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  "id": "nexus-sen-1-0007-1058614",
  "citation": "Res. 24715-2021 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Amparo por cierre de vía durante obra de tubería sanitaria",
  "title_en": "Amparo for road closure during sanitary sewer works",
  "summary_es": "El recurrente, propietario de una clínica médica, interpuso un recurso de amparo contra la empresa América Construcciones S.A. por las obras de tubería sanitaria realizadas en la vía pública frente a su negocio. Alegó que la empresa tenía permisos vencidos, incumplía lineamientos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), y efectuaba cierres totales de la vía, lo que afectaba su actividad comercial. La Sala Constitucional rechazó de plano el recurso al considerar que no es la instancia para verificar incumplimientos de permisos administrativos, y que el amparo contra sujetos de derecho privado es subsidiario de las vías jurisdiccionales ordinarias. Destacó que no se demostró una situación de poder entre las partes, por lo que el conflicto debe resolverse en la vía de legalidad común. Tampoco se agotaron gestiones administrativas previas, lo cual es exigible incluso desde una perspectiva ambiental.",
  "summary_en": "The petitioner, owner of a medical clinic, filed an amparo action against América Construcciones S.A. for sanitary sewer works carried out on the public road in front of his business. He claimed that the company had expired permits, failed to comply with Ministry of Public Works and Transportation (MOPT) guidelines, and carried out full road closures, affecting his commercial activity. The Constitutional Chamber rejected the appeal outright, holding that it is not the proper venue to verify breaches of administrative permits, and that amparo against private parties is subsidiary to ordinary judicial remedies. It emphasized that no power situation was demonstrated between the parties, so the dispute must be resolved through ordinary legal channels. Furthermore, no prior administrative proceedings were exhausted, which is also required from an environmental perspective.",
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 24715 - 2021\n\nFecha de la Resolución: 02 de Noviembre del 2021 a las 09:30\n\nExpediente: 21-021652-0007-CO\n\nRedactado por: Jorge Araya Garcia\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\nEXPEDIENTE N° 21-021652-0007-CO\n\nPROCESO: RECURSO DE AMPARO\n\nRESOLUCIÓN Nº 2021024715\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del dos de noviembre de dos mil veintiuno .\n\n Recurso de amparo interpuesto por RODOLFO FRANCISCO JIMÉNEZ BONILLA, cédula de identidad No. 401650839, contra AMERICA CONSTRUCCIONES S.A.. \n\nResultando:\n\n 1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 27 de octubre de 2021, el recurrente interpuso recurso de amparo contra América Construcciones S.A.. Manifiesta que es propietario de una clínica de atenciones médicas, ubicada 150 metros sur de la esquina suroeste de la Plaza González Víquez. Afirma que desde mayo de 2021 se iniciaron obras de tubería sanitaria de un proyecto del Poder Judicial, realizada en la vía pública que pasa frente a su negocio, por la empresa recurrida. Precisa que para realizar dichas obras, la empresa recurrida tuvo que solicitar los permisos correspondientes, los cuales, fueron otorgados por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Agrega que la empresa tenía que cumplir una serie de lineamientos que ha incumplido en forma reiterada e incluso han seguido laborando teniendo los permisos vencidos. Sostiene que la empresa ha hecho cierres totales de la vía pública, a pesar de no estar permitido. Amplía que dichos cierres le han afectado su negocio. Por lo anterior, solicita que se declare con lugar el recurso y se habilite la vía en forma permanente.\n\n \n\n 2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.\n\n Redacta el Magistrado Araya García; y,\n\nConsiderando:\n\n I.- Objeto del recurso. El recurrente reclama que la empresa recurrida está trabajando en la vía frente a su negocio, la cual, la cierran por completo y lo perjudica. Afirma que la empresa recurrida tiene los permisos vencidos y no cumple con los lineamientos estipulados por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes.\n\nII.- Sobre el caso concreto. En el sub lite, la Sala no es una instancia para corroborar la ejecución de obras sin permisos o de manera contraria a los permisos otorgados por la Administración para valorar ese tipo de incumplimientos. Por otra parte, desde una perspectiva ambiental, el accionante vino directo a la Sala sin interponer gestión administrativa alguna. Por último, si el amparo es una inconformidad directamente contra la empresa recurrida, resulta aplicable lo dispuesto por la Ley de la Jurisdicción Constitucional en su artículo 57. Se ha señalado que en relación con tales personas se debe verificar -como parte de las condiciones procesales formales- el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en el citado artículo, de modo que no solamente debe determinarse un riesgo real e inminente de afectación directa y palmaria de un derecho fundamental, sino además se impone la demostración de una situación de poder que permita mantener unilateralmente la afectación, así como además la insuficiencia y demora de los remedios jurisdiccionales ordinarios para revertir el abuso. En este caso, de lo narrado resulta evidente que no existe situación de poder entre el recurrente y la empresa recurrida, pues de existir un incumplimiento de la sociedad recurrida a lo establecido por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, deberá plantearse en la vía de legalidad correspondiente, y no en esta sede constitucional, situación que no indica haber realizado. En tal sentido, debe tenerse presente que el amparo contra sujetos de derecho privado es supletorio de los remedios jurisdiccionales a los cuales sustituye solo cuando los últimos resulten tardíos o insuficientes, lo cual no sucede en este caso. En consecuencia, podrá el gestionante -si a bien lo tiene- acudir ante las vías de legalidad respectiva, a fin de plantear allí las gestiones que estime pertinentes para que se resuelva lo que en derecho corresponda.\n\nIII.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11, del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19, del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12, celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPor tanto:\n\nSe rechaza de plano el recurso.-\n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Araya G.\n\n\n\n\nAnamari Garro V.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nMarta Eugenia Esquivel R.\n\n\n\n\nAlicia Salas T.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nRonald Salazar Murillo\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n 0E5UEHPODP461\n\nEXPEDIENTE N° 21-021652-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 09-05-2026 04:06:41.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "Large\nNormal\nSmall\nConstitutional Chamber\n\nResolution No. 24715 - 2021\n\nDate of Resolution: November 2, 2021, at 09:30\n\nExpediente: 21-021652-0007-CO\n\nDrafted by: Jorge Araya Garcia\n\nType of matter: Recurso de amparo\n\nAnalyzed by: SALA CONSTITUCIONAL\n\nText of the resolution\n\n\n\nEXPEDIENTE N° 21-021652-0007-CO\n\nPROCESS: RECURSO DE AMPARO\n\nRESOLUTION Nº 2021024715\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine thirty hours on November second, two thousand twenty-one.\n\nRecurso de amparo filed by RODOLFO FRANCISCO JIMÉNEZ BONILLA, identity card No. 401650839, against AMERICA CONSTRUCCIONES S.A..\n\nResultando:\n\n1.- By written submission received at the Chamber’s Secretariat on October 27, 2021, the petitioner filed a recurso de amparo against América Construcciones S.A. He states that he is the owner of a medical care clinic, located 150 meters south of the southwest corner of the Plaza González Víquez. He affirms that as of May 2021, sanitary sewer works for a Judicial Branch project began, carried out on the public road that passes in front of his business, by the respondent company. He specifies that to carry out these works, the respondent company had to request the corresponding permits, which were granted by the Ministry of Public Works and Transport (Ministerio de Obras Públicas y Transportes). He adds that the company was supposed to comply with a series of guidelines that it has repeatedly breached and has even continued working despite having expired permits. He maintains that the company has completely closed the public road, even though this is not permitted. He elaborates that these closures have affected his business. For the foregoing, he requests that the recurso be granted and that the road be permanently opened.\n\n2.- Article 9 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional) empowers the Chamber to reject outright or on the merits, at any time, even upon filing, any petition submitted for its consideration that proves to be manifestly inadmissible, or when it considers there are sufficient elements of judgment to reject it, or that it is a mere reiteration or reproduction of a previous identical or similar rejected petition.\n\nDrafted by Magistrate Araya García; and,\n\nConsiderando:\n\nI.- Object of the recurso. The petitioner claims that the respondent company is working on the road in front of his business, which they close completely and harms him. He affirms that the respondent company has expired permits and does not comply with the guidelines stipulated by the Ministry of Public Works and Transport (Ministerio de Obras Públicas y Transportes).\n\nII.- Regarding the specific case. In the sub lite, the Chamber is not an instance to verify the execution of works without permits or in a manner contrary to the permits granted by the Administration to assess that type of breach. On the other hand, from an environmental perspective, the claimant came directly to the Chamber without filing any administrative petition. Lastly, if the amparo is a disagreement directly against the respondent company, the provisions of Article 57 of the Law of Constitutional Jurisdiction apply. It has been stated that in relation to such persons, compliance with all the requirements established in said article must be verified—as part of the formal procedural conditions—so that not only must a real and imminent risk of direct and manifest infringement of a fundamental right be determined, but also the demonstration of a situation of power that allows the infringement to be maintained unilaterally is required, as well as the insufficiency and delay of ordinary jurisdictional remedies to reverse the abuse. In this case, from what is narrated, it is evident that no situation of power exists between the petitioner and the respondent company, since if there is a breach by the respondent company of what was established by the Ministry of Public Works and Transport, it must be raised in the corresponding legality avenue, and not in this constitutional venue, a situation he does not indicate having pursued. In this sense, it must be kept in mind that the amparo against private legal persons is supplementary to jurisdictional remedies, which it replaces only when the latter prove to be tardy or insufficient, which is not the case here. Consequently, the petitioner may—if he sees fit—turn to the respective legality avenues, in order to file there the petitions he deems pertinent so that what is legally appropriate is resolved.\n\nIII.- Documentation provided to the expediente. The parties are cautioned that, if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional device of an electronic, computer, magnetic, optical, telematic nature or produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of thirty business days, counted from the notification of this judgment. 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Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church). Reception of matters from vulnerable groups: Supreme Court of Justice Building, San José, Catedral District, Barrio González Lahmann, streets 19 and 21, avenues 8 and 6\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-09-2026 04:06:41.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
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