{ "id": "nexus-sen-1-0007-1036132", "citation": "Res. 08821-2021 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Amparo contra AyA por olores en alcantarillado sanitario", "title_en": "Amparo against AyA for odors from sanitary sewer", "summary_es": "El recurrente presentó un amparo contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) alegando que la red de alcantarillado sanitario en su comunidad, con más de 60 años de antigüedad, provoca malos olores, riesgos a la salud y daños en aceras y caños. El AyA argumentó que la tubería opera con normalidad, que se realizaron mantenimientos periódicos y que una inspección con cámara no mostró colapsos ni fallas graves que justificaran su reemplazo total. La Sala Constitucional declaró parcialmente con lugar el recurso únicamente en cuanto a la falta de entrega de un video de la inspección solicitado por el recurrente. En lo referente al estado de la red y las omisiones acusadas, el tribunal no encontró lesión a derechos fundamentales, ya que la red funciona adecuadamente y los olores no se detectaron durante las inspecciones. Se desestimó el resto de las pretensiones, remitiendo al recurrente a las vías ordinarias si disiente de los criterios técnicos. Varios magistrados salvaron el voto respecto de la no condenatoria en costas, daños y perjuicios.", "summary_en": "The petitioner filed an amparo action against the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (AyA), alleging that the community's 60-year-old sanitary sewer system emits odors, poses health risks, and damages sidewalks and gutters. AyA maintained that the pipeline operates normally, regular maintenance has been performed, and a video inspection revealed no collapses or major failures warranting total replacement. The Constitutional Chamber partially granted the amparo solely for the failure to deliver a copy of the inspection video requested by the petitioner. Regarding the condition of the network and the alleged omissions, the court found no violation of fundamental rights, since the system functions adequately and no odors were detected during inspections. The remaining claims were dismissed, with the petitioner directed to seek ordinary administrative or judicial remedies if he disagrees with the technical assessments. Several justices dissented on the issue of costs and damages.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "30/04/2021", "year": "2021", "topic_ids": [ "water-law" ], "primary_topic_id": "water-law", "es_concept_hints": [ "amparo ambiental", "artículo 50 de la Constitución Política", "alcantarillado sanitario", "Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)", "ambiente sano y ecológicamente equilibrado", "agua residual", "obstrucción de tuberías", "mantenimiento de alcantarillado" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 50", "law": "Constitución Política" }, { "article": "Art. 44", "law": "Ley de la Jurisdicción Constitucional" }, { "article": "Arts. 46-47", "law": "Ley de la Jurisdicción Constitucional" }, { "article": "Arts. 49-52", "law": "Ley de la Jurisdicción Constitucional" } ], "keywords_es": [ "amparo ambiental", "alcantarillado sanitario", "AyA", "derecho a un ambiente sano", "artículo 50 Constitución Política", "red de alcantarillado", "olores ofensivos", "salud pública" ], "keywords_en": [ "environmental amparo", "sanitary sewer", "AyA", "right to a healthy environment", "Article 50 Constitution", "sewer network", "offensive odors", "public health" ], "excerpt_es": "III.- SOBRE EL CASO CONCRETO. Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal descarta alguna lesión de los derechos fundamentales de la parte amparada. De los informes rendidos por los representantes de las autoridades recurridas -que se tienen dados bajo juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y la prueba aportada para la resolución del asunto ha sido debidamente acreditado que, desde el año 2019 al 20 de abril 2021, la autoridad accionada tiene un registro de 8 labores de mantenimiento realizadas en la comunidad Amanecer en Hatillo. De los indicados trabajos, 2 fueron realizados en el año 2019, y 6 en el año 2020. En el año 2021, no hay registro de denuncias. Asimismo, indicaron los accionados que, de la totalidad de mantenimientos realizados, solo 3 se registran por anomalías en la red de alcantarillado sanitario, 2 en el 2019 (órdenes de servicio 35341782 y 35346849) y 1 en el 2020 (orden de servicio 38715957). En el año 2021 no se cuenta con registro de anomalías en el funcionamiento del servicio de alcantarillado sanitario, lo cual se le atribuye a la limpieza profunda realizada en el 2020. Actualmente, no existe ninguna documentación mediante la cual el AyA se haya comprometido a realizar la sustitución de la totalidad de la red de alcantarillado sanitario en la comunidad Amanecer en Hatillo. De las labores de limpieza se extrajo en su gran mayoría sedimento y piedras de menor diámetro. Adicionalmente, con esta labor se determinó que la manguera que se utiliza para la limpieza podía recorrer la totalidad de la tubería, lo cual demuestra que no existían colapsos que impidieran el paso de esta. Las labores de inspección se realizaron mediante el ingreso de una cámara de video la cual recorre el interior de la tubería a fin de determinar anomalías en el funcionamiento de la red. De esta inspección se determinó:\n\n[...]\n\nEn consecuencia, debe desestimarse el presente proceso de amparo en cuanto a estos hechos se refiere. Ahora bien, si el recurrente se encuentra inconforme con los criterios técnicos sobre las valoraciones realizadas a la red sanitaria de la localidad, podrá acudir ante las vías de legalidad ordinarias, administrativas o jurisdiccionales, en las cuales se deberá de resolver lo correspondiente de conformidad con la normativa infraconstitucional que rige para tales efectos.", "excerpt_en": "III.- ON THE SPECIFIC CASE. After analyzing the evidence submitted, this Court rules out any violation of the fundamental rights of the petitioner. From the reports submitted by the representatives of the respondent authorities—given under oath with the consequences, including criminal ones, provided in Article 44 of the Law governing this Jurisdiction—and the evidence provided for the resolution of the matter, it has been duly proven that from 2019 to April 20, 2021, the respondent authority has a record of 8 maintenance tasks carried out in the Amanecer de Hatillo community. Of those works, 2 were carried out in 2019 and 6 in 2020. In 2021, there are no reports of complaints. Likewise, the respondents indicated that of the total maintenance performed, only 3 were registered due to anomalies in the sanitary sewer network, 2 in 2019 (service orders 35341782 and 35346849) and 1 in 2020 (service order 38715957). In 2021, there is no record of anomalies in the functioning of the sanitary sewer service, which is attributed to the deep cleaning carried out in 2020. Currently, there is no documentation by which AyA has committed to replace the entire sanitary sewer network in the Amanecer de Hatillo community. Most of the material extracted during cleaning consisted of sediment and small stones. Additionally, during this work it was determined that the hose used for cleaning could travel the entire length of the pipeline, which demonstrates that there were no collapses preventing its passage. The inspection was carried out with a video camera that travels inside the pipe in order to determine anomalies in the network's functioning. From this inspection it was determined:\n\n[...]\n\nConsequently, this amparo proceeding must be dismissed with respect to these facts. However, if the petitioner disagrees with the technical criteria on the assessments made on the local sanitary network, he may resort to ordinary administrative or judicial legal channels, where the corresponding decision must be made in accordance with the infra-constitutional regulations that govern such matters.", "outcome": { "label_en": "Partially granted", "label_es": "Parcialmente con lugar", "summary_en": "The amparo was partially granted, solely for the failure to deliver the inspection video requested in September 2020; all other claims were denied.", "summary_es": "Se declaró parcialmente con lugar el amparo únicamente por la falta de entrega del video de inspección solicitado en septiembre de 2020; en lo demás, se declaró sin lugar." }, "pull_quotes": [ { "context": "Hechos probados", "quote_en": "Most of the material extracted during cleaning consisted of sediment and small stones. 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Adicionalmente, con esta labor se determinó que la manguera que se utiliza para la limpieza podía recorrer la totalidad de la tubería, lo cual demuestra que no existían colapsos que impidieran el paso de esta." }, { "context": "Hechos probados", "quote_en": "Given the above, it was concluded that it was not appropriate to allocate public funds to replace the sanitary sewer network, which only required specific repairs.", "quote_es": "Dado lo anterior, se concluyó que no era procedente destinar fondos públicos, en la sustitución de la red de alcantarillado sanitario, la cual solo requería atenciones puntuales." }, { "context": "Por tanto", "quote_en": "In all other respects, the appeal is denied.", "quote_es": "En lo demás se declara sin lugar el recurso." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1036132", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [], "sentencias_relacionadas": [], "temas_y_subtemas": [], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 08821 - 2021\n\nFecha de la Resolución: 30 de Abril del 2021 a las 09:15\n\nExpediente: 21-007262-0007-CO\n\nRedactado por: Ileana Sánchez Navarro\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp: 21-007262-0007-CO\n\nRes. Nº 2021008821\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del treinta de abril de dos mil veintiuno .\n\nRecurso de amparo que se tramita en el expediente número 21-007262-0007-CO interpuesto por JONATHAN ANTONIO CHAVES SOLANO, cédula de identidad 0112180496, contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS.\n\nRESULTANDO:\n\n1.- Por escrito recibido en esta Sala a las 11:37 hrs. del 14 de abril de 2021, la parte recurrente interpone recurso de amparo y expone que, desde noviembre del 2009, adquirió la propiedad en la que reside, la cual se ubica en la comunidad Amanecer en Hatillo. Indica que dicha comunidad se caracteriza por los fuertes olores a excremento, que salen de las tuberías sanitarias que se encuentran en vía pública, a lo largo de la Avenida 30, Calle 48, que provocan malestar a todos los vecinos, miembros de su hogar y que representan un riesgo inminente para la salud. Señala que debido a los fuertes olores han tenido que llamar constantemente al Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) para que realice las visitas y correspondiente limpieza de las tuberías obstruidas con sedimentos. Describe que, en agosto del 2015, ante tanta problemática y las soluciones a corto plazo (15-22 días tiempo que tardaba en saturarse nuevamente las tuberías sanitarias), solicitó la revisión detallada de las tuberías, las cuales se encontraban dañadas y debían ser reemplazadas por completo. Comenta que, por la problemática descrita, se interpuso el recurso de amparo No. 2015-014980-0007-CO el cual fue resuelto por sentencia No. 2015017406 de las 10:10 horas del 06 de noviembre de 2015. Menciona que, en esa oportunidad, la autoridad recurrida se comprometió a cambiar todas las tuberías de la comunidad (véase el plano adjunto como prueba), ya que tienen más de 60 años y están colapsadas. Alega que no obstante lo resuelto, al día que presenta este nuevo recurso, la autoridad recurrida no ha procedido conforme su responsabilidad y competencia a culminar las obras que inició en el año 2015. Tal omisión y dilación, a pesar de que en repetidas ocasiones durante todos estos años (del 2015 al 2021), se han realizado múltiples solicitudes de intervención para la limpieza y reemplazo de las tuberías. Insiste en que el cambio de la tubería sanitaria dañada es la única forma de solucionar y eliminar por completo los terribles olores que han existido durante tantos años por negligencia y falta de cumplimiento del ICAA. Asegura que actualmente la tubería se obstruye por acumulación de sedimentos fecales y otros (piedras y tierra del terreno lavado que se filtra por los agujeros de las paredes superiores de la tubería). Sostiene que, a raíz de la problemática generada por las tuberías sanitarias, los terrenos han colapsado, destruyendo los caños y aceras. Añade que en el año 2016 mediante colaboración de la Municipalidad de San José con los vecinos, se creó un plan cooperativo para cambiar las aceras, construir el cordón de caño y reemplazar las cajas de registro de aguas negras, ya que también estaban dañas. Pese a ello, los funcionarios de la Municipalidad de San José, indicaron que no podían continuar con los trabajos, debido a que el ICAA nunca cumplió con lo acordado para el cambio de la tubería sanitaria de la alameda que se encuentra totalmente dañada. Detalla que ante la falta de solución de la problemática descrita (malos olores, afecciones a la salud, incumplimiento del AyA y la imposibilidad de realizar las mejoras en la alameda), se procedió en mayo de 2020 a solicitarle al ICAA, la continuidad y finalización de las obras pendientes desde el año 2015. Alude que dicha solicitud fue reenviada por la presidenta ejecutiva, el 23 de junio de 2020 a la directora de Recolección y Tratamiento GAM del AyA y al Ing. William Lehninger Sancho para que se refiera al caso. No obstante, mediante oficio DRyT-OMSR-2020-00384 de fecha 03 de julio de 2020, remitido el 07 de julio de 2020 por el Ing. Leininger Sancho, se indicó que según la inspección realizada no hay daños en la red de alcantarillado sanitario y que la misma funciona con normalidad, por lo que se le dará seguimiento para ver si para el año 2021 es candidata a sustitución. Sobre el particular, manifiesta que por oficio AMANECER-007-2020 del 07 de julio de 2020, indicó, que no se concordaba con el criterio del ingeniero, ya que la revisión fue superficial, sin excavar ni levantar las tapas para corroborar que las tuberías están completamente destruidas en varios segmentos. Además, que el mismo ingeniero que hizo la inspección fue el que se comprometió desde el 2015 a realizar el cambio de las tuberías en discusión. Por último, solicitó la solución inmediata de la problemática. Arguye que, luego, el 05 de agosto de 2020, envió correo electrónico, para que se indicara la fecha en que se haría la revisión solicitada. Asevera que el 12 de agosto de 2020 se presentó el equipo de funcionarios de AyA a la comunidad, con una cámara especial que se introduce en las tuberías; sin embargo, no pudieron hacer la revisión debido a la gran cantidad de sedimentos que obstruían las tuberías. Posteriormente, el 02 de setiembre los funcionarios de AyA coordinaron una nueva revisión de las tuberías a través de la cámara de sonda, en la cual se logró apreciar la gran cantidad de sedimentos de piedra, tierra y trozos de tubería. Reclama que pese a ocurrido, el ingeniero, mediante oficio DRyT-OMSR-2020-00537 aseguró que la tubería se encontraba en buen estado de acuerdo con el video de la cámara de AyA. Ante tal aseveración, remitió el oficio No. JCHS-2020-017 el 16 de setiembre de 2020 en el cual desacreditó la inspección y solicitó el video completo de la grabación del estado de la tubería sanitaria. No obstante, acusa que la recurrida no le brindó respuesta alguna ni le proporcionó el video que pidió desde hace 05 meses. Por otra parte, destaca que desde el 31 de agosto de 2020, los funcionarios de la Sección de Mejoramiento de Barrios de la Municipalidad de San José, Melvin Díaz Gómez y Yamilet Arias, remitieron correo electrónico al jefe de Aguas Residuales GAM, para que procediera con la sustitución de la tubería de agua sanitaria de la comunidad Amanecer. Este en seguimiento de la petición formulada ante el AyA desde el año 2019 por la Municipalidad de San José. Sin embargo, alega que a la fecha de presentación del amparo, el recurrido no ha brindado respuesta alguna, dejando nuevamente a los usuarios interesados en total desprotección. Finalmente, afirma que la tubería en discusión ya cumplió su ciclo de vida útil (más de 60 años) y a pesar de que la recurrida no ha efectuado las obras necesarias para solucionar la problemática ambiental, incrementó en enero de 2021 el costo en el servicio por tratamiento de aguas residuales. Tal actuación, aun y cuando los vecinos de esa Alameda no cuentan con la infraestructura adecuada para evitar que las aguas con desechos fecales se derramen fuera de las tuberías.\n\n2.- Mediante auto de las 18:28 hrs. del 15 de abril de 2021 se cursó el presente recurso y se notificó a las autoridades recurridas el 19 de abril de 2021.\n\n3.- Mediante escrito presentado el 21 de abril de 2021, el recurrente aporta escrito en el cual reitera los alegatos expuestos en el memorial de interposición y señala que le fue entregado un video de la inspección realizada en el lugar denunciado.\n\n 4.- Por escrito presentado el 23 de abril de 2021, informan bajo juramento, TOMÁS FRANCISCO MARTÍNEZ BALDARES, en condición de Presidente Ejecutivo, WILLIAM LEININGER SANCHO, en condición de Director General Sistemas de Agua Recolección y Tratamiento y MANUEL ELÍAS LÓPEZ FONSECA en condición de Director Experto Sistemas de Agua Recolección y Tratamiento, todos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados que: “(…) Que en el periodo comprendido entre el 2019 al 20 de Abril 2021, se cuenta con una registro de 8 labores de mantenimiento realizados. De estos trabajos, 2 fueron efectuadas en el 2019, y 6 en el 2020. No se cuenta con registro para el año 2021. Que del total de mantenimientos realizados, solo 3 se registran por anomalías en la red de alcantarillado sanitario, 2 en el 2019 (órdenes de servicio 35341782 y 35346849) y 1 en el 2020 (orden de servicio 38715957). Que en el 2021 no se cuenta con registro de anomalías en el funcionamiento del servicio de alcantarillado sanitario, lo cual se le atribuye a la limpieza profunda realizada en el 2020 (orden de servicio 38715957) ... \"\n\nProcede aclarar que:\n\nCuando se han realizado visitas al lugar, para efectuar inspecciones o labores de mantenimiento no se ha percibido olor a materia fecal.\n\nSegún los registros que cuenta el AyA, en su sistema comercial, la cantidad de denuncias que se presenta en este lugar, son muy pocas, 2 en el 2019, 1 en el 2020 y O para los meses de Enero al 20 de Abril del 2021. Dado lo anterior, este sitio no se considera un punto de constantes obstrucciones\n\nNo se cuenta con ninguna documentación mediante la cual el AyA se haya comprometido a realizar la sustitución de la totalidad de la red de alcantarillado sanitario de este lugar, en su momento se le solicitó en formar verbal al Sr. Chaves que aportara esa documentación, sin embargo, a la fecha no lo ha realizado.\n\nEn los meses de Agosto y Septiembre del 2020, personal de la Dirección de Recolección y Tratamiento, realizaron una serie de labores de limpieza profunda e inspección de la tubería de Avenida 30.\n\nDe las labores de limpieza se extrajo en su gran mayoría sedimento y piedras de menor diámetro. Adicionalmente, con esta labor se determinó que la manguera que se utiliza para la limpieza podía recorrer la totalidad de la tubería, lo cual demuestra que no existían colapsos que impidieran el paso de esta.\n\n• Las labores de inspección se realizaron mediante el ingreso de una cámara de video la cual recorre el interior de la tubería a fin de determinar anomalías en el funcionamiento de la red. De esta inspección se determinó:\n\nLa red presentaba algunos daños puntuales, los cuales posteriormente fueron atendidos.\n\n• El flujo de las aguas residuales era constante, sin cambios bruscos en su tirante hidráulico que hicieran considerar la existencia de un daño mayor, que conllevara a poner en riesgo la continuidad del servicio de recolección de aguas residuales.\n\n• El concreto de la tubería, no muestra un desgaste severo (no se observa exposición del agregado grueso).\n\n• No se observaron colapsos, el flujo de las aguas es continuo a todo lo largo del trayecto.\n\nDado lo anterior, se concluyó que no era procedente destinar fondos públicos, en la sustitución de la red de alcantarillado sanitario, la cual solo requería atenciones puntuales ... \"\n\nEn lo que respecta al recurso de Amparo que se cita Exp: 15-014980-0007-CO, debe indicarse que este expediente obtuvo la resolución Nº 2015017406 de las diez horas diez minutos del seis de noviembre de dos mil quince, en donde el aquí actor alegó: \" ... Señala el recurrente que el 4 de setiembre de 2015, reportó una situación respecto al cambio de la tubería de alcarraza, en su propiedad, siendo que desde hace más de un mes que no ha recibido respuesta a su gestión ni al reporte, ha intentado comunicarse con los recurridos mediante correo electrónico lo cual ha sido imposible ... \".\n\nAl respecto la Sala determinó que:\n\n\" ... estima que el recurrente no lleva razón en su alegato por cuanto se tiene del informe rendido por la autoridad recurrida bajo juramento que, el día 4 de Septiembre del año en curso, se generó en la agencia del AyA, ubicada en plaza América -Rotonda de Alajuelita-, la Orden de Servicio Nº 27541530, para desobstruir una acometida de alcantarillado sanitario a nombre del recurrente, por lo que el día 5 de Septiembre, el personal de este Instituto, se presentó al lugar y realizó labores para desobstruir el acceso, gestiones que se realizaron con anterioridad a la presentación del presente recurso -07 de octubre de 2015-, por otro lado se tiene por acreditado que el día 14 de octubre de 2015, se realizó una visita al lugar donde se localizó la propiedad del recurrente, encontrando que la red de alcantarillado sanitario opera con normalidad; se observaron también aguas jabonosas descargando al caño pluvial, e inclusive una descarga por parte de la casa del recurrente, asimismo respecto a esta situación encontrada, la autoridad recurrida indicó que en el lugar señalado por el recurrente, existe una red de alcantarillado sanitario en operación, por lo que las aguas jabonosas deben ser interconectadas al sistema de alcantarillado sanitario, para evitar que por el cordón de caño corran aguas residuales, cuando lo único que deben correr son aguas de lluvia, los malos olores a los que hace referencia el recurrente y que también fueron percibidos al momento de realizar la inspección del día 14 de octubre de 2015, provienen de los caños pluviales y no de la red de alcantarillado sanitario ... \"\n\nSEGUNDO: No se cuenta con evidencia técnica que demuestre que las condiciones que tienen las aceras y caños sean atribuibles al funcionamiento de la red de alcantarillado sanitario. Por otra parte, en visita realizada el 20 de Abril de los corrientes, se observó las aceras, caños, del sitio, encontrando que las mismas no se encuentran colapsadas, presentan un deterioro el cual puede ser atribuible a su longevidad.\n\nTERCERO: Cuando se han realizado visitar a lugar, para efectuar inspecciones o labores de mantenimiento no se ha percibido olor a materia fecal. Se reitera lo indicado: \" .. No se cuenta con evidencia técnica que demuestre que las condiciones que tienen las aceras y caños sean atribuibles al funcionamiento de la red de alcantarillado sanitario. Por otra parte, en visita realizada el 20 de Abril de los corrientes, se observó las aceras, caños, del sitio, encontrando que las mismas no se encuentran colapsadas, presentan un deterioro el cual puede ser atribuible a su longevidad ..... Tal como ya se ha mencionado, la Dirección de Mantenimiento de Colectores y Subcolectores, procedió a realizar una valoración a la información recopilada de la inspección con la cámara de video, así como de las labores de mantenimiento, concluyendo que no era necesario realizar una sustitución de la totalidad de la tubería. Solo era necesario realizar reparaciones puntuales ... \"\n\n\" .. No se cuenta con ninguna documentación mediante la cual el AyA se haya comprometido a realizar la sustitución de la totalidad de la red de alcantarillado sanitario de este lugar, en su momento se le solicitó en formar verbal al Sr. Chaves que aportara esa documentación, sin embargo, a la fecha no lo ha realizado.\"\n\nCUARTO: En lo que respecta a la solicitud de información de entrega del video, se aclara que mediante memorando DRyT-DSRT-2021-00164, la Dirección de Desarrollo e Investigación, procedió a hacer entrega del CD, con la inspección con cámara de video realizada.\n\nSe reiteran las conclusiones derivadas de la Inspección con la cámara de video en el año 2020 que se citaron en el hecho primero:\n\n\" .. En los meses de Agosto y Septiembre del 2020, personal de la Dirección de Recolección y Tratamiento, realizaron una serie de labores de limpieza profunda e inspección de la tubería de Avenida 30.\n\nDe las labores de limpieza se extrajo en su gran mayoría sedimento y piedras de menor diámetro. Adicionalmente, con esta labor se determinó que la manguera que se utiliza para la limpieza podía recorrer la totalidad de la tubería, lo cual demuestra que no existían colapsos que impidieran el paso de esta.\n\n• Las labores de inspección se realizaron mediante el ingreso de una cámara de video la cual recorre el interior de la tubería a fin de determinar anomalías en el funcionamiento de la red. De esta inspección se determinó:\n\nLa red presentaba algunos daños puntuales, los cuales posteriormente fueron atendidos.\n\n• El flujo de las aguas residuales era constante, sin cambios bruscos en su tirante hidráulico que hicieran considerar la existencia de un daño mayor, que conllevara a poner en riesgo la continuidad del servicio de recolección de aguas residuales.\n\n• El concreto de la tubería, no muestra un desgaste severo (no se observa exposición del agregado grueso).\n\n• No se observaron colapsos, el flujo de las aguas es continuo a todo lo largo del trayecto.\n\nDado lo anterior, se concluyó que no era procedente destinar fondos públicos, en la sustitución de la red de alcantarillado sanitario, la cual solo requería atenciones puntuales ... \"\n\nLa Dirección de Recolección y Tratamiento, no cuenta con documentación formal enviada por la Municipalidad de San José, mediante la cual solicite al AyA, realizar una intervención en la comunidad Amanecer.\n\nConsideraciones de Fondo\n\nEl día 20 de Abril, del presente año se procedió a realizar una nueva inspección al lugar en la cual se pudo observar:\n\nLa red de alcantarillado sanitario administrada por el AyA opera con normalidad. Esta presenta un flujo constante, sin rebalses. No se detectó la presencia de malos olores.\n\nLa condición de las aceras y caños, presentan un desgaste normal, y no de se detectó ninguna evidencia que demostrara que su condición fuera causada por el funcionamiento de la red de alcantarillado sanitario, sobre este particular se debe señalar que la entidad que por competencia debe brindarle mantenimiento a los caños y aceras es la Municipalidad en este caso de San José.\n\nLas cajas de registro con sifón se encuentran deterioradas, y no cumplen con la normativa vigente del AyA, Esta condición puede causar que problema de olores a lo interno de las viviendas.\n\n(…)\n\nConforme lo anterior, se concluye que los requerimientos solicitados por la comunidad Amanecer, han sido atendidos en forma oportuna y diligente, cada vez que los vecinos así lo han solicitado, de tal manera que la Institución en ese sentido ha sido responsable con el mantenimiento del sistema sanitario cuando así se ha requerido.\n\nAsimismo, y para mayor contundencia en la atención de algunas solicitudes de esa comunidad, se realizó una inspección profunda de la tubería, mediante el sistema de inspección con cámara (CCTV) y no se evidencia que la tubería este afectada a tal punto que se requiera la sustitución de la misma de manera inmediata, ya que, a pesar de su antigüedad, está sigue cumpliendo con el cometido para el cual fue construida a saber, recolectar las aguas residuales de las viviendas ... \"\n\nPor otra parte, es necesario señalar que se debe reconocer que hubo una omisión en remitirle el video de la inspección con cámara al recurrente, no obstante, el día de hoy se les envío una copia, con el fin de enmendar el error involuntario en el que se incurrió.\n\nFinalmente, se continuará realizando un análisis de la capacidad hidráulica de esta red sanitaria y de su funcionalidad, con el fin de valorar en el mediano plazo, la posibilidad de sustituir este tramo de tubería, lo anterior según la planificación de obras y la priorización de recursos financieros del Ay A para proyectos de sustitución de tuberías en diferentes sectores del área metropolitana de San José.” Solicita se desestime el recurso.\n\n 5.- En la substanciación de este proceso se han observado las prescripciones de ley.\n\n Redacta la Magistrada Sánchez Navarro; y,\n\nConsiderando:\n\nI.- OBJETO DEL RECURSO. La parte recurrente interpone recurso de amparo y expone que, desde noviembre del 2009, adquirió la propiedad en la que reside, la cual se ubica en la comunidad Amanecer en Hatillo. Indica que dicha comunidad se caracteriza por los fuertes olores a excremento, que salen de las tuberías sanitarias que se encuentran en vía pública, a lo largo de la Avenida 30, Calle 48, que provocan malestar a todos los vecinos, miembros de su hogar y que representan un riesgo inminente para la salud. Señala que debido a los fuertes olores han tenido que llamar constantemente al Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) para que realice las visitas y correspondiente limpieza de las tuberías obstruidas con sedimentos. Describe que, en agosto del 2015, ante tanta problemática y las soluciones a corto plazo (15-22 días tiempo que tardaba en saturarse nuevamente las tuberías sanitarias), solicitó la revisión detallada de las tuberías, las cuales se encontraban dañadas y debían ser reemplazadas por completo. Comenta que, por la problemática descrita, se interpuso el recurso de amparo No. 2015-014980-0007-CO el cual fue resuelto por sentencia No. 2015017406 de las 10:10 horas del 06 de noviembre de 2015. Menciona que, en esa oportunidad, la autoridad recurrida se comprometió a cambiar todas las tuberías de la comunidad (véase el plano adjunto como prueba), ya que tienen más de 60 años y están colapsadas. Alega que no obstante lo resuelto, al día que presenta este nuevo recurso, la autoridad recurrida no ha procedido conforme su responsabilidad y competencia a culminar las obras que inició en el año 2015. Tal omisión y dilación, a pesar de que en repetidas ocasiones durante todos estos años (del 2015 al 2021), se han realizado múltiples solicitudes de intervención para la limpieza y reemplazo de las tuberías. Insiste en que el cambio de la tubería sanitaria dañada es la única forma de solucionar y eliminar por completo los terribles olores que han existido durante tantos años por negligencia y falta de cumplimiento del ICAA. Asegura que actualmente la tubería se obstruye por acumulación de sedimentos fecales y otros (piedras y tierra del terreno lavado que se filtra por los agujeros de las paredes superiores de la tubería). Sostiene que, a raíz de la problemática generada por las tuberías sanitarias, los terrenos han colapsado, destruyendo los caños y aceras. Añade que en el año 2016 mediante colaboración de la Municipalidad de San José con los vecinos, se creó un plan cooperativo para cambiar las aceras, construir el cordón de caño y reemplazar las cajas de registro de aguas negras, ya que también estaban dañas. Pese a ello, los funcionarios de la Municipalidad de San José, indicaron que no podían continuar con los trabajos, debido a que el ICAA nunca cumplió con lo acordado para el cambio de la tubería sanitaria de la alameda que se encuentra totalmente dañada. Detalla que ante la falta de solución de la problemática descrita (malos olores, afecciones a la salud, incumplimiento del AyA y la imposibilidad de realizar las mejoras en la alameda), se procedió en mayo de 2020 a solicitarle al ICAA, la continuidad y finalización de las obras pendientes desde el año 2015. Alude que dicha solicitud fue reenviada por la presidenta ejecutiva, el 23 de junio de 2020 a la directora de Recolección y Tratamiento GAM del AyA y al Ing. William Lehninger Sancho para que se refiera al caso. No obstante, mediante oficio DRyT-OMSR-2020-00384 de fecha 03 de julio de 2020, remitido el 07 de julio de 2020 por el Ing. Leininger Sancho, se indicó que según la inspección realizada no hay daños en la red de alcantarillado sanitario y que la misma funciona con normalidad, por lo que se le dará seguimiento para ver si para el año 2021 es candidata a sustitución. Sobre el particular, manifiesta que por oficio AMANECER-007-2020 del 07 de julio de 2020, indicó, que no se concordaba con el criterio del ingeniero, ya que la revisión fue superficial, sin excavar ni levantar las tapas para corroborar que las tuberías están completamente destruidas en varios segmentos. Además, que el mismo ingeniero que hizo la inspección fue el que se comprometió desde el 2015 a realizar el cambio de las tuberías en discusión. Por último, solicitó la solución inmediata de la problemática. Arguye que, luego, el 05 de agosto de 2020, envió correo electrónico, para que se indicara la fecha en que se haría la revisión solicitada. Asevera que el 12 de agosto de 2020 se presentó el equipo de funcionarios de AyA a la comunidad, con una cámara especial que se introduce en las tuberías; sin embargo, no pudieron hacer la revisión debido a la gran cantidad de sedimentos que obstruían las tuberías. Posteriormente, el 02 de setiembre los funcionarios de AyA coordinaron una nueva revisión de las tuberías a través de la cámara de sonda, en la cual se logró apreciar la gran cantidad de sedimentos de piedra, tierra y trozos de tubería. Reclama que pese a ocurrido, el ingeniero, mediante oficio DRyT-OMSR-2020-00537 aseguró que la tubería se encontraba en buen estado de acuerdo con el video de la cámara de AyA. Ante tal aseveración, remitió el oficio No. JCHS-2020-017 el 16 de setiembre de 2020 en el cual desacreditó la inspección y solicitó el video completo de la grabación del estado de la tubería sanitaria. No obstante, acusa que la recurrida no le brindó respuesta alguna ni le proporcionó el video que pidió desde hace 05 meses. Por otra parte, destaca que desde el 31 de agosto de 2020, los funcionarios de la Sección de Mejoramiento de Barrios de la Municipalidad de San José, Melvin Díaz Gómez y Yamilet Arias, remitieron correo electrónico al jefe de Aguas Residuales GAM, para que procediera con la sustitución de la tubería de agua sanitaria de la comunidad Amanecer. Este en seguimiento de la petición formulada ante el AyA desde el año 2019 por la Municipalidad de San José. Sin embargo, alega que a la fecha de presentación del amparo, el recurrido no ha brindado respuesta alguna, dejando nuevamente a los usuarios interesados en total desprotección. Finalmente, afirma que la tubería en discusión ya cumplió su ciclo de vida útil (más de 60 años) y a pesar de que la recurrida no ha efectuado las obras necesarias para solucionar la problemática ambiental, incrementó en enero de 2021 el costo en el servicio por tratamiento de aguas residuales. Tal actuación, aun y cuando los vecinos de esa Alameda no cuentan con la infraestructura adecuada para evitar que las aguas con desechos fecales se derramen fuera de las tuberías.\n\nII.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:\n\nDesde el año 2019 al 20 de abril 2021, la autoridad accionada tiene un registro de 8 labores de mantenimiento en el sistema de alcantarillado realizadas en la comunidad Amanecer en Hatillo. De los indicados trabajos, 2 fueron realizados en el año 2019, y 6 en el año 2020. En el año 2021, no hay registro de denuncias (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).\nDe la totalidad de mantenimientos realizados desde el año 2019 al año 2020, solo 3 se registran por anomalías en la red de alcantarillado sanitario, 2 en el 2019 (órdenes de servicio 35341782 y 35346849) y 1 en el 2020 (orden de servicio 38715957) (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).\nEn el año 2021 no se cuenta con registro de anomalías en el funcionamiento del servicio de alcantarillado sanitario, lo cual se le atribuye a la limpieza profunda realizada en el 2020 (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).\nNo existe ninguna documentación mediante la cual el AyA se haya comprometido a realizar la sustitución de la totalidad de la red de alcantarillado sanitario en la comunidad Amanecer en Hatillo (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).\nDe las labores de limpieza se extrajo en su gran mayoría sedimento y piedras de menor diámetro. Adicionalmente, con esta labor se determinó que la manguera que se utiliza para la limpieza podía recorrer la totalidad de la tubería, lo cual demuestra que no existían colapsos que impidieran el paso de ésta (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).\nLas labores de inspección se realizaron mediante el ingreso de una cámara de video la cual recorre el interior de la tubería a fin de determinar anomalías en el funcionamiento de la red. De esta inspección se determinó:\n\n“La red presentaba algunos daños puntuales, los cuales posteriormente fueron atendidos.\n\nEl flujo de las aguas residuales era constante, sin cambios bruscos en su tirante hidráulico que hicieran considerar la existencia de un daño mayor, que conllevara a poner en riesgo la continuidad del servicio de recolección de aguas residuales.\n\nEl concreto de la tubería, no muestra un desgaste severo (no se observa exposición del agregado grueso).\n\nNo se observaron colapsos, el flujo de las aguas es continuo a todo lo largo del trayecto.\n\nDado lo anterior, se concluyó que no era procedente destinar fondos públicos, en la sustitución de la red de alcantarillado sanitario, la cual solo requería atenciones puntuales ...” (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).\n\nMediante oficio DRyT-DSRT-2021-00164, la Dirección de Desarrollo e Investigación, entregó al recurrente un CD con la inspección con cámara de video realizada (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).\nLa Dirección de Recolección y Tratamiento, no cuenta con documentación formal enviada por la Municipalidad de San José, mediante la cual solicite al AyA, realizar una intervención en la comunidad Amanecer (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).\nLa red de alcantarillado sanitario administrada por el AyA opera con normalidad. Esta presenta un flujo constante, sin rebalses. No se detectó la presencia de malos olores (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).\n\nIII.- SOBRE EL CASO CONCRETO. Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal descarta alguna lesión de los derechos fundamentales de la parte amparada. De los informes rendidos por los representantes de las autoridades recurridas -que se tienen dados bajo juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y la prueba aportada para la resolución del asunto ha sido debidamente acreditado que, desde el año 2019 al 20 de abril 2021, la autoridad accionada tiene un registro de 8 labores de mantenimiento realizadas en la comunidad Amanecer en Hatillo. De los indicados trabajos, 2 fueron realizados en el año 2019, y 6 en el año 2020. En el año 2021, no hay registro de denuncias. Asimismo, indicaron los accionados que, de la totalidad de mantenimientos realizados, solo 3 se registran por anomalías en la red de alcantarillado sanitario, 2 en el 2019 (órdenes de servicio 35341782 y 35346849) y 1 en el 2020 (orden de servicio 38715957). En el año 2021 no se cuenta con registro de anomalías en el funcionamiento del servicio de alcantarillado sanitario, lo cual se le atribuye a la limpieza profunda realizada en el 2020. Actualmente, no existe ninguna documentación mediante la cual el AyA se haya comprometido a realizar la sustitución de la totalidad de la red de alcantarillado sanitario en la comunidad Amanecer en Hatillo. De las labores de limpieza se extrajo en su gran mayoría sedimento y piedras de menor diámetro. Adicionalmente, con esta labor se determinó que la manguera que se utiliza para la limpieza podía recorrer la totalidad de la tubería, lo cual demuestra que no existían colapsos que impidieran el paso de esta. Las labores de inspección se realizaron mediante el ingreso de una cámara de video la cual recorre el interior de la tubería a fin de determinar anomalías en el funcionamiento de la red. De esta inspección se determinó:\n\n“La red presentaba algunos daños puntuales, los cuales posteriormente fueron atendidos.\n\nEl flujo de las aguas residuales era constante, sin cambios bruscos en su tirante hidráulico que hicieran considerar la existencia de un daño mayor, que conllevara a poner en riesgo la continuidad del servicio de recolección de aguas residuales.\n\nEl concreto de la tubería, no muestra un desgaste severo (no se observa exposición del agregado grueso).\n\nNo se observaron colapsos, el flujo de las aguas es continuo a todo lo largo del trayecto.\n\nDado lo anterior, se concluyó que no era procedente destinar fondos públicos, en la sustitución de la red de alcantarillado sanitario, la cual solo requería atenciones puntuales ...”\n\nMediante oficio DRyT-DSRT-2021-00164, la Dirección de Desarrollo e Investigación, entregó al recurrente un CD con la inspección con cámara de video realizada. De igual forma, indicaron los accionados que la Dirección de Recolección y Tratamiento, no cuenta con documentación formal enviada por la Municipalidad de San José, mediante la cual solicite al AyA, realizar una intervención en la comunidad Amanecer. Finalmente, recalcaron los accionados que, la red de alcantarillado sanitario administrada por el AyA opera con normalidad. Esta presenta un flujo constante, sin rebalses y no se detectó la presencia de malos olores. De los informes rendidos por parte de las autoridades accionadas, así como, de las pruebas aportadas a los autos, no es posible constatar lo acusado por el recurrente en cuanto al estado de la red sanitaria en la comunidad de Amanecer de Hatillo. En ese sentido, se acreditó que dicha red opera con normalidad y que se han atendido todos los daños puntuales que se registraron. Asimismo, se constató que en el lugar denunciado no existen desbordamientos ni se detectó la presencia de malos olores. De igual forma, no consta que exista un proyecto o compromiso para el cambio de la red sanitaria en ese lugar, pues dicha red aun está en funcionamiento sin presentar alguna de las averías acusadas por el recurrente. En consecuencia, debe desestimarse el presente proceso de amparo en cuanto a estos hechos se refiere. Ahora bien, si el recurrente se encuentra inconforme con los criterios técnicos sobre las valoraciones realizadas a la red sanitaria de la localidad, podrá acudir ante las vías de legalidad ordinarias, administrativas o jurisdiccionales, en las cuales se deberá de resolver lo correspondiente de conformidad con la normativa infraconstitucional que rige para tales efectos. De otra parte, a la gestión planteada por el recurrente el 16 de setiembre de 2020, para que se le diera copia de los videos tomados para la inspección de las tuberías, se acreditó que fue luego de la notificación del auto de curso de este proceso de amparo que la autoridad accionada, mediante oficio DRyT-DSRT-2021-00164, le entregó un CD con el video de la inspección realizada. Por lo anterior, se debe estimar parcialmente, este proceso de amparo, de conformidad con lo indicado en el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, tal como se indica en la parte dispositiva de esta sentencia y los siguientes considerandos.\n\nIV.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Sobre la condenatoria en costas, daños y perjuicios de conformidad con el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.\n\nV.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA HERNÁNDEZ LÓPEZ, SOBRE LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DERIVADAS DE DECLARAR CON LUGAR ESTE RECURSO. Coincido con la mayoría de la Sala en la decisión tomada respecto de la existencia de una lesión a los derechos fundamentales en este caso, la cual ha sido corregida con ocasión de la intervención de la Sala; no obstante, me separo de su decisión en relación con el tema de las consecuencias económicas de dicha declaratoria.\n\nLa jurisdicción constitucional a cargo de este Tribunal en materia de amparo y hábeas corpus -la jurisdicción de la libertad como se le denomina- es especial porque su finalidad no es la del juez tradicional que dirime un conflicto entre dos partes, enfrentadas por una disputa legal. Su materia es de orden público, y su objetivo es brindar protección judicial a las personas en el ejercicio de sus derechos fundamentales de manera tal que no se perturbe su disfrute por actos de quien, de hecho o de derecho, realiza ejercicios concretos de autoridad, capaces de vulnerarlos. Esa vocación protectora de la jurisdicción constitucional se concreta en un diseño procesal también peculiar, célere y gratuito en donde se impone a la autoridad pública recurrida la simple rendición de “un informe” sobre lo actuado en el caso denunciado (artículos 43, 44, 45 y 46 de la LJC). Así que no se trata técnicamente de un litigio y acorde con ello, se entregan a la Sala Constitucional amplios poderes para orientar el curso del proceso de amparo o de hábeas corpus, tanto respecto de la posibilidad de requerir información a otras autoridades sobre lo sucedido, como respecto del manejo amplio de la prueba que pueda servir para aclarar lo sucedido. Tal marco procesal de la jurisdicción de la libertad, donde no existen dos partes antagónicas enfrentadas de modo que lo que gane una lo pierda la otra, impone alejarnos de las soluciones que para estas últimas cuestiones han sido previstos en sistemas procesales como el civil, el contencioso o el laboral.\n\nEn lo que ahora interesa, la Ley de la Jurisdicción Constitucional regula en sus artículos 46 y siguientes, tres aspectos concretos del ejercicio de la función jurisdiccional de protección de derechos fundamentales, a cargo de la Sala: a) el primer aspecto es el atinente a la declaración que debe hacerse de la existencia o inexistencia de la violación (artículos 46 y 47 LJC); b) el segundo, regula de forma cuidadosa las potestades de las que goza el Tribunal para revertir los efectos jurídicos de la infracción a los derechos fundamentales y restaurar, de la forma más efectiva, su ejercicio (artículos 49 y 50 LJC); c) el tercer aspecto, (artículo 51 LJC) dispone reglas sobre las consecuencias económicas de tales procesos de amparo y habeas corpus, de manera tal que –ante la constatación de una lesión parte de la Sala-exista una restauración del disfrute de tales derechos y, además, una efectiva indemnización de los daños y gastos ocasionados, como parte del derecho a una justicia efectiva en cuanto a la reparación de las consecuencias dañosas generadas por las autoridades que resulten infractoras, las cuales no son sólo para efectos de la tutela judicial efectiva de la parte accionante, sino también con un fin disuasorio para que el Estado, no incurra en el futuro en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50 de la ley de la Jurisdicción Constitucional.\n\nEn este último aspecto, la Ley en su artículo 51 ordena a la Sala que “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso…”. Este es el sistema general que regula los temas del ámbito indemnizatorio, para los casos que la mayoría identifica como “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerados los derechos fundamentales…”; en tales casos, dentro de los que se cuenta el que ahora se decide, la Sala ha tenido por comprobado el agravio y de allí la necesidad de una condenatoria en costas daños y perjuicios, que se apoya en el concepto antes citado de una tutela efectiva de los derechos de las personas y en la noción de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y gastos que ocasione con su actuar inconstitucional. No cambia en nada esta conclusión por el hecho de que al conocer y resolver el amparo, “hubieren cesado los efectos del acto reclamado” (artículo 50) pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria automática en costas daños y perjuicios, por entenderse que el proceso ha terminado de forma normal y se ha constatado la violación.\n\nDentro de este marco general sencillo y claro -y carente de minusvalías o vacíos- la disposición del artículo 52 de la Ley encaja perfectamente como un caso de excepción, aplicable únicamente en los casos en que la Sala no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, es decir -como lo dice la mayoría- en aquellas situaciones de “terminación anormal del proceso”. Pero las condiciones y alcances para decretar esa forma de conclusión están delimitados como suma precisión por parte del legislador; en primer lugar, los presupuestos de hecho para la aplicación de esta norma, están claramente descritos, de modo que la Sala debe comprobar: 1) que el amparo está en curso; 2) que exista una resolución administrativa o judicial (que debe entenderse en su sentido estrictamente formal); y 3) que en tal resolución se disponga incuestionablemente la revocación, la detención o la suspensión de la actuación impugnada. Se trata de conceptos sumamente acotados, cuyo ámbito de aplicación debe además ser interpretado restringidamente, no solo en atención a la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino porque las consecuencias de aplicar tal excepción generan indiscutiblemente una disminución en el derecho fundamental de las personas a lograr una efectiva tutela judicial frente a los daños recibidos con la lesión a sus derechos constitucionales. En conclusión, únicamente en tales limitados casos y luego de confirmado por el Tribunal todo lo anterior, a la luz de una lectura restrictiva de sus alcances, estaríamos ante la necesidad de dejar de lado el sistema general de condenatoria automática en costas daños y perjuicios, y ejercitar -como jueces- nuestra discreción jurídica para decidir si se ordena el pago de tales extremos o no.\n\nEn este caso, el ejercicio anterior obliga a concluir la inaplicabilidad del artículo 52 de LJC, pues, por una parte, el Tribunal se ha pronunciado sobre el fondo del asunto, ha reconocido con su declaración una lesión a derechos fundamentales y determinado quién ha sido su autor; en nada se asemeja lo anterior una “terminación anormal del proceso”. Por otra parte, tampoco se verifican los requisitos del artículo 52 recién citado, ya que no existe una “resolución administrativa o judicial” formalmente emitida y en la cual, de manera expresa se revoque, detenga o suspenda el acto que origina la violación de derechos constitucionales; Por todo ello, es procedente aplicar lo dispuesto en los artículos 50 y 51 de la LJC y disponer -como consecuencia de haberse comprobado la violación- la condenatoria en daños, perjuicios y costas causados, en calidad de consecuencias económicas del proceso.\n\nPero incluso, aún si dejásemos de lado la condena automática en daños, perjuicios y costas, despreciando los razonamientos anteriores, lo cierto es que los hechos probados de este caso han llevado a la Sala a declarar la existencia de una afectación en el ejercicio de los derechos fundamentales del amparado, que, como acción dañosa que es, lleva aparejada una presunción de surgimiento de daños y perjuicios económicos -cuya determinación concreta no le toca a la Sala-, y no se aprecia en el expediente mérito alguno que convenza para exonerar a la autoridad recurrida de cubrir la efectiva reparación de las consecuencias dañinas de sus actos, según el principio general dispuesto expresamente en la ley.\n\nVI.- VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO, ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LA NO CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA. Si bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.\n\nLa Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:\n\n“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.\n\nPor otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:\n\n“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.\n\nEsta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.\n\nEn criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.\n\nAsí, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.\n\nPor otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”.\n\nEl legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.\n\nEn mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaro.\n\nVII.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.\n\nMi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.\n\nCiertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es de carácter indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.\n\nSi el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de estos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya dictado la condenatoria en abstracto, no se han ocasionado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.\n\nCon la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido.\n\nEn razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas.\n\nVIII.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En asuntos ambientales, es también criterio del suscrito, de que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, considero que su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que la parte recurrente acusa que existe un desbordamiento de aguas negras y malos olores, de larga data, por lo que se debe cambiar la tubería de desagüe de aguas negras; sin embargo, la autoridad accionada no ha atendido la problemática de forma adecuada, con violación del derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida.\n\nIX.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a la parte recurrente que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, deberá retirarlos del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el «Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial», aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial No. 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPOR TANTO:\n\nSe declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, únicamente, en cuanto a la falta de entrega del video solicitado el 16 de septiembre de 2020. En lo demás se declara sin lugar el recurso. La Magistrada Hernández López salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas, de conformidad con los artículos 50 y 51, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. El Magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La Magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas. El Magistrado Salazar Alvarado pone nota. Notifíquese.-\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nNancy Hernández L.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\n\n\nAnamari Garro V.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nMarta Eugenia Esquivel R.\n\n\n\n\nRonald Salazar Murillo\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nIleana Sánchez N.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n FEWQFNX1IF861\n\n1\n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 09-05-2026 09:28:24.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours fifteen minutes on the thirtieth of April two thousand twenty-one.\n\nAmparo action processed under expediente number 21-007262-0007-CO filed by JONATHAN ANTONIO CHAVES SOLANO, identity card 0112180496, against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS.\n\nWHEREAS:\n\n1.- By brief received in this Chamber at 11:37 hrs. on 14 April 2021, the petitioner files an amparo action and states that, since November 2009, he acquired the property where he resides, which is located in the Amanecer community in Hatillo. He indicates that said community is characterized by strong excrement odors emanating from the sanitary pipes located on public roads, along Avenida 30, Calle 48, which cause discomfort to all neighbors and members of his household, and which represent an imminent health risk. He points out that due to the strong odors, they have had to constantly call the Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) to carry out visits and the corresponding cleaning of the pipes obstructed with sediments. He describes that, in August 2015, given so many problems and the short-term solutions (15-22 days was the time it took for the sanitary pipes to become saturated again), he requested a detailed review of the pipes, which were damaged and needed to be completely replaced. He comments that, due to the described problem, amparo action No. 2015-014980-0007-CO was filed, which was resolved by judgment No. 2015017406 at 10:10 hours on 06 November 2015. He mentions that, on that occasion, the respondent authority committed to changing all the pipes in the community (see attached plan as evidence), since they are over 60 years old and are collapsed. He alleges that notwithstanding what was resolved, as of the day he files this new action, the respondent authority has not proceeded, in accordance with its responsibility and competence, to complete the works it began in 2015. Such omission and delay, despite the fact that on repeated occasions during all these years (from 2015 to 2021), multiple requests for intervention have been made for the cleaning and replacement of the pipes. He insists that the replacement of the damaged sanitary pipe is the only way to solve and completely eliminate the terrible odors that have existed for so many years due to negligence and lack of compliance by ICAA. He asserts that currently the pipe is obstructed by the accumulation of fecal sediments and others (stones and earth from the washed terrain that seeps through the holes in the upper walls of the pipe). He maintains that, as a result of the problems generated by the sanitary pipes, the lands have collapsed, destroying the gutters (caños) and sidewalks (aceras). He adds that in 2016, through collaboration between the Municipalidad de San José and the neighbors, a cooperative plan was created to change the sidewalks (aceras), build the curb (cordón de caño), and replace the inspection chambers (cajas de registro) for black water, since they were also damaged. Despite this, officials from the Municipalidad de San José indicated that they could not continue the work because ICAA never fulfilled what was agreed upon for the replacement of the sanitary pipe on the pedestrian walkway (alameda), which is completely damaged. He details that given the lack of a solution to the described problems (bad odors, health effects, AyA's non-compliance, and the impossibility of carrying out improvements on the pedestrian walkway [alameda]), in May 2020, he proceeded to request ICAA for the continuation and completion of the works pending since 2015. He alludes that said request was forwarded by the executive president on 23 June 2020 to the director of Recolección y Tratamiento GAM of AyA and to Eng. William Lehninger Sancho to address the case. However, by official communication DRyT-OMSR-2020-00384 dated 03 July 2020, sent on 07 July 2020 by Eng. Leininger Sancho, it was indicated that according to the inspection carried out, there is no damage to the sanitary sewer network and that it functions normally, and that follow-up will be given to see if it is a candidate for replacement for the year 2021. Regarding this matter, he declares that by official communication AMANECER-007-2020 of 07 July 2020, he indicated that he did not agree with the engineer's criterion, since the review was superficial, without excavating or lifting the covers to corroborate that the pipes are completely destroyed in several segments. Furthermore, the same engineer who made the inspection was the one who committed in 2015 to carrying out the replacement of the pipes in dispute. Finally, he requested the immediate solution to the problem. He argues that later, on 05 August 2020, he sent an email to ask for the date on which the requested review would be carried out. He asserts that on 12 August 2020, the team of AyA officials came to the community with a special camera that is inserted into the pipes; however, they could not carry out the review due to the large amount of sediments that were obstructing the pipes. Subsequently, on 02 September, AyA officials coordinated a new review of the pipes using the probe camera, in which the large amount of sediments—stone, earth, and pieces of pipe—could be observed. He complains that despite what occurred, the engineer, through official communication DRyT-OMSR-2020-00537, asserted that the pipe was in good condition according to the video from the AyA camera. Faced with such an assertion, he sent official communication No. JCHS-2020-017 on 16 September 2020, in which he discredited the inspection and requested the complete video recording of the condition of the sanitary pipe. However, he accuses that the respondent did not provide him with any response or the video he requested over 05 months ago. On the other hand, he highlights that since 31 August 2020, the officials from the Sección de Mejoramiento de Barrios of the Municipalidad de San José, Melvin Díaz Gómez and Yamilet Arias, sent an email to the head of Aguas Residuales GAM to proceed with the replacement of the sanitary water pipe in the Amanecer community. This was in follow-up to the request made to AyA since 2019 by the Municipalidad de San José. However, he alleges that as of the filing date of the amparo action, the respondent has not provided any response, leaving the interested users once again completely unprotected. Finally, he affirms that the pipe in dispute has already completed its useful life cycle (more than 60 years) and despite the fact that the respondent has not carried out the necessary works to solve the environmental problem, in January 2021 it increased the cost of the service for wastewater treatment (tratamiento de aguas residuales). Such action, even though the neighbors of that pedestrian walkway (Alameda) do not have the adequate infrastructure to prevent water with fecal waste from spilling outside the pipes.\n\n2.- By order issued at 18:28 hrs. on 15 April 2021, this action was processed and the respondent authorities were notified on 19 April 2021.\n\n3.- By brief filed on 21 April 2021, the petitioner submits a brief in which he reiterates the arguments set forth in the initial filing and points out that a video of the inspection carried out at the reported location was delivered to him.\n\n4.- By brief filed on 23 April 2021, TOMÁS FRANCISCO MARTÍNEZ BALDARES, in his capacity as Executive President, WILLIAM LEININGER SANCHO, in his capacity as Director General Sistemas de Agua Recolección y Tratamiento, and MANUEL ELÍAS LÓPEZ FONSECA, in his capacity as Director Experto Sistemas de Agua Recolección y Tratamiento, all of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, report under oath that: “(…) That in the period from 2019 to 20 April 2021, there is a record of 8 maintenance tasks carried out. Of these tasks, 2 were performed in 2019, and 6 in 2020. There is no record for the year 2021. That of the total maintenance performed, only 3 are recorded for anomalies in the sanitary sewer network, 2 in 2019 (service orders 35341782 and 35346849) and 1 in 2020 (service order 38715957). That in 2021 there is no record of anomalies in the operation of the sanitary sewer service, which is attributed to the deep cleaning carried out in 2020 (service order 38715957) ... \"\n\nIt is appropriate to clarify that:\n\nWhen visits have been made to the site to carry out inspections or maintenance tasks, no fecal matter odor has been perceived.\n\nAccording to the records that AyA has in its commercial system, the number of complaints filed in this place is very few, 2 in 2019, 1 in 2020, and 0 for the months of January to 20 April 2021. Given the above, this site is not considered a point of constant obstructions.\n\nThere is no documentation through which AyA has committed to carrying out the replacement of the entire sanitary sewer network in this place; Mr. Chaves was verbally asked at the time to provide that documentation, however, to date he has not done so.\n\nIn the months of August and September 2020, personnel from the Dirección de Recolección y Tratamiento carried out a series of deep cleaning and inspection tasks on the pipe along Avenida 30.\n\nFrom the cleaning tasks, the vast majority of what was extracted was sediment and small-diameter stones. Additionally, through this task it was determined that the hose used for cleaning could traverse the entire length of the pipe, which demonstrates that there were no collapses preventing its passage.\n\n• The inspection tasks were carried out by inserting a video camera that travels through the inside of the pipe in order to determine anomalies in the network's operation. From this inspection, it was determined:\n\nThe network presented some specific damages, which were subsequently addressed.\n\n• The flow of the wastewater (aguas residuales) was constant, without abrupt changes in its hydraulic depth (tirante hidráulico) that would suggest the existence of major damage potentially jeopardizing the continuity of the wastewater collection (recolección de aguas residuales) service.\n\n• The concrete of the pipe does not show severe wear (no exposure of the coarse aggregate [agregado grueso] is observed).\n\n• No collapses were observed; the flow of the waters is continuous along the entire length of the path.\n\nGiven the above, it was concluded that it was not appropriate to allocate public funds to the replacement of the sanitary sewer network, which only required specific attention ... \"\n\nRegarding the Amparo action cited as Exp: 15-014980-0007-CO, it must be indicated that this expediente obtained resolution Nº 2015017406 at ten hours ten minutes on six November two thousand fifteen, in which the actor here alleged: \" ... The petitioner states that on 4 September 2015, he reported a situation regarding the replacement of the alcarraza pipe on his property, and that for over a month he has not received a response to his request or report, and he has tried to communicate with the respondents via email, which has been impossible ... \".\n\nIn this regard, the Chamber determined that:\n\n\" ... it finds that the petitioner is not correct in his allegation since it is evident from the report rendered by the respondent authority under oath that, on 4 September of the current year, Service Order No. 27541530 was generated at the AyA agency located in plaza América -Rotonda de Alajuelita-, to unblock a sanitary sewer connection (acometida de alcantarillado sanitario) in the petitioner's name, so that on 5 September, the personnel of this Institute arrived on site and carried out tasks to unblock the access, tasks which were performed prior to the filing of this action -07 October 2015-, moreover, it is proven that on 14 October 2015, a visit was made to the site where the petitioner's property was located, finding that the sanitary sewer network operates normally; soapy water was also observed discharging into the storm drain (caño pluvial), including a discharge from the petitioner's house, likewise regarding this situation found, the respondent authority indicated that in the place indicated by the petitioner, there is a sanitary sewer network in operation, so the soapy water must be interconnected to the sanitary sewer system to prevent wastewater (aguas residuales) from running along the curb (cordón de caño), when only rainwater should run there; the bad odors that the petitioner refers to and which were also perceived at the time of the inspection on 14 October 2015, originate from the storm drains (caños pluviales) and not from the sanitary sewer network ... \"\n\nSECOND: There is no technical evidence to demonstrate that the conditions of the sidewalks (aceras) and gutters (caños) are attributable to the operation of the sanitary sewer network. Furthermore, in a visit carried out on 20 April of the current year, the sidewalks (aceras) and gutters (caños) at the site were observed, finding that they are not collapsed; they present deterioration that may be attributable to their longevity.\n\nTHIRD: When visits have been made to the site to carry out inspections or maintenance tasks, no fecal matter odor has been perceived. What was indicated is reiterated: \" .. There is no technical evidence to demonstrate that the conditions of the sidewalks (aceras) and gutters (caños) are attributable to the operation of the sanitary sewer network. Furthermore, in a visit carried out on 20 April of the current year, the sidewalks (aceras) and gutters (caños) at the site were observed, finding that they are not collapsed; they present deterioration that may be attributable to their longevity ..... As already mentioned, the Dirección de Mantenimiento de Colectores y Subcolectores proceeded to assess the information gathered from the video camera inspection, as well as the maintenance tasks, concluding that it was not necessary to replace the entire pipeline. Only specific repairs were needed ... \"\n\n\" .. There is no documentation through which AyA has committed to carrying out the replacement of the entire sanitary sewer network in this place; Mr. Chaves was verbally asked at the time to provide that documentation, however, to date he has not done so.