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  "id": "nexus-sen-1-0007-1058168",
  "citation": "Res. 24315-2021 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Amparo contra ASADA por certificación de pozo",
  "title_en": "Amparo against ASADA over well certification",
  "summary_es": "La Sala Constitucional analiza un recurso de amparo interpuesto contra una ASADA por negarse a emitir una certificación sobre el estado de un pozo, necesaria para tramitar un permiso de uso de suelo ante la municipalidad. El recurrente alega que el pozo colindante con su propiedad no cumple con los retiros exigidos por la Ley de Aguas y, por tanto, no está en funcionamiento. La ASADA, por su parte, sostiene que el pozo se encuentra en proceso de registro y concesión ante la Dirección de Aguas, y que existe normativa que permite reducir el retiro mediante estudios técnicos. La Sala declara sin lugar el recurso, al determinar que la pretensión implica cuestiones de mera legalidad ordinaria que deben ser resueltas por las vías administrativas o jurisdiccionales comunes, sin que exista una violación directa a derechos fundamentales que justifique la intervención de la jurisdicción constitucional.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber reviews an amparo action filed against a rural water board (ASADA) for refusing to issue a certification about the status of a well, needed to obtain a land-use permit from the municipality. The claimant argues that the well adjacent to his property does not comply with the setback required by the Water Law and therefore is not operational. The ASADA contends that the well is in the process of registration and concession before the Water Directorate, and that regulations allow for a reduced setback upon technical studies. The Chamber denies the amparo, finding that the claim involves ordinary legality issues that must be resolved through ordinary administrative or judicial channels, and that no direct violation of fundamental rights warrants the intervention of the constitutional jurisdiction.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "29/10/2021",
  "year": "2021",
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    "ASADA",
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    "Ley de Aguas",
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    "Water Law",
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  "excerpt_es": "Así las cosas, el accionante acude ante esta jurisdicción a solicitar que se le ordene a la autoridad recurrida que emita la certificación que requiere; sin embargo, lo pretendido constituye un aspecto de legalidad ordinaria que deberá plantear ante las instancias administrativas o jurisdiccionales comunes competentes. En tal sentido, no le compete a este Tribunal determinar si el pozo en cuestión se encuentra o no en funcionamiento, a los efectos del trámite que desea llevar a cabo el amparado. Tampoco le corresponde a esta Sala revisar si el tutelado cumple o no con los requisitos legales para que se le otorgue un permiso de uso de suelo. Todos estos extremos el accionante podrá plantearlos, si a bien lo tiene, ante las instancias comunes competentes, sedes en las que se resolverá lo que en derecho corresponda.\n\nEn virtud de lo expuesto, en los términos planteados por el amparado, lo correspondiente es declarar sin lugar el recurso",
  "excerpt_en": "Thus, the claimant comes before this jurisdiction requesting that the respondent authority be ordered to issue the certification he requires; however, what is sought constitutes an ordinary legality matter that must be raised before the competent ordinary administrative or judicial bodies. In this sense, it is not for this Court to determine whether the well in question is operational or not, for the purposes of the procedure the petitioner wishes to carry out. Nor is it for this Chamber to review whether the petitioner meets the legal requirements for being granted a land-use permit. All these aspects may be raised by the claimant, if he deems it appropriate, before the competent ordinary bodies, where what is lawful will be decided.\n\nBy virtue of the above, in the terms raised by the petitioner, the appropriate course is to dismiss the amparo.",
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    "label_en": "Denied",
    "label_es": "Sin lugar",
    "summary_en": "The Constitutional Chamber denies the amparo, finding that the ASADA's refusal to issue a certification about the well's status is a matter of ordinary legality that must be resolved through ordinary channels.",
    "summary_es": "La Sala Constitucional declara sin lugar el recurso de amparo, al considerar que la negativa de la ASADA a emitir una certificación sobre el estado del pozo constituye un asunto de legalidad ordinaria que debe ser resuelto por las vías comunes."
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 24315 - 2021\n\nFecha de la Resolución: 29 de Octubre del 2021 a las 09:20\n\nExpediente: 21-020065-0007-CO\n\nRedactado por: Paul Rueda Leal\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\nSentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n*210200650007CO*\n\nExp: 21-020065-0007-CO\n\nRes. Nº 2021024315\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veintinueve de octubre de dos mil veintiuno .\n\n \n\nRecurso de amparo que se tramita en expediente n.° 21-020065-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA ACUEDUCTO DE CHAMBACÚ, LA ORQUÍDEA.\n\nResultando:\n\n \n\n1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 15:26 horas del 7 de octubre de 2021, el accionante interpone recurso de amparo.  Indica que el 12 de noviembre de 2020 la asociación recurrida le otorgó el permiso para optar por la disponibilidad de agua (paja), con el propósito de tramitar el bono de vivienda. Añade que es esposo y padre de dos hijos, uno con condición especial de salud. Explica que, pese a lo anterior, existe un pozo que colinda con su propiedad el cual pertenece a la asociación recurrida. Aclara que tal pozo no se encuentra en funcionamiento porque la Ley de Aguas prohíbe las construcciones cerca y colindantes con el mismo. Señala que por lo expuesto y con el objeto que la municipalidad le otorgue el permiso de uso de suelo, le ha solicitado a la ASADA recurrida que le extienda la respectiva certificación que indique que el pozo no está en funcionamiento porque no cumple con los requisitos legales. Sostiene que la ASADA recurrida se niega, limitando su derecho a tener vivienda digna. Reitera que la negativa de la ASADA recurrida le impide continuar con los permisos de construcción municipales y, demás trámites requeridos para el bono de vivienda. Expresa que la Municipalidad de San Carlos, por medio del informe n.° MSCAM-GA-0216-2021 del 17 de mayo de 2021, detalló las opciones que tiene la ASADA, de previo a otorgarle el uso de suelo para construir la vivienda. Asevera que la ASADA insiste en su negativa aduciendo que \"tienen la solicitud de inscripción de pozos desde hace varios meses atrás \". Refuta tal argumento, toda vez que el pozo no puede nacer a la vía jurídica sin violentar la Ley de Aguas, por haber sido construido cerca de casas de habitación colindantes.\n2.- Mediante resolución de la Presidencia de la Sala de las 16:18 horas del 13 de octubre de 2021, se dio curso al proceso y se le concedió traslado a Rigoberto Marín Céspedes, cédula de identidad 501920111, en calidad de representante legal de la Asociación Administradora del Acueducto Chambacú, La Orquídea.\n3.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 12:02 horas del 20 de octubre de 2021, rinde informe Rigoberto Marín Céspedes, en su condición de presidente de la Asociación Administradora del Acueducto Chambacú, La Orquídea. Manifiesta: “Hechos reales sobre por los que la ASADA recurrida deniega la solicitud del señor [Nombre 001], efectivamente la Asada es dueña de la finca inscrita en el Registro Nacional partido de Alajuela folio real 547545-000, donde se ubica un pozo y que colinda con la propiedad del señor [Nombre 001] , ambas fincas la que hoy pertenece al Señor [Nombre 001] y la de la Asada, pertenecían a la familia del señor [Nombre 001] y ellos son conocedores de que esta Asada tiene un pozo en dicha propiedad, pozo que existe desde el año 2008, y el A y A, oficina Regional Huetar Norte, conoce de su existencia y la urgente necesidad que tiene el Acueducto por contar con el Recurso Hídrico para el Consumo Humano, y es por medio del Decreto 41851 MP-MINAE-MAG, que la Asada recurrida inició el trámite respectivo para su inscripción desde el año 2019, dicha gestión es tramitada bajo el expediente [Valor 002] de la Dirección de Aguas, en el trámite de Amnistía para inscripción de los Pozos, extrañamente la familia [Nombre 001] después de vender el lote a la Asada empezó a lotificar, vender y donar lotes cercanos al pozo, no sabemos con qué intención, pero lo que se sabe certeramente es que toda la comunidad y el vendedor de la propiedad a la Asada y su familia sabían cual (sic) era la utilidad que se la daba de dicho inmueble por nuestra parte, el trámite de inscripción de ese pozo se encuentra en trámite para que la dirección de Aguas autorice el aprovechamiento de 5 litros de agua/ segundo, siendo dicho caudal indispensable para el buen funcionamiento del Acueducto y beneficio de los usuarios de las comunidad que integran este Acueducto, sean Chambacú, La Orquidea, La Tigra, Colonia Paris, todas de Monterrey, San Bosco, San Martín, Juanilama, Esperanza, todas de Pocosol, Porvenir, La Lucha, San Isidro, Pueblo Nuevo de Los Chiles, un total de 836 abonados; pero no es cierto que dicho pozo no esta (sic) funcionando por no cumplir con la Ley de Aguas, tal y como lo dice erróneamente el recurrente, si bien es cierto el artículo 8 de la Ley de Aguas pido un retiro de 40 metros, lo cierto es que con el DECRETO 35884 MINAE, en su articulo (sic) 13, que reza en su segundo Párrafo,.- “La distancia de retiro puede ser menor si se aporta por parte del gestionante estudio técnico de tránsito de contaminantes donde se sustente tener certeza de la inocuidad de las actividades desarrolladas para con el acuífero. Corresponde a la Dirección de Agua del MINAET (sic) definir esta distancia de retiro, conforme el estudio presentado. El estudio debe venir en original y copia, debidamente firmados por el profesional responsable en la materia que esté debidamente incorporado al colegio profesional respectivo.”; por lo cual no lleva razón el señor [Nombre 001] en su recurso, ya que con fundamento en estos decretos se puede optar al aprovechamiento de pozo; la Asada esta (sic )realizando todas las gestiones pertinentes para ponerse a derecho y explotar el pozo con los permisos respectivos, no es que no valla a utilizar el pozo o que el mismo no cumpla con las disposiciones de ley, lo que ha sucedido es que la gestión esta (sic) en trámite y por consiguiente no se ha iniciado la explotación del pozo, reiteramos lo cierto es que la ASADA esta (sic) a la espera de que se le otorgue el permiso y concesión correspondientes, dicha gestión se encuentra en trámite bajo el expediente [Valor 002] , desde el año 2019, mucho tiempo antes de que el señor [Nombre 001] adquiriera la propiedad y en todo momento él y su familia eran conocedores de la existencia del pozo en el lote colindante, a la fecha ya la asada ha cumplido con las publicaciones de edictos y demás requisitos de ley, únicamente se encuentra a la espera de cualquier gestión adicional que solicite la Dirección de Aguas y que emite la resolución final de la concesión, tomándose en cuenta que el Agua a captar y aprovechar es para CONSUMO HUMANO, en beneficio de una colectividad del Acueducto local. No puede la Asada emitir la certificación que solicita el recurrente porque no es cierto su argumento, en todo momento y la intención de la Organización del Acueducto es poder obtener la concesión respectiva y poder explotar el pozo, y así se lo ha hecho ver al señor [Nombre 001] en las respuestas a sus gestiones ante el Acueducto, (ver respuestas de correos y oficios), nunca la Asada ha tenido como opción dejar abandonada tal inversión, tómese en cuenta que el pozo se hizo desde año 2008, con la benevolencia de oficina del A y A Regional y se invirtieron recurso públicos para la confección del mismo, y es de urgente necesidad poder aprovechar ese recurso para dar un bien servicio a los muchas comunidades y usuarios que integran el Acueducto. Esto es lo conozco de mi parte y de mi representada, las gestiones realizadas por el recurrente ante la Municipalidad de San Carlos y entes tramitadores del Bono de Vivienda las desconozco y no me constan. CONSIDERACIONES PRELIMINARES DE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO El artículo 38 de Ley de la Jurisdicción Constitucional, establece que todo Recurso de Amparo debe detallarse, con claridad el hecho o la omisión que lo motiva, el derecho que se considera violado o amenazado, el nombre del Servidor Público o del órgano autor de la amenaza o agravio y la prueba de carga. Esta ASADA, ha actuado a derecho realizando las gestiones permitidos por Ley para la inscripción del pozo y las mismas se encuentran en tramite,(sic) y la normativa legal vigente permite y da la posibilidad de inscripción de pozos con retiros inferiores, según los decretos señalados y en los que se fundamenta la gestión por ellos realizada, por lo que en el presente caso no existe omisión o agravio por parte de mi representada la Asada y mi persona como representante legal, hemos actuado apegados al cumpliendo de lo ordenado en nuestro sistema de derecho y no podría emitir certificación sobre hechos falsos, solamente para beneficiar a un ciudadano y perjudicar los intereses de la colectividad. SUPUESTAS VIOLACIONES ALEGADAS Alega el recurrente que por lo expuesto y con el objeto que la Municipalidad le otorgue el permiso de uso de suelo, le ha solicita a la ASADA recurrida que le extienda la respectiva certificación que indique que el pozo no está en funcionamiento porque no cumple con los requisitos de legales, sin embargo la ASADA recurrida se niega, limitando su derecho a tener vivienda digna. Reitera que la negativa de la ASADA recurrida le impide continuar con los permisos de construcción Municipales y demás trámites requeridos para el bono de vivienda. Careciendo de veracidad su argumentación de que el pozo no funciona por no cumplir con los requisitos de Ley, ya que como se ha indicado líneas antes existes decretos que abren la posibilidad de la inscripción de pozos, sin los retiros establecidos en la Ley de aguas y por las amnistías que favorecen a usuarios de este tipo de captaciones. CONCLUSIONES FINALES La ASADA, como ente privado que administra un servicio público en este caso el Recurso Hídrico, que presta servicio de agua potable a una serie de comunidades Rurales de la Zona Norte, tiene como orden primordial y primer objetivo cumplir con el derecho constitucional del Agua potable para todos los Ciudadanos, es por ello que a través del tiempo ha buscado por todos los medios contar con el preciado líquido para abastecer a todos sus abonados, como se dijo desde el año 2008, confeccionó un pozo para captar el agua y con eso tener un mayor caudal de dicho líquido, para ese momento los criterios que utilizaba la Regional del A y A para confección de pozos no eran iguales a los que actualmente rigen, por consiguiente una vez que los entes estatales vinculados solicitaron la legalidad del aprovechamiento, el Acueducto inicio todas las Gestiones pertinente para operar a derecho, y en el año 2019 con fundamento en el DECRETO 41851 MP MINAEMAG, AMNISTIA PARA LA INSCRIPCION DE POZOS, dio inicio a los trámites pertinentes para optar por la concesión, lo cual se realiza mediante el EXPEDIENTE [Valor 002], de la Dirección de Aguas, y bajo este criterio es que le ha manifestado en reiteradas ocasiones al señor [Nombre 001] , que no pude emitir la Certificación que él pretende de que el pozo no está en funcionamiento, la gestión aún se encuentra en tramitología en la Dirección de Aguas a la espera de la resolución final y con la intención de que se le permita el aprovechamiento de 5 litros de agua/segundo. El recurrente es el Hijo del representante legal de la Sociedad y la persona que vendió el lote a la Asada y es conocedor certero de la existencia del Pozo, la asada adquirió el lote por la existencia del pozo, y el señor [Nombre 001] al adquirir su lote en agosto del 2020, era sabedor de la existencia del mismo, después de que inclusive la Asada ya estuviera iniciado la gestión de la concesión la cual inicio a finales del 2019, para el momento de que el señor [Nombre 001] confeccionara el plano y adquiere el lote sabe perfectamente de la existencia del pozo y que eso será de inconveniente para sus intereses, no puede venir a reclamar ahora un perjuicio de nuestra parte, ya que las obras de la Asada están mucho antes de nacer su derecho de propiedad, y aún siendo sabedor de los inconvenientes existes al adquiere el lote, no puede venir a beneficiarse de su propio dolo. No existe impedimento legal para que se puede inscribir el pozo, toda vez que la misma ley por medio del artículo 13 del Decreto 35884 Minae, lo permite y hable la posibilidad de que el retiro sea inferior al establecido en el artículo 8 de la Ley de Aguas, por lo tanto y con base en lo anterior, no existe a la fecha impedimento para nacer a la vía jurídica el pozo y la concesión a favor de este Acueducto, ya que existe la facultad de reducir el retiro del artículo 8 de Ley de Aguas, y no puede la Asada emitir la certificación que pretende el Recurrente [Nombre 001], porque violentaría sus propios intereses y no serían hechos ciertos, por que la intención de la Asada es aprovechar el agua que se capte de pozo, la negativa de nuestro acueducto se basa en hechos ciertos y reales que benefician a una colectividad a en protección de un derecho Constitucional. PETITORIA Con base en los hechos narrados y el fundamento de derecho, solicitamos que la honorable Sala Constitucional declara sin lugar el presente Recurso, ya que el actuar de la ASADA esta (sic) a derecho y su gestión de obtener la concesión en trámite y no incumple ninguna disposición legal para su denegación; por ser el recurrente conocedor del impedimento que existía en su lote para la construcción de una vivienda de bono, debe rechazarse el presente Recurso. Que se condene al Recurrente al pago de los daños y perjuicios, por existir mala fé (sic) de su parte ya que a la fecha de la adquisición de su lote, ya la gestión administrativa del permiso de inscripción de Pozo, por decreto de amnistía ya existía, al igual que el pozo y es de pleno conocimiento de todos los vecinos”.\n4.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.\n\n  Redacta el Magistrado Salazar Murillo ; y,\n\nConsiderando:\n\n \n\nI.- CUESTIÓN PREVIA. Tratándose de recursos de amparo dirigidos contra sujetos privados, previo al análisis de fondo acerca de la violación constitucional alegada, debe examinarse si, en la especie, se está o no ante alguno de los supuestos que hacen admisible tal recurso, y, en caso afirmativo, dilucidar si es o no admisible. Indica la Ley de la Jurisdicción Constitucional en el artículo 57 que procede el recurso de amparo contra las acciones u omisiones de sujetos de derecho privado, cuando estos actúen o deban actuar en ejercicio de funciones o potestades públicas, o se encuentren, de derecho o de hecho, en una posición de poder frente a la cual los remedios jurisdiccionales comunes resulten claramente insuficientes o tardíos para garantizar los derechos o libertades fundamentales a que se refiere el artículo 2, inciso a) de la misma Ley. En la especie, de ser ciertos los reclamos de la parte tutelada, la recurrida podría estar en una situación de poder, frente a la cual los remedios jurisdiccionales comunes podrían resultar insuficientes para tutelar los derechos fundamentales de los amparados, motivo por el cual, el recurso se debe admitir para su análisis por parte de este Tribunal.\n\nII.- OBJETO DEL RECURSO. El accionante indica que el 12 de noviembre de 2020 la asociación recurrida le otorgó el permiso para optar por la disponibilidad de agua (paja), con el propósito de tramitar el bono de vivienda. Explica que existe un pozo que colinda con su propiedad el cual pertenece a la asociación recurrida. Aclara que tal pozo no se encuentra en funcionamiento porque la Ley de Aguas prohíbe las construcciones cerca y colindantes con el mismo. Señala que con el objeto de que la municipalidad le otorgue el permiso de uso de suelo, le ha solicitado a la ASADA recurrida que le extienda la respectiva certificación que indique que el pozo no está en funcionamiento porque no cumple con los requisitos legales. Sostiene que la ASADA recurrida se niega a extenderle tal certificación, lo que le impide continuar con los permisos de construcción municipales y demás trámites requeridos para el bono de vivienda.\n\nIII.-HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:\na)     La ASADA Chambacú-La Orquídea es propietaria de la finca n.° 547545 de la provincia de Alajuela, en la que se ubica un pozo que colinda con la propiedad del recurrente. (Contestación de la ASADA accionada y prueba documental).\nb)    La ASADA recurrida tramita el permiso de registro y funcionamiento del pozo que se ubica en la finca n.° 547545 de la provincia de Alajuela, y el 21 de octubre de 2020, en la Gaceta n.° 255, se publicó el edicto ED-1026-2020, en el que se indicó: “(…) [Valor 005]. [Valor 002] .- De conformidad con Decreto 41851-MP-MINAE-MAG, Asociación Administrativa del Acueducto Chambacú La Orquídea, solicita el registro de un pozo sin número perforado en su propiedad y la consiguiente concesión de aprovechamiento de agua en cantidad de 5 litros por segundo en Monterrey (San Carlos), San Carlos, Alajuela, para uso consumo humano poblacional. Coordenadas 281.423/468.536 hoja Monterrey. Otro pozo de agua en cantidad de 6 litros por segundo en Monterrey (San Carlos), San Carlos, Alajuela, para uso consumo humano poblacional. Coordenadas 286.918/468.685 hoja Monterrey. Quienes se consideren lesionados, deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera publicación (…)”. (Contestación de la ASADA recurrida y prueba documental).\nc)     El 12 de noviembre de 2020, la ASADA accionada extendió un documento en el que indicó: “ (…) Por medio de la presente, la Asociación Administrativa del Acueducto Chambacú- La Orquídea hace constar que el Señor [Nombre 001] cedula (sic) de identidad [Valor 004], Plano 2-2198418-2020 Folio real 2160279-000 con un área 299 m2, vecino de la comunidad los cedros distrito 12 Monterrey, cantón 10 San Carlos, provincia 02 Alajuela, cuenta con disponibilidad de agua para 1 paja. Esté (sic) documento es para trámite de bono (…)”. (Prueba documental).\nd)    El gestor ambiental de la Municipalidad de San Carlos, por medio del oficio n.° MSCAM-GA-0216-2021 del 17 de mayo de 2021, dirigido al tutelado, indicó: “(…) En respuesta a solicitud vía correo electrónico, donde se solicita se procede a solicitar inspección con el fin de verificar si el plano Catastro A_2198418_2020 se encuentra o no afectado por el área de protección de naciente o pozo y de estar afectado, ver las posibles opciones de solución (…) Por tanto: El plano A_2198418_2020 , se encuentra afectado, por el Artículo 8° LEY de AGUAS. El Visado o Alineamiento Fluvial a una Naciente Captada corresponde a la entidad que esté administrando el recurso hídrico, la Asociación Administradora de los Sistemas de Acueductos y Alcantarillas (ASADA), como es en el presente caso, o en su defecto al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (…) En cuanto a las opciones que se pueden generar para dar por valido (sic) el uso del suelo, es mediante una nota de la ASADA indicando su disposición a dar el visto bueno (…) La otra opción es mediante un tránsito de contaminantes el cual es un estudio que permite garantizar la protección de la calidad del agua subterránea, que se refiere a la determinación del tiempo de tránsito de las aguas provenientes de tanques sépticos hacia mantos u aguas subterráneas. Midiendo factores como la porosidad del suelo, la conductividad hidráulica y dirección de flujo de líquido (SENARA, 2017). Este estudio debe proporcionar e indicar un nuevo radio de protección para el pozo (…)”. (Ver prueba documental).\ne)     En fecha indeterminada, el recurrente planteó una gestión ante la ASADA recurrida, a efecto de que emitiera una certificación en la que se indique que la ASADA no tienen inconveniente en que se construyan viviendas aledañas a un pozo perforado. (Hecho incontrovertido).\nf)      A las 12:55 horas del 17 de mayo de 2021, la ASADA recurrida remitió un correo electrónico al recurrente, en el que indicó: “(…) le informamos que hemos recibido su nota en la cual nos hace la solicitud de que le demos una nota la cual la Asada no tiene inconveniente en que se construyan viviendas aledañas al pozo perforado queremos indicarle al respecto que no podemos ceder a su solicitud porque hace mucho tiempo se presentaron las solicitudes de inscripción de los pozos así como el resto de la tramitología respectiva por lo tanto eso ya está a nivel institucional ya no depende tanto de nosotros. Por otro lado es importante aclarar que en la mención que usted nos hace sobre la disponibilidad emitida por la Asada la cual fue solo para la tramitación del plano ante la municipalidad y no para el trámite de bono (…)”. (Prueba documental).\ng)    A las 13:20 horas del 17 de mayo de 2021, el recurrente envió un correo electrónico a la ASADA recurrida, en el que manifestó: “(…) No concuerdo. Adjunto carta de disponibilidad de 1 paja para tramite (sic) de bono. No comprendo por qué la negación. En este momento mi lote está siendo afectado por un pozo en la propiedad del (sic) la ASADA, por el Art 8 de la Ley de Aguas, el mismo que incumple el pozo al no respetar el distanciamiento de los 40 m de edificios ajenos, de ferrocarril o carretera… Sin ahondar mucho en la ley, sin querer entrar en discusiones leales, no comprendo el impedimento de construir cuando ya existe una vivienda en el otro lado costado. Si consideran que para resguardar el pozo, debe condicionarse a que el pozo sea sellado y/o que las aguas descarguen lejos del pozo, lo pueden solicitar, y no hay problema. Solo me es fuera de cualquier entendimiento, si hay una casa en un punto A, a un costado del pozo (…) por qué no puede haber una casa B al otro costado, cuando hay un margen de condicionar el tema de aguas negras y grises con sistemas que ayuden a la conservación del pozo.”. (Prueba documental).\nh)    El 20 de mayo de 2021, mediante correo electrónico dirigido a la ASADA recurrida, con copia a las cuentas electrónicas josehz@munisc.go.cr e info-orachn@aya.go.cr , el accionante planteó una impugnación ante la ASADA recurrida, en la que indicó: “(...) aprovecho la oportunidad para saludarles, y a su vez hacerles llegar mi solicitud de reconsideración con respecto a su posición sobre colaborarme con el documento requerido para obtener visto bueno del uso de suelos para construcción de vivienda por parte de la Municipalidad de San Carlos. Según indica el oficio MSCAM-GA-0216-2021, con fecha 17 de mayo, emitido por parte del ing. José Eduardo Herrera Zamora del Departamento de Gestión Ambiental de la Municipalidad de San Carlos, en su penúltimo párrafo, cita textualmente “En cuanto a las opciones que se pueden generar para dar por valido (sic) el uso del suelo, es mediante una nota de la ASADA indicando su disposición a dar el visto bueno (…)”. Entendiendo lo anterior, aunado a las cartas de disponibilidad de agua para visado y trámite de bono emitido por la ASADA, no considero que eso signifique algún tipo de problema o que repercuta en alguna afectación hacia la ASADA, ya que no estaría cambiando el fin último de mi propiedad (…) Mi único interés es poder construir una vivienda en mi propiedad colindante, a un costado, con el lote donde se encuentra el pozo, de la misma forma existe un vivienda al costado opuesto. Mi ansiada vivienda tendría la misma distancia de retiro que dicha vivienda existente. (…)”. (Prueba documental).\ni)      El 21 de mayo de 2021, desde la cuenta josehz@munisc.go.cr , se envió un correo electrónico al amparado, en el que se indicó: “(…) Como es de su conocimiento la Municipalidad de San Carlos se rige por el principio de legalidad, nosotros de nuestra parte hasta no tener un panorama claro de las instituciones competentes no podemos otorgar una resolución de uso de suelo a favor. Su persona explica en este oficio, que existe una supuesta violación a lo que indica el artículo 8 de la ley de aguas en cuanto a la creación y perforación del pozo, sin cumplir con lo estipulado en este cuerpo legal, sin embargo, nosotros no somos la institución competente para determinar si existe o no una ilegalidad en el otorgamiento y funcionamiento de este pozo. Siendo en este caso responsable el AYA y la Dirección de Aguas. Por lo que su persona, podrá solicitar a las instituciones competente, si se respetó o no el debido proceso y si existe o no infracción al artículo 8 de la ley de aguas. De existir esta violación, su persona podrá recurrir a la fiscalía o de igual forma a la Dirección de Aguas para lo que proceda (…)”. (Ver prueba documental)\nj)      A las 11:16 horas del 7 de junio de 2021, la ORAC Huetar Norte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillas, desde la cuenta info-orachn@aya.go.cr envió un correo electrónico al amparado, en el que indicó: “(…) Una vez revisada la documentación adjunta, se visualiza que, a la fecha, está pendiente la respuesta de la ASADA y por ende, siendo respetuosos de lo establecido en el artículo 100 del Reglamento de ASADAS, este instituto no podría intervenir en la emisión del acto administrativo a menos que el ente operador solicite asesoría técnica y legal (…) ”. (Ver prueba documental).\nk)    A las 14:08 horas del 7 de junio de 2021, la ORAC Huetar Norte del ICAA remitió un correo electrónico al amparado, en el que señaló: “(…) Desde la ASADA brindaron una respuesta desde el 17 de mayo lo cual significa que solicitud esta (sic) atendida y el acto se mantiene en firme (…)”. (Ver prueba documental).\n\nIV.- SOBRE EL CASO EN CONCRETO. En el sub lite, el accionante indica que el 12 de noviembre de 2020 la asociación recurrida le otorgó el permiso para optar por la disponibilidad de agua (paja), con el propósito de tramitar el bono de vivienda. Explica que existe un pozo que colinda con su propiedad el cual pertenece a la asociación recurrida. Aclara que tal pozo no se encuentra en funcionamiento porque la Ley de Aguas prohíbe las construcciones cerca y colindantes con el mismo. Señala que con el objeto de que la municipalidad le otorgue el permiso de uso de suelo, le ha solicitado a la ASADA recurrida que le extienda la respectiva certificación que indique que el pozo no está en funcionamiento porque no cumple con los requisitos legales. Sostiene que la ASADA recurrida se niega a extenderle tal certificación, lo que le impide continuar con los permisos de construcción municipales y demás trámites requeridos para el bono de vivienda.\n\nDel estudio de los autos se tiene por demostrado, que la ASADA Chambacú-La Orquídea es propietaria de la finca n.° 547545 de la provincia de Alajuela, en la que se ubica un pozo que colinda con la propiedad del recurrente. La ASADA recurrida tramita el permiso de registro y funcionamiento del pozo que se ubica en la finca n.° 547545 de la provincia de Alajuela, y el 21 de octubre de 2020, en la Gaceta n.° 255, se publicó el edicto ED-1026-2020, en el que se indicó: “(…) [Valor 005]. [Valor 002].- De conformidad con Decreto 41851-MP-MINAE-MAG, Asociación Administrativa del Acueducto Chambacú La Orquídea, solicita el registro de un pozo sin número perforado en su propiedad y la consiguiente concesión de aprovechamiento de agua en cantidad de 5 litros por segundo en Monterrey (San Carlos), San Carlos, Alajuela, para uso consumo humano poblacional. Coordenadas 281.423/468.536 hoja Monterrey. Otro pozo de agua en cantidad de 6 litros por segundo en Monterrey (San Carlos), San Carlos, Alajuela, para uso consumo humano poblacional. Coordenadas 286.918/468.685 hoja Monterrey. Quienes se consideren lesionados, deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera publicación (…)”. El 12 de noviembre de 2020, la ASADA accionada extendió un documento en el que indicó: “ (…) Por medio de la presente, la Asociación Administrativa del Acueducto Chambacú- La Orquídea hace constar que el Señor [Nombre 001] cedula (sic) de identidad [Valor 004], Plano 2-2198418-2020 Folio real 2160279-000 con un área 299 m2, vecino de la comunidad los cedros distrito 12 Monterrey, cantón 10 San Carlos, provincia 02 Alajuela, cuenta con disponibilidad de agua para 1 paja. Esté (sic) documento es para trámite de bono (…) ”. El gestor ambiental de la Municipalidad de San Carlos, por medio del oficio n.° MSCAM-GA-0216-2021 del 17 de mayo de 2021, dirigido al tutelado, indicó: “(…) En respuesta a solicitud vía correo electrónico, donde se solicita se procede a solicitar inspección con el fin de verificar si el plano Catastro A_2198418_2020 se encuentra o no afectado por el área de protección de naciente o pozo y de estar afectado, ver las posibles opciones de solución (…) Por tanto: El plano A_2198418_2020 , se encuentra afectado, por el Artículo 8° LEY de AGUAS. El Visado o Alineamiento Fluvial a una Naciente Captada corresponde a la entidad que esté administrando el recurso hídrico, la Asociación Administradora de los Sistemas de Acueductos y Alcantarillas (ASADA), como es en el presente caso, o en su defecto al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (…) En cuanto a las opciones que se pueden generar para dar por valido (sic) el uso del suelo, es mediante una nota de la ASADA indicando su disposición a dar el visto bueno (…) La otra opción es mediante un tránsito de contaminantes el cual es un estudio que permite garantizar la protección de la calidad del agua subterránea, que se refiere a la determinación del tiempo de tránsito de las aguas provenientes de tanques sépticos hacia mantos u aguas subterráneas. Midiendo factores como la porosidad del suelo, la conductividad hidráulica y dirección de flujo de líquido (SENARA, 2017). Este estudio debe proporcionar e indicar un nuevo radio de protección para el pozo (…) ”. En fecha indeterminada, el recurrente planteó una gestión ante la ASADA recurrida, a efecto de que emitiera una certificación en la que se indique que la ASADA no tienen inconveniente en que se construyan viviendas aledañas a un pozo perforado. A las 12:55 horas del 17 de mayo de 2021, la ASADA recurrida remitió un correo electrónico al recurrente, en el que indicó: “(…) le informamos que hemos recibido su nota en la cual nos hace la solicitud de que le demos una nota la cual la Asada no tiene inconveniente en que se construyan viviendas aledañas al pozo perforado queremos indicarle al respecto que no podemos ceder a su solicitud porque hace mucho tiempo se presentaron las solicitudes de inscripción de los pozos así como el resto de la tramitología respectiva por lo tanto eso ya está a nivel institucional ya no depende tanto de nosotros. Por otro lado es importante aclarar que en la mención que usted nos hace sobre la disponibilidad emitida por la Asada la cual fue solo para la tramitación del plano ante la municipalidad y no para el trámite de bono (…)”. A las 13:20 horas del 17 de mayo de 2021, el recurrente envió un correo electrónico a la ASADA recurrida, en el que manifestó: “(…) No concuerdo. Adjunto carta de disponibilidad de 1 paja para tramite (sic) de bono. No comprendo por qué la negación. En este momento mi lote está siendo afectado por un pozo en la propiedad del (sic) la ASADA, por el Art 8 de la Ley de Aguas, el mismo que incumple el pozo al no respetar el distanciamiento de los 40 m de edificios ajenos, de ferrocarril o carretera… Sin ahondar mucho en la ley, sin querer entrar en discusiones leales, no comprendo el impedimento de construir cuando ya existe una vivienda en el otro lado costado. Si consideran que para resguardar el pozo, debe condicionarse a que el pozo sea sellado y/o que las aguas descarguen lejos del pozo, lo pueden solicitar, y no hay problema. Solo me es fuera de cualquier entendimiento, si hay una casa en un punto A, a un costado del pozo (…) por qué no puede haber una casa B al otro costado, cuando hay un margen de condicionar el tema de aguas negras y grises con sistemas que ayuden a la conservación del pozo.”. El 20 de mayo de 2021, mediante correo electrónico dirigido a la ASADA recurrida, con copia a las cuentas electrónicas josehz@munisc.go.cr e info-orachn@aya.go.cr, el accionante planteó una impugnación ante la ASADA recurrida, en la que indicó: “(...) aprovecho la oportunidad para saludarles, y a su vez hacerles llegar mi solicitud de reconsideración con respecto a su posición sobre colaborarme con el documento requerido para obtener visto bueno del uso de suelos para construcción de vivienda por parte de la Municipalidad de San Carlos. Según indica el oficio MSCAM-GA-0216-2021, con fecha 17 de mayo, emitido por parte del ing. José Eduardo Herrera Zamora del Departamento de Gestión Ambiental de la Municipalidad de San Carlos, en su penúltimo párrafo, cita textualmente “En cuanto a las opciones que se pueden generar para dar por valido (sic) el uso del suelo, es mediante una nota de la ASADA indicando su disposición a dar el visto bueno (…)”. Entendiendo lo anterior, aunado a las cartas de disponibilidad de agua para visado y trámite de bono emitido por la ASADA, no considero que eso signifique algún tipo de problema o que repercuta en alguna afectación hacia la ASADA, ya que no estaría cambiando el fin último de mi propiedad (…) Mi único interés es poder construir una vivienda en mi propiedad colindante, a un costado, con el lote donde se encuentra el pozo, de la misma forma existe una vivienda al costado opuesto. Mi ansiada vivienda tendría la misma distancia de retiro que dicha vivienda existente. (…) ”. El 21 de mayo de 2021, desde la cuenta josehz@munisc.go.cr, se envió un correo electrónico al amparado, en el que se indicó: “(…) Como es de su conocimiento la Municipalidad de San Carlos se rige por el principio de legalidad, nosotros de nuestra parte hasta no tener un panorama claro de las instituciones competentes no podemos otorgar una resolución de uso de suelo a favor. Su persona explica en este oficio, que existe una supuesta violación a lo que indica el artículo 8 de la ley de aguas en cuanto a la creación y perforación del pozo, sin cumplir con lo estipulado en este cuerpo legal, sin embargo, nosotros no somos la institución competente para determinar si existe o no una ilegalidad en el otorgamiento y funcionamiento de este pozo. Siendo en este caso responsable el AYA y la Dirección de Aguas. Por lo que su persona, podrá solicitar a las instituciones competente, si se respetó o no el debido proceso y si existe o no infracción al artículo 8 de la ley de aguas. De existir esta violación, su persona podrá recurrir a la fiscalía o de igual forma a la Dirección de Aguas para lo que proceda (…) ”. A las 11:16 horas del 7 de junio de 2021, la ORAC Huetar Norte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillas, desde la cuenta info-orachn@aya.go.cr envió un correo electrónico al amparado, en el que indicó: “ (…) Una vez revisada la documentación adjunta, se visualiza que, a la fecha, está pendiente la respuesta de la ASADA y por ende, siendo respetuosos de lo establecido en el artículo 100 del Reglamento de ASADAS, este instituto no podría intervenir en la emisión del acto administrativo a menos que el ente operador solicite asesoría técnica y legal (…)”. A las 14:08 horas del 7 de junio de 2021, la ORAC Huetar Norte del ICAA remitió un correo electrónico al amparado, en el que señaló: “ (…) Desde la ASADA brindaron una respuesta desde el 17 de mayo lo cual significa que solicitud esta (sic) atendida y el acto se mantiene en firme (…)”.\n\nDesde este panorama, no se aprecian situaciones que, a priori, ameriten la injerencia de esta jurisdicción constitucional.\n\nAl respecto, véase que el accionante reclama que la ASADA recurrida se ha negado a emitirle una certificación en la que se indique que el pozo que existe en la propiedad de esa asociación no se encuentra en funcionamiento, para así poder gestionar ante la municipalidad un permiso de uso de suelo para construir una vivienda en el inmueble que colinda con el pozo aludido. No obstante, la autoridad accionada señala que se encuentra en trámite el proceso para el registro y explotación del pozo, por lo que no es posible emitir la certificación en los términos requeridos por el accionante, y tal situación se le ha hecho saber.\n\nAsí las cosas, el accionante acude ante esta jurisdicción a solicitar que se le ordene a la autoridad recurrida que emita la certificación que requiere; sin embargo, lo pretendido constituye un aspecto de legalidad ordinaria que deberá plantear ante las instancias administrativas o jurisdiccionales comunes competentes. En tal sentido, no le compete a este Tribunal determinar si el pozo en cuestión se encuentra o no en funcionamiento, a los efectos del trámite que desea llevar a cabo el amparado. Tampoco le corresponde a esta Sala revisar si el tutelado cumple o no con los requisitos legales para que se le otorgue un permiso de uso de suelo. Todos estos extremos el accionante podrá plantearlos, si a bien lo tiene, ante las instancias comunes competentes, sedes en las que se resolverá lo que en derecho corresponda.\n\nEn virtud de lo expuesto, en los términos planteados por el amparado, lo correspondiente es declarar sin lugar el recurso\n\nV.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n \n\nPor tanto:\n\n \n\n  Se declara sin lugar el recurso. Notifíquese.\n\n \n\n \n\n \n\t\nFernando Castillo V.\nPresidente\n\t\n \n\n\nNancy Hernández L.\n\t\n \n\t\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\nJorge Araya G.\n\t\n \n\t\nAnamari Garro V.\n\n\nMarta Eugenia Esquivel R.\n\t\n \n\t\nRonald Salazar Murillo\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n*CZMWHQAPD43061*\n\n CZMWHQAPD43061\n\nEXPEDIENTE N° 21-020065-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 09-05-2026 04:07:50.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "Large\nNormal\nSmall\nConstitutional Chamber\n\nResolution No. 24315 - 2021\n\nDate of Resolution: October 29, 2021 at 09:20\n\nCase File: 21-020065-0007-CO\n\nDrafted by: Paul Rueda Leal\n\nType of Matter: Amparo Action\n\nAnalyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER\n\n\n\nJudgment with protected data, in accordance with current regulations\n\n\nText of the resolution\n\n*210200650007CO*\n\nExp: 21-020065-0007-CO\n\nRes. No. 2021024315\n\n \n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on the twenty-ninth of October, two thousand twenty-one.\n\n \n\nAmparo action processed in case file no. 21-020065-0007-CO, filed by [Name 001], identity card [Value 001], against the ADMINISTRATIVE ASSOCIATION OF THE CHAMBACÚ AQUEDUCT, LA ORQUÍDEA.\n\nWhereas:\n\n \n\n1.- By document received in the Secretariat of the Chamber at 15:26 hours on October 7, 2021, the petitioner files an amparo action. He indicates that on November 12, 2020, the respondent association granted him permission to apply for water availability (paja), for the purpose of processing the housing voucher. He adds that he is a husband and father of two children, one with a special health condition. He explains that, despite the foregoing, there is a well adjacent to his property that belongs to the respondent association. He clarifies that this well is not in operation because the Water Law prohibits constructions nearby and adjacent to it. He points out that due to the foregoing and in order for the municipality to grant him the land use permit, he has requested the respondent ASADA to issue the corresponding certification indicating that the well is not in operation because it does not meet the legal requirements. He contends that the respondent ASADA refuses, limiting his right to decent housing. He reiterates that the respondent ASADA's refusal prevents him from continuing with the municipal construction permits and other procedures required for the housing voucher. He states that the Municipality of San Carlos, through report no. MSCAM-GA-0216-2021 of May 17, 2021, detailed the options available to the ASADA prior to granting him the land use permit to build the house. He asserts that the ASADA insists on its refusal, arguing that \"they have had the application for registration of wells for several months.\" He refutes this argument, since the well cannot legally come into existence without violating the Water Law, having been built near adjacent dwelling houses.\n\n2.- By resolution of the Presidency of the Chamber at 16:18 hours on October 13, 2021, the process was admitted and a response was requested from Rigoberto Marín Céspedes, identity card 501920111, in his capacity as legal representative of the Administrative Association of the Chambacú Aqueduct, La Orquídea.\n\n3.- By document incorporated into the digital case file at 12:02 hours on October 20, 2021, Rigoberto Marín Céspedes submits a report, in his capacity as president of the Administrative Association of the Chambacú Aqueduct, La Orquídea. He states: \"Real facts regarding why the respondent ASADA denies the request of Mr. [Name 001]: indeed, the ASADA is the owner of the property registered in the National Registry, Alajuela section, real folio 547545-000, where a well is located and which is adjacent to the property of Mr. [Name 001]; both properties, the one that now belongs to Mr. [Name 001] and the ASADA's, belonged to Mr. [Name 001]'s family, and they are aware that this ASADA has a well on said property, a well that has existed since 2008, and the AyA, Huetar Norte Regional Office, knows of its existence and the urgent need the Aqueduct has to count on the Water Resource for Human Consumption, and it is by means of Decree 41851 MP-MINAE-MAG that the respondent ASADA began the respective procedure for its registration in 2019; said procedure is processed under case file [Value 002] of the Directorate of Water, in the Amnesty procedure for the inscription of Wells. Strangely, the [Name 001] family, after selling the lot to the ASADA, began to subdivide (lotificar), sell, and donate lots near the well; we do not know with what intention, but what is known with certainty is that the entire community and the seller of the property to the ASADA and his family knew what the use of said property was on our part. The registration procedure for that well is in progress so that the Directorate of Water can authorize the exploitation (aprovechamiento) of 5 liters of water/second, this flow (caudal) being indispensable for the proper functioning of the Aqueduct and the benefit of the users of the communities that make up this Aqueduct, namely Chambacú, La Orquidea, La Tigra, Colonia Paris, all from Monterrey, San Bosco, San Martín, Juanilama, Esperanza, all from Pocosol, Porvenir, La Lucha, San Isidro, Pueblo Nuevo from Los Chiles, a total of 836 subscribers; but it is not true that said well is not functioning for not complying with the Water Law, as the petitioner erroneously states. While it is true that Article 8 of the Water Law requires a setback (retiro) of 40 meters, it is true that with DECREE 35884 MINAE, in its Article 13, which states in its second Paragraph, 'The setback distance can be less if the applicant provides a technical contaminant transport study supporting certainty of the innocuousness of the activities carried out with respect to the aquifer. It corresponds to the Directorate of Water of MINAET to define this setback distance, according to the study presented. The study must be submitted in original and copy, duly signed by the professional responsible in the matter who is duly incorporated into the respective professional association.' Therefore, Mr. [Name 001] is incorrect in his action, since based on these decrees it is possible to apply for the exploitation of the well; the ASADA is carrying out all the pertinent procedures to come into compliance and exploit the well with the respective permits. It is not that the well will not be used or that it does not comply with the legal provisions; what has happened is that the procedure is in progress and consequently the exploitation of the well has not begun. We reiterate, the truth is that the ASADA is waiting for the corresponding permit and concession to be granted; said procedure is in progress under case file [Value 002], since 2019, long before Mr. [Name 001] acquired the property, and at all times he and his family were aware of the existence of the well on the adjacent lot. To date, the ASADA has already complied with the publication of edicts (edictos) and other legal requirements; it is only awaiting any additional procedure requested by the Directorate of Water and the issuance of the final resolution of the concession, taking into account that the Water to be captured and exploited is for HUMAN CONSUMPTION, for the benefit of a community of the local Aqueduct. The ASADA cannot issue the certification the petitioner requests because his argument is not true. At all times, the Aqueduct Organization's intention is to be able to obtain the respective concession and be able to exploit the well, and this is what has been conveyed to Mr. [Name 001] in the responses to his requests before the Aqueduct (see responses to emails and official letters). The ASADA has never had the option of abandoning such an investment; it should be noted that the well was built in 2008, with the benevolence of the Regional AyA office, and public resources were invested in its construction, and it is of urgent need to be able to use that resource to provide good service to the many communities and users that make up the Aqueduct. This is what I know from my part and from my represented entity; I am unaware of and cannot attest to the procedures carried out by the petitioner before the Municipality of San Carlos and the entities processing the Housing Voucher. PRELIMINARY CONSIDERATIONS ON THE ADMISSIBILITY OF THE ACTION: Article 38 of the Law of Constitutional Jurisdiction establishes that every Amparo Action must detail clearly the act or omission that motivates it, the right considered violated or threatened, the name of the Public Servant or the body responsible for the threat or grievance, and the burden of proof. This ASADA has acted correctly, carrying out the procedures permitted by Law for the registration of the well, and these are in progress, and the current legal regulations allow and provide the possibility of registering wells with lesser setbacks, according to the decrees indicated and on which the procedure carried out by them is based. Therefore, in the present case, there is no omission or grievance on the part of my represented entity, the ASADA, or my person as legal representative. We have acted in accordance with the provisions of our legal system and could not issue a certification about false facts, only to benefit one citizen and harm the interests of the community. ALLEGED VIOLATIONS CLAIMED: The petitioner alleges that due to the foregoing and in order for the Municipality to grant him the land-use permit, he has requested the respondent ASADA to issue the corresponding certification indicating that the well is not in operation because it does not meet the legal requirements; however, the respondent ASADA refuses, limiting his right to decent housing. He reiterates that the respondent ASADA's refusal prevents him from continuing with the Municipal construction permits and other procedures required for the housing voucher. His argument that the well is not functioning for not complying with the legal requirements lacks truthfulness, since, as indicated above, there are decrees that open the possibility of registering wells without the setbacks established in the Water Law and through the amnesties that favor users of this type of water abstraction. FINAL CONCLUSIONS: The ASADA, as a private entity that administers a public service, in this case the Water Resource, providing drinking water service to a series of Rural Communities of the Northern Zone, has as its primary order and first objective to comply with the constitutional right of drinking Water for all Citizens. This is why over time it has sought by all means to secure the precious liquid to supply all its subscribers. As stated, since 2008, it built a well to capture water and thereby have a greater flow (caudal) of said liquid. At that time, the criteria used by the Regional AyA for well construction were not the same as those currently in effect. Consequently, once the linked state entities requested the legality of the exploitation, the Aqueduct began all the Pertinent Procedures to operate legally, and in 2019, based on DECREE 41851 MP MINAEMAG, AMNESTY FOR THE INSCRIPTION OF WELLS, it began the pertinent procedures to apply for the concession, which is carried out through CASE FILE [Value 002], of the Directorate of Water, and under this criterion it has repeatedly informed Mr. [Name 001] that it cannot issue the Certification he intends stating that the well is not in operation; the procedure is still in process at the Directorate of Water awaiting the final resolution and with the intention that the exploitation of 5 liters of water/second be permitted. The petitioner is the Son of the legal representative of the Company and the person who sold the lot to the ASADA and is fully aware of the existence of the Well. The ASADA acquired the lot because of the existence of the well, and Mr. [Name 001], upon acquiring his lot in August 2020, was aware of its existence, even after the ASADA had already begun the concession procedure, which started at the end of 2019. At the time Mr. [Name 001] prepared the plan and acquired the lot, he knew perfectly well about the existence of the well and that this would be inconvenient for his interests. He cannot now claim harm from our part, since the ASADA's works existed long before his property right was born, and even being aware of the existing inconveniences when acquiring the lot, he cannot come to benefit from his own fraud. There is no legal impediment to registering the well, since the law itself, through Article 13 of Decree 35884 Minae, allows it and provides the possibility that the setback be less than that established in Article 8 of the Water Law. Therefore, and based on the foregoing, there is currently no impediment for the well and the concession in favor of this Aqueduct to legally come into existence, since there is the power to reduce the setback of Article 8 of the Water Law, and the ASADA cannot issue the certification that the Petitioner [Name 001] seeks, because it would violate its own interests and it would not be based on true facts, because the ASADA's intention is to utilize the water captured from the well. Our aqueduct's refusal is based on true and real facts that benefit a community in protection of a Constitutional right. PETITION: Based on the facts narrated and the legal basis, we request that the honorable Constitutional Chamber declare this Action without merit, since the ASADA's conduct is lawful and its procedure to obtain the concession is in progress and does not violate any legal provision for its denial. Because the petitioner was aware of the impediment that existed on his lot for the construction of a housing voucher home, this Action must be rejected. That the Petitioner be ordered to pay damages and losses, for existing bad faith on his part, since at the date of acquisition of his lot, the administrative procedure for the well registration permit through the amnesty decree already existed, as did the well, and this is widely known to all the neighbors.\"\n\n4.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.\n\n  Drafted by Judge Salazar Murillo; and,\n\nConsidering:\n\n \n\nI.- PRELIMINARY ISSUE. In the case of amparo actions filed against private individuals, prior to the analysis of the merits regarding the alleged constitutional violation, it must be examined whether, in this specific case, it falls under one of the assumptions that make such an action admissible, and, if so, to determine whether it is admissible or not. Article 57 of the Law of Constitutional Jurisdiction indicates that the amparo action is appropriate against actions or omissions of private law subjects when they act or must act in the exercise of public functions or powers, or are, de jure or de facto, in a position of power against which ordinary jurisdictional remedies are clearly insufficient or tardy to guarantee the fundamental rights or freedoms referred to in Article 2, subsection a) of the same Law. In the present case, if the complaints of the protected party are true, the respondent could be in a position of power against which ordinary jurisdictional remedies could be insufficient to protect the fundamental rights of the amparo petitioners, which is why the action must be admitted for analysis by this Court.\n\nII.- PURPOSE OF THE ACTION. The petitioner indicates that on November 12, 2020, the respondent association granted him permission to apply for water availability (paja), for the purpose of processing the housing voucher. He explains that there is a well adjacent to his property that belongs to the respondent association. He clarifies that this well is not in operation because the Water Law prohibits constructions nearby and adjacent to it. He points out that in order for the municipality to grant him the land use permit, he has requested the respondent ASADA to issue the corresponding certification indicating that the well is not in operation because it does not meet the legal requirements. He contends that the respondent ASADA refuses to issue said certification, which prevents him from continuing with the municipal construction permits and other procedures required for the housing voucher.\n\nIII.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision in this matter, the following facts are considered duly proven, either because they have been accredited as such or because the respondent authority has omitted to refer to them, according to what is provided in the initial order:\na) The ASADA Chambacú-La Orquídea is the owner of property no. 547545 of the province of Alajuela, on which a well is located that is adjacent to the petitioner's property. (Response of the respondent ASADA and documentary evidence).\nb) The respondent ASADA is processing the registration and operating permit for the well located on property no. 547545 of the province of Alajuela, and on October 21, 2020, in Gazette no. 255, edict ED-1026-2020 was published, which stated: \"(…) [Value 005]. [Value 002].- In accordance with Decree 41851-MP-MINAE-MAG, the Administrative Association of the Chambacú La Orquídea Aqueduct, requests the registration of an unnumbered well drilled on its property and the consequent concession for water exploitation (aprovechamiento) in the amount of 5 liters per second in Monterrey (San Carlos), San Carlos, Alajuela, for population human consumption use. Coordinates 281.423/468.536 Monterrey map sheet. Another water well in the amount of 6 liters per second in Monterrey (San Carlos), San Carlos, Alajuela, for population human consumption use. Coordinates 286.918/468.685 Monterrey map sheet. Those who consider themselves affected must express it within one month counted from the first publication (…)\". (Response of the respondent ASADA and documentary evidence).\nc) On November 12, 2020, the respondent ASADA issued a document stating: \" (…) By means of this document, the Administrative Association of the Chambacú- La Orquídea Aqueduct certifies that Mr. [Name 001] identity card [Value 004], Plan 2-2198418-2020 Real folio 2160279-000 with an area of 299 m2, resident of the community of Los Cedros district 12 Monterrey, canton 10 San Carlos, province 02 Alajuela, has water availability for 1 paja. This document is for processing the voucher (…)\". (Documentary evidence).\nd) The environmental manager of the Municipality of San Carlos, through official letter no. MSCAM-GA-0216-2021 of May 17, 2021, addressed to the protected party, indicated: \"(…) In response to a request via email, where it is requested to proceed to request an inspection in order to verify whether the Cadastre Plan A_2198418_2020 is or is not affected by the protection area of a spring (naciente) or well, and if affected, to see the possible solution options (…) Therefore: Plan A_2198418_2020 is affected by Article 8 of the WATER LAW. The Endorsement (Visado) or Fluvial Alignment for a Captured Spring corresponds to the entity that is administering the water resource, the Administrative Association of the Aqueduct and Sewer Systems (ASADA), as in the present case, or failing that, to the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (…) Regarding the options that can be generated to validate the land use, it is through a note from the ASADA indicating its willingness to give the approval (…) The other option is through a contaminant transport study, which is a study that allows guaranteeing the protection of the quality of groundwater, which refers to determining the transit time of waters from septic tanks to groundwater layers or bodies. Measuring factors such as soil porosity, hydraulic conductivity, and direction of liquid flow (SENARA, 2017). This study must provide and indicate a new protection radius for the well (…)\". (See documentary evidence).\ne) On an undetermined date, the petitioner filed a request before the respondent ASADA, for it to issue a certification stating that the ASADA has no objection to the construction of houses adjacent to a drilled well. (Undisputed fact).\nf) At 12:55 hours on May 17, 2021, the respondent ASADA sent an email to the petitioner, stating: \"(…) we inform you that we have received your note in which you request that we give you a note stating the ASADA has no objection to houses being built adjacent to the drilled well. We want to indicate in this regard that we cannot accede to your request because a long time ago the applications for registration of the wells were submitted, as well as the rest of the respective processing, therefore, this is already at the institutional level and no longer depends so much on us. On the other hand, it is important to clarify that regarding the mention you make to us about the availability issued by the ASADA, it was only for the processing of the plan before the municipality and not for the processing of the voucher (…)\". (Documentary evidence).\ng) At 13:20 hours on May 17, 2021, the petitioner sent an email to the respondent ASADA, stating: \"(…) I do not agree. Attached is the letter of availability for 1 paja for voucher processing. I do not understand why the denial. At this moment my lot is being affected by a well on the property of the ASADA, by Art 8 of the Water Law, the same well that is in violation by not respecting the distance of 40 m from foreign buildings, railways, or roads… Without delving much into the law, without wanting to enter into legal discussions, I do not understand the impediment to building when there is already a house on the other side. If you consider that to safeguard the well, it must be conditioned that the well be sealed and/or that the waters discharge far from the well, you can request it, and there is no problem. It is just beyond any understanding, if there is a house at point A, on one side of the well (…), why can't there be a house B on the other side, when there is a margin to condition the issue of black and gray water with systems that help the conservation of the well.\". (Documentary evidence).\nh) On May 20, 2021, via email addressed to the respondent ASADA, with copies to the electronic addresses josehz@munisc.go.cr and info-orachn@aya.go.cr, the petitioner filed an appeal before the respondent ASADA, stating: \"(...) I take this opportunity to greet you, and at the same time send you my request for reconsideration regarding your position on collaborating with the document required to obtain approval for land use for house construction from the Municipality of San Carlos. As indicated in official letter MSCAM-GA-0216-2021, dated May 17, issued by Eng. José Eduardo Herrera Zamora of the Department of Environmental Management of the Municipality of San Carlos, in its penultimate paragraph, it textually cites: 'Regarding the options that can be generated to validate the land use, it is through a note from the ASADA indicating its willingness to give the approval (…)\". Understanding the foregoing, together with the letters of water availability for endorsement (visado) and voucher processing issued by the ASADA, I do not consider that this means any type of problem or that it has any impact on the ASADA, since it would not be changing the ultimate purpose of my property (…) My only interest is to be able to build a house on my property adjacent, on one side, to the lot where the well is located, in the same way that a house exists on the opposite side. My longed-for house would have the same setback distance as that existing house. (…)\". (Documentary evidence).\ni) On May 21, 2021, from the account josehz@munisc.go.cr, an email was sent to the amparo petitioner, stating: \"(…) As you are aware, the Municipality of San Carlos is governed by the principle of legality. On our part, until we have a clear picture from the competent institutions, we cannot grant a favorable land-use resolution. You explain in this official letter that there is an alleged violation of what Article 8 of the water law indicates regarding the creation and drilling of the well, without complying with what is stipulated in this legal body; however, we are not the competent institution to determine whether or not there is illegality in the granting and operation of this well. In this case, the AyA and the Directorate of Water are responsible. Therefore, you may request from the competent institutions whether the due process was respected or not and whether or not there is an infraction of Article 8 of the water law. If this violation exists, you may appeal to the prosecutor's office or likewise to the Directorate of Water for what may proceed (…)\". (See documentary evidence)\nj) At 11:16 hours on June 7, 2021, the ORAC Huetar Norte of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, from the account info-orachn@aya.go.cr, sent an email to the amparo petitioner, stating: \"(…) Once the attached documentation was reviewed, it is observed that, to date, the response from the ASADA is pending, and therefore, being respectful of what is established in Article 100 of the ASADAS Regulation, this institute could not intervene in the issuance of the administrative act unless the operating entity requests technical and legal advice (…)\". (See documentary evidence).\nk) At 14:08 hours on June 7, 2021, the ORAC Huetar Norte of the ICAA sent an email to the amparo petitioner, pointing out: \"(…) The ASADA provided a response since May 17, which means that the request was addressed and the act remains firm (…)\". (See documentary evidence).\n\nIV.- ON THE SPECIFIC CASE. In the sub lite, the petitioner indicates that on November 12, 2020, the respondent association granted him permission to apply for water availability (paja), for the purpose of processing the housing voucher. He explains that there is a well adjacent to his property that belongs to the respondent association. He clarifies that this well is not in operation because the Water Law prohibits constructions nearby and adjacent to it. He points out that in order for the municipality to grant him the land use permit, he has requested the respondent ASADA to issue the corresponding certification indicating that the well is not in operation because it does not meet the legal requirements. He contends that the respondent ASADA refuses to issue said certification, which prevents him from continuing with the municipal construction permits and other procedures required for the housing voucher.\n\nFrom the study of the case records, it is proven that the ASADA Chambacú-La Orquídea is the owner of property no. 547545 of the province of Alajuela, on which a well is located that is adjacent to the petitioner's property. The respondent ASADA is processing the registration and operating permit for the well located on property no. 547545 of the province of Alajuela, and on October 21, 2020, in Gazette no. 255, edict ED-1026-2020 was published, which stated: \"(…) [Value 005]. [Value 002].- In accordance with Decree 41851-MP-MINAE-MAG, the Administrative Association of the Chambacú La Orquídea Aqueduct, requests the registration of an unnumbered well drilled on its property and the consequent concession for water exploitation in the amount of 5 liters per second in Monterrey (San Carlos), San Carlos, Alajuela, for population human consumption use. Coordinates 281.423/468.536 Monterrey map sheet. Another water well in the amount of 6 liters per second in Monterrey (San Carlos), San Carlos, Alajuela, for population human consumption use. Coordinates 286.918/468.685 Monterrey map sheet. Those who consider themselves affected must express it within one month counted from the first publication (…)\". On November 12, 2020, the respondent ASADA issued a document stating: \" (…) By means of this document, the Administrative Association of the Chambacú- La Orquídea Aqueduct certifies that Mr. [Name 001] identity card [Value 004], Plan 2-2198418-2020 Real folio 2160279-000 with an area of 299 m2, resident of the community of Los Cedros district 12 Monterrey, canton 10 San Carlos, province 02 Alajuela, has water availability for 1 paja. This document is for processing the voucher (…)\". The environmental manager of the Municipality of San Carlos, through official letter no. MSCAM-GA-0216-2021 of May 17, 2021, addressed to the protected party, indicated: \"(…) In response to a request via email, where it is requested to proceed to request an inspection in order to verify whether Cadastre Plan A_2198418_2020 is or is not affected by the protection area of a spring or well, and if affected, to see the possible solution options (…) Therefore: Plan A_2198418_2020 is affected by Article 8 of the WATER LAW.\n\nThe Fluvial Approval or Alignment for a Captured Spring corresponds to the entity that is administering the water resource, the Administrative Association for Water Supply and Sewerage Systems (Asociación Administradora de los Sistemas de Acueductos y Alcantarillas, ASADA), as in the present case, or failing that, the Costa Rican Institute of Water Supply and Sewerage (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados) (…) Regarding the options that can be generated to validate the land use, it is through a note from the ASADA indicating its willingness to give approval (…) The other option is through a contaminant transit study, which is a study that guarantees the protection of groundwater quality, referring to the determination of the transit time of water from septic tanks to groundwater layers or groundwater. Measuring factors such as soil porosity, hydraulic conductivity, and liquid flow direction (SENARA, 2017). This study must provide and indicate a new protection radius for the well (…) ”. On an undetermined date, the petitioner submitted a request to the respondent ASADA, in order for it to issue a certification stating that the ASADA has no objection to the construction of homes adjacent to a drilled well. At 12:55 p.m. on May 17, 2021, the respondent ASADA sent an email to the petitioner, stating: “(…) we inform you that we have received your note requesting that we provide a note stating that the Asada has no objection to the construction of homes adjacent to the drilled well; we wish to inform you in this regard that we cannot accede to your request because the applications for registration of the wells were submitted long ago, as well as the rest of the respective procedural requirements, so that matter is already at the institutional level and no longer depends so much on us. On the other hand, it is important to clarify that the mention you make regarding the availability statement issued by the Asada was only for processing the site plan before the municipality and not for the housing voucher process (…)”. At 1:20 p.m. on May 17, 2021, the petitioner sent an email to the respondent ASADA, stating: “(…) I disagree. Attached is the availability letter for 1 straw for voucher processing. I do not understand the reason for the refusal. At this moment, my lot is being affected by a well on the ASADA's property, pursuant to Article 8 of the Water Law, which the well itself violates by not respecting the 40-meter distance from other buildings, railways, or roads… Without delving too much into the law, and without wanting to enter into legal discussions, I do not understand the impediment to building when there is already a dwelling on the other adjacent side. If you consider that to safeguard the well, it must be conditional on the well being sealed and/or that the waters discharge far from the well, you may request it, and there is no problem. It is simply beyond my understanding, if there is a house at point A, on one side of the well (…) why there cannot be a house B on the other adjacent side, when there is an opportunity to condition the black and gray water issue with systems that help the conservation of the well.”. On May 20, 2021, via email addressed to the respondent ASADA, with a copy to the electronic accounts josehz@munisc.go.cr and info-orachn@aya.go.cr, the claimant filed an objection before the respondent ASADA, stating: “(...) I take this opportunity to greet you, and in turn send you my request for reconsideration regarding your position on cooperating with the required document to obtain land-use approval for housing construction from the Municipality of San Carlos. As indicated in official communication MSCAM-GA-0216-2021, dated May 17, issued by Eng. José Eduardo Herrera Zamora of the Environmental Management Department of the Municipality of San Carlos, in its penultimate paragraph, it quotes verbatim: ‘Regarding the options that can be generated to validate the land use, it is through a note from the ASADA indicating its willingness to give approval (…)’. Understanding the above, together with the water availability letters for approval and voucher processing issued by the ASADA, I do not consider that this signifies any type of problem or that it has any impact on the ASADA, since I would not be changing the ultimate purpose of my property (…) My only interest is to be able to build a dwelling on my property adjacent, on one side, to the lot where the well is located, in the same way that a dwelling exists on the opposite side. My longed-for dwelling would have the same setback distance as that existing dwelling. (…) ”. On May 21, 2021, from the account josehz@munisc.go.cr, an email was sent to the protected party, stating: “(…) As you are aware, the Municipality of San Carlos is governed by the principle of legality. For our part, until we have a clear understanding from the competent institutions, we cannot issue a favorable land-use resolution. You explain in this communication that there is a supposed violation of what is indicated in Article 8 of the Water Law regarding the creation and drilling of the well, without complying with the provisions of this legal body; however, we are not the competent institution to determine whether or not there is an illegality in the granting and operation of this well. In this case, the responsible parties are the AYA and the Water Directorate. Therefore, you may request from the competent institutions whether due process was respected and whether or not there is an infringement of Article 8 of the Water Law. If such a violation exists, you may resort to the prosecutor's office or likewise to the Water Directorate for whatever action is appropriate (…) ”. At 11:16 a.m. on June 7, 2021, the ORAC Huetar Norte of the Costa Rican Institute of Water Supply and Sewerage, from the account info-orachn@aya.go.cr, sent an email to the protected party, stating: “ (…) After reviewing the attached documentation, it is observed that, to date, the ASADA's response is pending, and therefore, being respectful of the provisions of Article 100 of the ASADAS Regulation, this institute could not intervene in the issuance of the administrative act unless the operating entity requests technical and legal advice (…)”. At 2:08 p.m. on June 7, 2021, the ORAC Huetar Norte of the ICAA sent an email to the protected party, stating: “ (…) The ASADA provided a response since May 17, which means that the request has been addressed and the act remains firm (…)”.\n\nFrom this perspective, no situations are appreciated that, a priori, merit the intervention of this constitutional jurisdiction.\n\nIn this regard, it is observed that the claimant alleges that the respondent ASADA has refused to issue a certification indicating that the well existing on that association's property is not in operation, so that he can process a land-use permit before the municipality to build a dwelling on the property adjacent to the aforementioned well. However, the respondent authority points out that the process for the registration and exploitation of the well is in progress, making it impossible to issue the certification in the terms required by the claimant, and this situation has been made known to him.\n\nGiven the circumstances, the claimant comes before this jurisdiction to request that the respondent authority be ordered to issue the certification he requires; however, what is sought constitutes an aspect of ordinary legality that must be raised before the competent common administrative or jurisdictional instances. In this sense, it is not the purview of this Court to determine whether the well in question is in operation or not, for the purposes of the proceeding the protected party wishes to carry out. Nor does it fall to this Chamber to review whether the protected party meets the legal requirements for a land-use permit to be granted. The claimant may raise all these points, if he deems it appropriate, before the competent common instances, venues where a decision will be made according to the law.\n\nBy virtue of the foregoing, in the terms raised by the protected party, the appropriate course is to dismiss the appeal.\n\nV.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if any document on paper was provided, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, as provided in the \"Regulation on Electronic Case Files before the Judicial Branch\", approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.\n\nTherefore:\n\nThe appeal is dismissed. Notify.\n\nFernando Castillo V.\nPresident\n\nNancy Hernández L.\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G.\nAnamari Garro V.\n\nMarta Eugenia Esquivel R.\nRonald Salazar Murillo\n\nDigitally Signed Document\n\n-- Verification code --\n\n*CZMWHQAPD43061*\n\nCZMWHQAPD43061\n\nEXPEDIENTE N° 21-020065-0007-CO\n\nTelephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church). Reception of matters from vulnerable groups: Supreme Court of Justice Building, San José, Catedral District, González Lahmann Neighborhood, streets 19 and 21, avenues 8 and 6\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 09-05-2026 04:07:50.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
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