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  "id": "nexus-sen-1-0007-1043229",
  "citation": "Res. 16619-2021 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Omisión de respuesta a denuncia sanitaria ambiental",
  "title_en": "Failure to respond to environmental health complaint",
  "summary_es": "La recurrente presentó denuncia ante el Ministerio de Salud por filtración de aguas negras que afectaba a sus padres, personas adultas mayores. Aunque el Área Rectora realizó inspecciones, emitió informes y giró una orden sanitaria al comercio responsable, no notificó a la denunciante el resultado de su gestión. La Sala Constitucional declara con lugar el amparo por violación al derecho de petición y respuesta pronta. La magistrada ponente agrega una nota sobre la necesidad de que la Sala se abstenga de conocer reclamos por infracción al artículo 50 constitucional cuando exista un denso entramado normativo y órganos especializados, reservando su intervención para casos donde exista riesgo directo a la salud, acceso al agua, o ausencia palmaria de protección estatal.",
  "summary_en": "The petitioner filed a complaint with the Ministry of Health regarding sewage leaks affecting her elderly parents. Although the relevant health office conducted inspections, issued reports, and ordered the responsible business to take corrective action, it failed to notify the petitioner of the outcome of her complaint. The Constitutional Chamber granted the amparo for violation of the right of petition and timely response. The reporting magistrate added a note arguing that the Chamber should refrain from hearing claims of violation of Article 50 of the Constitution when a dense regulatory framework and specialized bodies exist, reserving its jurisdiction for cases involving direct health risks, access to water, or a clear failure of state protection.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "30/07/2021",
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    "procedural-environmental"
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    "Área Rectora de Salud",
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    "artículo 50 Constitución",
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    "Sala Constitucional"
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    "Ministry of Health",
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    "Constitutional Chamber"
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  "excerpt_es": "Así las cosas, si bien se determina que la autoridad recurrida ha tramitado la denuncia que se acusa como no resuelta, pues se observa la realización de inspecciones in situ, la emisión de los informes respectivos e incluso el giro de una orden sanitaria -actualmente en plazo de cumplimiento- al local comercial responsable de la situación denunciada; lo cierto es, que no se le ha notificado a la accionante lo resuelto sobre su gestión. Por lo expuesto, se declara con lugar el recurso en los términos que se indican en la parte dispositiva.\n\nDe conformidad con los hechos probados, el reclamo de la parte recurrente, podría eventualmente incidir en su integridad física y la de la su familia, quienes resalta son personas adultas mayores. En consecuencia, es claro que estamos ante las excepciones que mencionan y por esa razón he considerado necesario que la Sala ejerciera su competencia, para comprobar o descartar si las omisiones señaladas, vulneran los derechos fundamentales de las personas amparadas.\n\nSostengo que esta Sala debe abstenerse de conocer los reclamos que se le presenten por supuesta infracción al artículo 50 de la Constitución Política para dejar en manos de la justicia administrativa y la jurisdicción contenciosa administrativa su conocimiento.",
  "excerpt_en": "Thus, while it is determined that the respondent authority has processed the complaint that was alleged to be unresolved—since on-site inspections, issuance of reports and even a sanitary order (currently within its compliance period) to the business responsible for the denounced situation are observed—the fact remains that the petitioner has not been notified of the outcome of her action. Therefore, the appeal is granted as set forth in the operative part.\n\nBased on the proven facts, the petitioner's claim could eventually affect her physical integrity and that of her family, who she emphasizes are elderly. Consequently, it is clear that we are within the exceptions mentioned, and for that reason I considered it necessary for the Chamber to exercise its jurisdiction to verify or rule out whether the omissions indicated violate the fundamental rights of the protected individuals.\n\nI hold that this Chamber should refrain from hearing claims presented for alleged violation of Article 50 of the Constitution, leaving them to administrative justice and the contentious-administrative jurisdiction.",
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    "summary_en": "The amparo is granted; the Cartago Health Office is ordered to respond to the petitioner within five days.",
    "summary_es": "Se declara con lugar el amparo y se ordena al Área Rectora de Salud de Cartago responder a la denunciante en un plazo de cinco días."
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    {
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      "quote_en": "this Chamber should refrain from hearing claims of alleged violation of Article 50 of the Constitution, leaving them to administrative justice and the contentious-administrative jurisdiction",
      "quote_es": "esta Sala debe abstenerse de conocer los reclamos que se le presenten por supuesta infracción al artículo 50 de la Constitución Política para dejar en manos de la justicia administrativa y la jurisdicción contenciosa administrativa su conocimiento"
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      "context": "Nota de la Magistrada Hernández López",
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  "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1043229",
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 16619 - 2021\n\nFecha de la Resolución: 30 de Julio del 2021 a las 09:15\n\nExpediente: 21-012783-0007-CO\n\nRedactado por: Nancy Hernández López\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp: 21-012783-0007-CO\n\nRes. Nº 2021016619\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del treinta de julio de dos mil veintiuno .\n\n \n\n Recurso de amparo que se tramita en el expediente No. 21-012783-0007-CO, interpuesto por ADRIANA DE LOS ÁNGELES FUENTES PIEDRA, cédula de identidad No. 0303260783, contra el MINISTERIO DE SALUD.\n\nResultando:\n\n1.- Por escrito recibido en la Sala el 02 de julio de 2021, la recurrente interpone recurso de amparo en contra del Ministerio de Salud. Manifiesta que sus padres son personas adultas mayores que habitan en San Francisco de Agua Caliente, Cartago. Indica que presentó la denuncia No. 024-2021 ante el Área Rectora de Salud de El Guarco, en la que expuso el problema de salud pública que afecta a sus progenitores, este es, la filtración de aguas negras hacia su casa provenientes del inmueble de uso comercial que pertenece a Lucrecia Torres. Señala que, mediante el oficio No. MSDRRSCE-DARSEG-0386-2021 de 12 de abril de 2021, se le comunicó que la denuncia fue trasladada al Área Rectora de Salud de Cartago (documento aportado como prueba). Solicita la intervención de esta Sala a efecto de que se ordene brindar una pronta respuesta y, específicamente, la corrección a la mayor brevedad de la problemática que afecta la salud y la estructura de la vivienda de sus padres.\n\n2.- Mediante escrito de fecha 20 de julio de 2021, la Dra. Andrea Morales Fiesler, Directora del Área Rectora de Cartago, informa que la denuncia interpuesta por el recurrente ingresó al Área Rectora de Salud Cartago el 13 de abril del 2021 mediante el traslado realizado por el Área Rectora de Salud El Guarco al correo electrónico ars.cartago@misalud.go.cr. En el oficio de MS-DRRSCE-DARSEG-0385-2021 del 12 de abril del 2021, suscrito por la Dra. Glorianela Sancho Rodríguez, directora del Área Rectora de Salud El Guarco, indicó: “Adjunto para su atención la denuncia N° 024-2021 y el informe técnico N° MSDRRSCE-DARSEG-IT-167-2021, ya que por jurisdicción corresponde al Área de salud de Cartago.” [sic] Concluyó que: “Se cumplió con la solicitado en la orden sanitaria MS-DRRSCEARSC-OS-0029-2021. No se observó aguas residuales negras o servidas en el cordón del caño. No hay factores que pongan en riesgo la salud pública.” [sic]. Se adjuntó a este oficio la denuncia 024-2021 y el informe técnico MS-DRRSCE-DARSEG-IT-167-2021, suscrito por el funcionario José Adrián Quesada Campos, donde indicó que la prueba de coloración realizada en el servicio sanitario de la tienda Mundo Actual fue positiva, por lo que, recomendó girar orden sanitaria. Se notificó la orden sanitaria MS-DRRSCE-ARSC-OS-0121-2021 a Lucrecia Torres Monge como responsable de la Tienda Mundo Actual, el día 19 de julio del 2021 con plazo de 10 días hábiles, donde se solicitó: Realizar las obras requeridas para que ya no se presente filtración de agua residual de servicio sanitario en la vivienda colindante. Se le recuerda que la descarga de agua residual debe ser “eliminada adecuada y sanitariamente a fin de evitar la contaminación del suelo y de las fuentes naturales de agua para el consumo humano, formación de criaderos de vectores y enfermedades y la contaminación del aire mediante condiciones que atenten contra su pureza o calidad.” [sic] Se concluye que el Ministerio de Salud a través del Área Rectora de Salud Cartago, cumplió con la vigilancia la atención de la denuncia interpuesta por el recurrido.\n\n3.-  En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.\n\n Redacta la Magistrada Hernández López; y,\n\nConsiderando:\n\nI.-DE PREVIO. De previo a analizar el fondo del asunto -por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido- debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-02545 de las 8:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa -con algunas excepciones-, aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo -instruido de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este caso, se plantea un supuesto de excepción pues, se está ante una denuncia interpuesta a favor de personas adultas mayores ante el Ministerio de Salud por una situación ambiental. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.\n\nII.- Objeto del recurso. Indica la recurrente que presentó la denuncia No. 024-2021 ante el Área Rectora de Salud de El Guarco, en la que expuso el problema de salud pública que afecta a sus progenitores quienes son personas adultas mayores, ante la filtración de aguas negras hacia su casa provenientes del inmueble de uso comercial. Señala que, mediante el oficio No. MSDRRSCE-DARSEG-0386-2021 de 12 de abril de 2021, se le comunicó que la denuncia fue trasladada al Área Rectora de Salud de Cartago. Reclama que, a la fecha de interposición del recurso, no se le ha brindado respuesta de su gestión.\n\nIII.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la recurrida haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:\n\na)     El 05 de febrero de 2021 la recurrente interpuso denuncia ante el Área Rectora de Salud de El Guarco, por malos olores, aguas negras y tanques sépticos, provenientes de propiedades vecinas; gestión que, se tramitó bajo el número 024-2021. (ver documentación).\n\nb)    El 22 de febrero de 2021 mediante oficio MS-DRRSCE-DARSEG-IT-167-2021, el Área Rectora de Salud de El Guarco, emitió el informe técnico correspondiente a la denuncia interpuesta, en la cual se establecen los hallazgos encontrados en las inspecciones y se detallan una serie de recomendaciones. (ver documentación).\n\nc)     El 13 de abril del 2021 el Área Rectora de Salud El Guarco trasladó al Área Rectora de Cartago, el oficio No. MS-DRRSCE-DARSEG-0385-2021 del 12 de abril del 2021, indicando: “Adjunto para su atención la denuncia N° 024-2021 y el informe técnico N° MSDRRSCE-DARSEG-IT-167-2021, ya que por jurisdicción corresponde al Área de salud de Cartago.” (ver informe de autoridad recurrida y documentación aportada).\n\nd)    El 16 de julio de 2021 la Sala notificó la resolución que da curso al presente amparo a la autoridad recurrida. (ver acta de notificación).\n\ne)     El 19 de julio de 2021 el Área Rectora de Cartago emitió la orden sanitaria No. MS-DRRSCE-ARSC-OS-0121-2021 conforme los hallazgos encontrados y las recomendaciones emitidas en el informe técnico. (ver informe de autoridad recurrida y documentación aportada).\n\nIV.- HECHO NO PROBADO. No se tiene por demostrado el siguiente hecho de interés: Único) Que el Área Rectora de Salud de Cartago haya comunicado a la recurrente el resultado de la denuncia interpuesta.\n\nV.- SOBRE EL FONDO. Después de analizar los elementos probatorios aportados y el informe rendido por las autoridades recurridas, con oportuno apercibimiento de las consecuencias previstas en el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se comprueba la vulneración de los derechos fundamentales de la recurrente. Sobre el particular tenemos que, el 05 de febrero de 2021 la recurrente interpuso denuncia ante el Área Rectora de Salud de El Guarco, por malos olores, aguas negras y tanques sépticos, provenientes de propiedades vecinas; gestión que, se tramitó bajo el número 024-2021.Asimismo, se tiene que el 22 de febrero de 2021 mediante oficio MS-DRRSCE-DARSEG-IT-167-2021, el Área Rectora de Salud de El Guarco, emitió el informe técnico correspondiente a la denuncia interpuesta, en la cual se establecieron los hallazgos encontrados en las inspecciones y se detallaron una serie de recomendaciones. Posteriormente, el 13 de abril del 2021 el Área Rectora de Salud El Guarco trasladó al Área Rectora de Cartago, el oficio No. MS-DRRSCE-DARSEG-0385-2021 del 12 de abril del 2021, indicando: “Adjunto para su atención la denuncia N° 024-2021 y el informe técnico N° MSDRRSCE-DARSEG-IT-167-2021, ya que por jurisdicción corresponde al Área de salud de Cartago.” Finalmente, se tiene que 19 de julio de 2021 el Área Rectora de Cartago emitió la orden sanitaria No. MS-DRRSCE-ARSC-OS-0121-2021 conforme los hallazgos encontrados y las recomendaciones emitidas en el informe técnico. Pese a lo anterior, no consta que la autoridad accionada haya comunicado a la recurrente el resultado de la denuncia interpuesta.\n\nAsí las cosas, si bien se determina que la autoridad recurrida ha tramitado la denuncia que se acusa como no resuelta, pues se observa la realización de inspecciones in situ, la emisión de los informes respectivos e incluso el giro de una orden sanitaria -actualmente en plazo de cumplimiento- al local comercial responsable de la situación denunciada; lo cierto es, que no se le ha notificado a la accionante lo resuelto sobre su gestión. Por lo expuesto, se declara con lugar el recurso en los términos que se indican en la parte dispositiva.\n\nVI.- NOTA DE LA MAGISTRADA HERNÁNDEZ LÓPEZ RESPECTO DEL RECLAMO POR INFRACCIÓN DEL ARTÍCULO 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA.\n\n 1. El contexto histórico que motivó en su momento la amplia intervención de la Sala en materia ambiental, ha tenido una considerable variación que impone a este órgano reconsiderar las condiciones para su participación en el aseguramiento del derecho de las personas a un ambiente sano y equilibrado, tal y como ha sido tutelado en el artículo 50 de la Constitución Política. En efecto, la situación actual –caracterizada por una amplísima producción legal y reglamentaria que incluye reglas de fondo, procedimientos y creación de órganos para el cumplimiento de lo ordenado en la Carta Fundamental- es radicalmente diferente de la anterior, en la cual la ausencia de normativa y de instancias estatales con competencia apropiada, le impuso a la Sala un papel de protagonista, casi único, en la defensa del precitado derecho constitucional.\n\n 2. Hoy en día, nos encontramos frente a un “denso entramado” de normativa ambiental, lo cual ha producido dos fenómenos relevantes: el primero y más obvio, es el surgimiento de una abarcadora regulación jurídica respecto de actividades cuya incidencia en el ambiente estaba poco o nada ordenada, así la creación de órganos estatales con potestades de vigilancia y control sobre los efectos de la actividad humana en el entorno. El segundo fenómeno consiste en que esa creciente juridificación –predominantemente legislativa y reglamentaria– trae aparejada una ineludible entrada en escena tanto de la justicia administrativa como de la jurisdicción ordinaria -prioritariamente la contencioso administrativa, pero también la penal. En ellas, acorde con la importancia del derecho ambiental, se han regulado de forma amplia vías procesales y medios de legitimación incluyentes, de manera que  los administrados puedan hacer valer lo establecido en ese amplio orden jurídico que se relaciona con el tema ambiental.\n\n 3. En ese contexto, no resulta apropiado jurídicamente, ni desde el punto de vista funcional, que la Sala Constitucional desplace, o -peor aún- sustituya, a los órganos de justicia ordinarios en la realización de su tarea, también de rango constitucional, de velar por el efectivo cumplimiento de leyes y reglamentos. Es impropio jurídicamente porque en la inmensa mayoría de estos casos lo que se solicita es que interprete y haga valer normas legales y reglamentarias con lo que arriesga traslapar sus competencias con las de otros órganos jurisdiccionales que –ellos sí- han sido creados para ejecutar tales tareas; y resulta también funcionalmente incorrecto, porque el diseño de sus procesos se aviene mal con la complejidad que está presente en numerosos conflictos ambientales que se componen de series de hechos y actos técnica y jurídicamente complejos. Sobre ambas cuestiones existen conocidos ejemplos en los que la Sala ha arrojado una resolución a medias o técnicamente incompleta, o bien se han generado fricciones innecesarias y afectación de la seguridad jurídica.\n\n 4. Como parte de los aspectos técnicos que he valorado, añado que está el hecho de que esta jurisdicción no cuenta con jueces ejecutores de sentencia que permitan darle seguimiento adecuado a las mismas -generalmente complejas-, que implican en ocasiones el seguimiento de planes remediales, entre otros, con coordinación interinstitucional y seguimiento de meses y hasta años.\n\n 5. Desde esa perspectiva, la decisión de dar un paso al lado en la materia ambiental por parte de este Tribunal no debe ser vista como un abandono de la materia ambiental, sino al contrario, de su adecuada tutela en  la instancia que mejor se aviene a la naturaleza de su complejidad y diversidad. Asimismo tampoco debe ser visto como la declinación de esta instancia en su tarea de protección de los derechos constitucionales que le imponen la Constitución Política y su Ley Orgánica, que desde mi punto de vista, queda reservada en esta materia para casos específicos. Se trata más bien, de un ejercicio de reacomodo de las cargas y tareas que corresponden a los distintos órganos estatales, de manera que cada uno de ellos, pueda desplegar plenamente su labor dentro del ámbito que se le ha asignado, así como del ejercicio de fijar su propia competencia, según lo establece el artículo 7 de su Ley Orgánica.\n\n 6. Queda claro que la Sala no se plantea abandonar a otras jurisdicciones la labor de protección de los derechos de las personas en materia ambiental. Es conocido que si bien todo reclamo por infracción de normas legales y reglamentarias puede ser reconducido hasta el ámbito constitucional, existen casos cuya resolución no exige más que la aplicación del derecho de la Constitución. Se trata entonces de lograr que la Sala se convierta en protagonista junto con otros, de manera que –entre todos y cada uno en su espacio- se pueda cubrir toda la variedad de situaciones que presenta una protección del derecho a un medio ambiente sano y equilibrado dentro de una sociedad en la que también existen otras necesidades igual de acuciantes. Con esta posición creo firmemente que el ciudadano no pierde un ápice de protección pero se gana sustancialmente en amplitud, en perspectiva y en respeto al equilibrio y distribución de poderes, principio este último de obligada consideración, puesto que rige la dinámica constitucional de cualquier sistema liberal y democrático como el nuestro.-\n\n 7. En línea con lo anterior, sostengo que esta Sala debe abstenerse de conocer los reclamos que se le presenten por supuesta infracción al artículo 50  de la Constitución Política para dejar en manos de la justicia administrativa y la jurisdicción contenciosa administrativa su conocimiento. Lo anterior se deja afirmado con carácter general, sin perjuicio de reconocer la existencia de casos particulares o grupos de casos que, según mi criterio, si resultarían aún mejor tutelados por esta Sala y por tanto deben ser conocidos y resueltos por ella.- Dentro de tales grupos de casos, y sin que esta enunciación pueda considerarse como una lista cerrada y definitiva, puedo señalar que la Sala debe reservarse el conocimiento de situaciones como por ejemplo los reclamos por infracciones ambientales que además pongan en riesgo directo la salud de las personas, o el acceso o calidad del agua; los casos de violaciones groseras y directas al ambiente y en los cuales se constate una palmaria ausencia de la protección por parte de las autoridades estatales, siempre y cuando además la naturaleza del reclamo permita ser abordado mediante el instrumento del amparo como instituto procesal sumario y especial, ya que estimo que tampoco se debe “ordinariar” el amparo para abordar, aún en estos casos citados, temas que rebasen la capacidad de ser atendidos adecuadamente en el mismo.\n\n 8. En el caso concreto, de conformidad con los hechos probados, el reclamo de la parte recurrente, podría eventualmente incidir en su integridad física y la de la su familia, quienes resalta son personas adultas mayores. En consecuencia, es claro que estamos ante las excepciones que mencionan y por esa razón he considerado necesario que la Sala ejerciera su competencia, para comprobar o descartar si las omisiones señaladas, vulneran los derechos fundamentales de las personas amparadas.\n\nVII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Debe prevenir esta Sala a la parte recurrente que de haber aportado algún documento, ya sea en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho, en un plazo de 30 días hábiles, después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial número 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.\n\nPOR TANTO:\n\nSe declara con lugar el recurso. Se le ordena a la Dra. Andrea Morales Fiesler, Directora del Área Rectora de Cartago, o quien en su lugar ejerza ese cargo, girar las órdenes necesarias dentro del ámbito de sus competencias, para que se brinde respuesta a la recurrente como corresponda sobre la denuncia planteada, todo dentro del plazo de CINCO DÍAS contados a partir de la notificación de esta sentencia. Se advierte al recurrido que de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la cumpliere o hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.  La Magistrada Hernández López pone nota. Notifíquese.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nPaul Rueda L.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nNancy Hernández L.\n\n\n\n\nAnamari Garro V.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nMarta Eugenia Esquivel R.\n\n\n\n\nAna María Picado B.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nMauricio Chacón J.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n 0XM3EMFMS7I61\n\nEXPEDIENTE N° 21-012783-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 09-05-2026 09:40:29.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours fifteen minutes of July thirtieth, two thousand twenty-one.\n\nAn amparo action (Recurso de amparo) processed in case file No. 21-012783-0007-CO, filed by ADRIANA DE LOS ÁNGELES FUENTES PIEDRA, identity card No. 0303260783, against the MINISTRY OF HEALTH.\n\nResultando (Whereas):\n\n1.- By brief received in the Chamber on July 2, 2021, the petitioner files an amparo action against the Ministry of Health. She states that her parents are older adults who reside in San Francisco de Agua Caliente, Cartago. She indicates that she filed complaint No. 024-2021 before the Health Governing Area (Área Rectora de Salud) of El Guarco, in which she presented the public health problem affecting her parents, that is, the seepage of sewage (aguas negras) into their house from the commercially-used property belonging to Lucrecia Torres. She points out that, by official communication No. MSDRRSCE-DARSEG-0386-2021 of April 12, 2021, she was informed that the complaint was transferred to the Health Governing Area of Cartago (document provided as evidence). She requests the intervention of this Chamber so that a prompt response is ordered and, specifically, the swiftest correction of the problem affecting the health and structure of her parents' home.\n\n2.- By brief dated July 20, 2021, Dr. Andrea Morales Fiesler, Director of the Health Governing Area of Cartago, reports that the complaint filed by the petitioner entered the Health Governing Area of Cartago on April 13, 2021, through the transfer made by the Health Governing Area of El Guarco to the email address ars.cartago@misalud.go.cr. In official communication MS-DRRSCE-DARSEG-0385-2021 of April 12, 2021, signed by Dr. Glorianela Sancho Rodríguez, director of the Health Governing Area of El Guarco, it was stated: “Attached for your attention is complaint N° 024-2021 and technical report N° MSDRRSCE-DARSEG-IT-167-2021, as this falls under the jurisdiction of the Cartago Health Area.” [sic] She concluded that: “The request in sanitary order (orden sanitaria) MS-DRRSCEARSC-OS-0029-2021 was fulfilled. No black or untreated sewage (aguas residuales negras o servidas) was observed in the curb channel. There are no factors that put public health at risk.” [sic]. Attached to this communication were complaint 024-2021 and technical report MS-DRRSCE-DARSEG-IT-167-2021, signed by official José Adrián Quesada Campos, where he indicated that the dye test conducted in the restroom of the Mundo Actual store was positive, therefore recommending that a sanitary order be issued. Sanitary order MS-DRRSCE-ARSC-OS-0121-2021 was notified to Lucrecia Torres Monge as the responsible party for Tienda Mundo Actual, on July 19, 2021, with a 10-business-day deadline, requesting: To carry out the necessary work so that sewage seepage (filtración de agua residual) from the restroom no longer occurs on the adjacent property. The party is reminded that sewage discharge (descarga de agua residual) must be “eliminated properly and sanitarily to avoid soil and natural water source contamination for human consumption, the formation of vector breeding sites and diseases, and air contamination through conditions that threaten its purity or quality.” [sic] It is concluded that the Ministry of Health, through the Health Governing Area of Cartago, fulfilled the surveillance and attention to the complaint filed by the respondent.\n\n3.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.\n\nDrafted by Magistrate Hernández López; and,\n\nConsiderando (Considering):\n\nI.- PRELIMINARILY. Prior to analyzing the merits of the matter—for the alleged violation of the right to a prompt and fulfilled procedure—it must be clarified that, based on ruling No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction (jurisdicción contencioso administrativa)—with some exceptions—those matters in which it is disputed whether the public administration has met the deadlines set by the General Public Administration Act (articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure—initiated ex officio or at the request of a party—or to hear the appropriate administrative remedies. Precisely, in this case, an exceptional situation arises because it involves a complaint filed on behalf of older adults before the Ministry of Health for an environmental situation. Having clarified the point, the specific situation raised in this amparo action is now addressed.\n\nII.- Purpose of the action. The petitioner indicates that she filed complaint No. 024-2021 before the Health Governing Area of El Guarco, in which she presented the public health problem affecting her parents, who are older adults, due to the seepage of sewage from the commercially-used property into their house. She points out that, by official communication No. MSDRRSCE-DARSEG-0386-2021 of April 12, 2021, she was informed that the complaint was transferred to the Health Governing Area of Cartago. She claims that, as of the date the action was filed, she had not been given a response to her petition.\n\nIII.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited or because the respondent failed to refer to them as provided in the initial order:\n\na) On February 5, 2021, the petitioner filed a complaint before the Health Governing Area of El Guarco, regarding bad odors, sewage, and septic tanks, originating from neighboring properties; a proceeding processed under number 024-2021. (see documentation).\n\nb) On February 22, 2021, through official communication MS-DRRSCE-DARSEG-IT-167-2021, the Health Governing Area of El Guarco issued the technical report corresponding to the filed complaint, which establishes the findings from the inspections and details a series of recommendations. (see documentation).\n\nc) On April 13, 2021, the Health Governing Area of El Guarco transferred to the Health Governing Area of Cartago official communication No. MS-DRRSCE-DARSEG-0385-2021 of April 12, 2021, stating: “Attached for your attention is complaint N° 024-2021 and technical report N° MSDRRSCE-DARSEG-IT-167-2021, as this falls under the jurisdiction of the Cartago Health Area.” (see report from respondent authority and documentation provided).\n\nd) On July 16, 2021, the Chamber notified the resolution admitting the present amparo action to the respondent authority. (see notification record).\n\ne) On July 19, 2021, the Health Governing Area of Cartago issued sanitary order No. MS-DRRSCE-ARSC-OS-0121-2021 in accordance with the findings and recommendations issued in the technical report. (see report from respondent authority and documentation provided).\n\nIV.- UNPROVEN FACT. The following fact of interest is not considered proven: Sole) That the Health Governing Area of Cartago has communicated to the petitioner the result of the filed complaint.\n\nV.- ON THE MERITS. After analyzing the evidentiary elements provided and the report issued by the respondent authorities, with timely warning of the consequences provided in article 44 of the Constitutional Jurisdiction Act, a violation of the petitioner's fundamental rights is verified. In this regard, we have that on February 5, 2021, the petitioner filed a complaint before the Health Governing Area of El Guarco, regarding bad odors, sewage, and septic tanks, originating from neighboring properties; a proceeding processed under number 024-2021. Likewise, it is established that on February 22, 2021, through official communication MS-DRRSCE-DARSEG-IT-167-2021, the Health Governing Area of El Guarco issued the technical report corresponding to the filed complaint, in which the findings from the inspections were established and a series of recommendations were detailed. Subsequently, on April 13, 2021, the Health Governing Area of El Guarco transferred to the Health Governing Area of Cartago official communication No. MS-DRRSCE-DARSEG-0385-2021 of April 12, 2021, stating: “Attached for your attention is complaint N° 024-2021 and technical report N° MSDRRSCE-DARSEG-IT-167-2021, as this falls under the jurisdiction of the Cartago Health Area.” Finally, it is established that on July 19, 2021, the Health Governing Area of Cartago issued sanitary order No. MS-DRRSCE-ARSC-OS-0121-2021 in accordance with the findings and recommendations issued in the technical report. Despite the foregoing, there is no record that the respondent authority has communicated to the petitioner the result of the filed complaint.\n\nThus, although it is determined that the respondent authority has processed the complaint that is accused of being unresolved—as on-site inspections were conducted, the respective reports were issued, and even a sanitary order was issued—currently within its compliance period—to the commercial establishment responsible for the reported situation; the fact is that the petitioner has not been notified of the resolution of her petition. For the foregoing reasons, the action is upheld in the terms indicated in the operative part.\n\nVI.- NOTE FROM MAGISTRATE HERNÁNDEZ LÓPEZ REGARDING THE CLAIM FOR VIOLATION OF ARTICLE 50 OF THE POLITICAL CONSTITUTION.\n\n1. The historical context that originally motivated the Chamber's extensive intervention in environmental matters has undergone a considerable change, which requires this body to reconsider the conditions for its participation in ensuring the right of individuals to a healthy and balanced environment, as protected in article 50 of the Political Constitution. Indeed, the current situation—characterized by a vast amount of legal and regulatory production that includes substantive rules, procedures, and the creation of bodies for compliance with what is ordered in the Constitution—is radically different from the previous one, in which the absence of regulations and state agencies with appropriate competence imposed on the Chamber a leading, almost unique, role in the defense of the aforementioned constitutional right.\n\n2. Today, we face a \"dense framework\" of environmental regulations, which has produced two relevant phenomena: the first and most obvious is the emergence of a comprehensive legal regulation regarding activities whose impact on the environment had little or no order, thus the creation of state bodies with powers of surveillance and control over the effects of human activity on the environment. The second phenomenon is that this growing juridification—predominantly legislative and regulatory—brings with it an unavoidable entry onto the scene of both administrative justice and ordinary jurisdiction—primarily contentious-administrative, but also criminal. In them, in accordance with the importance of environmental law, procedural avenues and inclusive means of legal standing have been broadly regulated, so that citizens can enforce what is established in that broad legal order related to environmental matters.\n\n3. In this context, it is neither legally appropriate, nor functionally correct, for the Constitutional Chamber to displace, or—worse yet—substitute, ordinary justice bodies in carrying out their task, also of constitutional rank, of ensuring the effective enforcement of laws and regulations. It is legally improper because in the vast majority of these cases, what is requested is for it to interpret and enforce legal and regulatory norms, thereby risking overlapping its competencies with those of other jurisdictional bodies that—these indeed—have been created to carry out such tasks; and it is also functionally incorrect, because the design of its processes is poorly suited to the complexity present in numerous environmental conflicts composed of series of technically and legally complex facts and acts. There are well-known examples regarding both issues in which the Chamber has delivered a half-finished or technically incomplete resolution, or unnecessary frictions and impacts on legal certainty have been generated.\n\n4. As part of the technical aspects I have assessed, I add that this jurisdiction lacks sentence-executing judges to allow for proper follow-up of judgments—generally complex—that sometimes involve the follow-up of remedial plans, among others, with inter-institutional coordination and months or even years of follow-up.\n\n5. From this perspective, the decision of this Tribunal to take a step aside in environmental matters should not be seen as an abandonment of the environmental field, but rather the opposite, as its appropriate protection in the instance best suited to the nature of its complexity and diversity. Likewise, it should not be seen as this instance’s declination of its task of protecting constitutional rights imposed by the Political Constitution and its Organic Law, which, from my point of view, is reserved in this matter for specific cases. It is, rather, an exercise of realigning the burdens and tasks corresponding to the different state bodies, so that each of them can fully deploy its work within the scope assigned to it, as well as an exercise of establishing its own competence, as established in article 7 of its Organic Law.\n\n6. It is clear that the Chamber does not propose to abandon to other jurisdictions the task of protecting the rights of individuals in environmental matters. It is known that although any claim for violation of legal and regulatory norms can be redirected to the constitutional level, there are cases whose resolution requires nothing more than the application of constitutional law. It is therefore about ensuring that the Chamber becomes a protagonist alongside others, so that—together and each in its own space—the entire variety of situations presented by the protection of the right to a healthy and balanced environment within a society where other equally pressing needs exist can be covered. With this position, I firmly believe that the citizen does not lose an iota of protection, but substantial gains are made in breadth, perspective, and respect for the balance and distribution of powers, this last principle being of obligatory consideration, as it governs the constitutional dynamic of any liberal and democratic system like ours.-\n\n7. In line with the above, I maintain that this Chamber should refrain from hearing claims presented for alleged violation of article 50 of the Political Constitution, leaving their consideration to administrative justice and the contentious-administrative jurisdiction. The foregoing is affirmed in general terms, without prejudice to recognizing the existence of particular cases or groups of cases that, in my opinion, would still be better protected by this Chamber and therefore should be heard and resolved by it. Within such groups of cases, and without this statement being considered a closed and definitive list, I can point out that the Chamber should reserve consideration of situations such as, for example, claims for environmental violations that also put people's health, or access to or quality of water, at direct risk; cases of gross and direct violations of the environment in which a flagrant absence of protection by state authorities is verified, provided that the nature of the claim can also be addressed through the instrument of amparo as a summary and special procedural mechanism, since I believe that the amparo should not be \"ordinary-ized\" to address, even in these cited cases, issues that exceed the capacity to be adequately handled within it.\n\n8. In the specific case, according to the proven facts, the petitioner's claim could eventually affect her physical integrity and that of her family, whom she emphasizes are older adults. Consequently, it is clear that we are facing the exceptions mentioned, and for that reason, I considered it necessary for the Chamber to exercise its competence, to verify or rule out whether the indicated omissions violate the fundamental rights of the protected persons.\n\nVII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. This Chamber must warn the petitioner that if any document was provided, whether on paper, as well as objects or evidence backed up on any additional device, or by electronic, computer, magnetic, optical, telematic means or produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a period of 30 business days after receiving notification of this judgment, otherwise all of it will be destroyed in accordance with the provisions of the \"Regulation on Electronic Case Files within the Judiciary\" (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in session N° 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in session N° 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.\n\nPOR TANTO (Therefore):\n\nThe action is upheld. Dr. Andrea Morales Fiesler, Director of the Health Governing Area of Cartago, or whoever holds that position, is ordered to issue the necessary orders within the scope of their competencies, so that the petitioner is provided a response, as appropriate, regarding the filed complaint, all within a period of FIVE DAYS from the notification of this judgment. The respondent is warned that in accordance with article 71 of the Constitutional Jurisdiction Act, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be fulfilled or enforced, issued in an amparo action, and does not fulfill it or cause it to be fulfilled, provided the offense is not more severely punished. The State is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the acts serving as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the enforcement of the judgment by the contentious-administrative jurisdiction. Magistrate Hernández López appends a note. Notifíquese (Let it be notified).\n\nFernando Castillo V.\nPresidente (Presiding Judge)\n\nPaul Rueda L.\n\nNancy Hernández L.\n\nAnamari Garro V.\n\nMarta Eugenia Esquivel R.\n\nAna María Picado B.\n\nMauricio Chacón J.\n\nDigitally Signed Document\n-- Verification code --\n0XM3EMFMS7I61\nCASE FILE N° 21-012783-0007-CO\n\nTelephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Email address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church). Receipt of matters from vulnerable groups: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 09-05-2026 09:40:29."
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