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  "id": "nexus-sen-1-0007-1054249",
  "citation": "Res. 22324-2021 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Improcedencia de amparo contra medidas cautelares penales por preclusión",
  "title_en": "Amparo Against Criminal Precautionary Measures Dismissed for Preclusion",
  "summary_es": "La Sala Constitucional rechaza un recurso de amparo interpuesto contra la Fiscalía Adjunta Ambiental y el Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José por la imposición de una medida cautelar de desalojo y derribo en un proceso penal por invasión de área de protección. La recurrente alega violación al debido proceso, derecho de defensa y a ser oída, al no habérsele nombrado defensor ni notificado la resolución. La Sala se remite a su sentencia previa 2021-020167, en la que la misma parte había impugnado idénticos actos jurisdiccionales, y declara que debe estarse a lo resuelto en aquella decisión, que declaró inadmisible el amparo por tratarse de actuaciones de un órgano judicial en ejercicio de su función jurisdiccional, no sujetas al control de constitucionalidad por esta vía. La Sala no analiza el fondo de las violaciones alegadas.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber dismisses an amparo appeal filed against the Environmental Prosecutor's Office and the Criminal Court of the Second Judicial Circuit of San José regarding a precautionary measure of eviction and demolition in a criminal case for invasion of a protection area. The appellant alleged violations of due process, right to defense, and right to be heard, as she was not provided a defense attorney nor notified of the resolution. The Chamber defers to its prior decision 2021-020167, in which the same party had challenged identical judicial acts, ruling that the amparo is inadmissible because the acts originate from a judicial body exercising its jurisdictional function, which is not subject to constitutional review via amparo. The Chamber does not examine the merits of the alleged violations.",
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  "date": "05/10/2021",
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    "recurso de amparo",
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  "keywords_es": [
    "recurso de amparo",
    "medida cautelar penal",
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  "excerpt_es": "A partir de lo anterior, se observa que la pretensión que esboza la amparada en este nuevo proceso está referida al mismo proceso penal y a las actuaciones que motivan la orden judicial de desalojo y de derribo, que ya fue analizada y resuelta por este Tribunal. En consecuencia, lo procedente es que se esté a lo resuelto en dicho pronunciamiento.",
  "excerpt_en": "Based on the foregoing, it is observed that the claim set forth by the petitioner in this new proceeding refers to the same criminal case and to the actions that gave rise to the judicial order of eviction and demolition, which has already been analyzed and decided by this Court. Consequently, it is appropriate to abide by what was decided in that ruling.",
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    "summary_es": "La Sala rechaza el amparo por preclusión, remitiéndose a su sentencia anterior que declaró inadmisible la impugnación de actos jurisdiccionales del mismo proceso penal."
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      "context": "Considerando I, cita de sentencia previa",
      "quote_en": "the resolutions or actions deemed contrary to Constitutional Law originate from an organ of the Judicial Branch in the exercise of its jurisdictional function. Therefore, it is improper for this Chamber to rule on the matters alleged in the appeal, since, pursuant to Article 30(b) of the Law of Constitutional Jurisdiction, such acts are not subject to constitutional review through amparo.",
      "quote_es": "las resoluciones o actuaciones que se estiman contrarias al Derecho de la Constitución provienen de un órgano del Poder Judicial en ejercicio de su función jurisdiccional. Por ello, es improcedente que esta Sala se pronuncie sobre los extremos alegados en el recurso, toda vez que, conforme al artículo 30, inciso b), de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, esos actos no están sometidos al control de constitucionalidad por la vía del amparo."
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  "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1054249",
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 22324 - 2021\n\nFecha de la Resolución: 05 de Octubre del 2021 a las 11:30\n\nExpediente: 21-019213-0007-CO\n\nRedactado por: Fernando Castillo Víquez\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\nSentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n*210192130007CO*\n\nEXPEDIENTE: N° 21-019213-0007-CO\n\nPROCESO: RECURSO DE AMPARO\n\nRESOLUCIÓN: Nº 2021022324\n\n\n\n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las once horas treinta minutos del cinco de octubre de dos mil veintiuno .\n\n                 Recurso de amparo interpuesto por [Nombre 001], cédula de residencia [Valor 001], contra la FISCALÍA ADJUNTA AMBENTAL Y EL JUZGADO PENAL, AMBOS DEL II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.  \n\nResultando:\n\n                 1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala, el 28 de setiembre de 2021, la recurrente interpone recurso de amparo contra la FISCALÍA ADJUNTA AMBENTAL Y EL JUZGADO PENAL, AMBOS DEL II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. Manifiesta que en su contra se sigue la causa penal [Valor 002], por el presunto delito de invasión de área de protección, en el Juzgado Penal de Pavas. Refiere que la Fiscalía Adjunta Agraria Ambiental del II Circuito Judicial de San José identificó bajo esta causa a 26 imputados como posibles autores de ese delito, a los cuales se les tomaron los datos de identificación en diversas fechas del mes de septiembre y octubre de 2019. Indica que, a ella se le identificó como imputada de la siguiente manera: “a. [Nombre 001] - toma de datos previos a las 13:48h del 07/octubre/2019, visible a folio 68, indiqué en dicha ocasión como medio de comunicación mi celular y como medio de notificación mi domicilio.” En dicha oportunidad no se le advirtió sobre los cargos que se le imputaban, tampoco se le ofreció defensa pública o la posibilidad de nombrar un abogado de su confianza, solo se le tomaron datos de identificación y se le indicó que se seguía una investigación en su contra por el delito indicado. Sin embargo, a pesar de su condición de imputada, no se le dotó de todas las garantías procesales. Para el 2 de octubre de 2019, el Ministerio Público ya le había tomado sus datos, tenía en sus registros los medios de notificación válidamente aportados y, según, los dictámenes periciales DCF 2019-00487-ING y las declaraciones presentadas por los oficiales del SINAC, ya era considerada y estaba individualizada como presunta autora (junto a otros) del delito que se le imputa. A pesar de lo anterior, no se le nombró defensor, no se le confirió el derecho a ser oída, ni se le notificó a ella ni a los demás, las actuaciones jurisdiccionales que se estaban efectuando en el proceso penal seguido en su contra, vaciándose con ello de contenido las garantías constitucionales del debido proceso que deben regir el proceso penal, dejándolos en un estado de indefensión absoluto. Señala que, luego de haber sido individualizados por el Ministerio Público, el 11 de marzo de 2021, este solicitó una medida cautelar de carácter temporal, ordenando su desalojo y que se destruyera su vivienda. Indica que, de dicha solicitud del Ministerio Público, el Juzgado Penal no le dio audiencia a ninguno de los imputados en la causa. Es decir, le dio trámite a una medida cautelar escuchando únicamente a la parte que la peticionaba. El 30 de marzo de 2021, el Juzgado Penal de Pavas, por resolución de las 13:11 horas del 30 de marzo de 2021, otorgó la medida cautelar solicitada por el fiscal y ordenó el desalojo y derribo de las construcciones el 11 de octubre de 2021, sin dar audiencia a ninguno de los imputados o posibles afectados con la medida. Ni siquiera fueron notificados de esa resolución, solo fue notificada a la Fiscalía Agrario Ambiental, a la Junta de Protección Social y al SINAC. Señala que no cuestiona de ninguna manera el contenido de la resolución, ni pretende usar a esta Sala como una tercera instancia penal (o segunda), sino que funja como contralor de las garantías constitucionales al debido proceso, a su derecho de defensa y a su derecho a ser oída, garantías que fueron atropelladas en la causa penal que se sigue en su contra. Reitera que no solo no se le nombró una defensa técnica para que se pudiera defender en el proceso, sino que también se le negó la posibilidad de ser oída para materializar su derecho de defensa.  Solicita la intervención de la Sala en el presente asunto.\n\n                          2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.\n\n                 Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,\n\nConsiderando:\n\n                 I.- CASO CONCRETO. La recurrente cuestiona la medida cautelar adoptada por el Juzgado Penal de Pavas dentro del proceso No. [Valor 002], mediante la cual se ordenó el desalojo y derribo de su propiedad y de otras personas, en el cual, a pesar de ser imputados, no se les ha dado audiencia, posibilidad de contar con un defensor, ni ser notificados de tal resolución, ni de otras actuaciones jurisdiccionales. Debe advertirse, de previo, que este Tribunal en el recurso de amparo No. 21-017311-0007-CO planteado por la misma recurrente a favor suyo y de todas las personas que ocupan el “Precario La Bendición 1 y 2”, fue rechazado de plano por sentencia No. 2021-020167 de las 10:05 horas del 7 de setiembre de 2021, por cuanto no le compete a este Tribunal, vía amparo, revisar actuaciones jurisdiccionales. En dicha oportunidad, se le indicó lo siguiente:\n\n          \n           \"(...) I.- CASO CONCRETO. Las recurrentes acuden a esta Sala en contra de la resolución que ordena el desalojo del “precario La Bendición 1 y 2”, ubicados en Rincón Grande de Pavas, emitida por el Juzgado Penal de Pavas. Al respecto, se debe indicar que las resoluciones o actuaciones que se estiman contrarias al Derecho de la Constitución provienen de un órgano del Poder Judicial en ejercicio de su función jurisdiccional. Por ello, es improcedente que esta Sala se pronuncie sobre los extremos alegados en el recurso, toda vez que, conforme al artículo 30, inciso b), de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, esos actos no están sometidos al control de constitucionalidad por la vía del amparo. Consiguientemente, los agravios y pretensiones que sirven de sustento a este recurso deberán ser planteados a través de las vías de legalidad ordinarias establecidas para tales efectos. En consecuencia, el recurso es inadmisible y así se declara. (...)”.\n\nA partir de lo anterior, se observa que la pretensión que esboza la amparada en este nuevo proceso está referida al mismo proceso penal y a las actuaciones que motivan la orden judicial de desalojo y de derribo, que ya fue analizada y resuelta por este Tribunal. En consecuencia, lo procedente es que se esté a lo resuelto en dicho pronunciamiento.  \n\n                 II.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE . Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\n Por tanto:\n\n           Estese la recurrente a lo resuelto por esta Sala en la sentencia No. 2021-020167 de las 10:05 horas del 7 de setiembre de 2021.\n\n\n  \n \n\t\nFernando Castillo V.\nPresidente\n\t\n \n\n\nPaul Rueda L.\n\t\n \n\t\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\nJorge Araya G.\n\t\n \n\t\nAnamari Garro V.\n\n\nMarta Eugenia Esquivel R.\n\t\n \n\t\nMauricio Chacón J.\n\n\n\n\nDocumento Firmado Digitalmente\n-- Código verificador --\n*PUAJDCKQQKW61*\n PUAJDCKQQKW61\nEXPEDIENTE N° 21-019213-0007-CO\n\n\n\n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 09-05-2026 04:01:13.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "CONSTITUTIONAL CHAMBER\n\nResolution No. 22324 - 2021\n\nDate of Resolution: 05 October 2021 at 11:30\n\nExpediente: 21-019213-0007-CO\n\nDrafted by: Fernando Castillo Víquez\n\nType of matter: Amparo appeal\n\nAnalyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER\n\n\nJudgment with protected data, in accordance with current regulations\n\n\nText of the resolution\n\n*210192130007CO*\n\nEXPEDIENTE: N° 21-019213-0007-CO\n\nPROCEEDING: AMPARO APPEAL\n\nRESOLUTION: Nº 2021022324\n\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at eleven hours thirty minutes on the fifth of October two thousand twenty-one.\n\nAmparo appeal filed by [Name 001], identity card [Value 001], against the DEPUTY ENVIRONMENTAL PROSECUTOR'S OFFICE AND THE CRIMINAL COURT, BOTH OF THE SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ.\n\nWhereas:\n\n1.- By brief received in the Secretariat of the Chamber, on 28 September 2021, the appellant files an amparo appeal against the DEPUTY ENVIRONMENTAL PROSECUTOR'S OFFICE AND THE CRIMINAL COURT, BOTH OF THE SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ. She states that criminal case [Value 002] is being pursued against her, for the alleged crime of invasion of a protection area, in the Criminal Court of Pavas. She reports that the Deputy Agrarian Environmental Prosecutor's Office of the Second Judicial Circuit of San José identified under this case 26 accused persons as possible perpetrators of that crime, from whom identification data were taken on various dates in the months of September and October 2019. She indicates that she was identified as an accused person in the following manner: “a. [Name 001] - preliminary data collection at 13:48h on 07/October/2019, visible at folio 68, I indicated on that occasion my cell phone as a means of communication and my domicile as a means of notification.” On that occasion, she was not advised of the charges being brought against her, nor was she offered public defense or the possibility of appointing a lawyer of her own choosing; only identification data were taken from her and she was told that an investigation was being pursued against her for the indicated crime. However, despite her status as an accused person, she was not provided with all procedural guarantees. By 2 October 2019, the Public Prosecutor's Office had already taken her data, had in its records the validly provided means of notification, and, according to the expert reports DCF 2019-00487-ING and the statements submitted by SINAC officials, she was already considered and had been individualized as a presumed perpetrator (along with others) of the crime she is charged with. Despite the foregoing, no defense counsel was appointed for her, she was not granted the right to be heard, and neither she nor the others were notified of the jurisdictional actions being carried out in the criminal proceeding pursued against her, thereby emptying the constitutional guarantees of due process that must govern criminal proceedings of their content, leaving them in a state of absolute defenselessness. She points out that, after having been individualized by the Public Prosecutor's Office, on 11 March 2021, it requested a precautionary measure of a temporary nature, ordering her eviction and the destruction of her dwelling. She indicates that, regarding said request from the Public Prosecutor's Office, the Criminal Court did not grant a hearing to any of the accused persons in the case. That is, it processed a precautionary measure by hearing only the party requesting it. On 30 March 2021, the Criminal Court of Pavas, by resolution of 13:11 hours on 30 March 2021, granted the precautionary measure requested by the prosecutor and ordered the eviction and demolition of the constructions on 11 October 2021, without granting a hearing to any of the accused persons or possible parties affected by the measure. They were not even notified of that resolution; it was only notified to the Agrarian Environmental Prosecutor's Office, the Social Protection Board, and SINAC. She states that she does not question in any way the content of the resolution, nor does she intend to use this Chamber as a third criminal instance (or second instance), but rather that it act as controller of the constitutional guarantees of due process, her right to defense, and her right to be heard, guarantees that were violated in the criminal case being pursued against her. She reiterates that not only was no technical defense appointed for her so that she could defend herself in the proceeding, but she was also denied the possibility of being heard to materialize her right to defense. She requests the intervention of the Chamber in the present matter.\n\n2.- Article 9 of the Law of Constitutional Jurisdiction empowers the Chamber to reject outright or on the merits, at any time, even from its presentation, any petition brought to its attention that proves to be manifestly improper, or when it considers that there are sufficient elements of judgment to reject it, or that it is the simple reiteration or reproduction of an earlier equal or similar rejected petition.\n\nDrafted by Magistrate Castillo Víquez; and,\n\nConsidering:\n\nI.- SPECIFIC CASE. The appellant questions the precautionary measure adopted by the Criminal Court of Pavas within proceeding No. [Value 002], by which the eviction and demolition of her property and that of other persons was ordered, in which, despite being accused persons, they have not been granted a hearing, the possibility of having a defense counsel, nor been notified of such resolution, nor of other jurisdictional actions. It must be noted, beforehand, that this Tribunal, in amparo appeal No. 21-017311-0007-CO filed by the same appellant on behalf of herself and all the persons occupying “Precario La Bendición 1 y 2”, rejected it outright by judgment No. 2021-020167 of 10:05 hours on 7 September 2021, since it is not the competence of this Tribunal, via amparo, to review jurisdictional actions. On that occasion, the following was indicated:\n\n\"(...) I.- SPECIFIC CASE. The appellants come to this Chamber against the resolution ordering the eviction of “precario La Bendición 1 y 2”, located in Rincón Grande de Pavas, issued by the Criminal Court of Pavas. In this regard, it must be indicated that the resolutions or actions deemed contrary to the Law of the Constitution originate from an organ of the Judicial Branch in the exercise of its jurisdictional function. Therefore, it is improper for this Chamber to rule on the extremes alleged in the appeal, given that, pursuant to article 30, subsection b), of the Law of Constitutional Jurisdiction, those acts are not subject to constitutionality control via amparo. Consequently, the grievances and claims that serve as the basis for this appeal must be raised through the ordinary legal channels established for such purposes. Consequently, the appeal is inadmissible, and so it is declared. (...)”.\n\nBased on the foregoing, it is observed that the claim outlined by the amparo petitioner in this new proceeding refers to the same criminal proceeding and to the actions motivating the judicial order of eviction and demolition, which has already been analyzed and resolved by this Tribunal. Consequently, the appropriate course is to abide by what was resolved in said pronouncement.\n\nII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE EXPEDIENTE. The parties are warned that if any paper document has been provided, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not removed within this period will be destroyed, as provided in the \"Regulations on the Electronic Expediente before the Judicial Branch\", approved by the Full Court in session N° 27-11 of 22 August 2011, article XXVI and published in Judicial Bulletin number 19 of 26 January 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in session N° 43-12 held on 3 May 2012, article LXXXI.\n\nTherefore:\n\nThe appellant shall abide by what was resolved by this Chamber in judgment No. 2021-020167 of 10:05 hours on 7 September 2021.\n\n\n\nFernando Castillo V.\nPresident\n\n\nPaul Rueda L.\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G.\nAnamari Garro V.\n\nMarta Eugenia Esquivel R.\nMauricio Chacón J.\n\n\nDigitally Signed Document\n-- Verification code --\n*PUAJDCKQQKW61*\nPUAJDCKQQKW61\nEXPEDIENTE N° 21-019213-0007-CO\n\n\nTelephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.South of the Perpetuo Socorro church). Reception of matters from vulnerable groups: Supreme Court of Justice Building, San José, Catedral District, González Lahmann Neighborhood, streets 19 and 21, avenues 8 and 6\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 09-05-2026 04:01:13.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
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