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  "id": "nexus-sen-1-0007-1060948",
  "citation": "Res. 25521-2021 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Derecho a justicia pronta en denuncia por muro peligroso",
  "title_en": "Right to Timely Justice in Complaint Regarding Dangerous Wall",
  "summary_es": "La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo interpuesto por dos copropietarios de un inmueble en Poasito de Alajuela contra el Ministerio de Salud, por no haber atendido una denuncia sobre una pared agrietada que colinda con su propiedad y que, según alegaban, representaba un peligro para su integridad física, especialmente para uno de los recurrentes, un adulto mayor con amputación. La denuncia había sido presentada inicialmente en mayo de 2019 y reiterada en junio de 2020, pero no fue sino hasta la interposición del amparo, en noviembre de 2021, que la autoridad realizó una inspección técnica, la cual concluyó que el muro no representaba peligro estructural. La Sala constata la violación al derecho fundamental a una justicia pronta y cumplida, ya que la administración tardó más de dos años en resolver la denuncia, archivando el caso por falta de información sin realizar la inspección requerida. No obstante, al haber sido satisfecha la pretensión durante el trámite, se declara con lugar el recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios, según el voto de mayoría. La Magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, mas no en costas.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber hears an amparo filed by two co-owners of a property in Poasito de Alajuela against the Ministry of Health, for failing to address a complaint regarding a cracked wall bordering their property, which they claimed posed a danger to their physical integrity, particularly for one of the claimants, an elderly amputee. The complaint was initially filed in May 2019 and reiterated in June 2020, but it was not until the amparo was filed in November 2021 that the authority conducted a technical inspection, which concluded that the wall did not pose a structural danger. The Chamber finds a violation of the fundamental right to timely justice, since the administration took more than two years to resolve the complaint, closing the case for lack of information without performing the necessary inspection. However, as the claim was satisfied during the proceedings, the appeal is granted without an award of costs or damages, per the majority opinion. Justice Garro Vargas dissents in part and orders an award for damages, but not costs.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "12/11/2021",
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    "recurso de amparo",
    "justicia pronta y cumplida",
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      "law": "Ley General de Salud"
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  "keywords_es": [
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    "derecho a justicia pronta",
    "Ministerio de Salud",
    "muro en mal estado",
    "denuncia administrativa",
    "archivo por falta de información",
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    "amparo appeal",
    "right to timely justice",
    "Ministry of Health",
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    "archiving for lack of information",
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  "excerpt_es": "De todo lo cual se evidencia la vulneración a los derechos fundamentales de los amparados, básicamente por dos razones. En primer lugar, si bien es cierto el recurrente concentra su alegato en la denuncia que interpuso en junio del 2020 se constata que desde el año 2019 había interpuesto la primera denuncia sobre los mismos hechos. Así que la situación denunciada llevaba más de dos años sin ser resuelta. Luego, si bien es cierto el escrito de junio del 2020 fue respondido mediante oficio notificado a pocos días después de su interposición, la denuncia en realidad no fue atendida pues se procedió al archivo del asunto por supuesta falta de información. Finalmente, no es sino hasta con ocasión de la presentación de este recurso en que las autoridades recurridas proceden a realizar la inspección del muro en cuestión. Si bien se descartó la existencia de peligro a la vida o integridad de los amparados, pues se indica que la estructura no representa un peligro, es lo cierto que bien se pudo proceder con dicha inspección desde la primera vez de interpuesta la denuncia. En conclusión, dado que la inspección realizada con ocasión de la denuncia interpuesta por el hijo del recurrente el 04 de junio del 2020 fue realizada con ocasión de la presentación de este recurso, y no antes, se constata la violación al derecho de justicia pronta y cumplida.",
  "excerpt_en": "From all of which the violation of the fundamental rights of the protected parties is evident, basically for two reasons. First, although the claimant focuses his argument on the complaint filed in June 2020, it is confirmed that since 2019 he had filed the first complaint about the same facts. Thus, the reported situation had gone unresolved for more than two years. Then, while it is true that the June 2020 filing was answered by official communication notified a few days after it was filed, the complaint was not actually addressed because the matter was archived for alleged lack of information. Finally, it is not until the filing of this appeal that the respondent authorities proceeded to inspect the wall in question. Although the existence of danger to the life or integrity of the protected parties was ruled out, since it is stated that the structure does not represent a danger, it is true that such inspection could have been carried out from the first time the complaint was filed. In conclusion, given that the inspection arising from the complaint filed by the claimant’s son on 4 June 2020 was carried out as a result of the filing of this appeal, and not before, the violation of the right to timely and full justice is confirmed.",
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    "summary_en": "Amparo granted for violation of the right to timely justice, without award of costs or damages (majority opinion).",
    "summary_es": "Se declara con lugar el recurso de amparo por violación del derecho a la justicia pronta y cumplida, sin condenatoria en costas, daños y perjuicios (voto de mayoría)."
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      "quote_es": "En conclusión, dado que la inspección realizada con ocasión de la denuncia interpuesta por el hijo del recurrente el 04 de junio del 2020 fue realizada con ocasión de la presentación de este recurso, y no antes, se constata la violación al derecho de justicia pronta y cumplida."
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      "quote_es": "Si bien se descartó la existencia de peligro a la vida o integridad de los amparados, pues se indica que la estructura no representa un peligro, es lo cierto que bien se pudo proceder con dicha inspección desde la primera vez de interpuesta la denuncia."
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      "context": "Voto salvado de la Magistrada Garro Vargas",
      "quote_en": "My interpretation of that rule is as follows: That \"resolution\" is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase \"if applicable\" refers to costs.",
      "quote_es": "Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa \"resolución\" es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase \"si fueren procedentes\" se refiere a las costas."
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  "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1060948",
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 25521 - 2021\n\nFecha de la Resolución: 12 de Noviembre del 2021 a las 09:15\n\nExpediente: 21-021540-0007-CO\n\nRedactado por: Alicia Maria Salas Torres\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp: 21-021540-0007-CO\n\nRes. Nº 2021025521\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del doce de noviembre de dos mil veintiuno .\n\n Recurso de amparo interpuesto por LUIS ALBERTO OREAMUNO ROJAS, cédula de identidad 0202870271 y KIRSERSON ALBERTO OREAMUNO GRANADOS, contra el MINISTERIO DE SALUD.\n\nResultando:\n\n1.- Por escrito recibido en la secretaría de este Tribunal a las 15:15 hrs del 26 de octubre del 2021, los recurrentes indican que: El recurrente Oreamuno Rojas es una persona adulta mayor de 68 años y con amputación en su pie izquierdo. Comenta que él y su hijo Kirserson Alberto Oreamuno Granados son copropietarios de una propiedad ubicada en Poasito de Alajuela. Manifiesta que el 15 de junio de 2020 su hijo planteó una denuncia ante el Área Rectora de Salud Alajuela 1, en la que expuso: “esta denuncia es por una pared que tiene varias reventaduras (Sic) lo cual es peligroso como lo he venido denunciando, porque es por ese lado donde entro a mi vivienda, esta pared puede caerme encima y provocarme la muerte”. Añade que la pared a la cual hacen referencia en la denuncia, tiene más de dos metros de altura por catorce metros de largo, sobre la cual existen grandes filtraciones de agua llovida hacia su propiedad. Acusa que la autoridad recurrida no ha atendido dicha denuncia ni les han brindado una solución al respecto. Aporta el oficio MSDRRSCN-DARSA1-2320-2019 de 16 de setiembre de 2019, emitido por el Área Rectora de Salud de Alajuela 1, en el cual se indica: “Se han realizado dos visitas al sector, la primera el pasado 26 de junio del año en curso y la segunda el día 04 de setiembre, en ambas no se ha logrado contactar al Sr. Fernando Espinoza Castro, ni a otro miembro de la familia que nos pueda atender. Si bien es cierto, se observa desde su propiedad que la pared que usted menciona presenta grietas considerables y socavación en su base, lo que podría generar riesgo o posible afectación, es por esta razón, que necesitamos observar desde la propiedad del denunciado y en caso de que proceda, girar los actos administrativos respectivos. Se tiene programada una nueva inspección para el viernes 20 de setiembre de los corrientes. No omito señalar que en la visita efectuada el pasado 04 de setiembre, se coordinó con quien indica ser su hermano Sr. Alexander Oreamuno Granados, observándose que en (Sic) inmueble de su propiedad se está llevando a cabo actividad comercial la cual desconocemos si cuenta con el respectivo permiso sanitarios de funcionamiento, además de mejoras o remodelación de la infraestructura para lo cual debió gestionar los permisos respectivos, documentación que se solicitará el día de la inspección”. Por lo expuesto, considera lesionados sus derechos fundamentales. Solicita la intervención de la Sala.\n\n2.- Mediante resolución de las 17:53 horas del 26 de octubre del 2021 se le dio curso a este recurso. Resolución notificada a los recurridos en fecha 29 de octubre del 2021.\n\n3.- Informan bajo juramento, CARLOS ARGUEDAS CHAVERRI, en su calidad de Director del Area Rectora de Salud Alajuela 1, en resumen: El día 04 de junio del 2020, el señor Kierkerson Alberto Oreamuno Granados presentó en el Área Rectora de Salud Alajuela 1, denuncia en que señaló que señaló que retoma la denuncia interpuesta por la presencia de una pared agrietada que según refirió representa un peligro para su persona, ya que es por donde el entra a su casa. Con oficio MS-DRRSCN-DARSA1-1025-2020 de fecha 06 de junio del 2020, se le indicó al denunciante sobre el seguimiento dado a las denuncias interpuestas, que no había indicado lugar para ser localizado, y realizadas las inspecciones no se había podido localizar al denunciado ni al denunciante. Que el seguimiento al asunto le había sido comunicado con oficio MSDRRSCN- DARSA1-2378-2019 al correo electrónico facilitado por el denunciante el día 29 de setiembre del 2019, al que se le comunicó el resultado de las visitas realizadas al sitio por el gestor ambiental, Sr. Rafael González en su momento. En dicho documento (MS-DRRSCN-DARSA1-1025-2020) se le indico que se le remitía al formulario para que presentará la denuncia formal de nuevo, así como la coordinación para la realización de la respectiva inspección tanto en el inmueble del señor Oreamuno Granados como la del denunciado, pues el caso se había archivado. Después de la comunicación señalada, no se recibió en el Área documento o respuesta al correo emitido por la administración. (folios 27 al 42). En atención a la resolución dictada por la Sala Constitucional, se coordinó con el Nivel Central de esta entidad la realización de inspección al sitio para el día 02 de noviembre del 2021, hallazgos contenidos en el informe N° MS-DRRSCN-URS-IT-2021 de fecha 03 de noviembre del 2021. La inspección la realizó el Ingeniero Civil Carlos Fernando Arguedas Mora, funcionario de la Unidad de Rectoría de la Dirección de Rectoría de Salud Región Central Norte, Ministerio de Salud. En el informe señaló la autoridad sanitaria que realizada la visita de inspección y realizada la valoración, se concluyó que la pared que se denuncia NO representa un peligro para los usuarios de las viviendas colindantes. (folios 57 al 60). Solicita se declare con lugar el recurso, pues en el caso en su momento se dio seguimiento realizando las visitas respectivas y comunicando al amparado (Oreamuno Granados) las actuaciones, solicitando interponer de nuevo la denuncia, situación que después de la comunicación notificada el día 06 de junio del 2020 al correo electrónico facilitado, no recibió respuesta por parte del denunciante. Ahora bien, con la interposición del recurso de amparo se coordinó y realizó la inspección al sitio y mediante valoración del Ing. Carlos Arguedas Mora, señaló que la pared denunciada no representa peligro para los usuarios de las viviendas colindantes.\n\n4.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.\n\n Redacta la Magistrada Salas Torres; y,\n\nConsiderando:\n\n I.- Objeto del recurso.- El recurrente considera violados sus derechos fundamentales por cuanto, desde junio del 2020 se interpuso una denuncia ante el Ministerio de Salud por una pared que colinda con su propiedad, la cual está en malas condiciones y por ello representa un peligro sobre las personas.  Sin embargo, esta denuncia todavía no ha sido atendida.\n\n          II.- Hechos probados.- De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:\n\na)     Que el 04 de junio del 2020 el hijo del recurrente, llamado Kierserson Alberto Oreamuno presenta escrito ante la Dirección del Ministerio de Salud de Alajuela Centro, “se me de un informe y para que se cumpla lo que corresponde a mi denuncia según la ley General de Salud 5395, ya que después de un año no se a resuelto ni se me a dado trámite a mi solicitud por esta pared peligrosa que es por donde yo entro a mi casa…” Se indica que ya expuso esa situación mediante escritos del 14 de mayo del 2019, 11 de setiembre del 2019 y 23 de setiembre del 2019 (ver prueba aportada en el informe).\n\nb)    Que el 08 de junio del 2020 los funcionarios de la Dirección Area Rectora de Salud Alajuela 1 responden mediante oficio MS-DRRSCN-DARSA1-1025-2020 sobre el escrito anterior del 04 de junio del 2020 lo siguiente: “… Por tanto, se logra verificar que el señor Rafael González dio respuesta oportuna a su persona, informándole el cierre del caso por falta de información. // Por lo ante citado no omitidos indicarle que, si es de su interés realizar o presentar nuevamente su denuncia ante esta Area Rectora de Salud deberá de aportar nombre completo del denunciado, dirección, número de teléfono u otro medio donde podamos ubicarlo (la) al mismo, esto con la finalidad de coordinar la respectiva inspección tanto con su persona como el denunciado…” Notificado mediante correo electrónico en fecha 09 de junio del 2020 a las 09:52 horas (ver prueba aportada en el informe).\n\nc)     Que con posterioridad a la notificación de la resolución que le dio curso a este amparo, mediante informe técnico MS-DRRSCN-URS-IT-1004-2021 del 02 de noviembre del 2021, se indica el resultado de la inspección en la pared denunciada ubicada en Poasito de Sabanilla de Alajuela: “Análisis: los elementos observados no muestran condiciones que permitan concluir una condición estructural que represente un peligro para ambas propiedades. Se puede aumentar la capacidad de respuesta ante un sismo, reforzando la pared con elementos viga-columna.// Conclusiones y Recomendaciones: // Conclusiones // La pared ubicada… no representa un peligro para los usuarios de las viviendas colindantes.// Recomendaciones// Se recomienda al Area Rectora de Salud Alajuela 1, informar al propietario de la pared aumentar la capacidad de respuesta de la pared ante un sismo, vía un reforzamiento de esta, bajo la supervisión de un profesional idóneo, y acorde con la normativa técnica y legal vigente.” (ver prueba aportada en el informe).\n\nIII.- Sobre el fondo.-  Antes de analizar el fondo del asunto debe aclararse que, a partir de la sentencia número 2008-02545 de las 08:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contenciosa administrativa -con algunas excepciones-, aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo -instruido de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, pues se está frente a una denuncia que encuentra relación con el posible peligro a la integridad o la vida de los amparados, particularmente el recurrente que es un adulto mayor. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo. Al respecto, del informe rendido por el representante de la autoridad recurrida -que se tienen por dados bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción-, y la prueba aportada para la resolución del presente asunto, se acredita que ciertamente en junio del 2020, el hijo del recurrente, llamado Kierserson Alberto Oreamuno, presenta escrito ante la Dirección del Ministerio de Salud de Alajuela Centro donde solicita se le dé un informe sobre la denuncia interpuesta por una pared peligrosa que es por donde entra a su casa. Allí indica que ya expuso esa situación mediante escritos del 14 de mayo del 2019, 11 de setiembre del 2019 y 23 de setiembre del 2019. Sobre ello, consta que el 08 de junio del 2020 los funcionarios de la Dirección Area Rectora de Salud Alajuela 1 responden mediante oficio MS-DRRSCN-DARSA1-1025-2020 sobre el escrito anterior del 04 de junio del 2020 lo siguiente: “… Por tanto, se logra verificar que el señor Rafael González dio respuesta oportuna a su persona, informándole el cierre del caso por falta de información. // Por lo ante citado no omitidos indicarle que, si es de su interés realizar o presentar nuevamente su denuncia ante esta Area Rectora de Salud deberá de aportar nombre completo del denunciado, dirección, número de teléfono u otro medio donde podamos ubicarlo (la) al mismo, esto con la finalidad de coordinar la respectiva inspección tanto con su persona como el denunciado…” Se observa que dicho oficio fue notificado mediante correo electrónico en fecha 09 de junio del 2020 a las 09:52 horas. Luego, con posterioridad a la notificación de la resolución que le dio curso a este amparo, mediante informe técnico MS-DRRSCN-URS-IT-1004-2021 del 02 de noviembre del 2021, se indica el resultado de la inspección en la pared denunciada ubicada en Poasito de Sabanilla de Alajuela: “Análisis: los elementos observados no muestran condiciones que permitan concluir una condición estructural que represente un peligro para ambas propiedades. Se puede aumentar la capacidad de respuesta ante un sismo, reforzando la pared con elementos viga-columna.” De todo lo cual se evidencia la vulneración a los derechos fundamentales de los amparados, básicamente por dos razones. En primer lugar, si bien es cierto el recurrente concentra su alegato en la denuncia que interpuso en junio del 2020 se constata que desde el año 2019 había interpuesto la primera denuncia sobre los mismos hechos. Así que la situación denunciada llevaba más de dos años sin ser resuelta. Luego, si bien es cierto el escrito de junio del 2020 fue respondido mediante oficio notificado a pocos días después de su interposición, la denuncia en realidad no fue atendida pues se procedió al archivo del asunto por supuesta falta de información. Finalmente, no es sino hasta con ocasión de la presentación de este recurso en que las autoridades recurridas proceden a realizar la inspección del muro en cuestión. Si bien se descartó la existencia de peligro a la vida o integridad de los amparados, pues se indica que la estructura no representa un peligro, es lo cierto que bien se pudo proceder con dicha inspección desde la primera vez de interpuesta la denuncia. En conclusión, dado que la inspección realizada con ocasión de la denuncia interpuesta por el hijo del recurrente el 04 de junio del 2020 fue realizada con ocasión de la presentación de este recurso, y no antes, se constata la violación al derecho de justicia pronta y cumplida. Sin embargo, como la pretensión ya fue satisfecha, lo que procede es declarar con lugar, sin especial condenatoria en costas.\n\nIV.- Sobre la condenatoria en costas, daños y perjuicios de conformidad con el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dict a “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia” , donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.\n\n V.- Voto salvado de la Magistrada Garro Vargas. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.\n\nMi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.\n\nCiertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es de carácter indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.\n\nSi el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de estos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya dictado la condenatoria en abstracto, no se han ocasionado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.\n\nCon la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido.\n\nEn razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas.\n\n VI.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPor tanto:\n\n De conformidad con el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. La Magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas. Notifíquese.-\n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nJorge Araya G.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nAnamari Garro V.\n\n\n\n\nMarta Eugenia Esquivel R.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nAna María Picado B.\n\n\n\n\nAlicia Salas T.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nIleana Sánchez N.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n GAQYE7VM4IU61\n\nEXPEDIENTE N° 21-021540-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 09-05-2026 04:11:36.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours fifteen minutes on the twelfth of November of two thousand twenty-one.\n\nAmparo petition filed by LUIS ALBERTO OREAMUNO ROJAS, identity card number 0202870271, and KIRSERSON ALBERTO OREAMUNO GRANADOS, against the MINISTRY OF HEALTH.\n\nWhereas:\n\n1.- By brief received at the Secretariat of this Court at 3:15 p.m. on October 26, 2021, the petitioners state that: Petitioner Oreamuno Rojas is an older adult aged 68 years with an amputation of his left foot. He notes that he and his son Kirserson Alberto Oreamuno Granados are co-owners of a property located in Poasito de Alajuela. He states that on June 15, 2020, his son filed a complaint before the Área Rectora de Salud Alajuela 1, in which he stated: “this complaint is about a wall that has several cracks (Sic) which is dangerous as I have been reporting, because it is on the side where I enter my home, this wall could fall on me and cause my death.” He adds that the wall referenced in the complaint is over two meters high by fourteen meters long, and there are large seepages of rainwater from it onto his property. He accuses the respondent authority of not having addressed said complaint nor having provided them with a solution in this regard. He provides official letter MSDRRSCN-DARSA1-2320-2019 of September 16, 2019, issued by the Área Rectora de Salud de Alajuela 1, which states: “Two visits have been made to the sector, the first on June 26 of this year and the second on September 4, in both it was not possible to contact Mr. Fernando Espinoza Castro, nor any other family member who could assist us. While it is true, it is observed from your property that the wall you mention presents considerable cracks and undermining (socavación) at its base, which could generate a risk or possible impact, it is for this reason that we need to observe from the property of the person being reported and, if applicable, issue the respective administrative acts. A new inspection is scheduled for Friday, September 20 of the current month. I do not omit to point out that during the visit made on September 4, we coordinated with the person who indicates he is your brother, Mr. Alexander Oreamuno Granados, observing that on (Sic) the real estate of your property a commercial activity is being carried out for which we do not know if it has the respective sanitary operating permit, in addition to improvements or remodeling of the infrastructure for which you should have processed the respective permits, documentation that will be requested on the day of the inspection.” For the foregoing, he considers his fundamental rights violated. He requests the intervention of the Chamber.\n\n2.- By resolution at 5:53 p.m. on October 26, 2021, this petition was admitted. Resolution notified to the respondents on October 29, 2021.\n\n3.- Under oath, CARLOS ARGUEDAS CHAVERRI, in his capacity as Director of the Área Rectora de Salud Alajuela 1, reports, in summary: On June 4, 2020, Mr. Kierkerson Alberto Oreamuno Granados filed a complaint with the Área Rectora de Salud Alajuela 1, in which he indicated that he was resuming the complaint filed due to the presence of a cracked wall that he stated represents a danger to his person, since it is where he enters his house. By official letter MS-DRRSCN-DARSA1-1025-2020 dated June 6, 2020, the complainant was informed of the follow-up given to the complaints filed, that he had not indicated a place to be located, and upon conducting the inspections it had not been possible to locate the respondent or the complainant. That the follow-up to the matter had been communicated to him by official letter MSDRRSCN-DARSA1-2378-2019 to the email address provided by the complainant on September 29, 2019, by which he was informed of the result of the visits made to the site by the environmental manager, Mr. Rafael González at the time. In said document (MS-DRRSCN-DARSA1-1025-2020) he was informed that he was being referred to the form to file the formal complaint again, as well as the coordination for carrying out the respective inspection both at the property of Mr. Oreamuno Granados and that of the respondent, since the case had been closed. After the aforementioned communication, no document or response to the email sent by the administration was received at the Area. (folios 27 through 42). In response to the resolution issued by the Constitutional Chamber, an inspection of the site was coordinated with the Central Level of this entity for November 2, 2021, findings contained in report No. MS-DRRSCN-URS-IT-2021 dated November 3, 2021. The inspection was conducted by Civil Engineer Carlos Fernando Arguedas Mora, an official of the Unidad de Rectoría of the Dirección de Rectoría de Salud Región Central Norte, Ministry of Health. In the report, the health authority indicated that after the inspection visit and assessment had been conducted, it was concluded that the wall being reported does NOT represent a danger to the users of the adjoining dwellings. (folios 57 through 60). He requests that the petition be granted, because in the case, follow-up was given at the time by conducting the respective visits and communicating the actions to the protected party (Oreamuno Granados), requesting him to file the complaint again, a situation for which, after the communication notified on June 6, 2020 to the email address provided, no response was received from the complainant. Now, with the filing of the amparo petition, the inspection of the site was coordinated and conducted, and through the assessment of Eng. Carlos Arguedas Mora, it was indicated that the reported wall does not represent a danger to the users of the adjoining dwellings.\n\n4.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.\n\nDrafted by Magistrate Salas Torres; and,\n\nConsidering:\n\nI.- Object of the petition.- The petitioner considers his fundamental rights violated because a complaint was filed since June 2020 before the Ministry of Health regarding a wall that adjoins his property, which is in poor condition and therefore represents a danger to persons. However, this complaint has still not been addressed.\n\nII.- Proven facts.- Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed as duly demonstrated, either because they have been thus accredited or because the respondent has omitted to refer to them as provided in the initial order:\n\na) That on June 4, 2020, the petitioner's son, named Kierserson Alberto Oreamuno, filed a brief before the Directorate of the Ministry of Health of Alajuela Centro, “I am to be given a report and so that what corresponds to my complaint according to the General Health Law 5395 is fulfilled, since after a year my request about this dangerous wall that is where I enter my house has not been resolved nor have I been given processing...” It is indicated that he already set forth that situation through briefs of May 14, 2019, September 11, 2019, and September 23, 2019 (see evidence provided in the report).\n\nb) That on June 8, 2020, the officials of the Dirección Área Rectora de Salud Alajuela 1 respond by official letter MS-DRRSCN-DARSA1-1025-2020 to the previous brief of June 4, 2020, as follows: “… Therefore, it can be verified that Mr. Rafael González gave a timely response to your person, informing you of the closure of the case due to lack of information. // For the foregoing, we do not omit to indicate that, if it is in your interest to make or submit your complaint again before this Área Rectora de Salud, you must provide the full name of the respondent, address, telephone number, or other means where we can locate him/her, this for the purpose of coordinating the respective inspection with both your person and the respondent…” Notified by email on June 9, 2020, at 9:52 a.m. (see evidence provided in the report).\n\nc) That subsequent to the notification of the resolution that admitted this amparo, through technical report MS-DRRSCN-URS-IT-1004-2021 of November 2, 2021, the result of the inspection of the reported wall located in Poasito de Sabanilla de Alajuela is indicated: “Analysis: the elements observed do not show conditions that allow concluding a structural condition that represents a danger for both properties. The seismic response capacity can be increased by reinforcing the wall with beam-column elements.// Conclusions and Recommendations: // Conclusions // The wall located… does not represent a danger to the users of the adjoining dwellings.// Recommendations// It is recommended that the Área Rectora de Salud Alajuela 1 inform the owner of the wall to increase the response capacity of the wall to an earthquake, via reinforcement thereof, under the supervision of a suitable professional, and in accordance with the technical and legal regulations in force.” (see evidence provided in the report).\n\nIII.- On the merits.- Before analyzing the merits of the matter, it must be clarified that, as of judgment number 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the administrative contentious jurisdiction—with some exceptions—those matters in which it is disputed whether the public administration has complied or not with the deadlines set by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or the sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure—initiated ex officio or at the instance of a party—or to hear the applicable administrative remedies. Precisely, in the case at hand, an exceptional case is raised, since we are faced with a complaint that is related to the possible danger to the integrity or life of the protected parties, particularly the petitioner who is an older adult. Having clarified this point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo. In this regard, from the report provided by the representative of the respondent authority—which is taken as given under solemn oath with the consequences, including criminal ones, provided for in Article 44 of the Law that governs this Jurisdiction—and the evidence provided for the resolution of this case, it is accredited that certainly in June 2020, the petitioner's son, named Kierserson Alberto Oreamuno, filed a brief before the Directorate of the Ministry of Health of Alajuela Centro requesting a report on the complaint filed regarding a dangerous wall that is where he enters his house. There he indicates that he already set forth that situation through briefs of May 14, 2019, September 11, 2019, and September 23, 2019. Regarding this, it is on record that on June 8, 2020, the officials of the Dirección Área Rectora de Salud Alajuela 1 respond by official letter MS-DRRSCN-DARSA1-1025-2020 to the previous brief of June 4, 2020, as follows: “… Therefore, it can be verified that Mr. Rafael González gave a timely response to your person, informing you of the closure of the case due to lack of information. // For the foregoing, we do not omit to indicate that, if it is in your interest to make or submit your complaint again before this Área Rectora de Salud, you must provide the full name of the respondent, address, telephone number, or other means where we can locate him/her, this for the purpose of coordinating the respective inspection with both your person and the respondent…” It is observed that said official letter was notified by email on June 9, 2020, at 9:52 a.m. Then, subsequent to the notification of the resolution that admitted this amparo, through technical report MS-DRRSCN-URS-IT-1004-2021 of November 2, 2021, the result of the inspection of the reported wall located in Poasito de Sabanilla de Alajuela is indicated: “Analysis: the elements observed do not show conditions that allow concluding a structural condition that represents a danger for both properties. The seismic response capacity can be increased by reinforcing the wall with beam-column elements.” From all of which the violation of the fundamental rights of the protected parties is evident, basically for two reasons. In the first place, while it is true the petitioner concentrates his argument on the complaint he filed in June 2020, it is verified that he had filed the first complaint regarding the same facts since the year 2019. Thus, the denounced situation had been pending resolution for more than two years. Then, while it is true that the June 2020 brief was responded to via an official letter notified a few days after its filing, the complaint was not actually addressed since the matter was closed for an alleged lack of information. Finally, it is only upon the filing of this petition that the respondent authorities proceed to carry out the inspection of the wall in question. Although the existence of danger to the life or integrity of the protected parties was ruled out, as it is indicated that the structure does not represent a danger, it is true that said inspection could well have been carried out from the first time the complaint was filed. In conclusion, given that the inspection carried out regarding the complaint filed by the petitioner's son on June 4, 2020, was carried out upon the filing of this petition, and not before, the violation of the right to prompt and complete justice is verified. However, since the claim has already been satisfied, what is appropriate is to grant the petition, without special condemnation for costs.\n\nIV.- On the condemnation for costs, damages, and losses in accordance with Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction. Upon better consideration, the majority of the Chamber considers that, in the case at hand, in accordance with the provisions of paragraph 1 of Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction (“If, while the amparo is pending, a resolution, administrative or judicial, is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the petition shall be granted solely for purposes of compensation and costs, if they are applicable”), the grant must be without special condemnation for costs, damages, and losses, based on the following considerations. While there is an express text in the law that requires that the operative part of the ruling indicate that the petition is granted, when the grievance is resolved while the amparo is pending, it is no less true that the same paragraph in fine states that the grant is made “solely for purposes of compensation and costs, if they are applicable.” It is emphasized that the Law states “if they are applicable,” which means that the applicability or inapplicability of compensation and costs depends on an assessment, appreciation, or weighting by the Court. In cases such as this, the content of the claim of the protected party and the conduct of the respondent authority in acknowledging it suggest that the alleged impairments, injuries, or alterations are not directly related to a repercussion on a constitutional right of an evidently patrimonial nature (as would occur, for example, with an impact on the right to salary). To dispel any doubt in this regard, it is important to note the provisions of Article 51 of the same Law of Constitutional Jurisdiction, which provides that: “every resolution that upholds the petition shall condemn in the abstract for the compensation of the damages and losses caused and for the payment of the costs of the petition, and their liquidation shall be reserved for the execution of the judgment,” where the possibility of assessing whether or not compensation and costs are applicable is not foreseen. The principles of Constitutional Law, those of Public and General Procedural Law or, as applicable, those of International or Community Law and, furthermore, in that order, the General Law of Public Administration and the Administrative Contentious Procedural Code and the other procedural codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the norms of the Law of Constitutional Jurisdiction—cf. Article 14—. For the administrative contentious jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in Article 197 of the Administrative Contentious Procedural Code, which responds to procedural logic in any subject matter. In any case, the affected party in the case at hand preserves the possibility of resorting, if they so choose, to an ordinary proceeding in order to demonstrate that they have suffered some type of impairment. Based on the foregoing, it is the criterion of the majority to resolve this petition without condemnation for costs, damages, and losses.\n\nV.- Dissenting vote of Magistrate Garro Vargas. Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction (LCJ) states: “If, while the amparo is pending, a resolution, administrative or judicial, is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the petition shall be granted solely for purposes of compensation and costs, if they are applicable.”\n\nMy interpretation of that norm is as follows: That “resolution” is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase “if they are applicable” refers to the costs. Moreover, Article 197 of the Administrative Contentious Procedural Code, cited by the majority, based on Article 14 of the LCJ, precisely refers only to these: to the costs.\n\nCertainly, pursuant to Article 48 of the Political Constitution (CP), the essential content of the right to the amparo petition is not of an indemnifying nature but rather restitutive; however, Article 51 of the LCJ states: “Every resolution that upholds the petition shall condemn in the abstract for the compensation of the damages and losses caused and for the payment of the costs of the petition, and their liquidation shall be reserved for the execution of the judgment.”\n\nIf the right has been violated and the Chamber so verifies, even in the event that it has been restored, damages and losses may have arisen. For this reason, abstract condemnation for these is appropriate. If this were not done, if such condemnation were not given, in the event that they had indeed occurred, there would be no title—derived from this proceeding—to claim them, which could violate Article 41 of the CP. If, despite the abstract condemnation having been issued, no damages and losses have been caused, the judge in the ordinary court will so declare, for only to him or her corresponds to find proven the real existence and the magnitude thereof.\n\nWith the thesis defended by the majority, I believe that, contrary to what is sought, it would be incentivizing the Administration to respect rights only upon the existence of an amparo petition. It remains to say that Article 52 of the LCJ foresees the possibility that, if it is deemed just, the Chamber may condemn for costs, even when the right has been restored.\n\nBy reason of the foregoing, I partially dissent regarding the operative part and order the condemnation for damages and losses, but not the condemnation for costs.\n\nVI.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE FILE. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, informatic, magnetic, optical, telematic, or new technology-produced device, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,” approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.\n\nTherefore:\n\nIn accordance with Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction, the petition is granted, without special condemnation for costs, damages, and losses. Magistrate Garro Vargas partially dissents and orders the condemnation for damages and losses, but not the condemnation for costs. Let it be notified.-\n\nFernando Castillo V.\nPresident\n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\nMarta Eugenia Esquivel R.\n\nAna María Picado B.\n\nAlicia Salas T.\n\nIleana Sánchez N.\n\nDigitally Signed Document\n-- Verification Code --\n\n*GAQYE7VM4IU61*\n\nEXPEDIENTE N° 21-021540-0007-CO\n\nTelephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Iglesia del Perpetuo Socorro). Reception of matters for vulnerable groups: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 09-05-2026 04:11:36."
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