{ "id": "nexus-sen-1-0007-1060384", "citation": "Res. 24882-2021 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Sala Constitucional declara con lugar amparo por retraso en responder solicitud de información al MINAE", "title_en": "Constitutional Chamber Grants Amparo for MINAE's Delay in Responding to Information Request", "summary_es": "La Sala Constitucional conoció un amparo presentado por una asociación ambiental contra el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) por no responder oportunamente a una solicitud de información sobre el seguimiento al Decreto Ejecutivo 34139-S-MAGTSS-MINAE. La recurrente pidió informes de verificación sobre varios artículos del decreto. El MINAE acusó recibo, pero no contestó a tiempo. Durante el trámite, la ministra respondió el 20 de octubre de 2021, tras ser notificada del auto inicial del amparo. La Sala determinó que el plazo de respuesta fue excesivo y que el ministerio debió comunicar la necesidad de más tiempo, lo cual no hizo. No obstante, como la respuesta ya había sido emitida, declaró con lugar el recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios, aplicando el artículo 52 de la Ley de Jurisdicción Constitucional. Hubo votos salvados que abogaban por la condenatoria, bajo el argumento de que el derecho a una tutela efectiva incluye indemnización.", "summary_en": "The Constitutional Chamber reviewed an amparo filed by an environmental association against the Ministry of Environment and Energy (MINAE) for failing to timely respond to a request for information on the follow-up to Executive Decree 34139-S-MAGTSS-MINAE. The petitioner requested verification reports on several articles of the decree. MINAE acknowledged receipt but did not reply on time. During proceedings, the Minister responded on October 20, 2021, after being notified of the amparo's initial order. The Chamber found the response period excessive and that the ministry should have communicated the need for more time, which it did not. However, since the response had already been issued, the Chamber granted the amparo without awarding costs, damages, or losses, applying Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law. There were dissenting votes advocating for sanctions, arguing that the right to effective protection includes compensation.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "05/11/2021", "year": "2021", "topic_ids": [ "procedural-environmental" ], "primary_topic_id": "procedural-environmental", "es_concept_hints": [ "recurso de amparo", "derecho de petición", "silencio administrativo", "condenatoria en costas", "Ley de la Jurisdicción Constitucional", "MINAE", "Decreto Ejecutivo 34139" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 52", "law": "Ley de la Jurisdicción Constitucional" }, { "article": "Art. 51", "law": "Ley de la Jurisdicción Constitucional" }, { "law": "Decreto Ejecutivo 34139-S-MAGTSS-MINAE" } ], "keywords_es": [ "recurso de amparo", "derecho de petición", "acceso a la información", "plazo de respuesta", "MINAE", "Decreto Ejecutivo 34139", "silencio administrativo", "condenatoria en costas" ], "keywords_en": [ "amparo remedy", "right to petition", "access to information", "response deadline", "MINAE", "Executive Decree 34139", "administrative silence", "award of costs" ], "excerpt_es": "IV.- SOBRE EL FONDO. En el sub lite se tuvo por acreditado que el 28 septiembre de 2021, la parte recurrente remitió a la ministra de Ambiente y Energía vía correo electrónico a la dirección despachominae@minae.go.cr, una solicitud de información relacionada con el seguimiento realizado por parte de ese ministerio al cumplimiento del Decreto Ejecutivo número 34139-S-MAGTSS-MINAE. [...] En la especie, este Tribunal estima que el plazo que el ministerio recurrido tardó en atender la gestión de la accionante sí deviene excesivo. En ese contexto, si bien la personera de la autoridad accionada mencionó que el informe de respuesta debía contar con el visto bueno del Viceministro de Energía y, además se requirió de insumos técnicos y legales para brindar una respuesta fundamentada y acorde a la consulta presentada, lo cierto del caso es que debió comunicarle a la parte amparada que requería más tiempo para atender lo pedido, actuación que no consta haya sido realizada. Pese a lo expuesto, como se infiere que fue con atención a la notificación del auto de curso a la Ministra de Ambiente y Energía, lo que ocurrió el 20 de octubre de 2021, que se notificó la respuesta a la gestionante, lo que procede es declarar con lugar el recurso sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios.", "excerpt_en": "IV.- ON THE MERITS. In the instant case, it was proven that on September 28, 2021, the petitioner sent to the Minister of Environment and Energy, via email to despachominae@minae.go.cr, a request for information regarding the ministry's follow-up on compliance with Executive Decree No. 34139-S-MAGTSS-MINAE. [...] In this case, this Court considers that the time the respondent ministry took to address the petitioner's request was indeed excessive. In that context, although the representative of the respondent authority mentioned that the response report had to be approved by the Vice Minister of Energy and, further, that technical and legal inputs were required to provide a well-founded response in line with the consultation, the truth is that the ministry should have informed the protected party that it needed more time to address the request, an action that does not appear to have been taken. Despite the above, since it is inferred that it was in response to the notification of the initial order to the Minister of Environment and Energy, which occurred on October 20, 2021, that the response was notified to the petitioner, it is appropriate to grant the amparo without special award of costs, damages, or losses.", "outcome": { "label_en": "Granted", "label_es": "Con lugar", "summary_en": "The amparo was granted due to MINAE's delay in responding to an information request, without awarding costs, damages, or losses, since the response was issued during the proceedings.", "summary_es": "Se declaró con lugar el recurso de amparo por el retraso del MINAE en contestar una solicitud de información, sin condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues la respuesta fue emitida durante el trámite." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando IV", "quote_en": "In this case, this Court considers that the time the respondent ministry took to address the petitioner's request was indeed excessive.", "quote_es": "En la especie, este Tribunal estima que el plazo que el ministerio recurrido tardó en atender la gestión de la accionante sí deviene excesivo." }, { "context": "Considerando IV", "quote_en": "... the truth is that the ministry should have informed the protected party that it needed more time to address the request, an action that does not appear to have been taken.", "quote_es": "... lo cierto del caso es que debió comunicarle a la parte amparada que requería más tiempo para atender lo pedido, actuación que no consta haya sido realizada." }, { "context": "Por Tanto", "quote_en": "In accordance with Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law, the amparo is granted without special award of costs, damages, or losses.", "quote_es": "De conformidad con el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se declara con lugar el recurso sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [ { "target_id": "norm-62037", "kind": "concept_anchor", "label": "Decreto Ejecutivo 34139-S-MAGTSS-MINAE" } ], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1060384", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [], "sentencias_relacionadas": [], "temas_y_subtemas": [], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 24882 - 2021\n\nFecha de la Resolución: 05 de Noviembre del 2021 a las 09:20\n\nExpediente: 21-020755-0007-CO\n\nRedactado por: Fernando Castillo Víquez\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp: 21-020755-0007-CO\n\nRes. Nº 2021024882\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del cinco de noviembre de dos mil veintiuno .\n\n Recurso de amparo que se tramita en expediente número 21-020755-0007-CO, interpuesto por MARIANA LUCÍA PORRAS ROZAS, cédula de identidad 0111460917, a favor de la ASOCIACIÓN RED DE COORDINACIÓN EN BIODIVERSIDAD, cédula jurídica 3002611847, contra el MINISTERIO DE AMBIENTE ENERGÍA.\n\nRESULTANDO:\n\n 1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 19:27 horas del 16 de octubre de 2021, la recurrente interpone recurso de amparo contra el MINISTERIO DE AMBIENTE ENERGÍA y manifiesta que el 28 septiembre de 2021, por medio del correo electrónico despachominae@minae.go.cr, remitió a la ministra de Ambiente y Energía una solicitud de información, específicamente sobre el seguimiento realizado por parte de ese ministerio al cumplimiento del Decreto Ejecutivo número 34139-S-MAGTSS-MINAE. Concretamente la información solicitada, según copia de la gestión aportada, fue la siguiente: \"1. Reporte que indique las labores de verificación específicas que realiza su ministerio en relación con el cumplimiento del artículo 2° (segundo) señalado supra. Indicar qué labores se han llevado a cabo, qué hallazgos tuvieron y qué acciones correctivas se tomaron en cada caso. 2. Reporte que indique las labores de verificación específicas que realiza su ministerio en relación con el cumplimiento del artículo 3° (tercero) señalado supra. Indicar qué labores se han llevado a cabo, qué hallazgos tuvieron y qué acciones correctivas se tomaron en cada caso. 3. Reporte que indique las labores de verificación específicas que realiza su ministerio en relación con el cumplimiento del artículo 4° (cuarto) señalado supra. Indicar qué labores se han llevado a cabo, qué hallazgos tuvieron y qué acciones correctivas se tomaron en cada caso. 4. Reporte que indique las labores de verificación específicas que realiza su ministerio en relación con el cumplimiento del artículo 5° (quinto) señalado supra. Indicar qué labores se han llevado a cabo, qué hallazgos tuvieron y qué acciones correctivas se tomaron en cada caso. 5. Reporte que indique las labores de verificación específicas que realiza su ministerio en relación con el cumplimiento del artículo 6° (sexto) señalado supra. Indicar qué labores se han llevado a cabo, qué hallazgos tuvieron y qué acciones correctivas se tomaron en cada caso\". Explica que el 28 de septiembre, el despacho de la ministra acusó recibo de la solicitud de información; sin embargo, no han obtenido respuesta alguna. Solicita que se ordene a la ministra de Ambiente y Energía resolver la solicitud de información planteada, poniéndole un plazo para ello.\n\n 2.- Informa bajo juramento Andrea Meza Murillo, en su condición de Ministra de Ambiente y Energía, en lo que conducente, que mediante oficio DIGECA-571-2021, la licenciada Shirley Soto Montero, en su condición de Directora de la Dirección de Gestión y Calidad Ambiental, elaboró el informe solicitado a fin de dar respuesta a la solicitud de la recurrente. No obstante, señala que dicho  informe debe ser revisado y valorado por el Viceministro de Energía, quien es el superior de la Directora de DIGECA, quien tiene que ponerle su visto bueno, para posteriormente remitirlo a ese despacho a fin de proceder a dar una respuesta ajustada a derecho a la amparada. Detalla que para cumplir con la consulta formulada por la accionante, ese despacho necesitaba de insumos técnicos y legales en aras de brindar una respuesta fundamentada y acorde a la consulta presentada. Por tal razón, mediante oficio DM-1065-2021 del 20 de octubre de 2021, se procedió a notificarle a la gestionante la respuesta a la consulta formulada. Estima que en el caso en concreto no se denotan violaciones a los derechos fundamentales de la tutelada. Asimismo, considera que desde la fecha de presentación de la petición, a la fecha de la respuesta de parte de la suscrita, no ha pasado un plazo desproporcionado, en razón del proceso que conlleva el preparar la respuesta ajustada a principios técnicos y jurídicos. Solicita que se declare sin lugar el recurso.\n\n3.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.\n\nRedacta el Magistrado Castillo Víquez; y,\n\n CONSIDERANDO:\n\n I.- DE PREVIO. En vista de que Andrea Meza Murillo, en su condición de Ministra de Ambiente y Energía omitió indicar expresamente en el informe rendido bajo juramento si la dirección de correo electrónico despachominae@minae.go.cr, se encuentra previsto como mecanismo oficial de comunicación con ese ministerio, se tiene por cierto este hecho y se procede a analizar la constitucionalidad de este asunto de conformidad con lo regulado en el artículo 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.\n\nII.- OBJETO DEL RECURSO. La recurrente manifiesta que el 28 septiembre de 2021 solicitó a la ministra de Ambiente y Energía vía correo electrónico a la dirección despachominae@minae.go.cr, información de su interés relacionada con el seguimiento realizado por parte de ese ministerio al cumplimiento del Decreto Ejecutivo número 34139-S-MAGTSS-MINAE. En ese contexto, detalla que el 28 de septiembre de 2021, el despacho de la ministra acusó recibo de la solicitud de información. No obstante, reclama que no ha obtenido respuesta alguna. Solicita la intervención de la Sala.\n\nIII.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:\n\na)     El 28 septiembre de 2021, la recurrente remitió a la ministra de Ambiente y Energía vía correo electrónico a la dirección despachominae@minae.go.cr, una solicitud de información relacionada con el seguimiento realizado por parte de ese ministerio al cumplimiento del Decreto Ejecutivo número 34139-S-MAGTSS-MINAE. Concretamente, emplazó lo siguiente: \"1. Reporte que indique las labores de verificación específicas que realiza su ministerio en relación con el cumplimiento del artículo 2° (segundo) señalado supra. Indicar qué labores se han llevado a cabo, qué hallazgos tuvieron y qué acciones correctivas se tomaron en cada caso. 2. Reporte que indique las labores de verificación específicas que realiza su ministerio en relación con el cumplimiento del artículo 3° (tercero) señalado supra. Indicar qué labores se han llevado a cabo, qué hallazgos tuvieron y qué acciones correctivas se tomaron en cada caso. 3. Reporte que indique las labores de verificación específicas que realiza su ministerio en relación con el cumplimiento del artículo 4° (cuarto) señalado supra. Indicar qué labores se han llevado a cabo, qué hallazgos tuvieron y qué acciones correctivas se tomaron en cada caso. 4. Reporte que indique las labores de verificación específicas que realiza su ministerio en relación con el cumplimiento del artículo 5° (quinto) señalado supra. Indicar qué labores se han llevado a cabo, qué hallazgos tuvieron y qué acciones correctivas se tomaron en cada caso. 5. Reporte que indique las labores de verificación específicas que realiza su ministerio en relación con el cumplimiento del artículo 6° (sexto) señalado supra. Indicar qué labores se han llevado a cabo, qué hallazgos tuvieron y qué acciones correctivas se tomaron en cada caso\". Come medio para recibir notificaciones señaló la dirección de correo electrónico red.biodiversidad.cr@gmail.com (véase la prueba adjunta).\n\nb)    El 28 de septiembre de 2021, el despacho de la ministra acusó recibo de la solicitud de información interpuesta (véase la prueba adjunta).\n\nc)     Mediante oficio DIGECA-571-2021 del 30 de setiembre de 2021, la Directora de la Dirección de Gestión y Calidad Ambiental atendió la gestión de la interesada y remitió a la Ministra de Ambiente y Energía un “Borrador de nota de respuesta a la Hoja de Trámite Priv. 1506”, donde se atiende la consulta sobre el seguimiento al Decreto Ejecutivo No. 34139-S-MAG-TSS-MINAE (véase el informe y la prueba adjunta).\n\nd)    El auto de curso fue notificado a la Ministra de Ambiente y Energía a las 08:48 horas del 20 de octubre de 2021 (véase el acta de notificación adjunta).\n\ne)     Bajo la solemnidad del juramento, la representante de la autoridad recurrida informó que mediante oficio DM-1065-2021 del 20 de octubre de 2021 se notificó a la tutelada la respuesta a la consulta formulada el 28 de setiembre de 2021 (véase el informe y la prueba adjunta).\n\nIV.- SOBRE EL FONDO. En el sub lite se tuvo por acreditado que el 28 septiembre de 2021, la parte recurrente remitió a la ministra de Ambiente y Energía vía correo electrónico a la dirección despachominae@minae.go.cr, una solicitud de información relacionada con el seguimiento realizado por parte de ese ministerio al cumplimiento del Decreto Ejecutivo número 34139-S-MAGTSS-MINAE. Concretamente, emplazó lo siguiente: \"1. Reporte que indique las labores de verificación específicas que realiza su ministerio en relación con el cumplimiento del artículo 2° (segundo) señalado supra. Indicar qué labores se han llevado a cabo, qué hallazgos tuvieron y qué acciones correctivas se tomaron en cada caso. 2. Reporte que indique las labores de verificación específicas que realiza su ministerio en relación con el cumplimiento del artículo 3° (tercero) señalado supra. Indicar qué labores se han llevado a cabo, qué hallazgos tuvieron y qué acciones correctivas se tomaron en cada caso. 3. Reporte que indique las labores de verificación específicas que realiza su ministerio en relación con el cumplimiento del artículo 4° (cuarto) señalado supra. Indicar qué labores se han llevado a cabo, qué hallazgos tuvieron y qué acciones correctivas se tomaron en cada caso. 4. Reporte que indique las labores de verificación específicas que realiza su ministerio en relación con el cumplimiento del artículo 5° (quinto) señalado supra. Indicar qué labores se han llevado a cabo, qué hallazgos tuvieron y qué acciones correctivas se tomaron en cada caso. 5. Reporte que indique las labores de verificación específicas que realiza su ministerio en relación con el cumplimiento del artículo 6° (sexto) señalado supra. Indicar qué labores se han llevado a cabo, qué hallazgos tuvieron y qué acciones correctivas se tomaron en cada caso\". Come medio para recibir notificaciones señaló la dirección de correo electrónico red.biodiversidad.cr@gmail.com. A propósito de lo anterior, se colige que el 28 de septiembre de 2021, el despacho de la ministra acusó recibo de la solicitud de información interpuesta.\n\nEn el informe adjunto, la Ministra de Ambiente y Energía subrayó que mediante oficio DIGECA-571-2021 del 30 de setiembre de 2021, la Directora de la Dirección de Gestión y Calidad Ambiental atendió la gestión de la interesada y a la remitió suscrita un “Borrador de nota de respuesta a la Hoja de Trámite Priv. 1506”, donde se atiende la consulta sobre el seguimiento al Decreto Ejecutivo No. 34139-S-MAG-TSS-MINAE. No obstante, aclaró que dicho  informe debía ser revisado y valorado por el Viceministro de Energía, quien es el superior de la Directora de DIGECA, quien tenía que ponerle su visto bueno con el fin de remitirlo al despacho y así proceder a dar una respuesta ajustada a derecho. Además, detalló que para cumplir con la consulta formulada por la accionante, se requirió de insumos técnicos y legales que permitieran brindar una respuesta fundamentada y acorde a la consulta presentada. Por tal razón, bajo la solemnidad juramento, concluyó que mediante oficio DM-1065-2021 del 20 de octubre de 2021 se notificó a la tutelada la respuesta a la consulta formulada en las siguientes condiciones: “Reciba un cordial saludo. En atención al oficio con fecha 28 de setiembre del año en curso, por medio del cual consulta sobre labores de verificación especificas por parte del MINAE para ejecutar lo establecido en los artículos 2, 3, 4, 5, 6, y 8 del Decreto Ejecutivo N.º 34139-S-MAG-TSS-MINAE “Prohíbe registro, importación, redestino, fabricación, formulación, reempaque, almacenamiento, venta, mezcla, comercialización y uso, de materia prima o producto formulado, de productos que contengan ingrediente activo metilparatión o paratión metílico”, me permito manifestar lo siguiente:\n\nA nivel del MINAE por medio de la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental (DIGECA), se participa en el proceso de registros de los agroinsumos a nivel nacional luchando para que todo agroinsumo ya registrado o en proceso de registro cuente a nivel nacional con un análisis ecotoxicológico y de destino ambiental, lo anterior de conformidad con lo establecido en Decreto Ejecutivo Número 36549 “Crea la Ventanilla Única para Registro de Plaguicidas de Uso Agrícola, Coadyuvantes y Sustancia Afines”, de la Ley Nº 7779 \"Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos\" del 30 de abril de 1998 y del Decreto Ejecutivo- Nº 33495-MAGS-MINAE- MEIC, \"Reglamento sobre Registro, Uso y Control de Plaguicidas Sintéticos Formulados, Ingrediente Activo Grado Técnico, Coadyuvantes y Sustancias Afines de Uso Agrícola. Así mismo, la labor no solo se agota en el proceso de registro sino también en la participación activa en la elaboración de instrumentos jurídicos que regulan dicho proceso y restringen o prohíben el uso de ciertas sustancias.\n\nLo anterior, siempre consientes de las facultades, limitaciones y competencias que nos otorga el ordenamiento jurídico a cada uno de los entes que intervienen en los procesos de registro y post-registro de los agroquímicos a nivel nacional, y que están estrictamente relacionadas con el cumplimiento del principio de legalidad que rige la actuación de la Administración Pública, de conformidad con lo establecido en:\n\nArtículo 11 de la Ley General de la Administración Pública: “1. La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes (…)”\n\nArtículo 11 de la Constitución Política: “Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes. La acción para exigirles la responsabilidad penal por sus actos es pública. La Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes. La ley señalará los medios para que este control de resultados y rendición de cuentas opere como un sistema que cubra todas las instituciones públicas”.\n\nDentro del ordenamiento jurídico, es el Servicio Fitosanitario del Estado a quien le corresponde controlar las sustancias químicas, biológicas o afines para uso agrícola, en lo que compete a su inscripción, importación, exportación, calidad, tolerancia, residuos, dosificaciones, efectividad, toxicidad, presentación al público, conservación, manejo, comercio, condiciones generales de uso, seguridad y precauciones en el transporte, almacenamiento, eliminación de envases y residuos de tales sustancias; asimismo, controlar los equipos necesarios para aplicarlas y cualquier otra actividad inherente a esta materia, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 5 inciso o) de la Ley de Protección Fitosanitaria y lo establecido en los decretos ejecutivos: 33595 y 40059 configurándose de esta manera en la Autoridad Nacional competente en temas de registro y fiscalización de las sustancias de uso agrícola a nivel nacional.\n\nEl numeral 19 del Decreto Ejecutivo 33495 establece:\n\n19 CONDICIONES GENERALES DE USO, MANEJO Y SUS RESTRICCIONES.\n\n19.1 Los plaguicidas sintéticos formulados, ingrediente activo grado técnico, coadyuvantes y sustancias afines clasificados como extremadamente y altamente peligrosos y aquellos que se declaren restringidos, sólo podrán venderse al usuario bajo receta profesional, firmada por un profesional en Ciencias Agrícolas incorporado al Colegio de Ingenieros Agrónomos.\n\n19.2 El Ministerio en conjunto con los MINSA y MINAE según corresponda de acuerdo a sus competencias, podrá restringir o prohibir la importación, el tránsito, el redestino, la fabricación, la formulación, el reempaque, el reenvase, la comercialización y el uso de un determinado plaguicida sintético formulado, ingrediente activo grado técnico, coadyuvante y sustancias afines, cuando se justifique por razones técnicas o científicas que el producto perjudica la salud humana, de los animales, la agricultura y del ambiente\n\n19.3 La receta profesional utilizada en la comercialización de plaguicidas sintéticos formulados, coadyuvantes y sustancias afines que se determina en este reglamento, se hará constar en formularios especiales aprobados por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Protección Fitosanitaria.\n\n19.4 Las personas físicas y jurídicas que importen, formulen, vendan, reempaquen y reenvasen plaguicidas sintéticos formulados, ingrediente activo grado técnico, coadyuvantes y sustancias afines expedidos bajo receta profesional, llevarán un registro aprobado por el Ministerio, en el que se hará constar todo movimiento del producto que manipuló, importó, formuló, reempacó y vendió. El registro debe indicar la fecha de su formulación o entrada al país, el nombre de las personas físicas o jurídicas a quienes se les vendió el producto, la cantidad, presentación, fecha de operación, número de receta, número de factura, nombre del profesional y número de colegiado de quien emitió la receta, uso del producto y saldo de inventarios\n\n19.5 Todo plaguicida sintético formulado, ingrediente activo grado técnico, coadyuvante y sustancias afines deben ser utilizados de acuerdo con las recomendaciones de uso registradas en el Ministerio (…).\n\nEl anterior decreto ejecutivo se encuentra derogado por el Decreto Ejecutivo Número 40059, no obstante este instrumento señala en su transitorio sexto que: “En un plazo de seis meses a partir de la publicación de este decreto, la AC elaborará un reglamento con las normas y procedimientos que le permitan ejercer las competencias y facultades que la Ley de Protección Fitosanitaria le confiere al Servicio Fitosanitario del Estado en materia de registro de personas físicas y jurídicas y autorizaciones especiales y control y fiscalización de sustancias de uso agrícola (…). Hasta tanto se publiquen estos reglamentos se aplicarán las disposiciones que se establecen en el Decreto N°33495”.\n\nAsí mismo, los temas de uso y exposición de este tipo de sustancias por parte de las personas que trabajan en actividades agrícolas corresponden al Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de conformidad con las competencias específicas que señalan la Ley General de Salud, la Ley de la Protección a los trabajadores durante el ejercicio del trabajo, entre otras que se encuentran en el ordenamiento jurídico costarricense.\n\nDesde el rango de nuestras competencias actualmente dos funcionarias de este ministerio están trabajando dentro de una comisión interinstitucional presidida por el Ministerio de Salud, con la participación adicional de funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería/Servicios Fitosanitario del Estado y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en la actualización del informe del perfil del herbicida Paraquat, “Riesgos a la salud pública, salud laboral y al medio ambiente”, así como la propuesta de Decreto Ejecutivo “Prohibición de la importación, exportación, fabricación, formulación, almacenamiento, distribución, transporte, reempaque, reenvase, manipulación, venta, mezcla y uso de ingredientes activos grado técnico y plaguicidas sintéticos formulados que contenga el ingrediente activo 1,1´-DIMETIL-4,4´-bipiridilio (paraquat) y sus sales”, en la cual se analizan las repercusiones que tiene este producto a nivel de la salud humana, de los animales, la agricultura y del ambiente. Dentro de esta comisión el MINAE, de acuerdo a sus competencias, se compromete a continuar realizando una tarea consciente y responsable para cumplir con la defensa del bien jurídico que nos ha sido encomendado proteger, según las competencias otorgadas por el ordenamiento jurídico a nuestro Ministerio”.\n\nEn la especie, este Tribunal estima que el plazo que el ministerio recurrido tardó en atender la gestión de la accionante sí deviene excesivo. En ese contexto, si bien la personera de la autoridad accionada mencionó que el informe de respuesta debía contar con el visto bueno del Viceministro de Energía y, además se requirió de insumos técnicos y legales para brindar una respuesta fundamentada y acorde a la consulta presentada, lo cierto del caso es que debió comunicarle a la parte amparada que requería más tiempo para atender lo pedido, actuación que no consta haya sido realizada. Pese a lo expuesto, como se infiere que fue con atención a la notificación del auto de curso a la Ministra de Ambiente y Energía, lo que ocurrió el 20 de octubre de 2021, que se notificó la respuesta a la gestionante, lo que procede es declarar con lugar el recurso sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios.\n\nV.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.\n\nVI.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA HERNÁNDEZ LÓPEZ, SOBRE LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DERIVADAS DE DECLARAR CON LUGAR ESTE RECURSO.\n\nCoincido con la mayoría de la Sala en la decisión tomada respecto de la existencia de una lesión a los derechos fundamentales en este caso, la cual ha sido corregida con ocasión de la intervención de la Sala; no obstante, me separo de su decisión en relación con el tema de las consecuencias económicas de dicha declaratoria.\n\nLa jurisdicción constitucional a cargo de este Tribunal en materia de amparo y hábeas corpus -la jurisdicción de la libertad como se le denomina- es especial porque su finalidad no es la del juez tradicional que dirime un conflicto entre dos partes, enfrentadas por una disputa legal. Su materia es de orden público, y su objetivo es brindar protección judicial a las personas en el ejercicio de sus derechos fundamentales de manera tal que no se perturbe su disfrute por actos de quien, de hecho o de derecho, realiza ejercicios concretos de autoridad, capaces de vulnerarlos.\n\nEsa vocación protectora de la jurisdicción constitucional se concreta en un diseño procesal también peculiar, célere y gratuito en donde se impone a la autoridad pública recurrida la simple rendición de “un informe” sobre lo actuado en el caso denunciado (artículos 43, 44, 45 y 46 de la LJC). Así que no se trata técnicamente de un litigio y acorde con ello, se entregan a la Sala Constitucional amplios poderes para orientar el curso del proceso de amparo o de hábeas corpus, tanto respecto de la posibilidad de requerir información a otras autoridades sobre lo sucedido, como respecto del manejo amplio de la prueba que pueda servir para aclarar lo sucedido. Tal marco procesal de la jurisdicción de la libertad, donde no existen dos partes antagónicas enfrentadas de modo que lo que gane una lo pierda la otra, impone alejarnos de las soluciones que para estas últimas cuestiones han sido previstos en sistemas procesales como el civil, el contencioso o el laboral.\n\nEn lo que ahora interesa, la Ley de la Jurisdicción Constitucional regula en sus artículos 46 y siguientes, tres aspectos especiales del ejercicio de la función jurisdiccional en la protección de derechos fundamentales, a cargo de la Sala: a) el primer aspecto es el atinente a la declaración que debe hacerse de la existencia o inexistencia de la violación (artículos 46 y 47 LJC); b) el segundo, regula de forma cuidadosa las potestades de las que goza el Tribunal para revertir los efectos jurídicos de la infracción a los derechos fundamentales y restaurar, de la forma más efectiva, su ejercicio (artículos 49 y 50 LJC); c) el tercer aspecto, (artículo 51 LJC) dispone reglas sobre las consecuencias económicas de tales procesos de amparo y habeas corpus, de manera tal que –ante la constatación de una lesión parte de la Sala-exista una restauración del disfrute de tales derechos y, además, una efectiva indemnización de los daños y gastos ocasionados, como parte del derecho a una justicia efectiva en cuanto a la reparación de las consecuencias dañosas generadas por las autoridades que resulten infractoras, las cuales no son sólo para efectos de la tutela judicial efectiva de la parte accionante, sino también con un fin disuasorio para que el Estado, no incurra en el futuro en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50 de la ley de la Jurisdicción Constitucional.\n\nEn este último aspecto, la Ley en su artículo 51 ordena a la Sala que “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso…”. Este es el sistema general que regula los temas del ámbito indemnizatorio, para los casos que la mayoría identifica como “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerados los derechos fundamentales…”; en tales casos, dentro de los que se cuenta el que ahora se decide, la Sala ha tenido por comprobado el agravio y de allí la necesidad de una condenatoria en costas daños y perjuicios, que se apoya en el concepto antes citado de una tutela efectiva de los derechos de las personas y en la noción de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y gastos que ocasione con su actuar inconstitucional. No cambia en nada esta conclusión por el hecho de que al conocer y resolver el amparo, “hubieren cesado los efectos del acto reclamado” (artículo 50) pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria automática en costas daños y perjuicios, por entenderse que el proceso ha terminado de forma normal y se ha constatado la violación.\n\nDentro de este marco general sencillo y claro -y carente de minusvalías o vacíos como lo afirma la mayoría-la disposición del artículo 52 de la Ley encaja perfectamente como un caso de excepción, aplicable únicamente en los casos en que la Sala no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, es decir -como lo dice la mayoría- en aquellas situaciones de “terminación anormal del proceso”. Pero las condiciones y alcances para decretar esa forma de conclusión están delimitados como suma precisión por parte del legislador; en primer lugar, los presupuestos de hecho para la aplicación de esta norma, están claramente descritos, de modo que la Sala debe comprobar: 1) que el amparo está en curso; 2) que exista una resolución administrativa o judicial (que debe entenderse en su sentido estrictamente formal); y 3) que en tal resolución se disponga incuestionablemente la revocación, la detención o la suspensión de la actuación impugnada. Se trata de conceptos sumamente acotados, cuyo ámbito de aplicación debe además ser interpretado restringidamente, no solo en atención a la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino porque las consecuencias de aplicar tal excepción generan indiscutiblemente una disminución en el derecho fundamental de las personas a lograr una efectiva tutela judicial frente a los daños recibidos con la lesión a sus derechos constitucionales. En conclusión, únicamente en tales limitados casos y luego de confirmado por el Tribunal todo lo anterior, a la luz de una lectura restrictiva de sus alcances, estaríamos ante la necesidad de dejar de lado el sistema general de condenatoria automática en costas daños y perjuicios, y ejercitar -como jueces- nuestra discreción jurídica para decidir si se ordena el pago de tales extremos o no.\n\nEn este caso, el ejercicio anterior obliga a concluir la inaplicabilidad del artículo 52 de LJC, pues, por una parte, el Tribunal se ha pronunciado sobre el fondo del asunto, ha reconocido con su declaración una lesión a derechos fundamentales y determinado quién ha sido su autor; en nada se asemeja lo anterior una “terminación anormal del proceso”. Por otra parte, tampoco se verifican los requisitos del artículo 52 recién citado, ya que no existe una “resolución administrativa o judicial” formalmente emitida y en la cual, de manera expresa se revoque, detenga o suspenda el acto que origina la violación de derechos constitucionales; Por todo ello, es procedente aplicar lo dispuesto en los artículos 50 y 51 de la LJC y disponer -como consecuencia de haberse comprobado la violación- la condenatoria en daños, perjuicios y costas causados, en calidad de consecuencias económicas del proceso.\n\nPero incluso, aún si dejásemos de lado la condena automática en daños, perjuicios y costas, despreciando los razonamientos anteriores, lo cierto es que los hechos probados de este caso han llevado a la Sala declarar la existencia de una afectación en el ejercicio de los derechos fundamentales del amparado, que, como acción dañosa que es, lleva aparejada una presunción de surgimiento de daños y perjuicios económicos -cuya determinación concreta no le toca a la Sala-, y no se aprecia en el expediente mérito alguno que convenza para exonerar a la autoridad recurrida de cubrir la efectiva reparación de las consecuencias dañinas de sus actos, según el principio general dispuesto expresamente en la ley.\n\nVII.- VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO, ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LA NO CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA. Si bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.\n\nLa Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:\n\n“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.\n\nPor otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:\n\n“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.\n\nEsta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.\n\nEn criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.\n\nAsí, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.\n\nPor otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una“terminación anormal del proceso”.\n\nEl legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.\n\nEn mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaro.\n\nVIII.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.\n\nMi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.\n\nCiertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es de carácter indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.\n\nSi el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de estos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya dictado la condenatoria en abstracto, no se han ocasionado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.\n\nCon la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido.\n\nEn razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas.\n\nIX- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPOR TANTO:\n\nDe conformidad con el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se declara con lugar el recurso sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. La Magistrada Hernández López salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas de conformidad con los artículos 50 y 51 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. El Magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La Magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas.\n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nPaul Rueda L.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nNancy Hernández L.\n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Araya G.\n\n\n\n\nAnamari Garro V.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nAlicia Salas T.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n XZE1MOCNONW61\n\nEXPEDIENTE N° 21-020755-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 09-05-2026 04:10:30.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "Large\nNormal\nSmall\nConstitutional Chamber\n\nResolution No. 24882 - 2021\n\nResolution Date: 05 November 2021 at 09:20\n\nExpediente: 21-020755-0007-CO\n\nDrafted by: Fernando Castillo Víquez\n\nType of matter: Amparo appeal\n\nAnalyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER\n\nText of the resolution\n\n\n\nExp: 21-020755-0007-CO\n\nRes. No. 2021024882\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours and twenty minutes on the fifth of November of two thousand twenty-one.\n\nAmparo appeal processed in expediente number 21-020755-0007-CO, filed by MARIANA LUCÍA PORRAS ROZAS, identity card number 0111460917, on behalf of the ASOCIACIÓN RED DE COORDINACIÓN EN BIODIVERSIDAD, legal identification number 3002611847, against the MINISTERIO DE AMBIENTE ENERGÍA.\n\nWHEREAS:\n\n1.- By written submission received at the Secretariat of the Chamber at 19:27 on 16 October 2021, the appellant files an amparo appeal against the MINISTERIO DE AMBIENTE ENERGÍA and states that on 28 September 2021, via the electronic mail address despachominae@minae.go.cr, she sent the Minister of Environment and Energy a request for information, specifically regarding the follow-up carried out by that ministry on compliance with Decreto Ejecutivo number 34139-S-MAGTSS-MINAE. Specifically, the information requested, according to a copy of the filing provided, was as follows: \"1. Report indicating the specific verification tasks that your ministry performs in relation to compliance with Article 2 (second) cited above. Indicate what tasks have been carried out, what findings were made, and what corrective actions were taken in each case. 2. Report indicating the specific verification tasks that your ministry performs in relation to compliance with Article 3 (third) cited above. Indicate what tasks have been carried out, what findings were made, and what corrective actions were taken in each case. 3. Report indicating the specific verification tasks that your ministry performs in relation to compliance with Article 4 (fourth) cited above. Indicate what tasks have been carried out, what findings were made, and what corrective actions were taken in each case. 4. Report indicating the specific verification tasks that your ministry performs in relation to compliance with Article 5 (fifth) cited above. Indicate what tasks have been carried out, what findings were made, and what corrective actions were taken in each case. 5. Report indicating the specific verification tasks that your ministry performs in relation to compliance with Article 6 (sixth) cited above. Indicate what tasks have been carried out, what findings were made, and what corrective actions were taken in each case.\" She explains that on 28 September, the minister's office acknowledged receipt of the request for information; however, they have not received any response. She requests that the Minister of Environment and Energy be ordered to resolve the request for information raised, setting a deadline for doing so.\n\n2.- Andrea Meza Murillo, in her capacity as Minister of Environment and Energy, reports under oath, to the extent relevant, that by official communication DIGECA-571-2021, Shirley Soto Montero, in her capacity as Director of the Dirección de Gestión y Calidad Ambiental, prepared the requested report in order to respond to the appellant's request. However, she notes that said report must be reviewed and assessed by the Vice Minister of Energy, who is the superior of the Director of DIGECA, who must grant his approval, to later forward it to this office in order to proceed to provide a response in accordance with the law to the amparo claimant. She details that to comply with the inquiry formulated by the petitioner, this office needed technical and legal inputs in order to provide a reasoned response consistent with the inquiry presented. For that reason, by official communication DM-1065-2021 of 20 October 2021, the petitioner was notified of the response to the inquiry formulated. She considers that in the specific case, no violations of the fundamental rights of the protected party are denoted. Likewise, she considers that from the date of filing the petition to the date of the response from the undersigned, a disproportionate period has not elapsed, due to the process involved in preparing a response adjusted to technical and legal principles. She requests that the appeal be dismissed.\n\n3.- In the proceedings followed, legal requirements have been observed.\n\nDrafted by Magistrate Castillo Víquez; and,\n\nWHEREAS:\n\nI.- PRELIMINARY MATTER. Given that Andrea Meza Murillo, in her capacity as Minister of Environment and Energy, omitted to expressly indicate in the report rendered under oath whether the electronic mail address despachominae@minae.go.cr is provided as an official mechanism of communication with that ministry, this fact is taken as true and we proceed to analyze the constitutionality of this matter in accordance with what is regulated in Article 45 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional.\n\nII.- SUBJECT MATTER OF THE APPEAL. The appellant states that on 28 September 2021, she requested from the Minister of Environment and Energy, via electronic mail to the address despachominae@minae.go.cr, information of her interest related to the follow-up carried out by that ministry on compliance with Decreto Ejecutivo number 34139-S-MAGTSS-MINAE. In that context, she details that on 28 September 2021, the minister's office acknowledged receipt of the request for information. However, she claims that she has not received any response. She requests the intervention of the Chamber.\n\nIII.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed as duly proven, either because they have been accredited or because the respondent has omitted to refer to them as provided for in the initial order:\n\na)     On 28 September 2021, the appellant sent to the Minister of Environment and Energy, via electronic mail to the address despachominae@minae.go.cr, a request for information related to the follow-up carried out by that ministry on compliance with Decreto Ejecutivo number 34139-S-MAGTSS-MINAE. Specifically, she requested the following: \"1. Report indicating the specific verification tasks that your ministry performs in relation to compliance with Article 2 (second) cited above. Indicate what tasks have been carried out, what findings were made, and what corrective actions were taken in each case. 2. Report indicating the specific verification tasks that your ministry performs in relation to compliance with Article 3 (third) cited above. Indicate what tasks have been carried out, what findings were made, and what corrective actions were taken in each case. 3. Report indicating the specific verification tasks that your ministry performs in relation to compliance with Article 4 (fourth) cited above. Indicate what tasks have been carried out, what findings were made, and what corrective actions were taken in each case. 4. Report indicating the specific verification tasks that your ministry performs in relation to compliance with Article 5 (fifth) cited above. Indicate what tasks have been carried out, what findings were made, and what corrective actions were taken in each case. 5. Report indicating the specific verification tasks that your ministry performs in relation to compliance with Article 6 (sixth) cited above. Indicate what tasks have been carried out, what findings were made, and what corrective actions were taken in each case\". As a means for receiving notifications, she indicated the electronic mail address red.biodiversidad.cr@gmail.com (see attached evidence).\n\nb)    On 28 September 2021, the minister's office acknowledged receipt of the request for information filed (see attached evidence).\n\nc)     By official communication DIGECA-571-2021 of 30 September 2021, the Director of the Dirección de Gestión y Calidad Ambiental addressed the petitioner's filing and sent to the Minister of Environment and Energy a “Draft response note to the Processing Sheet Priv. 1506,” which addresses the inquiry regarding the follow-up on Decreto Ejecutivo No. 34139-S-MAG-TSS-MINAE (see the report and attached evidence).\n\nd)    The initial order was notified to the Minister of Environment and Energy at 08:48 on 20 October 2021 (see the attached notification record).\n\ne)     Under the solemnity of oath, the representative of the respondent authority reported that by official communication DM-1065-2021 of 20 October 2021, the protected party was notified of the response to the inquiry formulated on 28 September 2021 (see the report and attached evidence).\n\nIV.- ON THE MERITS. In the sub lite case, it was accredited that on 28 September 2021, the appellant sent to the Minister of Environment and Energy, via electronic mail to the address despachominae@minae.go.cr, a request for information related to the follow-up carried out by that ministry on compliance with Decreto Ejecutivo number 34139-S-MAGTSS-MINAE. Specifically, she requested the following: \"1. Report indicating the specific verification tasks that your ministry performs in relation to compliance with Article 2 (second) cited above. Indicate what tasks have been carried out, what findings were made, and what corrective actions were taken in each case. 2. Report indicating the specific verification tasks that your ministry performs in relation to compliance with Article 3 (third) cited above. Indicate what tasks have been carried out, what findings were made, and what corrective actions were taken in each case. 3. Report indicating the specific verification tasks that your ministry performs in relation to compliance with Article 4 (fourth) cited above. Indicate what tasks have been carried out, what findings were made, and what corrective actions were taken in each case. 4. Report indicating the specific verification tasks that your ministry performs in relation to compliance with Article 5 (fifth) cited above. Indicate what tasks have been carried out, what findings were made, and what corrective actions were taken in each case. 5. Report indicating the specific verification tasks that your ministry performs in relation to compliance with Article 6 (sixth) cited above. Indicate what tasks have been carried out, what findings were made, and what corrective actions were taken in each case\". As a means for receiving notifications, she indicated the electronic mail address red.biodiversidad.cr@gmail.com. Regarding the above, it is inferred that on 28 September 2021, the minister's office acknowledged receipt of the request for information filed.\n\nIn the attached report, the Minister of Environment and Energy stressed that by official communication DIGECA-571-2021 of 30 September 2021, the Director of the Dirección de Gestión y Calidad Ambiental addressed the interested party's filing and sent to the undersigned a “Draft response note to the Processing Sheet Priv. 1506,” which addresses the inquiry regarding the follow-up on Decreto Ejecutivo No. 34139-S-MAG-TSS-MINAE. However, she clarified that said report had to be reviewed and assessed by the Vice Minister of Energy, who is the superior of the Director of DIGECA, who had to grant his approval in order to forward it to the office and thus proceed to provide a response in accordance with the law. Furthermore, she detailed that to comply with the inquiry formulated by the petitioner, technical and legal inputs were required to allow for a reasoned response consistent with the inquiry presented. For that reason, under the solemnity of oath, she concluded that by official communication DM-1065-2021 of 20 October 2021, the protected party was notified of the response to the inquiry formulated under the following conditions: “Receive a cordial greeting. In response to the communication dated 28 September of this year, by which you inquire about specific verification tasks by MINAE to execute what is established in Articles 2, 3, 4, 5, 6, and 8 of Decreto Ejecutivo No. 34139-S-MAG-TSS-MINAE 'Prohibits the registration, importation, redestination, manufacture, formulation, repackaging, storage, sale, mixing, commercialization, and use, of raw material or formulated product, of products containing the active ingredient methyl parathion or parathion methyl,' I am pleased to state the following:\n\nAt the level of MINAE, through the Dirección de Gestión de Calidad Ambiental (DIGECA), we participate in the registration process of agricultural inputs at the national level, striving to ensure that every agricultural input already registered or in the process of registration has a national-level ecotoxicological and environmental fate analysis, in accordance with the provisions of Decreto Ejecutivo Number 36549 'Creates the Single Window for Registration of Agricultural Use Pesticides, Adjuvants, and Related Substances,' the Ley Nº 7779 'Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos' of 30 April 1998, and Decreto Ejecutivo No. 33495-MAGS-MINAE-MEIC, 'Reglamento sobre Registro, Uso y Control de Plaguicidas Sintéticos Formulados, Ingrediente Activo Grado Técnico, Coadyuvantes y Sustancias Afines de Uso Agrícola.' Likewise, the work not only concludes with the registration process but also includes active participation in the drafting of legal instruments that regulate said process and restrict or prohibit the use of certain substances.\n\nThe above, always aware of the powers, limitations, and competencies granted to each of the entities involved in the registration and post-registration processes of agrochemicals at the national level by the legal system, which are strictly related to compliance with the principle of legality that governs the actions of the Public Administration, in accordance with the provisions of:\n\nArticle 11 of the Ley General de la Administración Pública: “1. The Public Administration shall act subject to the legal system and may only perform those acts or provide those public services that said system authorizes, according to the hierarchical scale of its sources (…)”\n\nArticle 11 of the Political Constitution: “Public officials are merely depositories of authority. They are obligated to fulfill the duties imposed on them by law and may not arrogate powers not granted therein. They must take an oath to observe and comply with this Constitution and the laws. The action to demand criminal liability for their acts is public. The Public Administration, in a broad sense, shall be subject to a procedure of results evaluation and accountability, with the consequent personal responsibility for the officials in the fulfillment of their duties. The law shall indicate the means so that this results control and accountability operates as a system covering all public institutions.”\n\nWithin the legal system, it is the Servicio Fitosanitario del Estado that is responsible for controlling chemical, biological, or related substances for agricultural use, regarding their registration, importation, exportation, quality, tolerance, residues, dosages, effectiveness, toxicity, presentation to the public, conservation, handling, trade, general conditions of use, safety, and precautions in transport, storage, elimination of containers and residues of such substances; likewise, controlling the equipment necessary to apply them and any other activity inherent to this matter, in accordance with the provisions of Article 5, subsection o) of the Ley de Protección Fitosanitaria and the provisions of the following executive decrees: 33595 and 40059, thereby making it the competent National Authority in matters of registration and oversight of substances for agricultural use at the national level.\n\nSection 19 of Decreto Ejecutivo 33495 establishes:\n\n19 GENERAL CONDITIONS OF USE, HANDLING AND THEIR RESTRICTIONS.\n\n19.1 Synthetic formulated pesticides, technical grade active ingredient, adjuvants and related substances classified as extremely and highly hazardous and those declared restricted may only be sold to the user under professional prescription, signed by a professional in Agricultural Sciences incorporated into the Colegio de Ingenieros Agrónomos.\n\n19.2 The Ministry, jointly with the MINSA and MINAE as applicable according to their competencies, may restrict or prohibit the importation, transit, redestination, manufacture, formulation, repackaging, re-containerization, commercialization, and use of a specific synthetic formulated pesticide, technical grade active ingredient, adjuvant, and related substances, when justified by technical or scientific reasons that the product harms human health, animal health, agriculture, and the environment.\n\n19.3 The professional prescription used in the commercialization of synthetic formulated pesticides, adjuvants, and related substances established in this regulation shall be recorded on special forms approved by the Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, in accordance with Article 29 of the Ley de Protección Fitosanitaria.\n\n19.4 Natural and legal persons that import, formulate, sell, repackage, and re-containerize synthetic formulated pesticides, technical grade active ingredient, adjuvants, and related substances dispensed under professional prescription shall keep a registry approved by the Ministry, in which all movement of the product handled, imported, formulated, repackaged, and sold shall be recorded. The registry must indicate the date of its formulation or entry into the country, the name of the natural or legal persons to whom the product was sold, the quantity, presentation, date of operation, prescription number, invoice number, name of the professional and registration number of the person who issued the prescription, use of the product, and inventory balance.\n\n19.5 All synthetic formulated pesticides, technical grade active ingredient, adjuvants, and related substances must be used in accordance with the use recommendations registered with the Ministry (…).\n\nThe previous executive decree is repealed by Decreto Ejecutivo Number 40059; however, this instrument states in its sixth transitional provision that: “Within a period of six months from the publication of this decree, the AC shall draft a regulation with the norms and procedures that allow it to exercise the competencies and powers that the Ley de Protección Fitosanitaria confers upon the Servicio Fitosanitario del Estado in matters of registration of natural and legal persons and special authorizations and control and oversight of substances for agricultural use (…). Until such regulations are published, the provisions established in Decreto N°33495 shall apply.”\n\nLikewise, matters of use and exposure to this type of substance by persons working in agricultural activities correspond to the Ministerio de Salud and the Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, in accordance with the specific competencies indicated by the Ley General de Salud, the Ley de la Protección a los Trabajadores Durante el Ejercicio del Trabajo, among others found in the Costa Rican legal system.\n\nWithin the scope of our competencies, two officials from this ministry are currently working within an inter-institutional commission chaired by the Ministerio de Salud, with the additional participation of officials from the Ministerio de Agricultura y Ganadería/Servicios Fitosanitario del Estado and the Ministerio de Trabajo y Seguridad Social on the update of the report on the profile of the herbicide Paraquat, ‘Risks to public health, occupational health, and the environment,’ as well as the proposed Decreto Ejecutivo ‘Prohibition of the importation, exportation, manufacture, formulation, storage, distribution, transport, repackaging, re-containerization, handling, sale, mixing, and use of technical grade active ingredients and synthetic formulated pesticides containing the active ingredient 1,1´-DIMETIL-4,4´-bipiridilio (paraquat) and its salts,’ in which the repercussions of this product on human health, animal health, agriculture, and the environment are analyzed. Within this commission, MINAE, according to its competencies, undertakes to continue carrying out a conscientious and responsible task to fulfill the defense of the legal interest that we have been entrusted to protect, according to the competencies granted by the legal system to our Ministry.”\n\nIn the instant case, this Tribunal considers that the time the respondent ministry took to address the petitioner's filing is indeed excessive. In that context, although the representative of the respondent authority mentioned that the response report had to receive the approval of the Vice Minister of Energy and, furthermore, technical and legal inputs were required to provide a reasoned response consistent with the inquiry presented, the fact is that the amparo claimant should have been informed that more time was needed to address the request, an action that is not evidenced as having been carried out. Despite the foregoing, as it is inferred that the response was notified to the petitioner following the notification of the initial order to the Minister of Environment and Energy, which occurred on 20 October 2021, it is appropriate to declare the appeal granted without a special award of costs, damages, and losses.\n\nV.- ON THE AWARD OF COSTS, DAMAGES, AND LOSSES IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 52 OF THE LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Under a better consideration, the majority of the Chamber considers that, in the sub examine case, in accordance with the provisions of paragraph 1 of Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (“If, during the course of the amparo, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the appeal shall be declared granted solely for purposes of compensation and costs, if applicable”), the grant must be without a special award of costs, damages, and losses, based on the following considerations. Although there is an express text in the law that requires the operative part of the ruling to indicate that the appeal is declared granted when, during the course of the amparo, the grievance is resolved, it is no less true that the same final paragraph refers that the grant is issued “solely for purposes of compensation and costs, if applicable.” It is emphasized that the Law states “if applicable,” which means that the applicability or inapplicability of compensation and costs depends on an assessment, appreciation, or weighing by the Tribunal. In cases such as this, the content of the claim of the amparoed person and the conduct of the respondent authority in acknowledging it suggest that the alleged impairments, injuries, or alterations are not directly related to a repercussion on a constitutional right of an evidently patrimonial nature (as would be the case, for example, with an impact on the right to salary). To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provisions of Article 51 of the same Ley de la Jurisdicción Constitucional, when it provides that: “any resolution that upholds the appeal shall impose a general condemnation for compensation of the damages and losses caused and for the payment of the costs of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment,” where the possibility of assessing whether or not compensation and costs are applicable is not provided for. The principles of Constitutional Law, those of Public and General Procedural Law or, as the case may be, those of International or Community Law and, in addition, in their order, the Ley General de la Administración Pública and the Código Procesal Contencioso Administrativo and other procedural codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the norms of the Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. Article 14-. For the contentious-administrative jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in Article 197 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, which responds to the procedural logic in any matter. In any event, the affected party in the sub lite case retains the possibility of resorting, if they deem it appropriate, to a plenary proceeding in order to demonstrate that they have suffered some type of impairment. Based on the foregoing, it is the majority's criterion to resolve this appeal without an award of costs, damages, and losses.\n\nVI.- DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE HERNÁNDEZ LÓPEZ, ON THE ECONOMIC CONSEQUENCES DERIVED FROM GRANTING THIS APPEAL.\n\nI agree with the majority of the Chamber on the decision made regarding the existence of an injury to fundamental rights in this case, which has been corrected on the occasion of the Chamber's intervention; however, I dissent from their decision regarding the issue of the economic consequences of said declaration.\n\nThe constitutional jurisdiction under the charge of this Tribunal in matters of amparo and habeas corpus—the jurisdiction of liberty as it is called—is special because its purpose is not that of the traditional judge who resolves a conflict between two parties engaged in a legal dispute. Its subject matter is of public order, and its objective is to provide judicial protection to persons in the exercise of their fundamental rights in such a way that their enjoyment is not disturbed by acts of those who, de facto or de jure, exercise concrete acts of authority capable of violating them.\n\nThat protective vocation of the constitutional jurisdiction is materialized in a procedural design that is also peculiar, swift, and free, where the respondent public authority is simply required to submit “a report” on what occurred in the reported case (Articles 43, 44, 45, and 46 of the LJC). So, it is not technically a lawsuit, and accordingly, the Constitutional Chamber is granted broad powers to guide the course of the amparo or habeas corpus process, both regarding the possibility of requesting information from other authorities about what happened, and regarding the broad management of evidence that may serve to clarify what occurred. Such a procedural framework of the jurisdiction of liberty, where there are no two antagonistic parties facing off such that what one gains the other loses, requires us to move away from the solutions that for these latter issues have been provided for in procedural systems such as the civil, the contentious-administrative, or the labor.\n\nIn what is of interest now, the Ley de la Jurisdicción Constitucional regulates in its Articles 46 and following three special aspects of the exercise of the jurisdictional function in the protection of fundamental rights, under the Chamber's charge: a) the first aspect concerns the declaration that must be made of the existence or non-existence of the violation (Articles 46 and 47 LJC); b) the second carefully regulates the powers that the Tribunal enjoys to reverse the legal effects of the infringement of fundamental rights and restore, in the most effective way, their exercise (Articles 49 and 50 LJC); c) the third aspect (Article 51 LJC) provides rules on the economic consequences of such amparo and habeas corpus processes, so that—upon the finding of an injury on the part of the Chamber—there exists a restoration of the enjoyment of such rights and, in addition, an effective compensation for the damages and expenses caused, as part of the right to effective justice in terms of the reparation of the harmful consequences generated by the infringing authorities, which are not only for the purposes of effective judicial protection of the petitioner, but also with a dissuasive purpose so that the State does not incur in the future in the actions that gave rise to the granting of the appeal, a matter regulated in Article 50 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional.\n\nIn this last aspect, the Law, in its Article 51, orders the Chamber that “any resolution that upholds the appeal shall impose a general condemnation for compensation of the damages and losses caused and for the payment of the costs of the appeal…”. This is the general system that regulates the matters of the indemnification sphere, for cases that the majority identifies as the “natural or normal form of termination of the process, where there is a pronouncement on the merits of the matter and acknowledgment of the facts that have violated fundamental rights…”; in such cases, among which the one now decided is included, the Chamber has deemed the grievance as proven, and hence the need for an award of costs, damages, and losses, which rests on the aforementioned concept of effective protection of persons' rights and on the notion that the Administration must be held responsible for the damages and expenses caused by its unconstitutional actions.\n\nThis conclusion is in no way altered by the fact that upon hearing and resolving the amparo, “the effects of the challenged act have ceased” (Article 50), since such a case forms an integral part of the general system of automatic condemnation to costs, damages, and losses, on the understanding that the proceeding has concluded in a normal manner and the violation has been verified.\n\nWithin this simple and clear general framework—and lacking any deficiencies or gaps, as the majority claims—the provision of Article 52 of the Law fits perfectly as an exceptional case, applicable only in cases in which the Chamber has not heard, nor ruled upon, the merits of the claim, that is—as the majority states—in those situations of “abnormal termination of the proceeding.” But the conditions and scope for decreeing that form of conclusion are delimited with utmost precision by the legislator; in the first place, the factual preconditions for the application of this rule are clearly described, such that the Chamber must verify: 1) that the amparo is underway; 2) that there exists an administrative or judicial resolution (which must be understood in its strictly formal sense); and 3) that said resolution incontrovertibly orders the revocation, cessation, or suspension of the impugned action. These are extremely narrowly defined concepts, whose scope of application must furthermore be interpreted restrictively, not only in accordance with the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but also because the consequences of applying such an exception unquestionably generate a diminution of the fundamental right of individuals to obtain effective judicial protection against the harm suffered as a result of the injury to their constitutional rights. In conclusion, only in such limited cases, and after the Tribunal has confirmed all of the foregoing in light of a restrictive reading of its scope, would we be faced with the need to set aside the general system of automatic condemnation to costs, damages, and losses, and exercise—as judges—our legal discretion to decide whether or not to order payment of such items.\n\nIn this case, the foregoing exercise compels the conclusion that Article 52 of the LJC is inapplicable, since, on one hand, the Tribunal has ruled on the merits of the matter, has recognized with its declaration an injury to fundamental rights, and has determined who the perpetrator was; the above in no way resembles an “abnormal termination of the proceeding.” On the other hand, the requirements of the aforementioned Article 52 are also not met, since there is no formally issued “administrative or judicial resolution” in which, expressly, the act giving rise to the violation of constitutional rights is revoked, ceased, or suspended; For all of the above, it is proper to apply the provisions of Articles 50 and 51 of the LJC and to order—as a consequence of the violation having been verified—the condemnation to damages, losses, and costs caused, as economic consequences of the proceeding.\n\nBut even if we were to set aside the automatic condemnation to damages, losses, and costs, disregarding the foregoing reasoning, the truth is that the proven facts of this case have led the Chamber to declare the existence of an impairment of the exercise of the protected party’s fundamental rights, which, being a harmful action, carries with it a presumption of the emergence of economic damages and losses—whose specific determination is not for the Chamber to make—and there appears in the case file no merit whatsoever that persuades one to exonerate the respondent authority from covering the effective reparation of the harmful consequences of its acts, pursuant to the general principle expressly set forth in the law.\n\nVII.— PARTIAL DISSENTING VOTE OF JUSTICE SALAZAR ALVARADO, SOLELY WITH RESPECT TO THE NON-CONDEMNATION TO COSTS, DAMAGES, AND LOSSES AGAINST THE RESPONDENT PARTY. While I concur with the rest of the Chamber in granting the remedy, I depart from the majority criterion insofar as it exempts the respondent party from condemnation to payment of the costs, damages, and losses arising from the injury caused to the fundamental rights of the protected party.\n\nThe Law of Constitutional Jurisdiction, in Article 52, provides that:\n\n“If, while the amparo is underway, an administrative or judicial resolution is issued revoking, ceasing, or suspending the impugned action, the remedy shall be granted solely for purposes of indemnification and costs, if they are proper (si fueren procedentes).”\n\nOn the other hand, Article 51 of the same law establishes that:\n\n“...every ruling that grants the remedy shall condemn in the abstract to the indemnification of the damages and losses caused and to the payment of the costs of the remedy, and its liquidation shall be reserved for the enforcement of judgment.”\n\nThis latter rule establishes the general system regulating matters relating to indemnification and the payment of costs, which the majority terms the “natural or normal form of termination of the proceeding, where there is a ruling on the merits of the matter and acknowledgment of the facts that have violated the fundamental rights….”\n\nIn the majority’s opinion, Article 51, cited, regulates the scenarios in which the Chamber has deemed the grievance proven; and, as a consequence, the need for a condemnation to costs, damages, and losses arises. However, in the opinion of the undersigned, from the systematic interpretation of both rules, it is concluded that, both in cases in which this Constitutional Tribunal verifies an injury to a fundamental right and, therefore, grants the remedy, and in those in which the Administration, by its own decision, restores the aggrieved person to the enjoyment of their fundamental rights once it becomes aware of the amparo—a scenario contemplated in the referenced Article 52— by imperative of Articles 50 and 51 of the cited law, the necessary and unavoidable consequence is the condemnation of the infringer to the indemnification of the damages and losses caused and to the payment of the costs of the remedy. This rule is nothing more than the recognition, to the party that has suffered a violation of their fundamental rights, of the right to effective judicial protection concerning the reparation of the harmful consequences arising from the actions or omissions of the infringing authorities; and, as a dissuasive means, to ensure that the State does not again incur in the actions that gave basis to the granting of the remedy, a matter regulated in Article 50 of the law governing this jurisdiction. Thus, whether the Chamber has deemed the grievance proven and has proceeded to hear the merits of the matter, or whether the violation has ceased by decision of the respondent authority itself, once it became aware of the processing of the amparo, with restoration to the enjoyment of the fundamental rights in favor of the aggrieved party (Article 52), always, in any of those scenarios, the imperative need arises for a condemnation to costs, damages, and losses against the infringer, whose foundation lies in the principles of protection of individuals’ rights and in that the Administration must be held liable for the damages and losses it causes through its unconstitutional actions.\n\nThus, the fact that, at the time the amparo is heard and granted, the effects of the impugned act had already ceased, in the terms provided in Articles 50 and 52 of the cited law, does not vitiate the propriety of the condemnation to costs, damages, and losses, since such a case forms an integral part of the general system of necessary condemnation on those items contained in the Law of Constitutional Jurisdiction.\n\nOn the other hand, it is clear that the mentioned Article 52 applies only in cases in which the Chamber, even though it has not heard, nor ruled upon, the merits of the claim, has verified the violation of fundamental rights suffered by the protected party, by virtue of the restoration to the enjoyment of those rights that the Administration has granted in that party’s favor; a situation which, as the majority of the Chamber affirms, implies an “abnormal termination of the proceeding.”\n\nThe legislator established and delimited, in a precise manner, the conditions under which this Chamber may decree that form of abnormal conclusion of the amparo proceeding, as well as its scope, namely: 1) that the amparo is underway, that is, that the Administration has been duly notified of the ruling that granted leave to proceed with the amparo; and, 2) that there exists an administrative or judicial resolution that orders, indubitably, the revocation, cessation, or suspension of the impugned action violating fundamental rights. Certainly, the rule in question contemplates an exception to the general system of condemnation to costs, damages, and losses, notwithstanding the granting of the remedy, by providing that, in the cases regulated therein, the remedy shall be granted “solely for purposes of indemnification and of costs, if they are proper (si fueren procedentes).” As an exception, it must be interpreted restrictively; that is, it only proceeds in the scenarios strictly contemplated in the rule, not only because of the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but also because the consequences of applying such an exception imply, without any doubt, a diminution of the fundamental right of individuals to obtain effective judicial protection against the damages and losses suffered as a result of the injury to their constitutional rights.\n\nIn my opinion, such an exception must be interpreted to mean that, in accordance with the general system of automatic condemnation to costs, damages, and losses in the face of a violation of fundamental rights, that condemnation is always proper, even in the event that the respondent party issues an administrative or judicial resolution that revokes, ceases, or suspends the impugned action, unless it appears in an indubitable and clear manner that in the specific case no harm whatsoever capable of being indemnified was caused. Only and exclusively in such scenarios could the respondent Administration be exempted from payment of said items. Since in this case, no element whatsoever exists that rebuts the presumption of the emergence, for the protected party, of economic damages and losses arising from the impugned actions—whose specific determination does not correspond to this jurisdiction—the granting of this remedy must necessarily entail the condemnation to costs, damages, and losses, and I so declare.\n\nVIII.— DISSENTING VOTE OF JUSTICE GARRO VARGAS. Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction (LJC) states: “If, while the amparo is underway, an administrative or judicial resolution is issued revoking, ceasing, or suspending the impugned action, the remedy shall be granted solely for purposes of indemnification and of costs, if they are proper (si fueren procedentes).”\n\nMy interpretation of that rule is as follows: That “resolution” is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase “if they are proper (si fueren procedentes)” refers to the costs. Moreover, Article 197 of the Contentious-Administrative Procedure Code, cited by the majority, based on Article 14 of the LJC, refers precisely only to the latter: to costs.\n\nCertainly, pursuant to Article 48 of the Political Constitution (CP), the essential content of the right to the remedy of amparo is not of an indemnificatory nature but rather a restitutory one; however, Article 51 of the LJC states: “Every ruling that grants the remedy shall condemn in the abstract to the indemnification of the damages and losses caused and to the payment of the costs of the remedy, and its liquidation shall be reserved for the enforcement of judgment.”\n\nIf the right has been violated and the Chamber so verifies, even in the event that it has been restored, damages and losses may have arisen. For that reason, condemnation in the abstract for these is proper. If this were not done, if such condemnation were not imposed, in the event that they had indeed occurred, there would be no title—derived from this proceeding—to claim them, which could violate Article 41 of the CP. If, despite the abstract condemnation having been issued, the damages and losses were not occasioned, the judge in the ordinary venue will so declare, since it corresponds only to that judge to deem proven the actual existence and magnitude thereof.\n\nWith the thesis defended by the majority, I consider that, contrary to what is sought, it would incentivize the Administration to respect rights only when an amparo remedy exists. It remains to be said that Article 52 of the LJC provides for the possibility that, if it is deemed just, the Chamber may condemn to costs, even when the right has been restored.\n\nBy reason of the foregoing, I partially dissent regarding the operative part and order the condemnation to damages and losses, but not the condemnation to costs.\n\nIX- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if any document was provided in paper form, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period shall be destroyed, pursuant to the provisions of the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,” approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.\n\nPOR TANTO:\n\nIn accordance with Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction, the remedy is granted without special condemnation to costs, damages, and losses. Justice Hernández López partially dissents and orders the condemnation to damages, losses, and costs in accordance with Articles 50 and 51 of the Law of Constitutional Jurisdiction. Justice Salazar Alvarado partially dissents and orders the condemnation to damages, losses, and costs. Justice Garro Vargas partially dissents and orders the condemnation to damages and losses, but not the condemnation to costs.\n\n \n\n \n\n \n\n\\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\\t\n\n \n\n\n\n\n\nPaul Rueda L.\n\n\\t\n\n \n\n\\t\n\nNancy Hernández L.\n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\\t\n\n \n\n\\t\n\nJorge Araya G.\n\n\n\n\nAnamari Garro V.\n\n\\t\n\n \n\n\\t\n\nAlicia Salas T.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n XZE1MOCNONW61\n\nEXPEDIENTE N° 21-020755-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 09-05-2026 04:10:30.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }