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  "id": "nexus-sen-1-0007-1037406",
  "citation": "Res. 13796-2021 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Derecho de petición sobre evaluación ambiental de plan regulador",
  "title_en": "Right to petition regarding environmental review of a land-use plan",
  "summary_es": "La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo presentado por un ciudadano contra la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) por no haber respondido oportunamente una solicitud de información sobre el estado de la evaluación de la variable ambiental del plan regulador del cantón de Barva. El recurrente, tras más de un mes sin respuesta, alega vulneración de su derecho fundamental de petición consagrado en el artículo 27 de la Constitución. Durante la tramitación del amparo, SETENA emite y notifica una respuesta detallada a todas las interrogantes del recurrente, incluyendo fechas, semanas de trámite y razones de la demora. La Sala declara con lugar el recurso porque la omisión cesó solo después de iniciado el proceso de amparo, aunque sin condenatoria en costas, daños y perjuicios según el criterio de la mayoría. Los magistrados Salazar y Garro salvan parcialmente el voto, al considerar que debió imponerse la condenatoria en costas y/o daños y perjuicios conforme a los artículos 51 y 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber reviews an amparo filed by a citizen against the National Environmental Technical Secretariat (SETENA) for failing to timely respond to a request for information on the status of the environmental variable assessment of the Barva canton land-use plan. After more than a month without a reply, the petitioner alleges a violation of his constitutional right to petition under Article 27 of the Constitution. During the amparo proceedings, SETENA issues and notifies a detailed response addressing all of the petitioner’s questions, including dates, weeks of processing, and reasons for delay. The Chamber grants the amparo because the omission ceased only after the amparo was filed, but without an award of costs or damages per the majority view. Justices Salazar and Garro partially dissent, arguing that an award of costs and/or damages should have been imposed under Articles 51 and 52 of the Constitutional Jurisdiction Law.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "18/06/2021",
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    "procedural-environmental"
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    "SETENA",
    "plan regulador",
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    "condenatoria en costas",
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    "recurso de amparo",
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  "excerpt_es": "IV.- CASO CONCRETO. En la especie, el recurrente reprocha que más de un mes después de que solicitó información de interés público a la SETENA, no se le ha brindado lo pedido. Afirma que esa omisión, vulnera sus derechos fundamentales.\n\nDe los autos se acredita que, el 13 de abril de 2021, el recurrente formuló una solicitud a las autoridades recurridas que le suministraran la siguiente información: \"(…) la fecha en que inició el proceso de evaluación del plan regulador del cantón de Barva (…) la cantidad de SEMANAS que lleva el proceso de evaluación del plan regulador del cantón de Barva, desde la primera fecha que ingresó a SETENA (…) se me indique con sus respectivas fechas la cantidad de semanas que ha estado el proceso de evaluación del plan regulador del cantón de Barva en SETENA y la cantidad de semanas que ha estado en la Municipalidad de Barva para resolver aclaraciones o inconformidades (…) ¿Por qué no ha finalizado el proceso de evaluación del plan regulador del cantón de Barva? (…) ¿Por qué no se ha rechazado el proceso o bien, por qué está actuando en contra de lo que indica el Decreto No. 32967 Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación del Impacto Ambiental?\" (copia adjunta al libelo de interposición).  También, se demostró que por oficio se esa Secretaría, No. SETENA-DTEAE-0077-2021 de 4 de junio de 2021 se brindó una respuesta al recurrente sobre todas y cada una de sus interrogantes. Además, consta que ese mismo día, se notificó ese oficio al amparado, a través del correo electrónico que señaló a esos efectos, a saber: jonafacturacion@gmail.com. Así las cosas, la omisión cesó, pues con ocasión del recurso se brindó la información que se echaba de menos. Empero, como esto ocurrió una vez cursado este asunto, estima la Sala que se impone acoger el recurso, conforme se dirá.",
  "excerpt_en": "IV. SPECIFIC CASE. In the present case, the petitioner complains that more than a month after requesting public-interest information from SETENA, he has not been provided with what he asked for. He states that this omission violates his fundamental rights.\n\nThe record shows that on April 13, 2021, the petitioner filed a request with the respondent authorities asking them to provide the following information: \"(...) the date on which the evaluation process of the Barva canton land-use plan began (...) the number of WEEKS that the evaluation process of the Barva canton land-use plan has taken, from the first date it was submitted to SETENA (...) please indicate with the respective dates the number of weeks that the evaluation process of the Barva canton land-use plan has been in SETENA and the number of weeks it has been in the Municipality of Barva for resolving clarifications or disagreements (...) Why has the evaluation process of the Barva canton land-use plan not been completed? (...) Why has the process not been rejected or why is it acting contrary to the provisions of Decree No. 32967 Manual of Technical Instruments for the Environmental Impact Assessment Process?\" (copy attached to the brief). It was also demonstrated that, by official letter No. SETENA-DTEAE-0077-2021 dated June 4, 2021, a response was provided to the petitioner regarding each and every one of his questions. Moreover, it is clear that on the same day, said official letter was notified to the petitioner via the email address he provided for that purpose, namely: jonafacturacion@gmail.com. Thus, the omission ceased, since the requested information was provided as a result of the amparo petition. However, because this occurred only after this matter was underway, the Chamber considers that the amparo should be granted, as stated below.",
  "outcome": {
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    "label_es": "Con lugar",
    "summary_en": "The Chamber grants the amparo for violation of the right to petition, but without an award of costs or damages per the majority view.",
    "summary_es": "La Sala declara con lugar el recurso de amparo por violación del derecho de petición, aunque sin condenatoria en costas, daños y perjuicios por criterio de mayoría."
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  "pull_quotes": [
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      "context": "Considerando III",
      "quote_en": "The freedom to petition established in Article 27 of the Political Constitution consists of the right guaranteed to every citizen to address in writing any public servant or state entity in order to raise a matter of his interest; this fundamental right is complemented by the right to obtain a response, without this meaning a favorable answer.",
      "quote_es": "La libertad de petición que establece el artículo 27 de la Constitución Política, consiste en el derecho que se tutela a todo ciudadano para dirigirse por escrito a cualquier servidor público o entidad estatal, con el fin de exponer un asunto de su interés; ese derecho fundamental se complementa con el de obtener respuesta, sin que esto último signifique una contestación favorable."
    },
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      "context": "Considerando IV",
      "quote_en": "Thus, the omission ceased, since the requested information was provided as a result of the amparo petition. However, because this occurred only after this matter was underway, the Chamber considers that the amparo should be granted, as stated below.",
      "quote_es": "Así las cosas, la omisión cesó, pues con ocasión del recurso se brindó la información que se echaba de menos. Empero, como esto ocurrió una vez cursado este asunto, estima la Sala que se impone acoger el recurso, conforme se dirá."
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    {
      "context": "Por tanto",
      "quote_en": "The amparo is granted, without special award of costs and damages.",
      "quote_es": "Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios."
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  "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1037406",
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 13796 - 2021\n\nFecha de la Resolución: 18 de Junio del 2021 a las 09:15\n\nExpediente: 21-010091-0007-CO\n\nRedactado por: Nancy Hernández López\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp: 21-010091-0007-CO\n\nRes. Nº 2021013796\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del dieciocho de junio de dos mil veintiuno .\n\n \n\nRecurso de amparo promovido por JONATHAN CARLOS ESPINOZA ALFARO, cédula de identidad No. 0401890935, contra la SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL.\n\nRESULTANDO:\n\n 1.- Mediante memorial presentado a las 14:00 horas de 27 de mayo de 2021, el recurrente promovió recurso de amparo, contra la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, e indica que por oficio No. JON-1204-2021, recibido por la autoridad recurrida el 13 de abril de 2021, solicitó la siguiente información: \"la fecha en que inició el proceso de evaluación del plan regulador del cantón de Barva (…) la cantidad de SEMANAS que lleva el proceso de evaluación del plan regulador del cantón de Barva, desde la primera fecha que ingresó a SETENA (…) se me indique con sus respectivas fechas la cantidad de semanas que ha estado el proceso de evaluación del plan regulador del cantón de Barva en SETENA y la cantidad de semanas que ha estado en la Municipalidad de Barva para resolver aclaraciones o inconformidades (…) ¿Por qué no ha finalizado el proceso de evaluación del plan regulador del cantón de Barva? (…) ¿Por qué no se ha rechazado el proceso o bien, por qué está actuando en contra de lo que indica el Decreto No. 32967 Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación del Impacto Ambiental?”. Aduce que a pesar de que la información solicitada es de interés público, a la fecha en la que interpone este recurso, no ha recibido respuesta alguna. Solicita que se declare con lugar el recurso.\n\n 2.- Por resolución de las 11:24 horas de 28 de mayo de 2021 se dio curso al recurso y requirió un informe al secretario general y el director técnico, ambos de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, sobre esos hechos.\n\n 3.- Informa bajo juramento Cynthia Barzuna Gutiérrez, en condición de Secretaria General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, e indica que el 4 de junio de 2021, el Departamento de Evaluación Ambiental Estratégica, por medio del oficio No. SETENA-DTEAE-0077-2021 notificó la respuesta al recurrente a la dirección: jonafacturacion@gmail.com, indicada por este. Debe tomarse en consideración que el recurrente puede apersonarse a revisar el expediente en el momento que lo estime necesario, ya que toda información consta en el mismo y es de acceso público. Adicionalmente, se le indica que si necesita certificaciones del mismo, es necesario que aporte las fotocopias de los documentos que desea que le sean certificados, así como los timbres de ley para ser adjuntados a dichas fotocopias. Además, en el caso que nos ocupa, el proceso de Evaluación de la Variable Ambiental de un Plan Regulador, requiere de un plazo más amplio de resolución, en el tanto están inmersos análisis técnicos de fondo, de manera que con la emisión de la respuesta, esta Administración ha cumplido con lo requerido por la accionante. El resultado final de la Evaluación y de las oposiciones o gestiones serán dadas a conocer en su oportunidad con la emisión de la resolución final de fondo.\n\n 4.- Informan bajo juramento Cynthia Barzuna Gutiérrez y Ulises Álvarez acosta, respectivamente, en condición de secretaria general de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y de director técnico, ambos de la Secretaria Técnica Nacional Ambiental, e indican que secretaria General, tiene rango y competencias de Directora General, motivo por el cual se firma como “Directora General”. Añaden que por error el director técnico omitió la firma del documento final que fue remitido a la Sala Constitucional en tiempo y forma; razón por la cual con él envió y firma de la presente ampliación; no obstante lo anterior, suscribe dicho informe.\n\n 5.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.\n\n Redacta la Magistrada Esquivel Rodríguez; y,\n\nCONSIDERANDO:\n\n I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente reprocha que más de un mes después de que solicitó información de interés público a la SETENA, no se le ha brindado lo pedido. Afirma que esa omisión, vulnera sus derechos fundamentales.\n\n II.- HECHOS PROBADOS. De relevancia para la decisión del presente amparo se tienen por demostrados los siguientes: 1) El 13 de abril de 2021, el recurrente solicitó a las autoridades recurridas que le suministraran la siguiente información: “la fecha en que inició el proceso de evaluación del plan regulador del cantón de Barva (…) la cantidad de SEMANAS que lleva el proceso de evaluación del plan regulador del cantón de Barva, desde la primera fecha que ingresó a SETENA (…) se me indique con sus respectivas fechas la cantidad de semanas que ha estado el proceso de evaluación del plan regulador del cantón de Barva en SETENA y la cantidad de semanas que ha estado en la Municipalidad de Barva para resolver aclaraciones o inconformidades (…) ¿Por qué no ha finalizado el proceso de evaluación del plan regulador del cantón de Barva? (…) ¿Por qué no se ha rechazado el proceso o bien, por qué está actuando en contra de lo que indica el Decreto No. 32967 Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación del Impacto Ambiental?\" (copia adjunta al libelo de interposición). 2) El 2 de junio de 2021 se notificó el auto de traslado a las autoridades recurridas (actas de notificación visibles en el Historial de Acontecimientos del Expediente Electrónico). 3) Por medio del oficio No. SETENA-DTEAE-0077-2021 de 4 de junio de 2021 se brindó una respuesta al recurrente en el sentido de que: “1. Se me indique la fecha en que dio inicio el proceso de evaluación del Plan Regulador del Cantón de Barva. R/ En primera instancia se le recuerda que SETENA lo que revisa son los Estudios de Incorporación de la Variable Ambiental a la propuesta de Plan Regulador de Barva y no al Plan Regulador propiamente dicho. El proceso de revisión de los Estudios de Incorporación de la Variable Ambiental a la propuesta de Plan Regulador de la Municipalidad de Barva se inició el 27 de marzo de 2019. 2. Se me indique la cantidad de semanas que lleva el proceso de evaluación del Plan Regulador del Cantón de Barva, desde la primera fecha que ingresó. R/ La cantidad de semanas que lleva hasta el momento el análisis de los Estudios de Inclusión de la Variable Ambiental del Plan Regulador de Barva es de 113 semanas seguidas. 3. Se me indique con sus respectivas fechas la cantidad de semanas que ha estado el proceso de evaluación del plan regulador del Cantón de Barva en SETENA y la cantidad de semanas que ha estado en la Municipalidad de Barva para resolver aclaraciones o inconformidades. R/ Se le reitera nuevamente que lo que SETENA evalúa son estudios técnicos para analizar el componente ambiental del Plan Regulador y no el Plan Regulador en su totalidad. El proceso de Evaluación es continuo por parte de SETENA, es decir que al momento de solicitar al proponente realizar aclaraciones, el proceso se traslada momentáneamente al equipo técnico y la Municipalidad, pero SETENA permanece en contacto con los proponentes para dar seguimiento y aclaraciones, por lo que para SETENA el tiempo de atención del expediente de Barva es seguido y hasta el día de hoy es de 113 semanas. Por otra parte, tal y como lo establece el procedimiento establecido y oficializado por el Departamento de Planificación de la SETENA, se le han solicitado a la Municipalidad proponente, en tres diferentes momentos aclaraciones para mejor resolver, donde en mutuo acuerdo se le concede a la Municipalidad proponente un tiempo prudencial para poder elaborar y presentar las aclaraciones solicitadas por SETENA, donde estos tiempos según la cantidad de aclaraciones solicitadas van desde los seis meses hasta un mes de plazo. En el caso de Barva se le han concedido dos plazos de 6 meses y uno de tres meses. 5. Se indique porque no ha finalizado el proceso de evaluación del plan regulador del cantón de Barva. R/ De acuerdo con el Decreto 32967, la cantidad de estudios que deben de elaborarse para cumplir con la Incorporación de la Variable Ambiental de un Plan Regulador, es amplia, detallada y requiere de muchos recursos, pues se ha de tomar en cuenta que son los estudios de todo un cantón, lo cual implica una gran área geográfica, por lo tanto, una vez que se analizan los estudios por parte de SETENA y se le solicitan al proponente realizar aclaraciones, esto generalmente implica una nueva cantidad de estudios que consumen una gran cantidad de tiempo, por lo mismo, cuando se solicitan al proponente las aclaraciones, se acuerda entre ambas partes la cantidad de tiempo necesaria para preparar la información. En promedio cuando un expediente de Incorporación de la Variable Ambiental ingresa para su análisis a SETENA este tarda en promedio 2 años para obtener la viabilidad ambiental. Por lo tanto, el tiempo que ha demorado el expediente de Incorporación de la Variable Ambiental del Plan Regulador del Cantón de Barva, se encuentra dentro del tiempo normal promedio de un expediente en SETENA.  6. Se indique por qué no se ha rechazado el proceso o bien, porque se está actuando en contra de lo que indica el Decreto 32967. R/ El proceso no ha sido rechazado porque no se tiene ningún motivo para hacerlo, pues la Municipalidad proponente ha cumplido a cabalidad con el procedimiento establecido y oficializado por el Departamento de Planificación Institucional de la SETENA, mismo que se basa en el Decreto 32967, por lo que este Departamento siguiendo lo establecido en dicho procedimiento ha realizado todas las gestiones para el análisis de la Incorporación de la Variable Ambiental a la propuesta de Plan Regulador del Cantón de Barva y la Municipalidad ha cumplido todo lo solicitado por esta Secretaria.” (informe rendido bajo juramento y copia adjunta al informe). 4) El 4 de junio de 2021 se notificó ese oficio al amparado, a través del correo electrónico jonafacturacion@gmail.com (informe rendido bajo juramento y copia adjunta a ese informe).\n\n III.- SOBRE EL DERECHO DE PETICIÓN. La libertad de petición que establece el artículo 27 de la Constitución Política, consiste en el derecho que se tutela a todo ciudadano para dirigirse por escrito a cualquier servidor público o entidad estatal, con el fin de exponer un asunto de su interés; ese derecho fundamental se complementa con el de obtener respuesta, sin que esto último signifique una contestación favorable.\n\n IV.- CASO CONCRETO. En la especie, el recurrente reprocha que más de un mes después de que solicitó información de interés público a la SETENA, no se le ha brindado lo pedido. Afirma que esa omisión, vulnera sus derechos fundamentales.\n\n De los autos se acredita que, el 13 de abril de 2021, el recurrente formuló una solicitud a las autoridades recurridas que le suministraran la siguiente información: \"(…) la fecha en que inició el proceso de evaluación del plan regulador del cantón de Barva (…) la cantidad de SEMANAS que lleva el proceso de evaluación del plan regulador del cantón de Barva, desde la primera fecha que ingresó a SETENA (…) se me indique con sus respectivas fechas la cantidad de semanas que ha estado el proceso de evaluación del plan regulador del cantón de Barva en SETENA y la cantidad de semanas que ha estado en la Municipalidad de Barva para resolver aclaraciones o inconformidades (…) ¿Por qué no ha finalizado el proceso de evaluación del plan regulador del cantón de Barva? (…) ¿Por qué no se ha rechazado el proceso o bien, por qué está actuando en contra de lo que indica el Decreto No. 32967 Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación del Impacto Ambiental?\" (copia adjunta al libelo de interposición).  También, se demostró que por oficio se esa Secretaría, No. SETENA-DTEAE-0077-2021 de 4 de junio de 2021 se brindó una respuesta al recurrente sobre todas y cada una de sus interrogantes. Además, consta que ese mismo día, se notificó ese oficio al amparado, a través del correo electrónico que señaló a esos efectos, a saber: jonafacturacion@gmail.com. Así las cosas, la omisión cesó, pues con ocasión del recurso se brindó la información que se echaba de menos. Empero, como esto ocurrió una vez cursado este asunto, estima la Sala que se impone acoger el recurso, conforme se dirá.\n\n V.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL: Sobre la condenatoria en costas, daños y perjuicios de conformidad con el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.\n\n VI.- VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO, ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LA NO CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA.\n\nSi bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.\n\n La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:\n\n“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.\n\n Por otra parte, en el artículo 51 ibidem, se establece que:\n\n“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.\n\n Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.\n\n En criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.\n\n Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.\n\n Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”.\n\n El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante, la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.\n\n En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaro.\n\n VII.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.\n\n Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.\n\n Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es de carácter indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.\n\n Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de estos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya dictado la condenatoria en abstracto, no se han ocasionado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.\n\n Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido.\n\nVIII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPOR TANTO:\n\nSe declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. El Magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La Magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas. Notifíquese.\n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nPaul Rueda L.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\n\n\nJorge Araya G.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nAnamari Garro V.\n\n\n\n\nMarta Eugenia Esquivel R.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nAna María Picado B.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n 627YK79N50I61\n\nEXPEDIENTE N° 21-010091-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 09-05-2026 09:30:56.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "Large\nNormal\nSmall\n\nSala Constitucional\n\nResolution No. 13796 - 2021\n\nResolution Date: 18 June 2021 at 09:15\n\nExpediente: 21-010091-0007-CO\n\nDrafted by: Nancy Hernández López\n\nAnalyzed by: SALA CONSTITUCIONAL\n\nText of the resolution\n\n\n\nExp: 21-010091-0007-CO\n\nRes. No. 2021013796\n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours and fifteen minutes on the eighteenth of June, two thousand twenty-one.\n\nAmparo action brought by JONATHAN CARLOS ESPINOZA ALFARO, identity card No. 0401890935, against the SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL.\n\nRESULTANDO:\n\n1.- By means of a filing submitted at 2:00 p.m. on 27 May 2021, the petitioner brought an amparo action against the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, and states that by official letter No. JON-1204-2021, received by the respondent authority on 13 April 2021, he requested the following information: \"the date on which the evaluation process of the regulatory plan of the canton of Barva began (...) the number of WEEKS the evaluation process of the regulatory plan of the canton of Barva has taken, from the first date it was submitted to SETENA (...) I be informed, with their respective dates, of the number of weeks the evaluation process of the regulatory plan of the canton of Barva has been at SETENA and the number of weeks it has been at the Municipalidad de Barva to resolve clarifications or objections (...) Why has the evaluation process of the regulatory plan of the canton of Barva not concluded? (...) Why has the process not been rejected, or rather, why is it acting contrary to what is indicated in Decree No. 32967, Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación del Impacto Ambiental?\". He argues that despite the requested information being of public interest, as of the date he filed this action, he has not received any response. He requests that the action be granted.\n\n2.- By resolution at 11:24 a.m. on 28 May 2021, the action was admitted and a report was required from the secretary general and the technical director, both of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, regarding these facts.\n\n3.- Cynthia Barzuna Gutiérrez reports under oath, in her capacity as Secretaria General of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, and indicates that on 4 June 2021, the Departamento de Evaluación Ambiental Estratégica, through official letter No. SETENA-DTEAE-0077-2021, notified the response to the petitioner at the address: jonafacturacion@gmail.com, indicated by him. It must be considered that the petitioner may appear to review the case file at any time he deems necessary, since all information is contained therein and is publicly accessible. Additionally, he is informed that if he needs certifications of the same, it is necessary that he provide the photocopies of the documents he wishes to be certified, as well as the legal stamps to be affixed to said photocopies. Furthermore, in the case at hand, the process of Evaluación de la Variable Ambiental of a Plan Regulador requires a longer resolution period, insofar as in-depth technical analyses are involved, such that with the issuance of the response, this Administration has complied with what was required by the petitioner. The final result of the Evaluación and of the oppositions or procedures will be made known in due course with the issuance of the final resolution on the merits.\n\n4.- Cynthia Barzuna Gutiérrez and Ulises Álvarez Acosta report under oath, respectively, in their capacities as secretaria general of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental and as technical director, both of the Secretaria Técnica Nacional Ambiental, and indicate that the Secretaria General has the rank and competencies of Directora General, which is why she signs as \"Directora General\". They add that by mistake the technical director omitted his signature from the final document that was sent to the Sala Constitucional in a timely manner; which is why he submits and signs this amplification; notwithstanding the foregoing, he endorses said report.\n\n5.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.\n\nDrafted by Magistrate Esquivel Rodríguez; and,\n\nCONSIDERANDO:\n\nI.- OBJECT OF THE ACTION. The petitioner complains that more than a month after he requested information of public interest from SETENA, he has not been provided with what was requested. He affirms that this omission violates his fundamental rights.\n\nII.- PROVEN FACTS. Of relevance to the decision of this amparo, the following are deemed proven: 1) On 13 April 2021, the petitioner requested the respondent authorities to provide him with the following information: \"(...) the date on which the evaluation process of the regulatory plan of the canton of Barva began (...) the number of WEEKS the evaluation process of the regulatory plan of the canton of Barva has taken, from the first date it was submitted to SETENA (...) I be informed, with their respective dates, of the number of weeks the evaluation process of the regulatory plan of the canton of Barva has been at SETENA and the number of weeks it has been at the Municipalidad de Barva to resolve clarifications or objections (...) Why has the evaluation process of the regulatory plan of the canton of Barva not concluded? (...) Why has the process not been rejected, or rather, why is it acting contrary to what is indicated in Decree No. 32967, Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación del Impacto Ambiental?\" (copy attached to the filing brief). 2) On 2 June 2021, the order of transfer was notified to the respondent authorities (notification records visible in the Event History of the Electronic Dossier). 3) Through official letter No. SETENA-DTEAE-0077-2021 of 4 June 2021, a response was provided to the petitioner to the effect that: \"1. Indicate the date on which the evaluation process of the Plan Regulador of the Canton of Barva began. R/ In the first instance, it is recalled that what SETENA reviews are the Studies for the Incorporation of the Environmental Variable into the proposal for the Plan Regulador of Barva and not the Plan Regulador itself. The review process for the Studies for the Incorporation of the Environmental Variable into the proposal for the Plan Regulador of the Municipalidad de Barva began on 27 March 2019. 2. Indicate the number of weeks the evaluation process of the Plan Regulador of the Canton of Barva has taken, from the first date it was submitted. R/ The number of weeks the analysis of the Studies for the Inclusion of the Environmental Variable of the Plan Regulador of Barva has taken so far is 113 consecutive weeks. 3. Indicate, with their respective dates, the number of weeks the evaluation process of the regulatory plan of the Canton of Barva has been at SETENA and the number of weeks it has been at the Municipalidad de Barva to resolve clarifications or objections. R/ It is reiterated once again that what SETENA evaluates are technical studies to analyze the environmental component of the Plan Regulador and not the Plan Regulador in its entirety. The Evaluation process is continuous on the part of SETENA, meaning that at the time the proponent is asked to make clarifications, the process is momentarily transferred to the technical team and the Municipalidad, but SETENA remains in contact with the proponents to monitor and provide clarifications, so for SETENA the attention time for the Barva file is continuous and as of today is 113 weeks. On the other hand, as established by the procedure established and formalized by the Departamento de Planificación of SETENA, clarifications have been requested from the proposing Municipalidad at three different times for a better decision, where by mutual agreement the proposing Municipalidad is granted a prudential time to be able to prepare and present the clarifications requested by SETENA, where these times, depending on the number of clarifications requested, range from six months to one month. In the case of Barva, it has been granted two six-month periods and one three-month period. 5. Indicate why the evaluation process of the regulatory plan of the canton of Barva has not concluded. R/ In accordance with Decree 32967, the number of studies that must be prepared to comply with the Incorporation of the Environmental Variable into a Plan Regulador is extensive, detailed, and requires many resources, as it must be taken into account that these are studies for an entire canton, which implies a large geographic area. Therefore, once the studies are analyzed by SETENA and the proponent is asked to make clarifications, this generally implies a new quantity of studies that consume a large amount of time. For this same reason, when clarifications are requested from the proponent, the amount of time necessary to prepare the information is agreed upon between both parties. On average, when a file for the Incorporation of the Environmental Variable enters SETENA for analysis, it takes an average of 2 years to obtain environmental viability. Therefore, the time the file for the Incorporation of the Environmental Variable of the Plan Regulador of the Canton of Barva has taken falls within the normal average time for a file at SETENA. 6. Indicate why the process has not been rejected, or rather, why it is acting contrary to what is indicated in Decree 32967. R/ The process has not been rejected because there is no reason to do so, as the proposing Municipalidad has fully complied with the procedure established and formalized by the Departamento de Planificación Institucional of SETENA, which is based on Decree 32967. Therefore, this Department, following what is established in said procedure, has carried out all the steps for the analysis of the Incorporation of the Environmental Variable into the proposal for the Plan Regulador of the Canton of Barva, and the Municipalidad has complied with everything requested by this Secretaria.\" (report rendered under oath and copy attached to the report). 4) On 4 June 2021, this official letter was notified to the amparo petitioner, through the email address jonafacturacion@gmail.com (report rendered under oath and copy attached to that report).\n\nIII.- ON THE RIGHT OF PETITION. The freedom of petition established in Article 27 of the Constitución Política consists of the right protected for every citizen to address any public servant or state entity in writing, for the purpose of presenting a matter of their interest; this fundamental right is complemented by the right to obtain a response, without this latter meaning a favorable reply.\n\nIV.- SPECIFIC CASE. In the case at hand, the petitioner complains that more than a month after he requested information of public interest from SETENA, he has not been provided with what was requested. He affirms that this omission violates his fundamental rights.\n\nFrom the records, it is accredited that on 13 April 2021, the petitioner made a request to the respondent authorities to provide him with the following information: \"(...) the date on which the evaluation process of the regulatory plan of the canton of Barva began (...) the number of WEEKS the evaluation process of the regulatory plan of the canton of Barva has taken, from the first date it was submitted to SETENA (...) I be informed, with their respective dates, of the number of weeks the evaluation process of the regulatory plan of the canton of Barva has been at SETENA and the number of weeks it has been at the Municipalidad de Barva to resolve clarifications or objections (...) Why has the evaluation process of the regulatory plan of the canton of Barva not concluded? (...) Why has the process not been rejected, or rather, why is it acting contrary to what is indicated in Decree No. 32967, Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación del Impacto Ambiental?\" (copy attached to the filing brief). It was also shown that by official letter from that Secretaría, No. SETENA-DTEAE-0077-2021 of 4 June 2021, a response was provided to the petitioner regarding each and every one of his questions. Furthermore, it is recorded that on that same day, this official letter was notified to the amparo petitioner, through the email address he indicated for these purposes, namely: jonafacturacion@gmail.com. Thus, the omission ceased, since on the occasion of the action, the information that was lacking was provided. However, as this occurred once this matter had been initiated, the Chamber considers it appropriate to grant the action, as will be stated below.\n\nV.- ON THE AWARD OF COSTS, DAMAGES, AND PREJUDICES IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 52 OF THE LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL: Regarding the award of costs, damages, and prejudices in accordance with Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional. Upon better consideration, the majority of the Chamber believes that, in the sub examine, in accordance with the provisions of paragraph 1 of Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (\"If, while the amparo is under way, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the action shall be granted solely for the purposes of indemnification and costs, if they are appropriate\"), the grant must be without a special award of costs, damages, and prejudices, based on the following considerations. While there is an express text in the law requiring the operative part of the ruling to state that the action is granted, when the grievance is resolved while the amparo is under way, it is no less true that this same paragraph in fine refers to the grant being ordered \"solely for the purposes of indemnification and costs, if they are appropriate\". It is emphasized that the Law states \"if they are appropriate\", which means that the appropriateness or inappropriateness of the indemnification and costs depends on an assessment, appreciation, or weighing by the Tribunal. In cases such as this, the content of the claim of the protected person and the conduct of the respondent authority in acknowledging it suggest that the alleged detriments, injuries, or alterations are not directly related to a repercussion on a constitutional right of an evidently patrimonial nature (as would occur, for example, with an impact on the right to salary). To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provisions of Article 51 of the same Ley de la Jurisdicción Constitucional, when it states: \"every resolution that grants the action shall award, in abstract, the indemnification for the damages and prejudices caused and the payment of the costs of the action, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment,\" where the possibility of assessing whether or not the indemnification and costs are appropriate is not foreseen. The principles of Constitutional Law, Public and General Procedural Law or, where applicable, International or Community Law, and, additionally, in their order, the Ley General de la Administración Pública and the Código Procesal Contencioso Administrativo and the other procedural codes, are a supplementary source for the application and interpretation of the norms of the Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. Article 14-. For the contentious-administrative jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in Article 197 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, which responds to the procedural logic in any matter. In any case, the affected party in the sub lite retains the possibility of resorting, if they see fit, to a plenary proceeding in order to demonstrate that they have suffered some type of detriment. Based on the foregoing, it is the majority opinion to resolve this action without an award of costs, damages, and prejudices.\n\nVI.- PARTIAL DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO, SOLELY IN RELATION TO THE NON-AWARD OF COSTS, DAMAGES, AND PREJUDICES AGAINST THE RESPONDENT PARTY.\n\nAlthough I agree with the rest of the Chamber in granting the action, I separate myself from the majority opinion insofar as it exempts the respondent party from being ordered to pay the costs, damages, and prejudices derived from the injury caused to the fundamental rights of the protected party.\n\nThe Ley de la Jurisdicción Constitucional, in Article 52, provides that:\n\n\"If, while the amparo is under way, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the action shall be granted solely for the purposes of indemnification and costs, if they are appropriate.\"\n\nOn the other hand, Article 51 ibidem establishes that:\n\n\"...every resolution that grants the action shall award, in abstract, the indemnification for the damages and prejudices caused and the payment of the costs of the action, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment.\"\n\nThis latter norm establishes the general system that regulates matters related to indemnification and the payment of costs, and which the majority calls the \"natural or normal way of concluding the proceeding, where there is a ruling on the merits of the matter and acknowledgment of the facts that have violated fundamental rights...\".\n\nIn the opinion of the majority, Article 51, cited above, regulates the cases in which the Chamber has deemed the grievance proven; and, as a consequence, the need for an award of costs, damages, and prejudices arises. However, in the undersigned's judgment, from a systematic interpretation of both norms, it is concluded that, both in cases where this Constitutional Tribunal verifies an injury to a fundamental right, and therefore grants the action, and in those where the Administration, by its own decision, restores the aggrieved person's enjoyment of their fundamental rights, once it becomes aware of the amparo—a situation contemplated in Article 52, referred to—by force of Articles 50 and 51 of the cited law, the necessary and unavoidable consequence is the award against the infringer for the indemnification of the damages and prejudices caused and the payment of the costs of the action. This rule is no more than the recognition, to the party who has suffered a violation of their fundamental rights, of the right to effective judicial protection regarding the reparation of the harmful consequences derived from the acts or omissions of the infringing authorities; and, as a deterrent means, so that the State does not again engage in the actions that gave rise to the granting of the action, a matter regulated in Article 50 of the law governing this jurisdiction. Thus, whether the Chamber has deemed the grievance proven and has reviewed the merits of the matter, or whether the violation has ceased by decision of the respondent authority itself, once it became aware of the amparo proceedings, with restoration of the aggrieved party's enjoyment of fundamental rights (Article 52), always, in any of these situations, the imperative need arises for an award of costs, damages, and prejudices against the infringer, whose foundation lies in the principles of protecting the rights of persons and in that the Administration must be held responsible for the damages and prejudices it causes through its unconstitutional actions.\n\nThus, the fact that at the time the amparo is considered and granted, the effects of the challenged act may have already ceased, under the terms of Articles 50 and 52 of the cited law, does not negate the appropriateness of the award of costs, damages, and prejudices, as such a case forms an integral part of the general system of necessary award in these aspects contained in the Ley de la Jurisdicción Constitucional.\n\nFurthermore, it is clear that Article 52, mentioned above, applies solely in cases where the Chamber, even though it has not heard or ruled on the merits of the claim, has verified the violation of fundamental rights suffered by the protected party, by virtue of the restoration of the enjoyment of those rights that the Administration has agreed upon in their favor; a situation that, as stated by the majority of the Chamber, implies an \"abnormal termination of the proceeding\".\n\nThe legislator established and delimited, in a precise manner, the conditions under which this Chamber can decree this form of abnormal conclusion of the amparo proceeding, as well as its scope, namely: 1) that the amparo is under way, that is, that the Administration has been duly notified of the resolution admitting the amparo; and, 2) that there is an administrative or judicial resolution that unequivocally orders the revocation, halting, or suspension of the challenged action violating fundamental rights. Certainly, the norm in question contemplates an exception to the general system of awarding costs, damages, and prejudices, notwithstanding the granting of the action, by providing that, in the cases regulated therein, the action shall be granted \"solely for the purposes of indemnification and costs, if they are appropriate\". Being an exception, it must be interpreted restrictively; that is, it only applies in the situations strictly contemplated in the norm, not only because of the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but also because the consequences of applying such an exception undoubtedly imply a detriment to the fundamental right of persons to obtain effective judicial protection against the damages and prejudices suffered due to the injury to their constitutional rights.\n\nIn my opinion, this exception must be interpreted to mean that, in accordance with the general system of automatic award of costs, damages, and prejudices in the face of a violation of fundamental rights, such an award is always appropriate, even in the event that the respondent party issues an administrative or judicial resolution that revokes, halts, or suspends the challenged action, unless it is unequivocally and clearly established that in the specific case no compensable harm whatsoever was caused. Only and exclusively in such cases could the respondent Administration be exempted from the payment of said items. As in this case, there is no element whatsoever that refutes the presumption of the emergence, for the protected party, of economic damages and prejudices derived from the challenged actions—the specific determination of which does not correspond to this jurisdiction—the granting of this action must necessarily imply the award of costs, damages, and prejudices, and I so declare.\n\nVII.- DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE GARRO VARGAS. Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC) states: \"If, while the amparo is under way, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the action shall be granted solely for the purposes of indemnification and costs, if they are appropriate.\"\n\nMy interpretation of this norm is as follows: This \"resolution\" is any valid and effective act whereby the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase \"if they are appropriate\" refers to costs. Indeed, Article 197 of the Código Procesal Contencioso-Administrativo, cited by the majority, based on Article 14 of the LJC, precisely refers only to these: to costs.\n\nCertainly, in accordance with Article 48 of the Constitución Política (CP), the essential content of the right to the amparo action is not of an indemnificatory character but of a restitutory one; however, Article 51 of the LJC states: \"Every resolution that grants the action shall award, in abstract, the indemnification for the damages and prejudices caused and the payment of the costs of the action, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment.\"\n\nIf the right has been violated and the Chamber so verifies, even in the event that it has been restored, damages and prejudices may have arisen. For this reason, an award in abstract for these is appropriate. If this were not done, if such an award were not given, in the event that they had occurred, there would be no title—derived from this proceeding—to claim them, which could violate Article 41 of the CP. If, despite the award in abstract having been ordered, no damages and prejudices have been caused, the judge in the ordinary jurisdiction will so declare, as only he is responsible for deeming the real existence and the magnitude of the same to be proven.\n\nWith the thesis defended by the majority, I believe that, contrary to what is sought, the Administration would be incentivized to respect rights only when an amparo action exists. It remains to be said that Article 52 of the LJC foresees the possibility that, if it is deemed just, the Chamber may award costs, even when the right has been restored.\n\nVIII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE FILE. The parties are warned that if they have provided any document on paper, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of 22 August 2011, Article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of 26 January 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on 3 May 2012, Article LXXXI.\n\nPOR TANTO:\n\nThe action is granted, without a special award of costs, damages, and prejudices. Magistrate Salazar Alvarado partially dissents and orders the award of damages, prejudices, and costs. Magistrate Garro Vargas partially dissents and orders the award of damages and prejudices, but not the award of costs. Notify.\n\nFernando Castillo V.\nPresidente\n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\nMarta Eugenia Esquivel R.\n\nAna María Picado B.\n\nDigitally Signed Document\n-- Verification Code --\n\n627YK79N50I61\n\nEXPEDIENTE N° 21-010091-0007-CO\n\nTelephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church). Reception of matters from vulnerable groups: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Catedral District, Barrio González Lahmann, Calles 19 and 21, Avenidas 8 and 6\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 09-05-2026 09:30:56.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
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