{ "id": "nexus-sen-1-0007-1043214", "citation": "Res. 16584-2021 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Derecho de petición: correo electrónico no oficial y deber de respuesta", "title_en": "Right of petition: unofficial email and duty to respond", "summary_es": "La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo interpuesto por un ciudadano contra el MINAE, el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Garabito. El recurrente solicitó información sobre los permisos de un restaurante y cabinas llamado \"Donde Vin\", enviando su petición a direcciones de correo electrónico que no eran los canales oficiales de comunicación. El MINAE, pese a recibir la gestión en una dirección no oficial, le dio trámite y le asignó un número de seguimiento, pero no emitió respuesta oportuna. La Municipalidad de Garabito tampoco respondió hasta que fue notificada de la ampliación del amparo. El Ministerio de Salud, aunque también recibió la petición en canales no oficiales, mantuvo informado al recurrente sobre las acciones tomadas, incluyendo inspecciones y órdenes sanitarias, por lo que se consideró que cumplió con su deber. La Sala declara parcialmente con lugar el recurso, ordenando al MINAE responder en diez días y declarando la lesión del derecho de petición por parte de la Municipalidad, sin condenatoria en costas, daños y perjuicios por haber subsanado la omisión durante el proceso. Se declara sin lugar respecto al Ministerio de Salud. Se incluyen votos salvados sobre la condenatoria en costas y la interpretación del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.", "summary_en": "The Constitutional Chamber hears an amparo action filed by a citizen against MINAE, the Ministry of Health, and the Municipality of Garabito. The petitioner requested information about the permits of a restaurant and cabins called \"Donde Vin\", sending his request to email addresses that were not the official communication channels. MINAE, despite receiving the request at an unofficial address, processed it and assigned a tracking number, but did not issue a timely response. The Municipality of Garabito also failed to respond until notified of the amparo's expansion. The Ministry of Health, although it also received the request through unofficial channels, kept the petitioner informed about actions taken, including inspections and health orders, and was thus deemed to have fulfilled its duty. The Chamber partially grants the appeal, ordering MINAE to respond within ten days and finding a violation of the right of petition by the Municipality, without awarding costs, damages, or losses because it remedied the omission during the proceedings. The appeal is dismissed with respect to the Ministry of Health. Dissenting votes on the award of costs and interpretation of Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law are included.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "30/07/2021", "year": "2021", "topic_ids": [ "procedural-environmental" ], "primary_topic_id": "procedural-environmental", "es_concept_hints": [ "derecho de petición", "amparo", "SITADA", "SINAC", "zona marítimo terrestre (ZMT)", "órdenes sanitarias", "votos salvados", "condenatoria en costas" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 27", "law": "Constitución Política" }, { "article": "Art. 33", "law": "Constitución Política" }, { "article": "Art. 52", "law": "Ley de la Jurisdicción Constitucional" }, { "article": "Art. 51", "law": "Ley de la Jurisdicción Constitucional" } ], "keywords_es": [ "derecho de petición", "amparo", "correo electrónico no oficial", "SITADA", "MINAE", "Municipalidad de Garabito", "Ministerio de Salud", "permisos ambientales", "respuesta administrativa", "Sala Constitucional", "artículo 27 Constitución", "artículo 33 Constitución", "denuncia ambiental", "inspección", "órdenes sanitarias", "concesión municipal", "zona marítimo terrestre", "expediente electrónico", "votos salvados", "condenatoria en costas" ], "keywords_en": [ "right of petition", "amparo", "unofficial email", "SITADA", "MINAE", "Municipality of Garabito", "Ministry of Health", "environmental permits", "administrative response", "Constitutional Chamber", "Article 27 Constitution", "Article 33 Constitution", "environmental complaint", "inspection", "health orders", "municipal concession", "maritime terrestrial zone", "electronic file", "dissenting votes", "award of costs" ], "excerpt_es": "III.- SOBRE EL FONDO. Respecto al reproche incoado en este proceso de amparo, corresponde referirse en los siguientes términos:\n\na.- En cuanto al Ministerio de Ambiente y Energía -MINAE-. A partir de la relación de hechos probados, se tiene por acreditado que mediante correo electrónico remitido a las direcciones [...] en fecha 30 de abril de 2021 el recurrente interpuso gestión ante el MINAE [...]. No obstante, las mismas autoridades recurridas indicaron que la funcionaria a quien pertenece la dirección de correo electrónico de cita, remitió la gestión, por medio del SITADA (Sistema Integrado de Trámites y Atención de Denuncias Ambientales) a la Oficina de Orotina SINAC MINAE, en fecha 11 de mayo de 2021. A partir de lo anterior, se tiene que a pesar que el tutelado remitió su gestión a medios no válidos al efecto, lo cierto es que la institución decidió darle trámite, siendo que se le asignó el número de seguimiento No. 26870-2021, por lo que, concomitantemente se le debía dar una respuesta pronta al tutelado. No obstante, a las fechas en que las autoridades recurridas rindieron informes, sea, 2 y 5 de julio de 2021, estas no le han dado respuesta. Si bien se realizaron una serie de actos en atención de lo planteado por el recurrente, siendo que incluso los accionados le dan connotación de denuncia, y que el 11 de mayo de 2021 se le dio respuesta automática de la recepción de la gestión, lo cierto es que a criterio de este Tribunal, a partir de la literalidad de la gestión, lo solicitado por el recurrente corresponde a un asunto de petición, solicitando que se le indique el estatus y las condiciones en las que funciona el lugar denominado \"Donde Vin\" ubicado entre playa Tivives y playa Guacalillos. Sin embargo, no se le ha dado la respuesta correspondiente y en los términos de lo planteado, lesionando su derecho de petición. En consecuencia, corresponde estimar este proceso en los términos dispuestos en la parte dispositiva de esta sentencia.", "excerpt_en": "III.- ON THE MERITS. Regarding the complaint raised in this amparo proceeding, it is necessary to refer to the following:\n\na.- Regarding the Ministry of Environment and Energy -MINAE-. From the proven facts, it is established that by email sent to the addresses [...] on April 30, 2021, the petitioner filed a request with MINAE [...]. However, the respondent authorities themselves stated that the official to whom the cited email address belongs forwarded the request, through SITADA (Integrated System for Processing and Attention of Environmental Complaints) to the Orotina Office of SINAC MINAE, on May 11, 2021. Based on the foregoing, it is clear that even though the petitioner sent his request to invalid means, the institution decided to process it, assigning tracking number 26870-2021, and therefore, it was concomitantly obliged to provide a prompt response to the petitioner. However, as of the dates on which the respondent authorities submitted their reports, namely July 2 and 5, 2021, they had not provided a response. Although a series of actions were taken in response to the petitioner's request, and the respondents even characterize it as a complaint, and on May 11, 2021, an automatic acknowledgment of receipt was given, this Court considers, based on the literal wording of the request, that what the petitioner requested is a matter of petition, asking to be informed about the status and conditions under which the place called \"Donde Vin\" located between Tivives beach and Guacalillos beach operates. However, the corresponding response has not been given in the terms requested, violating his right of petition. Consequently, this proceeding must be granted in the terms set forth in the operative part of this judgment.", "outcome": { "label_en": "Partially granted", "label_es": "Parcialmente con lugar", "summary_en": "The Chamber partially granted the amparo: it ordered MINAE to respond to the petition within ten days, found a violation of the right of petition by the Municipality of Garabito (without award of costs due to remedying the omission), and dismissed the claim against the Ministry of Health. The State was ordered to pay costs, damages, and losses.", "summary_es": "La Sala declaró parcialmente con lugar el recurso: ordenó al MINAE responder la petición en diez días, declaró la lesión del derecho de petición por la Municipalidad de Garabito (sin condena en costas por haber subsanado la omisión), y declaró sin lugar respecto al Ministerio de Salud. Se condenó al Estado al pago de costas, daños y perjuicios." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando III.a", "quote_en": "Based on the foregoing, it is clear that even though the petitioner sent his request to invalid means, the institution decided to process it, assigning tracking number 26870-2021, and therefore, it was concomitantly obliged to provide a prompt response to the petitioner.", "quote_es": "A partir de lo anterior, se tiene que a pesar que el tutelado remitió su gestión a medios no válidos al efecto, lo cierto es que la institución decidió darle trámite, siendo que se le asignó el número de seguimiento No. 26870-2021, por lo que, concomitantemente se le debía dar una respuesta pronta al tutelado." }, { "context": "Considerando III.a", "quote_en": "However, the corresponding response has not been given in the terms requested, violating his right of petition.", "quote_es": "Sin embargo, no se le ha dado la respuesta correspondiente y en los términos de lo planteado, lesionando su derecho de petición." }, { "context": "Considerando III.c", "quote_en": "It was only through the intervention of this Constitutional Court, by notifying the resolution expanding the proceedings issued in this case, a procedural act carried out on July 16, 2021, that by official letter OSC-109-2021 of July 19, 2021, notified on the same day, the Coordinator of the Financial Services Process of the Municipality of Garabito responded to the petitioner.", "quote_es": "Fue por intervención de este Tribunal Constitucional, mediante la notificación de la resolución de ampliación de curso dictada en este proceso, acto procesal efectuada el 16 de julio de 2021, que por oficio OSC-109-2021 de 19 de julio de 2021 y que le fue notificado el mismo día, el Coordinador del Proceso de Servicios Financieros de la Municipalidad de Garabito dio respuesta al recurrente." }, { "context": "Voto salvado de la Magistrada Garro Vargas", "quote_en": "My interpretation of that rule is as follows: That \"resolution\" is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase 'if they are applicable' refers to costs.", "quote_es": "Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1043214", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [], "sentencias_relacionadas": [], "temas_y_subtemas": [], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 16584 - 2021\n\nFecha de la Resolución: 30 de Julio del 2021 a las 09:15\n\nExpediente: 21-012364-0007-CO\n\nRedactado por: Jorge Araya Garcia\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n*210123640007CO*\n\nExp: 21-012364-0007-CO\n\nRes. Nº 2021016584\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del treinta de julio de dos mil veintiuno .\n\n  Recurso de amparo que se tramita en expediente número 21-012364-0007-CO, interpuesto por EDWIN MORA MONTERO, cédula de identidad 0106200558, contra MUNICIPALIDAD DE GARABITO, MINISTERIO DE SALUD Y MINISTERIO DL AMBIENTE Y ENERGÍA -MINAE-.\n\nResultando:\n\n 1.- Por escrito presentado por Gestión en Línea y que fue incorporado en el expediente electrónico a las 12:04 horas de 27 de junio de 2021, el recurrente interpone recurso de amparo contra el Ministerio de Ambiente y Energía -MINAE-. Manifiesta que el 30 de abril de 2021, mediante correo electrónico dirigido a las direcciones vicegestionambiental@minae.go.cr, ministrominae@go.cr y vcalderon@minae.go.cr, interpuso ante el MINAE una gestión solicitando que se le brindara información de su interés. En particular requirió: \"(...) Solicito información si el lugar denominado \"Donde Vin\" ubicado entre playa Tivives y playa Guacalillos en Puntarenas Costa Rica, distrito Tarcoles (sic) Cantón Garabito, es un Restaurante con venta de licores y Arrendamiento (cabinas) posee para dicha actividad en la zona donde esta (sic) ubicada solicito de coordine y se envíen funcio (sic) - Permisos del Minae. Siendo que tiene obtenidos todos los permisos, solcito (sic) copia de cada uno de ellos según la institución, caso contrario solicito de forma inmediata la clausura del esta también las respectivas denuncias, ya sean administrativas como penales, lo anterior sustentado en los artículos 27 y 33 de nuestra constitución política, sin mas a la e (sic) de lo solicitado en el termino (sic) de ley, contrariamente se realiza a la denuncia penal respectiva por incumplimiento de deberes, gracias por la atención a la presente (…)\". No obstante, alega que a la fecha que acude en amparo no ha recibido respuesta, razón por la cual estima lesionados sus derechos fundamentales.\n\n2.- Por resolución de las 14:48 horas de 28 de junio de 2021, se le dio curso a este proceso de amparo y se le solicitó informe al Ministro, al Viceministro Ambiental y al Jefe de la Oficina Subregión Orotina del Área de Conservación Pacífico Central, todos del MINAE, para que se refirieran a los hechos imputados en este recurso de amparo.\n\n3.- Rinde informe, bajo juramento, Carlos Vinicio Cordero Valverde, en condición de Jefe de la Oficina en Orotina del Área de Conservación Pacífico Central del MINAE. Manifiesta que a la gestión del recurrente se le dio el número de seguimiento No. 26879-2021, siendo que al efecto se realizaron las siguientes gestiones: a) el 12 de mayo se realizó una inspección, siendo que se indicó que no se evidenciaba corta de árboles o afectación a bosques o humedales de rectoría del SINAC y que no había mojones, pero se presentó una consulta a la Municipalidad de Garabito, b) por correo electrónico, el Coordinador de IRT.ACOPAC remitió un mapa del sitio en fecha 17 de mayo de 2021, c) mediante oficio ST-115-2021-SR y en fecha 26 de mayo, la Municipalidad de Garabito dio respuesta a la consulta que le fue planteada, siendo que indicó que la propiedad no tiene concesión ya es una finca con escritura pública, que la misma tiene licencia comercial No. 15819 y de licores No. 2018317, d) ante la respuesta dada, por oficio ST-115-2021-SR se le solicitó a la municipalidad la intervención por medio del Departamento de Inspecciones, así como que se remitiera el estudio de registro correspondiente. A partir de lo anterior, considera que se ha actuado de forma diligente en atención a la gestión del recurrente, siendo que se corroboró que no hay daños mayores desarrollándose. Asimismo, indica que se continúa desarrollando una investigación , siendo que cuando se tenga copia de los permisos municipales, se le harán llegar al recurrente, a pesar que ello compete a la Municipalidad de Garabito. Además, indica que a su representada no le corresponde determinar si al ser zona marítimo terrestre y que la propiedad a la que refiere el tutelado se encuentra inscrita en el Registro Público, si existe afectación a la participación del Estado, siendo que eso le corresponde a la institución mencionada. Por lo expuesto, considera que no se han lesionado los derechos fundamentales del tutelado. Solicita que se declare sin lugar el recurso.\n\n4.- Rinden informe, bajo juramento, Andrea Meza Murillo y Franklin Paniagua Alfaro, por su orden, Ministra y Viceministro de Ambiente, ambos del Ministerio de Ambiente y Energía -MINAE-. Manifiestan que las direcciones de correo electrónico a las que el recurrente remitió su gestión a cuentas que no existen y que no son medios dispuestos para la recepción de gestiones. Al efecto señalan: “(…) El recurrente remitió la solicitud a tres direcciones de correo electrónico, no obstante, dos de ellas no existen al momento de remisión de la misma y a una tercera cuenta si bien está activa no es el medio oficial para recibir consultas de este tipo tal y como se demuestra en oficio DTI-005-2021, del Departamento de Tecnologías de la Información del Minae. En la página web del Ministerio de Ambiente y Energía, específicamente en el Directorio Telefónico se encuentra la información de contacto del Despacho de la suscrita Ministra y se indica que el correo electrónico es despachominae@minae.go.cr; por su parte, con respecto al Despacho del Viceministro de Ambiente se encuentra la dirección vicemi@minae.go.cr. Estas entonces corresponden a las medios oficiales de los despachos mencionados para la recepción de gestiones. Es decir, la solicitud remitió su petición a cuentas inexistentes al momento de remitirse la misma. En cuanto a la tercera cuenta de correo al cual se remitió la consulta fue a la dirección vcalderon@minae.go.cr que sí se encuentra activa y pero pertenece a una funcionaria destacada en el Despacho Ministerial y no puede ser considerada como medio oficial para efectuar gestiones en este Ministerio (…)”. No obstante lo anterior, la funcionaria que recibió la gestión la trasladó a la Contraloría Ambiental del ministerio. Indica que por competencia territorial y legal, el 11 de mayo de 2021 se remitió la petición por medio del SITADA (Sistema Integrado de Trámites y Atención de Denuncias Ambientales) a la Oficina de Orotina SINAC MINAE, para la atención y resolución de la misma. Expone que en cumplimiento del derecho de información, el SITADA está diseñado, desde su creación, para mantener informado al ciudadano informante/denunciante de los avances de la investigación y resolución de las denuncias. Estas notificaciones, las realiza el SITADA al correo electrónico del denunciante, registrado en el sistema de manera automática, en línea y sincronizada, en tiempo real, al momento que se ingresa la actividad por parte del usuario funcionario que realiza el registro. Menciona que en virtud de ello, al momento de remitir la atención de la gestión del tutelado, el sistema mencionado generó el correo electrónico de 11 de mayo de 2021, remitido a la dirección señalada por el petente, el cual corresponde zonaproteccion2021@yahoo.com. En cuanto a los actos efectuados en la atención de la petición del recurrente, indica que por oficio SINAC-ACOPAC-D-403-2021, la Oficina del SINAC en Orotina informó: “(…) La denuncia fue recibida en la Oficina Subregional de Orotina (OSRO) el viernes 30 de abril del 2021 mediante correo electrónico del Director Regional del ACOPAC. La denuncia también fue recibida por la Contraloría Ambiental. La misma se ingresó al SITADA y se le asignó el número de seguimiento N° 26870-2021 como es el debido proceso y se asignó la misma a la funcionaria Paola Alvarado el día 11 de mayo del 2021. - Se realizó inspección el día 12 de mayo del 2021, cuyos resultados se exponen en el informe de acciones N° 0042 oficio N° OSRO-406, entre ellos: o No se evidencia corta de árboles o afectación de bosques o humedales de rectoría del SINAC, en el sitio no hay mojones. o Por lo anterior, el programa de IRT-ACOPAC montaje de mapa con ubicación del sitio y se realizará consulta a la Municipalidad de Garabito. - Mediante correo electrónico el Lic. Roger Delgado, Coordinador de IRTACOPAC remite a la OSRO el mapa del sitio el día 17 de mayo del 2021. - El día 17 de mayo, se realiza consulta mediante oficio OSRO-412-2021 a la Coordinadora de Procesos Técnicos de la Municipalidad de Garabito, consultando por los permisos. - Mediante oficio ST-115-2021-SR de la Municipalidad de Garabito, de fecha 26 de mayo del 2021 se recibe respuesta a la consulta ACOPAC-OSRO-412-2021, la cual indica: 1. La propiedad no tiene concesión ya que esta es una finca con escritura pública. Adjunto estudio de registro (no se adjuntó). 2. La propiedad tiene licencia comercial, cuentan con la Licencia Comercial N° 15819, y de Licores N° 2018317, que vence el 26-05-2021. 3. No existe plan regulador en el sitio. 2- Permisos del MINAE. Siendo que tienen obtenidos todos los permisos solicito copia de cada uno de ellos según la institución caso contrario solicito de forma inmediata la clausura del esta. También las respectivas denuncias administrativas como penales. - Por la respuesta recibida mediante oficio ST-115-2021-SR, se le indica a la Municipalidad de Garabito, específicamente al Departamento de Inspecciones que la atención del caso debe ser abordado con urgencia de acuerdo a las competencias Municipales, quienes me remiten con el Lic. Anyelo Rodríguez a efectos de inspecciones. - En la misma línea de correos adicionalmente se le solicitó al Sr. Rodriguez que envíe el estudio de registro que indica el oficio ST-115-2021-SR, que no estaba adjunto al mismo; y se indica que los permisos Licencia Comercial N° 15819 y de Licores N° 2018317, vencen el 26-05-2021. - Se recibe respuesta el día 30 de junio del 2021, a las 9:32 am, indicando que “revisando y enterándose del asunto, con relación a la fiscalización de actividades comerciales se va a inspeccionar en sitio la forma de cómo se encuentra actuando el negocio en mención a nivel de impuestos. Que de encontrar anomalías procedemos según corresponda”. Por lo anterior se hace ver que la tramitación de permisos, compete únicamente al Municipio, donde el SINAC debido a las inspecciones realizadas se denota que no hay delitos ambientales por denunciar, únicamente quedando la interrogante de que al ser el sector ZMT posee folio real, encontrándose inscrita en el Registro Público, por lo que la validez de dicha inscripción podría afectar la participación Estatal, sin embargo el ente encargado de realizar dicho estudio es el Registro Público no el SINAC, por lo cual por parte de esta entidad se procederá a realizar la consulta de antecedentes de inscripción respectiva. Finalmente, se indica que ACOPAC ha realizado todos los esfuerzos necesarios para dar seguimiento a las acciones solicitadas por el señor Edwin Mora Montero: 1. Ingreso y asignación de denuncia a SITADA 26870-2021. 2. Informe de acciones OSRO-406 de fecha 12 de mayo del 2021. 3. Solicitud a Municipalidad mediante oficio OSRO-412-2021. 4. Seguimiento de oficio ST-115-2021-SR con departamento de Inspecciones de la Municipalidad de Garabito (se adjunta expediente digital). 5. Se continúa en proceso de investigación (…)”. De conformidad con lo anterior, argumenta que la solicitud planteada por el recurrente no fue presentada en algún medio oficial para tal efecto, aun así, está siendo atendida por la Oficina de Orotina del Sistema de Áreas de Conservación, aspecto fue puesto en conocimiento del denunciante desde el día 11 de mayo del 2021 mediante correos electrónicos de Walter Zavala y Marco Vinicio Cordero Valverde en los cuales se hace traslado de la gestión y se confirma la recepción de la misma, como se demuestra en la copia digital del expediente del sitema (sic) SITADA y los resultados de la misma serán comunicados según corresponde una vez finalizado el proceso de investigación. Solicita que se declare sin lugar el recurso.\n\n5.- Por escrito presentado el 23 de julio de 2021, el recurrente manifiesta que presentó gestiones, en los mismos términos que la supra citada, ante el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Garabito, entidades que tampoco le han brindado respuesta alguna.\n\n6.- Por resolución de las 12:04 horas de 14 de julio de 2021, se amplió el curso de este proceso y se le solicitó informe al Ministro y Director del Área Rectora de Salud de Garabito, ambos del Ministerio de Salud, así como al Alcalde Municipal de Garabito.\n\n7.- Rinden informe, bajo juramento, Daniel Sala Peraza y José Alberto Morales Ortega, por su orden, Ministro y Director del Área de Salud de Garabito, ambos del Ministerio de Salud. Manifiestan que la gestión del recurrente fue recibida el 12 de mayo de 2021 y ese mismo día, se emitió una primera respuesta, mediante oficio MS-DRRSPC-DARSG-600-2021, en el que se informó que gestión sería atendida y que se le estaría comunicando lo correspondiente. Señalan que el 20 de mayo de 2021, se realizó una inspección al lugar llamado “Donde Vin”, en la que se evidenció que ni el bar restaurante ni las cabinas contaban con Permiso Sanitario de Funcionamiento vigente, lo cual motivó que, por medio de informe técnico MS-DRRSPC-DARSG-IT-037-2021, se recomendara la suspensión de las actividades de manera inmediata. Asimismo, el 24 de mayo de 2021 se realizó la notificación de las órdenes sanitarias consecutivo ARS-G-OS-096- 2021 y ARS-G-OS-097-2021, al señor Pompilio Martin Campos Mendoza y al señor Sebastián Drake Rojas, en calidad de representante legal de la actividad y de propietario del inmueble, respectivamente. Afirman que en dichas órdenes sanitarias se ordenó la suspensión de toda actividad no autorizada, así como que, en caso de pretender realizar las actividades reprochadas, deberán gestionar los permisos respectivos. Mencionan que se dio seguimiento al cumplimiento de lo ordenado, siendo que el 27 de mayo de 2021 se constató que no se evidenciaba el desarrollo de las actividades comerciales de bar restaurante ni de alquiler de cabina, lo que consta en inspección ocular No. ARS-G-AIO-483-2021. Aseguran que el 1 de junio de 2021, se notificó vía correo electrónico, una segunda respuesta al recurrente, mediante oficio MS-DRRSPC-DARSG-0674-2021, el cual trata sobre la atención de la denuncia D-622, siendo que se le informó que la gestión había sido atendida el 20 de mayo de 2021 mediante una visita de inspección al establecimiento y que como resultado de lo anterior, se procedió a girar los actos administrativos correspondientes, los cuales habían recibido el respectivo seguimiento. Además, mediante el mismo documento se le informó que la denuncia seguía abierta y que se le notificaría cuando se diera resolución final al caso. Posteriormente, el 11 de junio de 2021, se realizó un nuevo seguimiento al cumplimiento de las órdenes ARS-G-OS-096- 2021 y ARS-G-OS-097-2021, no comprobándose el incumplimiento de lo ordenado, al encontrarse el lugar cerrado. Lo mismo ocurrió en una inspección realizada el 16 de julio de 2021. A partir de ello y por tercera vez, se le notificó al amparado, por medio de oficio MS-DRRSPC-DARSG-0822-2021, sobre atención de denuncia D-622, indicando que la misma continua activa, que se le está dando el respectivo seguimiento y que una vez que haya concluido el proceso administrativo se le estaría comunicando la resolución final del caso. A partir de lo anterior, alegan que no lleva razón el recurrente al afirmar que no ha recibido respuesta a su gestión, pues que se le ha mantenido informado sobre las acciones realizadas y del estado de la misma, siendo que al efecto se han emitido tres notificaciones distintas desde el momento en que interpuso la misma. De tal forma, consideran que no se han lesionado los derechos fundamentales del amparado. Solicitan que se declare sin lugar el recurso.\n\n8.- Rinde informe Tobías Murillo Rodríguez, en condición de Alcalde Municipal de Garabito. Manifiesta que mediante oficio AMI.11124-TM de 5 de julio de 2021, el Despacho de Alcaldía trasladó la gestión del recurrente al Coordinador del Proceso de Servicios Ciudadanos. Indica que posteriormente, por oficio OSC-109-2021 de 19 de julio de 2021, el Coordinador del Proceso de Servicios Financieros dio respuesta al recurrente, en los siguientes términos: “(…) En relación a la misma se procede a realizar revisión de la licencia comercial de restaurante y expendio de bebidas con contenido alcohólico las cuales se encuentran vigentes. Mismas fueron autorizadas ya que se cumplía en su momento con los requisitos solicitados. En relación a su denuncia, indica el ejercicio de actividad comercial de cabinas, para dicha actividad no se ha otorgado licencia comercial alguna, motivo por el cual se solicitó inspección y el día de hoy se recibe el resultado de la misma mediante oficio SCCS-I-111-2021-VCB de 19 de julio de 2021, según la cual se clausura la actividad de restaurante por no estar al día en el pago de sus impuestos y a su vez se realiza clausura de 4 conteiner acondicionados para el alquiler de cabinas por no contar con licencia comercial (…)”. Señala que el citado oficio fue notificado al recurrente el mismo 19 de julio de 2021. Por lo expuesto, solicita que se declare sin lugar el recurso.\n\n9.- Por escrito presentado el 22 de julio de 2021, Daniel Sala Peraza y José Alberto Morales Ortega, por su orden, Ministro y Director del Área de Salud de Garabito, ambos del Ministerio de Salud, aportan manifestaciones. Señalan lo siguiente: “(…) Solicita esa Honorable Sala Constitucional en su auto de traslado, indiquemos si “si las direcciones de correo electrónico a las cuales la parte recurrente remitió sus gestiones están previstas como mecanismo oficial de comunicación con esas instituciones.” Al respecto debemos manifestar: las direcciones electrónicas señaladas por el recurrente son: • despacho.documentos.ms@gmail.com Esta dirección electrónica no corresponde al Despacho Ministerial toda vez que la misma hace referencia a un servidor de una empresa privada (Gmail), siendo que la dirección oficial para el recibo de correspondencia es el Despacho Ministerial es la siguiente: correspondencia.ministro@misalud.go.cr • roxana.navarro@misalud.go.cr Esta sí es una cuenta electrónica del Ministerio de Salud; sin embargo, su titular dejó de ser funcionaria de la Institución por acogerse a su jubilación a partir del 16 de diciembre de 2020. Por lo anterior, la solicitud de información remitida por el recurrente en fecha 30 de abril de 2021 no se recibió en el Ministerio de Salud, primero porque la dirección electrónica oficial para el recibo de correspondencia en el Despacho Ministerial no es la indicada por el interesado, y segundo, la dirección electrónica roxana.navarro@misalud.go.cr carece de titular desde el 16 de diciembre de 2020, por ende, la solicitud de información ha sido mal canalizada por el recurrente. El 30 de abril de 2021 fecha en la que el recurrente alega haber enviado la solicitud, la dirección electrónica aquí indicada no tenía titular (…) Teniendo claro que los correos electrónicos utilizados no son los mecanismos idóneos, esclareciendo los hechos y actuaciones de esta representación dentro del marco legal, convergiendo las presentes conclusiones con las del escrito previo, consideramos no se ha violentado derecho alguno al aquí amparado, todo lo contario, se vela por la protección de su salud y de las personas que de una u otra manera estén visitando el lugar o eventualmente hospedadas en dichas cabinas (…)”. Reiteran la solicitud de declarar sin lugar el recurso.\n\n10.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.\n\n Redacta el Magistrado Chacón Jiménez; y,\n\nConsiderando:\n\n I.-OBJETO DEL RECURSO. El recurrente alega que el 30 de abril de 2021 interpuso una gestión ante el SINAC, ante el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Garabito solicitando información de su interés; empero, a la fecha de interposición de este recurso de amparo, no se le ha dado respuesta y tampoco ha recibido la información solicitada.\n\nII.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:\n\nEn cuanto al MINAE\n\n1)    Mediante correo de 30 de abril de 2021, remitido a las direcciones de correo lvicegestionambiental@minae.go.cr, ministrominae@go.cr y vcalderon@minae.go.cr, el recurrente, interpuso gestión ante el MINAE, en los siguientes términos: : \"(...) Solicito información si el lugar denominado \"Donde Vin\" ubicado entre playa Tivives y playa Guacalillos en Puntarenas Costa Rica, distrito Tarcoles (sic) Cantón Garabito, es un Restaurante con venta de licores y Arrendamiento (cabinas) posee para dicha actividad en la zona donde esta (sic) ubicada solicito de coordine y se envíen funcio (sic) - Permisos del Minae. Siendo que tiene obtenidos todos los permisos, solcito (sic) copia de cada uno de ellos según la institución, caso contrario solicito de forma inmediata la clausura del esta también las respectivas denuncias, ya sean administrativas como penales, lo anterior sustentado en los artículos 27 y 33 de nuestra constitución política, sin mas a la e (sic) de lo solicitado en el termino (sic) de ley, contrariamente se realiza a la denuncia penal respectiva por incumplimiento de deberes, gracias por la atención a la presente (…)\". (prueba aportada).\n\n2)    Las direcciones de correo electrónico lvicegestionambiental@minae.go.cr y ministrominae@go.cr, no existen dentro del MINAE. Por su parte, la dirección vcalderon@minae.go.cr no es un medio válido de comunicación con la institución (informes rendidos).\n\n3)    La funcionaria que tiene asignada la dirección vcalderon@minae.go.cr, y que es de la Contraloría Ambiental del MINAE, en fecha 11 de mayo de 2021 remitió la gestión por medio del SITADA (Sistema Integrado de Trámites y Atención de Denuncias Ambientales) a la Oficina de Orotina SINAC MINAE (informes rendidos).\n\n4)    El 11 de mayo de 2021, al recurrente se le dio acuse de recibido, por medio de respuesta automática del SITADA (informe rendido).\n\n5)    A la gestión se le asignó el número de seguimiento No. 26870-2021 (informes rendidos).\n\n6)    A las fechas en que las autoridades recurridas rindieron informes, sea, 2 y 5 de julio de 2021, al tutelado no se le ha dado respuesta sobre su gestión (informes rendidos).\n\nEn referencia al Ministerio de Salud\n\n7)    Mediante correo de 30 de abril de 2021, remitido a las direcciones de correo despacho.documentos.ms@gmail.com y roxana.navarro@misalud.go.cr, el recurrente interpuso gestión ante el Ministerio de Salud, en los siguientes términos: : \"(...) Solicito información si el lugar denominado \"Donde Vin\" ubicado entre playa Tivives y playa Guacalillos en Puntarenas Costa Rica, distrito Tarcoles (sic) Cantón Garabito, es un Restaurante con venta de licores y Arrendamiento (cabinas) posee para dicha actividad en la zona donde esta (sic) ubicada solicito de coordine y se envíen funcio (sic) - Permisos del Minae. Siendo que tiene obtenidos todos los permisos, solcito (sic) copia de cada uno de ellos según la institución, caso contrario solicito de forma inmediata la clausura del esta también las respectivas denuncias, ya sean administrativas como penales, lo anterior sustentado en los artículos 27 y 33 de nuestra constitución política, sin mas a la e (sic) de lo solicitado en el termino (sic) de ley, contrariamente se realiza a la denuncia penal respectiva por incumplimiento de deberes, gracias por la atención a la presente (…)\". (prueba aportada).\n\n8)    Las direcciones de correo electrónico despacho.documentos.ms@gmail.com y roxana.navarro@misalud.go.cr, no son medios válidos para la recepción de gestiones, siendo que la primera no corresponde a una dirección de correo electrónico institucional y la segunda estaba asignada a una funcionaria que se jubiló el 16 de diciembre de 2020 (informes rendidos).\n\n9)    El 12 de mayo de 2021, mediante oficio MS-DRRSPC-DARSG-600-2021, el Ministerio de Salud le informó al recurrente que su gestión sería atendida y que se le estaría comunicando lo correspondiente (informes rendidos).\n\n10)            El 1 de junio de 2021, el Ministerio de Salud le notificó, vía correo electrónico, una segunda respuesta al recurrente, mediante oficio MS-DRRSPC-DARSG-0674-2021, informándole sobre la atención de la denuncia D-622, en el sentido que la gestión había sido atendida el 20 de mayo de 2021 mediante una inspección al establecimiento y que como resultado de ello, se procedió a girar los actos administrativos correspondientes (órdenes sanitarias ARS-G-OS-096- 2021 y ARS-G-OS-097-2021), los cuales habían recibido el respectivo seguimiento. Además, mediante el mismo documento se le informó que la denuncia seguía abierta y que se le notificaría cuando se diera resolución final al caso (informes rendidos).\n\n11) El 16 de julio de 2021, mediante oficio MS-DRRSPC-DARSG-0822-2021, remitido a la dirección de correo electrónico señalado por el petente al efecto, el Ministerio de Salud le informó que se había dado seguimiento al caso, siendo que se efectuaron nuevas inspecciones en las que se verificó que el cumplimiento de las órdenes sanitarias, y que se continuaría con el respectivo seguimiento, por lo que se le estaría comunicando la resolución final del caso (informes rendidos).\n\nEn referencia a la Municipalidad de Garabito.\n\n12) Mediante correo de 8 de mayo de 2021, remitido a las direcciones de correo secretariaalcaldia@munigarabito.go.cr y ambiental@munigarabito.go.cr, el recurrente interpuso gestión ante la Municipalidad de Garabito, en los siguientes términos: : \"(...) Solicito información si el lugar denominado \"Donde Vin\" ubicado entre playa Tivives y playa Guacalillos en Puntarenas Costa Rica, distrito Tarcoles (sic) Cantón Garabito, es un Restaurante con venta de licores y Arrendamiento (cabinas) posee para dicha actividad en la zona donde esta (sic) ubicada solicito de coordine y se envíen funcio (sic) - Permisos del Minae. Siendo que tiene obtenidos todos los permisos, solcito (sic) copia de cada uno de ellos según la institución, caso contrario solicito de forma inmediata la clausura del esta también las respectivas denuncias, ya sean administrativas como penales, lo anterior sustentado en los artículos 27 y 33 de nuestra constitución política, sin mas a la e (sic) de lo solicitado en el termino (sic) de ley, contrariamente se realiza a la denuncia penal respectiva por incumplimiento de deberes, gracias por la atención a la presente (…)\".\n\n13) A la fecha de interposición de este recurso de amparo, la Municipalidad de Garabito no había dado respuesta al recurrente y por consiguiente, no se le había brindado la información solicitada (los autos).\n\n14)            Por oficio AMI.11124-TM de 5 de julio de 2021, el Despacho de Alcaldía trasladó la gestión del recurrente al Coordinador del Proceso de Servicios Ciudadanos de la misma municipalidad (informes rendidos).\n\n15)            La resolución de ampliación de curso dictada en este proceso de amparo fue notificada al Alcalde de Garabito el 16 de julio de 2021 (acta de notificación).\n\n16)            Por oficio OSC-109-2021 de 19 de julio de 2021 y que le fue notificado el mismo día, el Coordinador del Proceso de Servicios Financieros de la Municipalidad de Garabito dio respuesta al recurrente, en los siguientes términos: “(…) En relación a la misma se procede a realizar revisión de la licencia comercial de restaurante y expendio de bebidas con contenido alcohólico las cuales se encuentran vigentes. Mismas fueron autorizadas ya que se cumplía en su momento con los requisitos solicitados. En relación a su denuncia, indica el ejercicio de actividad comercial de cabinas, para dicha actividad no se ha otorgado licencia comercial alguna, motivo por el cual se solicitó inspección y el día de hoy se recibe el resultado de la misma mediante oficio SCCS-I-111-2021-VCB de 19 de julio de 2021, según la cual se clausura la actividad de restaurante por no estar al día en el pago de sus impuestos y a su vez se realiza clausura de 4 conteiner acondicionados para el alquiler de cabinas por no contar con licencia comercial (…)” (informes y prueba aportada).\n\nIII.- SOBRE EL FONDO. Respecto al reproche incoado en este proceso de amparo, corresponde referirse en los siguientes términos:\n\na.- En cuanto al Ministerio de Ambiente y Energía -MINAE-. A partir de la relación de hechos probados, se tiene por acreditado que mediante correo electrónico remitido a las direcciones lvicegestionambiental@minae.go.cr, ministrominae@go.cr y vcalderon@minae.go.cr, en fecha 30 de abril de 2021 el recurrente interpuso gestión ante el MINAE en los siguientes términos: \"(...) Solicito información si el lugar denominado \"Donde Vin\" ubicado entre playa Tivives y playa Guacalillos en Puntarenas Costa Rica, distrito Tarcoles (sic) Cantón Garabito, es un Restaurante con venta de licores y Arrendamiento (cabinas) posee para dicha actividad en la zona donde esta (sic) ubicada solicito de coordine y se envíen funcio (sic) - Permisos del Minae. Siendo que tiene obtenidos todos los permisos, solcito (sic) copia de cada uno de ellos según la institución, caso contrario solicito de forma inmediata la clausura del esta también las respectivas denuncias, ya sean administrativas como penales, lo anterior sustentado en los artículos 27 y 33 de nuestra constitución política, sin mas a la e (sic) de lo solicitado en el termino (sic) de ley, contrariamente se realiza a la denuncia penal respectiva por incumplimiento de deberes, gracias por la atención a la presente (…)\". Al respecto, las autoridades recurridas informaron que las direcciones lvicegestionambiental@minae.go.cr y ministrominae@go.cr, no existen dentro del MINAE, y por su parte, la dirección vcalderon@minae.go.cr no es un medio válido de comunicación con la institución. No obstante, las mismas autoridades recurridas indicaron que la funcionaria a quien pertenece la dirección de correo electrónico de cita, remitió la gestión, por medio del SITADA (Sistema Integrado de Trámites y Atención de Denuncias Ambientales) a la Oficina de Orotina SINAC MINAE, en fecha 11 de mayo de 2021. A partir de lo anterior, se tiene que a pesar que el tutelado remitió su gestión a medios no válidos al efecto, lo cierto es que la institución decidió darle trámite, siendo que se le asignó el número de seguimiento No. 26870-2021, por lo que, concomitantemente se le debía dar una respuesta pronta al tutelado. No obstante, a las fechas en que las autoridades recurridas rindieron informes, sea, 2 y 5 de julio de 2021, estas no le han dado respuesta. Si bien se realizaron una serie de actos en atención de lo planteado por el recurrente, siendo que incluso los accionados le dan connotación de denuncia, y que el 11 de mayo de 2021 se le dio respuesta automática de la recepción de la gestión, lo cierto es que a criterio de este Tribunal, a partir de la literalidad de la gestión, lo solicitado por el recurrente corresponde a un asunto de petición, solicitando que se le indique el estatus y las condiciones en las que funciona el lugar denominado \"Donde Vin\" ubicado entre playa Tivives y playa Guacalillos. Sin embargo, no se le ha dado la respuesta correspondiente y en los términos de lo planteado, lesionando su derecho de petición. En consecuencia, corresponde estimar este proceso en los términos dispuestos en la parte dispositiva de esta sentencia.\n\nb.- Tocante al Ministerio de Salud. Se tiene por acreditado que el recurrente, mediante correo electrónico remitido a las direcciones despacho.documentos.ms@gmail.com y roxana.navarro@misalud.go.cr, en fecha 30 de abril de 2021, interpuso gestión ante el Ministerio de Salud en los mismos términos que lo hizo ante el MINAE, es decir, requiriendo lo siguiente \"(...) Solicito información si el lugar denominado \"Donde Vin\" ubicado entre playa Tivives y playa Guacalillos en Puntarenas Costa Rica, distrito Tarcoles (sic) Cantón Garabito, es un Restaurante con venta de licores y Arrendamiento (cabinas) posee para dicha actividad en la zona donde esta (sic) ubicada solicito de coordine y se envíen funcio (sic) - Permisos del Minae. Siendo que tiene obtenidos todos los permisos, solcito (sic) copia de cada uno de ellos según la institución, caso contrario solicito de forma inmediata la clausura del esta también las respectivas denuncias, ya sean administrativas como penales, lo anterior sustentado en los artículos 27 y 33 de nuestra constitución política, sin mas a la e (sic) de lo solicitado en el termino (sic) de ley, contrariamente se realiza a la denuncia penal respectiva por incumplimiento de deberes, gracias por la atención a la presente (…)\". Al respecto, las autoridades de ese ministerio, en los informes rendidos en este proceso, indicaron las direcciones a las cuales se remitió la petición no son medios válidos para la recepción de gestiones, pues la primera no corresponde a una dirección de correo electrónico institucional y la segunda estaba asignada a una funcionaria que se jubiló el 16 de diciembre de 2020; empero, a efectos de reste recurso de amparo, se tiene como debidamente presentada la gestión, pues las propias autoridades ministeriales indicaron que el 12 de mayo de 2021, mediante oficio MS-DRRSPC-DARSG-600-2021, se le informó al recurrente que su gestión sería atendida y que se le estaría comunicando lo correspondiente. A partir de ello, surgió la obligación para la institución de dar respuesta oportuna al tutelado, así como de remitirle la información solicitada. Ahora bien, se tiene que el Ministerio de Salud dio trámite a la gestión del amparado, teniéndola como una denuncia, cuando en realidad correspondía a un asunto de petición, solicitando que se le indicara el estatus y las condiciones en las que funciona el lugar denominado \"Donde Vin\" ubicado entre playa Tivives y playa Guacalillos, según se colige de la literalidad de la propia gestión. Sin embargo, se tiene que de previo y durante la tramitación de este recurso de amparo, el ministerio de cita ha mantenido informado al recurrente sobre lo acecido en la atención de su gestión. Tal como se indicó, el ministerio la tramitó como una denuncia, bajo número D-622, siendo que el 1 de junio de 2021, le notificó, vía correo electrónico, una segunda respuesta al recurrente, mediante oficio MS-DRRSPC-DARSG-0674-2021, informándole sobre la atención de la “denuncia”, en el sentido que la gestión había sido atendida el 20 de mayo de 2021 mediante una inspección al establecimiento y que como resultado de ello, se procedió a girar los actos administrativos correspondientes (órdenes sanitarias ARS-G-OS-096- 2021 y ARS-G-OS-097-2021), los cuales habían recibido el respectivo seguimiento. Además, mediante el mismo documento se le informó que la denuncia seguía abierta y que se le notificaría cuando se diera resolución final al caso. Posteriormente, ya una vez iniciada la tramitación de este proceso de amparo, propiamente el 16 de julio de 2021, mediante oficio MS-DRRSPC-DARSG-0822-2021, remitido a la dirección de correo electrónico señalado por el petente al efecto, el Ministerio de Salud le informó que se había dado seguimiento al caso, siendo que se efectuaron nuevas inspecciones en las que se verificó que el cumplimiento de las órdenes sanitarias, y que se continuaría con el respectivo seguimiento, por lo que se le estaría comunicando la resolución final del caso. A partir de lo anterior, si bien se tiene que los actos emitidos por la autoridad recurrida son propios del trámite de una denuncia, lo cierto es que por el contenido de las notificaciones enviadas al recurrente se tiene que de forma indirecta el Ministerio de Salud dio la respectiva y oportuna respuesta a la gestión del tutelado, por lo que sobre esta institución no es posible acreditar omisión u acto que resulte contrario al régimen de derechos fundamentales del amparado. De tal forma, en lo que concierne al Ministerio de Salud, se declara sin lugar el recurso.\n\nc.- Sobre la Municipalidad de Garabito. Se tiene por acreditado que el recurrente, mediante correo de 8 de mayo de 2021, remitido a las direcciones de correo secretariaalcaldia@munigarabito.go.cr y ambiental@munigarabito.go.cr, plateó ante la corporación municipal citada la misma gestión que interpuso ante el MINAE y el Ministerio de Salud, sea: \"(...) Solicito información si el lugar denominado \"Donde Vin\" ubicado entre playa Tivives y playa Guacalillos en Puntarenas Costa Rica, distrito Tarcoles (sic) Cantón Garabito, es un Restaurante con venta de licores y Arrendamiento (cabinas) posee para dicha actividad en la zona donde esta (sic) ubicada solicito de coordine y se envíen funcio (sic) - Permisos del Minae. Siendo que tiene obtenidos todos los permisos, solcito (sic) copia de cada uno de ellos según la institución, caso contrario solicito de forma inmediata la clausura del esta también las respectivas denuncias, ya sean administrativas como penales, lo anterior sustentado en los artículos 27 y 33 de nuestra constitución política, sin mas a la e (sic) de lo solicitado en el termino (sic) de ley, contrariamente se realiza a la denuncia penal respectiva por incumplimiento de deberes, gracias por la atención a la presente (…)\". No obstante, las autoridades de la corporación municipal fueron omisas en dar pronta respuesta al amparado. Solamente se constata que el por oficio AMI.11124-TM de 5 de julio de 2021, es decir, casi un mes después de presentada, el Despacho de Alcaldía trasladó la gestión del recurrente al Coordinador del Proceso de Servicios Ciudadanos de la misma municipalidad. Sin embargo, posterior a ello las instancias competentes de la municipalidad no efectuaron acto alguno con el fin de emitir y notificarle al amparado la respuesta correspondiente, lesionan su derecho de petición. Fue por intervención de este Tribunal Constitucional, mediante la notificación de la resolución de ampliación de curso dictada en este proceso, acto procesal efectuada el 16 de julio de 2021, que por oficio OSC-109-2021 de 19 de julio de 2021 y que le fue notificado el mismo día, el Coordinador del Proceso de Servicios Financieros de la Municipalidad de Garabito dio respuesta al recurrente, en los siguientes términos: “(…) En relación a la misma se procede a realizar revisión de la licencia comercial de restaurante y expendio de bebidas con contenido alcohólico las cuales se encuentran vigentes. Mismas fueron autorizadas ya que se cumplía en su momento con los requisitos solicitados. En relación a su denuncia, indica el ejercicio de actividad comercial de cabinas, para dicha actividad no se ha otorgado licencia comercial alguna, motivo por el cual se solicitó inspección y el día de hoy se recibe el resultado de la misma mediante oficio SCCS-I-111-2021-VCB de 19 de julio de 2021, según la cual se clausura la actividad de restaurante por no estar al día en el pago de sus impuestos y a su vez se realiza clausura de 4 conteiner acondicionados para el alquiler de cabinas por no contar con licencia comercial (…)”. Así las cosas, se tiene que la Municipalidad de Garabito lesionó el derecho de petición del tutelado y fue con ocasión de este proceso de amparo que procedió a darle la respuesta correspondiente a la gestión presentada el 8 de mayo de 2021.\n\nIV.- CONCLUSIÓN. En virtud de lo expuesto anteriormente, corresponde declarar parcialmente con lugar este recurso de amparo, por la omisión del MINAE y de la Municipalidad de Garabito de dar respuesta de forma oportuna a las gestiones interpuestas por el amparado en fechas 30 de abril y 8 de mayo de 2021, respectivamente.\n\nEn el caso del MINAE, se ordena a sus autoridades tomar las medidas correspondientes para que, en un plazo no mayor a diez días posteriores a esta sentencia, al tutelado se le brinde la respuesta correspondiente en relación con la gestión interpuesta el 30 de abril de 2021.\n\nPor su parte, en cuanto a la Municipalidad de Garabito, esta declaratoria se dicta sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues, con ocasión de la notificación de la resolución de ampliación de curso dictada en este proceso, intentaron remediar la vulneración supra citada mediante la notificación al recurrente de la respuesta correspondiente a su gestión de 8 de mayo de 2021.\n\nEn cuanto al Ministerio de Salud, se declara sin lugar el recurso.\n\nV.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.\n\nVI.- VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ. El suscrito Magistrado salva el voto con fundamento en las siguientes razones: Considero que los derechos de la parte tutelada no fueron lesionados, por cuanto, según se tiene por acreditado en el sub judice, el amparado remitió sus gestiones a correos electrónicos que no están previstos como mecanismos oficiales de comunicación. Ha sido mi criterio que cuando se acredita que la gestión, cuya falta de resolución se acusa, se remitió a un correo electrónico que no está previsto como mecanismo oficial de comunicación, no hay lesión a los derechos fundamentales de la parte amparada, aun cuando la autoridad recurrida haya girado acuse de recibido o dado trámite a la gestión. De ahí que, por estas razones, salvo el voto y declaro sin lugar el recurso, como en efecto se hace.\n\nVII.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA HERNÁNDEZ LÓPEZ, SOBRE LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DERIVADAS DE DECLARAR CON LUGAR ESTE RECURSO. Coincido con la mayoría de la Sala en la decisión tomada respecto de la existencia de una lesión a los derechos fundamentales en este caso, la cual ha sido corregida con ocasión de la intervención de la Sala; no obstante, me separo de su decisión en relación con el tema de las consecuencias económicas de dicha declaratoria.\n\n            La jurisdicción constitucional a cargo de este Tribunal en materia de amparo y hábeas corpus -la jurisdicción de la libertad como se le denomina- es especial porque su finalidad no es la del juez tradicional que dirime un conflicto entre dos partes, enfrentadas por una disputa legal. Su materia es de orden público, y su objetivo es brindar protección judicial a las personas en el ejercicio de sus derechos fundamentales de manera tal que no se perturbe su disfrute por actos de quien, de hecho o de derecho, realiza ejercicios concretos de autoridad, capaces de vulnerarlos.\n\n            Esa vocación protectora de la jurisdicción constitucional se concreta en un diseño procesal también peculiar, célere y gratuito en donde se impone a la autoridad pública recurrida la simple rendición de “un informe” sobre lo actuado en el caso denunciado (artículos 43, 44, 45 y 46 de la LJC). Así que no se trata técnicamente de un litigio y acorde con ello, se entregan a la Sala Constitucional amplios poderes para orientar el curso del proceso de amparo o de hábeas corpus, tanto respecto de la posibilidad de requerir información a otras autoridades sobre lo sucedido, como respecto del manejo amplio de la prueba que pueda servir para aclarar lo sucedido. Tal marco procesal de la jurisdicción de la libertad, donde no existen dos partes antagónicas enfrentadas de modo que lo que gane una lo pierda la otra, impone alejarnos  de las soluciones que para estas últimas cuestiones han sido previstos en sistemas procesales como el civil, el contencioso o el laboral.\n\n            En lo que ahora interesa, la Ley de la Jurisdicción Constitucional regula en sus artículos 46 y siguientes, tres aspectos especiales del ejercicio de la función jurisdiccional en la protección de derechos fundamentales, a cargo de la Sala: a) el primer aspecto es el atinente a la declaración que debe hacerse de la existencia o inexistencia de la violación (artículos 46 y 47 LJC); b) el segundo, regula de forma cuidadosa las potestades de las que goza el Tribunal para revertir los efectos jurídicos de la infracción a los derechos fundamentales y restaurar, de la forma más efectiva, su ejercicio (artículos 49 y 50 LJC); c) el tercer aspecto, (artículo 51 LJC) dispone reglas sobre las consecuencias económicas de tales procesos de amparo y habeas corpus, de manera tal que –ante la constatación de una lesión parte de la Sala-exista una restauración del disfrute de tales derechos y, además, una efectiva indemnización de los daños y gastos ocasionados, como parte del derecho a una justicia efectiva en cuanto a la reparación de las consecuencias dañosas generadas por las autoridades que resulten infractoras, las cuales no son sólo para efectos de la tutela judicial efectiva de la parte accionante, sino también con un fin disuasorio para que el Estado, no incurra en el futuro en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50 de la ley de la Jurisdicción Constitucional.\n\n            En este último aspecto, la Ley en su artículo 51 ordena a la Sala que “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso…”. Este es el sistema general que regula los temas del ámbito indemnizatorio, para los casos que la mayoría identifica como “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerados los derechos fundamentales…”; en tales casos, dentro de los que se cuenta el que ahora se decide, la Sala ha tenido por comprobado el agravio y de allí la necesidad de una condenatoria en costas daños y perjuicios, que se apoya en el concepto antes citado de una tutela efectiva de los derechos de las personas y en la noción de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y gastos que ocasione con su actuar inconstitucional. No cambia en nada esta conclusión por el hecho de que al conocer y resolver el amparo, “hubieren cesado los efectos del acto reclamado” (artículo 50) pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria automática en costas daños y perjuicios, por entenderse que el proceso ha terminado de forma normal y se ha constatado la violación.\n\n            Dentro de este marco general sencillo y claro -y carente de minusvalías o vacíos como lo afirma la mayoría-la disposición del artículo 52 de la Ley encaja perfectamente como un caso de excepción, aplicable únicamente en los casos en que la Sala no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, es decir -como lo dice la mayoría- en aquellas situaciones de “terminación anormal del proceso”. Pero las condiciones y alcances para decretar esa forma de conclusión están delimitados como suma precisión por parte del legislador; en primer lugar, los presupuestos de hecho para la aplicación de esta norma, están claramente descritos, de modo que la Sala debe comprobar: 1) que el amparo está en curso; 2) que exista una resolución administrativa o judicial (que debe entenderse en su sentido estrictamente formal); y 3) que en tal resolución se disponga incuestionablemente la revocación, la detención o la suspensión de la actuación impugnada. Se trata de conceptos sumamente acotados, cuyo ámbito de aplicación debe además ser interpretado restringidamente, no solo en atención a la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino porque las consecuencias de aplicar tal excepción generan indiscutiblemente una disminución en el derecho fundamental de las personas a lograr una efectiva tutela judicial frente a los daños recibidos con la lesión a sus derechos constitucionales. En conclusión, únicamente en tales limitados casos y luego de confirmado por el Tribunal todo lo anterior, a la luz de una lectura restrictiva de sus alcances, estaríamos ante la necesidad de dejar de lado el sistema general de condenatoria automática en costas daños y perjuicios, y ejercitar -como jueces- nuestra discreción jurídica para decidir si se ordena el pago de tales extremos o no.\n\n            En este caso, el ejercicio anterior obliga a concluir la inaplicabilidad del artículo 52 de LJC, pues, por una parte, el Tribunal se ha pronunciado sobre el fondo del asunto, ha reconocido con su declaración una lesión a derechos fundamentales y determinado quién ha sido su autor; en nada se asemeja lo anterior una “terminación anormal del proceso”. Por otra parte, tampoco se verifican los requisitos del artículo 52 recién citado, ya que no existe una “resolución administrativa o judicial” formalmente emitida y en la cual, de manera expresa se revoque, detenga o suspenda el acto que origina la violación de derechos constitucionales; Por todo ello, es procedente aplicar lo dispuesto en los artículos 50 y 51 de la LJC y disponer -como consecuencia de haberse comprobado la violación- la condenatoria en daños, perjuicios y costas causados, en calidad de consecuencias económicas del proceso.\n\n            Pero incluso, aún si dejásemos de lado la condena automática en daños, perjuicios y costas, despreciando los razonamientos anteriores, lo cierto es que los hechos probados de este caso han llevado a la Sala declarar la existencia de una afectación en el ejercicio de los derechos fundamentales del amparado, que, como acción dañosa que es, lleva aparejada una presunción de surgimiento de daños y perjuicios económicos -cuya determinación concreta no le toca a la Sala-, y no se aprecia en el expediente mérito alguno que convenza para exonerar a la autoridad recurrida de cubrir la efectiva reparación de las consecuencias dañinas de sus actos, según el principio general dispuesto expresamente en la ley.\n\nVIII.- VOTO SALVADO PARCIAL DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.\n\nMi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.\n\nCiertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.\n\nSi el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.\n\nCon la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aún cuando el derecho haya sido restituido.\n\nEn razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas.\n\nIX.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPor tanto:\n\n Se declara parcialmente con lugar el recurso, por la omisión del MINAE y de la Municipalidad de Garabito de dar respuesta de forma oportuna a las gestiones interpuestas por el amparado en fechas 30 de abril y 8 de mayo de 2021, respectivamente. Se ordena a Carlos Vinicio Cordero Valverde, en condición de Jefe de la Oficina en Orotina del Área de Conservación Pacífico Central del MINAE, así como a Andrea Meza Murillo y Franklin Paniagua Alfaro, por su orden, Ministra y Viceministro de Ambiente, ambos del Ministerio de Ambiente y Energía -MINAE-, o a quienes ejerzan tales cargos, tomar las medidas correspondientes para que, en un plazo no mayor a diez días posteriores a esta sentencia, al tutelado se le brinde la respuesta correspondiente en relación con la gestión interpuesta el 30 de abril de 2021. Lo anterior, bajo la advertencia que, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, lo que se liquidaran en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En cuanto a la Municipalidad de Garabito, este recurso de amparo se declara con lugar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52, párrafo 1º, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. El Magistrado Castillo Víquez salva el voto y declara sin lugar el recurso. La Magistrada Hernández López salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas de conformidad con los artículos 50 y 51 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. La Magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas. En lo demás se declara sin lugar el recurso. Notifíquese.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nPaul Rueda L.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nNancy Hernández L.\n\n\n\n\nAnamari Garro V.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nMarta Eugenia Esquivel R.\n\n\n\n\nAna María Picado B.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nMauricio Chacón J.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n*MXAQDGKPH8U61*\n\n MXAQDGKPH8U61\n\nEXPEDIENTE N° 21-012364-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 09-05-2026 09:40:30.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "**Sala Constitucional**\n\n**Resolution No. 16584 - 2021**\n\n**Resolution Date:** July 30, 2021 at 09:15\n\n**Case File:** 21-012364-0007-CO\n\n**Drafted by:** Jorge Araya Garcia\n\n**Type of Matter:** Amparo Appeal\n\n**Analyzed by:** SALA CONSTITUCIONAL\n\n**Text of the resolution**\n\n*210123640007CO*\n\nExp: 21-012364-0007-CO\n\nRes. No. 2021016584\n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours fifteen minutes on July thirtieth, two thousand twenty-one.\n\nAn amparo appeal processed in case file number 21-012364-0007-CO, filed by EDWIN MORA MONTERO, identity card number 0106200558, against the MUNICIPALITY OF GARABITO, the MINISTRY OF HEALTH, and the MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY (MINAE).\n\n**Whereas:**\n\n1.- By a brief filed via Online Management and incorporated into the electronic case file at 12:04 hours on June 27, 2021, the appellant files an amparo appeal against the Ministry of Environment and Energy (MINAE). He states that on April 30, 2021, via email addressed to vicegestionambiental@minae.go.cr, ministrominae@go.cr, and vcalderon@minae.go.cr, he filed a petition before MINAE requesting information of his interest. Specifically, he requested: \"(...) I request information regarding whether the place called 'Donde Vin' located between Tivives beach and Guacalillos beach in Puntarenas, Costa Rica, Tárcoles district (sic), Garabito Canton, being a Restaurant with liquor sales and Rental (cabins), has the necessary permits for said activity in the area where it is located (sic). I request coordination and that MINAE officials be sent - MINAE Permits. Given that it has obtained all permits, I request (sic) a copy of each one of them according to the institution; otherwise, I immediately request the closure of this establishment, as well as the respective complaints, whether administrative or criminal, the foregoing based on articles 27 and 33 of our political constitution. Without further ado, I await (sic) a response within the legal term (sic); otherwise, the respective criminal complaint for dereliction of duty will be filed. Thank you for your attention to this matter (…)\". However, he claims that as of the date he files this amparo appeal, he has not received a response, which is why he considers his fundamental rights to have been violated.\n\n2.- By resolution at 14:48 hours on June 28, 2021, this amparo proceeding was initiated, and a report was requested from the Minister, the Environmental Vice Minister, and the Head of the Orotina Subregion Office of the Central Pacific Conservation Area, all from MINAE, to address the facts alleged in this amparo appeal.\n\n3.- Carlos Vinicio Cordero Valverde, acting as Head of the Orotina Office of the Central Pacific Conservation Area of MINAE, submits a report under oath. He states that the appellant's petition was assigned tracking number No. 26879-2021, and that the following steps were taken in response: a) on May 12, an inspection was conducted, indicating that no tree cutting or impact on forests or wetlands under SINAC's jurisdiction was evident and that there were no boundary markers, but an inquiry was submitted to the Municipality of Garabito; b) via email, the Coordinator of IRT.ACOPAC sent a map of the site on May 17, 2021; c) via official letter ST-115-2021-SR, on May 26, the Municipality of Garabito responded to the inquiry, indicating that the property does not have a concession as it is a farm with a public deed, and that it has commercial license No. 15819 and liquor license No. 2018317; d) given the response received, via official letter ST-115-2021-SR, the municipality was asked to intervene through its Department of Inspections, and to send the corresponding registry study. Based on the foregoing, he considers that they have acted diligently in addressing the appellant's petition, having verified that no major damage is occurring. He also indicates that an investigation is ongoing, and that once copies of the municipal permits are obtained, they will be forwarded to the appellant, even though that is the responsibility of the Municipality of Garabito. Furthermore, he states that it is not his represented institution's responsibility to determine if, being a maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre, ZMT) and the property the petitioner refers to being registered in the Public Registry, there is any impact on State participation, as that corresponds to the mentioned institution. Based on the foregoing, he considers that the petitioner's fundamental rights have not been violated. He requests that the appeal be dismissed.\n\n4.- Andrea Meza Murillo and Franklin Paniagua Alfaro, respectively Minister and Vice Minister of Environment, both from the Ministry of Environment and Energy (MINAE), submit a report under oath. They state that the email addresses to which the appellant sent his petition are accounts that do not exist and are not designated means for receiving petitions. In this regard, they state: \"(…) The appellant sent the request to three email addresses; however, two of them did not exist at the time of sending, and a third account, while active, is not the official means for receiving inquiries of this type, as demonstrated in official letter DTI-005-2021 from the Department of Information Technologies of MINAE. On the Ministry of Environment and Energy's website, specifically in the Telephone Directory, the contact information for the Office of the undersigned Minister is found, indicating that the email address is despachominae@minae.go.cr; meanwhile, regarding the Office of the Vice Minister of Environment, the address is vicemi@minae.go.cr. These, therefore, correspond to the official means of the mentioned offices for receiving petitions. That is, the appellant sent his request to non-existent accounts at the time it was sent. As for the third email account to which the inquiry was sent, vcalderon@minae.go.cr, it is active but belongs to an official assigned to the Ministerial Office and cannot be considered an official means for filing petitions with this Ministry (…)\". Despite this, the official who received the petition forwarded it to the Environmental Comptrollership (Contraloría Ambiental) of the ministry. She indicates that, due to territorial and legal jurisdiction, on May 11, 2021, the request was referred via SITADA (Integrated System for Processing and Addressing Environmental Complaints) to the Orotina SINAC MINAE Office for its attention and resolution. She explains that, in compliance with the right to information, SITADA is designed, since its creation, to keep the reporting/complaining citizen informed of the progress of the investigation and resolution of complaints. These notifications are made by SITADA to the complainant's email address, registered in the system automatically, online, and synchronized, in real-time, at the moment an activity is entered by the user official performing the registration. She mentions that, by virtue of this, at the time of referring the attention of the petitioner's request, the mentioned system generated the email dated May 11, 2021, sent to the address provided by the appellant, which is zonaproteccion2021@yahoo.com. Regarding the actions taken in addressing the appellant's request, she indicates that via official letter SINAC-ACOPAC-D-403-2021, the SINAC Office in Orotina reported: \"(…) The complaint was received at the Orotina Subregional Office (OSRO) on Friday, April 30, 2021, via email from the Regional Director of ACOPAC. The complaint was also received by the Environmental Comptrollership. It was entered into SITADA and assigned tracking number N° 26870-2021 as per due process, and assigned to official Paola Alvarado on May 11, 2021. - An inspection was conducted on May 12, 2021, the results of which are set forth in action report N° 0042, official letter N° OSRO-406, including: o No tree cutting or impact on forests or wetlands under SINAC's jurisdiction is evident; there are no boundary markers at the site. o Therefore, the IRT-ACOPAC program will mount a map with the site's location, and an inquiry will be made to the Municipality of Garabito. - Via email, Mr. Roger Delgado, Coordinator of IRTACOPAC, sent the site map to OSRO on May 17, 2021. - On May 17, an inquiry is made via official letter OSRO-412-2021 to the Coordinator of Technical Processes of the Municipality of Garabito, inquiring about the permits. - Via official letter ST-115-2021-SR from the Municipality of Garabito, dated May 26, 2021, a response is received to inquiry ACOPAC-OSRO-412-2021, indicating: 1. The property does not have a concession as it is a farm with a public deed. Attached is the registry study (it was not attached). 2. The property has a commercial license; they have Commercial License N° 15819, and Liquor License N° 2018317, which expires on 05-26-2021. 3. There is no regulatory plan (plan regulador) at the site. 2- MINAE Permits. Given that they have obtained all permits, I request a copy of each one according to the institution; otherwise, I immediately request its closure. Also, the respective administrative and criminal complaints. - Due to the response received via official letter ST-115-2021-SR, the Municipality of Garabito is instructed, specifically the Department of Inspections, that the handling of the case must be addressed urgently according to Municipal competencies, and they refer me to Mr. Anyelo Rodríguez for inspection purposes. - Along the same lines, via additional emails, Mr. Rodriguez was asked to send the registry study that official letter ST-115-2021-SR mentions, which was not attached to it; and it is noted that the permits Commercial License N° 15819 and Liquor License N° 2018317 expire on 05-26-2021. - A response is received on June 30, 2021, at 9:32 am, indicating that 'reviewing and becoming aware of the matter, regarding the oversight of commercial activities, an on-site inspection will be conducted to determine how the business in question is operating regarding taxes. If anomalies are found, we will proceed accordingly.' Therefore, it is noted that the processing of permits is solely the responsibility of the Municipality, where SINAC, due to the inspections carried out, notes that there are no environmental crimes to report, with the only remaining question being that, since the sector is ZMT and has a real folio (folio real), being registered in the Public Registry, the validity of said registration could affect State participation. However, the entity responsible for conducting said study is the Public Registry, not SINAC, which is why this entity will proceed to make the respective inquiry into the registration background. Finally, it is indicated that ACOPAC has made all necessary efforts to follow up on the actions requested by Mr. Edwin Mora Montero: 1. Entry and assignment of complaint to SITADA 26870-2021. 2. Action report OSRO-406 dated May 12, 2021. 3. Request to Municipality via official letter OSRO-412-2021. 4. Follow-up on official letter ST-115-2021-SR with the Department of Inspections of the Municipality of Garabito (digital file attached). 5. The investigation process continues (…)\". In accordance with the foregoing, she argues that the request filed by the appellant was not submitted through any official means for that purpose; even so, it is being addressed by the Orotina Office of the National System of Conservation Areas (Sistema de Áreas de Conservación), a fact communicated to the complainant starting May 11, 2021, via emails from Walter Zavala and Marco Vinicio Cordero Valverde, forwarding the petition and confirming its receipt, as demonstrated in the digital copy of the SITADA system file, and the results thereof will be communicated as appropriate once the investigation process is completed. She requests that the appeal be dismissed.\n\n5.- By a brief filed on July 23, 2021, the appellant states that he filed petitions, in the same terms as the aforementioned one, before the Ministry of Health and the Municipality of Garabito, entities that have also not provided him with any response.\n\n6.- By resolution at 12:04 hours on July 14, 2021, the course of this proceeding was expanded, and a report was requested from the Minister and the Director of the Governing Health Area of Garabito, both from the Ministry of Health, as well as from the Municipal Mayor of Garabito.\n\n7.- Daniel Sala Peraza and José Alberto Morales Ortega, respectively Minister and Director of the Health Area of Garabito, both from the Ministry of Health, submit a report under oath. They state that the appellant's petition was received on May 12, 2021, and on that same day, an initial response was issued via official letter MS-DRRSPC-DARSG-600-2021, informing him that the petition would be addressed and that he would be notified accordingly. They point out that on May 20, 2021, an inspection was conducted at the place called \"Donde Vin,\" revealing that neither the bar-restaurant nor the cabins had a valid Sanitary Operating Permit (Permiso Sanitario de Funcionamiento), which led to the recommendation, via technical report MS-DRRSPC-DARSG-IT-037-2021, for the immediate suspension of activities. Likewise, on May 24, 2021, the sanitary orders (órdenes sanitarias) consecutive numbers ARS-G-OS-096-2021 and ARS-G-OS-097-2021 were notified to Mr. Pompilio Martin Campos Mendoza and Mr. Sebastián Drake Rojas, in their respective capacities as legal representative of the activity and property owner. They affirm that said sanitary orders ordered the suspension of all unauthorized activity, as well as that, should they intend to carry out the prohibited activities, they must process the respective permits. They mention that compliance with what was ordered was followed up on, confirming on May 27, 2021, that no development of the commercial activities of the bar-restaurant or cabin rental was evident, as recorded in ocular inspection (inspección ocular) No. ARS-G-AIO-483-2021. They assure that on June 1, 2021, a second response was notified to the appellant via email, through official letter MS-DRRSPC-DARSG-0674-2021, which concerns the handling of complaint D-622, informing him that the petition had been addressed on May 20, 2021, through an inspection visit to the establishment and that, as a result thereof, the corresponding administrative acts were issued, which had received the respective follow-up. Furthermore, via the same document, he was informed that the complaint remained open and that he would be notified when a final resolution of the case was reached. Subsequently, on June 11, 2021, a new follow-up on compliance with orders ARS-G-OS-096-2021 and ARS-G-OS-097-2021 was conducted, finding no non-compliance with what was ordered, as the place was found closed. The same occurred during an inspection conducted on July 16, 2021. Based on this and for the third time, the protected party was notified, via official letter MS-DRRSPC-DARSG-0822-2021, regarding the handling of complaint D-622, indicating that it remains active, that it is being followed up on accordingly, and that once the administrative process has concluded, the final resolution of the case would be communicated to him. Based on the foregoing, they claim that the appellant is incorrect in asserting that he has not received a response to his petition, as he has been kept informed about the actions taken and the status thereof, with three distinct notifications having been issued since the moment he filed it. Therefore, they consider that the fundamental rights of the protected party have not been violated. They request that the appeal be dismissed.\n\n8.- Tobías Murillo Rodríguez, acting as Municipal Mayor of Garabito, submits a report. He states that via official letter AMI.11124-TM dated July 5, 2021, the Mayor's Office forwarded the appellant's petition to the Coordinator of the Citizen Services Process. He indicates that subsequently, via official letter OSC-109-2021 dated July 19, 2021, the Coordinator of the Financial Services Process responded to the appellant in the following terms: \"(…) In relation to this, a review is conducted of the commercial license for a restaurant and the sale of alcoholic beverages, which are currently valid. These were authorized as the requirements requested at the time were met. In relation to your complaint, you indicate the exercise of commercial activity of cabins; no commercial license whatsoever has been granted for said activity, which is why an inspection was requested, and today the result thereof is received via official letter SCCS-I-111-2021-VCB dated July 19, 2021, according to which the restaurant activity is closed for not being up to date with its tax payments, and simultaneously, 4 containers fitted out for cabin rental are closed for lacking a commercial license (…)\". He points out that the aforementioned official letter was notified to the appellant on that same day, July 19, 2021. Based on the foregoing, he requests that the appeal be dismissed.\n\n9.- By a brief filed on July 22, 2021, Daniel Sala Peraza and José Alberto Morales Ortega, respectively Minister and Director of the Health Area of Garabito, both from the Ministry of Health, provide statements. They state the following: \"(…) This Honorable Sala Constitucional requests in its order to respond, that we indicate whether 'the email addresses to which the appellant sent his petitions are provided for as an official communication mechanism with these institutions.' In this regard, we must state: the electronic addresses indicated by the appellant are: • despacho.documentos.ms@gmail.com This electronic address does not correspond to the Ministerial Office, as it refers to a private company server (Gmail), given that the official address for receiving correspondence at the Ministerial Office is the following: correspondencia.ministro@misalud.go.cr • roxana.navarro@misalud.go.cr This is indeed an electronic account of the Ministry of Health; however, its holder ceased to be an official of the Institution upon her retirement as of December 16, 2020. Therefore, the request for information sent by the appellant on April 30, 2021, was not received by the Ministry of Health, firstly because the official electronic address for receiving correspondence at the Ministerial Office is not the one indicated by the interested party, and secondly, the electronic address roxana.navarro@misalud.go.cr has had no holder since December 16, 2020; thus, the request for information has been poorly channeled by the appellant. On April 30, 2021, the date on which the appellant claims to have sent the request, the electronic address indicated herein had no holder (…) It being clear that the email addresses used are not the appropriate mechanisms, clarifying the facts and actions of this representation within the legal framework, with these conclusions converging with those of the previous brief, we consider that no right of the protected party has been violated; on the contrary, his health and that of the people who, in one way or another, may be visiting the place or eventually staying in said cabins is being protected (…)\". They reiterate the request to dismiss the appeal.\n\n10.- The legal requirements have been observed in the proceedings followed.\n\nDrafted by Magistrate Chacón Jiménez; and,\n\n**Considering:**\n\nI.- PURPOSE OF THE APPEAL. The appellant claims that on April 30, 2021, he filed a petition before SINAC, the Ministry of Health, and the Municipality of Garabito requesting information of his interest; however, as of the date of filing this amparo appeal, he has not been given a response, nor has he received the requested information.\n\nII.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited or because the respondent omitted referring to them, pursuant to what was stated in the initial order:\n\nRegarding MINAE\n\n1) By email dated April 30, 2021, sent to the email addresses lvicegestionambiental@minae.go.cr, ministrominae@go.cr, and vcalderon@minae.go.cr, the appellant filed a petition before MINAE, in the following terms: \"(...) I request information regarding whether the place called 'Donde Vin' located between Tivives beach and Guacalillos beach in Puntarenas, Costa Rica, Tárcoles district (sic), Garabito Canton, being a Restaurant with liquor sales and Rental (cabins), has the necessary permits for said activity in the area where it is located (sic). I request coordination and that MINAE officials be sent - MINAE Permits. Given that it has obtained all permits, I request (sic) a copy of each one of them according to the institution; otherwise, I immediately request the closure of this establishment, as well as the respective complaints, whether administrative or criminal, the foregoing based on articles 27 and 33 of our political constitution. Without further ado, I await (sic) a response within the legal term (sic); otherwise, the respective criminal complaint for dereliction of duty will be filed. Thank you for your attention to this matter (…)\". (evidence provided).\n\n2) The email addresses lvicegestionambiental@minae.go.cr and ministrominae@go.cr do not exist within MINAE. Meanwhile, the address vcalderon@minae.go.cr is not a valid means of communication with the institution (reports rendered).\n\n3) The official assigned the address vcalderon@minae.go.cr, who is from the Environmental Comptrollership (Contraloría Ambiental) of MINAE, on May 11, 2021, referred the petition via SITADA (Integrated System for Processing and Addressing Environmental Complaints) to the Orotina SINAC MINAE Office (reports rendered).\n\n4) On May 11, 2021, the appellant was given acknowledgment of receipt, via an automatic response from SITADA (report rendered).\n\n5) The petition was assigned tracking number No. 26870-2021 (reports rendered).\n\n6) As of the dates on which the respondent authorities rendered reports, i.e., July 2 and 5, 2021, the petitioner has not been given a response regarding his petition (reports rendered).\n\nRegarding the Ministry of Health\n\n7) By email dated April 30, 2021, sent to the email addresses despacho.documentos.ms@gmail.com and roxana.navarro@misalud.go.cr, the appellant filed a petition before the Ministry of Health, in the following terms: \"(...) I request information regarding whether the place called 'Donde Vin' located between Tivives beach and Guacalillos beach in Puntarenas, Costa Rica, Tárcoles district (sic), Garabito Canton, being a Restaurant with liquor sales and Rental (cabins), has the necessary permits for said activity in the area where it is located (sic). I request coordination and that MINAE officials be sent - MINAE Permits. Given that it has obtained all permits, I request (sic) a copy of each one of them according to the institution; otherwise, I immediately request the closure of this establishment, as well as the respective complaints, whether administrative or criminal, the foregoing based on articles 27 and 33 of our political constitution. Without further ado, I await (sic) a response within the legal term (sic); otherwise, the respective criminal complaint for dereliction of duty will be filed. Thank you for your attention to this matter (…)\". (evidence provided).\n\n8) The email addresses despacho.documentos.ms@gmail.com and roxana.navarro@misalud.go.cr are not valid means for receiving petitions, as the first does not correspond to an institutional email address and the second was assigned to an official who retired on December 16, 2020 (reports rendered).\n\n9) On May 12, 2021, via official letter MS-DRRSPC-DARSG-600-2021, the Ministry of Health informed the appellant that his petition would be addressed and that he would be notified accordingly (reports rendered).\n\n10) On June 1, 2021, the Ministry of Health notified, via email, a second response to the appellant, through official letter MS-DRRSPC-DARSG-0674-2021, informing him about the handling of complaint D-622, in the sense that the petition had been addressed on May 20, 2021, through an inspection of the establishment, and that as a result thereof, the corresponding administrative acts were issued (sanitary orders ARS-G-OS-096-2021 and ARS-G-OS-097-2021), which had received the respective follow-up. Furthermore, via the same document, he was informed that the complaint remained open and that he would be notified when a final resolution of the case was reached (reports rendered).\n\n11) On July 16, 2021, via official letter MS-DRRSPC-DARSG-0822-2021, sent to the email address indicated by the appellant for this purpose, the Ministry of Health informed him that follow-up on the case had been conducted, with new inspections carried out verifying compliance with the sanitary orders, and that the respective follow-up would continue, such that the final resolution of the case would be communicated to him (reports rendered).\n\nRegarding the Municipality of Garabito.\n\n12) By email dated May 8, 2021, sent to the email addresses secretariaalcaldia@munigarabito.go.cr and ambiental@munigarabito.go.cr, the appellant filed a petition before the Municipality of Garabito, in the following terms: \"(...) I request information regarding whether the place called 'Donde Vin' located between Tivives beach and Guacalillos beach in Puntarenas, Costa Rica, Tárcoles district (sic), Garabito Canton, being a Restaurant with liquor sales and Rental (cabins), has the necessary permits for said activity in the area where it is located (sic). I request coordination and that MINAE officials be sent - MINAE Permits. Given that it has obtained all permits, I request (sic) a copy of each one of them according to the institution; otherwise, I immediately request the closure of this establishment, as well as the respective complaints, whether administrative or criminal, the foregoing based on articles 27 and 33 of our political constitution. Without further ado, I await (sic) a response within the legal term (sic); otherwise, the respective criminal complaint for dereliction of duty will be filed. Thank you for your attention to this matter (…)\".\n\n13) As of the date of filing this amparo appeal, the Municipality of Garabito had not responded to the appellant and, consequently, had not provided the requested information (the court orders).\n\n14) By official letter AMI.11124-TM dated July 5, 2021, the Mayor's Office forwarded the appellant's petition to the Coordinator of the Citizen Services Process of the same municipality (reports rendered).\n\n15) The resolution expanding the course of this amparo proceeding was notified to the Mayor of Garabito on July 16, 2021 (notification record).\n\n16) By official letter OSC-109-2021 dated July 19, 2021, which was notified to him on the same day, the Coordinator of the Financial Services Process of the Municipality of Garabito responded to the appellant in the following terms: \"(…) In relation to this, a review is conducted of the commercial license for a restaurant and the sale of alcoholic beverages, which are currently valid. These were authorized as the requirements requested at the time were met. In relation to your complaint, you indicate the exercise of commercial activity of cabins; no commercial license whatsoever has been granted for said activity, which is why an inspection was requested, and today the result thereof is received via official letter SCCS-I-111-2021-VCB dated July 19, 2021, according to which the restaurant activity is closed for not being up to date with its tax payments, and simultaneously, 4 containers fitted out for cabin rental are closed for lacking a commercial license (…)\" (reports and evidence provided).\n\nIII.- ON THE MERITS. Regarding the grievance raised in this amparo proceeding, it is appropriate to address it in the following terms:\n\na.- Regarding the Ministry of Environment and Energy (MINAE).\n\nFrom the relation of proven facts, it is established that through an email sent to the addresses lvicegestionambiental@minae.go.cr, ministrominae@go.cr, and vcalderon@minae.go.cr, on April 30, 2021, the petitioner filed a petition before MINAE in the following terms: \"(...) I request information as to whether the place called \"Donde Vin\" located between Tivives beach and Guacalillos beach in Puntarenas Costa Rica, Tarcoles district (sic) Garabito Canton, is a Restaurant with liquor sales and Lodging (cabinas) has for said activity in the area where it (sic) is located I request that you coordinate and send offic (sic) - Permits from Minae. Given that it has obtained all permits, I requet (sic) a copy of each of them according to the institution, otherwise I immediately request the closure of the same also the respective complaints, whether administrative or criminal, the above supported by articles 27 and 33 of our political constitution, without further to the r (sic) of what is requested within the term (sic) of law, otherwise the respective criminal complaint will be filed for breach of duties, thank you for your attention to this (…)\". In this regard, the respondent authorities reported that the addresses lvicegestionambiental@minae.go.cr and ministrominae@go.cr do not exist within MINAE, and for its part, the address vcalderon@minae.go.cr is not a valid means of communication with the institution. Nevertheless, the same respondent authorities indicated that the official to whom the cited email address belongs forwarded the petition, through SITADA (Integrated System for Procedures and Attention of Environmental Complaints) to the Orotina Office of SINAC MINAE, on May 11, 2021. From the foregoing, it is established that despite the petitioner having sent his petition to means not valid for that purpose, the truth is that the institution decided to process it, given that it was assigned tracking number No. 26870-2021, and therefore, concomitantly, a prompt response should have been given to the petitioner. However, as of the dates on which the respondent authorities rendered their reports, that is, July 2 and 5, 2021, they have not provided a response. Although a series of acts were carried out in response to what was raised by the petitioner, with the respondents even giving it the nature of a complaint, and that on May 11, 2021, an automatic response acknowledging receipt of the petition was given, the truth is that in the opinion of this Tribunal, based on the literal wording of the petition, what was requested by the petitioner corresponds to a matter of petition, requesting to be informed of the status and the conditions under which the place called \"Donde Vin\" located between Tivives beach and Guacalillos beach operates. However, the corresponding response has not been given, and in the terms of what was raised, violating his right of petition. Consequently, it is appropriate to grant this process in the terms set forth in the operative part of this judgment.\n\nb.- Regarding the Ministry of Health. It is established that the petitioner, through an email sent to the addresses despacho.documentos.ms@gmail.com and roxana.navarro@misalud.go.cr, on April 30, 2021, filed a petition before the Ministry of Health in the same terms as he did before MINAE, that is, requesting the following \"(...) I request information as to whether the place called \"Donde Vin\" located between Tivives beach and Guacalillos beach in Puntarenas Costa Rica, Tarcoles district (sic) Garabito Canton, is a Restaurant with liquor sales and Lodging (cabinas) has for said activity in the area where it (sic) is located I request that you coordinate and send offic (sic) - Permits from Minae. Given that it has obtained all permits, I requet (sic) a copy of each of them according to the institution, otherwise I immediately request the closure of the same also the respective complaints, whether administrative or criminal, the above supported by articles 27 and 33 of our political constitution, without further to the r (sic) of what is requested within the term (sic) of law, otherwise the respective criminal complaint will be filed for breach of duties, thank you for your attention to this (…)\". In this regard, the authorities of that ministry, in the reports rendered in this process, indicated that the addresses to which the request was sent are not valid means for receiving petitions, as the first does not correspond to an institutional email address and the second was assigned to an official who retired on December 16, 2020; however, for the purposes of this amparo remedy, the petition is deemed duly filed, since the ministerial authorities themselves indicated that on May 12, 2021, through official letter MS-DRRSPC-DARSG-600-2021, the petitioner was informed that his petition would be attended to and that he would be notified of the corresponding matter. From that point, the obligation arose for the institution to provide a timely response to the petitioner, as well as to send him the requested information. Now then, it is established that the Ministry of Health processed the petition of the amparo petitioner, treating it as a complaint, when in reality it corresponded to a matter of petition, requesting to be informed of the status and the conditions under which the place called \"Donde Vin\" located between Tivives beach and Guacalillos beach operates, as can be inferred from the literal wording of the petition itself. However, it is established that prior to and during the processing of this amparo remedy, the cited ministry has kept the petitioner informed about what has occurred in the attention of his petition. As indicated, the ministry processed it as a complaint, under number D-622, and on June 1, 2021, it notified the petitioner, via email, of a second response, through official letter MS-DRRSPC-DARSG-0674-2021, informing him about the attention of the “complaint,” in the sense that the petition had been attended to on May 20, 2021, through an inspection of the establishment and that as a result thereof, the corresponding administrative acts were issued (sanitary orders ARS-G-OS-096-2021 and ARS-G-OS-097-2021), which had received the respective follow-up. Furthermore, through the same document, he was informed that the complaint remained open and that he would be notified when a final resolution of the case was issued. Subsequently, once the processing of this amparo process had already commenced, specifically on July 16, 2021, through official letter MS-DRRSPC-DARSG-0822-2021, sent to the email address indicated by the petitioner for that purpose, the Ministry of Health informed him that follow-up had been given to the case, with new inspections being carried out in which compliance with the sanitary orders was verified, and that the respective follow-up would continue, and therefore, he would be notified of the final resolution of the case. From the foregoing, even though the acts issued by the respondent authority are characteristic of the processing of a complaint, the truth is that from the content of the notifications sent to the petitioner, it is established that indirectly the Ministry of Health provided the respective and timely response to the petitioner's petition, and therefore, regarding this institution, it is not possible to prove an omission or act that is contrary to the regime of fundamental rights of the amparo petitioner. Consequently, as regards the Ministry of Health, the remedy is declared without merit.\n\nc.- Regarding the Municipality of Garabito. It is established that the petitioner, through an email of May 8, 2021, sent to the email addresses secretariaalcaldia@munigarabito.go.cr and ambiental@munigarabito.go.cr, raised before the cited municipal corporation the same petition he filed before MINAE and the Ministry of Health, that is: \"(...) I request information as to whether the place called \"Donde Vin\" located between Tivives beach and Guacalillos beach in Puntarenas Costa Rica, Tarcoles district (sic) Garabito Canton, is a Restaurant with liquor sales and Lodging (cabinas) has for said activity in the area where it (sic) is located I request that you coordinate and send offic (sic) - Permits from Minae. Given that it has obtained all permits, I requet (sic) a copy of each of them according to the institution, otherwise I immediately request the closure of the same also the respective complaints, whether administrative or criminal, the above supported by articles 27 and 33 of our political constitution, without further to the r (sic) of what is requested within the term (sic) of law, otherwise the respective criminal complaint will be filed for breach of duties, thank you for your attention to this (…)\". However, the authorities of the municipal corporation failed to provide a prompt response to the amparo petitioner. It is only observed that through official letter AMI.11124-TM of July 5, 2021, that is, almost a month after it was filed, the Mayor's Office forwarded the petitioner's petition to the Coordinator of the Citizen Services Process of the same municipality. However, after that, the competent instances of the municipality did not take any action aimed at issuing and notifying the amparo petitioner of the corresponding response, violating his right of petition. It was through the intervention of this Constitutional Tribunal, by means of the notification of the resolution expanding the course of proceedings issued in this process, a procedural act carried out on July 16, 2021, that through official letter OSC-109-2021 of July 19, 2021, and which was notified to him the same day, the Coordinator of the Financial Services Process of the Municipality of Garabito provided a response to the petitioner, in the following terms: “(…) In relation to the same, a review of the commercial license for a restaurant and the sale of alcoholic beverages was carried out, which are current. These were authorized since the requirements requested at the time were met. In relation to your complaint, it indicates the exercise of commercial activity of cabinas, for which no commercial license has been granted, which is why an inspection was requested and today the result thereof is received through official letter SCCS-I-111-2021-VCB of July 19, 2021, according to which the restaurant activity is closed for not being up to date in the payment of its taxes, and in turn, the closure of 4 containers adapted for the rental of cabinas is carried out for not having a commercial license (…)”. Thus, it is established that the Municipality of Garabito violated the right of petition of the petitioner, and it was on the occasion of this amparo process that it proceeded to provide the corresponding response to the petition filed on May 8, 2021.\n\nIV.- CONCLUSION. By virtue of the foregoing, it is appropriate to partially grant this amparo remedy, due to the omission of MINAE and the Municipality of Garabito to provide a timely response to the petitions filed by the amparo petitioner on April 30 and May 8, 2021, respectively.\n\nIn the case of MINAE, its authorities are ordered to take the corresponding measures so that, within a period not exceeding ten days after this judgment, the petitioner is provided the corresponding response in relation to the petition filed on April 30, 2021.\n\nFor its part, regarding the Municipality of Garabito, this declaration is issued without a special award of costs, damages, and losses, since, on the occasion of the notification of the resolution expanding the course of proceedings issued in this process, they attempted to remedy the aforementioned violation by notifying the petitioner of the corresponding response to his petition of May 8, 2021.\n\nRegarding the Ministry of Health, the remedy is declared without merit.\n\nV.- ON THE AWARD OF COSTS, DAMAGES, AND LOSSES IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 52 OF THE LAW OF CONSTITUTIONAL JURISDICTION. Under better consideration, the majority of the Chamber considers that, in the sub examine, in accordance with the provisions of paragraph 1 of Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction (“If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the remedy shall be granted only for purposes of compensation and costs, if they are applicable”), the granting must be without a special award of costs, damages, and losses, based on the following considerations. Although there is an express text in the law that requires the operative part of the ruling to indicate that the remedy is granted, when the grievance is resolved while the amparo is in progress, it is no less true that the same paragraph in fine refers to the granting being decreed “only for purposes of compensation and costs, if they are applicable.” It is emphasized that the Law indicates “if they are applicable,” which means that the applicability or inapplicability of the compensation and costs depends on an assessment, appreciation, or weighing by the Tribunal. In cases like this, the content of the claim of the amparo petitioner and the conduct of the respondent authority in recognizing it suggest that the alleged impairments, injuries, or alterations are not directly related to a repercussion on a constitutional right of an evidently patrimonial nature (as would occur, for example, with an effect on the right to salary). To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provisions of Article 51 of the same Law of Constitutional Jurisdiction, when it provides that: “any resolution that upholds the remedy shall condemn in the abstract to the compensation of the damages and losses caused and to the payment of the costs of the remedy, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment,” where the possibility of assessing whether or not compensation and costs are applicable is not foreseen. The principles of Constitutional Law, those of Public and General Procedural Law or, as appropriate, those of International or Community Law and, furthermore, in that order, the General Law of Public Administration and the Contentious-Administrative Procedural Code and the other procedural codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the norms of the Law of Constitutional Jurisdiction -cfr. Article 14-. For the contentious-administrative jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in Article 197 of the Contentious-Administrative Procedural Code, which responds to the procedural logic in any matter. In any case, the affected party in the sub lite preserves the possibility of resorting, if they deem it appropriate, to a plenary proceeding in order to demonstrate that they have suffered some type of impairment. Based on the foregoing, it is the majority criterion to resolve this remedy without an award of costs, damages, and losses.\n\nVI.- DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE CASTILLO VÍQUEZ. The undersigned Magistrate dissents based on the following reasons: I consider that the rights of the petitioner were not violated, inasmuch as, as established in the sub judice, the amparo petitioner sent his petitions to email addresses that are not provided as official communication mechanisms. It has been my criterion that when it is proven that the petition, whose lack of resolution is alleged, was sent to an email that is not provided as an official communication mechanism, there is no violation of the fundamental rights of the amparo petitioner, even if the respondent authority issued an acknowledgment of receipt or processed the petition. Hence, for these reasons, I dissent and declare the remedy without merit, as is hereby done.\n\nVII.- DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE HERNÁNDEZ LÓPEZ, ON THE ECONOMIC CONSEQUENCES DERIVED FROM GRANTING THIS REMEDY. I concur with the majority of the Chamber in the decision taken regarding the existence of a violation of fundamental rights in this case, which has been corrected on the occasion of the intervention of the Chamber; however, I differ from its decision regarding the issue of the economic consequences of said declaration.\n\nThe constitutional jurisdiction under the charge of this Tribunal in matters of amparo and habeas corpus -the jurisdiction of liberty as it is called- is special because its purpose is not that of the traditional judge who resolves a conflict between two parties, faced with a legal dispute. Its subject matter is of public order, and its objective is to provide judicial protection to individuals in the exercise of their fundamental rights in such a way that their enjoyment is not disturbed by acts of those who, de facto or de jure, carry out concrete exercises of authority, capable of violating them.\n\nThat protective vocation of the constitutional jurisdiction is embodied in a procedural design that is also peculiar, swift, and free, where the respondent public authority is simply required to render “a report” on what has been done in the denounced case (Articles 43, 44, 45, and 46 of the LJC). Thus, technically it is not a litigation, and accordingly, the Constitutional Chamber is granted broad powers to guide the course of the amparo or habeas corpus process, both regarding the possibility of requesting information from other authorities about what happened, and regarding the broad management of evidence that may serve to clarify what occurred. Such a procedural framework of the jurisdiction of liberty, where there are no two antagonistic parties facing each other such that what one wins the other loses, requires moving away from the solutions that have been foreseen for such matters in procedural systems such as civil, contentious, or labor law.\n\nIn what is now of interest, the Law of Constitutional Jurisdiction regulates in its Articles 46 and following, three special aspects of the exercise of the jurisdictional function in the protection of fundamental rights, under the charge of the Chamber: a) the first aspect concerns the declaration that must be made of the existence or non-existence of the violation (Articles 46 and 47 LJC); b) the second carefully regulates the powers that the Tribunal enjoys to reverse the legal effects of the infringement of fundamental rights and to restore, in the most effective manner, their exercise (Articles 49 and 50 LJC); c) the third aspect (Article 51 LJC) provides rules on the economic consequences of such amparo and habeas corpus processes, in such a way that –upon verification of a violation by the Chamber– there is a restoration of the enjoyment of such rights and, in addition, effective compensation for the damages and expenses caused, as part of the right to effective justice regarding the reparation of the harmful consequences generated by the authorities that prove to be offenders, which are not only for the purposes of effective judicial protection of the claimant party, but also have a dissuasive purpose so that the State does not incur in the future in the actions that gave rise to the granting of the remedy, a subject regulated in Article 50 of the Law of Constitutional Jurisdiction.\n\nIn this last aspect, the Law in its Article 51 orders the Chamber that “any resolution that upholds the remedy shall condemn in the abstract to the compensation of the damages and losses caused and to the payment of the costs of the remedy…”. This is the general system that regulates the matters of compensation, for cases that the majority identifies as the “natural or normal form of termination of the process, where there is a pronouncement on the merits of the matter and recognition of the facts that have violated the fundamental rights…”; in such cases, among which the one now decided is counted, the Chamber has found the grievance proven, and hence the need for an award of costs, damages, and losses, which is supported by the aforementioned concept of effective protection of the rights of individuals and the notion that the Administration must be held responsible for the damages and expenses caused by its unconstitutional actions. This conclusion is not changed at all by the fact that, upon hearing and resolving the amparo, “the effects of the claimed act have ceased” (Article 50), since such a case forms an integral part of the general system of automatic award of costs, damages, and losses, as it is understood that the process has ended normally and the violation has been verified.\n\nWithin this simple and clear general framework -and devoid of deficiencies or gaps as the majority affirms- the provision of Article 52 of the Law fits perfectly as an exceptional case, applicable only in cases where the Chamber has not heard, nor has it pronounced on the merits of the claim, that is -as the majority states- in those situations of “abnormal termination of the process.” But the conditions and scope for decreeing that form of conclusion are delimited with utmost precision by the legislator; in the first place, the factual prerequisites for the application of this norm are clearly described, so that the Chamber must verify: 1) that the amparo is in progress; 2) that there is an administrative or judicial resolution (which must be understood in its strictly formal sense); and 3) that such resolution incontrovertibly orders the revocation, halting, or suspension of the challenged action. These are extremely circumscribed concepts, whose scope of application must also be interpreted restrictively, not only in accordance with the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but because the consequences of applying such an exception indisputably generate a diminution in the fundamental right of individuals to achieve effective judicial protection against the damages received from the violation of their constitutional rights. In conclusion, only in such limited cases and after the Tribunal has confirmed all of the foregoing, in light of a restrictive reading of its scope, would we be faced with the need to set aside the general system of automatic award of costs, damages, and losses, and to exercise -as judges- our legal discretion to decide whether or not to order the payment of such items.\n\nIn this case, the foregoing exercise compels the conclusion that Article 52 of the LJC is inapplicable, since, on the one hand, the Tribunal has pronounced on the merits of the matter, has recognized with its declaration a violation of fundamental rights, and determined who its author was; the foregoing in no way resembles an “abnormal termination of the process.” On the other hand, the requirements of Article 52 just cited are also not met, since there is no “administrative or judicial resolution” formally issued and in which, in an express manner, the act that originates the violation of constitutional rights is revoked, halted, or suspended. For all of the above, it is appropriate to apply the provisions of Articles 50 and 51 of the LJC and to order -as a consequence of having verified the violation- the award of damages, losses, and costs caused, as economic consequences of the process.\n\nBut even if we were to set aside the automatic award of damages, losses, and costs, disregarding the above reasoning, the truth is that the proven facts of this case have led the Chamber to declare the existence of an effect on the exercise of the fundamental rights of the amparo petitioner, which, as a harmful action that it is, carries with it a presumption of the emergence of economic damages and losses -whose concrete determination is not for the Chamber to decide-, and no merit whatsoever is appreciated in the case file that convinces to exonerate the respondent authority from covering the effective reparation of the harmful consequences of its acts, according to the general principle expressly provided in the law.\n\nVIII.- PARTIAL DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE GARRO VARGAS. Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction (LJC) states: “If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the remedy shall be granted only for purposes of compensation and costs, if they are applicable.”\n\nMy interpretation of this norm is the following: That “resolution” is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase “if they are applicable” refers to the costs. Moreover, Article 197 of the Contentious-Administrative Procedural Code, cited by the majority, based on Article 14 of the LJC, precisely refers only to these: to the costs.\n\nCertainly, in accordance with Article 48 of the Political Constitution (CP), the essential content of the right to the amparo remedy is not compensatory but restitutive; however, Article 51 of the LJC states: “Any resolution that upholds the remedy shall condemn in the abstract to the compensation of the damages and losses caused and to the payment of the costs of the remedy, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment.”\n\nIf the right has been violated and the Chamber so verifies, even if it has been restored, damages and losses may have arisen. For this reason, an abstract award of these is appropriate. If this were not done, if such an award were not given, in the event that they had indeed occurred, there would be no title –derived from this process– to claim them, which could violate Article 41 of the CP. If, despite the abstract award being made, damages and losses have not occurred, the judge in the ordinary jurisdiction will so declare, since only that judge is responsible for considering the actual existence and magnitude of the same as proven.\n\nWith the thesis defended by the majority, I consider that, contrary to what is sought, it would be incentivizing the Administration to respect rights only when facing an amparo remedy. It remains to be said that Article 52 of the LJC provides for the possibility that, if it is deemed fair, the Chamber may award costs, even when the right has been restored.\n\nFor the foregoing reason, I partially dissent with respect to the operative part and order the award of damages and losses, but not the award of costs.\n\nIX.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if they have provided any physical document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the court office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material that is not removed within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,\" approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.\n\nTherefore:\n\nThe remedy is partially granted, due to the omission of MINAE and the Municipality of Garabito to provide a timely response to the petitions filed by the amparo petitioner on April 30 and May 8, 2021, respectively. Carlos Vinicio Cordero Valverde, in his capacity as Head of the Office in Orotina of the Central Pacific Conservation Area of MINAE, as well as Andrea Meza Murillo and Franklin Paniagua Alfaro, in that order, Minister and Vice Minister of Environment, both of the Ministry of Environment and Energy -MINAE-, or whoever holds such positions, are ordered to take the corresponding measures so that, within a period not exceeding ten days after this judgment, the petitioner is provided the corresponding response in relation to the petition filed on April 30, 2021. The foregoing, under the warning that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that they must fulfill or cause to be fulfilled, issued in an amparo remedy, and does not fulfill it or does not cause it to be fulfilled, provided that the crime is not more severely punished. The State is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of the judgment of the contentious-administrative jurisdiction. Regarding the Municipality of Garabito, this amparo remedy is granted in accordance with the provisions of Article 52, paragraph 1, of the Law of Constitutional Jurisdiction, without a special award of costs, damages, and losses. Magistrate Castillo Víquez dissents and declares the remedy without merit. Magistrate Hernández López partially dissents and orders the award of damages, losses, and costs in accordance with Articles 50 and 51 of the Law of Constitutional Jurisdiction. Magistrate Garro Vargas partially dissents and orders the award of damages and losses, but not costs. In all other respects, the remedy is declared without merit.\n\nNotify.\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\nPaul Rueda L.\n\nNancy Hernández L.\n\nAnamari Garro V.\n\nMarta Eugenia Esquivel R.\n\nAna María Picado B.\n\nMauricio Chacón J.\n\nDigitally Signed Document\n\n-- Verification Code --\n\n*MXAQDGKPH8U61*\n\nMXAQDGKPH8U61\n\nEXPEDIENTE N° 21-012364-0007-CO\n\nTelephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Email: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church). Reception of matters from vulnerable groups: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 and 21, avenidas 8 and 6\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 09-05-2026 09:40:30.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }