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  "id": "nexus-sen-1-0007-1050342",
  "citation": "Res. 20388-2021 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Derecho de petición sobre herbicidas municipales",
  "title_en": "Right to petition regarding municipal herbicides",
  "summary_es": "La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo interpuesto por la presidenta de la Red de Coordinación en Biodiversidad contra la Municipalidad de Santa Cruz. La recurrente solicitó información sobre los herbicidas utilizados por la municipalidad en calles, parques y caños, sin recibir respuesta oportuna. El tribunal determina que se violaron los artículos 27 y 30 de la Constitución Política, que garantizan el derecho de petición y acceso a la información administrativa. La municipalidad respondió solo después de notificada del amparo, lo que no subsana la lesión. La mayoría declara con lugar el recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios, por considerar que al cesar la violación durante el trámite, no procede condena automática según los artículos 51 y 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Los votos salvados parciales de los magistrados Salazar y Garro sostienen la procedencia de condenatoria en daños y perjuicios para garantizar tutela judicial efectiva y reparación integral.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber hears an amparo appeal filed by the president of the Biodiversity Coordination Network against the Municipality of Santa Cruz. The petitioner requested information on herbicides used by the municipality on streets, parks, and gutters, and did not receive a timely response. The court finds violations of Articles 27 and 30 of the Political Constitution, which guarantee the right to petition and access to administrative information. The municipality responded only after being notified of the amparo, which does not cure the injury. The majority grants the appeal without awarding costs, damages, or losses, considering that since the violation ceased during the proceedings, automatic condemnation is not required under Articles 51 and 52 of the Constitutional Jurisdiction Law. The partially dissenting votes of Justices Salazar and Garro assert that damages and losses should be awarded to ensure effective judicial protection and full reparation.",
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  "date": "10/09/2021",
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    "condenatoria en costas, daños y perjuicios",
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    "Municipalidad de Santa Cruz",
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  "excerpt_es": "“(...) el derecho a la información tiene como fundamento el interés de la comunidad de conocer la actividad del funcionario público, así como su buen o mal desempeño en el ejercicio del cargo y las informaciones que, siendo de interés público, se hallen en las oficinas o departamentos administrativos. Es por esto que la naturaleza pública de la información es el elemento cardinal para definir el derecho a solicitarla al órgano o ente público”.\n\nEn síntesis, se verifica la infracción a los artículos 27 y 30 de la Constitución Política. Por las anteriores razones, se declara con lugar el recurso.",
  "excerpt_en": "“(...) the right to information is based on the community's interest in knowing the activity of public officials, as well as their good or bad performance in office and the information that, being of public interest, is held in the offices or administrative departments. This is why the public nature of the information is the cardinal element to define the right to request it from the public body or entity”.\n\nIn summary, a violation of Articles 27 and 30 of the Political Constitution is verified. For the foregoing reasons, the appeal is granted.",
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    "summary_en": "The amparo appeal is granted for violation of the rights to petition and access to information, without award of costs, damages, or losses.",
    "summary_es": "Se declara con lugar el recurso de amparo por violación a los derechos de petición y acceso a la información, sin condenatoria en costas, daños y perjuicios."
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 20388 - 2021\n\nFecha de la Resolución: 10 de Setiembre del 2021 a las 09:15\n\nExpediente: 21-016658-0007-CO\n\nRedactado por: Nancy Hernández López\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp: 21-016658-0007-CO\n\nRes. Nº 2021020388\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del diez de setiembre de dos mil veintiuno .\n\n Recurso de amparo que se tramita en expediente No. 21-016658-0007-CO, interpuesto por MARIANA LUCÍA PORRAS ROZAS, cédula de identidad 0111460917, en contra de la MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ.\n\nResultando:\n\n1.- Por escrito recibido en esta Sala el 24 de agosto de 2021, la parte recurrente interpone recurso de amparo, en contra de la MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ, y manifiesta lo siguiente: es ingeniera forestal y presidenta de la Red de Coordinación en Biodiversidad. Indica que, mediante correo electrónico enviado el 22 de julio de 2021 a las direcciones jorge.alfaro@santacruz.go.cr y alcaldiamunisantacruz@gmail.com le solicitó al alcalde de Santa Cruz la siguiente información: “(…) el nombre del/os producto/s herbicida/s que la Municipalidad ha venido aplicando últimamente en las orillas de las calles y caminos, parques, aceras y caños de Santa Cruz para el control de las malezas (…)” (documento aportado como prueba). Señala que el 3 de agosto de 2021 se le remitió el oficio No. DAM-2453-2021, por medio del cual se trasladó la petición al departamento de gestión ambiental de la municipalidad recurrida. Sin embargo, aduce que a la fecha en la que interpone este recurso de amparo no ha recibido la información solicitada, razón por la cual estima lesionados sus derechos fundamentales.\n\n2.- Mediante resolución a las quince horas dos minutos del veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, se dio curso al presente recurso.\n\n3.- Por escrito incorporado al Sistema Jurídico el 6 de setiembre de 2021, William Arauz Bran, Jefe Departamento de Gestión Ambiental Municipalidad de Santa Cruz, informa bajo juramento lo siguiente: “La presente es para responder lo que respecta al Recurso de amparo Expe: 21-016658-0007-CO interpuesto por la señora Mariana Lucia Porras Roza, cédula de identidad 1-1146-0917, referente al informe solicitado por la ingeniera forestal y presidenta de la Red de Coordinación en Biodiversidad, en fecha 03 de agosto del 2021. Respecto a lo solicitado vía correo electrónico por la señora Porras Roza, nuestra asistente administrativa procedió a responder el acuse de recibo y a trasladar consulta a la funcionaria Daisy Víquez Zamora, Coordinadora de Servicios Ambientales. Sin embargo, dicha funcionaria se encontraba en periodo de vacaciones. Posteriormente, el tema se redireccionó a la funcionaria Diana Vallejos Noguera, Coordinadora de Servicios Ambientales, quien procedió a dar respuesta por medio del oficio DGA-0636-2021, en fecha 30 de agosto del 2021. Se adjunta expediente certificado de 11 folios.” Solicita que se declare sin lugar el recurso.\n\n4.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.\n\n Redacta la Magistrada Sánchez Navarro; y,\n\nConsiderando:\n\nI.- De previo. En el caso concreto se analiza la falta de respuesta de una gestión planteada por la parte recurrente por medio de una cuenta de correo electrónico. En resolución que dio curso a este recurso, se le solicitó a la autoridad recurrida que indicara si el correo electrónico al cual, se remitió la solicitud de interés, estaba previsto como mecanismo oficial de comunicación. Sin embargo, en el informe rendido no se hace mención a ese punto, por ello de conformidad con el artículo 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se tiene que dicha cuenta de correo electrónico, sí es cuenta oficial, para recibir gestiones como la que indica el recurrente. En consecuencia, partiendo de tales consideraciones se entra a analizar los reclamos planteados por la parte actora.\n\nII.- Objeto del recurso. La parte recurrente manifiesta, que en calidad de presidenta de la Red de Coordinación en Biodiversidad, mediante correo electrónico enviado el 22 de julio de 2021 a las siguientes direcciones: jorge.alfaro@santacruz.go.cr y alcaldiamunisantacruz@gmail.com, solicitó al alcalde de Santa Cruz la siguiente información: “(…) el nombre del/os producto/s herbicida/s que la Municipalidad ha venido aplicando últimamente en las orillas de las calles y caminos, parques, aceras y caños de Santa Cruz para el control de las malezas (…)”. Sin embargo, alega que a la fecha que acude en amparo no ha recibido respuesta.\n\nIII.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:\n\nEl 22 de julio de 20201, la recurrente en calidad de presidenta de la Red de Coordinación en Biodiversidad, mediante correo electrónico enviado el 22 de julio de 2021 a las siguientes direcciones: jorge.alfaro@santacruz.go.cr y alcaldiamunisantacruz@gmail.com le solicitó al alcalde de Santa Cruz la siguiente información: “(…) el nombre del/os producto/s herbicida/s que la Municipalidad ha venido aplicando últimamente en las orillas de las calles y caminos, parques, aceras y caños de Santa Cruz para el control de las malezas (…)” (ver escrito de interposición y prueba aportada);\nEl presente recurso, fue notificado a la autoridad recurrida, el 30 de agosto de 2021. (ver Sistema de Gestión);\nLa autoridad recurrida dio respuesta a la recurrente, por medio de correo electrónico, en fecha 30 de agosto de 2021. (ver informe y pruebas aportadas);\n\nIV.- Sobre los derechos de petición y acceso a la información administrativa. Analizados los alegatos de la recurrente, se le hace ver que el derecho de petición, establecido en el artículo 27 de la Constitución Política, cuando es entendido en sentido amplio, hace referencia a la facultad que posee todo ciudadano para dirigirse por escrito a cualquier funcionario público o entidad oficial con el fin de exponer un asunto de su interés. En segundo lugar, el ordinal 30 de la Constitución Política garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos, únicamente, con propósitos de información sobre asuntos de interés público. Se trata, pues, de un mecanismo ideado para permitir a los administrados fiscalizar el correcto desempeño de los diversos entes públicos en el ejercicio de la función administrativa. Por lo tanto, cuando los artículos 27 y 30 de la Constitución Política son tomados en su conjunto, garantizan el derecho de toda persona de dirigirse ante cualquier funcionario público o entidad oficial para obtener información sobre cualquier asunto, materia o información de naturaleza pública. Precisamente, la naturaleza pública de la información es el elemento central que determina el derecho de acceder a ella. Así lo declaró este Tribunal desde muy temprano en su jurisprudencia, indicando, en sentencia No. 6240-93 de las 14:00 hrs. del 26 de noviembre de 1993, lo siguiente:\n\n “(…) el derecho a la información tiene como fundamento el interés de la comunidad de conocer la actividad del funcionario público, así como su buen o mal desempeño en el ejercicio del cargo y las informaciones que, siendo de interés público, se hallen en las oficinas o departamentos administrativos. Es por esto que la naturaleza pública de la información es el elemento cardinal para definir el derecho a solicitarla al órgano o ente público”.\n\nEstas garantías se complementan con el derecho a obtener pronta respuesta, aunque esto último no significa que el administrado tenga derecho a recibir siempre una contestación favorable a sus intereses. En otras palabras, en lo tocante a la libertad de petición, de lo que se habla es del derecho a pedir y no el derecho a obtener lo que se pide —aun cuando el funcionario público deba resolver con estricta sujeción a la ley—, pues aquella se funda en otro principio; esto es, que la Administración no puede coartar el derecho de los gobernados para dirigirse a los órganos públicos.\n\nV.- Sobre el caso en concreto. - Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal acredita la lesión al derecho de petición de la parte amparada. Del informe rendido por la representante de la autoridad recurrida y del elenco probatorio, se tiene por acreditado que, en fecha 22 de julio del año en curso, la parte recurrente, en calidad de presidenta de la Red de Coordinación en Biodiversidad, mediante correo electrónico enviado el 22 de julio de 2021 a las siguientes direcciones: jorge.alfaro@santacruz.go.cr y alcaldiamunisantacruz@gmail.com le solicitó al alcalde de Santa Cruz la siguiente información: “(…) el nombre del/os producto/s herbicida/s que la Municipalidad ha venido aplicando últimamente en las orillas de las calles y caminos, parques, aceras y caños de Santa Cruz para el control de las malezas (…)”.\n\nAhora, como dicha información no le fue entregada, la parte amparada optó por interponer el presente recurso. Sobre el particular, la autoridad recurrida reconoce que no se dio la respuesta de interés del amparado, dentro del plazo legal establecido, justificándose en el hecho, que la persona encargada de dar respuesta, se encontraba de vacaciones. En síntesis, pese a la interposición de la gestión de información de la parte recurrente, fue necesario entonces, que la autoridad recurrida fuera notificada del presente recurso -en fecha 30 de agosto de 2021-, para que, el 30 de agosto de 2021, la autoridad recurrida diera la información que requería la parte tutelada. En síntesis, se verifica la infracción a los artículos 27 y 30 de la Constitución Política. Por las anteriores razones, se declara con lugar el recurso.\n\nVI.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL.  Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el  sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional  (\"Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes\"),  la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes\". Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes\", lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: \"toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia\", donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. Artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.\n\n VII.- VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO, ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LA NO CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA.\n\nSi bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.\n\nLa Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:\n\n“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.\n\nPor otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:\n\n“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.\n\nEsta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.\n\nEn criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.\n\nAsí, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.\n\nPor otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”.\n\nEl legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.\n\nEn mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaro.\n\nVIII.- VOTO SALVADO PARCIAL DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS.\n\n Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.\n\n Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.\n\n Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.\n\nSi el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.\n\n Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aún cuando el derecho haya sido restituido.\n\n En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas.\n\n IX.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión número 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero de2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión número 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.\n\nPor tanto:\n\nSe declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. El Magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La Magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas.   Notifíquese. -\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nPaul Rueda L.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\n\n\nJorge Araya G.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nAnamari Garro V.\n\n\n\n\nMarta Eugenia Esquivel R.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nIleana Sánchez N.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n AQECZMFYQ8I61\n\nEXPEDIENTE N° 21-016658-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 09-05-2026 09:54:13.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "Grande  \nNormal  \nPequeña  \nSala Constitucional  \n\nResolución Nº 20388 - 2021  \n\nDate of Resolution: September 10, 2021, at 09:15  \n\nExpediente: 21-016658-0007-CO  \n\nDrafted by: Nancy Hernández López  \n\nClass of matter: Recurso de amparo  \n\nAnalyzed by: SALA CONSTITUCIONAL  \n\nText of the resolution  \n\n  \n\nExp: 21-016658-0007-CO  \n\nRes. Nº 2021020388  \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours fifteen minutes of September tenth, two thousand twenty-one.  \n\nRecurso de amparo processed in expediente No. 21-016658-0007-CO, filed by MARIANA LUCÍA PORRAS ROZAS, identity card 0111460917, against MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ.  \n\nResultando:  \n\n1.- By filing received in this Chamber on August 24, 2021, the petitioner files a recurso de amparo against MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ, and states the following: she is a forest engineer and president of the Red de Coordinación en Biodiversidad. She indicates that, by email sent on July 22, 2021, to the addresses jorge.alfaro@santacruz.go.cr and alcaldiamunisantacruz@gmail.com, she requested from the Mayor of Santa Cruz the following information: “(…) the name of the herbicide product(s) that the Municipality has been applying lately on the edges of streets and roads, parks, sidewalks, and ditches (caños) of Santa Cruz for weed control (…)” (document provided as evidence). She points out that on August 3, 2021, she was sent official letter No. DAM-2453-2021, by means of which the request was forwarded to the environmental management department of the respondent municipality. However, she argues that as of the date on which she files this recurso de amparo, she has not received the requested information, which is why she deems her fundamental rights injured.  \n\n2.- By resolution at fifteen hours two minutes of August twenty-six, two thousand twenty-one, this recurso was admitted for processing.  \n\n3.- By filing incorporated into the Legal System on September 6, 2021, William Arauz Bran, Head of the Environmental Management Department of the Municipalidad de Santa Cruz, reports under oath the following: “This is to respond regarding the recurso de amparo Expe: 21-016658-0007-CO filed by Mrs. Mariana Lucia Porras Roza, identity card 1-1146-0917, referring to the report requested by the forest engineer and president of the Red de Coordinación en Biodiversidad, on August 3, 2021. Regarding the request made via email by Mrs. Porras Roza, our administrative assistant proceeded to reply with the acknowledgement of receipt and to forward the inquiry to the official Daisy Víquez Zamora, Coordinadora de Servicios Ambientales. However, said official was on vacation. Subsequently, the matter was redirected to the official Diana Vallejos Noguera, Coordinadora de Servicios Ambientales, who proceeded to respond by means of official letter DGA-0636-2021, on August 30, 2021. A certified dossier of 11 pages is attached.” He requests that the recurso be dismissed.  \n\n4.- In the proceedings followed, legal requirements have been observed.  \n\nDrafted by Magistrate Sánchez Navarro; and,  \n\nConsiderando:  \n\nI.- Preliminary matter. In the specific case, the lack of response to a request made by the petitioner through an email account is analyzed. In the resolution admitting this recurso, the respondent authority was asked to indicate whether the email address to which the request of interest was sent was established as an official communication mechanism. However, in the report rendered, no mention is made of this point; therefore, in accordance with Article 45 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, it is presumed that said email account is indeed an official account for receiving requests such as the one indicated by the petitioner. Consequently, based on such considerations, we proceed to analyze the claims made by the plaintiff.  \n\nII.- Object of the recurso. The petitioner states that, in her capacity as president of the Red de Coordinación en Biodiversidad, by email sent on July 22, 2021, to the following addresses: jorge.alfaro@santacruz.go.cr and alcaldiamunisantacruz@gmail.com, she requested from the Mayor of Santa Cruz the following information: “(…) the name of the herbicide product(s) that the Municipality has been applying lately on the edges of streets and roads, parks, sidewalks, and ditches (caños) of Santa Cruz for weed control (…)”. However, she claims that as of the date she seeks amparo, she has not received a response.  \n\nIII.- Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly demonstrated:  \n\nOn July 22, 20201, the petitioner, in her capacity as president of the Red de Coordinación en Biodiversidad, by email sent on July 22, 2021, to the following addresses: jorge.alfaro@santacruz.go.cr and alcaldiamunisantacruz@gmail.com, requested from the Mayor of Santa Cruz the following information: “(…) the name of the herbicide product(s) that the Municipality has been applying lately on the edges of streets and roads, parks, sidewalks, and ditches (caños) of Santa Cruz for weed control (…)” (see filing and evidence provided);  \nThis recurso was notified to the respondent authority on August 30, 2021. (see Management System);  \nThe respondent authority responded to the petitioner by email on August 30, 2021. (see report and evidence provided);  \n\nIV.- On the rights of petition and access to administrative information. Having analyzed the petitioner's allegations, it is pointed out to her that the right of petition, established in Article 27 of the Constitución Política, when understood in a broad sense, refers to the faculty possessed by every citizen to address in writing any public official or official entity for the purpose of presenting a matter of interest. Secondly, Article 30 of the Constitución Política guarantees free access to administrative departments solely for purposes of information on matters of public interest. It is, therefore, a mechanism designed to allow those administered to oversee the correct performance of the various public entities in the exercise of the administrative function. Therefore, when Articles 27 and 30 of the Constitución Política are taken together, they guarantee the right of every person to address any public official or official entity to obtain information on any subject, matter, or information of a public nature. Precisely, the public nature of the information is the central element that determines the right to access it. This was declared by this Court very early in its jurisprudence, stating in judgment No. 6240-93 of 14:00 hrs. of November 26, 1993, the following:  \n\n“(…) the right to information is based on the community's interest in knowing the activity of the public official, as well as his good or bad performance in the exercise of the position and the information that, being of public interest, is found in the administrative offices or departments. It is for this reason that the public nature of the information is the cardinal element for defining the right to request it from the public body or entity”.  \n\nThese guarantees are complemented by the right to obtain a prompt response, although the latter does not mean that the administered party has the right to always receive a response favorable to their interests. In other words, with regard to the freedom of petition, what is spoken of is the right to petition and not the right to obtain what is petitioned —even though the public official must resolve with strict adherence to the law—, since the former is based on another principle; that is, that the Administration cannot curtail the right of the governed to address public bodies.  \n\nV.- On the specific case. - After analyzing the evidentiary elements provided, this Tribunal finds the injury to the right of petition of the protected party to be proven. From the report rendered by the representative of the respondent authority and the body of evidence, it is proven that, on July 22 of the current year, the petitioner, in her capacity as president of the Red de Coordinación en Biodiversidad, by email sent on July 22, 2021, to the following addresses: jorge.alfaro@santacruz.go.cr and alcaldiamunisantacruz@gmail.com, requested from the Mayor of Santa Cruz the following information: “(…) the name of the herbicide product(s) that the Municipality has been applying lately on the edges of streets and roads, parks, sidewalks, and ditches (caños) of Santa Cruz for weed control (…)”.  \n\nNow, as said information was not provided to her, the protected party chose to file the present recurso. In this regard, the respondent authority acknowledges that the response of interest to the protected party was not given within the legally established period, justifying itself on the fact that the person in charge of responding was on vacation. In summary, despite the filing of the information request by the petitioner, it was then necessary for the respondent authority to be notified of this recurso —on August 30, 2021— in order for the respondent authority to provide, on August 30, 2021, the information required by the protected party. In summary, the violation of Articles 27 and 30 of the Constitución Política is verified. For the foregoing reasons, the recurso is granted.  \n\nVI.- REGARDING THE AWARD OF COSTS, DAMAGES, AND PREJUDICES IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 52 OF THE LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Under a better assessment, the majority of the Chamber considers that, in the sub examine, in accordance with the provision in paragraph 1 of Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (\"If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the recurso shall be granted solely for purposes of indemnification and costs, if they are applicable\"), the granting decision should be without a special award of costs, damages, and prejudices, based on the following considerations. Although there is an express text in the law that obliges the operative part of the ruling to indicate that the recurso is granted, when the grievance is resolved while the amparo is in progress, it is no less true that the same paragraph in fine states that the granting is issued \"solely for purposes of indemnification and costs, if they are applicable.\" It is underlined that the Law states \"if they are applicable,\" which means that the applicability or non-applicability of the indemnification and costs depends on an assessment, appreciation, or weighing by the Tribunal. In cases such as this, the content of the protected person's claim and the respondent authority's conduct in acknowledging it suggest that the alleged impairments, injuries, or alterations are not directly related to a repercussion on a constitutional right of evident patrimonial nature (as would occur, for example, with an affectation of the right to salary). To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provision in Article 51 of the same Ley de la Jurisdicción Constitucional, when it provides that: \"every resolution that upholds the recurso shall condemn in the abstract to the indemnification of the damages and prejudices caused and to the payment of the costs of the recurso, and its liquidation is reserved for the execution of the judgment,\" where the possibility of assessing whether or not the indemnification and costs are applicable is not foreseen. The principles of Constitutional Law, those of Public and General Procedural Law or, as applicable, those of International or Community Law and, additionally, in order, the Ley General de la Administración Pública and the Código Procesal Contencioso Administrativo and other procedural codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the norms of the Ley de la Jurisdicción Constitucional -cf. Article 14-. For the contentious-administrative jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in Article 197 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, which responds to the procedural logic in any matter. In any event, the affected party in the sub lite preserves the possibility of resorting, if they see fit, to a declaratory proceeding to prove that they have suffered some type of impairment. Based on the foregoing, it is the opinion of the majority to resolve this recurso without an award of costs, damages, and prejudices.  \n\nVII.- PARTIALLY DISSENTING OPINION OF MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO, SOLELY IN RELATION TO THE NON-AWARD OF COSTS, DAMAGES, AND PREJUDICES AGAINST THE RESPONDENT PARTY.  \n\nAlthough I concur with the rest of the Chamber in granting the recurso, I depart from the majority opinion insofar as it exempts the respondent party from being ordered to pay the costs, damages, and prejudices derived from the injury caused to the fundamental rights of the protected party.  \n\nThe Ley de la Jurisdicción Constitucional, in Article 52, provides that:  \n\n“If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the recurso shall be granted solely for purposes of indemnification and costs, if they are applicable”.  \n\nOn the other hand, Article 51 ibidem establishes that:  \n\n“...every resolution that upholds the recurso shall condemn in the abstract to the indemnification of the damages and prejudices caused and to the payment of the costs of the recurso, and its liquidation is reserved for the execution of the judgment”.  \n\nThis latter norm establishes the general system that regulates the matter of indemnification and payment of costs, and which the majority calls the \"natural or normal form of termination of the process, where there is a ruling on the merits of the matter and acknowledgment of the facts that have violated fundamental rights…\".  \n\nIn the opinion of the majority, the cited Article 51 regulates the scenarios in which the Chamber has deemed the grievance proven; and, as a consequence, the need for an award of costs, damages, and prejudices arises. However, in the undersigned's judgment, from the systematic interpretation of both norms, it is concluded that, both in cases in which this Constitutional Court finds an injury to some fundamental right and, therefore, grants the recurso, and in those in which the Administration, by its own decision, restores the aggrieved person to the enjoyment of their fundamental rights once it becomes aware of the amparo —a scenario contemplated in the referenced Article 52—, by mandate of Articles 50 and 51 of the cited law, the necessary and inescapable consequence is the award against the offender of the indemnification of the damages and prejudices caused and the payment of the costs of the recurso. This rule is nothing more than the recognition, to the party that has suffered a violation of their fundamental rights, of the right to effective judicial protection regarding the reparation of the damaging consequences derived from the actions or omissions of the offending authorities; and, as a deterrent, so that the State does not again incur in the actions that provided the basis for granting the recurso, a matter regulated in Article 50 of the law that governs this jurisdiction. Thus, whether the Chamber has deemed the grievance proven and has proceeded to examine the merits of the matter, or whether the violation has ceased by decision of the respondent authority itself, once it became aware of the processing of the amparo, with restoration of the enjoyment of fundamental rights in favor of the aggrieved party (Article 52), always, in any of these scenarios, the imperative need arises for an award of costs, damages, and prejudices against the offender, whose foundation lies in the principles of protection of the rights of individuals and in that the Administration must be held responsible for the damages and prejudices it causes through its unconstitutional actions.  \n\nThus, the fact that, at the time the amparo is heard and granted, the effects of the challenged act had already ceased, in the terms of the provisions in Articles 50 and 52 of the cited law, does not nullify the applicability of the award of costs, damages, and prejudices, since such a case forms an integral part of the general system of mandatory award in these respects contained in the Ley de la Jurisdicción Constitucional.  \n\nFurthermore, it is clear that the aforementioned Article 52 applies only in cases where the Chamber, even though it has not examined nor ruled on the merits of the claim, has verified the violation of fundamental rights suffered by the protected party, by virtue of the restoration in the enjoyment of those rights that the Administration has agreed to in their favor; a situation that, as affirmed by the majority of the Chamber, implies an \"abnormal termination of the process.\"  \n\nThe legislator established and delimited, in a precise manner, the conditions under which this Chamber can decree that form of abnormal conclusion of the amparo process, as well as its scope, namely: 1) that the amparo is in progress, that is, that the Administration has been duly notified of the resolution admitting the amparo; and, 2) that there is an administrative or judicial resolution that disposes, unquestionably, the revocation, halting, or suspension of the challenged action that violates fundamental rights. Certainly, the norm in question contemplates an exception to the general system of awarding costs, damages, and prejudices, notwithstanding the granting of the recurso, by providing that, in the cases regulated there, the recurso shall be granted \"solely for purposes of indemnification and costs, if they are applicable.\" As an exception that it is, it must be interpreted restrictively; that is, it only applies in the scenarios strictly contemplated in the norm, not only because of the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but also because the consequences of applying such an exception imply, without a doubt, an impairment of the fundamental right of individuals to obtain effective judicial protection against the damages and prejudices suffered due to the injury to their constitutional rights.  \n\nIn my opinion, such an exception must be interpreted in the sense that, in accordance with the general system of automatic award of costs, damages, and prejudices in the event of a violation of fundamental rights, that award is always applicable, even in the event that the respondent party issues an administrative or judicial resolution that revokes, halts, or suspends the challenged action, unless it is established in an indubitable and clear manner that in the specific case no prejudice capable of being indemnified was caused. Only and solely in such scenarios could the respondent Administration be exempted from paying said items. As in this case, there is no element whatsoever that rebuts the presumption of the arising, for the protected party, of economic damages and prejudices derived from the challenged actions —whose concrete determination does not correspond to this jurisdiction—, the granting of this recurso must necessarily entail the award of costs, damages, and prejudices, and I so declare.  \n\nVIII.- PARTIALLY DISSENTING OPINION OF MAGISTRATE GARRO VARGAS.  \n\nArticle 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC) states: “If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the recurso shall be granted solely for purposes of indemnification and costs, if they are applicable”.  \n\nMy interpretation of that norm is the following: That “resolution” is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase “if they are applicable” refers to costs. Moreover, Article 197 of the Código Procesal Contencioso-Administrativo, cited by the majority, on the basis of Article 14 of the LJC, refers precisely only to these: to costs.  \n\nCertainly, according to Article 48 of the Constitución Política (CP), the essential content of the right to the recurso de amparo is not compensatory but restitutory; however, Article 51 of the LJC states: “Every resolution that upholds the recurso shall condemn in the abstract to the indemnification of the damages and prejudices caused and to the payment of the costs of the recurso, and its liquidation is reserved for the execution of the judgment”.  \n\nIf the right has been violated and the Chamber so verifies, even in the event that it has been restored, damages and prejudices could have arisen. For this reason, the award in the abstract of these is appropriate. If it were not done thus, if such an award were not given, in the event that they had indeed occurred, there would be no title —derived from this process— to claim them, which could violate Article 41 of the CP. If, despite there being an award in the abstract, no damages and prejudices have occurred, the judge in the ordinary jurisdiction shall so declare, since only to him corresponds to deem the real existence and magnitude of the same as proven.  \n\nWith the thesis defended by the majority, I consider that, contrary to what is sought, the Administration would be incentivized to respect rights only in the face of the existence of a recurso de amparo. It remains to be said that Article 52 of the LJC foresees the possibility that, if it is deemed just, the Chamber may award costs, even when the right has been restored.  \n\nBy reason of the foregoing, I partially dissent from the operative part and order the award of damages and prejudices, but not the award of costs.  \n\nIX.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE EXPEDIENTE. The parties are warned that, if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new-technology-produced device, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period shall be destroyed, in accordance with the provisions of the \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", approved by the Corte Plena in session number 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session number 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.  \n\nPor tanto:  \n\nThe recurso is granted, without a special award of costs, damages, and prejudices. Magistrate Salazar Alvarado issues a partially dissenting opinion and orders the award of damages, prejudices, and costs. Magistrate Garro Vargas issues a partially dissenting opinion and orders the award of damages and prejudices, but not costs. Notify. -  \n\nFernando Castillo V.  \nPresidente  \n\nPaul Rueda L.  \n\nLuis Fdo. Salazar A.  \n\nJorge Araya G.  \n\nAnamari Garro V.  \n\nMarta Eugenia Esquivel R.  \n\nIleana Sánchez N.  \n\nDigitally Signed Document  \n\n-- Verification code --  \n\n  \n\nAQECZMFYQ8I61  \n\nEXPEDIENTE N° 21-016658-0007-CO  \n\nTelephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Iglesia del Perpetuo Socorro). Reception of matters for vulnerable groups: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6  \n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-09-2026 09:54:13.  \n\nSCIJ de Hacienda  \nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
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