\"\n\nFOURTH: Regarding the request for information on the delivery of the video, it is clarified that through memorandum DRyT-DSRT-2021-00164, the Dirección de Desarrollo e Investigación proceeded to deliver the CD containing the video camera inspection performed.\n\nThe conclusions derived from the video camera inspection in 2020, cited in the first fact, are reiterated:\n\n\" .. In the months of August and September 2020, personnel from the Dirección de Recolección y Tratamiento carried out a series of deep cleaning and inspection tasks on the pipe along Avenida 30.\n\nFrom the cleaning tasks, the vast majority of what was extracted was sediment and small-diameter stones. Additionally, through this task it was determined that the hose used for cleaning could traverse the entire length of the pipe, which demonstrates that there were no collapses preventing its passage.\n\n• The inspection tasks were carried out by inserting a video camera that travels through the inside of the pipe in order to determine anomalies in the network's operation. From this inspection, it was determined:\n\nThe network presented some specific damages, which were subsequently addressed.\n\n• The flow of the wastewater (aguas residuales) was constant, without abrupt changes in its hydraulic depth (tirante hidráulico) that would suggest the existence of major damage potentially jeopardizing the continuity of the wastewater collection (recolección de aguas residuales) service.\n\n• The concrete of the pipe does not show severe wear (no exposure of the coarse aggregate [agregado grueso] is observed).\n\n• No collapses were observed; the flow of the waters is continuous along the entire length of the path.\n\nGiven the above, it was concluded that it was not appropriate to allocate public funds to the replacement of the sanitary sewer network, which only required specific attention ... \"\n\nThe Dirección de Recolección y Tratamiento does not have any formal documentation sent by the Municipalidad de San José requesting AyA to carry out an intervention in the Amanecer community.\n\nBackground Considerations\n\nOn 20 April of this year, a new inspection was carried out at the site, in which the following could be observed:\n\nThe sanitary sewer network managed by AyA operates normally. It presents a constant flow, without overflows. No presence of bad odors was detected.\n\nThe condition of the sidewalks (aceras) and gutters (caños) shows normal wear, and no evidence was detected to demonstrate that their condition was caused by the operation of the sanitary sewer network; on this matter, it should be pointed out that the entity competent to provide maintenance to the gutters (caños) and sidewalks (aceras) is the Municipalidad, in this case, San José.\n\nThe inspection chambers with siphon (cajas de registro con sifón) are deteriorated and do not comply with current AyA regulations. This condition may cause odor problems inside the dwellings.\n\n(…)\n\nIn accordance with the above, it is concluded that the requirements requested by the Amanecer community have been addressed in a timely and diligent manner every time the neighbors have requested it, such that the Institution has been responsible in this regard with the maintenance of the sanitary system when it has been required.\n\nLikewise, and for greater certainty in addressing some requests from that community, a deep inspection of the pipe was carried out using the camera inspection system (CCTV), and it is not evident that the pipe is affected to such an extent that its immediate replacement is required, since, despite its age, it continues to fulfill the purpose for which it was built, namely, to collect the wastewater (aguas residuales) from the dwellings ... \"\n\nOn the other hand, it is necessary to point out that it must be recognized that there was an omission in sending the camera inspection video to the petitioner; however, a copy was sent to him today in order to rectify the involuntary error that was incurred.\n\nFinally, an analysis of the hydraulic capacity of this sanitary network and its functionality will continue to be carried out, in order to assess, in the medium term, the possibility of replacing this section of pipe, the above according to the planning of works and the prioritization of financial resources of AyA for pipe replacement projects in different sectors of the metropolitan area of San José.” It requests that the action be dismissed.\n\n5.- In the processing of this proceeding, the prescriptions of law have been observed.\n\nDrafted by Judge Sánchez Navarro; and,\n\nConsidering:\n\nI.- PURPOSE OF THE ACTION. The petitioner files an amparo action and states that, since November 2009, he acquired the property where he resides, which is located in the Amanecer community in Hatillo. He indicates that said community is characterized by strong excrement odors emanating from the sanitary pipes located on public roads, along Avenida 30, Calle 48, which cause discomfort to all neighbors and members of his household, and which represent an imminent health risk. He points out that due to the strong odors, they have had to constantly call the Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) to carry out visits and the corresponding cleaning of the pipes obstructed with sediments. He describes that, in August 2015, given so many problems and the short-term solutions (15-22 days was the time it took for the sanitary pipes to become saturated again), he requested a detailed review of the pipes, which were damaged and needed to be completely replaced. He comments that, due to the described problem, amparo action No. 2015-014980-0007-CO was filed, which was resolved by judgment No. 2015017406 at 10:10 hours on 06 November 2015. He mentions that, on that occasion, the respondent authority committed to changing all the pipes in the community (see attached plan as evidence), since they are over 60 years old and are collapsed. He alleges that notwithstanding what was resolved, as of the day he files this new action, the respondent authority has not proceeded, in accordance with its responsibility and competence, to complete the works it began in 2015. Such omission and delay, despite the fact that on repeated occasions during all these years (from 2015 to 2021), multiple requests for intervention have been made for the cleaning and replacement of the pipes. He insists that the replacement of the damaged sanitary pipe is the only way to solve and completely eliminate the terrible odors that have existed for so many years due to negligence and lack of compliance by ICAA. He asserts that currently the pipe is obstructed by the accumulation of fecal sediments and others (stones and earth from the washed terrain that seeps through the holes in the upper walls of the pipe). He maintains that, as a result of the problems generated by the sanitary pipes, the lands have collapsed, destroying the gutters (caños) and sidewalks (aceras). He adds that in 2016, through collaboration between the Municipalidad de San José and the neighbors, a cooperative plan was created to change the sidewalks (aceras), build the curb (cordón de caño), and replace the inspection chambers (cajas de registro) for black water, since they were also damaged. Despite this, officials from the Municipalidad de San José indicated that they could not continue the work because ICAA never fulfilled what was agreed upon for the replacement of the sanitary pipe on the pedestrian walkway (alameda), which is completely damaged. He details that given the lack of a solution to the described problems (bad odors, health effects, AyA's non-compliance, and the impossibility of carrying out improvements on the pedestrian walkway [alameda]), in May 2020, he proceeded to request ICAA for the continuation and completion of the works pending since 2015. He alludes that said request was forwarded by the executive president on 23 June 2020 to the director of Recolección y Tratamiento GAM of AyA and to Eng. William Lehninger Sancho to address the case. However, by official communication DRyT-OMSR-2020-00384 dated 03 July 2020, sent on 07 July 2020 by Eng. Leininger Sancho, it was indicated that according to the inspection carried out, there is no damage to the sanitary sewer network and that it functions normally, and that follow-up will be given to see if it is a candidate for replacement for the year 2021. Regarding this matter, he declares that by official communication AMANECER-007-2020 of 07 July 2020, he indicated that he did not agree with the engineer's criterion, since the review was superficial, without excavating or lifting the covers to corroborate that the pipes are completely destroyed in several segments. Furthermore, the same engineer who made the inspection was the one who committed in 2015 to carrying out the replacement of the pipes in dispute. Finally, he requested the immediate solution to the problem. He argues that later, on 05 August 2020, he sent an email to ask for the date on which the requested review would be carried out. He asserts that on 12 August 2020, the team of AyA officials came to the community with a special camera that is inserted into the pipes; however, they could not carry out the review due to the large amount of sediments that were obstructing the pipes. Subsequently, on 02 September, AyA officials coordinated a new review of the pipes using the probe camera, in which the large amount of sediments—stone, earth, and pieces of pipe—could be observed. He complains that despite what occurred, the engineer, through official communication DRyT-OMSR-2020-00537, asserted that the pipe was in good condition according to the video from the AyA camera. Faced with such an assertion, he sent official communication No. JCHS-2020-017 on 16 September 2020, in which he discredited the inspection and requested the complete video recording of the condition of the sanitary pipe. However, he accuses that the respondent did not provide him with any response or the video he requested over 05 months ago. On the other hand, he highlights that since 31 August 2020, the officials from the Sección de Mejoramiento de Barrios of the Municipalidad de San José, Melvin Díaz Gómez and Yamilet Arias, sent an email to the head of Aguas Residuales GAM to proceed with the replacement of the sanitary water pipe in the Amanecer community. This was in follow-up to the request made to AyA since 2019 by the Municipalidad de San José. However, he alleges that as of the filing date of the amparo action, the respondent has not provided any response, leaving the interested users once again completely unprotected. Finally, he affirms that the pipe in dispute has already completed its useful life cycle (more than 60 years) and despite the fact that the respondent has not carried out the necessary works to solve the environmental problem, in January 2021 it increased the cost of the service for wastewater treatment (tratamiento de aguas residuales). Such action, even though the neighbors of that pedestrian walkway (Alameda) do not have the adequate infrastructure to prevent water with fecal waste from spilling outside the pipes.\n\nII.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been proven as such or because the respondent authority has omitted to refer to them, according to that provided in the initial order:\n\nFrom the year 2019 to 20 April 2021, the respondent authority has a record of 8 maintenance tasks performed on the sewer system in the Amanecer community in Hatillo. Of the indicated tasks, 2 were performed in the year 2019, and 6 in the year 2020. In the year 2021, there is no record of complaints (see report rendered by the respondent authorities).\nOf the total maintenance performed from the year 2019 to the year 2020, only 3 are recorded for anomalies in the sanitary sewer network, 2 in 2019 (service orders 35341782 and 35346849) and 1 in 2020 (service order 38715957) (see report rendered by the respondent authorities).\nIn the year 2021, there is no record of anomalies in the operation of the sanitary sewer service, which is attributed to the deep cleaning carried out in 2020 (see report rendered by the respondent authorities).\nThere is no documentation through which AyA has committed to carrying out the replacement of the entire sanitary sewer network in the Amanecer community in Hatillo (see report rendered by the respondent authorities).\nFrom the cleaning tasks, the vast majority of what was extracted was sediment and small-diameter stones. Additionally, through this task it was determined that the hose used for cleaning could traverse the entire length of the pipe, which demonstrates that there were no collapses preventing its passage (see report rendered by the respondent authorities).\nThe inspection tasks were carried out by inserting a video camera that travels through the inside of the pipe in order to determine anomalies in the network's operation.\n\nFrom this inspection, it was determined:\n\n“The network presented some specific damages, which were subsequently addressed.\n\nThe flow of the wastewater was constant, without sudden changes in its hydraulic depth (tirante hidráulico) that would suggest the existence of major damage, which would put the continuity of the wastewater collection service at risk.\n\nThe concrete of the piping does not show severe wear (no exposure of the coarse aggregate is observed).\n\nNo collapses were observed; the flow of the waters is continuous along the entire length of the route.\n\nGiven the foregoing, it was concluded that it was not appropriate to allocate public funds to the replacement of the sanitary sewer network, which only required specific attention…” (see report rendered by the respondent authorities).\n\nThrough official letter DRyT-DSRT-2021-00164, the Directorate of Development and Research delivered to the claimant a CD with the video camera inspection performed (see report rendered by the respondent authorities).\nThe Directorate of Collection and Treatment does not have formal documentation sent by the Municipalidad de San José, through which it requests AyA to carry out an intervention in the Amanecer community (see report rendered by the respondent authorities).\nThe sanitary sewer network administered by AyA operates normally. It presents a constant flow, without overflows. The presence of foul odors was not detected (see report rendered by the respondent authorities).\n\nIII.- ON THE SPECIFIC CASE. After analyzing the evidentiary elements provided, this Court dismisses any violation of the fundamental rights of the protected party. From the reports rendered by the representatives of the respondent authorities—which are given under oath with the consequences, including criminal ones, provided for in Article 44 of the Law that governs this Jurisdiction—and the evidence provided for the resolution of the matter, it has been duly accredited that, from the year 2019 to April 20, 2021, the respondent authority has a record of 8 maintenance tasks carried out in the Amanecer community in Hatillo. Of the indicated works, 2 were carried out in 2019, and 6 in 2020. In the year 2021, there is no record of complaints. Likewise, the respondents indicated that, of the totality of maintenance carried out, only 3 were recorded for anomalies in the sanitary sewer network, 2 in 2019 (service orders 35341782 and 35346849) and 1 in 2020 (service order 38715957). In the year 2021, there is no record of anomalies in the functioning of the sanitary sewer service, which is attributed to the deep cleaning carried out in 2020. Currently, there is no documentation through which AyA committed to carrying out the replacement of the entirety of the sanitary sewer network in the Amanecer community in Hatillo. From the cleaning tasks, mostly sediment and smaller-diameter stones were extracted. Additionally, with this task, it was determined that the hose used for cleaning could traverse the entirety of the piping, which demonstrates that there were no collapses preventing its passage. The inspection tasks were carried out by inserting a video camera that travels through the interior of the piping to determine anomalies in the network's functioning. From this inspection, it was determined:\n\n“The network presented some specific damages, which were subsequently addressed.\n\nThe flow of the wastewater was constant, without sudden changes in its hydraulic depth (tirante hidráulico) that would suggest the existence of major damage, which would put the continuity of the wastewater collection service at risk.\n\nThe concrete of the piping does not show severe wear (no exposure of the coarse aggregate is observed).\n\nNo collapses were observed; the flow of the waters is continuous along the entire length of the route.\n\nGiven the foregoing, it was concluded that it was not appropriate to allocate public funds to the replacement of the sanitary sewer network, which only required specific attention…”\n\nThrough official letter DRyT-DSRT-2021-00164, the Directorate of Development and Research delivered to the claimant a CD with the video camera inspection performed. Similarly, the respondents indicated that the Directorate of Collection and Treatment does not have formal documentation sent by the Municipalidad de San José, through which it requests AyA to carry out an intervention in the Amanecer community. Finally, the respondents emphasized that the sanitary sewer network administered by AyA operates normally. It presents a constant flow, without overflows, and the presence of foul odors was not detected. From the reports rendered by the respondent authorities, as well as the evidence provided to the case file, it is not possible to verify what was alleged by the claimant regarding the state of the sanitary network in the Amanecer de Hatillo community. In that sense, it was accredited that said network operates normally and that all specific damages that were recorded have been addressed. Likewise, it was verified that in the denounced location, there are no overflows and the presence of foul odors was not detected. Similarly, there is no record of a project or commitment to change the sanitary network in that location, as said network is still functioning without presenting any of the breakdowns alleged by the claimant. Consequently, this amparo proceeding must be dismissed with respect to these facts. Now, if the claimant disagrees with the technical criteria regarding the assessments made of the locality's sanitary network, they may resort to ordinary legality channels, whether administrative or jurisdictional, in which the matter must be resolved in accordance with the infra-constitutional regulations governing such effects. On the other hand, regarding the request filed by the claimant on September 16, 2020, to receive a copy of the videos taken for the inspection of the pipes, it was accredited that it was after the notification of the order granting leave to proceed in this amparo proceeding that the respondent authority, through official letter DRyT-DSRT-2021-00164, delivered to them a CD with the video of the inspection performed. For the foregoing, this amparo proceeding must be partially granted, in accordance with what is indicated in Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, without special award of costs, damages, and losses, as indicated in the operative part of this judgment and the following considerandos.\n\nIV.- ON THE AWARD OF COSTS, DAMAGES, AND LOSSES IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 52 OF THE LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. On the award of costs, damages, and losses in accordance with Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional. Under a better weighing, the majority of the Chamber considers that, in the case under review, in accordance with the provisions of paragraph 1 of Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (“If, while the amparo is underway, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the remedy shall be granted solely for purposes of indemnification and costs, if applicable”), the granting must be without a special award of costs, damages, and losses, based on the following considerations. While there is an express text in the law requiring that the operative part of the ruling state that the remedy is granted, when during the course of the amparo the grievance is resolved, it is no less true that the same paragraph in fine states that the granting is ordered “solely for purposes of indemnification and costs, if applicable.” It is emphasized that the Law states “if applicable,” which means that the applicability or non-applicability of the indemnification and costs depends on an assessment, appreciation, or weighing by the Court. In cases such as this one, the content of the claim by the amparo-protected person and the respondent authority's conduct in acknowledging it suggest that the alleged impairments, injuries, or alterations are not directly related to a repercussion on a constitutional right of an evidently patrimonial nature (as would occur, for example, with an impact on the right to a salary). To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provisions of Article 51 of the same Ley de la Jurisdicción Constitucional, when it states that: “any resolution that upholds the remedy shall award, in the abstract, indemnification for the damages and losses caused and the payment of the costs of the remedy, reserving their liquidation for the execution of the judgment,” where the possibility of assessing whether or not the indemnification and costs are applicable is not foreseen. The principles of Constitutional Law, those of General Public and Procedural Law or, where appropriate, those of International or Community Law, and furthermore, in order, the Ley General de la Administración Pública and the Código Procesal Contencioso Administrativo and other procedural codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the norms of the Ley de la Jurisdicción Constitucional—cf. Article 14—. For the contentious-administrative jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in Article 197 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, which responds to the procedural logic in any matter. In any case, the affected party in the sub lite preserves the possibility of resorting, if they see fit, to a plenary proceeding to demonstrate that they have suffered some type of impairment. Based on the foregoing, it is the majority's criterion to resolve this remedy without an award of costs, damages, and losses.\n\nV.- DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE HERNÁNDEZ LÓPEZ, ON THE ECONOMIC CONSEQUENCES DERIVED FROM GRANTING THIS REMEDY. I agree with the majority of the Chamber in the decision taken regarding the existence of an injury to fundamental rights in this case, which has been corrected on the occasion of the Chamber's intervention; however, I separate myself from their decision regarding the matter of the economic consequences of said declaration.\n\nThe constitutional jurisdiction entrusted to this Court in amparo and habeas corpus matters—the jurisdiction of liberty, as it is called—is special because its purpose is not that of the traditional judge who resolves a conflict between two parties, opposed by a legal dispute. Its subject matter is of public order, and its objective is to provide judicial protection to persons in the exercise of their fundamental rights so that their enjoyment is not disturbed by acts of those who, de facto or de jure, carry out specific exercises of authority capable of violating them. This protective vocation of the constitutional jurisdiction is materialized in a procedural design that is also peculiar, expeditious, and free of charge, wherein the respondent public authority is required to simply render “a report” on the actions taken in the denounced case (Articles 43, 44, 45, and 46 of the LJC). Thus, it is not technically litigation, and accordingly, the Constitutional Chamber is granted broad powers to guide the course of the amparo or habeas corpus proceeding, both regarding the possibility of requesting information from other authorities on what occurred, and regarding the broad management of evidence that may serve to clarify what happened. Such procedural framework of the jurisdiction of liberty, where there are no two antagonistic parties opposed such that what one gains the other loses, requires us to move away from the solutions that have been envisioned for these latter issues in procedural systems such as civil, contentious, or labor law.\n\nIn what is now of interest, the Ley de la Jurisdicción Constitucional regulates, in its Articles 46 and following, three specific aspects of the exercise of the jurisdictional function of protecting fundamental rights, under the Chamber's charge: a) the first aspect concerns the declaration that must be made of the existence or non-existence of the violation (Articles 46 and 47 LJC); b) the second carefully regulates the powers that the Court possesses to reverse the legal effects of the infringement of fundamental rights and restore, in the most effective manner, their exercise (Articles 49 and 50 LJC); c) the third aspect (Article 51 LJC) establishes rules on the economic consequences of such amparo and habeas corpus proceedings, in such a way that—upon the verification of a lesion by the Chamber—there is a restoration of the enjoyment of such rights and, in addition, effective indemnification of the damages and expenses caused, as part of the right to effective justice regarding the reparation of the harmful consequences generated by the infringing authorities, consequences that are not only for the purposes of effective judicial protection for the claimant, but also serve a deterrent purpose so that the State does not incur in the future the actions that gave rise to the granting of the remedy, a subject regulated in Article 50 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional.\n\nIn this last aspect, the Law, in its Article 51, orders the Chamber that “any resolution that upholds the remedy shall award, in the abstract, indemnification for the damages and losses caused and the payment of the costs of the remedy…”. This is the general system that regulates matters in the indemnification sphere, for cases that the majority identifies as the “natural or normal form of termination of the proceeding, where there is a ruling on the merits of the matter and acknowledgment of the facts that have violated fundamental rights…”; in such cases, among which the one now being decided is included, the Chamber has verified the grievance, and hence the need for an award of costs, damages, and losses, supported by the aforementioned concept of effective protection of the rights of persons and by the notion that the Administration must take responsibility for the damages and expenses caused by its unconstitutional conduct. This conclusion is in no way altered by the fact that, upon hearing and resolving the amparo, “the effects of the challenged act have ceased” (Article 50), as such a case forms an integral part of the general system of automatic award of costs, damages, and losses, given that the proceeding has ended normally and the violation has been verified.\n\nWithin this simple and clear general framework—devoid of deficiencies or gaps—the provision of Article 52 of the Law fits perfectly as an exceptional case, applicable only in cases where the Chamber has not heard, nor has it ruled on, the merits of the claim, that is—as the majority states—in those situations of “abnormal termination of the proceeding.” But the conditions and scope for decreeing that form of conclusion are delimited with utmost precision by the legislator; first, the factual prerequisites for the application of this norm are clearly described, so that the Chamber must verify: 1) that the amparo is underway; 2) that an administrative or judicial resolution exists (which must be understood in its strictly formal sense); and 3) that such resolution undeniably orders the revocation, stoppage, or suspension of the challenged action. These are highly circumscribed concepts, whose scope of application must moreover be interpreted restrictively, not only in view of the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but because the consequences of applying such exception undeniably generate a diminution in the fundamental right of persons to achieve effective judicial protection against the damages suffered due to the lesion to their constitutional rights. In conclusion, only in such limited cases and after the Court has confirmed all of the above, in light of a restrictive reading of its scope, would we be faced with the need to set aside the general system of automatic award of costs, damages, and losses, and exercise—as judges—our legal discretion to decide whether or not to order payment of such items.\n\nIn this case, the foregoing exercise obliges concluding the inapplicability of Article 52 of the LJC, because, on the one hand, the Court has ruled on the merits of the matter, has recognized with its declaration an injury to fundamental rights, and determined who its author was; in no way does this resemble an “abnormal termination of the proceeding.” On the other hand, the requirements of Article 52 just cited are not met either, since there is no formally issued “administrative or judicial resolution” in which the act originating the violation of constitutional rights is expressly revoked, stopped, or suspended. For all these reasons, it is appropriate to apply the provisions of Articles 50 and 51 of the LJC and order—as a consequence of the violation having been verified—the award of damages, losses, and costs caused, as the economic consequences of the proceeding.\n\nBut even if we were to set aside the automatic award of damages, losses, and costs, disregarding the preceding reasoning, the proven facts of this case have led the Chamber to declare the existence of an impact on the exercise of the amparo-protected party's fundamental rights, an impact that, being a harmful action, carries with it a presumption of the emergence of economic damages and losses—whose concrete determination is not for the Chamber to make—, and no merit whatsoever is evident in the case file that convincingly exonerates the respondent authority from covering the effective reparation of the harmful consequences of its acts, according to the general principle expressly provided in the law.\n\nVI.- PARTIAL DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO, ONLY IN RELATION TO THE NON-AWARD OF COSTS, DAMAGES, AND LOSSES AGAINST THE RESPONDENT PARTY. While I agree with the rest of the Chamber in granting the remedy, I separate myself from the majority criterion insofar as it exempts the respondent party from being ordered to pay the costs, damages, and losses arising from the lesion caused to the fundamental rights of the protected party.\n\nThe Ley de la Jurisdicción Constitucional, in Article 52, provides that:\n\n“If, while the amparo is underway, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the remedy shall be granted solely for purposes of indemnification and costs, if applicable.”\n\nOn the other hand, in Article 51 of the same law, it is established that:\n\n“...any resolution that upholds the remedy shall award, in the abstract, indemnification for the damages and losses caused and the payment of the costs of the remedy, reserving their liquidation for the execution of the judgment.”\n\nThis last norm establishes the general system that regulates matters relating to indemnification and the payment of costs, and what the majority calls the “natural or normal form of termination of the proceeding, where there is a ruling on the merits of the matter and acknowledgment of the facts that have violated fundamental rights…”.\n\nIn the majority's criterion, Article 51, cited, regulates the scenarios in which the Chamber has verified the grievance; and, as a consequence, the need for an award of costs, damages, and losses arises. However, in the opinion of the undersigned, from a systematic interpretation of both norms, it is concluded that, both in cases where this Constitutional Court verifies a lesion to some fundamental right and, therefore, grants the remedy, and in those where the Administration, by its own decision, restores the aggrieved person to the enjoyment of their fundamental rights, once it becomes aware of the amparo—a scenario contemplated in Article 52, referred to—, by imperative of Articles 50 and 51 of the cited law, the necessary and unavoidable consequence is the ordering of the infringer to pay indemnification for the damages and losses caused and the costs of the remedy. This rule is nothing more than the recognition, to the party that has suffered a violation of their fundamental rights, of the right to effective judicial protection regarding the reparation of the harmful consequences arising from the actions or omissions of the infringing authorities; and, as a deterrent measure, so that the State does not re-incur the actions that gave rise to the granting of the remedy, a subject regulated in Article 50 of the law governing this jurisdiction. So, whether the Chamber has verified the grievance and has entered to hear the merits of the matter, or whether the violation has ceased by decision of the respondent authority itself, once it became aware of the processing of the amparo, with restoration of the enjoyment of fundamental rights in favor of the aggrieved party (Article 52), always, in any of these scenarios, the imperative need arises for an award of costs, damages, and losses against the infringer, whose foundation lies in the principles of protection of the rights of persons and in that the Administration must take responsibility for the damages and losses caused by its unconstitutional conduct.\n\nThus, the fact that, at the time the amparo is heard and resolved with its granting, the effects of the challenged act have already ceased, in the terms of the provisions of Articles 50 and 52 of the cited law, does not eliminate the applicability of the award of costs, damages, and losses, as such a case forms an integral part of the general system of necessary award in those items contained in the Ley de la Jurisdicción Constitucional.\n\nOn the other hand, it is clear that Article 52, mentioned, applies only in cases where the Chamber, even when it has not heard or ruled on the merits of the claim, has verified the violation of their fundamental rights suffered by the protected party, by virtue of the restoration in the enjoyment of those rights that the Administration has agreed to in their favor; a situation that, as the majority of the Chamber affirms, implies an “abnormal termination of the proceeding.”\n\nThe legislator established and delimited, precisely, the conditions under which this Chamber may decree that form of abnormal conclusion of the amparo proceeding, as well as its scope, namely: 1) that the amparo is underway, that is, that the Administration has been duly notified of the resolution granting leave to proceed with the amparo; and, 2) that there exists an administrative or judicial resolution that undeniably orders the revocation, stoppage, or suspension of the challenged action violating fundamental rights. Certainly, the norm in question contemplates an exception to the general system of award of costs, damages, and losses, notwithstanding the granting of the remedy, by providing that, in the cases regulated therein, the remedy shall be granted “solely for purposes of indemnification and costs, if applicable.” As it is an exception, it must be interpreted restrictively; that is, it only proceeds in the scenarios strictly contemplated in the norm, not only because of the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but also because the consequences of applying such exception imply, without a doubt, an impairment of the fundamental right of persons to obtain effective judicial protection against the damages and losses suffered with the lesion to their constitutional rights.\n\nIn my criterion, such an exception must be interpreted in the sense that, in accordance with the general system of automatic award of costs, damages, and losses in the face of a violation of fundamental rights, such an award is always applicable, even in the case that the respondent party issues an administrative or judicial resolution that revokes, stops, or suspends the challenged action, unless it is indubitably and clearly evident that in the specific case no loss whatsoever capable of being indemnified was caused. Only and uniquely in such scenarios could the respondent Administration be exempted from paying said items. Since in this case, there is no element that disproves the presumption of the emergence, for the protected party, of economic damages and losses arising from the challenged actions—whose concrete determination does not correspond to this jurisdiction—, the granting of this remedy must necessarily entail the award of costs, damages, and losses, and I so declare.\n\nVII.- DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE GARRO VARGAS. Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC) states: “If, while the amparo is underway, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the remedy shall be granted solely for purposes of indemnification and costs, if applicable.”\n\nMy interpretation of that norm is as follows: That “resolution” is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase “if applicable” refers to costs. Moreover, Article 197 of the Código Procesal Contencioso-Administrativo, cited by the majority, based on Article 14 of the LJC, precisely refers only to these: to costs.\n\nCertainly, under the terms of Article 48 of the Constitución Política (CP), the essential content of the right to the remedy of amparo is not of an indemnifying nature but rather a restitutory one; however, Article 51 of the LJC states: “Any resolution that upholds the remedy shall award, in the abstract, indemnification for the damages and losses caused and the payment of the costs of the remedy, reserving their liquidation for the execution of the judgment.”\n\nIf the right has been violated and the Chamber so verifies, even if it has been restored, damages and losses may have arisen. For this reason, the award in the abstract of these is appropriate. If it were not done so, if such an award were not issued, in the event that they indeed occurred, there would be no title—derived from this proceeding—to claim them, which could violate Article 41 of the CP. If, despite the award in the abstract having been issued, no damages and losses were actually caused, the judge in the ordinary jurisdiction will so declare, as only he/she is responsible for finding the real existence and magnitude of the same as proven.\n\nWith the thesis defended by the majority, I believe that, contrary to what is sought, it would encourage the Administration to respect rights only in the presence of an amparo remedy. It remains to be said that Article 52 of the LJC foresees the possibility that, if it is deemed just, the Chamber may award costs, even when the right has been restored.\n\nBy reason of the foregoing, I partially dissent regarding the operative part and order the award of damages and losses, but not the award of costs.\n\nVIII.- NOTE FROM MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO. In environmental matters, it is also the criterion of the undersigned that, if there has already been intervention by the Public Administration, I consider that its knowledge and resolution corresponds to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do enter to hear the merits of the matter when other rights of persons affected by the source of contamination are at stake, among them, health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (Article 50 of the Constitución Política), as occurs in this case, in which the claimant alleges that there is an overflow of black water and foul odors, of long standing, for which the black water drainage piping must be changed; however, the respondent authority has not adequately addressed the problem, violating the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment and a dignified level of quality of life.\n\nIX.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The claimant is forewarned that, if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, they must retrieve them from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not retrieved within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the «Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial», approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in the Boletín Judicial No. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.\n\nPOR TANTO:\n\nThe remedy is declared PARTIALLY GRANTED, without special award of costs, damages, and losses, only with respect to the failure to deliver the video requested on September 16, 2020. In all other respects, the remedy is declared without merit. Magistrate Hernández López partially dissents and orders the award of damages, losses, and costs, in accordance with Articles 50 and 51 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional. Magistrate Salazar Alvarado partially dissents and orders the award of damages, losses, and costs.\n\nMagistrate Garro Vargas partially dissents and orders the award of damages, but not the award of costs. Magistrate Salazar Alvarado adds a note. Notify.-\n\nFernando Castillo V.\n\nPresident\n\nNancy Hernández L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nAnamari Garro V.\n\nMarta Eugenia Esquivel R.\n\nRonald Salazar Murillo\n\nIleana Sánchez N.\n\nDigitally Signed Document\n\n-- Verification code --\n\n\n\n FEWQFNX1IF861\n\n1\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 09-05-2026 09:28:24.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }