{ "id": "nexus-sen-1-0007-1060385", "citation": "Res. 24883-2021 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Acceso a información sobre fiscalización del Paraquat", "title_en": "Access to information on Paraquat oversight", "summary_es": "La Sala Constitucional conoció un recurso de amparo interpuesto por la Asociación Red de Coordinación en Biodiversidad contra el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). La recurrente alegó violación al derecho de petición, ya que, pese a haber solicitado formalmente información sobre las labores de verificación del cumplimiento del Decreto Ejecutivo N.° 34139-S-MAG-TSS-MINAE (que regula el uso del plaguicida Paraquat) desde el 28 de septiembre de 2021, no había recibido respuesta. Durante la tramitación del amparo, el MAG respondió detalladamente la solicitud mediante oficio del 21 de octubre de 2021, subsanando la omisión. La Sala estimó el recurso conforme al artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, por haberse corregido la lesión estando en curso el amparo. La mayoría del tribunal decidió sin condenatoria en costas, daños y perjuicios, al considerar que no hubo una vulneración de evidente naturaleza patrimonial, mientras que varios magistrados salvaron parcialmente el voto para imponer dichas condenas.", "summary_en": "The Constitutional Chamber reviewed an amparo action filed by the Biodiversity Coordination Network Association against the Ministry of Agriculture and Livestock (MAG). The petitioner claimed a violation of the right to petition, arguing that, despite formally requesting information on the oversight of compliance with Executive Decree No. 34139-S-MAG-TSS-MINAE (regulating the use of Paraquat) on September 28, 2021, it had received no response. While the amparo was pending, the MAG responded in detail to the request by a communication dated October 21, 2021, rectifying the omission. The Chamber granted the amparo under Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law, since the harm was remedied while the amparo was in progress. The majority ruled without awarding costs or damages, finding no clear patrimonial violation, while several justices dissented in part to impose such awards.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "05/11/2021", "year": "2021", "topic_ids": [ "procedural-environmental" ], "primary_topic_id": "procedural-environmental", "es_concept_hints": [ "recurso de amparo", "derecho de petición", "Paraquat", "SFE (Servicio Fitosanitario del Estado)", "plaguicidas", "Decreto Ejecutivo 34139", "MAG", "condenatoria en costas" ], "concept_anchors": [ { "article": "Arts. 2-6", "law": "Decreto Ejecutivo N.° 34139-S-MAG-TSS-MINAE" }, { "article": "Art. 52", "law": "Ley de la Jurisdicción Constitucional" }, { "article": "Art. 51", "law": "Ley de la Jurisdicción Constitucional" }, { "article": "Art. 50", "law": "Ley de la Jurisdicción Constitucional" } ], "keywords_es": [ "amparo", "derecho de petición", "MAG", "Paraquat", "información ambiental", "plaguicidas", "fiscalización", "Decreto 34139", "SFE", "Sala Constitucional" ], "keywords_en": [ "amparo", "right to petition", "MAG", "Paraquat", "environmental information", "pesticides", "oversight", "Decree 34139", "SFE", "Constitutional Chamber" ], "excerpt_es": "Desde este panorama, la Sala observa que la situación que lesionaba los derechos fundamentales de la parte amparada, sea, la falta de respuesta a la gestión planteada el 28 de setiembre de 2021, fue corregida con ocasión de la tramitación de este recurso. En consecuencia, procede estimar este recurso según los términos del numeral 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.\n\nSe declara con lugar el recurso sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios.", "excerpt_en": "From this perspective, the Chamber notes that the situation that harmed the fundamental rights of the petitioner, namely, the lack of a response to the request filed on September 28, 2021, was corrected during the processing of this amparo. Consequently, it is appropriate to grant the amparo in accordance with the terms of Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law.\n\nThe amparo is granted without special award of costs or damages.", "outcome": { "label_en": "Granted (no award)", "label_es": "Con lugar (sin condenatoria)", "summary_en": "The amparo was granted for violation of the right to petition, as the MAG failed to respond in a timely manner, but without awarding costs or damages, by majority vote.", "summary_es": "Se declaró con lugar el amparo por violación al derecho de petición, al haberse acreditado que el MAG no respondió oportunamente la solicitud de información, pero sin condenatoria en costas, daños y perjuicios, por criterio de mayoría." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando III", "quote_en": "From this perspective, the Chamber notes that the situation that harmed the fundamental rights of the petitioner, namely, the lack of a response to the request filed on September 28, 2021, was corrected during the processing of this amparo.", "quote_es": "Desde este panorama, la Sala observa que la situación que lesionaba los derechos fundamentales de la parte amparada, sea, la falta de respuesta a la gestión planteada el 28 de setiembre de 2021, fue corregida con ocasión de la tramitación de este recurso." }, { "context": "Por tanto", "quote_en": "The amparo is granted without special award of costs or damages.", "quote_es": "Se declara con lugar el recurso sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios." }, { "context": "Considerando VIII (voto salvado de la magistrada Garro Vargas)", "quote_en": "If, while the amparo is pending, an administrative or judicial decision is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the amparo shall be granted solely for purposes of indemnification and costs, if applicable.", "quote_es": "Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [ { "target_id": "norm-62037", "kind": "concept_anchor", "label": "Decreto Ejecutivo N.° 34139-S-MAG-TSS-MINAE Arts. 2-6" } ], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1060385", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [], "sentencias_relacionadas": [], "temas_y_subtemas": [], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 24883 - 2021\n\nFecha de la Resolución: 05 de Noviembre del 2021 a las 09:20\n\nExpediente: 21-020756-0007-CO\n\nRedactado por: Paul Rueda Leal\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp: 21-020756-0007-CO\n\nRes. Nº 2021024883\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del cinco de noviembre de dos mil veintiuno .\n\n \n\nRecurso de amparo que se tramita en expediente n.° 21-020756-0007-CO, interpuesto por MARIANA PORRAS ROZAS, cédula de identidad 111460917, a favor de ASOCIACIÓN RED DE COORDINACIÓN EN BIODIVERSIDAD, cédula jurídica 3002611847, contra el MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (MAG).             \n\nResultando:\n\n \n\n1.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 19:37 horas del 16 de octubre de 2021, la recurrente interpone recurso de amparo. Indica que el 28 de setiembre de 2021 planteó una gestión mediante correo electrónico dirigido al ministro de Agricultura y Ganadería. Sostiene que el 29 de setiembre de 2021, el despacho del ministro recurrido acusó de recibo la solicitud planteada. Reclama que no ha obtenido respuesta alguna. Solicita que se declare con lugar el recurso.\n\n2.- Mediante resolución de la Sala de las 14:01 horas del 20 de octubre de 2021, se dio curso al amparo y se solicitó informe al ministro de Agricultura y Ganadería, sobre los hechos alegados por la recurrente.\n\n3.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 13:08 horas del 27 de octubre de 2021, rinde informe bajo juramento Luis Renato Alvarado Rivera, en su condición de ministro de Agricultura y Ganadería. Señala: “1. Que el día 28 de septiembre del 2021 se recibe formal solicitud por parte de la señora Mariana Porras Rozas, al correo electrónico de este Despacho despachoministro@mag.go.cr, entre las cuales solicita información respecto a las actividades específicas de seguimiento que ese ministerio ha brindado entre los años 2018 al 2021 para velar por el cumplimiento del Decreto Ejecutivo No 34139-S-MAG-TSS-MINAE, así mismo solicitó reporte que indique las labores de verificación específicas que realiza su ministerio en relación con el cumplimiento de los artículos 2 al 6señalado supra. Indicar qué labores se han llevado a cabo, qué hallazgos tuvieron y qué acciones correctivas se tomaron en cada caso. 2. Que mediante oficio DM-MAG-1042-2021, del 21 de octubre del 2021, enviado al correo electrónico machore@gmail.com el día 21 de octubre de 2021 a las 13 horas 24 minutos, se le dio respuesta a las consultas realizadas por el accionante de la nota enviada el 28 de septiembre del 2021. (Se adjunta comprobante) (…) PRETENSIÓN: En razón de lo indicado, solicito a los señores Magistrados que declare inamisible el presente recuro de amparo, ya que la solicitud realizada por el accionante ya fue contestada”.\n\n4.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.\n\n \n\n Redacta el Magistrado Rueda Leal; y,\n\nConsiderando:\n\n \n\nI.- Objeto del recurso. La parte recurrente aduce lesionados sus derechos fundamentales, pues indica que desde el 28 de setiembre de 2021 planteó una gestión mediante correo electrónico dirigido al ministro de Agricultura y Ganadería; no obstante, reclama que la información solicitada no le ha sido brindada.\n\nII.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:\n\na)    A las 12:35 horas del 28 de setiembre de 2021, la parte recurrente envió un correo electrónico a las cuentas despachoministro@mag.co.cr y correspondenciaministro@mag.go.cr. En tal correo electrónico se adjuntó una gestión dirigida al ministro de Agricultura y Ganadería, en el que indicó: “(…) Como seguimiento al cumplimiento de la normativa que regula el uso de sustancias peligrosas en actividades agrícolas, solicitamos, por favor, se nos brinde información respecto a las actividades específicas de seguimiento que ese ministerio ha brindado entre los años 2018 al 2021 para velar por el cumplimiento del Decreto Ejecutivo No 34 139-S-MAG-TSS-MINAE. Dicho decreto establece lo siguiente, en lo que nos interesa: A la luz de lo indicado en el decreto, le solicitamos lo siguiente: 1. Reporte que indique las labores de verificación específicas que realiza su ministerio en relación con el cumplimiento del artículo 2° (segundo) señalado supra. Indicar qué labores se han llevado a cabo, qué hallazgos tuvieron y qué acciones correctivas se tomaron en cada caso. 2. Reporte que indique las labores de verificación específicas que realiza su ministerio en relación con el cumplimiento del artículo 3° (tercero) señalado supra. Indicar qué labores se han llevado a cabo, qué hallazgos tuvieron y qué acciones correctivas se tomaron en cada caso. 3. Reporte que indique las labores de verificación específicas que realiza su ministerio en relación con el cumplimiento del artículo 4° (cuarto) señalado supra. Indicar qué labores se han llevado a cabo, qué hallazgos tuvieron y qué acciones correctivas se tomaron en cada caso. 4. Reporte que indique las labores de verificación específicas que realiza su ministerio en relación con el cumplimiento del artículo 5° (quinto) señalado supra. Indicar qué labores se han llevado a cabo, qué hallazgos tuvieron y qué acciones correctivas se tomaron en cada caso. 5. Reporte que indique las labores de verificación específicas que realiza su ministerio en relación con el cumplimiento del artículo 6° (sexto) señalado supra. Indicar qué labores se han llevado a cabo, qué hallazgos tuvieron y qué acciones correctivas se tomaron en cada caso (…)”. (Ver prueba documental).\n\nb)    A las 6:52 horas de 29 de setiembre de 2021, desde la cuenta despachoministro@mag.go.cr, se envió un correo electrónico a la parte amparada, en el que se señaló: “(…) Se confirma recibido(…)”. (Ver prueba documental).\n\nc)     A las 10:37 horas del 21 de octubre de 2021, la autoridad recurrida fue notificada del curso de este recurso. (Ver acta de notificación).\n\nd)    El ministro de Agricultura y Ganadería, por oficio DM-MAG-1042-2021 del 21 de octubre de 2021 dirigido a la recurrente, manifestó: “En atención a su oficio de fecha 28 de septiembre del presente año, donde se solicita un reporte que indique las labores de verificación específicas que realiza este Ministerio en relación con el cumplimiento del artículo 2° (segundo) señalado supra, además de indicar también qué labores se han llevado a cabo, qué hallazgos hubo y qué acciones correctivas se tomaron en cada caso., me permito externar lo siguiente: Artículo 2°- La venta de plaguicidas que contengan Paraquat solo podrá autorizarse bajo receta profesional expedida en los formularios oficialmente aprobados por un profesional incorporado al Colegio de Ingenieros Agrónomos. La etiqueta y el panfleto deben llevar la leyenda: VENTA BAJO RECETA PROFESIONAL\" Acciones La Unidad de Fiscalización del Departamento de Agroquímicos y Equipos del Servicio Fitosanitario del Estado (en adelante SFE) es la responsable de realizar la apertura y cierre de los libros de sustancias restringidas, es decir, existe un libro protocolado en el que se anotan las entradas de inventario y las salidas (ventas) de los Agroservicios que venden la molécula restringida. Cada Agroservicio debe de tener su propio libro y el encargado de mantener la actualización del mismo es la figura del Regente, ya que el mismo es el responsable de expedir la receta profesional para la venta y uso del Paraquat para aplicación en unidad de producción. Las Unidades Operativas Regionales del Departamento de Operaciones Regionales del SFE en cumplimiento con lo establecido tanto en la Ley de Protección Fitosanitaria N°7664 como en el Decreto de Estructura organizacional del SFE N°36801-MAG, es la instancia encargada de verificar periódicamente la información contenida en los libros de sustancias restringidas, así como la supervisión de los diferentes Agroservicios con la finalidad de verificar el cumplimiento de la normativa que restringe el uso del Paraquat en las unidades de producción, de igual manera verificar el cumplimiento de las obligaciones dadas por norma al Regente con relación a la observancia y aplicación de la normativa vigente para este caso en específico y del adecuado llenado y mantenimiento del libro de productos restringidos. La figura del Regente y el cumplimiento de sus deberes es fiscalizada por la Fiscalía del Colegio de Agrónomos, por lo cual de existir alguna anomalía e inconsistencia los funcionarios del SFE que visitan los agroservicios remitirán el informe correspondiente al Colegio de Ingenieros Agrónomos y será el colegio profesional el encargado de llevar a cabo el proceso de investigación correspondiente y emitir la sanción que corresponda, según sea el caso. Artículo 3°-Se prohíbe la aplicación aérea de productos que contengan Paraquat en cualquier cultivo, así como la aplicación terrestre a bajo y ultra-bajo volumen. Acciones Las Unidades Operativas Regionales del SFE mantienen una constante vigilancia sobre las aplicaciones que se realizan, sin embargo, el uso y destino inadecuado del Paraquat recae sobre los sujetos de derecho privado; de ahí que la detección de un uso inadecuado (dosis del producto) se haga difícil, debido a que en muchos casos las unidades de producción no cuentan con un estricto control de las cédulas de aplicación lo que en hace un poco difícil obtener el registro de dichas aplicaciones. Los funcionarios regionales del SFE visitan las fincas, realizan las inspecciones correspondientes y levantan un formulario o lista de verificación (código OR-RN-PO-01_F-02) del cultivo en sus diferentes estados. De todas las inspecciones realizadas dentro del período indicado por ustedes, solo en la Región Huetar Norte recientemente se identificó una unidad de producción la cual estaba utilizando dosis de Paraquat fuera del rango aprobado, por lo que inmediatamente se le giraron las actas de inspección ocular respectiva y se presentó la denuncia ante el Colegio de Ingenieros Agrónomos con el fin de que se iniciara el proceso investigativo indicado en la respuesta anterior. Artículo 4°-Las personas que realizan labores de manejo y uso de productos que contengan Paraquat deben cumplir con las disposiciones del Decreto Ejecutivo No 18323-S-TSS, de fecha 11 de julio de 1988, \"Reglamento Disposiciones para Personas que Laboran con Plaguicidas\". Además, deben utilizar el equipo de protección personal recomendado en la etiqueta del producto y cumplir con las medidas establecidas en el Decreto Ejecutivo No 33507-MTSS, \"Reglamento de Salud Ocupacional en el Manejo y Uso de Agroquímicos\" de fecha 9 de noviembre del 2006. Acciones La Unidad de Control de Residuos del Departamento de Agroquímicos y Equipos, imparte cursos de Buenas Prácticas Agrícolas en cumplimiento con lo establecido en el artículo 36 de la Ley de Protección Fitosanitaria, donde se enfatiza el uso del equipo de protección personal. Es importante recalcar que, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es el responsable del cumplimiento de la normativa antes señalada, siendo que ellos también realizan visitas periódicas a las distintas unidades de producción con el fin de capacitar al personal así como verificar el cumplimiento de la normativa supracitada. Por otro lado, cuando los funcionarios del SFE realizan las visitas de inspección a las unidades de producción verifican el cumplimiento de las buenas prácticas agrícolas. Artículo 5°-Las labores de manipulación, formulación y reempaque de productos que contengan paraquat, deben ser realizadas por personal capacitado en el manejo de plaguicidas y utilizar las medidas de protección y prevención personal. Acciones La Unidad de Fiscalización del Departamento de Agroquímicos y Equipos realiza visitas a formuladoras dedicadas a manipulación, formulación y reempaque de agroquímicos como el Paraquat, de forma periódica. Así mismo en caso, que el producto sea muestreado y no cumpla con las características de calidad físico-químicas establecidas conforme este registrado ante el SFE, la empresa podrá solicitar cualquiera de las opciones reguladas en el Decreto Ejecutivo N° 27973-MAG-MEIC-S, mismas que son supervisadas por el personal de la Unidad de Fiscalización. Asimismo, a lo interno de la institución se cuenta con un procedimiento establecido que regula este punto a nivel de empresas que reempacan o reenvasan plaguicidas a nivel del país. Durante las visitas a las formuladoras se fiscaliza los siguientes aspectos: que el personal cuente con el equipo de protección personal adecuado, que el equipo en donde se realiza la formulación sea exclusivo para plaguicidas, el lavado de instrumentos debe tener una cañería de forma exclusiva para plaguicidas, que el tratamiento de residuos productos de la reformulación sean correctamente separados y tratados químicamente para su desecho buscando proteger la salud de las personas y del ambiente. Además referente a los reempaques del producto, se verifica que todas las presentaciones que están a la venta cuenten con el número de registro que coincida con la base de datos de la Unidad de Registro del Departamento de Agroquímicos y Equipos, la misma debe de tener el número de registro, el nombre comercial registrado en el panfleto, se verifica que las presentaciones autorizadas en el panfleto estén debidamente registradas, que la etiqueta cumpla con los requisitos del reglamento, que el número de lote coincida con la fecha de vencimiento, para garantizar que el producto esté en buenas condiciones, se fiscaliza que el envase en el que comercializa el producto cuente con los sellos de seguridad para el adecuado transporte y uso del producto por parte del agricultor. Artículo 6°-Tanto el producto técnico como la formulación en solución, deberán contener colorante azul/verdoso, el olor característico y un emético eficaz de acuerdo con la especificación de FAO, incluyendo en tal control los límites máximos de la impureza 4,4-bipiridilo libre y terpiridina o cualquier otra impureza relevante según las especificaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), tanto para los productos ya registrados como para aquellos que en el futuro se registren. Acciones La Unidad de Fiscalización del Departamento de Agroquímicos y Equipos realiza muestreos periódicos en las diferentes bodegas dedicadas al almacenamiento y distribución de agroquímicos a nivel nacional, en donde se toman muestras y se realizan los respectivos análisis relacionados al control de calidad físico y químico de productos formulados y su respectivo ingrediente activo. Desde el 2018 hasta el 2020, se han realizado un total 60 muestreos y análisis de calidad de diferentes formulados con el ingrediente activo de Paraquat, de los distintos formuladores registrados. Aunado a lo anterior en el presente año, se han realizado 9 análisis. De acuerdo a la metodología de análisis oficial del Laboratorio de Control de Calidad del SFE se determina porcentaje de ingrediente activo, color, humectabilidad, suspensibilidad.. Tabla 1- Datos de cumplimientos y no cumplimientos de formulados con el IAGT Paraquat, de acuerdo con la norma RTCR-171:1991 Plaguicidas y Coadyuvantes. Tolerancias Permitidas para la Concentración del Ingrediente Activo. (Fuente: base de datos Unidad de Fiscalización).\n\nAño\n\n\t\n\nNo cumple\n\n\t\n\nCumple\n\n\t\n\nTotal\n\n\n\n\n2018\n\n\t\n\n8\n\n\t\n\n13\n\n\t\n\n21\n\n\n\n\n2019\n\n\t\n\n6\n\n\t\n\n19\n\n\t\n\n25\n\n\n\n\n2020\n\n\t\n\n0\n\n\t\n\n14\n\n\t\n\n14\n\n\n\n\n2021\n\n\t\n\n0\n\n\t\n\n9\n\n\t\n\n9\n\n\n\n\n \n\n\t\n\n \n\n\t\n\n \n\n\t\n\n \n\n\n\n\n \n\n\t\n\n \n\n\t\n\nTotal\n\n\t\n\n69\n\nDe los productos analizados y que no cumplieron con la calidad conforme su registro ante el SFE, las formuladoras se acogieron a las opciones establecidas en el Decreto N° 27973-MAG-MEIC-S, en el año 2018 los formuladores decidieron en algunos de los casos reexportar el plaguicida y en otros reformular y en el 2019 todas decidieron reformular hasta cumplir con la calidad físico-química del plaguicida (…)” (Ver prueba documental).\n\ne)     A las 13:24 horas del 21 de octubre de 2021, el oficio DM-MAG-1042-2021 fue notificado a la parte amparada. (Ver prueba documental e informe rendido bajo juramento).\n\nf)      Los correos electrónicos despachoministro@mag.co.cr y correspondenciaministro@mag.go.cr son mecanismos oficiales para plantear gestiones ante la autoridad recurrida. (Hecho incontrovertido).\n\nIII.- Sobre el caso concreto. En el sub examine, la parte recurrente aduce lesionados sus derechos fundamentales, pues indica que desde el 28 de setiembre de 2021 planteó una gestión mediante correo electrónico dirigido al ministro de Agricultura y Ganadería; no obstante, reclama que la información solicitada no le ha sido brindada.\n\nDel estudio de los autos, se desprende que, a las 12:35 horas del 28 de setiembre de 2021, la parte recurrente envió un correo electrónico a las cuentas despachoministro@mag.co.cr y correspondenciaministro@mag.go.cr. En tal correo electrónico se adjuntó una gestión dirigida al ministro de Agricultura y Ganadería, en el que indicó: “(…) Como seguimiento al cumplimiento de la normativa que regula el uso de sustancias peligrosas en actividades agrícolas, solicitamos, por favor, se nos brinde información respecto a las actividades específicas de seguimiento que ese ministerio ha brindado entre los años 2018 al 2021 para velar por el cumplimiento del Decreto Ejecutivo No 34 139-S-MAG-TSS-MINAE. Dicho decreto establece lo siguiente, en lo que nos interesa: A la luz de lo indicado en el decreto, le solicitamos lo siguiente: 1. Reporte que indique las labores de verificación específicas que realiza su ministerio en relación con el cumplimiento del artículo 2° (segundo) señalado supra. Indicar qué labores se han llevado a cabo, qué hallazgos tuvieron y qué acciones correctivas se tomaron en cada caso. 2. Reporte que indique las labores de verificación específicas que realiza su ministerio en relación con el cumplimiento del artículo 3° (tercero) señalado supra. Indicar qué labores se han llevado a cabo, qué hallazgos tuvieron y qué acciones correctivas se tomaron en cada caso. 3. Reporte que indique las labores de verificación específicas que realiza su ministerio en relación con el cumplimiento del artículo 4° (cuarto) señalado supra. Indicar qué labores se han llevado a cabo, qué hallazgos tuvieron y qué acciones correctivas se tomaron en cada caso. 4. Reporte que indique las labores de verificación específicas que realiza su ministerio en relación con el cumplimiento del artículo 5° (quinto) señalado supra. Indicar qué labores se han llevado a cabo, qué hallazgos tuvieron y qué acciones correctivas se tomaron en cada caso. 5. Reporte que indique las labores de verificación específicas que realiza su ministerio en relación con el cumplimiento del artículo 6° (sexto) señalado supra. Indicar qué labores se han llevado a cabo, qué hallazgos tuvieron y qué acciones correctivas se tomaron en cada caso (…)”.  A las 6:52 horas de 29 de setiembre de 2021, desde la cuenta despachoministro@mag.go.cr, se envió un correo electrónico a la parte amparada, en el que se señaló: “(…) Se confirma recibido (…)”. Los correos electrónicos despachoministro@mag.co.cr y correspondenciaministro@mag.go.cr son mecanismos oficiales para plantear gestiones ante la autoridad recurrida.\n\nPor otra parte, se observa que, con posterioridad a que la autoridad recurrida fuera notificada del curso de este recurso (10:37 horas del 21 de octubre de 2021), el ministro de Agricultura y Ganadería, por oficio DM-MAG-1042-2021 del 21 de octubre de 2021 dirigido a la recurrente, manifestó: “En atención a su oficio de fecha 28 de septiembre del presente año, donde se solicita un reporte que indique las labores de verificación específicas que realiza este Ministerio en relación con el cumplimiento del artículo 2° (segundo) señalado supra, además de indicar también qué labores se han llevado a cabo, qué hallazgos hubo y qué acciones correctivas se tomaron en cada caso., me permito externar lo siguiente: Artículo 2°- La venta de plaguicidas que contengan Paraquat solo podrá autorizarse bajo receta profesional expedida en los formularios oficialmente aprobados por un profesional incorporado al Colegio de Ingenieros Agrónomos. La etiqueta y el panfleto deben llevar la leyenda: VENTA BAJO RECETA PROFESIONAL\" Acciones La Unidad de Fiscalización del Departamento de Agroquímicos y Equipos del Servicio Fitosanitario del Estado (en adelante SFE) es la responsable de realizar la apertura y cierre de los libros de sustancias restringidas, es decir, existe un libro protocolado en el que se anotan las entradas de inventario y las salidas (ventas) de los Agroservicios que venden la molécula restringida. Cada Agroservicio debe de tener su propio libro y el encargado de mantener la actualización del mismo es la figura del Regente, ya que el mismo es el responsable de expedir la receta profesional para la venta y uso del Paraquat para aplicación en unidad de producción. Las Unidades Operativas Regionales del Departamento de Operaciones Regionales del SFE en cumplimiento con lo establecido tanto en la Ley de Protección Fitosanitaria N°7664 como en el Decreto de Estructura organizacional del SFE N°36801-MAG, es la instancia encargada de verificar periódicamente la información contenida en los libros de sustancias restringidas, así como la supervisión de los diferentes Agroservicios con la finalidad de verificar el cumplimiento de la normativa que restringe el uso del Paraquat en las unidades de producción, de igual manera verificar el cumplimiento de las obligaciones dadas por norma al Regente con relación a la observancia y aplicación de la normativa vigente para este caso en específico y del adecuado llenado y mantenimiento del libro de productos restringidos. 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De todas las inspecciones realizadas dentro del período indicado por ustedes, solo en la Región Huetar Norte recientemente se identificó una unidad de producción la cual estaba utilizando dosis de Paraquat fuera del rango aprobado, por lo que inmediatamente se le giraron las actas de inspección ocular respectiva y se presentó la denuncia ante el Colegio de Ingenieros Agrónomos con el fin de que se iniciara el proceso investigativo indicado en la respuesta anterior. Artículo 4°-Las personas que realizan labores de manejo y uso de productos que contengan Paraquat deben cumplir con las disposiciones del Decreto Ejecutivo No 18323-S-TSS, de fecha 11 de julio de 1988, \"Reglamento Disposiciones para Personas que Laboran con Plaguicidas\". Además, deben utilizar el equipo de protección personal recomendado en la etiqueta del producto y cumplir con las medidas establecidas en el Decreto Ejecutivo No 33507-MTSS, \"Reglamento de Salud Ocupacional en el Manejo y Uso de Agroquímicos\" de fecha 9 de noviembre del 2006. Acciones La Unidad de Control de Residuos del Departamento de Agroquímicos y Equipos, imparte cursos de Buenas Prácticas Agrícolas en cumplimiento con lo establecido en el artículo 36 de la Ley de Protección Fitosanitaria, donde se enfatiza el uso del equipo de protección personal. Es importante recalcar que, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es el responsable del cumplimiento de la normativa antes señalada, siendo que ellos también realizan visitas periódicas a las distintas unidades de producción con el fin de capacitar al personal así como verificar el cumplimiento de la normativa supracitada. Por otro lado, cuando los funcionarios del SFE realizan las visitas de inspección a las unidades de producción verifican el cumplimiento de las buenas prácticas agrícolas. Artículo 5°-Las labores de manipulación, formulación y reempaque de productos que contengan paraquat, deben ser realizadas por personal capacitado en el manejo de plaguicidas y utilizar las medidas de protección y prevención personal. Acciones La Unidad de Fiscalización del Departamento de Agroquímicos y Equipos realiza visitas a formuladoras dedicadas a manipulación, formulación y reempaque de agroquímicos como el Paraquat, de forma periódica. Así mismo en caso, que el producto sea muestreado y no cumpla con las características de calidad físico-químicas establecidas conforme este registrado ante el SFE, la empresa podrá solicitar cualquiera de las opciones reguladas en el Decreto Ejecutivo N° 27973-MAG-MEIC-S, mismas que son supervisadas por el personal de la Unidad de Fiscalización. Asimismo, a lo interno de la institución se cuenta con un procedimiento establecido que regula este punto a nivel de empresas que reempacan o reenvasan plaguicidas a nivel del país. Durante las visitas a las formuladoras se fiscaliza los siguientes aspectos: que el personal cuente con el equipo de protección personal adecuado, que el equipo en donde se realiza la formulación sea exclusivo para plaguicidas, el lavado de instrumentos debe tener una cañería de forma exclusiva para plaguicidas, que el tratamiento de residuos productos de la reformulación sean correctamente separados y tratados químicamente para su desecho buscando proteger la salud de las personas y del ambiente. Además referente a los reempaques del producto, se verifica que todas las presentaciones que están a la venta cuenten con el número de registro que coincida con la base de datos de la Unidad de Registro del Departamento de Agroquímicos y Equipos, la misma debe de tener el número de registro, el nombre comercial registrado en el panfleto, se verifica que las presentaciones autorizadas en el panfleto estén debidamente registradas, que la etiqueta cumpla con los requisitos del reglamento, que el número de lote coincida con la fecha de vencimiento, para garantizar que el producto esté en buenas condiciones, se fiscaliza que el envase en el que comercializa el producto cuente con los sellos de seguridad para el adecuado transporte y uso del producto por parte del agricultor. Artículo 6°-Tanto el producto técnico como la formulación en solución, deberán contener colorante azul/verdoso, el olor característico y un emético eficaz de acuerdo con la especificación de FAO, incluyendo en tal control los límites máximos de la impureza 4,4-bipiridilo libre y terpiridina o cualquier otra impureza relevante según las especificaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), tanto para los productos ya registrados como para aquellos que en el futuro se registren. Acciones La Unidad de Fiscalización del Departamento de Agroquímicos y Equipos realiza muestreos periódicos en las diferentes bodegas dedicadas al almacenamiento y distribución de agroquímicos a nivel nacional, en donde se toman muestras y se realizan los respectivos análisis relacionados al control de calidad físico y químico de productos formulados y su respectivo ingrediente activo. Desde el 2018 hasta el 2020, se han realizado un total 60 muestreos y análisis de calidad de diferentes formulados con el ingrediente activo de Paraquat, de los distintos formuladores registrados. Aunado a lo anterior en el presente año, se han realizado 9 análisis. De acuerdo a la metodología de análisis oficial del Laboratorio de Control de Calidad del SFE se determina porcentaje de ingrediente activo, color, humectabilidad, suspensibilidad.. Tabla 1- Datos de cumplimientos y no cumplimientos de formulados con el IAGT Paraquat, de acuerdo con la norma RTCR-171:1991 Plaguicidas y Coadyuvantes. Tolerancias Permitidas para la Concentración del Ingrediente Activo. (Fuente: base de datos Unidad de Fiscalización).\n\nAño\n\n\t\n\nNo cumple\n\n\t\n\nCumple\n\n\t\n\nTotal\n\n\n\n\n2018\n\n\t\n\n8\n\n\t\n\n13\n\n\t\n\n21\n\n\n\n\n2019\n\n\t\n\n6\n\n\t\n\n19\n\n\t\n\n25\n\n\n\n\n2020\n\n\t\n\n0\n\n\t\n\n14\n\n\t\n\n14\n\n\n\n\n2021\n\n\t\n\n0\n\n\t\n\n9\n\n\t\n\n9\n\n\n\n\n \n\n\t\n\n \n\n\t\n\n \n\n\t\n\n \n\n\n\n\n \n\n\t\n\n \n\n\t\n\nTotal\n\n\t\n\n69\n\nDe los productos analizados y que no cumplieron con la calidad conforme su registro ante el SFE, las formuladoras se acogieron a las opciones establecidas en el Decreto N° 27973-MAG-MEIC-S, en el año 2018 los formuladores decidieron en algunos de los casos reexportar el plaguicida y en otros reformular y en el 2019 todas decidieron reformular hasta cumplir con la calidad físico-química del plaguicida (…)”. A las 13:24 horas del 21 de octubre de 2021, el oficio DM-MAG-1042-2021 fue notificado a la parte amparada.\n\n Desde este panorama, la Sala observa que la situación que lesionaba los derechos fundamentales de la parte amparada, sea, la falta de respuesta a la gestión planteada el 28 de setiembre de 2021, fue corregida con ocasión de la tramitación de este recurso. En consecuencia, procede estimar este recurso según los términos del numeral 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.\n\nIV.- Sobre la condenatoria en costas, daños y perjuicios de conformidad con el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.\n\nV.- Nota del magistrado Rueda Leal. Debo advertir que, desde la sentencia n.⸰ 2019-2355 de las 9:30 de 12 de febrero de 2019, mi postura ha sido la siguiente en relación con los recursos de amparo cuando estos han sido planteados a favor de una persona jurídica:\n\n“…en la Opinión Consultiva 22-16 del 26 de febrero de 2016, la Corte Interamericana de Derechos Humanos indicó que si bien algunos Estados reconocen el derecho de petición a personas jurídicas con condiciones especiales, como lo son los sindicatos, partidos políticos o representantes de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes o grupos específicos, lo cierto es que “El artículo 1.2 de la Convención Americana sólo consagra derechos a favor de personas físicas, por lo que las personas jurídicas no son titulares de los derechos consagrados en dicho tratado”. Por otro lado, en la misma opinión consultiva, la Corte Interamericana dispuso que, en ciertos contextos particulares, las personas físicas pueden llegar a ejercer sus derechos a través de personas jurídicas (verbigracia, a través de un medio de comunicación, como acaeció en el caso Granier y otros contra Venezuela); empero, a efectos de que ello sea tutelable ante el sistema interamericano, “el ejercicio del derecho a través de una persona jurídica debe involucrar una relación esencial y directa entre la persona natural que requiere protección por parte del sistema interamericano y la persona jurídica a través de la cual se produjo la violación, por cuanto no es suficiente con un simple vínculo entre ambas personas para concluir que efectivamente se están protegiendo los derechos de personas físicas y no de las personas jurídicas. En efecto, se debe probar más allá de la simple participación de la persona natural en las actividades propias de la persona jurídica, de forma que dicha participación se relacione de manera sustancial con los derechos alegados como vulnerados.” (énfasis agregado)(OC. 22/16)”.\n\nSobre el particular, el recurso de amparo fue formulado por la presidenta de la Asociación Red de Coordinación en Biodiversidad y se cursó a favor de esta persona jurídica. Al respecto, la parte accionante solicitó a la autoridad recurrida información de carácter ambiental, por lo que estimo que sí existe una relación esencial entre la persona jurídica y la persona física, lo cual amerita entrar a conocer por el fondo la transgresión acusada.\n\nVI.- Voto salvado de la magistrada Hernández López, sobre las consecuencias económicas derivadas de declarar con lugar este recurso. Coincido con la mayoría de la Sala en la decisión tomada respecto de la existencia de una lesión a los derechos fundamentales en este caso, la cual ha sido corregida con ocasión de la intervención de la Sala; no obstante, me separo de su decisión en relación con el tema de las consecuencias económicas de dicha declaratoria.\n\nLa jurisdicción constitucional a cargo de este Tribunal en materia de amparo y habeas corpus -la jurisdicción de la libertad como se le denomina- es especial porque su finalidad no es la del juez tradicional que dirime un conflicto entre dos partes, enfrentadas por una disputa legal. Su materia es de orden público, y su objetivo es brindar protección judicial a las personas en el ejercicio de sus derechos fundamentales de manera tal que no se perturbe su disfrute por actos de quien, de hecho o de derecho, realiza ejercicios concretos de autoridad, capaces de vulnerarlos.\n\nEsa vocación protectora de la jurisdicción constitucional se concreta en un diseño procesal también peculiar, célere y gratuito en donde se impone a la autoridad pública recurrida la simple rendición de “un informe” sobre lo actuado en el caso denunciado (artículos 43, 44, 45 y 46 de la LJC). Así que no se trata técnicamente de un litigio y acorde con ello, se entregan a la Sala Constitucional amplios poderes para orientar el curso del proceso de amparo o de habeas corpus, tanto respecto de la posibilidad de requerir información a otras autoridades sobre lo sucedido, como respecto del manejo amplio de la prueba que pueda servir para aclarar lo sucedido. Tal marco procesal de la jurisdicción de la libertad, donde no existen dos partes antagónicas enfrentadas de modo que lo que gane una lo pierda la otra, impone alejarnos de las soluciones que para estas últimas cuestiones han sido previstos en sistemas procesales como el civil, el contencioso o el laboral.\n\nEn lo que ahora interesa, la Ley de la Jurisdicción Constitucional regula en sus artículos 46 y siguientes, tres aspectos concretos del ejercicio de la función jurisdiccional de protección de derechos fundamentales, a cargo de la Sala: a) el primer aspecto es el atinente a la declaración que debe hacerse de la existencia o inexistencia de la violación (artículos 46 y 47 LJC); b) el segundo, regula de forma cuidadosa las potestades de las que goza el Tribunal para revertir los efectos jurídicos de la infracción a los derechos fundamentales y restaurar, de la forma más efectiva, su ejercicio (artículos 49 y 50 LJC); c) el tercer aspecto, (artículo 51 LJC) dispone reglas sobre las consecuencias económicas de tales procesos de amparo y habeas corpus, de manera tal que –ante la constatación de una lesión parte de la Sala-exista una restauración del disfrute de tales derechos y, además, una efectiva indemnización de los daños y gastos ocasionados, como parte del derecho a una justicia efectiva en cuanto a la reparación de las consecuencias dañosas generadas por las autoridades que resulten infractoras, las cuales no son sólo para efectos de la tutela judicial efectiva de la parte accionante, sino también con un fin disuasorio para que el Estado, no incurra en el futuro en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50 de la ley de la Jurisdicción Constitucional.\n\nEn este último aspecto, la Ley en su artículo 51 ordena a la Sala que “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso…”. Este es el sistema general que regula los temas del ámbito indemnizatorio, para los casos que la mayoría identifica como “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerados los derechos fundamentales…”; en tales casos, dentro de los que se cuenta el que ahora se decide, la Sala ha tenido por comprobado el agravio y de allí la necesidad de una condenatoria en costas daños y perjuicios, que se apoya en el concepto antes citado de una tutela efectiva de los derechos de las personas y en la noción de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y gastos que ocasione con su actuar inconstitucional. No cambia en nada esta conclusión por el hecho de que al conocer y resolver el amparo, “hubieren cesado los efectos del acto reclamado” (artículo 50) pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria automática en costas daños y perjuicios, por entenderse que el proceso ha terminado de forma normal y se ha constatado la violación.\n\nDentro de este marco general sencillo y claro -y carente de minusvalías o vacíos- la disposición del artículo 52 de la Ley encaja perfectamente como un caso de excepción, aplicable únicamente en los casos en que la Sala no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, es decir -como lo dice la mayoría- en aquellas situaciones de “terminación anormal del proceso”. Pero las condiciones y alcances para decretar esa forma de conclusión están delimitados como suma precisión por parte del legislador; en primer lugar, los presupuestos de hecho para la aplicación de esta norma, están claramente descritos, de modo que la Sala debe comprobar: 1) que el amparo está en curso; 2) que exista una resolución administrativa o judicial (que debe entenderse en su sentido estrictamente formal); y 3) que en tal resolución se disponga incuestionablemente la revocación, la detención o la suspensión de la actuación impugnada. Se trata de conceptos sumamente acotados, cuyo ámbito de aplicación debe además ser interpretado restringidamente, no solo en atención a la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino porque las consecuencias de aplicar tal excepción generan indiscutiblemente una disminución en el derecho fundamental de las personas a lograr una efectiva tutela judicial frente a los daños recibidos con la lesión a sus derechos constitucionales. En conclusión, únicamente en tales limitados casos y luego de confirmado por el Tribunal todo lo anterior, a la luz de una lectura restrictiva de sus alcances, estaríamos ante la necesidad de dejar de lado el sistema general de condenatoria automática en costas daños y perjuicios, y ejercitar -como jueces- nuestra discreción jurídica para decidir si se ordena el pago de tales extremos o no.\n\nEn este caso, el ejercicio anterior obliga a concluir la inaplicabilidad del artículo 52 de LJC, pues, por una parte, el Tribunal se ha pronunciado sobre el fondo del asunto, ha reconocido con su declaración una lesión a derechos fundamentales y determinado quién ha sido su autor; en nada se asemeja lo anterior una “terminación anormal del proceso”. Por otra parte, tampoco se verifican los requisitos del artículo 52 recién citado, ya que no existe una “resolución administrativa o judicial” formalmente emitida y en la cual, de manera expresa se revoque, detenga o suspenda el acto que origina la violación de derechos constitucionales; Por todo ello,  es procedente aplicar lo dispuesto en los artículos 50 y 51 de la LJC  y disponer -como consecuencia de haberse comprobado la violación- la condenatoria en daños, perjuicios y costas causados, en calidad de consecuencias económicas del proceso.\n\nPero incluso, aún si dejásemos de lado la condena automática en daños, perjuicios y costas, despreciando los razonamientos anteriores, lo cierto es que los hechos probados de este caso han llevado a la Sala a declarar la existencia de una afectación en el ejercicio de los derechos fundamentales de la parte amparada, que, como acción dañosa que es, lleva aparejada una presunción de surgimiento de daños y perjuicios económicos -cuya determinación concreta no le toca a la Sala-, y no se aprecia en el expediente mérito alguno que convenza para exonerar a la autoridad recurrida de cubrir la efectiva reparación de las consecuencias dañinas de sus actos, según el principio general dispuesto expresamente en la ley.\n\nVII.- Voto salvado parcial del magistrado Salazar Alvarado, únicamente en relación con la no condenatoria en costas, daños y perjuicios a la parte recurrida. Si bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.\n\nLa Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:\n\n“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.\n\nPor otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:\n\n“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.\n\nEsta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.\n\nEn criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.\n\nAsí, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.\n\nPor otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una“terminación anormal del proceso”.\n\nEl legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.\n\nEn mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaro.\n\nVIII.- Voto salvado parcial de la magistrada Garro Vargas. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. \n\nMi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.\n\nCiertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.\n\nSi el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.\n\nCon la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aún cuando el derecho haya sido restituido.\n\nEn razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas.\n\nIX.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPor tanto:\n\n \n\nSe declara con lugar el recurso sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. El magistrado Rueda Leal pone nota. La magistrada Hernández López salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas de conformidad con los artículos 50 y 51 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. El magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas. Notifíquese.\n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nPaul Rueda L.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nNancy Hernández L.\n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Araya G.\n\n\n\n\nAnamari Garro V.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nAlicia Salas T.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n ACDILOBJKSK61\n\nEXPEDIENTE N° 21-020756-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 09-05-2026 04:10:42.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "**File Number:** 21-020756-0007-CO\n\n**Res. No. 2021024883**\n\n**CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE.** San José, at nine hours twenty minutes on the fifth of November two thousand twenty-one.\n\nAmparo action processed under expediente No. 21-020756-0007-CO, filed by MARIANA PORRAS ROZAS, identity card 111460917, on behalf of ASOCIACIÓN RED DE COORDINACIÓN EN BIODIVERSIDAD, legal ID 3002611847, against the MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (MAG).\n\n**Having considered:**\n\n**1.-** By document incorporated into the digital case file at 19:37 hours on October 16, 2021, the petitioner files an amparo action. She states that on September 28, 2021, she submitted a request via email addressed to the Minister of Agriculture and Livestock. She asserts that on September 29, 2021, the office of the respondent minister acknowledged receipt of the submitted request. She claims that she has not obtained any response. She requests that the action be granted.\n\n**2.-** By a Chamber resolution at 14:01 hours on October 20, 2021, the amparo was processed and a report was requested from the Minister of Agriculture and Livestock regarding the facts alleged by the petitioner.\n\n**3.-** By document incorporated into the digital case file at 13:08 hours on October 27, 2021, Luis Renato Alvarado Rivera, in his capacity as Minister of Agriculture and Livestock, submits a sworn report. He states: “1. That on September 28, 2021, a formal request was received from Ms. Mariana Porras Rozas, at this Office’s email address despachoministro@mag.go.cr, in which she requests information regarding the specific follow-up activities that this ministry has provided between the years 2018 and 2021 to ensure compliance with Decreto Ejecutivo No 34139-S-MAG-TSS-MINAE, likewise she requested a report indicating the specific verification tasks that your ministry carries out in relation to compliance with articles 2 through 6 mentioned above. To indicate what tasks have been carried out, what findings they had, and what corrective actions were taken in each case. 2. That by means of official communication DM-MAG-1042-2021, dated October 21, 2021, sent to the email address machore@gmail.com on October 21, 2021, at 13 hours 24 minutes, a response was given to the inquiries made by the claimant from the note sent on September 28, 2021. (Proof is attached) (…) REQUEST: By reason of the foregoing, I ask the Justices to declare the present amparo action inadmissible, since the request made by the claimant has already been answered.”\n\n**4.-** In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.\n\nDrafted by Judge Rueda Leal; and,\n\n**Considering:**\n\n**I.- Purpose of the action.** The petitioner alleges that her fundamental rights have been violated, as she states that since September 28, 2021, she submitted a request via email addressed to the Minister of Agriculture and Livestock; however, she claims that the requested information has not been provided to her.\n\n**II.- Proven facts.** Of importance for the decision in this matter, the following facts are considered duly proven, either because they have been so accredited or because the respondent authority has omitted to refer to them, in accordance with the provisions of the initial order:\n\na) At 12:35 hours on September 28, 2021, the petitioner sent an email to the accounts despachoministro@mag.co.cr and correspondenciaministro@mag.go.cr. Attached to said email was a request addressed to the Minister of Agriculture and Livestock, in which she stated: “(…) As follow-up to the compliance with regulations governing the use of hazardous substances in agricultural activities, we request, please, that we be provided information regarding the specific follow-up activities that this ministry has provided between the years 2018 to 2021 to ensure compliance with Decreto Ejecutivo No 34 139-S-MAG-TSS-MINAE. Said decree establishes the following, insofar as it interests us: In light of what is indicated in the decree, we request the following: 1. Report indicating the specific verification tasks that your ministry carries out in relation to compliance with Article 2° (second) mentioned above. Indicate what tasks have been carried out, what findings they had, and what corrective actions were taken in each case. 2. Report indicating the specific verification tasks that your ministry carries out in relation to compliance with Article 3° (third) mentioned above. Indicate what tasks have been carried out, what findings they had, and what corrective actions were taken in each case. 3. Report indicating the specific verification tasks that your ministry carries out in relation to compliance with Article 4° (fourth) mentioned above. Indicate what tasks have been carried out, what findings they had, and what corrective actions were taken in each case. 4. Report indicating the specific verification tasks that your ministry carries out in relation to compliance with Article 5° (fifth) mentioned above. Indicate what tasks have been carried out, what findings they had, and what corrective actions were taken in each case. 5. Report indicating the specific verification tasks that your ministry carries out in relation to compliance with Article 6° (sixth) mentioned above. Indicate what tasks have been carried out, what findings they had, and what corrective actions were taken in each case (…)”. (See documentary evidence).\n\nb) At 6:52 hours on September 29, 2021, from the account despachoministro@mag.go.cr, an email was sent to the protected party, in which it was stated: “(…) Receipt is confirmed (…)”. (See documentary evidence).\n\nc) At 10:37 hours on October 21, 2021, the respondent authority was notified of the processing of this action. (See notification record).\n\nd) The Minister of Agriculture and Livestock, by official communication DM-MAG-1042-2021 dated October 21, 2021, addressed to the petitioner, stated: “In response to your communication dated September 28 of this year, requesting a report indicating the specific verification tasks that this Ministry carries out in relation to compliance with Article 2° (second) mentioned above, and also indicating what tasks have been carried out, what findings there were, and what corrective actions were taken in each case, I would like to state the following: Article 2°- The sale of pesticides containing Paraquat may only be authorized under a professional prescription issued on forms officially approved by a professional registered with the Colegio de Ingenieros Agrónomos. The label and the pamphlet must bear the legend: SALE BY PROFESSIONAL PRESCRIPTION\\\" Actions The Audit Unit (Unidad de Fiscalización) of the Department of Agrochemicals and Equipment of the State Phytosanitary Service (Servicio Fitosanitario del Estado, hereinafter SFE) is responsible for opening and closing the restricted substances books, that is, there is an official ledger in which inventory entries and exits (sales) of the Agroservices that sell the restricted molecule are recorded. Each Agroservice must have its own book, and the person responsible for maintaining its update is the Regent (Regente), since they are the one responsible for issuing the professional prescription for the sale and use of Paraquat for application in a production unit. The Regional Operational Units of the SFE's Department of Regional Operations, in compliance with the provisions set forth both in the Phytosanitary Protection Law (Ley de Protección Fitosanitaria) No. 7664 and in the Decree on the Organizational Structure of the SFE (Decreto de Estructura organizacional del SFE) No. 36801-MAG, are the entities in charge of periodically verifying the information contained in the restricted substances books, as well as supervising the different Agroservices with the purpose of verifying compliance with the regulations restricting the use of Paraquat in production units, similarly verifying compliance with the obligations given by regulation to the Regent in relation to the observance and application of the current regulations for this specific case and the proper completion and maintenance of the restricted products book. The figure of the Regent and the fulfillment of their duties are supervised by the Prosecutor's Office of the Colegio de Agrónomos, therefore, if any anomaly or inconsistency exists, the SFE officials who visit the agroservices will forward the corresponding report to the Colegio de Ingenieros Agrónomos and the professional college will be in charge of carrying out the corresponding investigation process and issuing the corresponding sanction, as the case may be. Article 3° - The aerial application of products containing Paraquat in any crop is prohibited, as well as low and ultra-low volume terrestrial application. Actions The SFE's Regional Operational Units maintain constant vigilance over the applications being made; however, the improper use and destination of Paraquat falls on subjects of private law; hence, detecting improper use (product dosage) is difficult, because in many cases the production units do not have strict control over application sheets, which makes it somewhat difficult to obtain the record of such applications. The SFE's regional officials visit farms, carry out the corresponding inspections, and complete a form or checklist (code OR-RN-PO-01_F-02) for the crop in its different states. Of all the inspections carried out within the period indicated by you, only in the Huetar Norte Region was a production unit recently identified that was using doses of Paraquat outside the approved range, for which reason the respective ocular inspection records were immediately issued and the complaint was filed with the Colegio de Ingenieros Agrónomos so that the investigative process mentioned in the previous response would begin. Article 4°- Persons who carry out handling and use of products containing Paraquat must comply with the provisions of Decreto Ejecutivo No 18323-S-TSS, dated July 11, 1988, “Reglamento de Disposiciones para Personas que Laboran con Plaguicidas”. In addition, they must use the personal protective equipment recommended on the product label and comply with the measures established in Decreto Ejecutivo No 33507-MTSS, “Reglamento de Salud Ocupacional en el Manejo y Uso de Agroquímicos” dated November 9, 2006. Actions The Residue Control Unit of the Department of Agrochemicals and Equipment provides Good Agricultural Practices courses in compliance with the provisions of Article 36 of the Phytosanitary Protection Law, emphasizing the use of personal protective equipment. It is important to emphasize that the Ministerio de Trabajo y Seguridad Social is responsible for compliance with the aforementioned regulations, and they also conduct periodic visits to different production units in order to train personnel as well as verify compliance with the aforementioned regulations. On the other hand, when SFE officials carry out inspection visits to production units, they verify compliance with good agricultural practices. Article 5°- The tasks of handling, formulation, and repackaging of products containing paraquat must be carried out by personnel trained in pesticide management and use personal protection and prevention measures. Actions The Audit Unit of the Department of Agrochemicals and Equipment periodically visits formulation plants dedicated to the handling, formulation, and repackaging of agrochemicals such as Paraquat. Likewise, in the event that the product is sampled and does not meet the established physical-chemical quality characteristics according to its registration with the SFE, the company may request any of the options regulated in Decreto Ejecutivo N° 27973-MAG-MEIC-S, which are supervised by Audit Unit personnel. Furthermore, internally the institution has an established procedure that regulates this point for companies that repackage or rebottle pesticides nationwide. During visits to formulation plants, the following aspects are audited: that the personnel have the appropriate personal protective equipment, that the equipment where formulation is carried out is exclusively for pesticides, instrument washing must have a pipeline exclusively for pesticides, that the treatment of waste products from reformulation is correctly separated and chemically treated for disposal, seeking to protect the health of people and the environment. Also, regarding product repackaging, it is verified that all the product presentations on sale have the registration number that matches the database of the Registration Unit of the Department of Agrochemicals and Equipment; it must have the registration number, the trade name registered in the pamphlet; it is verified that the presentations authorized in the pamphlet are duly registered; that the label complies with the requirements of the regulation; that the batch number matches the expiration date, to guarantee that the product is in good condition; it is audited that the container in which the product is marketed has security seals for proper transport and use of the product by the farmer. Article 6°- Both the technical product and the formulation in solution must contain a blue/greenish colorant, the characteristic odor, and an effective emetic in accordance with the FAO specification, including in such control the maximum limits of the free 4,4'-bipyridyl impurity and terpyridine or any other relevant impurity according to the specifications of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), for both already registered products and those to be registered in the future. Actions The Audit Unit of the Department of Agrochemicals and Equipment carries out periodic sampling in the various warehouses dedicated to the storage and distribution of agrochemicals nationwide, where samples are taken and the respective analyses related to physical and chemical quality control of formulated products and their respective active ingredient are carried out. From 2018 to 2020, a total of 60 samplings and quality analyses were carried out on different formulations with the active ingredient Paraquat, from the different registered formulators. In addition to the above, in the current year, 9 analyses have been carried out. According to the official analysis methodology of the SFE's Quality Control Laboratory, the percentage of active ingredient, color, wettability, and suspensibility are determined. Table 1- Compliance and non-compliance data of formulations with the Active Ingredient Paraquat, in accordance with standard RTCR-171:1991 Plaguicidas y Coadyuvantes. Tolerancias Permitidas para la Concentración del Ingrediente Activo. (Source: Audit Unit database).\n\n| Año | No cumple | Cumple | Total |\n| --- | --- | --- | --- |\n| 2018 | 8 | 13 | 21 |\n| 2019 | 6 | 19 | 25 |\n| 2020 | 0 | 14 | 14 |\n| 2021 | 0 | 9 | 9 |\n| | | Total | 69 |\n\nOf the products analyzed that did not meet the quality standards according to their registration with the SFE, the formulation plants availed themselves of the options established in Decree No. 27973-MAG-MEIC-S. In 2018, the formulators decided in some cases to re-export the pesticide and in others to reformulate it, and in 2019, all decided to reformulate until the physical-chemical quality of the pesticide was met (…)” (See documentary evidence).\n\ne) At 13:24 hours on October 21, 2021, official communication DM-MAG-1042-2021 was notified to the protected party. (See documentary evidence and sworn report).\n\nf) The email addresses despachoministro@mag.co.cr and correspondenciaministro@mag.go.cr are official mechanisms for submitting requests to the respondent authority. (Uncontested fact).\n\n**III.- Regarding the specific case.** In the sub examine, the petitioner alleges that her fundamental rights have been violated, as she states that since September 28, 2021, she submitted a request via email addressed to the Minister of Agriculture and Livestock; however, she claims that the requested information has not been provided to her.\n\nFrom the study of the case file, it is deduced that, at 12:35 hours on September 28, 2021, the petitioner sent an email to the accounts despachoministro@mag.co.cr and correspondenciaministro@mag.go.cr. Attached to said email was a request addressed to the Minister of Agriculture and Livestock, in which she stated: “(…) As follow-up to the compliance with regulations governing the use of hazardous substances in agricultural activities, we request, please, that we be provided information regarding the specific follow-up activities that this ministry has provided between the years 2018 to 2021 to ensure compliance with Decreto Ejecutivo No 34 139-S-MAG-TSS-MINAE. Said decree establishes the following, insofar as it interests us: In light of what is indicated in the decree, we request the following: 1. Report indicating the specific verification tasks that your ministry carries out in relation to compliance with Article 2° (second) mentioned above. Indicate what tasks have been carried out, what findings they had, and what corrective actions were taken in each case. 2. Report indicating the specific verification tasks that your ministry carries out in relation to compliance with Article 3° (third) mentioned above. Indicate what tasks have been carried out, what findings they had, and what corrective actions were taken in each case. 3. Report indicating the specific verification tasks that your ministry carries out in relation to compliance with Article 4° (fourth) mentioned above. Indicate what tasks have been carried out, what findings they had, and what corrective actions were taken in each case. 4. Report indicating the specific verification tasks that your ministry carries out in relation to compliance with Article 5° (fifth) mentioned above. Indicate what tasks have been carried out, what findings they had, and what corrective actions were taken in each case. 5. Report indicating the specific verification tasks that your ministry carries out in relation to compliance with Article 6° (sixth) mentioned above. Indicate what tasks have been carried out, what findings they had, and what corrective actions were taken in each case (…)”. At 6:52 hours on September 29, 2021, from the account despachoministro@mag.go.cr, an email was sent to the protected party, in which it was stated: “(…) Receipt is confirmed (…)”. The email addresses despachoministro@mag.co.cr and correspondenciaministro@mag.go.cr are official mechanisms for submitting requests to the respondent authority.\n\nOn the other hand, it is observed that, after the respondent authority was notified of the processing of this action (10:37 hours on October 21, 2021), the Minister of Agriculture and Livestock, by official communication DM-MAG-1042-2021 dated October 21, 2021, addressed to the petitioner, stated: “In response to your communication dated September 28 of this year, requesting a report indicating the specific verification tasks that this Ministry carries out in relation to compliance with Article 2° (second) mentioned above, and also indicating what tasks have been carried out, what findings there were, and what corrective actions were taken in each case, I would like to state the following: Article 2°- The sale of pesticides containing Paraquat may only be authorized under a professional prescription issued on forms officially approved by a professional registered with the Colegio de Ingenieros Agrónomos. The label and the pamphlet must bear the legend: SALE BY PROFESSIONAL PRESCRIPTION\\\" Actions The Audit Unit of the Department of Agrochemicals and Equipment of the State Phytosanitary Service (hereinafter SFE) is responsible for opening and closing the restricted substances books, that is, there is an official ledger in which inventory entries and exits (sales) of the Agroservices that sell the restricted molecule are recorded. Each Agroservice must have its own book, and the person responsible for maintaining its update is the Regent, since they are the one responsible for issuing the professional prescription for the sale and use of Paraquat for application in a production unit. The Regional Operational Units of the SFE's Department of Regional Operations, in compliance with the provisions set forth both in the Phytosanitary Protection Law No. 7664 and in the Decree on the Organizational Structure of the SFE No. 36801-MAG, are the entities in charge of periodically verifying the information contained in the restricted substances books, as well as supervising the different Agroservices with the purpose of verifying compliance with the regulations restricting the use of Paraquat in production units, similarly verifying compliance with the obligations given by regulation to the Regent in relation to the observance and application of the current regulations for this specific case and the proper completion and maintenance of the restricted products book. The figure of the Regent and the fulfillment of their duties are supervised by the Prosecutor's Office of the Colegio de Agrónomos, therefore, if any anomaly or inconsistency exists, the SFE officials who visit the agroservices will forward the corresponding report to the Colegio de Ingenieros Agrónomos and the professional college will be in charge of carrying out the corresponding investigation process and issuing the corresponding sanction, as the case may be. Article 3° - The aerial application of products containing Paraquat in any crop is prohibited, as well as low and ultra-low volume terrestrial application. Actions The SFE's Regional Operational Units maintain constant vigilance over the applications being made; however, the improper use and destination of Paraquat falls on subjects of private law; hence, detecting improper use (product dosage) is difficult, because in many cases the production units do not have strict control over application sheets, which makes it somewhat difficult to obtain the record of such applications. The SFE's regional officials visit farms, carry out the corresponding inspections, and complete a form or checklist (code OR-RN-PO-01_F-02) for the crop in its different states. Of all the inspections carried out within the period indicated by you, only in the Huetar Norte Region was a production unit recently identified that was using doses of Paraquat outside the approved range, for which reason the respective ocular inspection records were immediately issued and the complaint was filed with the Colegio de Ingenieros Agrónomos so that the investigative process mentioned in the previous response would begin. Article 4°- Persons who carry out handling and use of products containing Paraquat must comply with the provisions of Decreto Ejecutivo No 18323-S-TSS, dated July 11, 1988, “Reglamento de Disposiciones para Personas que Laboran con Plaguicidas”. In addition, they must use the personal protective equipment recommended on the product label and comply with the measures established in Decreto Ejecutivo No 33507-MTSS, “Reglamento de Salud Ocupacional en el Manejo y Uso de Agroquímicos” dated November 9, 2006. Actions The Residue Control Unit of the Department of Agrochemicals and Equipment provides Good Agricultural Practices courses in compliance with the provisions of Article 36 of the Phytosanitary Protection Law, emphasizing the use of personal protective equipment. It is important to emphasize that the Ministerio de Trabajo y Seguridad Social is responsible for compliance with the aforementioned regulations, and they also conduct periodic visits to different production units in order to train personnel as well as verify compliance with the aforementioned regulations. On the other hand, when SFE officials carry out inspection visits to production units, they verify compliance with good agricultural practices. Article 5°- The tasks of handling, formulation, and repackaging of products containing paraquat must be carried out by personnel trained in pesticide management and use personal protection and prevention measures. Actions The Audit Unit of the Department of Agrochemicals and Equipment periodically visits formulation plants dedicated to the handling, formulation, and repackaging of agrochemicals such as Paraquat. Likewise, in the event that the product is sampled and does not meet the established physical-chemical quality characteristics according to its registration with the SFE, the company may request any of the options regulated in Decreto Ejecutivo N° 27973-MAG-MEIC-S, which are supervised by Audit Unit personnel. Furthermore, internally the institution has an established procedure that regulates this point for companies that repackage or rebottle pesticides nationwide. During visits to formulation plants, the following aspects are audited: that the personnel have the appropriate personal protective equipment, that the equipment where formulation is carried out is exclusively for pesticides, instrument washing must have a pipeline exclusively for pesticides, that the treatment of waste products from reformulation is correctly separated and chemically treated for disposal, seeking to protect the health of people and the environment. Also, regarding product repackaging, it is verified that all the product presentations on sale have the registration number that matches the database of the Registration Unit of the Department of Agrochemicals and Equipment; it must have the registration number, the trade name registered in the pamphlet; it is verified that the presentations authorized in the pamphlet are duly registered; that the label complies with the requirements of the regulation; that the batch number matches the expiration date, to guarantee that the product is in good condition; it is audited that the container in which the product is marketed has security seals for proper transport and use of the product by the farmer. Article 6°- Both the technical product and the formulation in solution must contain a blue/greenish colorant, the characteristic odor, and an effective emetic in accordance with the FAO specification, including in such control the maximum limits of the free 4,4'-bipyridyl impurity and terpyridine or any other relevant impurity according to the specifications of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), for both already registered products and those to be registered in the future. Actions The Audit Unit of the Department of Agrochemicals and Equipment carries out periodic sampling in the various warehouses dedicated to the storage and distribution of agrochemicals nationwide, where samples are taken and the respective analyses related to physical and chemical quality control of formulated products and their respective active ingredient are carried out. From 2018 to 2020, a total of 60 samplings and quality analyses were carried out on different formulations with the active ingredient Paraquat, from the different registered formulators. In addition to the above, in the current year, 9 analyses have been carried out. According to the official analysis methodology of the SFE's Quality Control Laboratory, the percentage of active ingredient, color, wettability, and suspensibility are determined. Table 1- Compliance and non-compliance data of formulations with the Active Ingredient Paraquat, in accordance with standard RTCR-171:1991 Plaguicidas y Coadyuvantes. Tolerancias Permitidas para la Concentración del Ingrediente Activo. (Source: Audit Unit database).\n\n| Año | No cumple | Cumple | Total |\n| --- | --- | --- | --- |\n| 2018 | 8 | 13 | 21 |\n| 2019 | 6 | 19 | 25 |\n| 2020 | 0 | 14 | 14 |\n| 2021 | 0 | 9 | 9 |\n| | | Total | 69 |\n\nOf the products analyzed that did not meet the quality standards according to their registration with the SFE, the formulation plants availed themselves of the options established in Decree No. 27973-MAG-MEIC-S. In 2018, the formulators decided in some cases to re-export the pesticide and in others to reformulate it, and in 2019, all decided to reformulate until the physical-chemical quality of the pesticide was met (…)”. Such official communication was notified to the protected party at 13:24 hours on October 21, 2021.\n\n(Source: Enforcement Unit database).\n\n| Year | Does not comply | Complies | Total |\n| --- | --- | --- | --- |\n| 2018 | 8 | 13 | 21 |\n| 2019 | 6 | 19 | 25 |\n| 2020 | 0 | 14 | 14 |\n| 2021 | 0 | 9 | 9 |\n| | | | |\n| | | Total | 69 |\n\nOf the products analyzed that did not comply with quality according to their registration with the SFE, the formulators availed themselves of the options established in Decreto N° 27973-MAG-MEIC-S; in 2018 the formulators decided in some cases to re-export the pesticide (plaguicida) and in others to reformulate it, and in 2019 all decided to reformulate until meeting the physico-chemical quality of the pesticide (plaguicida) (…)”. At 1:24 p.m. on October 21, 2021, official communication DM-MAG-1042-2021 was notified to the amparo petitioner.\n\nFrom this perspective, the Chamber observes that the situation that harmed the fundamental rights of the amparo petitioner, i.e., the lack of response to the petition filed on September 28, 2021, was corrected during the processing of this amparo. Consequently, it is appropriate to grant this amparo in accordance with the terms of Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional).\n\nIV.- Regarding the award of costs, damages, and losses in accordance with Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction. Upon better consideration, the majority of the Chamber considers that, in the sub examine case, in accordance with the provisions of paragraph 1 of Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction (\"If, while the amparo is pending, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the amparo shall be granted solely for the purposes of compensation and costs, if they are applicable\"), the granting must be without a special award of costs, damages, and losses, based on the following considerations. Although there is an explicit text in the law that requires the operative part of the ruling to state that the amparo is granted when, during the pendency of the amparo, the grievance is resolved, it is no less true that the same paragraph in fine states that the granting is issued \"solely for the purposes of compensation and costs, if they are applicable.\" It is underscored that the Law states \"if they are applicable,\" which means that the applicability or non-applicability of compensation and costs depends on an assessment, appreciation, or weighing by the Court. In cases such as this, the content of the amparo petitioner's claim and the respondent authority's conduct in acknowledging it suggest that the alleged impairments, injuries, or alterations are not directly related to a repercussion on a constitutional right of an evidently pecuniary nature (as would occur, for example, with an impact on the right to salary). To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provisions of Article 51 of the same Law of Constitutional Jurisdiction, when it provides that: \"every resolution granting the amparo shall award, in the abstract, compensation for the damages and losses caused and the payment of the costs of the amparo, and its liquidation shall be reserved for the execution of judgment,\" where the possibility of assessing whether or not compensation and costs are applicable is not foreseen. The principles of Constitutional Law, Public and General Procedural Law, or, where appropriate, International or Community Law, and, additionally, in order, the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública) and the Code of Contentious Administrative Procedure (Código Procesal Contencioso Administrativo) and other procedural codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the rules of the Law of Constitutional Jurisdiction -cf. Article 14-. For the contentious-administrative jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in Article 197 of the Code of Contentious Administrative Procedure, which responds to procedural logic in any matter. In any case, the affected party in the sub lite case preserves the possibility of resorting, if it so wishes, to a plenary proceeding to demonstrate that it has suffered some type of impairment. Based on the foregoing, it is the criterion of the majority to resolve this amparo without awarding costs, damages, and losses.\n\nV.- Note from Magistrate Rueda Leal. I must warn that, since judgment No. 2019-2355 at 9:30 a.m. on February 12, 2019, my position has been the following regarding amparo actions when they have been filed on behalf of a legal person:\n\n“…in Advisory Opinion 22-16 of February 26, 2016, the Inter-American Court of Human Rights indicated that although some States recognize the right of petition to legal persons under special conditions, such as unions, political parties, or representatives of indigenous peoples, Afro-descendant communities, or specific groups, the fact is that “Article 1.2 of the American Convention only enshrines rights in favor of natural persons, so legal persons are not holders of the rights enshrined in said treaty.” On the other hand, in the same advisory opinion, the Inter-American Court provided that, in certain particular contexts, natural persons may exercise their rights through legal persons (for example, through a media outlet, as occurred in the Granier et al. v. Venezuela case); however, in order for this to be protectable before the inter-American system, “the exercise of the right through a legal person must involve an essential and direct relationship between the natural person requiring protection by the inter-American system and the legal person through which the violation occurred, since a simple link between both persons is not enough to conclude that the rights of natural persons and not of legal persons are indeed being protected. Indeed, it must be proven beyond the simple participation of the natural person in the activities proper to the legal person, so that such participation is substantially related to the rights alleged to have been violated.” (emphasis added) (OC. 22/16)”.\n\nOn this matter, the amparo action was filed by the president of the Association Red de Coordinación en Biodiversidad (Asociación Red de Coordinación en Biodiversidad) and was pursued on behalf of this legal person. In this regard, the petitioner requested environmental information from the respondent authority, and therefore I consider that there is indeed an essential relationship between the legal person and the natural person, which merits examining the merits of the alleged transgression.\n\nVI.- Dissenting vote of Magistrate Hernández López, regarding the economic consequences derived from granting this amparo. I agree with the majority of the Chamber in the decision taken regarding the existence of an injury to fundamental rights in this case, which has been corrected on the occasion of the Chamber’s intervention; however, I disagree with its decision regarding the issue of the economic consequences of said declaration.\n\nThe constitutional jurisdiction entrusted to this Court in matters of amparo and habeas corpus —the jurisdiction of freedom as it is called— is special because its purpose is not that of the traditional judge who settles a conflict between two parties, opposed by a legal dispute. Its subject matter is of public order, and its objective is to provide judicial protection to persons in the exercise of their fundamental rights in such a way that their enjoyment is not disturbed by acts of whoever, de facto or de jure, performs concrete exercises of authority, capable of violating them.\n\nThat protective vocation of the constitutional jurisdiction is materialized in a procedural design that is also peculiar, swift, and free of charge, where the respondent public authority is simply required to submit “a report” on the actions taken in the denounced case (Articles 43, 44, 45, and 46 of the LJC). So it is not technically a litigation, and accordingly, the Constitutional Chamber is given broad powers to guide the course of the amparo or habeas corpus proceeding, both regarding the possibility of requesting information from other authorities about what happened, and regarding the ample handling of evidence that may serve to clarify what occurred. Such a procedural framework of the jurisdiction of freedom, where there are no two antagonistic parties opposed in such a way that what one gains the other loses, forces us to move away from the solutions that have been foreseen for these latter matters in procedural systems such as civil, contentious, or labor law.\n\nIn what is now of interest, the Law of Constitutional Jurisdiction regulates in its Articles 46 and following, three specific aspects of the exercise of the jurisdictional function of protecting fundamental rights, entrusted to the Chamber: a) the first aspect relates to the declaration that must be made of the existence or non-existence of the violation (Articles 46 and 47 LJC); b) the second carefully regulates the powers that the Court has to reverse the legal effects of the infringement of fundamental rights and restore, in the most effective way, their exercise (Articles 49 and 50 LJC); c) the third aspect (Article 51 LJC) provides rules on the economic consequences of such amparo and habeas corpus proceedings, so that —upon the Chamber’s verification of an injury— there is a restoration of the enjoyment of such rights and, in addition, effective compensation for the damages and expenses caused, as part of the right to effective justice regarding the reparation of the harmful consequences generated by the infringing authorities, which are not only for the purposes of effective judicial protection for the petitioner, but also for a dissuasive purpose so that the State does not incur in the future in the actions that gave rise to the granting of the amparo, a matter regulated in Article 50 of the Law of Constitutional Jurisdiction.\n\nIn this last aspect, the Law in its Article 51 orders the Chamber that “every resolution granting the amparo shall award, in the abstract, compensation for the damages and losses caused and the payment of the costs of the amparo…”. This is the general system that regulates the matters of the compensation sphere, for the cases that the majority identifies as the “natural or normal form of termination of the proceeding, where there is a pronouncement on the merits of the matter and acknowledgment of the facts that have violated fundamental rights…”; in such cases, among which the one now being decided is counted, the Chamber has taken the grievance as proven and hence the need for an award of costs, damages, and losses, which is supported by the aforementioned concept of effective protection of the rights of persons and by the notion that the Administration must be held responsible for the damages and expenses it causes with its unconstitutional conduct. This conclusion is not changed in any way by the fact that upon hearing and resolving the amparo, “the effects of the challenged act had ceased” (Article 50), since such a case is an integral part of the general system of automatic award of costs, damages, and losses, on the understanding that the proceeding has ended normally and the violation has been verified.\n\nWithin this simple and clear general framework —and lacking deficiencies or gaps— the provision of Article 52 of the Law fits perfectly as an exceptional case, applicable only in cases where the Chamber has not heard, nor pronounced on the merits of the claim, that is —as the majority says— in those situations of “abnormal termination of the proceeding.” But the conditions and scope for decreeing that form of conclusion are delimited with sum precision by the legislator; first, the factual prerequisites for the application of this rule are clearly described, so that the Chamber must verify: 1) that the amparo is pending; 2) that there is an administrative or judicial resolution (which must be understood in its strictly formal sense); and 3) that such resolution unquestionably provides for the revocation, stoppage, or suspension of the challenged action. These are highly circumscribed concepts, whose scope of application must also be interpreted restrictively, not only in attention to the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but because the consequences of applying such an exception indisputably generate a diminution in the fundamental right of persons to achieve effective judicial protection against the damages received from the injury to their constitutional rights. In conclusion, only in such limited cases and after the Court has confirmed all the foregoing, in light of a restrictive reading of its scope, would we be before the need to set aside the general system of automatic award of costs, damages, and losses, and exercise —as judges— our legal discretion to decide whether or not to order the payment of such items.\n\nIn this case, the foregoing exercise obliges us to conclude the inapplicability of Article 52 of the LJC, since, on the one hand, the Court has pronounced on the merits of the matter, has recognized with its declaration an injury to fundamental rights, and determined who its author has been; the foregoing in no way resembles an “abnormal termination of the proceeding.” On the other hand, the requirements of the aforementioned Article 52 are also not met, since there is no formally issued “administrative or judicial resolution” in which the act causing the violation of constitutional rights is expressly revoked, stopped, or suspended. For all these reasons, it is appropriate to apply the provisions of Articles 50 and 51 of the LJC and order —as a consequence of having verified the violation— the award of damages, losses, and costs caused, as the economic consequences of the proceeding.\n\nBut even if we set aside the automatic award of damages, losses, and costs, disregarding the previous reasoning, the truth is that the proven facts of this case have led the Chamber to declare the existence of an impact on the exercise of the fundamental rights of the amparo petitioner, which, as a harmful action, carries with it a presumption of the arising of economic damages and losses —whose concrete determination is not for the Chamber to decide—, and no merit is appreciated in the expediente that convinces to exonerate the respondent authority from covering the effective reparation of the harmful consequences of its acts, according to the general principle expressly provided in the law.\n\nVII.- Partial dissenting vote of Magistrate Salazar Alvarado, solely in relation to the non-award of costs, damages, and losses against the respondent party. Although I agree with the rest of the Chamber in granting the amparo, I disagree with the majority criterion insofar as it exempts the respondent party from being ordered to pay the costs, damages, and losses derived from the injury caused to the fundamental rights of the protected party.\n\nThe Law of Constitutional Jurisdiction, in Article 52, provides that:\n\n“If, while the amparo is pending, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the amparo shall be granted solely for the purposes of compensation and costs, if they are applicable.”\n\nOn the other hand, in Article 51 ibidem, it is established that:\n\n“...every resolution granting the amparo shall award, in the abstract, compensation for the damages and losses caused and the payment of the costs of the amparo, and its liquidation shall be reserved for the execution of judgment.”\n\nThis last rule establishes the general system that regulates matters relating to compensation and the payment of costs, and which the majority calls the “natural or normal form of termination of the proceeding, where there is a pronouncement on the merits of the matter and acknowledgment of the facts that have violated fundamental rights….”\n\nIn the majority’s criterion, the cited Article 51 regulates the cases in which the Chamber has taken the grievance as proven; and, as a consequence, the need for an award of costs, damages, and losses arises. However, in the undersigned’s judgment, from the systematic interpretation of both rules, it is concluded that, both in cases where this Constitutional Court verifies an injury to a fundamental right and, therefore, grants the amparo, as in those where the Administration, by its own decision, restores the aggrieved person to the enjoyment of their fundamental rights, once it becomes aware of the amparo —a circumstance contemplated in the referenced Article 52—, by imperative of Articles 50 and 51 of the cited law, the necessary and unavoidable consequence is the award against the infringer of compensation for the damages and losses caused and the payment of the costs of the amparo. This rule is nothing more than the recognition, to the party that has suffered a violation of their fundamental rights, of the right to effective judicial protection regarding the reparation of the harmful consequences derived from the actions or omissions of the infringing authorities; and, as a dissuasive means, so that the State does not incur again in the actions that gave rise to the granting of the amparo, a matter regulated in Article 50 of the law governing this jurisdiction. Thus, whether the Chamber has taken the grievance as proven and has examined the merits of the matter, or whether the violation has ceased by decision of the respondent authority itself, once it became aware of the processing of the amparo, with restoration to the enjoyment of fundamental rights in favor of the aggrieved party (Article 52), always, in any of those circumstances, the pressing need arises for an award of costs, damages, and losses against the infringer, the foundation of which is found in the principles of protection of the rights of persons and in that the Administration must be held responsible for the damages and losses it causes with its unconstitutional conduct.\n\nThus, the fact that at the time of hearing and granting the amparo, the effects of the challenged act had already ceased, under the terms of the provisions of Articles 50 and 52 of the cited law, does not negate the applicability of the award of costs, damages, and losses, since such a case forms an integral part of the general system of necessary award of those items contained in the Law of Constitutional Jurisdiction.\n\nOn the other hand, it is clear that the mentioned Article 52 applies only in cases where the Chamber, even when it has not heard, nor pronounced on the merits of the claim, has verified the violation of fundamental rights suffered by the amparo petitioner, by virtue of the restoration that, in the enjoyment of those rights, the Administration has agreed in their favor; a situation that, as affirmed by the majority of the Chamber, implies an “abnormal termination of the proceeding.”\n\nThe legislator established and delimited, in a precise manner, the conditions under which this Chamber may decree that form of abnormal conclusion of the amparo proceeding, as well as its scope, namely: 1) that the amparo is pending, that is, that the Administration has been duly notified of the resolution that admitted the amparo; and, 2) that there is an administrative or judicial resolution that provides, undeniably, for the revocation, stoppage, or suspension of the challenged action violating fundamental rights. Certainly, the rule in question contemplates an exception to the general system of awarding costs, damages, and losses, despite the granting of the amparo, by providing that, in the cases regulated therein, the amparo shall be granted “solely for the purposes of compensation and costs, if they are applicable.” As an exception, it must be interpreted restrictively; that is, it only applies in the strictly contemplated circumstances of the rule, not only due to the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but also because the consequences of applying such an exception imply, without a doubt, an impairment of the fundamental right of persons to obtain effective judicial protection against the damages and losses suffered from the injury to their constitutional rights.\n\nIn my view, this exception should be interpreted in the sense that, in accordance with the general system of automatic award of costs, damages, and losses in the event of a violation of fundamental rights, such an award is always applicable, even in the case where the respondent party issues an administrative or judicial resolution that revokes, stops, or suspends the challenged action, unless it is proven in an indubitable and clear manner that in the specific case no compensable loss was caused. Only and exclusively in such circumstances could the respondent Administration be exempted from the payment of such items. Since in this case, there is no element whatsoever that disproves the presumption of the arising, for the amparo petitioner, of economic damages and losses derived from the challenged actions —whose concrete determination is not for this jurisdiction to decide—, the granting of this amparo must necessarily imply the award of costs, damages, and losses, and I so declare.\n\nVIII.- Partial dissenting vote of Magistrate Garro Vargas. Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction (LJC) states: “If, while the amparo is pending, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the amparo shall be granted solely for the purposes of compensation and costs, if they are applicable.”\n\nMy interpretation of this rule is as follows: That “resolution” is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the infringed right. The phrase “if they are applicable” refers to costs. Moreover, Article 197 of the Code of Contentious Administrative Procedure, cited by the majority, based on Article 14 of the LJC, precisely refers only to these: to costs.\n\nCertainly, pursuant to Article 48 of the Political Constitution (CP), the essential content of the right to the amparo remedy is not compensatory but restitutive; however, Article 51 of the LJC states: “Every resolution granting the amparo shall award, in the abstract, the compensation for the damages and losses caused and the payment of the costs of the amparo, and its liquidation shall be reserved for the execution of judgment.”\n\nIf the right has been violated and the Chamber so verifies, even if it has been restored, damages and losses may have arisen. For this reason, the award in the abstract of these is appropriate. If this were not done, if such an award were not made, in the event that they had occurred, there would be no title —derived from this proceeding— to claim them, which could violate Article 41 of the CP. If, despite there being an award in the abstract, the damages and losses have not occurred, the judge in the ordinary jurisdiction will so declare, since only to that court corresponds to take as proven the real existence and magnitude thereof.\n\nWith the thesis defended by the majority, I consider that, contrary to what is sought, it would be incentivizing the Administration to respect rights only in the face of the existence of an amparo. It remains to be said that Article 52 of the LJC foresees the possibility that, if it is deemed fair, the Chamber may award costs, even when the right has been restored.\n\nBy reason of the foregoing, I partially dissent from the vote regarding the operative part and order the award of damages and losses, but not the award of costs.\n\nIX.- Documentation provided to the expediente. The parties are warned that, if they have provided any document on paper, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device, or produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, as provided in the \"Regulation on the Electronic Expediente before the Judiciary\" (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI, and published in the Judicial Bulletin (Boletín Judicial) number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary (Consejo Superior del Poder Judicial) in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.\n\nTherefore:\n\nThe amparo is granted without a special award of costs, damages, and losses. Magistrate Rueda Leal makes note. Magistrate Hernández López partially dissents and orders the award of damages, losses, and costs in accordance with Articles 50 and 51 of the Law of Constitutional Jurisdiction. Magistrate Salazar Alvarado partially dissents and orders the award of damages, losses, and costs. Magistrate Garro Vargas partially dissents and orders the award of damages and losses, but not of costs. Notify.\n\nFernando Castillo V.\nPresidente\n\nPaul Rueda L.\n\nNancy Hernández L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\nAlicia Salas T.\n\nDigitally Signed Document\n-- Verification code --\n\n ACDILOBJKSK61\nEXPEDIENTE N° 21-020756-0007-CO\n\nTelephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Email address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church). Reception of matters for vulnerable groups: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Catedral District, Barrio González Lahmann, streets 19 and 21, avenues 8 and 6.\n\nIs a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 09-05-2026 04:10:42.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }