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  "id": "nexus-sen-1-0007-1059459",
  "citation": "Res. 25164-2021 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Incumplimiento de sentencia sobre acceso a fundo enclavado tras construcción de carretera San José-Caldera",
  "title_en": "Non-compliance with ruling on access to landlocked property after San José-Caldera highway construction",
  "summary_es": "La Sala Constitucional conoció de una tercera gestión de inejecución presentada por la parte amparada, alegando desobediencia a lo ordenado en sentencia de 2012 que dispuso garantizar acceso efectivo a su propiedad o iniciar expropiación. La autoridad recurrida informó sobre múltiples gestiones realizadas, incluyendo la creación de un fideicomiso, expropiaciones, diseño y obtención de viabilidad ambiental, pero las obras se suspendieron por orden del SINAC tras detectarse un cuerpo de agua en área de protección. La Sala desestimó la gestión, considerando que la Administración no ha sido omisa y ha desplegado actos complejos para cumplir la orden, aunque las obras no han concluido. Una magistrada salvó el voto, señalando que la fase de ejecución debería tramitarse ante el Tribunal Contencioso Administrativo por la complejidad técnica del caso.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber addressed a third non-compliance motion filed by the protected party, alleging disobedience to a 2012 ruling that ordered effective access to their property or initiation of expropriation. The respondent authority reported numerous actions taken, including creation of a trust, expropriations, design, and environmental viability, but works were suspended by SINAC after detection of a water body in a protection area. The Chamber dismissed the motion, finding that the Administration had not been inactive and had carried out complex steps to comply, though works were unfinished. One judge dissented, arguing that enforcement should be handled by the Contentious-Administrative Court given the technical complexity.",
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  "date": "09/11/2021",
  "year": "2021",
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    "procedural-environmental"
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    "inejecución de sentencia",
    "fundo enclavado",
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    "SINAC",
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    "inejecución de sentencia",
    "amparo constitucional",
    "acceso a fundo enclavado",
    "carretera San José-Caldera",
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    "SINAC",
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    "cuerpo de agua",
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    "derecho de propiedad",
    "justicia pronta y cumplida",
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    "San José-Caldera highway",
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  "excerpt_es": "Entonces, este Tribunal Constitucional determina que la autoridad accionada ha desplegado los actos antes expuestos, a fin de ejecutar la orden girada en la sentencia número No. 2012-015135, que consiste en disponer los accesos a los fundos enclavados después de la construcción de la carretera San José-Caldera, dentro de los cuales está el acceso de la propiedad de Hacienda Imperio Real Sociedad Anónima, aquí amparada; no obstante, comprende esta Sala que el proceso para llevar a cabo ese acceso es complejo, incluso, ha requerido expropiaciones y, ese procedimiento demandó mayor trámite. Aunque en virtud de la magnitud y complejidad de lo requerido para su fiel cumplimiento, no se terminado lo que corresponde. De forma que, se han desplegado actos para el acceso vial objeto de este amparo y, la autoridad recurrida no ha sido omisa ante la orden constitucional, sino que ha atendido el problema alegado, según la naturaleza del proceso a seguir para adecuar la vía en cuestión y de conformidad con los requerimientos de ley. En ese contexto, se considera que no es de recibo la objeción del gestionante.",
  "excerpt_en": "Thus, this Constitutional Court determines that the respondent authority has carried out the aforementioned actions in order to execute the order issued in ruling No. 2012-015135, which consists of providing access to landlocked properties after the construction of the San José-Caldera highway, among which is the access to the property of Hacienda Imperio Real Sociedad Anónima, the protected party here; however, this Chamber understands that the process to achieve such access is complex, it has even required expropriations, and that procedure demanded further steps. Although due to the magnitude and complexity of what is required for full compliance, what remains has not been completed. Thus, actions have been taken for the road access subject to this amparo, and the respondent authority has not been neglectful of the constitutional order, but rather has addressed the alleged problem, according to the nature of the process to be followed to adapt the road in question and in accordance with legal requirements. In that context, the petitioner's objection is considered unacceptable.",
  "outcome": {
    "label_en": "Denied",
    "label_es": "Sin lugar",
    "summary_en": "The third non-compliance motion is dismissed, as the Administration has not been neglectful and has undertaken complex steps to comply with the 2012 ruling.",
    "summary_es": "Se desestima la tercera gestión de inejecución presentada, por considerar que la Administración no ha sido omisa y ha realizado gestiones complejas para cumplir la sentencia de 2012."
  },
  "pull_quotes": [
    {
      "context": "Considerando I — Sentencia original",
      "quote_en": "It is ordered to Rodrigo Rivera Fournier... to take the necessary steps so that within six months... effective access to the property of Hacienda Imperio Real Sociedad Anónima is guaranteed, or failing that, the expropriation process is initiated.",
      "quote_es": "Se ordena a Rodrigo Rivera Fournier... que realicen las gestiones que sean necesarias para que en el plazo de seis meses... se garantice el acceso efectivo a la finca propiedad de Hacienda Imperio Real Sociedad Anónima o en su defecto, se inicie el proceso de expropiación."
    },
    {
      "context": "Considerando IV — Segunda gestión de inejecución",
      "quote_en": "Hence, contrary to the petitioner's claim, it is found that the expropriation process of the affected property has indeed been initiated... not all procedures required for a definitive solution have yet been completed...",
      "quote_es": "De ahí que, contrario a lo alegado por la recurrente, se tiene que sí se inició el proceso de expropiación del inmueble afectado... todavía no se han concluido todos los trámites que se requieren para la solución definitiva..."
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    {
      "context": "Voto salvado Magistrada Garro Vargas",
      "quote_en": "Due to the lack of adequate mechanisms... to follow up on a ruling involving highly complex technical aspects... I believe the enforcement phase should not rest with this Chamber.",
      "quote_es": "Debido a la inexistencia de mecanismos adecuados... para dar seguimiento a una sentencia que reviste aspectos técnicos de gran complejidad... estimo que la fase de ejecución no debe residenciar en esta Sala."
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  "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1059459",
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 25164 - 2021\n\nFecha de la Resolución: 09 de Noviembre del 2021 a las 10:05\n\nExpediente: 12-011793-0007-CO\n\nRedactado por: Fernando Castillo Víquez\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\nSentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n*120117930007CO*\n\nExp: 12-011793-0007-CO\n\nRes. Nº 2021025164\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas cinco minutos del nueve de noviembre de dos mil veintiuno .\nGestión de inejecución presentada por [Nombre 001] , mayor de edad, soltero, abogado, cédula de identidad No. [Valor 001], vecino de Playa Hermosa de Jacó, en el recurso de amparo que interpuso [Nombre 002], mayor, divorciada, comerciante, cédula de identidad No. [Valor 002], vecina de Santa Ana, a favor de Hacienda Imperio Real Sociedad Anónima, cédula jurídica No. 3-101-374582, contra e l Presidente de la Junta Directiva del Consejo Nacional de Concesiones y el Gerente del Proyecto de Concesión de Obra Pública con Servicio Público carretera San José-Caldera del Consejo Nacional de Concesiones, ambos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.\nResultando:\n1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 20:03 horas del 05 de julio de 2021, [Nombre 001], representante de la sociedad amparada, interpone recurso de amparo acusando desobediencia a lo ordenado por esta Sala en la sentencia No. 2012-015135, de las 14:30 horas del 30 de octubre de 2012. Alega el gestionante que su representada es propietaria del inmueble inscrito en el partido de Alajuela bajo matrícula de folio real No. 230107-000. Señala que debido a la construcción de la carretera San José- Caldera, la propiedad quedó dividida en 2 secciones y sin acceso a calle pública. Refiere que el inmueble se segregó y en la actualidad su representada es propietaria de la finca inscrita bajo matrícula de folio real No. 520295-000. Comenta que el 7 de setiembre de 2012 la señora [Nombre 002] interpuso ante esta Sala un recurso de amparo a favor de Hacienda Imperio Real Sociedad Anónima por la inacción de los recurridos a dar una solución al problema con la citada propiedad. Por sentencia 2012-015135, de las 14:30 horas de 30 de octubre de 2012, la Sala Constitucional acogió el recurso, sin embargo, al día de interposición de esta gestión, han transcurrido casi 9 años desde la declaratoria con lugar, sin que las autoridades recurridas hayan resuelto la situación. Además, acusa que persiste la falta de acceso por calle pública al inmueble propiedad de la amparada. Agrega que el 7 de junio de 2021, la señora [Nombre 003] solicitó al Consejo Nacional de Concesiones y al Ministro de Obras Públicas y Transportes cumplir con lo ordenado por el Tribunal Constitucional. Por oficio No. CNC-APM-SJC-0361-2021, de 30 de junio de 2021, el Consejo recurrido contestó refiriéndose a las gestiones realizadas y que el último trámite se efectuó en el mes de mayo de 2020. Empero, no se han concretado las acciones pertinentes para la ejecución de lo dispuesto por esta Sala. Considera que esa inacción por parte de la Administración, constituye una violación al artículo 45 Constitucional que refiere que la propiedad es inviolable y a nadie puede privarse de la suya si no es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley, toda vez que la inercia de la autoridad recurrida priva a Hacienda Imperio Real S.A. del acceso y explotación de su inmueble, lo que implica una lesión de su derecho de propiedad. Asimismo, constituye una violación del derecho fundamental de acceso a una justicia pronta y cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes, habiendo trascurrido más de 9 años desde el momento en que a los recurridos se les ordenó brindarle acceso. Solicita se declare con lugar la gestión ordenando de forma inmediata a los recurridos a otorgar acceso efectivo al inmueble de Hacienda Imperio Real S.A.\n2.- Mediante sentencia No. 2021-015732, de las 09:15 horas del 09 de julio de 2021, dictada en el recurso de amparo No. 21-012918-0007-CO, esta Sala resolvió lo siguiente: “POR TANTO: Desglósese el escrito de interposición y la documentación que consta en el registro electrónico de este recurso, agréguese al expediente No. 12-011793-0007-CO, para que se resuelva lo que en derecho corresponda. Archívese este expediente”.\n3.- Mediante resolución de las 20:56 horas del 13 de julio de 2021, la Magistrada Instructora dio traslado de la presente gestión al Presidente del Consejo Nacional de Concesiones y a la Gerente del Proyecto San José-Caldera, ambos del MOPT.\n4.- Informa bajo juramento Rodolfo Méndez Mata, en su condición de Presidente del Consejo Nacional de Concesiones y Ministro de Obras Públicas y Transportes (escrito presentado a las 10:27 horas del 21 de julio de 2021), que en la resolución No. 2012-015135, de las 14:30 horas del 30 de octubre de 2012, la Sala Constitucional indicó en el amparo bajo el expediente No. 12-011793-0007-CO, que las autoridades recurridas implementaran las gestiones necesarias para que en el plazo de seis (6) meses, una vez notificada la resolución del amparo, que garantizaran el acceso efectivo a la finca o en su defecto se iniciara el proceso de expropiación. Una vez construido el proyecto de la ruta No. 27 la finca quedó dividida en dos secciones y sin acceso a la calle pública, constituyéndose la finca No. 2-520295-000, inscrita en el Registro Público de la Propiedad. El representante de la finca inscrita a nombre de Imperio Real Sociedad Anónima, considera que han transcurrido nueve años desde la declaratoria con lugar sin que las autoridades resuelvan el problema. El 07 de julio de 2021, la señora [Nombre 002], en  representación de la sociedad, le solicitó al Consejo Nacional de Concesiones y al Ministro de Obras Públicas y Transportes, cumplir con lo ordenado. Mediante el oficio No. CNC-APSJC-0361-2021, la Gerencia del Proyecto San José-Caldera contestó refiriéndose a las gestiones realizadas para cumplir lo ordenado por la Sala Constitucional. Conforme lo establece ese Tribunal en el presente amparo, la acción constituye una violación al numeral 45 de la Constitución Política, considerando que la propiedad es inviolable y a nadie se le puede privar de la suya. De igual forma, la Sala considera que hay una violación al derecho constitucional de justicia pronta y cumplida, por lo que las autoridades recurridas deben de hacer las gestiones pertinentes solicitadas por la recurrente. Sobre los hechos acusados. Mediante el oficio No. CNC-APM-SJC-0361-2021, la Gerencia del Proyecto de la Construcción San José-Caldera en la ruta No. 27 contestó a la señora [Nombre 002], en representación legal de Hacienda Imperio Real Sociedad Anónima, lo siguiente: para la atención de la resolución de la Sala Constitucional, el 09 de mayo de 2016 se firmó entre el Consejo Nacional de Concesiones, Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el Banco Crédito Agrícola de Cartago, un contrato de fideicomiso denominado \"Fideicomiso de Administración, Pago y Obras Conexas de Obra Pública con Servicio Público de la Carretera San José-Caldera-CNC-MOPTIBANCREDITO 2015”, el cual fue refrendado por la Contraloría General de la República el 30 de junio de 2016. Por medio de este fideicomiso la administración se comprometió a construir los accesos a los fundos enclavados después de la construcción de la carretera San José-Caldera dentro de los cuales está el acceso de la propiedad de Hacienda Imperio Real Sociedad Anónima. Por una decisión del gobierno, el Banco Crédito Agrícola de Cartago fue cerrado y posteriormente el 13 de febrero de 2018, la misma Contraloría General de la República refrendó la adenda para el cambio de fiduciario (Banco Crédito Agrícola de Cartago a Banco Nacional de Costa Rica), quien asumió la administración del fideicomiso a partir del 8 de junio de 2018. Resulta de interés aclarar que, a partir del 2016, con la entrada de operación del Fideicomiso inicial, comenzó a gestarse los procesos de expropiación para adquirir los terrenos para garantizar el acceso a la propiedad de Hacienda Imperio Real S.A., cuya tarea finalizó en agosto de 2017. El proceso de diseño se llevó a cabo en el 2018 por medio de un contrato de diseño gestionado por el mismo fideicomiso, lo cual aprobó la administración y se gestionó la obtención de la viabilidad ambiental y el 3 de octubre, mediante Resolución No. 3107-2019-SETENA, se obtuvo la viabilidad ambiental. Por medio del fideicomiso se realizó el proceso de contratación administrativa con la orden de inicio para la construcción del acceso el 1° de febrero de 2020. Con la construcción de las obras hubo que gestionar la corta de unos árboles ubicados en el lugar, advirtiéndose la presencia de un cuerpo de agua, requiriendo un criterio externado por la Dirección de Aguas, el cual mediante Resolución Administrativa N°DA-UHTPCOSJ-503-2020, el SINAC ordenó la suspensión de las obras en el área de protección, con un radio de 200 metros, por medio de la Resolución No. SINAC OA-578-2020 desde el 22 de mayo de 2020. A la señora [Nombre 003], en representación de la propiedad a nombre de Imperio Real Sociedad Anónima, se le informó que el Consejo Nacional de Concesiones y la Gerencia del Proyecto de la Carretera San José-Caldera, junto con los funcionarios del MINAE, valoraron las alternativas para solucionar lo presentado y darle un acceso a la finca. Mediante el documento que se aporta a este amparo denominado \"Obras Conexas de Obra Pública con Servicio Público de la Carretera San José-Caldera-CNC-MOPT-/BNCR 2015”, en el Documento \"Antecedente de Acceso a Fundo 11” en el aparte UAP-FID-03-061-2021, con fecha 19 de julio de 2021, confeccionado por Jorge Zapata, señala lo siguiente: En cuanto a la ubicación denominado Fundo 11, se encuentra situado en las inmediaciones de la ruta No. 27, lado derecho, en el sentido San José Caldera (Técnicamente ubicación 1-2), entre los PK 44+560 y el PK 46+140 en metros lineales, con una longitud de 246 metros del proyecto. El \"fin dos\" del Fideicomiso, consiste en diseñar y construir los accesos a los fundos enclavados durante la construcción de la Ruta Nacional No. 27. Posteriormente, hubo un proceso de transición entre el Banco Crédito Agrícola de Cartago y el Banco Nacional de Costa Rica ante la quiebra del primero, como ya se reseñó líneas atrás. Después hubo un proceso de contratación administrativa para diseñar los accesos a fundos enclavados, lo cual fue aprobado por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el Consejo Nacional de Concesiones con la contratación de dichas obras. El 30 de enero de 2020, el Fiduciario remitió la orden para iniciar las obras como \"Contrato de Prestación de Servicios para la Construcción de Obras de Acceso a Fundos Enclavados en la Carretera San José-Caldera. Ruta Nacional No. 27”, con una fecha efectiva a partir del 31 de enero de 2020. Con respecto a los permisos de corta de árboles, los mismos se iniciaron desde mayo de 2019, gestionados ante la Dirección de Seguridad y Embellecimiento de Carreteras del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Cuando recién empezó la corta de los árboles, el SINAC advirtió la presencia de un cuerpo de agua, requiriendo el criterio de la Dirección de Aguas. En el criterio a través del Oficio No. DAUHTPCOSJ-503-2020, el SINAC ordenó la suspensión de las obras dentro del área de protección en el Oficio OA-578-2020. En ese criterio se indicó que el área de protección a su alrededor es de 200 metros, dejando trazado 160 metros originalmente sin poder ejecutarse por la invasión del radio de protección. En el mes de diciembre de 2020, hubo reuniones en las que participaron funcionarios del MOPT, CNC y asesores legales, concluyendo que se debía efectuar un estudio que evidenciara que el trazado de las obras fuera el más beneficioso desde el punto de vista ambiental y técnico. Luego el comité técnico instruyó en el mes de febrero de 2021 a la Unidad Administrativa del Proyecto con la contratación del estudio, la cual concluyó en el mes de abril y sus resultados se obtuvieron en el mes de mayo de 2021. Es importante hacer del conocimiento de la Sala Constitucional, que el resultado de los estudios y las conclusiones de los mismos, no evitan que las obras de construcción estén dentro del radio de la naciente, por el contrario, las obras van a tener mayor afectación, mayor volumen de tierras y tala de árboles en los taludes, por lo que la Administración está realizando las gestiones técnicas con el fin de determinar la opción jurídico ambientalmente viable. No obstante, en el archivo fotográfico que se adjunta como prueba en dispositivo de almacenamiento (DVD), se documenta el estado actual de las obras, que demuestran que la propietaria tiene acceso público a su propiedad, por haber la Administración consolidado las expropiaciones necesarias y haber ejecutado la mayor cantidad de obra civil posible de conformidad con la normativa aplicable. Solicita se declare sin lugar la desobediencia alegada. Pide se exonere al Consejo Nacional de Concesiones del pago de las costas procesales.\n5.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.\n\n  Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,\n\nConsiderando:\nI.- Sobre lo resuelto en este asunto. Esta Sala, mediante sentencia No. 2012-015135, de las 14:30 horas del 30 de octubre de 2012, declaró con lugar el presente recurso por violación al derecho de propiedad y dispuso lo siguiente:\n“Por tanto: Se declara con lugar el recurso, únicamente, en cuanto a las autoridades recurridas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Se ordena a Rodrigo Rivera Fournier, en su condición de Presidente del Consejo Nacional de Concesiones, así como a Manuel Abarca Rojas, Gerente del Proyecto San José-Caldera o a quienes en sus lugares ejerzan esos cargos, que realicen las gestiones que sean necesarias para que en el plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de esta resolución, se garantice el acceso efectivo a la finca propiedad de Hacienda Imperio Real Sociedad Anónima o en su defecto, se inicie el proceso de expropiación. Lo anterior, bajo la advertencia que, de no acatar la orden dicha, incurrirán en el delito de desobediencia y que, de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese esta resolución a Rodrigo Rivera Fournier y Manuel Abarca Rojas, en el concepto dicho, en forma personal. Respecto a la Empresa Autopistas del Sol S.A., se declara sin lugar el recurso”.\n \nII.- Sobre la ampliación del plazo para la ejecución de la sentencia dictada. Por resolución No. 2012-016132, de las 09:05  horas del  27 de noviembre de 2012, a solicitud del Presidente del  Consejo Nacional de Concesiones, este Tribunal amplió el plazo para el cumplimiento de lo dispuesto en el voto No. 2012-015135, a fin de garantizar el acceso efectivo a la finca propiedad de la sociedad amparada o en su defecto, que se iniciara el proceso de expropiación. Por ello, dispuso:\n“Por tanto: Se adiciona la sentencia No. 2012-015135 de las catorce horas treinta minutos del 30 de julio del 2012, en el sentido de que el plazo otorgado a Rodrigo Rivera Fournier, en su condición de Presidente del Consejo Nacional de Concesiones, y a Manuel Abarca Rojas, Gerente del Proyecto San José-Caldera, o a quienes en sus lugares ejerzan esos cargos, para que tomen las acciones que correspondan a fin de que se resuelva definitivamente el problema del acceso a la vía pública de la propiedad de la amparada, se amplía a un año más. Notifíquese a dichos funcionarios en forma personal”.\n \nIII.- Sobre la primera gestión de inejecución presentada . El 16 de diciembre de 2014, la recurrente acusó desobediencia a lo ordenado por esta Sala en la sentencia No. 2012-015135, cuyo plazo de cumplimiento fue ampliado por resolución No. 2012-016132. A pesar de que se tuvo por demostrado el incumplimiento, dado que  la orden impartida en el voto No. 2012-015135 se realizó a otros funcionarios, se les reiteró a los que entonces representaban las partes recurridas su cumplimiento. Lo anterior en los siguientes términos:\n“Por tanto: Se le ordena a Carlos Segnini Rojas y a Isabel López Hernández, en su condición de presidente del Consejo Nacional de Concesiones y gerente del Proyecto San José-Caldera, el cumplimiento de lo dispuesto en el voto No. 2012-015135 de las 14:30 hrs. del 30 de octubre del 2012, bajo la advertencia de ordenarse la apertura de un procedimiento administrativo en su contra si no lo hicieren”.\n \nIV.- Sobre la segunda gestión de inejecución presentada . El 10 de noviembre de 2016, la recurrente volvió a acusar desobediencia a lo ordenado por esta Sala en la sentencia No. 2012-015135. Si bien quedó demostrado el incumplimiento, en razón de que debido a la complejidad del asunto no se habían concluido todos los trámites que se requieren para la solución de la situación, esa gestión se desestimó por resolución No. 2016-017859, de las 14:30 horas del 06 de diciembre de 2016. Como sustento para ello se indicó lo siguiente:\n“De lo anterior se colige que todavía no se ha resuelto en definitiva la problemática que presenta la finca de la empresa amparada y que se ha tutelado en el presente asunto, como se indicó en la sentencia No. 2015-001242 de las 9:05 hrs. del 30 de enero de 2015, en atención a otra gestión de desobediencia. Sin embargo, también se constata que la Administración sí se encuentra realizando las acciones que considera necesarias para su atención definitiva. Además, de otras propiedades que se encuentran en igual situación. Tanto así que, en cuanto a la sociedad amparada, como se indicó, ya se tiene definido y tramitado todos los procesos administrativos que se requieren para solucionar y garantizar el acceso a su propiedad. Lo que incluye, una expropiación parcial. De ahí que, contrario a lo alegado por la recurrente, se tiene que sí se inició el proceso de expropiación del inmueble afectado, en cuanto a la parte que se estima procede. No obstante, dada la complejidad del asunto, que incluye la intervención de otras administraciones, todavía no se han concluido todos los trámites que se requieren para la solución definitiva a la problemática planteada en cuanto al bien inmueble de interés, de lo que la expropiación, -ya iniciada-, es una parte. Es bajo ese contexto, que se estima que no procedente la presente gestión de desobediencia y se resuelve en ese sentido. Eso sí, se advierte a las autoridades recurridas que deben continuar con ese proceso sin más demora que la estrictamente necesaria por lo engorroso de los trámites, pues se hace necesario cumplir con lo dispuesto por este Tribunal en tutela de derechos fundamentales (…) Por tanto: No ha lugar a la gestión formulada”.\n \nV.- Sobre la tercera y actual gestión de inejecución presentada . El 05 de julio de 2021, [Nombre 001] , representante de la sociedad amparada, acude alegando desobediencia a lo ordenado por esta Sala en la sentencia No. 2012-015135. Dice que la inercia de la autoridad recurrida priva a Hacienda Imperio Real S.A. del acceso y explotación de su inmueble, lo que implica una lesión de su derecho de propiedad. Asimismo, constituye una violación del derecho fundamental de acceso a una justicia pronta y cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes, habiendo trascurrido más de 9 años desde el momento en que a los recurridos se les ordenó brindarle acceso. Acusa que persiste la falta de acceso por calle pública al inmueble propiedad de la amparada. Solicita se declare con lugar la gestión ordenando de forma inmediata a los recurridos a otorgar acceso efectivo al inmueble de Hacienda Imperio Real S.A.\nRespecto de tales acusaciones se le dio audiencia a la parte recurrida y de lo informado por Rodolfo Méndez Mata, en su condición de Presidente del Consejo Nacional de Concesiones y Ministro de Obras Públicas y Transportes, se tiene que, primeramente, se creó un fideicomiso mediante el cual la Administración se comprometió a construir los accesos a los fundos enclavados después de la construcción de la carretera San José-Caldera, dentro de los cuales está el acceso de la propiedad de Hacienda Imperio Real Sociedad Anónima, aquí amparada. Ese fideicomiso en su inicio fue con el Banco Crédito Agrícola de Cartago, pero como éste fue cerrado, se cambió al Banco Nacional de Costa Rica, quien asumió su administración a partir del 08 de junio de 2018. Superada la etapa de expropiaciones para adquirir los terrenos para garantizar el acceso a la propiedad de la sociedad amparada, se realizó el diseño correspondiente, así como el proceso de contratación administrativa. Luego, con la construcción de las obras que iniciaron el 1° de febrero de 2020, se empezó la corta de los árboles autorizados, pero el SINAC advirtió la presencia de un cuerpo de agua, por lo que se requirió el criterio de la Dirección de Aguas. De ahí que el SINAC, desde el 22 de mayo de 2020, ordenó la suspensión de las obras en el área de protección, con un radio de 200 metros, aunque se desprende de los autos que posteriormente se indicó que es de 100 metros. Aparte de lo anterior se informa que el resultado de los estudios y las conclusiones de los mismos, no evitan que las obras de construcción estén dentro del radio de la naciente, por el contrario, las obras van a tener mayor afectación, mayor volumen de tierras y tala de árboles en los taludes, por lo que la Administración está realizando las gestiones técnicas con el fin de determinar la opción jurídico ambientalmente viable.\nAhora, también informa el recurrido que en el archivo fotográfico que se adjunta como prueba en dispositivo de almacenamiento (DVD), se documenta el estado actual de las obras, que demuestran que la propietaria tiene acceso público a su propiedad, por haber la Administración consolidado las expropiaciones necesarias y haber ejecutado la mayor cantidad de obra civil posible de conformidad con la normativa aplicable. Empero, también en la prueba documental que aporta, se consigna lo siguiente:\n “ 1.4 OBRAS PENDIENTES POR EJECUTAR. A pesar de que el acceso actualmente es operacional, se deben finalizar las obras respetando el criterio de radio de protección dado por la Dirección de Agua. El trazado actual, invade 30 metros del radio de protección que deberá ser reubicado. Después de estos 30 metros, se debe finalizar. Manejos de agua. Superficie de rodadura. Señalización”.\n \nSe denota así que no han concluido las obras que se estiman necesarias para dar fiel cumplimiento a lo dispuesto por esta Cámara.\nEntonces, este Tribunal Constitucional determina que la autoridad accionada ha desplegado los actos antes expuestos, a fin de ejecutar la orden girada en la sentencia número No. 2012-015135, que consiste en disponer los accesos a los fundos enclavados después de la construcción de la carretera San José-Caldera, dentro de los cuales está el acceso de la propiedad de Hacienda Imperio Real Sociedad Anónima, aquí amparada; no obstante, comprende esta Sala que el proceso para llevar a cabo ese acceso es complejo, incluso, ha requerido expropiaciones y, ese procedimiento demandó mayor trámite. Aunque en virtud de la magnitud y complejidad de lo requerido para su fiel cumplimiento, no se terminado lo que corresponde. De forma que, se han desplegado actos para el acceso vial objeto de este amparo y, la autoridad recurrida no ha sido omisa ante la orden constitucional, sino que ha atendido el problema alegado, según la naturaleza del proceso  a seguir para adecuar la vía en cuestión y de conformidad con los requerimientos de ley. En ese contexto, se considera que no es de recibo la objeción del gestionante.\nVI.- Conclusión. Consecuentemente, se desestima la gestión presentada por [Nombre 001], representante de la sociedad amparada.\nVII.- Voto salvado de la Magistrada Garro Vargas. Debido a la inexistencia de mecanismos adecuados previstos por la normativa que rige esta jurisdicción constitucional para dar seguimiento a una sentencia que reviste aspectos técnicos de gran complejidad, como es en este caso garantizar el acceso efectivo a la finca propiedad de sociedad amparada, estimo que la fase de ejecución no debe residenciar en esta Sala. En cambio, lo dispuesto por el Código Procesal Contencioso-Administrativo en materia de ejecución (artículo 155 y siguientes) tiene evidentes ventajas, como la posibilidad de pedir cronogramas, imponer multas, sentar responsabilidades, fiscalizar etapas de cumplimiento, etc. Nótese que la parte gestionante reclama la falta de cumplimiento de una sentencia emitida el 30 de octubre de 2012, o sea, hace más de 9 años. Aunado a que el Ministro de Obras Públicas y Transportes hace referencia a la creación de un fideicomiso, así como que ha se tenido que recurrir a expropiaciones, entre otras acciones, para dar cumplimiento a la sentencia. Lo anterior denota una complejidad que es impropia de solventar es un proceso sumarísimo como el amparo, de lo que no escapa la etapa de ejecución de sus pronunciamientos. A lo que se debe agregar que es necesario fiscalizar las actuaciones de la parte recurrida y determinar si corresponde en tiempo y espacio, con el cometido de cumplir lo ordenado por esta Sala. Aparte de que tampoco se puede soslayar que si un tribunal de la República emitió una sentencia estimatoria, la Administración de Justicia (independientemente del despacho que corresponda) está constitucionalmente obligada a hacerla cumplir. Por ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, estimo que la fase de ejecución debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución de sentencia de dicho Código.\nVIII.- Documentación aportada al expediente . Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\nPor tanto:\nNo ha lugar a la gestión formulada por [Nombre 001], representante de la Hacienda Imperio Real Sociedad Anónima. La Magistrada Garro Vargas salva el voto y, de conformidad con el artículo 56 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dispone que la ejecución de la sentencia debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución, establecidos en los artículos 155 y siguientes del Código Procesal Contencioso Administrativo. Notifíquese.\n \n \n \n\t\nFernando Castillo V.\nPresidente\n\t\n \n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\t\n \n\t\nJorge Araya G.\n\n\nAnamari Garro V.\n\t\n \n\t\nAna María Picado B.\n\n\nAlicia Salas T.\n\t\n \n\t\nIleana Sánchez N.\n \n \nDocumento Firmado Digitalmente\n-- Código verificador --\n*VOCV2M6N943A61*\n VOCV2M6N943A61\nEXPEDIENTE N° 12-011793-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 09-05-2026 04:09:05.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "**CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE.** San José, at ten hours five minutes on the ninth of November of two thousand twenty-one.\n\nNoncompliance proceeding (Gestión de inejecución) filed by [Name 001], of legal age, single, attorney, identity card No. [Value 001], resident of Playa Hermosa de Jacó, in the amparo appeal filed by [Name 002], of legal age, divorced, merchant, identity card No. [Value 002], resident of Santa Ana, on behalf of Hacienda Imperio Real Sociedad Anónima, legal identification No. 3-101-374582, against the Chairman of the Board of Directors of the National Concessions Council (Consejo Nacional de Concesiones) and the Manager of the San José-Caldera Highway Public Works Concession with Public Service Project of the National Concessions Council, both from the Ministry of Public Works and Transport (Ministerio de Obras Públicas y Transportes, MOPT).\n\n**Whereas:**\n\n1.- By brief received in the Secretariat of the Chamber at 20:03 hours on July 5, 2021, [Name 001], representative of the amparo-protected corporation, files an amparo appeal alleging disobedience to the order issued by this Chamber in judgment No. 2012-015135, of 14:30 hours on October 30, 2012. The petitioner alleges that his principal is the owner of the property registered in the Alajuela registry under real folio registration No. 230107-000. He indicates that due to the construction of the San José-Caldera highway, the property was divided into 2 sections and left without access to a public street. He states that the property was segregated, and currently, his principal is the owner of the farm registered under real folio registration No. 520295-000. He comments that on September 7, 2012, Mrs. [Name 002] filed an amparo appeal before this Chamber on behalf of Hacienda Imperio Real Sociedad Anónima due to the respondents' inaction in providing a solution to the problem with the cited property. By judgment 2012-015135, of 14:30 hours on October 30, 2012, the Constitutional Chamber granted the appeal; however, as of the date of filing this proceeding, almost 9 years have passed since the ruling in favor, without the respondent authorities having resolved the situation. Furthermore, he alleges that the lack of access via a public street to the property owned by the amparo-protected party persists. He adds that on June 7, 2021, Mrs. [Name 003] requested the National Concessions Council and the Minister of Public Works and Transport to comply with the order issued by the Constitutional Court. By official letter No. CNC-APM-SJC-0361-2021, of June 30, 2021, the respondent Council replied, referring to the actions taken and that the last procedure was carried out in May 2020. However, the relevant actions for the execution of what was ordered by this Chamber have not materialized. He considers that this inaction by the Administration constitutes a violation of Article 45 of the Constitution, which states that property is inviolable and no one may be deprived of their own except for legally proven public interest, with prior compensation according to the law, since the inertia of the respondent authority deprives Hacienda Imperio Real S.A. of access to and exploitation of its property, which implies an injury to its property right. Likewise, it constitutes a violation of the fundamental right to prompt and complete justice, without denial and in strict conformity with the laws, more than 9 years having passed since the respondents were ordered to provide access. He requests that the proceeding be granted, ordering the respondents immediately to provide effective access to the property of Hacienda Imperio Real S.A.\n\n2.- By judgment No. 2021-015732, of 09:15 hours on July 9, 2021, issued in amparo appeal No. 21-012918-0007-CO, this Chamber resolved the following: \"**THEREFORE:** Sever the filing brief and the documentation contained in the electronic record of this appeal, and add it to case file No. 12-011793-0007-CO, so that what is legally appropriate may be resolved. Archive this case file.\"\n\n3.- By resolution at 20:56 hours on July 13, 2021, the Instructing Magistrate forwarded the present proceeding to the Chairman of the National Concessions Council and the Manager of the San José-Caldera Project, both from the MOPT.\n\n4.- Rodolfo Méndez Mata, in his capacity as Chairman of the National Concessions Council and Minister of Public Works and Transport, reports under oath (brief submitted at 10:27 hours on July 21, 2021) that in resolution No. 2012-015135, of 14:30 hours on October 30, 2012, the Constitutional Chamber indicated in the amparo under case file No. 12-011793-0007-CO, that the respondent authorities implement the necessary actions so that within the term of six (6) months, once the amparo resolution is notified, they guarantee effective access to the farm or, failing that, initiate the expropriation process (proceso de expropiación). Once the Route 27 project was built, the farm was divided into two sections and left without access to the public street, constituting farm No. 2-520295-000, registered in the Public Property Registry. The representative of the farm registered in the name of Imperio Real Sociedad Anónima considers that nine years have passed since the ruling in favor, without the authorities resolving the problem. On July 7, 2021, Mrs. [Name 002], representing the corporation, requested the National Concessions Council and the Minister of Public Works and Transport to comply with the order. Through official letter No. CNC-APSJC-0361-2021, the Management of the San José-Caldera Project replied, referring to the actions taken to comply with what was ordered by the Constitutional Chamber. As established by this Court in the present amparo, the action constitutes a violation of numeral 45 of the Political Constitution, considering that property is inviolable and no one may be deprived of their own. Similarly, the Chamber considers there is a violation of the constitutional right to prompt and complete justice, so the respondent authorities must carry out the pertinent actions requested by the petitioner. Regarding the accused facts. Through official letter No. CNC-APM-SJC-0361-2021, the Management of the San José-Caldera Construction Project on Route No. 27 replied to Mrs. [Name 002], in her legal representation of Hacienda Imperio Real Sociedad Anónima, the following: to address the Constitutional Chamber's resolution, on May 9, 2016, a trust agreement called \"Trust for Administration, Payment and Related Works of the Public Works with Public Service of the San José-Caldera Highway-CNC-MOPT-BANCREDITO 2015\" was signed between the National Concessions Council, the Ministry of Public Works and Transport, and Banco Crédito Agrícola de Cartago, which was approved by the Comptroller General of the Republic (Contraloría General de la República) on June 30, 2016. Through this trust, the administration committed to building access points to the landlocked properties (fundos enclavados) after the construction of the San José-Caldera highway, among which is the access for the property of Hacienda Imperio Real Sociedad Anónima. By a government decision, Banco Crédito Agrícola de Cartago was closed, and subsequently, on February 13, 2018, the same Comptroller General of the Republic approved the addendum for the change of trustee (from Banco Crédito Agrícola de Cartago to Banco Nacional de Costa Rica), which assumed the administration of the trust starting June 8, 2018. It is of interest to clarify that, as of 2016, with the entry into operation of the initial Trust, expropriation processes began to be developed to acquire the lands to guarantee access to the property of Hacienda Imperio Real S.A., a task that concluded in August 2017. The design process was carried out in 2018 through a design contract managed by the same trust, which was approved by the administration, and the obtaining of environmental viability (viabilidad ambiental) was processed, and on October 3, through Resolution No. 3107-2019-SETENA, environmental viability was obtained. Through the trust, the administrative contracting process was carried out with the order to start construction of the access on February 1, 2020. With the construction of the works, the felling of some trees located on the site had to be managed, noting the presence of a body of water, requiring an opinion issued by the Water Directorate (Dirección de Aguas), by which, through Administrative Resolution No. DA-UHTPCOSJ-503-2020, SINAC ordered the suspension of the works in the protection area, with a radius of 200 meters, through Resolution No. SINAC OA-578-2020 since May 22, 2020. Mrs. [Name 003], representing the property in the name of Imperio Real Sociedad Anónima, was informed that the National Concessions Council and the Management of the San José-Caldera Highway Project, together with officials from MINAE, evaluated alternatives to resolve the issue and provide access to the farm. By the document provided to this amparo called \"Related Works of Public Works with Public Service of the San José-Caldera Highway-CNC-MOPT-/BNCR 2015,\" in the Document \"Background of Access to Property 11 (Fundo 11)\" in section UAP-FID-03-061-2021, dated July 19, 2021, prepared by Jorge Zapata, it indicates the following: Regarding the location called Property 11, it is situated in the vicinity of Route No. 27, right side, in the San José-Caldera direction (Technically location 1-2), between PK 44+560 and PK 46+140 in linear meters, with a length of 246 meters of the project. The \"second purpose\" of the Trust consists of designing and building the accesses to the properties landlocked during the construction of National Route No. 27. Subsequently, there was a transition process between Banco Crédito Agrícola de Cartago and Banco Nacional de Costa Rica due to the bankruptcy of the former, as already described above. Afterward, there was an administrative contracting process to design the accesses to landlocked properties, which was approved by the Ministry of Public Works and Transport and the National Concessions Council with the contracting of said works. On January 30, 2020, the Trustee sent the order to start the works as \"Contract for the Provision of Services for the Construction of Access Works to Landlocked Properties on the San José-Caldera Highway. National Route No. 27,\" with an effective date of January 31, 2020. Regarding the tree felling permits, they were initiated in May 2019, processed before the Directorate of Highway Safety and Beautification (Dirección de Seguridad y Embellecimiento de Carreteras) of the Ministry of Public Works and Transport. When the tree felling had just begun, SINAC noted the presence of a body of water, requiring the opinion of the Water Directorate. In the opinion through Official Letter No. DAUHTPCOSJ-503-2020, SINAC ordered the suspension of the works within the protection area in Official Letter OA-578-2020. In that opinion, it was indicated that the protection area around it is 200 meters, leaving 160 meters of the original alignment unable to be executed due to the invasion of the protection radius. In December 2020, meetings were held in which officials from MOPT, CNC and legal advisors participated, concluding that a study should be carried out to demonstrate that the alignment of the works was the most beneficial from an environmental and technical point of view. Then, in February 2021, the technical committee instructed the Administrative Unit of the Project to contract the study, which concluded in April, and its results were obtained in May 2021. It is important to inform the Constitutional Chamber that the results of the studies and their conclusions do not prevent the construction works from being within the radius of the spring (naciente); on the contrary, the works will have greater impact, a greater volume of earthworks (tierras) and tree felling on the embankments, for which reason the Administration is carrying out technical actions in order to determine the legally and environmentally viable option. However, in the photographic archive attached as evidence on a storage device (DVD), the current state of the works is documented, demonstrating that the owner has public access to her property, as the Administration has consolidated the necessary expropriations and has executed the maximum amount of civil works possible in accordance with applicable regulations. He requests that the alleged disobedience be declared without merit. He requests that the National Concessions Council be exonerated from the payment of procedural costs.\n\n5.- The legal prescriptions have been observed in the proceedings followed.\n\nDrafted by Magistrate Castillo Víquez; and,\n\n**Considering:**\n\nI.- Regarding what was resolved in this matter. This Chamber, through judgment No. 2012-015135, of 14:30 hours on October 30, 2012, granted the present appeal for violation of the property right and ordered the following:\n\"Therefore: The appeal is granted, solely, concerning the respondent authorities of the Ministry of Public Works and Transport. Rodrigo Rivera Fournier, in his capacity as Chairman of the National Concessions Council, as well as Manuel Abarca Rojas, Manager of the San José-Caldera Project, or whoever exercises those positions in their stead, are ordered to carry out the actions that are necessary so that within a period of six months, counted from the notification of this resolution, effective access to the farm owned by Hacienda Imperio Real Sociedad Anónima is guaranteed, or failing that, the expropriation process is initiated. The foregoing, under the warning that, should they fail to comply with said order, they will incur the crime of disobedience and that, in accordance with Article 71 of the Law of this jurisdiction, a prison sentence of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo appeal, and fails to comply with it or fails to enforce it, provided that the crime is not more severely penalized. The State is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this ruling, which shall be liquidated in the execution of the judgment in the contentious-administrative court. Notify this resolution to Rodrigo Rivera Fournier and Manuel Abarca Rojas, in the stated capacity, personally. Regarding the company Autopistas del Sol S.A., the appeal is dismissed.\"\n\nII.- Regarding the extension of the deadline for the execution of the issued judgment. By resolution No. 2012-016132, of 09:05 hours on November 27, 2012, at the request of the Chairman of the National Concessions Council, this Court extended the deadline for compliance with what was ordered in vote No. 2012-015135, in order to guarantee effective access to the farm owned by the amparo-protected corporation or, failing that, for the expropriation process to be initiated. Therefore, it ordered:\n\"Therefore: Judgment No. 2012-015135 of fourteen hours thirty minutes on July 30, 2012, is supplemented in the sense that the period granted to Rodrigo Rivera Fournier, in his capacity as Chairman of the National Concessions Council, and to Manuel Abarca Rojas, Manager of the San José-Caldera Project, or whoever exercises those positions in their stead, to take the corresponding actions so that the problem of access to the public thoroughfare for the amparo-protected party's property is definitively resolved, is extended for one more year. Notify said officials personally.\"\n\nIII.- Regarding the first noncompliance proceeding filed. On December 16, 2014, the petitioner alleged disobedience to the order issued by this Chamber in judgment No. 2012-015135, whose compliance deadline was extended by resolution No. 2012-016132. Although the breach was deemed proven, given that the order issued in vote No. 2012-015135 was directed at other officials, compliance was reiterated to those who then represented the respondent parties. The foregoing, in the following terms:\n\"Therefore: Carlos Segnini Rojas and Isabel López Hernández, in their capacity as chairman of the National Concessions Council and manager of the San José-Caldera Project, are ordered to comply with what was ordered in vote No. 2012-015135 of 14:30 hrs. on October 30, 2012, under the warning that the opening of an administrative proceeding against them will be ordered if they fail to do so.\"\n\nIV.- Regarding the second noncompliance proceeding filed. On November 10, 2016, the petitioner again alleged disobedience to the order issued by this Chamber in judgment No. 2012-015135. Although the breach was proven, given that due to the complexity of the matter, not all the procedures required for the solution of the situation had been concluded, that proceeding was dismissed by resolution No. 2016-017859, of 14:30 hours on December 6, 2016. As support for this, the following was indicated:\n\"From the above, it is inferred that the problem presented by the farm of the amparo-protected company, which has been protected in this matter, has not yet been definitively resolved, as indicated in judgment No. 2015-001242 of 9:05 hrs. on January 30, 2015, in response to another noncompliance proceeding. However, it is also verified that the Administration is indeed carrying out the actions it considers necessary for its definitive resolution. Also, for other properties that are in the same situation. So much so that, regarding the amparo-protected corporation, as indicated, all the administrative processes required to solve and guarantee access to its property have already been defined and processed. Which includes a partial expropriation. Hence, contrary to what was alleged by the petitioner, it is established that the expropriation process for the affected property was indeed initiated, regarding the part deemed appropriate. However, given the complexity of the matter, which includes the intervention of other administrations, not all the procedures required for the definitive solution to the problem raised concerning the property of interest have been concluded, of which the expropriation - already initiated - is a part. It is in this context that the present noncompliance proceeding is considered not admissible and is resolved accordingly. That said, the respondent authorities are warned that they must continue with that process without further delay than that strictly necessary due to the cumbersome nature of the proceedings, as it is necessary to comply with what was ordered by this Court in protection of fundamental rights (...) Therefore: No ha lugar a la gestión formulada (The petition is denied).\"\n\nV.- Regarding the third and current noncompliance proceeding filed. On July 5, 2021, [Name 001], representative of the amparo-protected corporation, appears alleging disobedience to what was ordered by this Chamber in judgment No. 2012-015135. He states that the inertia of the respondent authority deprives Hacienda Imperio Real S.A. of access to and exploitation of its property, which implies an injury to its property right. Likewise, it constitutes a violation of the fundamental right to prompt and complete justice, without denial and in strict conformity with the laws, more than 9 years having passed since the respondents were ordered to provide access. He alleges that the lack of access via a public street to the property owned by the amparo-protected party persists. He requests that the proceeding be granted, ordering the respondents immediately to provide effective access to the property of Hacienda Imperio Real S.A.\nRegarding such accusations, the respondent party was heard, and from the information provided by Rodolfo Méndez Mata, in his capacity as Chairman of the National Concessions Council and Minister of Public Works and Transport, it is established that, firstly, a trust was created through which the Administration committed to building the accesses to the landlocked properties after the construction of the San José-Caldera highway, among which is the access for the property of Hacienda Imperio Real Sociedad Anónima, the amparo-protected party here. This trust was initially with Banco Crédito Agrícola de Cartago, but since it was closed, it was changed to Banco Nacional de Costa Rica, which assumed its administration starting June 8, 2018. Once the expropriation stage to acquire the lands to guarantee access to the property of the amparo-protected corporation was completed, the corresponding design was carried out, as well as the administrative contracting process. Subsequently, with the construction of the works that began on February 1, 2020, the felling of authorized trees began, but SINAC noted the presence of a body of water, so the opinion of the Water Directorate was required. Hence, SINAC, as of May 22, 2020, ordered the suspension of the works in the protection area, with a radius of 200 meters, although it is clear from the case records that it was later indicated to be 100 meters. Aside from the above, it is reported that the results of the studies and their conclusions do not prevent the construction works from being within the radius of the spring; on the contrary, the works will have a greater impact, a greater volume of earthworks and tree felling on the embankments, for which reason the Administration is carrying out technical actions in order to determine the legally and environmentally viable option.\nNow, the respondent also reports that the photographic archive attached as evidence on a storage device (DVD) documents the current state of the works, demonstrating that the owner has public access to her property, as the Administration has consolidated the necessary expropriations and has executed the maximum amount of civil works possible in accordance with applicable regulations. However, the documentary evidence he provides also records the following:\n\n| **1.4 WORKS PENDING EXECUTION.** | |\n| :--- | :--- |\n| Despite the access currently being operational, the works must be finalized respecting the protection radius criterion given by the Water Directorate. The current alignment invades 30 meters of the protection radius that must be relocated. After these 30 meters, it must be finalized. Water management. Paving surface (Superficie de rodadura). Signaling. | |\n\nIt is thus evident that the works deemed necessary to fully comply with what was ordered by this Chamber have not been completed.\nTherefore, this Constitutional Court determines that the respondent authority has carried out the acts described above in order to execute the order issued in judgment number No. 2012-015135, which consists of providing accesses to the landlocked properties after the construction of the San José-Caldera highway, among which is the access for the property of Hacienda Imperio Real Sociedad Anónima, the amparo-protected party here; however, this Chamber understands that the process to carry out that access is complex, has even required expropriations, and that procedure demanded further processing. Although, due to the magnitude and complexity of what is required for its faithful compliance, it has not been completed. Thus, acts have been carried out for the road access that is the object of this amparo, and the respondent authority has not been neglectful of the constitutional order but has addressed the alleged problem, according to the nature of the process to be followed to adapt the road in question and in accordance with the requirements of the law. In this context, the petitioner's objection is considered not receivable.\n\nVI.- Conclusion. Consequently, the petition filed by [Name 001], representative of the amparo-protected corporation, is dismissed.\n\nVII.- Dissenting vote of Magistrate Garro Vargas. Due to the lack of adequate mechanisms provided by the regulations governing this constitutional jurisdiction to follow up on a judgment that involves highly complex technical aspects, as is the case here to guarantee effective access to the farm owned by the amparo-protected corporation, I believe that the execution phase should not reside in this Chamber. Instead, what is provided by the Contentious-Administrative Procedure Code regarding execution (Article 155 et seq.) has evident advantages, such as the possibility of requesting schedules, imposing fines, assigning responsibilities, monitoring compliance stages, etc. Note that the petitioner claims non-compliance with a judgment issued on October 30, 2012, that is, more than 9 years ago. In addition to the fact that the Minister of Public Works and Transport refers to the creation of a trust, as well as the fact that expropriations have had to be resorted to, among other actions, to comply with the judgment. The foregoing denotes a complexity that is unsuitable to be resolved in a summary proceeding such as amparo, from which the execution stage of its pronouncements does not escape. To which it must be added that it is necessary to supervise the actions of the respondent party and determine if they correspond in time and space, with the task of complying with what was ordered by this Chamber. Aside from the fact that it cannot be ignored that if a court of the Republic issued an estimated judgment, the Administration of Justice (regardless of the corresponding office) is constitutionally obligated to enforce it. Therefore, in accordance with the provisions of Article 56 of the Law of Constitutional Jurisdiction, I believe that the execution phase should be carried out before the Execution Area of the Contentious-Administrative and Civil Treasury Court, under the rules for execution of judgment of said Code.\n\nVIII.- Documentation provided to the case file. Parties are warned that, if they have provided any paper documents, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, as provided in the \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\" (Regulation on the Electronic File before the Judicial Branch), approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.\n\n**Therefore:**\n\nNo ha lugar a la gestión formulada (The petition filed by [Name 001], representative of Hacienda Imperio Real Sociedad Anónima, is denied). Magistrate Garro Vargas dissents and, in accordance with Article 56 of the Law of Constitutional Jurisdiction, orders that the execution of the judgment must be carried out before the Execution Area of the Contentious-Administrative and Civil Treasury Court, under the execution rules established in Articles 155 et seq. of the Contentious-Administrative Procedure Code. Notify.\n\nReception of matters from vulnerable groups: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 09-05-2026 04:09:05.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
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