DANEYI MAVISCA RUEDA, GEINER CASTRO ARAYA, JESSICA BORBÓN MAVISCA, JOSE DANILO ROJAS ROJAS AND MARGARITA ROJAS ROJAS, to refrain from carrying out constructions such as rustic structures (ranchos), water supply system (acueductos) installations, electrical line installations, and the development of facilities and roads with heavy machinery on the property in dispute. They must refrain from burning pastures with chemicals, altering the existing internal fences, and not changing the nature that the property in dispute currently holds according to judicial recognition; not replacing pastures with crops beyond those already existing. The prohibition extends to forest areas, thickets (tacotales), and protection zones of streams and rivers within the property. In case of disobedience, criminal proceedings will be initiated for the crime of disobedience to authority. Notify personally Lic. Jean Carlos Céspedes Mora.- Judge” From the preceding paragraph, the following is deduced: 1. To date, the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación) through the Buenos Aires Subregion office has not been issued any precautionary measure regarding the litigation concerning the farm in question, nor is it a party to the judicial proceeding. 2. The precautionary measure requests not to change the nature that the property in dispute currently holds; at no time does it prohibit even those ordered from conducting forest harvesting (aprovechamiento forestal). It is important to clarify that, even if forest harvesting occurred, the nature of the ecosystem where the tree is located (pastureland (potrero), forest, thicket (tacotal)) would not be changed. It is important to mention that there exists a forest harvesting permit granted to the ADII of Rey Curré, a permit granted under the provisions established in decree 27800-MINAE, thus, in response to a request submitted by the ADII of Rey Curré, who is the registered owner of the property, it was resolved through resolution SINAC-ACLA-P-SRBA-133-2021 of Monday, February 8, 2021, a cutting and harvesting permit for several trees, including the tree that has been the subject of this Amparo Action (Recurso de Amparo) (the first Espavel tree in table 3). For the specific case of this Espavel tree, I clarify that it is a tree uprooted and dragged by the currents of the Térraba River as a result of the natural phenomena that have occurred in recent years; at this moment, it is located outside protection areas. Said resolution is attached. In relation to the appellant's statement that …“given this situation, she has made several telephone calls to the telephone number 2730-0846 to request an urgent resolution of said suspension; however, there is no response to her request”,…. It is known to me that on March 18, two calls took place, a first one made by Mrs. Rojas Ortega and answered by Eng. Raquel Rivera Segura, a call in which she demanded, by way of an order, to stop the harvesting permit, and in the afternoon, a second call took place, in this case made by a man named Juan Jiménez who is known to us as her partner (husband); this call was answered by me and he likewise demanded to stop the harvesting, to which it was indicated that it was a permit legally granted under what the current regulations establish and that it would not be stopped, upon which he indicated that he would file the corresponding complaint. The appellant also indicates that the permit granted and the harvesting of the Espavel tree that was taking place produces contamination from the oils released by the chainsaws into the rivers and damages water sources for the supply of hundreds of people. On this point, it must be indicated that the harvesting that has taken place so far is entirely outside protection areas; if any oil spill were to occur, they would not flow so easily into the waters. Furthermore, it must be mentioned that at this height of the Térraba River, it is so contaminated by upstream activities that it is not considered suitable for human consumption (by this I do not mean in any way that any other contamination is justified). I reviewed water concessions (concesiones) downstream from the sawing site on the Dirección de Aguas website, and there are no valid concessions, much less for human consumption; it should not be omitted that the waters of this river may be being used both for irrigation and for animal consumption. In any case, if there were somehow a breach of what was ordered in the resolution of eleven hours and eleven minutes of October 1, two thousand twenty, which corresponds to the precautionary measure for “Interdict” (Interdicto) within case file 18-000056-1555-AG-1, of the Civil, Labor, and Family Court of Buenos Aires, it would not be attributable to our institution, since although it is true that since November of the year 2020 we have been aware that there is a precautionary measure on the farm in dispute, as there is a map and deed that includes this property, it would be the responsibility of the ADII of Rey Curré to be vigilant that the issued orders are not breached. These properties are so large, and as we are not aware of the location of farms in dispute since in most cases they do not have maps, it is very difficult for us to know at any given moment whether or not we are within a possession in dispute” (emphasis added).\n\nLikewise, from the report rendered under oath by the Minister of Environment and Energy—with the solemnities and consequences that it entails—it is inferred that: “Regarding the fundamental right to a prompt response, the appellant states that she has tried to coordinate with the Ministry of Environment and Energy (Ministerio de Ambiente y Energía), to which she has received no response. Given this statement, this Ministry undertook the task of sending a request, via electronic mail, to the Vice-Ministry of Environment, the Legal Advisory Directorate, and my Office; to which all offices responded that they did not have in their database any request with the appellant's name. SECOND: The appellant points out that ‘on November 20, she petitioned the respondent authority for the suspension of timber cutting permits granted to the Asociación de Desarrollo Indígena de Rey Curré.’ Through official communication SINAC-AJ-144, previously mentioned, it is noted that no petition from the appellant had arrived at the Buenos Aires Subregional office of SINAC. Likewise, it is stated in that same communication that as of that date – November 20, 2020 – there were no valid permits issued to the cited Association. THIRD: It is important to point out that the appellant did arrive at the SINAC offices of the Buenos Aires Subregion on November 9, 2020 – according to the Logbook (Bitácora) of the Buenos Aires Subregion, provided in evidence 5 of this communication – to deliver the document ‘Interdict’ (Interdicto) within case file 18-000056-1555-AG-1 of the Civil, Labor, and Family Court of Buenos Aires, which was stamped with the respective receipt acknowledgment, as can be seen in evidence number one provided. However, as explained in the second section, SINAC is not a party to the proceeding; no precautionary measure is being applied to it, and moreover, at no time are the defendants in said precautionary measure prohibited from conducting forest harvesting; therefore, to date, there is no petition or request pending attention from the appellant in the Buenos Aires Subregional office. (…) The appellant also alleges that she made several calls to telephone 2730-0846 in order to request the urgent resolution of the suspension, without receiving a response to her petition. Regarding this allegation, in the Buenos Aires Subregional Office, on March 18, 2020, two telephone calls were received; in the first, answered by Eng. Raquel Rivera Segura, the appellant demanded as an order to stop the harvesting permit; and the second call, answered by engineer Rolando Rodríguez Peraza, head of the Buenos Aires Subregion, was answered in the afternoon, made by a man named Juan Jiménez; and he likewise demanded to stop the harvesting, to which it was indicated that it was a permit legally granted under what the current regulations establish, and therefore the harvesting would not be stopped. Given this explanation from the head of the SINAC area, the individual (administrado) indicated that he would file the corresponding complaint. (…) The harvesting that has taken place to date by the ADII is located entirely outside protection areas, and in the event of a spill of contaminating oils from the chainsaws, this liquid would not flow so easily into the waters. Additionally, at that height of the Térraba River, it is so contaminated by upstream activities that it is not considered suitable for human consumption.”\n\nFinally, it cannot be inferred from the case record that, prior to filing this amparo action, the appellant had formally submitted any petition, complaint, or formal grievance (denuncia) before MINAE and SINAC, in which she had requested a solution to the problem alleged in this action.\n\nNow, in the sub examine, the appellant claims that since November 9, 2020, she requested SINAC to suspend timber cutting permits granted to the Asociación de Desarrollo Indígena Rey Curré, because there are precautionary measures issued by the competent jurisdictional authority, through which said association is prohibited from carrying out any type of work in that location. She adds that, as of the date she files the amparo action, she has not received a response and, on the contrary, in clear breach of duties, permits were granted to the aforementioned association to fell, cut, and extract timber located on the banks of the river’s sandbar (playón del río), which causes contamination of the riverbed, as well as the destruction of flora and fauna due to the contaminating oils from the chainsaws. She affirms that, due to the foregoing, she has tried to coordinate with MINAE to order the suspension of that permit; however, she has not received a response. She indicates that, given this situation, she has made several telephone calls to number 2730-0846 to request the urgent resolution of that suspension; however, there is no response to her requirement. Therefore, she requests that the action be granted (declarar con lugar) and that MINAE be ordered to respond to the petition of November 9, 2020.\n\nIn this regard, the Tribunal observes that, in essence, what the petitioner is requesting is that the breach of what was ordered by the Civil, Labor, and Family Court of Buenos Aires, through the resolution of 11:11 hours on October 1, 2020, in which it issued a series of precautionary measures, be decreed. On this subject, the appellant should note that if she believes there has been a breach of any judicial order, this is not a matter for this Chamber (Sala) to hear, especially considering that any jurisdictional body has the power to execute its pronouncements and enforce its orders. Consequently, if the protected party so wishes, she may appeal to the corresponding jurisdictional body so that it, in exercise of the powers vested in it, orders what is legally appropriate to enforce what was resolved.\n\nOn the other hand, the protected party alleges that SINAC granted permits to the Asociación de Desarrollo Indígena Rey Curré to fell, cut, and extract the timber located on the banks of the river’s sandbar, which causes contamination of the riverbed, as well as the destruction of flora and fauna due to the contaminating oils from the chainsaws. On this point, the Chamber observes that, in response to the request made by the Asociación de Desarrollo Indígena Rey Curré, SINAC issued resolution SINAC-ACLA-P-SRBA-133-2021 of 11:00 hours on February 8, 2021, through which it referred to the inspection carried out in response to the aforementioned request and ordered: “THEREFORE (POR TANTO), THE HEAD OF THE BUENOS AIRES SUBREGION RESOLVES: First: To authorize the cutting and harvesting (aprovechamiento) of the trees described in tables 1 and 3 of the ‘Whereas’ (Considerando) section, which correspond to 17 trees of different species (inspected in 4 possessions) located on lands of agricultural use without forest cover (sin bosque), from which it is estimated to harvest a total volume of eighty-two point seventeen (82.17) cubic meters of timber, which are located on lands of agricultural use without forest cover (the trees in table 3 are a product of trees brought by floods and left on the farms); to Mr. José Rigoberto Leiva Cedeño, holder of identification number one-thousand one hundred eighty-eight-zero six hundred seventy-four (1 1188 0674), as President of the Asociación de Desarrollo Integral de Reserva Indígena de Curré de Boruca. The denial is also issued for the trees described in table 2 of the ‘Whereas’ section because they are trees located within protection areas (áreas de protección) of a spring (naciente) and a stream. This authorization must be supported by a decision of the Board of Directors of the Asociación de Desarrollo Integral de Reserva Indígena de Curré de Boruca, which initially promoted this procedure; under the following perceptive, imperative, and binding clauses: a. The timber must be processed on the farm and used for infrastructure improvements within it; its transportation and use outside the limits of the Rey Curré Indigenous Territory (Territorio Indígena de Rey Curré) are not authorized, as established in Article 6 of the Indigenous Law (Ley Indígena), Law No. 6172. b. The protection areas defined in Article 33 of the Forestry Law (Ley Forestal), Law No. 7575, must be respected when executing the cutting, extraction, and processing of the timber from the authorized tree. c. As a measure to guarantee the sustainability of the harvested forest resource, request the beneficiary to reforest at least one (1) tree for each authorized tree. Second: If the breach of any of the conditions under which this authorization is approved is verified, execution will be canceled and the forest permit will be revoked with the administrative and legal consequences that derive therefrom. Third: Against this resolution, the remedies of revocation (revocatoria) and appeal (apelación) may be filed before the Consejo Nacional de Áreas de Conservación Amistad Pacífico, within a period of no more than three days, in accordance with Articles 343 and following of the General Law of Public Administration (Ley General de Administración Pública). Fourth: The validity and disposition or distribution of the trees among the interested parties remain in the hands of the Board of Directors of the Asociación de Desarrollo Integral de Reserva Indígena de Rey Curré de Boruca; the names of the persons provided in the tables are used for the purpose of guiding who accompanied us on the inspection; if the distribution turns out to be different, it is of utmost importance that we be notified beforehand about who will carry out the harvesting.” Therefore, prior to granting such authorization, SINAC carried out an inspection of the site and determined the tree species on which the cutting and harvesting activities could be carried out. Likewise, in official communication SINAC-ACLA-P-SRBA-265-2021 of March 23, 2021, it was recorded that: “The appellant also indicates that the permit granted and the harvesting of the Espavel tree that was taking place causes contamination from the oils released by the chainsaws into the rivers and damages water sources for the supply of hundreds of people. On this point, it must be indicated that the harvesting that has taken place so far is entirely outside protection areas; if any oil spill were to occur, they would not flow so easily into the waters. Furthermore, it must be mentioned that at this height of the Térraba River, it is so contaminated by upstream activities that it is not considered suitable for human consumption (by this I do not mean in any way that any other contamination is justified). I reviewed water concessions downstream from the sawing site on the Dirección de Aguas website, and there are no valid concessions, much less for human consumption; it should not be omitted that the waters of this river may be being used both for irrigation and for animal consumption.” Meanwhile, in the report rendered to this Tribunal by the Minister of MINAE, it was stated that “The harvesting that has taken place to date by the ADII is located entirely outside protection areas, and in the event of a spill of contaminating oils from the chainsaws, this liquid would not flow so easily into the waters. Additionally, at that height of the Térraba River, it is so contaminated by upstream activities that it is not considered suitable for human consumption.” In this manner, the Tribunal does not consider that the granting of the aforementioned permit was issued in an openly arbitrary and illegitimate manner, and therefore, an injury to fundamental rights under the terms in which the action was filed is ruled out a priori. Now, if the protected party believes that the issuance of such resolution by SINAC violates what was ordered by the Civil, Labor, and Family Court of Buenos Aires in the resolution of 11:11 hours on October 1, 2020, she must appear before that jurisdictional body to make the pertinent claim, as previously indicated in this pronouncement.\n\nAdditionally, in this specific case, the petitioner alleges that she filed petitions before the respondent authorities for the purpose of suspending the timber cutting permits granted to the Asociación de Desarrollo Indígena Rey Curré; however, she claims that as of the date she filed the amparo action, she has not received a response. On this point, it bears reiterating that in the report rendered under oath by the Minister of Environment and Energy, it was indicated that: “Regarding the fundamental right to a prompt response, the appellant states that she has tried to coordinate with the Ministry of Environment and Energy, to which she has received no response. Given this statement, this Ministry undertook the task of sending a request, via electronic mail, to the Vice-Ministry of Environment, the Legal Advisory Directorate, and my Office; to which all offices responded that they did not have in their database any request with the appellant's name. SECOND: The appellant points out that ‘on November 20, she requested from the respondent authority the suspension of timber cutting permits granted to the Asociación de Desarrollo Indígena de Rey Curré.’ Through official communication SINAC-AJ-144, previously mentioned, it is noted that no petition from the appellant had arrived at the Buenos Aires Subregional office of SINAC. Likewise, it is stated in that same communication that as of that date – November 20, 2020 – there were no valid permits issued to the cited Association. THIRD: It is important to point out that the appellant did arrive at the SINAC offices of the Buenos Aires Subregion on November 9, 2020 – according to the Logbook of the Buenos Aires Subregion, provided in evidence 5 of this communication – to deliver the document ‘Interdict’ within case file 18-000056-1555-AG-1 of the Civil, Labor, and Family Court of Buenos Aires, which was stamped with the respective receipt acknowledgment, as can be seen in evidence number one provided. However, as explained in the second section, SINAC is not a party to the proceeding; no precautionary measure is being applied to it, and moreover, at no time are the defendants in said precautionary measure prohibited from conducting forest harvesting; therefore, to date, there is no petition or request pending attention from the appellant in the Buenos Aires Subregional office. (…) The appellant also alleges that she made several calls to telephone 2730-0846 in order to request the urgent resolution of the suspension, without receiving a response to her petition. Regarding this allegation, in the Buenos Aires Subregional Office, on March 18, 2020, two telephone calls were received; in the first, answered by Eng. Raquel Rivera Segura, the appellant demanded as an order to stop the harvesting permit; and the second call, answered by engineer Rolando Rodríguez Peraza, head of the Buenos Aires Subregion, was answered in the afternoon, made by a man named Juan Jiménez; and he likewise demanded to stop the harvesting, to which it was indicated that it was a permit legally granted under what the current regulations establish, and therefore the harvesting would not be stopped. Given this explanation from the head of the SINAC area, the individual indicated that he would file the corresponding complaint. (…).” In this regard, it is convenient to reiterate that in official communication SINAC-ACLA-P-SRBA-265-2021 of March 23, 2021, issued by the head of the Buenos Aires Subregion of SINAC, it was recorded: “It is known to me that on March 18, two calls took place, a first one made by Mrs. Rojas Ortega and answered by Eng. Raquel Rivera Segura, a call in which she demanded, by way of an order, to stop the harvesting permit, and in the afternoon, a second call took place, in this case made by a man named Juan Jiménez who is known to us as her partner (husband); this call was answered by me and he likewise demanded to stop the harvesting, to which it was indicated that it was a permit legally granted under what the current regulations establish and that it would not be stopped, upon which he indicated that he would file the corresponding complaint.” Thus, the telephone calls made by the protected party and her partner to SINAC, through which they demanded the suspension of the aforementioned harvesting permit, were made on the same day the amparo action was filed, that is, March 18, 2021. On this subject, the Tribunal does not omit to point out that, although it is verified that on November 9, 2020, and March 18, 2021, the appellant provided SINAC with a copy of the resolution of 11:11 hours on October 1, 2020, issued by the Civil, Labor, and Family Court of Buenos Aires, it is no less true that there is no evidence that on that occasion she filed any petition or formal complaint before MINAE and SINAC, in which she requested a solution to the problem alleged in this case. Ergo, in the sub lite, it is not observed that the petitioner brought to the attention of the respondent authorities any type of formal complaint, through which the suspension of the harvesting permit in question was requested due to the presumed environmental consequences generated by its execution.\n\nIn view of the foregoing, and given that this Constitutional Tribunal must not function as a processing instance for grievances or complaints, what is alleged by the appellant must be filed, first, if she so wishes, before the respondent party itself or through the ordinary jurisdictional channel. Thus, since it is not verified in the sub examine that prior to filing this amparo action, any petition or formal complaint was filed before SINAC and MINAE related to the problem alleged in this action, that is, the supposed environmental consequences caused by the execution of a logging and harvesting permit granted to the Asociación de Desarrollo Indígena Rey Curré, any omission by the respondent authorities susceptible to being heard in this venue is ruled out a priori. In this regard, note that, contrary to what the appellant alleges, it has not been proven in this case that the respondent party failed to address any petition filed by the protected party. Having said that, the Chamber does not omit to warn that, if any petition or formal complaint is filed before MINAE and/or SINAC and a delay occurs in its resolution, the appellant may again resort to this Tribunal to claim what is appropriate, at which time it will be decided whether or not there is a grievance of constitutional relevance. Ergo, the appropriate action is to dismiss the action (declarar sin lugar el recurso). Nevertheless, the respondent authorities should take note that they must carry out all actions within the scope of their competencies to guarantee that the execution of what is ordered in resolution SINAC-ACLA-P-SRBA-133-2021 of 11:00 hours on February 8, 2021, is consistent with fundamental rights and principles, among them, the right to a healthy and ecologically balanced environment.\n\nVII.- DISSENTING REASONS OF JUDGE SALAZAR ALVARADO. With due respect, I dissent from the majority vote that addresses the merits of this matter, based on the following reasons: The protection of a healthy and ecologically balanced environment, in the Costa Rican Legal System, is protected not only in Article 50 of the Political Constitution but also in a series of current laws and executive decrees (regulations), such as the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente), Law No. 7554 of October 4, 1995; the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad), Law No. 7788 of April 30, 1998; the Wildlife Conservation Law (Ley de Conservación de la Vida Silvestre), Law No. 7317 of October 21, 1992; and Executive Decree (Decreto Ejecutivo) No. 31849 of May 24, 2004, General Regulation on Environmental Impact Assessment (EIA) Procedures, to name just a few. This makes it necessary, in environmental matters, to separate constitutionality control from legality control. In this sense, it is the undersigned's criterion that this Chamber, via amparo action, should only hear a matter in which a violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment is alleged if the Administration has not yet intervened and when the violation of that right is manifest and evident, easily verifiable, of certain importance or gravity, and directly affects a specific person or community. Otherwise, the issue must be raised and discussed in the legality venue. Therefore, the mere breach of obligations and duties legally imposed on the various public administrations in environmental matters is properly to be heard in the legality venue—administrative or jurisdictional—where, with much greater scope, the alleged breaches or omissions can be scrutinized. It must be borne in mind that the amparo action is a summary, informal, simple, and rapid proceeding, such that from the very moment the Administration intervenes in an environmental matter, in the exercise of its competencies, and conducts a procedure, with the issuance of administrative acts, its knowledge is beyond the scope of action of this specialized jurisdiction. Therefore, the review of administrative actions carried out regarding an environmental matter that requires, for its proper assessment, a full knowledge proceeding, is only possible in the ordinary jurisdiction, since the design of the amparo proceeding is incompatible with the comparison or review of technical or legal criteria developed under current legal or regulatory norms, or with the evacuation of new and additional evidentiary elements necessary for the comparison or review of the criteria already contained in the administrative case file of the matter. To do otherwise would imply transforming the amparo action into an ordinary proceeding of full knowledge, which would denature it and render nugatory the purposes for which it was designed, thereby losing its condition as an instrument for the effective protection of fundamental rights. Consequently, I believe that when a public entity or body has intervened, in various forms, or has issued administrative acts in relation to an environmental matter, its knowledge and oversight correspond to the contentious-administrative jurisdiction. It is precisely the verification of the existence of that administrative intervention that determines that the matter falls under the competence of the legality venue. Consequently, this action should have been summarily rejected, since its object is a matter properly to be discussed, analyzed, and resolved in the legality venue. However, as this was not done, the proper course is to dismiss it, without making any pronouncement regarding the merits of the issue raised, as it falls to the ordinary jurisdiction, specifically the contentious-administrative jurisdiction, to determine whether the accused administrative actions and conduct conform or not, in substance, to what is mandated in the legal system of statutory rank, regarding the protection, safeguarding, and conservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment.\n\nVIII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device, or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 working days counted from the notification of this judgment.\n\nOtherwise, all material not removed within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.\n\nPor tanto:\n\nThe appeal is declared without merit. The respondent authorities are to take note of what is indicated at the end of considerando VI of this ruling. Judge Salazar Alvarado sets forth different reasons.\n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\n\nNancy Hernández L.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\n\n\n\nAnamari Garro V.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nMarta Eugenia Esquivel R.\n\n\n\n\n\nRonald Salazar Murillo\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nIleana Sánchez N.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n IEXD4U43KJKM61\n\nEXPEDIENTE N° 21-005517-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 09-05-2026 09:28:22.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }