{ "id": "nexus-sen-1-0007-1040810", "citation": "Res. 16038-2021 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Ruido de taller mecánico afecta salud de adulta mayor", "title_en": "Mechanic shop noise harms elderly person's health", "summary_es": "La Sala Constitucional conoció un recurso de amparo interpuesto por una adulta mayor de 73 años con múltiples enfermedades respiratorias y crónicas, quien denunció la operación irregular de un taller mecánico contiguo a su vivienda en Desamparados. La recurrente alegó que desde 2017 reportó ante la Municipalidad de Desamparados y el Ministerio de Salud la falta de permisos de construcción y funcionamiento del taller, el cual generaba ruido constante, malos olores, plagas y riesgo de incendio. A pesar de clausuras previas y denuncias reiteradas, el establecimiento continuó operando. Solo tras la interposición del presente amparo, las autoridades realizaron una inspección conjunta y procedieron a la cancelación definitiva del permiso sanitario y clausura total del local. La Sala declaró con lugar el recurso por violación al derecho de acceso a la justicia debido al retraso irrazonable en resolver la gestión de la recurrente, pero sin condenatoria en costas, daños y perjuicios, generando votos salvados sobre este punto.", "summary_en": "The Constitutional Chamber heard an amparo filed by a 73-year-old elderly woman with multiple respiratory and chronic illnesses, who reported the irregular operation of a mechanic shop adjacent to her home in Desamparados. The petitioner alleged that since 2017 she had complained to the Municipality of Desamparados and the Ministry of Health about the lack of construction and operating permits, and that the shop caused constant noise, foul odors, pests, and fire risk. Despite previous closures and repeated complaints, the establishment continued to operate. Only after this amparo was filed did the authorities conduct a joint inspection, cancel the health permit indefinitely, and completely shut down the premises. The Chamber granted the amparo for violation of the right to access to justice due to unreasonable delay in resolving the petitioner's request, but without awarding costs or damages, leading to dissenting votes on this point.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "16/07/2021", "year": "2021", "topic_ids": [ "procedural-environmental" ], "primary_topic_id": "procedural-environmental", "es_concept_hints": [ "contaminación sónica", "derecho a la salud", "adulta mayor", "acceso a la justicia", "amparo ambiental", "coordinación interinstitucional", "principio precautorio", "clausura sanitaria" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 52", "law": "Ley de la Jurisdicción Constitucional" }, { "article": "Arts. 59-63", "law": "Ley Orgánica del Ambiente" }, { "article": "Arts. 294, 302", "law": "Ley General de Salud" }, { "article": "Art. 390 inciso 2", "law": "Código Penal" } ], "keywords_es": [ "contaminación sónica", "ruido de taller mecánico", "derecho a la salud", "adulta mayor", "derecho a un ambiente sano", "derecho de acceso a la justicia", "retraso administrativo", "Sala Constitucional", "amparo ambiental", "coordinación interinstitucional", "principio precautorio", "clausura sanitaria", "permiso sanitario de funcionamiento" ], "keywords_en": [ "noise pollution", "mechanic shop noise", "right to health", "elderly person", "right to a healthy environment", "right to access to justice", "administrative delay", "Constitutional Chamber", "environmental amparo", "interagency coordination", "precautionary principle", "health closure", "health operating permit" ], "excerpt_es": "V.- Sobre el caso concreto. Del informe rendido por las autoridades recurridas, que se rinde bajo la fe, seriedad y formalidad del juramento, con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44, de la Ley que rige esta Jurisdicción, y la prueba aportada para la resolución del presente asunto, se comprueba que en autos se ha producido una violación al derecho de acceso a la justicia por el retraso en la resolución de la solicitud efectuada por la recurrente. De los autos se desprende que el señor Rodríguez Gutiérrez el día 13 de enero de 2021 presentó, en favor de la recurrente, solicitud de seguimiento a oficio FM-PAEC-01-2020, donde se había denunciado el funcionamiento de un taller mecánico sin los permisos correspondientes. La gestión fue reiterada el día 08 de febrero de 2021, con la finalidad de que se realice e informe sobre nueva inspección in situ del establecimiento. Si bien el día 24 de febrero de 2021, la Alcaldía de Desamparados comunicó al señor Rodríguez lo siguiente: “… se coordinó la visita con el Ministerio de Salud, sin embargo los mismos indicaron que en estos momentos no están programando ninguna visita debido a que se encuentran rezagados con trámites del año pasado por la atención de la emergencia del COVID-19, una vez que brinden una fecha de inspección se les estará informando lo pertinente”, a la fecha de interposición del recurso –seis meses después de la solicitud–, no se había brindado fecha de inspección ni se había comunicado resolución alguna de la gestión, plazo que esta Sala considera irrazonable en relación con el establecido en la Ley General de la Administración Pública. Ahora bien, consta igualmente en autos que se resolvió la solicitud luego de que las autoridades recurridas tuvieron conocimiento del presente amparo, habiéndose dispuesto la cancelación indefinida del permiso sanitario de funcionamiento de la actividad denunciada mediante informe técnico MS-DRRSCS-ARS-D-IT-0677-2021, aunado a la ejecución de acto de clausura total MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-AC-051-2021. Como consecuencia de lo anterior, lo que corresponde es declarar con lugar el recurso, al tenor del artículo 52, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, ya que la actuación impugnada fue resuelta con posterioridad a la notificación del recurso de amparo, y sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, como se indica a continuación.", "excerpt_en": "V.- On the specific case. From the report submitted by the respondent authorities, given under oath with the consequences, including criminal, provided in Article 44 of the Law governing this Jurisdiction, and the evidence provided for the resolution of this matter, it is verified that a violation of the right of access to justice has occurred due to the delay in resolving the request made by the petitioner. It appears from the record that on January 13, 2021, Mr. Rodríguez Gutiérrez submitted, on behalf of the petitioner, a request for follow-up to communication FM-PAEC-01-2020, in which the operation of a mechanic shop without the corresponding permits had been reported. The request was reiterated on February 8, 2021, with the purpose of having a new on-site inspection of the establishment carried out and reported. Although on February 24, 2021, the Mayor's Office of Desamparados informed Mr. Rodríguez that: '… the visit was coordinated with the Ministry of Health, however they indicated that they are not scheduling any visits at this time because they are behind with last year's paperwork due to the COVID-19 emergency, once they provide an inspection date you will be informed accordingly,' as of the date the amparo was filed—six months after the request—no inspection date had been provided and no resolution on the request had been communicated, a period this Chamber considers unreasonable in relation to that established in the General Public Administration Law. Now, it is also in the record that the request was resolved after the respondent authorities became aware of this amparo, having ordered the indefinite cancellation of the health operating permit for the reported activity through technical report MS-DRRSCS-ARS-D-IT-0677-2021, together with the execution of the total closure act MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-AC-051-2021. As a consequence, the appropriate action is to grant the amparo, pursuant to Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law, since the challenged action was resolved after notification of the amparo, and without special award of costs or damages, as indicated below.", "outcome": { "label_en": "Granted", "label_es": "Con lugar", "summary_en": "Amparo granted for violation of the right to access to justice due to unreasonable delay in resolving the noise pollution complaint, with no award of costs or damages.", "summary_es": "Se declara con lugar el amparo por violación al derecho de acceso a la justicia debido al retraso irrazonable en resolver la denuncia de contaminación sónica, sin condenatoria en costas, daños y perjuicios." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando IV", "quote_en": "This Chamber has recognized that both the right to health and the right to a pollution-free environment—without which the former could not be effective—are fundamental rights, such that the State is obligated to provide for their protection, either through general policies to achieve that end or through specific acts by the Administration.", "quote_es": "Esta Sala ha reconocido, que tanto el derecho a la salud como a un ambiente libre de contaminación -sin el cual el primero no podría hacerse efectivo- son derechos fundamentales, de modo que es obligación del Estado proveer a su protección, ya sea a través de políticas generales para procurar ese fin, o bien a través de actos concretos por parte de la Administración." }, { "context": "Considerando IV", "quote_en": "Noise nuisances affect quality of life and people's health, as they can bring physiological and psychological consequences, especially in the face of persistent severe noise pollution.", "quote_es": "Las molestias por ruidos afectan la calidad de vida y la salud de las personas, ya que pueden traer consigo consecuencias fisiológicas y psíquicas, sobre todo ante la persistencia de una grave contaminación acústica." }, { "context": "Considerando V", "quote_en": "Coordination, as it ensures administrative efficiency and effectiveness, is a virtual or implicit constitutional principle that permeates the entire administrative legal order and obliges all public entities.", "quote_es": "La coordinación, en cuanto asegura la eficiencia y eficacia administrativas, es un principio constitucional virtual o implícito que permea el entero ordenamiento jurídico administrativo y obliga a todos los entes públicos." }, { "context": "Considerando V", "quote_en": "the precautionary principle—which seeks to avoid or suspend any activity that may negatively affect such management—obliges the Administration, first, to summon the affected and interested parties, and the institutions that may be involved.", "quote_es": "el principio precautorio -que pretende evitar o suspender cualquier actividad que pueda incidir negativamente en dicha gestión- obliga a la Administración, en primer lugar, a emplazar a los afectados e interesados, y a las instituciones que puedan verse involucradas." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1040810", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [], "sentencias_relacionadas": [], "temas_y_subtemas": [], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 16038 - 2021\n\nFecha de la Resolución: 16 de Julio del 2021 a las 09:20\n\nExpediente: 21-012061-0007-CO\n\nRedactado por: Luis Fdo. Salazar Alvarado\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp: 21-012061-0007-CO\n\nRes. Nº 2021016038\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del dieciseis de julio de dos mil veintiuno .\n\n  Recurso de amparo que se tramita en expediente N° 21-012061-007-CO, interpuesto por MARÍA EUGENIA JIMÉNEZ VALVERDE, cédula de identidad 0104040366, contra la MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS Y EL MINISTERIO DE SALUD.  \n\nResultando: \n\n 1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 10:28 horas del 23 de junio de 2021, la recurrente MARÍA EUGENIA JIMÉNEZ VALVERDE, cédula de identidad 0104040366, interpone recurso de amparo contra la MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS y el MINISTERIO DE SALUD. Manifiesta, en resumen, que es una adulta mayor de setenta y tres años de edad, y sufre múltiples enfermedades como \"artrosis y bronquitis alérgica\" que pueden ser producidas por el humo o partículas. Además, padece \"Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica\" por la contaminación directa y un problema auditivo. Indica que vive en el cantón de Desamparados, distrito de San Rafael Abajo. Manifiesta que, al lado de su propiedad, en la finca número 333236, su vecino levantó un galerón sin los permisos correspondientes de construcción y puso a funcionar un taller mecánico de automóviles. Lo anterior, sin contar con la patente respectiva ni el permiso de funcionamiento que otorga el Ministerio de Salud. Afirma que desde el momento en que comenzó a funcionar ese taller mecánico, iniciaron los malos olores, plagas de animales como ratones y mosquitos. Detalla que el ruido y escándalo que generan todos los días, no le permiten descansar ni poder disfrutar de su vejez en paz. Acota que vive con miedo en que se produzca un incendio en ese lugar, ya que al no contar con los permisos de funcionamiento ni las medidas necesarias que debe de tener un taller mecánico, un incidente de ese tipo podría ocurrir en cualquier momento por la chatarra y trabajos que hay en el sitio. Explica que desde el año 2017 denunció el problema ante el Área Rectora de Salud de Desamparados y por medio informe técnico No. CR-ARS-D-ERS-IT-0990-2017, la ingeniera Tatiana González González, realizó un informe de todo lo actuado por parte del Ministerio de Salud, y en su conclusión manifestó que el Equipo de Regulación resolvía cerrar la denuncia CS-ARS-D-DE-065% 2016, procediendo con la clausura del lugar. Sin embargo, de forma errónea cerraron el caso, sin darle el debido seguimiento (documento que se aporta como prueba). En vista de esto, el 20 de marzo de 2020, envió una nota al Dr. Jimmy Vargas Charpentier, director del Área Rectora de Salud de Desamparados, donde le manifestó que el taller mecánico seguía funcionando (documento que se aporta como prueba). Detalla que el problema también fue denunciado ante la Municipalidad de Desamparados, pero sin resultado alguno. Alega que las autoridades recurridas tienen conocimiento del funcionamiento del taller, pero ninguna de las dos instituciones, hasta el momento, le han brindado una solución definitiva a esa problemática. Estima lesionados sus derechos fundamentales. Solicita que se declare con lugar el recurso.\n\n2.- Mediante resolución de las 10:04 horas del 01 de julio de 2021, se dio curso al presente recurso y se otorgó audiencia al director del Área Rectora de Salud de Desamparados del Ministerio de Salud y al Alcalde de la Municipalidad de Desamparados, sobre los hechos alegados por la parte recurrente. \n\n 3.- Informa bajo juramento, Gilberth Jiménez Siles, en su condición de Alcalde Municipal de Desamparados, que en el año 2017 la recurrente presentó el trámite 05849-20217 al Proceso Control Urbano y Rural, el cual se atendió oportunamente y se dio respuesta mediante oficio N°CR-161-2017, donde se notificó a la recurrente el traslado formal de cargos con la resolución N°UCU-012-2017 por la clausura de la construcción, con la notificación 1355 al infractor. Señala, que ese mismo año la recurrente presentó recurso de amparo 17-008299-0007-CO, el cual se declara sin lugar al no acreditarse omisión alguna de parte de esta entidad. Manifiesta, que en el año 2020 el señor Rodríguez Gutiérrez solicita a nombre de la recurrente que se le informe de todas las actuaciones tomadas en el caso, mediante cédula de notificación N°02925 del 14 de enero de 2021 se realizó la clausura del taller propiamente. El 13 de enero de 2021, mediante oficio FM-PAEC-0004-21 el señor Rodríguez reitera la gestión a nombre de la recurrente, solicitando se informe del trámite del caso, lo cual se respondió mediante oficio MD-AM-0204-2021 del 02 de febrero de 2021. Indica, que mediante oficio FM-PAEC-010-2021 del 08 de febrero de 2021 el señor Rodríguez solicita informe sobre una nueva inspección, gestión que se respondió mediante oficio MD-AM-0386-2021, donde se le indicó la imposibilidad de coordinar la visita con el Ministerio de Salud por falta de personal debido a la pandemia COVID-19. Agrega, que el pasado 05 de julio se procedió junto al Ministerio de Salud a realizar la notificación N° A0737 y se clausuró nuevamente la actividad lucrativa, como se observa en informe N°DT-FU-1141-2021 emitido por el Proceso de Fiscalización Urbana y Rural, el cual se remitió vía correo electrónico al señor Rodríguez. Solicita se declare sin lugar el recurso.\n\n4.- Informa bajo juramento Carolina Umaña Cisneros, en su condición de Directora a.i. del Área Rectora de Salud de Desamparados, que el 19 de agosto de 2016 se recibe en el Área Rectora de Salud de Desamparados gestión para permiso sanitario de funcionamiento para la actividad de Venta de Repuestos Automotriz Barrios, con vencimiento el 09 de agosto de 2021. Señala, que el día 11 de noviembre de 2016, se presenta denuncia CS-ARS-D-DE-0657-2016 contra el propietario del taller por no poseer paredes y producción de contaminación. El día 18 de enero de 2017 se realiza visita en sitio denunciado y se observa incumplimiento de medidas físico-sanitarias para desarrollar la actividad de venta de repuestos, por lo que se gira la orden sanitaria CS-ARS-D-ERS-OS-0014-2017 para la subsanación de las inconformidades, lo cual se notifica a la denunciante mediante informe técnico CS-ARS-D-ERS-IT-0265. El 29 de mayo de 2017 se emite oficio CS-ARS-D-0368-17 donde se informa a la señora Jiménez Valverde del seguimiento a la denuncia planteada y, siendo que la orden sanitaria aún se encontraba en período de ejecución, se le informaría lo actuado una vez transcurrido el plazo. Esgrime, que el día 12 de junio de 2017 se recibe en esta Área Rectora de Salud el recurso de amparo N°17-008299-0007-CO interpuesto por la misma recurrente, el cual se declaró sin lugar, pues el día 27 de julio de 2017, una vez finalizado el plazo de la orden sanitaria, al verificarse el incumplimiento de la misma, se procede con el acto de clausura CS-ARS-D-ERS-AC-030-2017. Señala, que con fecha 06 de noviembre de 2019, se da seguimiento al caso y se evidencia el funcionamiento del local sin las condiciones físico-sanitarias necesarias, por lo cual el 22 de noviembre del mismo año se presenta ante la Fiscalía de Desamparados denuncia penal por delito de desobediencia a la autoridad. Ahora, agrega, que el día 02 de julio de 2021 se recibió en dicha área rectora de salud el presente recurso de amparo; por ende, el día 05 de julio de 2021 se genera informe técnico MS-DRRSCS-ARS-D-IT-0677-2021, donde se resuelve cancelar de forma indefinida el permiso sanitario de funcionamiento y se procede a la clausura total de las instalaciones junto con la colocación de sellos en la puerta principal. Recalca, que luego de la intervención de la entidad en noviembre del 2019, no se han vuelto a recibir denuncias por parte de la recurrente hasta el momento de interposición de este amparo, siendo que apenas se recibe la comunicación del mismo, se hace la visita correspondiente y se procede a la clausura definitiva del establecimiento. Solicita se declare sin lugar el recurso.\n\n 5.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales. \n\n Redacta el Magistrado Araya García; y,\n\n Considerando:\n\n I.- Aclaración previa. Antes de analizar el fondo del asunto, debe aclararse que, a partir de la Sentencia N° 2008-2545 de las 8:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones– aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, pues, se está ante la denuncia de un problema sanitario, donde además media la salud de una persona adulta mayor.\n\nII.-  Objeto del recurso. La recurrente manifiesta que es persona adulta mayor, vecina de Desamparados y, que al lado de su propiedad opera un taller mecánico de automóviles sin los permisos correspondientes de construcción y funcionamiento. Acusa que, pese a que ha denunciado el hecho en repetidas ocasiones ante la Municipalidad correspondiente y el Ministerio de Salud, a la fecha de presentado el recurso, el establecimiento continúa en funcionamiento, sin que se resuelva su gestión de forma definitiva. Estima lesionados sus derechos fundamentales.              \n\nIII.-   Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial: \n\na)    La recurrente es persona adulta mayor de setenta y tres años de edad, vecina de San Rafael Abajo de Desamparados (hecho no controvertido).\n\nb)    El día 13 de enero de 2021, el señor Jesús Rodríguez Gutiérrez, en nombre de la recurrente, solicita se le informe del seguimiento al oficio FM-PAEC-01-2020 sobre la construcción de un galerón sin permisos municipales y el funcionamiento de un taller mecánico sin los permisos correspondientes (ver informe y prueba adjunta).\n\nc)     Mediante oficio DT-FU-0096-2021 del 18 de enero de 2021, la Municipalidad de Desamparados comunica la gestión de seguimiento de la denuncia al Área Rectora de Salud de Desamparados y solicita una visita en conjunto para la verificación de los hechos (ver informe y prueba adjunta).\n\nd)    El día 08 de febrero de 2021, el señor Rodríguez reitera solicitud de informe sobre nueva inspección del establecimiento mediante oficio FM-PAEC-0004-21 (ver informe y prueba adjunta).\n\ne)     El día 24 de febrero de 2021, mediante oficio MD-AM-0386-2021, la Alcaldía de Desamparados comunica al señor Rodríguez lo siguiente en cuanto a su solicitud: “… se coordinó la visita con el Ministerio de Salud, sin embargo los mismos indicaron que en estos momentos no están programando ninguna visita debido a que se encuentran rezagados con trámites del año pasado por la atención de la emergencia del COVID-19, una vez que brinden una fecha de inspección se les estará informando lo pertinente” (ver informe y prueba adjunta).\n\nf)      Con ocasión de la interposición del presente recurso de amparo, el Ministerio de Salud, en compañía de la Municipalidad de Desamparados, generan informe técnico MS-DRRSCS-ARS-D-IT-0677-202, donde se resuelve cancelar de forma indefinida el permiso sanitario de funcionamiento de la actividad denominada ¨Repuestos Barrios¨ y ejecutan acto de clausura total MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-AC-051-2021 (ver informe y prueba adjunta).\n\nIV.- SOBRE LA CONTAMINACIÓN SÓNICA, Y SU RELACIÓN CON EL DERECHO A LA SALUD, EL DERECHO A GOZAR DE UN AMBIENTE LIBRE DE CONTAMINACIÓN Y EL DERECHO A LA INTIMIDAD (DERECHO A LA TRANQUILIDAD). Esta Sala ha reconocido, que tanto el derecho a la salud como a un ambiente libre de contaminación -sin el cual el primero no podría hacerse efectivo- son derechos fundamentales, de modo que es obligación del Estado proveer a su protección, ya sea a través de políticas generales para procurar ese fin, o bien a través de actos concretos por parte de la Administración. Existen varios tipos de contaminación, uno de ellos está referido a la contaminación sónica producida por el ruido. El ruido es considerado como una de las formas de agresión al ambiente que aumenta las incomodidades en una sociedad cada vez más industrializada. Las molestias por ruidos afectan la calidad de vida y la salud de las personas, ya que pueden traer consigo consecuencias fisiológicas y psíquicas, sobre todo ante la persistencia de una grave contaminación acústica. Para abordar tal problemática el Estado debe diseñar políticas contra esa clase de contaminación atmosférica, dirigidas a proteger a las personas de la exposición excesiva al ruido. En relación con las políticas para aminorar y evitar la contaminación sónica así como para promover la protección de los valores jurídicamente relevantes que en este caso se ven involucrados, que son el medio ambiente y la salud, la Sala observa que si bien sobresalen esfuerzos normativos al respecto, al Estado costarricense le ha sido difícil estructurar un conjunto de normas que permitan hacer frente al problema del ruido así como diseñar y poner en práctica un plan de reducción del ruido que permita controlar de manera más eficiente el fenómeno ambiental. Tal carencia normativa no es un problema particular de nuestro país, pues el ruido se presenta de difícil tratamiento dado en primer lugar a su naturaleza temporal, no acumulativa y a la clara dispersión de sus agentes contaminadores, -nótese que el ruido proviene de un sinnúmero de fuentes que atacan las diversas situaciones en las que se desenvuelve el individuo (calle, lugar de trabajo, vivienda, hospitales, zonas comerciales, parques, escuelas, etcétera). Es claro que el problema del ruido se agudiza debido tanto a la dispersión y aumento de las fuentes de contaminación así como al desarrollo de la industria, de la construcción, relacionado con el grado de urbanización y densidad de la red vial, entre otros factores. A lo anterior se suma que el diseño de la política ambiental no ha concedido prioridad a este tipo de contaminación, que como se dijo, es de difícil tratamiento, y a los problemas relativos a su definición; razones todas que han obstaculizado el control del ruido. No existe en nuestro ordenamiento jurídico, una normativa general que contemple todas las principales cuestiones relacionadas con el tema, sino que se cuenta con dispersas y variadas normas contenidas en diferentes cuerpos normativos entre las que destaca la Ley Orgánica del Ambiente, que es la N° 7554 de 4 de octubre de 1995, que concede al ruido un lugar en los artículos 59 a 63 del Capítulo XV denominado \"Contaminación\" y en el que incorpora el principio precautorio de manera genérica al indicar que compete al Estado adoptar las medidas que sean necesarias para prevenir o corregir la contaminación ambiental (artículo 59). El artículo 60 en su inciso e) recoge también el principio precautorio específicamente en materia de contaminación acústica y dota de competencia al Estado, las municipalidades y las demás instituciones públicas, para prevenir y controlar la contaminación del ambiente, debiendo dar prioridad al establecimiento y operación de servicios adecuados en áreas fundamentales para la salud ambiental, entre los que destaca el control de la contaminación sónica. Se refuerza el principio precautorio en los artículos 61 y 63 referente el primero a contingencia ambiental y según el cual la autoridad competente dictará las medidas preventivas y correctivas necesarias cuando sucedan contingencias por contaminación ambiental y otras que no estén contempladas en esta ley. El artículo 63 de la ley de cita dispone el procedimiento y medidas a tomar para la prevención y control del deterioro de la atmósfera, y para disminuir y controlar las emisiones que sobrepasen los límites permisibles. Por su parte, la Ley General de Salud dispone en su artículo 302 la protección de la exposición a los ruidos al señalar que ningún establecimiento industrial podrá funcionar si sus labores constituyen un elemento de peligro, insalubridad o incomodidad para la vecindad \"... ya sea por las condiciones de manutención del local en que funciona, por la forma o sistemas que emplea en la realización de sus operaciones, por la forma o sistema que utiliza para eliminar los desechos, residuos o emanaciones resultantes de sus faenas, o por los ruidos que produce la operación.\" En el último párrafo del artículo 294, la Ley General de Salud, se incluye al ruido como elemento susceptible de provocar la contaminación de la atmósfera en los siguientes términos: \"Será asimismo considerada como contaminación atmosférica la emisión de sonidos que sobrepasen las normas aceptadas internacionalmente y declaradas oficiales por el Ministerio.\" El Legislador costarricense ha previsto sanciones de tipo penal, específicamente mediante el artículo 390 inciso 2 del Código Penal, aplicables a los transgresores de los umbrales y franjas de contaminación tolerables de ruido. La legislación laboral protege también a los trabajadores expuestos a decibelios altos en sus lugares de trabajo, lo que hace mediante el Reglamento de Control de Ruidos y Vibraciones, que es Decreto Ejecutivo N° 10541 de 14 de setiembre de 1979 elaborado por el Consejo de Seguridad e Higiene del Trabajo del Ministerio de Trabajo, y el Reglamento para Contratación Laboral y Condiciones Salud Ocupacional de Adolescentes N° 29220-MTSS (artículos 6 y 7); con el propósito de prevenir problemas de audición de los trabajadores que laboran en locales de trabajo en que los ruidos superan los límites establecidos. Por su parte, de forma general para el control del ruido se encuentra el Decreto Ejecutivo N° 28718 del 15 de junio del 2000 que es “Reglamento para el control de contaminación por ruido” donde se establecen los niveles de ruido permitidos y las entidades competentes para su control. A nivel supranacional la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en Río de Janeiro en Junio de 1992 plantea los lineamientos a seguir para combatir la contaminación sónica. Las normas citadas si bien dispersas, están todas dirigidas a combatir desde diferentes flancos (ambiental, penal, laboral, salubridad, internacional) la agresión directa y cotidiana al derecho al medio ambiente, provocada por la contaminación sónica como parte de la contaminación de la atmósfera, concepto definido en el artículo 62, de la Ley Orgánica del Ambiente como: \"(… ) la presencia en ella y en concentraciones superiores a los niveles permisibles fijados, de partículas sólidas, polvo, humo, vapor, gases, malos olores, radiaciones, ruidos, ondas acústicas imperceptibles y otros agentes de contaminación que el Poder Ejecutivo defina como tales en el reglamento\". La normativa citada ejemplifica los esfuerzos realizados en materia de control de ruido que sirve de vehículo para preservar el medio ambiente, tema que está indisolublemente vinculado o conectado con otros derechos constitucionales, como el derecho a la salud, siendo una de las finalidades principales del medio ambiente, la protección de la salud. De este punto de confluencia entre el medio ambiente y la salud, puede entonces decirse que un deterioro ambiental por exceso de ruido afecta al bienestar de las personas y puede provocar daño a su salud, lo que justifica plenamente, a pesar de las evidentes dificultades que presenta el tema, la regulación de este agente contaminador. Así entonces, la realización de ciertas actividades que eventualmente generen contaminación sónica se encuentran limitadas por respeto de la intimidad, el derecho a un ambiente sano y el derecho a la salud. Entre las entidades estatales llamadas a velar por estos derechos están la Policía, la Municipalidad y el Ministerio de Salud, principalmente este último quien tiene la potestad de determinar la existencia de contaminación sónica. La policía tiene a su cargo el resguardo del orden público, la Municipalidad el deber de verificación los permisos para operar y el Ministerio de Salud le corresponde la inspección y medición sónica -entre otras diligencias necesarias-, a fin de poder determinar debidamente si efectivamente se presenta el problema sanitario de contaminación, así como que se establezcan las eventuales medidas que técnicamente procedan para su solución.\n\nV.- Sobre el principio de coordinación interadministrativa. Uno de los principios rectores de la organización administrativa lo constituye la coordinación que debe mediar entre todos los entes y órganos públicos al ejercer sus competencias y prestar los servicios que el ordenamiento jurídico les ha asignado. La coordinación, en cuanto asegura la eficiencia y eficacia administrativas, es un principio constitucional virtual o implícito que permea el entero ordenamiento jurídico administrativo y obliga a todos los entes públicos. Esta puede ser interorgánica -entre los diversos órganos que conforman un ente público no sujetos a una relación de jerarquía- o intersubjetiva, esto es, entre los entes públicos, cada uno con personalidad jurídica, presupuesto propio, autonomía y competencias específicas. La autonomía administrativa o de otro grado de cuya titularidad gozan los entes públicos los obliga a coordinar sus acciones, puesto que, no pueden estar sometidos recíprocamente a relaciones de jerarquía por su naturaleza interorgánica. La coordinación administrativa tiene por propósito evitar las duplicidades y omisiones en el ejercicio de las funciones administrativas de cada ente público, esto es, que sean desempeñadas de forma racional y ordenada; y se logra a través del establecimiento de niveles o canales fluidos y permanentes de información entre los entes públicos, todo lo cual se puede lograr a través de reuniones, informes o la creación de instancias formales de coordinación.\n\nVI.- Sobre la coordinación interinstitucional en materia ambiental. Específicamente en materia de tutela ambiental, la Sentencia N° 2008-004790 subrayó el deber de coordinación entre las instituciones relacionadas con el tema y la imposibilidad de hacer caso omiso a las advertencias sobre el peligro de contaminación que emite una institución facultada por ley para proteger el recurso hídrico:\n\n“III.- La coordinación entre las dependencias públicas debe garantizar la protección del ambiente. En diversas oportunidades, la jurisprudencia constitucional ha indicado que la protección del ambiente es una tarea que corresponde a todos por igual, es decir, que existe una obligación para el Estado – como un todo- de tomar las medidas necesarias para proteger el medio, a fin de evitar grados de contaminación, deforestación, extinción de flora y fauna, uso desmedido o inadecuado de los recursos naturales, que pongan el peligro la salud de los administrados. En esta tarea, por institución pública, debe entenderse comprendida tanto la Administración Central – Ministerios, como el Ministerio del Ambiente y Energía y el Ministerio de Salud, que en razón de la materia, tienen una amplia participación y responsabilidad en lo que respecta a la conservación y preservación del ambiente; los cuales actúan, la mayoría de las veces, a través de sus dependencias especializadas en la materia, como por ejemplo, la Dirección General de Vida Silvestre, la Dirección Forestal, y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA); así como también las instituciones descentralizadas, caso del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, el Instituto Costarricense de Turismo o el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados; tarea en la que, por supuesto, tienen gran responsabilidad las municipalidades, en lo que respecta a su jurisdicción territorial. Es por ello, que podría pensarse que esta múltiple responsabilidad provocaría un caos en la gestión administrativa, lo cual no es cierto, por cuanto a fin de evitar la coexistencia simultánea de esferas de poder de diferente origen y esencia, la duplicación de los esfuerzos nacionales y locales, así como la confusión de derechos y obligaciones entre las diversas partes involucradas, es que se hace necesario establecer una serie de relaciones de coordinación entre las diversas dependencias del Poder Ejecutivo y las instituciones descentralizadas, y entre éstas con las municipalidades, a fin de poder llevar a cabo las funciones que les han sido encomendadas. Esta Sala con anterioridad – y en forma bastante clara- se refirió al principio de coordinación de las dependencias públicas con las municipalidades en la realización de fines comunes -lo cual, obviamente se debe hacer extensivo a la relación que en esta importante función realizan las instituciones de la Administración Central y las descentralizadas-, para lo cual se remite a lo indicado en aquella ocasión (sentencia número 5445-99, de las catorce horas treinta minutos del catorce de julio de mil novecientos noventa y nueve):\n\n\"De manera que la coordinación es la ordenación de las relaciones entre estas diversas actividades independientes, que se hace cargo de esa concurrencia en un mismo objeto o entidad, para hacerla útil a un plan público global, sin suprimir la independencia recíproca de los sujetos agentes. Como no hay una relación de jerarquía de las instituciones descentralizadas, ni del Estado mismo en relación con las municipalidades, no es posible la imposición a éstas de determinadas conductas, con lo cual surge el imprescindible «concierto» interinstitucional, en sentido estricto, en cuanto los centros autónomos e independientes de acción se ponen de acuerdo sobre ese esquema preventivo y global, en el que cada uno cumple un papel con vista en una misión confiada a los otros. Así, las relaciones de las municipalidades con los otros entes públicos, sólo pueden llevarse a cabo en un plano de igualdad, que den como resultado formas pactadas de coordinación, con exclusión de cualquier forma imperativa en detrimento de su autonomía, que permita sujetar a los entes corporativos a un esquema de coordinación sin su voluntad o contra ella; pero que sí admite la necesaria subordinación de estos entes al Estado y en interés de éste (a través de la «tutela administrativa» del Estado, y específicamente, en la función de control la legalidad que a éste compete, con potestades de vigilancia general sobre todo el sector).” \n\nPor otro lado, las omisiones al deber de protección del ambiente y de cumplimiento de la normativa ambiental son de relevancia constitucional, por cuanto a consecuencia de la inercia de la Administración en esta materia, se puede producir un daño al ambiente y a los recursos naturales, a veces, de similares o mayores consecuencias, que de las derivadas de las actuaciones de la Administración; como lo es la autorización de planes reguladores, o construcciones sin la aprobación del estudio de impacto ambiental por parte Secretaría Técnica Nacional Ambiental, o la falta de control y fiscalización en la ejecución de los planes de manejo de las áreas protegidas por parte de la Dirección General de Vida Silvestre del Ministerio del Ambiente y Energía, o el permitir el funcionamiento de empresas sin los permisos de salud en lo que respecta al tratamiento de aguas negras o residuales (Acueductos y Alcantarillados y Ministerio de Salud), o no verificar los controles sónicos en bares, karaokes y discoteques (municipalidades y Ministerio de Salud), entre otros (ver al respecto sentencia número 2006-005159 de las trece horas cuatro minutos del siete de abril del dos mil seis).”\n\nEn otras palabras, interesan la cooperación técnica que puedan brindarse los distintos entes, los elementos técnicos que éstos puedan aportar y el respeto a las competencias de cada uno; a fin de garantizar sin lugar a dudas que la incidencia de los proyectos que se evalúen no sea negativa, y así garantizar la gestión sostenible de los recursos hídricos y el pleno derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, tal como lo consagra la norma constitucional. Así, el principio precautorio -que pretende evitar o suspender cualquier actividad que pueda incidir negativamente en dicha gestión- obliga a la Administración, en primer lugar, a emplazar a los afectados e interesados, y a las instituciones que puedan verse involucradas. Ello para que puedan hacer las alegaciones correspondientes y presentar los criterios técnicos correspondientes, y asegurar una efectiva participación de los órganos competentes en la materia en aras de proteger y preservar el ambiente y el recurso hídrico. Y obliga, en segundo lugar, a tomar en consideración las advertencias que haga una institución facultada por ley para proteger el recurso hídrico sobre el peligro de afectación.\n\nIV.- Sobre el caso concreto. Del informe rendido por las autoridades recurridas, que se rinde bajo la fe, seriedad y formalidad del juramento, con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44, de la Ley que rige esta Jurisdicción, y la prueba aportada para la resolución del presente asunto, se comprueba que en autos se ha producido una violación al derecho de acceso a la justicia por el retraso en la resolución de la solicitud efectuada por la recurrente.  De los autos se desprende que el señor Rodríguez Gutiérrez el día 13 de enero de 2021 presentó, en favor de la recurrente, solicitud de seguimiento a oficio FM-PAEC-01-2020, donde se había denunciado el funcionamiento de un taller mecánico sin los permisos correspondientes. La gestión fue reiterada el día 08 de febrero de 2021, con la finalidad de que se realice e informe sobre nueva inspección in situ del establecimiento. Si bien el día 24 de febrero de 2021, la Alcaldía de Desamparados comunicó al señor Rodríguez lo siguiente: “… se coordinó la visita con el Ministerio de Salud, sin embargo los mismos indicaron que en estos momentos no están programando ninguna visita debido a que se encuentran rezagados con trámites del año pasado por la atención de la emergencia del COVID-19, una vez que brinden una fecha de inspección se les estará informando lo pertinente”, a la fecha de interposición del recurso –seis meses después de la solicitud–, no se había brindado fecha de inspección ni se había comunicado resolución alguna de la gestión, plazo que esta Sala considera irrazonable en relación con el establecido en la Ley General de la Administración Pública. Ahora bien, consta igualmente en autos que se resolvió la solicitud luego de que las autoridades recurridas tuvieron conocimiento del presente amparo, habiéndose dispuesto la cancelación indefinida del permiso sanitario de funcionamiento de la actividad denunciada mediante informe técnico MS-DRRSCS-ARS-D-IT-0677-2021, aunado a la ejecución de acto de clausura total MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-AC-051-2021. Como consecuencia de lo anterior, lo que corresponde es declarar con lugar el recurso, al tenor del artículo 52, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, ya que la actuación impugnada fue resuelta con posterioridad a la notificación del recurso de amparo, y sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, como se indica a continuación.\n\nV.- Sobre la condenatoria en costas, daños y perjuicios de conformidad con el artículo 52 de la ley de la Jurisdicción Constitucional. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala es del criterio que la estimatoria que opera ex lege, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC), el cual dispone: \"Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso (…)\", debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, también cierto es que el mismo párrafo primero del artículo 52 de la ley de cita, refiere que la estimatoria se dicta \"únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes\". Se subraya que la Ley indica \"si fueren procedentes\", lo cual quiere decir que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas dependen de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este en que opera una terminación anormal del proceso, asimilable al desistimiento por satisfacción extraprocesal, es criterio de mayoría que no cabe condenar en costas, como tampoco en daños y perjuicios, porque las consecuencias económicas de la sentencia son similares a las de un archivo del expediente. Además, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que tales menoscabos, lesiones o alteraciones patrimoniales, no han tenido lugar; al menos en este amparo no hay elementos de juicio que sugieran otra cosa. Nada obsta para que, en casos de excepción, la Sala pueda considerar la procedencia de la indemnización. Cuando las leyes presentan omisiones o minusvalías, corresponde a los jueces enderezar esas carencias; si las leyes carecen de inteligencia en ciertos aspectos, no queda otro remedio que interpretarlas y aplicarlas conforme a las exigencias de la lógica procesal. Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: \"toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia\", se refiere a una forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de hechos que han vulnerado los derechos fundamentales de la parte actora en el proceso. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás Códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. A lo anterior se añaden razones de hecho, las cuales la Sala no puede soslayar, como lo demuestran casi tres décadas de la Jurisdicción Constitucional creada en 1989, en las cuales se ha generado un ejercicio abusivo de la acción vicaria en el recurso de amparo, con fines de riqueza en la indemnización, en la medida que no participa directamente las presuntas víctimas. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños o perjuicios.\n\nVI.- NOTA SEPARADA DE LA MAGISTRADA HERNÁNDEZ LÓPEZ. En el caso de recursos por cuestiones ambientales sostengo como línea general que esta Sala debe abstenerse de conocer los reclamos que se le presenten por supuesta infracción al artículo 50 de la Constitución Política para dejar en manos de la justicia administrativa y la jurisdicción contenciosa administrativa su conocimiento. Pero también he advertido que mi planteamiento no impide reconocer la existencia de casos particulares o grupos de casos que, según mi criterio, si resultarían aún mejor tutelados por esta Sala y por tanto deben ser conocidos y resueltos por ella.- Dentro de tales grupos de casos, y sin que esta enunciación pueda considerarse como una lista cerrada y definitiva, puedo señalar que la Sala debe reservarse el conocimiento de situaciones como por ejemplo los reclamos por infracciones ambientales que además pongan en riesgo directo la salud de las personas, o el acceso o calidad del agua; los casos de violaciones groseras y directas al ambiente y en los cuales se constate una palmaria ausencia de la protección por parte de las autoridades estatales, siempre y cuando además la naturaleza del reclamo permita ser abordado mediante el instrumento del amparo como instituto procesal sumario y especial, ya que estimo que tampoco se debe “ordinariar” el amparo para abordar, aún en estos casos citados, temas que rebasen la capacidad de ser atendidos adecuadamente en el mismo. \n\nEn el caso concreto, se observa que la situación planteada se ubica dentro tales casos de excepción pues se hace referencia a la existencia de una amenaza a la integridad y salud de una persona adulta mayor, de modo que en esta situación concuerdo con la mayoría en que este Tribunal debe conocer y decidir sobre el fondo de este caso, tal y como se ha hecho.\n\nVII.- Voto salvado de la Magistrada Hernández López, sobre las consecuencias económicas derivadas de declarar con lugar este recurso. Coincido con la mayoría de la Sala en la decisión tomada respecto de la existencia de una lesión a los derechos fundamentales en este caso, la cual ha sido corregida con ocasión de la intervención de la Sala; no obstante, me separo de su decisión en relación con el tema de las consecuencias económicas de dicha declaratoria.\n\nLa jurisdicción constitucional a cargo de este Tribunal en materia de amparo y hábeas corpus -la jurisdicción de la libertad como se le denomina- es especial porque su finalidad no es la del juez tradicional que dirime un conflicto entre dos partes, enfrentadas por una disputa legal. Su materia es de orden público, y su objetivo es brindar protección judicial a las personas en el ejercicio de sus derechos fundamentales de manera tal que no se perturbe su disfrute por actos de quien, de hecho o de derecho, realiza ejercicios concretos de autoridad, capaces de vulnerarlos.\n\nEsa vocación protectora de la jurisdicción constitucional se concreta en un diseño procesal también peculiar, célere y gratuito en donde se impone a la autoridad pública recurrida la simple rendición de “un informe” sobre lo actuado en el caso denunciado (artículos 43, 44, 45 y 46 de la LJC). Así que no se trata técnicamente de un litigio y acorde con ello, se entregan a la Sala Constitucional amplios poderes para orientar el curso del proceso de amparo o de hábeas corpus, tanto respecto de la posibilidad de requerir información a otras autoridades sobre lo sucedido, como respecto del manejo amplio de la prueba que pueda servir para aclarar lo sucedido. Tal marco procesal de la jurisdicción de la libertad, donde no existen dos partes antagónicas enfrentadas de modo que lo que gane una lo pierda la otra, impone alejarnos de las soluciones que para estas últimas cuestiones han sido previstos en sistemas procesales como el civil, el contencioso o el laboral.\n\nEn lo que ahora interesa, la Ley de la Jurisdicción Constitucional regula en sus artículos 46 y siguientes, tres aspectos concretos del ejercicio de la función jurisdiccional de protección de derechos fundamentales, a cargo de la Sala: a) el primer aspecto es el atinente a la declaración que debe hacerse de la existencia o inexistencia de la violación (artículos 46 y 47 LJC); b) el segundo, regula de forma cuidadosa las potestades de las que goza el Tribunal para revertir los efectos jurídicos de la infracción a los derechos fundamentales y restaurar, de la forma más efectiva, su ejercicio (artículos 49 y 50 LJC); c) el tercer aspecto, (artículo 51 LJC) dispone reglas sobre las consecuencias económicas de tales procesos de amparo y habeas corpus, de manera tal que –ante la constatación de una lesión parte de la Sala-exista una restauración del disfrute de tales derechos y, además, una efectiva indemnización de los daños y gastos ocasionados, como parte del derecho a una justicia efectiva en cuanto a la reparación de las consecuencias dañosas generadas por las autoridades que resulten infractoras, las cuales no son sólo para efectos de la tutela judicial efectiva de la parte accionante, sino también con un fin disuasorio para que  el Estado, no incurra en el futuro en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50 de la ley de la Jurisdicción Constitucional.\n\nEn este último aspecto, la Ley en su artículo 51 ordena a la Sala que “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso…”.  Este es el sistema general que regula los temas del ámbito indemnizatorio, para los casos que la mayoría identifica como “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerados los derechos fundamentales…”;  en tales casos, dentro de los que se cuenta el que ahora se decide,  la Sala ha tenido por comprobado el agravio y de allí la necesidad de una condenatoria en costas daños y perjuicios, que se apoya en el concepto antes citado de una tutela efectiva de los derechos de las personas y en la noción de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y gastos que ocasione con su actuar inconstitucional. No cambia en nada esta conclusión por el hecho de que al conocer y resolver el amparo, “hubieren cesado los efectos del acto reclamado” (artículo 50) pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria automática en costas daños y perjuicios, por entenderse que el proceso ha terminado de forma normal y se ha constatado la violación.\n\nDentro de este marco general sencillo y claro -y carente de minusvalías o vacíos- la disposición del artículo 52 de la Ley encaja perfectamente como un caso de excepción, aplicable únicamente en los casos en que la Sala no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, es decir -como lo dice la mayoría- en aquellas situaciones de “terminación anormal del proceso”. Pero las condiciones y alcances para decretar esa forma de conclusión están delimitados como suma precisión por parte del legislador; en primer lugar, los presupuestos de hecho para la aplicación de esta norma, están claramente descritos, de modo que la Sala debe comprobar: 1) que el amparo está en curso;  2) que exista una resolución administrativa o judicial (que debe entenderse en su sentido estrictamente formal); y 3) que en tal resolución se disponga incuestionablemente la revocación, la detención o la suspensión de la actuación impugnada. Se trata de conceptos sumamente acotados, cuyo ámbito de aplicación debe además ser interpretado restringidamente, no solo en atención a la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino porque las consecuencias de aplicar tal excepción generan indiscutiblemente una disminución en el derecho fundamental de las personas a lograr una efectiva tutela judicial frente a los daños recibidos con la lesión a sus derechos constitucionales. En conclusión, únicamente en tales limitados casos y luego de confirmado por el Tribunal todo lo anterior, a la luz de una lectura restrictiva de sus alcances, estaríamos ante la necesidad de dejar de lado el sistema general de condenatoria automática en costas daños y perjuicios, y ejercitar -como jueces- nuestra discreción jurídica para decidir si se ordena el pago de tales extremos o no.\n\nEn este caso, el ejercicio anterior obliga a concluir la inaplicabilidad del artículo 52 de LJC, pues, por una parte, el Tribunal se ha pronunciado sobre el fondo del asunto, ha reconocido con su declaración una lesión a derechos fundamentales y determinado quién ha sido su autor; en nada se asemeja lo anterior una “terminación anormal del proceso”. Por otra parte, tampoco se verifican los requisitos del artículo 52 recién citado, ya que no existe una “resolución administrativa o judicial” formalmente emitida y en la cual, de manera expresa se revoque, detenga o suspenda el acto que origina la violación de derechos constitucionales; Por todo ello,  es procedente aplicar lo dispuesto en los artículos 50 y 51 de la LJC  y disponer -como consecuencia de haberse comprobado la violación- la condenatoria en daños, perjuicios y costas causados, en calidad de consecuencias económicas del proceso.\n\nPero incluso, aún si dejásemos de lado la condena automática en daños, perjuicios y costas, despreciando los razonamientos anteriores, lo cierto es que los hechos probados de este caso han llevado a la Sala a declarar la existencia de una afectación en el ejercicio de los derechos fundamentales del amparado, que, como acción dañosa que es, lleva aparejada una presunción de surgimiento de daños y perjuicios económicos -cuya determinación concreta no le toca a la Sala-, y no se aprecia\n\nen el expediente mérito alguno que convenza para exonerar a la autoridad recurrida de cubrir la efectiva reparación de las consecuencias dañinas de sus actos, según el principio general dispuesto expresamente en la ley.\n\nVIII.-Voto salvado parcial del Magistrado Salazar Alvarado, únicamente en relación con la no condenatoria en costas, daños y perjuicios a la parte recurrida. Si bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.\n\nLa Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:\n\n“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.\n\nPor otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:\n\n“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.\n\nEsta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.\n\nEn criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.\n\nAsí, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.\n\nPor otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”.\n\nEl legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.\n\nEn mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaro.\n\nIX.- Voto salvado de la Magistrada Garro Vargas. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.\n\nMi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.\n\nCiertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es de carácter indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.\n\nSi el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de estos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya dictado la condenatoria en abstracto, no se han ocasionado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.\n\nCon la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido.\n\nEn razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas.\n\nXI.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes, que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del Despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11, del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19, del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12, celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPor tanto:\n\nSe declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. La Magistrada Hernández López pone nota. La Magistrada Hernández López salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas de conformidad con los artículos 50 y 51, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. El Magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y ordena también la condenatoria en daños, perjuicios y costas a la parte recurrida. La Magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas. Notifíquese.-\n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nNancy Hernández L.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\n\n\nJorge Araya G.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nAnamari Garro V.\n\n\n\n\nMarta Eugenia Esquivel R.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nMauricio Chacón J.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n XAGES7SHPJS61\n\nEXPEDIENTE N° 21-012061-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 09-05-2026 09:36:10.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "**IN THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE.** San José, at nine hours twenty minutes of July sixteenth, two thousand twenty-one.\n\nAn amparo action processed in case file No. 21-012061-007-CO, filed by MARÍA EUGENIA JIMÉNEZ VALVERDE, identity card number 0104040366, against the MUNICIPALITY OF DESAMPARADOS AND THE MINISTRY OF HEALTH.\n\n**Whereas:**\n\n1.- By written submission received at the Secretariat of the Court at 10:28 hours on June 23, 2021, the petitioner MARÍA EUGENIA JIMÉNEZ VALVERDE, identity card number 0104040366, files an amparo action against the MUNICIPALITY OF DESAMPARADOS and the MINISTRY OF HEALTH. She states, in summary, that she is an older adult of seventy-three years of age, and suffers from multiple illnesses such as \"arthrosis and allergic bronchitis\" that can be produced by smoke or particles. Additionally, she suffers from \"Chronic Obstructive Pulmonary Disease\" due to direct contamination and a hearing problem. She indicates that she lives in the canton of Desamparados, district of San Rafael Abajo. She states that, next to her property, on farm number 333236, her neighbor erected a large shed without the corresponding construction permits and started operating an automobile mechanic workshop. The foregoing, without having the respective license or the operating permit granted by the Ministry of Health. She affirms that from the moment that mechanic workshop began operating, bad odors and animal plagues such as mice and mosquitoes began. She details that the noise and disturbance generated every day do not allow her to rest or enjoy her old age in peace. She adds that she lives in fear that a fire will break out in that place, since not having the operating permits or the necessary measures that a mechanic workshop must have, an incident of this type could occur at any moment due to the scrap and work on the site. She explains that since 2017 she reported the problem to the Health Governing Area of Desamparados and through technical report No. CR-ARS-D-ERS-IT-0990-2017, engineer Tatiana González González prepared a report of all actions taken by the Ministry of Health, and in her conclusion stated that the Regulation Team decided to close complaint CS-ARS-D-DE-065% 2016, proceeding with the closure of the location. However, they erroneously closed the case, without giving it due follow-up (document provided as evidence). In view of this, on March 20, 2020, she sent a note to Dr. Jimmy Vargas Charpentier, director of the Health Governing Area of Desamparados, informing him that the mechanic workshop was still operating (document provided as evidence). She details that the problem was also reported to the Municipality of Desamparados, but without any result. She alleges that the respondent authorities are aware of the workshop's operation, but neither of the two institutions, to date, has provided her with a definitive solution to this problem. She considers her fundamental rights violated. She requests that the appeal be granted.\n\n2.- By resolution of 10:04 hours on July 01, 2021, this appeal was processed, and a hearing was granted to the director of the Health Governing Area of Desamparados of the Ministry of Health and the Mayor of the Municipality of Desamparados, regarding the facts alleged by the petitioner.\n\n3.- Gilberth Jiménez Siles, in his capacity as Municipal Mayor of Desamparados, reports under oath that in 2017 the petitioner submitted procedure 05849-20217 to the Urban and Rural Control Process, which was attended to in a timely manner and answered through official note No. CR-161-2017, where the petitioner was notified of the formal filing of charges with resolution No. UCU-012-2017 for the closure of the construction, with notification 1355 to the violator. He points out that in that same year the petitioner filed amparo action 17-008299-0007-CO, which was dismissed as no omission on the part of this entity was proven. He states that in 2020, Mr. Rodríguez Gutiérrez requested on behalf of the petitioner information on all actions taken in the case, and through notification document No. 02925 of January 14, 2021, the workshop itself was closed. On January 13, 2021, through official note FM-PAEC-0004-21, Mr. Rodríguez reiterated the request on behalf of the petitioner, asking to be informed of the case procedure, which was answered through official note MD-AM-0204-2021 of February 2, 2021. He indicates that through official note FM-PAEC-010-2021 of February 8, 2021, Mr. Rodríguez requested a report on a new inspection, a request answered through official note MD-AM-0386-2021, where he was told of the impossibility of coordinating the visit with the Ministry of Health due to lack of personnel because of the COVID-19 pandemic. He adds that last July 5, notification No. A0737 was made jointly with the Ministry of Health, and the lucrative activity was closed again, as observed in report No. DT-FU-1141-2021 issued by the Urban and Rural Oversight Process, which was sent via email to Mr. Rodríguez. He requests that the appeal be dismissed.\n\n4.- Carolina Umaña Cisneros, in her capacity as Interim Director of the Health Governing Area of Desamparados, reports under oath that on August 19, 2016, an application for a sanitary operating permit for the activity \"Venta de Repuestos Automotriz Barrios,\" expiring on August 9, 2021, was received at the Health Governing Area of Desamparados. She points out that on November 11, 2016, complaint CS-ARS-D-DE-0657-2016 was filed against the workshop owner for not having walls and producing contamination. On January 18, 2017, a visit was made to the reported site, and non-compliance with physical-sanitary measures to develop the auto parts sales activity was observed, so sanitary order CS-ARS-D-ERS-OS-0014-2017 was issued for the correction of the non-conformities, which was notified to the complainant through technical report CS-ARS-D-ERS-IT-0265. On May 29, 2017, official note CS-ARS-D-0368-17 was issued informing Mrs. Jiménez Valverde of the follow-up to the filed complaint, and since the sanitary order was still in its execution period, she would be informed of the actions taken once the period had expired. She argues that on June 12, 2017, amparo action No. 17-008299-0007-CO, filed by the same petitioner, was received at this Health Governing Area, which was dismissed, since on July 27, 2017, once the sanitary order's period ended, upon verifying non-compliance with it, closure action CS-ARS-D-ERS-AC-030-2017 was proceeded with. She points out that on November 6, 2019, the case was followed up, and the operation of the premises without the necessary physical-sanitary conditions was evidenced, for which reason on November 22 of the same year, a criminal complaint for the crime of disobedience to authority was filed before the Prosecutor's Office of Desamparados. Now, she adds, on July 2, 2021, this amparo action was received at said health governing area; therefore, on July 5, 2021, technical report MS-DRRSCS-ARS-D-IT-0677-2021 was generated, where it was decided to indefinitely cancel the sanitary operating permit and proceeded with the total closure of the facilities along with the placement of seals on the main door. She emphasizes that after the entity's intervention in November 2019, no further complaints from the petitioner had been received until the moment this amparo action was filed, and as soon as notification of the same was received, the corresponding visit was made and the definitive closure of the establishment was carried out. She requests that the appeal be dismissed.\n\n5.- In the proceedings followed, legal prescriptions have been observed.\n\nDrafted by Magistrate Araya García; and,\n\n**Considering:**\n\n**I.- Preliminary Clarification.** Before analyzing the merits of the matter, it must be clarified that, based on Judgment No. 2008-2545 of 8:55 hours of February 22, 2008, this Court has referred to the administrative-contentious jurisdiction —with some exceptions— those matters in which it is discussed whether the public administration has complied or not with the deadlines set by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure —initiated ex officio or at the instance of a party— or to hear the pertinent administrative appeals. Precisely, in the case sub lite, an exception is raised, as it concerns the complaint of a sanitary problem, where the health of an older adult is also at stake.\n\n**II.- Purpose of the Appeal.** The petitioner states that she is an older adult, a resident of Desamparados, and that next to her property an automobile mechanic workshop operates without the corresponding construction and operation permits. She accuses that, although she has repeatedly reported the fact to the corresponding Municipality and the Ministry of Health, as of the date this appeal was filed, the establishment continues to operate, without her request being resolved definitively. She considers her fundamental rights violated.\n\n**III.- Proven Facts.** Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited or because the respondent has omitted to refer to them as provided in the initial order:\n\na) The petitioner is an older adult of seventy-three years of age, a resident of San Rafael Abajo de Desamparados (uncontested fact).\n\nb) On January 13, 2021, Mr. Jesús Rodríguez Gutiérrez, on behalf of the petitioner, requested to be informed of the follow-up to official note FM-PAEC-01-2020 regarding the construction of a large shed without municipal permits and the operation of a mechanic workshop without the corresponding permits (see report and attached evidence).\n\nc) Through official note DT-FU-0096-2021 of January 18, 2021, the Municipality of Desamparados communicated the follow-up of the complaint to the Health Governing Area of Desamparados and requested a joint visit to verify the facts (see report and attached evidence).\n\nd) On February 8, 2021, Mr. Rodríguez reiterated the request for a report on a new inspection of the establishment through official note FM-PAEC-0004-21 (see report and attached evidence).\n\ne) On February 24, 2021, through official note MD-AM-0386-2021, the Mayor's Office of Desamparados communicated the following to Mr. Rodríguez regarding his request: \"… the visit was coordinated with the Ministry of Health, however they indicated that at this time they are not scheduling any visits due to being behind on procedures from last year because of attending to the COVID-19 emergency, once they provide an inspection date, the pertinent information will be communicated\" (see report and attached evidence).\n\nf) Upon the filing of this amparo action, the Ministry of Health, accompanied by the Municipality of Desamparados, generated technical report MS-DRRSCS-ARS-D-IT-0677-2021, where it was decided to indefinitely cancel the sanitary operating permit for the activity called \"Repuestos Barrios\" and executed total closure action MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-AC-051-2021 (see report and attached evidence).\n\n**IV.- ON SONIC POLLUTION, AND ITS RELATIONSHIP TO THE RIGHT TO HEALTH, THE RIGHT TO ENJOY AN ENVIRONMENT FREE FROM CONTAMINATION, AND THE RIGHT TO PRIVACY (RIGHT TO TRANQUILITY).** This Court has recognized that both the right to health and the right to an environment free from contamination —without which the former could not be effective— are fundamental rights, such that it is the State's obligation to provide for their protection, either through general policies aimed at that end, or through specific acts by the Administration. There are various types of pollution, one of which refers to sonic pollution produced by noise. Noise is considered one of the forms of environmental aggression that increases discomfort in an increasingly industrialized society. Nuisances from noise affect people's quality of life and health, as they can bring about physiological and psychological consequences, especially with persistent severe acoustic pollution. To address such a problem, the State must design policies against this type of atmospheric pollution, aimed at protecting people from excessive noise exposure. In relation to policies to mitigate and prevent sonic pollution as well as to promote the protection of the legally relevant values involved in this case, which are the environment and health, the Court observes that although normative efforts in this regard are notable, it has been difficult for the Costa Rican State to structure a set of norms allowing it to confront the problem of noise, as well as to design and implement a noise reduction plan to control the environmental phenomenon more efficiently. This normative lack is not a particular problem of our country, since noise presents itself as difficult to manage due, firstly, to its temporary, non-accumulative nature and the clear dispersion of its polluting agents —note that noise comes from an infinite number of sources attacking the various situations in which the individual develops (street, workplace, home, hospitals, commercial areas, parks, schools, etc.). It is clear that the noise problem is exacerbated due both to the dispersion and increase of pollution sources as well as the development of industry and construction, related to the degree of urbanization and density of the road network, among other factors. Added to the above is that the design of environmental policy has not granted priority to this type of pollution, which, as stated, is difficult to manage, and to the problems related to its definition; all reasons that have hindered noise control. In our legal system, there is no general regulation covering all the main issues related to the topic; rather, there are dispersed and varied norms contained in different regulatory bodies, among which the Organic Law of the Environment stands out, which is Law No. 7554 of October 4, 1995, granting noise a place in articles 59 to 63 of Chapter XV called \"Pollution,\" and in which it generically incorporates the precautionary principle by indicating that it is the State's responsibility to adopt the necessary measures to prevent or correct environmental pollution (article 59). Article 60 in subsection e) also enshrines the precautionary principle specifically regarding acoustic pollution and grants competence to the State, municipalities, and other public institutions, to prevent and control environmental pollution, having to give priority to the establishment and operation of adequate services in areas fundamental for environmental health, among which the control of sonic pollution stands out. The precautionary principle is reinforced in articles 61 and 63, the former referring to environmental contingency and according to which the competent authority shall issue the necessary preventive and corrective measures when environmental pollution contingencies occur and others not contemplated in this law. Article 63 of the cited law provides the procedure and measures to be taken for the prevention and control of atmospheric deterioration, and to decrease and control emissions that exceed permissible limits. For its part, the General Health Law provides in its article 302 for the protection from exposure to noises by stating that no industrial establishment may operate if its work constitutes an element of danger, unhealthiness, or discomfort for the neighborhood \"... either due to the state of maintenance of the premises in which it operates, due to the manner or systems it uses in carrying out its operations, due to the manner or system it uses to eliminate waste, residues, or emanations resulting from its work, or due to the noises produced by its operation.\" In the last paragraph of article 294, the General Health Law includes noise as an element susceptible to causing atmospheric pollution in the following terms: \"The emission of sounds that exceed internationally accepted norms and declared official by the Ministry shall likewise be considered atmospheric pollution.\" The Costa Rican legislator has provided for criminal sanctions, specifically through article 390 subsection 2 of the Penal Code, applicable to transgressors of tolerable noise pollution thresholds and bands. Labor legislation also protects workers exposed to high decibels at their workplaces, which it does through the Regulation for the Control of Noise and Vibrations, which is Executive Decree No. 10541 of September 14, 1979, prepared by the Occupational Safety and Health Council of the Ministry of Labor, and the Regulation for Labor Hiring and Occupational Health Conditions for Adolescents No. 29220-MTSS (articles 6 and 7); with the purpose of preventing hearing problems in workers who work in workplaces where noise exceeds established limits. For its part, generally for noise control is Executive Decree No. 28718 of June 15, 2000, which is the \"Regulation for the control of pollution by noise,\" where permitted noise levels and the entities competent for their control are established. At the supranational level, the United Nations Conference on Environment and Development held in Rio de Janeiro in June 1992 sets forth the guidelines to follow to combat sonic pollution. The cited norms, though dispersed, are all directed at combating from different flanks (environmental, criminal, labor, health, international) the direct and daily aggression to the right to the environment, caused by sonic pollution as part of atmospheric pollution, a concept defined in article 62, of the Organic Law of the Environment as: \"(… ) the presence in it and in concentrations exceeding fixed permissible levels, of solid particles, dust, smoke, vapor, gases, bad odors, radiation, noise, imperceptible acoustic waves and other polluting agents that the Executive Branch defines as such in the regulation.\" The cited regulations exemplify the efforts made in noise control matters that serve as a vehicle to preserve the environment, a topic that is indissolubly linked or connected with other constitutional rights, such as the right to health, with one of the main purposes of the environment being the protection of health. From this point of confluence between the environment and health, it can thus be said that environmental deterioration due to excess noise affects people's well-being and can cause damage to their health, which fully justifies, despite the evident difficulties the topic presents, the regulation of this polluting agent. Thus then, the performance of certain activities that eventually generate sonic pollution is limited out of respect for privacy, the right to a healthy environment, and the right to health. Among the state entities called to watch over these rights are the Police, the Municipality, and the Ministry of Health, especially the latter, which has the power to determine the existence of sonic pollution. The police are in charge of safeguarding public order, the Municipality has the duty of verifying operating permits, and the Ministry of Health is responsible for the inspection and sonic measurement —among other necessary diligences—, in order to be able to duly determine if the sanitary pollution problem actually exists, as well as to establish the eventual measures that technically proceed for its solution.\n\n**V.- On the principle of inter-administrative coordination.** One of the guiding principles of administrative organization is the coordination that must exist between all public entities and bodies when exercising their competencies and providing the services that the legal system has assigned to them. Coordination, insofar as it ensures administrative efficiency and effectiveness, is a virtual or implicit constitutional principle that permeates the entire administrative legal system and obligates all public entities. This can be inter-organic —between the various bodies that make up a public entity not subject to a hierarchical relationship— or intersubjective, that is, between public entities, each with legal personality, its own budget, autonomy, and specific competencies. The administrative autonomy or other degrees thereof held by public entities obligates them to coordinate their actions, since they cannot be reciprocally subject to hierarchical relationships due to their inter-organic nature. Administrative coordination has the purpose of avoiding duplications and omissions in the exercise of the administrative functions of each public entity, that is, that they be performed rationally and orderly; and it is achieved through the establishment of fluid and permanent levels or channels of information between public entities, all of which can be achieved through meetings, reports, or the creation of formal coordination bodies.\n\n**VI.- On inter-institutional coordination in environmental matters.** Specifically in environmental protection matters, Judgment No. 2008-004790 underscored the duty of coordination among institutions related to the topic and the impossibility of ignoring warnings about the danger of contamination issued by an institution legally empowered to protect water resources:\n\n\"III.- Coordination among public agencies must guarantee the protection of the environment. On various occasions, constitutional jurisprudence has indicated that environmental protection is a task that corresponds to everyone equally, that is, that there is an obligation for the State – as a whole – to take the necessary measures to protect the environment, in order to avoid degrees of pollution, deforestation, extinction of flora and fauna, excessive or inadequate use of natural resources, which endanger the health of the administered. In this task, public institution must be understood to include both the Central Administration – Ministries, such as the Ministry of Environment and Energy and the Ministry of Health, which by reason of subject matter, have broad participation and responsibility regarding the conservation and preservation of the environment; which act, most of the time, through their specialized agencies in the matter, such as the General Directorate of Wildlife, the Forest Directorate, and the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental, SETENA); as well as decentralized institutions, in the case of the National Institute of Housing and Urbanism (Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo), the National Service of Groundwater, Irrigation and Drainage, the Costa Rican Tourism Institute (Instituto Costarricense de Turismo) or the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados); a task in which, of course, municipalities have great responsibility, with respect to their territorial jurisdiction. That is why one might think that this multiple responsibility would cause chaos in administrative management, which is not true, because in order to avoid the simultaneous coexistence of spheres of power of different origin and essence, the duplication of national and local efforts, as well as the confusion of rights and obligations among the various parties involved, it is necessary to establish a series of coordination relationships between the various agencies of the Executive Branch and the decentralized institutions, and between these and the municipalities, in order to carry out the functions that have been entrusted to them. This Court has previously – and quite clearly – referred to the principle of coordination between public agencies and municipalities in the realization of common purposes – which, obviously, must be extended to the relationship that the institutions of the Central Administration and the decentralized ones carry out in this important function –, for which it refers to what was indicated on that occasion (Judgment number 5445-99, of fourteen hours thirty minutes of July fourteenth, nineteen hundred ninety-nine):\n\n'So coordination is the ordering of the relationships between these various independent activities, which takes charge of this concurrence on the same object or entity, to make it useful for a global public plan, without suppressing the reciprocal independence of the agent subjects. Since there is no hierarchical relationship between decentralized institutions, or of the State itself in relation to municipalities, the imposition of certain conduct on the latter is not possible, thus giving rise to the essential inter-institutional «concert», in a strict sense, insofar as the autonomous and independent centers of action agree on that preventive and global scheme, in which each one plays a role with a view to a mission entrusted to the others. Thus, the relationships of municipalities with other public entities can only be carried out on a level of equality, resulting in agreed-upon forms of coordination, excluding any imperative form to the detriment of their autonomy, which would allow subjecting corporate entities to a coordination scheme without their will or against it; but which does admit the necessary subordination of these entities to the State and in the interest of the latter (through the «administrative oversight» of the State, and specifically, in the function of legality control that corresponds to it, with powers of general surveillance over the entire sector).”\n\nOn the other hand, omissions from the duty to protect the environment and comply with environmental regulations are of constitutional relevance, because as a consequence of the Administration's inertia in this matter, damage to the environment and natural resources can occur, sometimes with similar or greater consequences than those derived from the Administration's actions; such as the authorization of regulatory plans, or constructions without the approval of the environmental impact assessment by the National Environmental Technical Secretariat, or the lack of control and oversight in the execution of management plans for protected areas by the General Directorate of Wildlife of the Ministry of Environment and Energy, or allowing the operation of companies without health permits regarding the treatment of black or residual waters (Aqueducts and Sewers and Ministry of Health), or not verifying sonic controls in bars, karaokes, and discotheques (municipalities and Ministry of Health), among others (see in this regard Judgment number 2006-005159 of thirteen hours four minutes of April seventh, two thousand six).\"\n\nIn other words, what matters is the technical cooperation that the different entities can provide each other, the technical elements they can contribute, and respect for each one's competencies; in order to guarantee without doubt that the impact of the projects being evaluated is not negative, and thus guarantee the sustainable management of water resources and the full right to a healthy and ecologically balanced environment, as enshrined in the constitutional norm. Thus, the precautionary principle —which seeks to prevent or suspend any activity that could negatively affect said management— obliges the Administration, first, to summon the affected and interested parties, and the institutions that may be involved. This is so they can make the corresponding allegations and present the corresponding technical criteria, and ensure effective participation of the competent bodies in the matter in order to protect and preserve the environment and water resources. And it obliges, second, to take into consideration the warnings made by an institution legally empowered to protect water resources regarding the danger of impact.\n\n**IV.- On the specific case.**\n\nFrom the report rendered by the respondent authorities, which is rendered under the faith, seriousness, and formality of the oath, with the consequences, including criminal ones, provided for in Article 44 of the Law that governs this Jurisdiction, and the evidence provided for the resolution of this matter, it is proven that a violation of the right of access to justice has occurred in the case file due to the delay in resolving the request made by the petitioner. It appears from the case file that on January 13, 2021, Mr. Rodríguez Gutiérrez filed, on behalf of the petitioner, a follow-up request to official communication FM-PAEC-01-2020, where the operation of a mechanical workshop without the corresponding permits had been reported. The action was reiterated on February 8, 2021, for the purpose of carrying out and reporting on a new on-site inspection of the establishment. Although on February 24, 2021, the Municipality of Desamparados informed Mr. Rodríguez of the following: “… the visit was coordinated with the Ministry of Health, however they indicated that they are not currently scheduling any visits because they are backlogged with procedures from last year due to the COVID-19 emergency response, once they provide an inspection date, the relevant information will be communicated,” as of the date of filing the appeal—six months after the request—no inspection date had been provided nor had any resolution of the action been communicated, a period that this Chamber considers unreasonable in relation to that established in the General Law of Public Administration. Now, it is also evident in the case file that the request was resolved after the respondent authorities became aware of this amparo, with the indefinite cancellation of the sanitary operating permit for the reported activity having been ordered through technical report MS-DRRSCS-ARS-D-IT-0677-2021, together with the execution of the total closure order MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-AC-051-2021. As a consequence of the foregoing, the appropriate course is to declare the appeal with merit, pursuant to Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction, since the challenged action was resolved subsequent to the notification of the amparo appeal, and without special award of costs, damages, and losses, as indicated below.\n\nV.- On the award of costs, damages, and losses in accordance with Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction. Upon better consideration, the majority of the Chamber is of the opinion that the grant of the appeal that operates by operation of law (ex lege), in accordance with the provisions of paragraph 1 of Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction (LJC), which states: \"If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the appeal shall be declared with merit (…)\", must be without special award of costs, damages, and losses, based on the following considerations. While there is an express text in the law that obliges the operative part of the ruling to indicate that the appeal is declared with merit, it is also true that the same first paragraph of Article 52 of the cited law refers to the grant of the appeal being dictated \"solely for purposes of compensation and costs, if they are appropriate\". It is underlined that the Law indicates \"if they are appropriate\", which means that the appropriateness or inappropriateness of compensation and costs depends on an assessment, appreciation, or weighing by the Court. In cases like this where an abnormal termination of the proceeding occurs, akin to a withdrawal due to extra-procedural satisfaction, it is the majority view that there is no basis to award costs, nor damages and losses, because the economic consequences of the judgment are similar to those of closing the case file. Furthermore, the content of the petitioner's claim and the respondent authority's conduct in acknowledging it suggest that such impairments, injuries, or patrimonial alterations have not taken place; at least in this amparo there are no elements of judgment to suggest otherwise. Nothing prevents the Chamber from considering the appropriateness of compensation in exceptional cases. When laws present omissions or shortcomings, it is up to judges to rectify these deficiencies; if laws lack clarity in certain aspects, there is no other remedy than to interpret and apply them according to the demands of procedural logic. To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provisions of Article 51 of the same Law of Constitutional Jurisdiction, when it provides that: \"any ruling upholding the appeal shall award in the abstract compensation for the damages and losses caused and the payment of the costs of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment,\" it refers to a natural or normal form of termination of the proceeding, where there is a ruling on the merits of the matter and recognition of facts that have violated the fundamental rights of the plaintiff in the proceeding. The principles of Constitutional Law, Public and General Procedural Law, or, as appropriate, International or Community Law, and, furthermore, in that order, the General Law of Public Administration and the Administrative Procedure Code and other procedural Codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the norms of the Law of Constitutional Jurisdiction -cf. Article 14-. For the administrative-litigation jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in Article 197 of the Administrative Procedure Code, which responds to the procedural logic in any matter. Added to the foregoing are factual reasons, which the Chamber cannot ignore, as demonstrated by almost three decades of the Constitutional Jurisdiction created in 1989, in which an abusive exercise of the vicarious action in the amparo appeal has been generated, for the purpose of enrichment through compensation, to the extent that the presumed victims do not directly participate. Based on the foregoing, it is the majority view to resolve this appeal without an award of costs, damages, or losses.\n\nVI.- SEPARATE NOTE OF MAGISTRATE HERNÁNDEZ LÓPEZ. In the case of appeals for environmental matters, I maintain as a general rule that this Chamber must refrain from hearing the claims presented to it for alleged infringement of Article 50 of the Political Constitution in order to leave their hearing in the hands of the administrative justice and the administrative-litigation jurisdiction. But I have also warned that my proposal does not prevent recognizing the existence of particular cases or groups of cases that, in my opinion, would be even better protected by this Chamber and therefore must be heard and resolved by it. Within such groups of cases, and without this enumeration being considered a closed and definitive list, I can point out that the Chamber must reserve the hearing of situations such as, for example, claims for environmental infractions that also put people's health at direct risk, or the access to or quality of water; cases of gross and direct violations of the environment in which a clear absence of protection by state authorities is verified, provided also that the nature of the claim allows it to be addressed through the instrument of amparo as a summary and special procedural remedy, since I also consider that the amparo should not be \"ordinary-ized\" to address, even in these cited cases, matters that exceed the capacity to be adequately addressed within it.\n\nIn the specific case, it is observed that the situation raised falls within such exceptional cases because reference is made to the existence of a threat to the integrity and health of an older adult, so in this situation I concur with the majority that this Court must hear and decide on the merits of this case, as has been done.\n\nVII.- Dissenting vote of Magistrate Hernández López, on the economic consequences derived from declaring this appeal with merit. I agree with the majority of the Chamber in the decision taken regarding the existence of an injury to fundamental rights in this case, which has been corrected on the occasion of the Chamber's intervention; however, I separate from its decision regarding the issue of the economic consequences of such a declaration.\n\nThe constitutional jurisdiction in charge of this Court in matters of amparo and habeas corpus —the jurisdiction of liberty as it is called— is special because its purpose is not that of the traditional judge who resolves a conflict between two parties, confronted by a legal dispute. Its subject matter is of public order, and its objective is to provide judicial protection to individuals in the exercise of their fundamental rights in such a way that their enjoyment is not disturbed by acts of whoever, de facto or de jure, performs concrete exercises of authority capable of violating them.\n\nThis protective vocation of the constitutional jurisdiction is materialized in a procedural design that is also peculiar, swift, and free of charge, where the respondent public authority is required simply to render \"a report\" on what has been done in the reported case (Articles 43, 44, 45, and 46 of the LJC). So it is not technically a litigation and accordingly, broad powers are granted to the Constitutional Chamber to guide the course of the amparo or habeas corpus proceeding, both regarding the possibility of requesting information from other authorities about what happened, and regarding the broad handling of evidence that may serve to clarify what happened. Such a procedural framework of the jurisdiction of liberty, where there are no two antagonistic parties confronted such that what one gains the other loses, forces us to move away from the solutions that have been provided for these latter types of issues in procedural systems such as civil, administrative-litigation, or labor.\n\nRegarding what is now of interest, the Law of Constitutional Jurisdiction regulates in its Articles 46 and following, three specific aspects of the exercise of the jurisdictional function of protecting fundamental rights, entrusted to the Chamber: a) the first aspect relates to the declaration that must be made of the existence or non-existence of the violation (Articles 46 and 47 LJC); b) the second, carefully regulates the powers enjoyed by the Court to reverse the legal effects of the infringement of fundamental rights and restore, in the most effective way, their exercise (Articles 49 and 50 LJC); c) the third aspect, (Article 51 LJC) provides rules on the economic consequences of such amparo and habeas corpus proceedings, in such a way that—upon verification of an injury by the Chamber—there is a restoration of the enjoyment of such rights and, in addition, effective compensation for the damages and expenses caused, as part of the right to effective justice regarding the reparation of the harmful consequences generated by the infracting authorities, which are not only for the purposes of effective judicial protection of the plaintiff, but also with a dissuasive purpose so that the State does not incur in the future the actions that gave rise to the grant of the appeal, a matter regulated in Article 50 of the Law of Constitutional Jurisdiction.\n\nIn this last aspect, the Law in its Article 51 orders the Chamber that \"any ruling upholding the appeal shall award in the abstract the compensation for the damages and losses caused and the payment of the costs of the appeal…\". This is the general system that regulates matters of the compensation sphere, for the cases that the majority identifies as the \"natural or normal form of termination of the proceeding, where there is a ruling on the merits of the matter and recognition of the facts that have violated the fundamental rights…\"; in such cases, among which the one now being decided is included, the Chamber has deemed the grievance proven and hence the need for an award of costs, damages and losses, which is supported by the aforementioned concept of effective protection of individuals' rights and by the notion that the Administration must be held responsible for the damages and expenses it causes with its unconstitutional actions. This conclusion is not changed by the fact that upon hearing and resolving the amparo, \"the effects of the challenged act may have ceased\" (Article 50) since such a case forms an integral part of the general system of automatic award of costs, damages and losses, as it is understood that the proceeding has terminated normally and the violation has been verified.\n\nWithin this simple and clear general framework—and devoid of shortcomings or gaps—the provision of Article 52 of the Law fits perfectly as an exception case, applicable only in cases where the Chamber has not heard, nor ruled on the merits of the claim, that is—as the majority says—in those situations of \"abnormal termination of the proceeding.\" But the conditions and scope for decreeing that form of conclusion are delimited with great precision by the legislator; first, the factual prerequisites for the application of this norm are clearly described, so that the Chamber must verify: 1) that the amparo is in progress; 2) that there is an administrative or judicial resolution (which must be understood in its strictly formal sense); and 3) that in such resolution the revocation, halting, or suspension of the challenged action is unquestionably ordered. These are very narrowly defined concepts, whose scope of application must also be interpreted restrictively, not only in view of the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but because the consequences of applying such an exception undeniably generate a reduction in the fundamental right of individuals to achieve effective judicial protection against the damages received from the injury to their constitutional rights. In conclusion, only in such limited cases and after the Court has confirmed all of the foregoing, in light of a restrictive reading of its scope, would we be faced with the need to set aside the general system of automatic award of costs, damages and losses, and exercise—as judges—our legal discretion to decide whether the payment of such items is ordered or not.\n\nIn this case, the foregoing exercise obliges us to conclude the inapplicability of Article 52 of the LJC, since, on the one hand, the Court has ruled on the merits of the matter, has recognized with its declaration an injury to fundamental rights and determined who its author has been; the foregoing in no way resembles an \"abnormal termination of the proceeding.\" On the other hand, the requirements of the recently cited Article 52 are also not verified, since there is no \"administrative or judicial resolution\" formally issued and in which, expressly, the act originating the violation of constitutional rights is revoked, halted, or suspended; For all these reasons, it is appropriate to apply the provisions of Articles 50 and 51 of the LJC and order—as a consequence of having proven the violation—the award of damages, losses, and costs caused, as the economic consequences of the proceeding.\n\nBut even if we were to set aside the automatic award of damages, losses, and costs, disregarding the preceding reasonings, the truth is that the proven facts of this case have led the Chamber to declare the existence of an impact on the exercise of the fundamental rights of the petitioner, which, as a harmful action, carries with it a presumption of the arising of economic damages and losses—the specific determination of which is not for the Chamber—, and no merit is appreciated\n\nin the case file whatsoever to convince exempting the respondent authority from covering the effective reparation of the harmful consequences of its acts, according to the general principle expressly provided for in the law.\n\nVIII.—Partial dissenting vote of Magistrate Salazar Alvarado, solely in relation to the non-award of costs, damages, and losses against the respondent party. Although I agree with the rest of the Chamber in declaring the appeal with merit, I separate from the majority view insofar as it exempts the respondent party from being ordered to pay the costs, damages, and losses derived from the injury caused to the fundamental rights of the protected party.\n\nThe Law of Constitutional Jurisdiction, in Article 52, provides that:\n\n\"If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the appeal shall be declared with merit solely for purposes of compensation and costs, if they are appropriate.\"\n\nOn the other hand, Article 51 ibidem establishes that:\n\n\"...any ruling upholding the appeal shall award in the abstract the compensation for the damages and losses caused and the payment of the costs of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment.\"\n\nThis last norm establishes the general system that regulates matters relating to compensation and payment of costs, and which the majority calls the \"natural or normal form of termination of the proceeding, where there is a ruling on the merits of the matter and recognition of the facts that have violated the fundamental rights….\"\n\nIn the majority view, the cited Article 51 regulates the cases in which the Chamber has deemed the grievance proven; and, as a consequence, the need arises for an award of costs, damages, and losses. However, in the opinion of the undersigned, from the systematic interpretation of both norms, it is concluded that, both in cases in which this Constitutional Court verifies an injury to a fundamental right; and, therefore, declares the appeal with merit, as well as in those in which the Administration, by its own decision, restores the aggrieved person to the enjoyment of their fundamental rights, once it becomes aware of the amparo—a scenario contemplated in the cited Article 52—by mandate of Articles 50 and 51 of the cited law, the necessary and unavoidable consequence is the award against the infringer for compensation of the damages and losses caused and the payment of the costs of the appeal. This rule is nothing more than the recognition, to the party who has suffered a violation of their fundamental rights, of the right to effective judicial protection regarding the reparation of the harmful consequences derived from the actions or omissions of the infracting authorities; and, as a dissuasive means, so that the State does not incur again in the actions that gave rise to the grant of the appeal, a matter regulated in Article 50 of the law governing this jurisdiction. Thus, whether the Chamber has considered the grievance proven and has proceeded to hear the merits of the matter, or the violation has ceased by decision of the respondent authority itself, once it became aware of the processing of the amparo, with restoration in the enjoyment of fundamental rights in favor of the aggrieved party (Article 52), always, in any of those scenarios, the imperative need arises for an award of costs, damages, and losses against the infringer, whose foundation lies in the principles of protection of individuals' rights and in that the Administration must be held responsible for the damages and losses it causes with its unconstitutional actions.\n\nThus, the fact that at the time of hearing and resolving the amparo with merit, the effects of the challenged act may have already ceased, in the terms provided in Articles 50 and 52 of the cited law, does not negate the appropriateness of the award of costs, damages, and losses, since such a case forms an integral part of the general system of necessary award for these items contained in the Law of Constitutional Jurisdiction.\n\nOn the other hand, it is clear that the mentioned Article 52 applies only in cases where the Chamber, even when it has not heard or ruled on the merits of the claim, has verified the violation of the fundamental rights suffered by the petitioner, by virtue of the restoration, in the enjoyment of those rights, that the Administration has agreed upon in their favor; a situation that, as the majority of the Chamber affirms, implies an \"abnormal termination of the proceeding.\"\n\nThe legislator established and delimited, precisely, the conditions under which this Chamber may decree this form of abnormal conclusion of the amparo proceeding, as well as its scope, namely: 1) that the amparo is in progress, that is, that the Administration has been duly notified of the resolution that gave course to the amparo; and, 2) that there is an administrative or judicial resolution that undoubtedly orders the revocation, halting, or suspension of the challenged action violating fundamental rights. Certainly, the norm in question contemplates an exception to the general system of award of costs, damages, and losses, despite the grant of the appeal, by providing that, in the cases regulated therein, the appeal shall be declared with merit \"solely for purposes of compensation and costs, if they are appropriate.\" As an exception that it is, it must be interpreted restrictively; that is, it only applies in the scenarios strictly contemplated in the norm, not only because of the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but also because the consequences of applying such an exception undoubtedly imply a detriment to the fundamental right of individuals to obtain effective judicial protection against the damages and losses suffered from the injury to their constitutional rights.\n\nIn my opinion, such an exception should be interpreted as meaning that, in accordance with the general system of automatic award of costs, damages, and losses in the event of a violation of fundamental rights, such an award is always appropriate, even in the case that the respondent party issues an administrative or judicial resolution that revokes, halts, or suspends the challenged action, unless it is unequivocally and clearly evident that in the specific case no compensable loss was caused. Only and solely in such scenarios could the respondent Administration be exempted from the payment of said items. As in this case, there is no element that disproves the presumption of the arising, for the petitioner, of economic damages and losses derived from the challenged actions—the specific determination of which does not correspond to this jurisdiction—, the grant of this appeal must necessarily imply the award of costs, damages, and losses, and I so declare.\n\nIX.—Dissenting vote of Magistrate Garro Vargas. Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction (LJC) states: \"If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the appeal shall be declared with merit solely for purposes of compensation and costs, if they are appropriate.\"\n\nMy interpretation of this norm is as follows: That \"resolution\" is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase \"if they are appropriate\" refers to costs. In fact, Article 197 of the Administrative Procedure Code, cited by the majority, based on Article 14 of the LJC, precisely refers only to these: to costs.\n\nCertainly, according to Article 48 of the Political Constitution (CP), the essential content of the right to the amparo appeal is not of a compensatory nature but a restitutory one; however, Article 51 of the LJC states: \"Any ruling upholding the appeal shall award in the abstract the compensation for the damages and losses caused and the payment of the costs of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment.\"\n\nIf the right has been violated and the Chamber so verifies, even in the event that it has been restored, damages and losses could have arisen. For this reason, the award in the abstract of these is appropriate. If this were not done, if such an award were not made, in the event that they had occurred, there would be no title—derived from this proceeding—to claim them, which could violate Article 41 of the CP. If, despite the abstract award having been issued, no damages and losses have been caused, the judge in the ordinary jurisdiction shall so declare, as only to him corresponds to deem proven the real existence and magnitude of the same.\n\nWith the thesis defended by the majority, I believe that, contrary to what is sought, it would incentivize the Administration to respect rights only in the face of an amparo appeal. It remains to say that Article 52 of the LJC provides for the possibility that, if it is deemed just, the Chamber may award costs, even when the right has been restored.\n\nBy reason of the foregoing, I partially dissent from the operative part and order the award of damages and losses, but not the award of costs.\n\nXI.—Documentation provided to the case file. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device, or one produced by new technologies, these must be collected from the Office within a maximum period of thirty working days, counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material that is not collected within this period will be destroyed, as provided in the \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,\" approved by the Corte Plena in Session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Boletín Judicial No. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial in Session No. 43-12, held on May 3, 2012, Article LXXXI.\n\nPor tanto:\n\nThe appeal is declared with merit, without special award of costs, damages, and losses. Magistrate Hernández López adds a note. Magistrate Hernández López partially dissents from the vote and orders the award of damages, losses, and costs in accordance with Articles 50 and 51 of the Law of Constitutional Jurisdiction. Magistrate Salazar Alvarado partially dissents from the vote and also orders the award of damages, losses, and costs against the respondent party. Magistrate Garro Vargas partially dissents from the vote and orders the award of damages and losses, but not the award of costs. Notifíquese.-\n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nNancy Hernández L.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\n\n\nJorge Araya G.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nAnamari Garro V.\n\n\n\n\nMarta Eugenia Esquivel R.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nMauricio Chacón J.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n XAGES7SHPJS61\n\nEXPEDIENTE N° 21-012061-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 09-05-2026 09:36:10.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }