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  "id": "nexus-sen-1-0007-1064485",
  "citation": "Res. 27175-2021 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Acceso a internet tras robo de cable",
  "title_en": "Internet access after cable theft",
  "summary_es": "En esta resolución, la Sala Constitucional analiza un recurso de amparo presentado por una adulta mayor que alegaba la falta de servicio de internet y telefonía fija del ICE desde octubre de 2021, debido al robo de cable en su zona. El ICE informó que el servicio fue restablecido el 10 de noviembre de 2021, antes de la interposición del recurso, y que una visita técnica posterior reveló que la falta de servicio se debió a una manipulación incorrecta de las conexiones por parte de la usuaria, situación ya corregida. La mayoría de la Sala declaró sin lugar el recurso al considerar que no existía lesión actual de derechos fundamentales y que, tratándose de un servicio en competencia, la recurrente podía acudir a otros operadores. No obstante, la Magistrada Esquivel Rodríguez salvó el voto y declaró con lugar el recurso, argumentando que el acceso a internet es un derecho fundamental, especialmente en el contexto de la pandemia, y que el ICE no puede excusarse en el robo de cable para incumplir su obligación de brindar un servicio continuo, esencial y de calidad, conforme a los principios de la Ley General de Telecomunicaciones y los artículos 33, 46, 50 y 78 de la Constitución Política.",
  "summary_en": "In this ruling, the Constitutional Chamber reviewed an amparo filed by an elderly woman who claimed lack of internet and landline telephone service from ICE since October 2021 due to cable theft in her area. ICE reported that service was restored on November 10, 2021, before the amparo was filed, and a subsequent technical visit showed that the service failure was due to incorrect manipulation of connections by the user, which was already fixed. The majority dismissed the amparo, finding no current violation of fundamental rights and noting that, in a competitive market, the petitioner could turn to other operators. However, Judge Esquivel Rodríguez dissented and would have granted the amparo, arguing that internet access is a fundamental right, especially during the pandemic, and that ICE cannot rely on cable theft to evade its duty to provide continuous, essential, and quality service, in line with the Telecommunications Law and Articles 33, 46, 50 and 78 of the Constitution.",
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  "excerpt_es": "En virtud de lo anterior y tal como se indicó, el ICE tiene la facultad de operar de conformidad con lo que resulte de mayor conveniencia institucional dentro del mercado de telecomunicaciones y, en todo caso, al tratarse de internet y telefonía IP, el interesado bien pueden acudir a otros operadores para la prestación de dicho servicio. Bajo tal estado de las cosas, en la especie, se descarta la lesión de los derechos fundamentales del amparado. Ergo, se declara sin lugar el recurso. [...] III.- SOBRE EL CASO EN CONCRETO. [...] no se aprecia que la autoridad accionada haya incurrido en acciones u omisiones lesivas de los derechos fundamentales de la parte amparada, y en todo caso, como se indicó, en este momento los servicios de la amparada fueron reestablecidos.",
  "excerpt_en": "By virtue of the foregoing and as indicated, ICE has the power to operate in accordance with what is most institutionally convenient within the telecommunications market and, in any case, since it involves internet and IP telephony, the interested party may well turn to other operators for the provision of said service. Under this state of affairs, in this case, the violation of the petitioner's fundamental rights is ruled out. Therefore, the appeal is denied. [...] III.- REGARDING THE SPECIFIC CASE. [...] it is not evident that the accused authority has engaged in actions or omissions harmful to the fundamental rights of the protected party, and in any case, as indicated, at this time the petitioner's services have been restored.",
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    "label_en": "Denied / Dissenting vote for granted",
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    "summary_en": "The majority denied the amparo for lack of current harm, while Judge Esquivel dissented and would have granted it, recognizing internet access as a fundamental right and requiring service continuity.",
    "summary_es": "La mayoría declaró sin lugar el amparo por falta de lesión actual, mientras la Magistrada Esquivel salvó el voto y declaró con lugar, reconociendo el acceso a internet como derecho fundamental y exigiendo continuidad del servicio."
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      "quote_es": "El acceso a Internet como derecho fundamental... Hoy en día, el tener acceso a internet se torna prácticamente en un componente indispensable para el ejercicio de una multiplicidad de derechos humanos como el derecho al trabajo y el derecho a la educación."
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    {
      "context": "Voto Salvado, apartado II",
      "quote_en": "Internet service, without a doubt, is today essential, so that the provision of this service must be under conditions of continuity, adaptability, reasonableness, timeliness and efficiency.",
      "quote_es": "El servicio de internet, sin lugar a dudas, hoy se constituye en esencial, de manera que la prestación de ese servicio debe ser en condiciones de continuidad, adaptabilidad, razonabilidad, oportunidad y eficiencia."
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  "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1064485",
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 27175 - 2021\n\nFecha de la Resolución: 03 de Diciembre del 2021 a las 09:30\n\nExpediente: 21-023309-0007-CO\n\nRedactado por: Paul Rueda Leal\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\nSentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n*210233090007CO*\n\nExp: 21-023309-0007-CO\n\nRes. Nº 2021027175\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del tres de diciembre de dos mil veintiuno .\n\n \n\nRecurso de amparo que se tramita en expediente n.° 21-023309-0007-CO , interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001] , contra EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD (ICE).\n\nResultando:\n\n \n\n1.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 12:39 horas de 16 de noviembre de 2021, la parte accionante interpone recurso de amparo. Manifiesta que es adulta mayor y reside en Hatillo 6, Calle Simón Bolívar, frente a la ampliación de Hatillo 6, casa n.° 2. Acusa que aproximadamente desde el 4 de octubre de 2021, en el sector donde reside no se cuenta con servicio de Internet por red Wifi, ni telefonía residencial (No. [Valor 004]), debido al robo de cable telefónico. Refiere que, si bien comprende que dicho robo no es responsabilidad del ICE, los clientes tampoco y estos necesitan recuperar la conexión de dichos servicios de telecomunicaciones y es su derecho recibir los servicios por los que pagan. Comenta que debido al incidente ha tenido que realizar recargas o compras de datos móviles adicionales lo que le hace incurrir en gastos extras en el recibo de servicios móviles. Estima violentados sus derechos fundamentales, en especial dada su condición de persona adulta mayor. Solicita que se declare con lugar el recurso, con las consecuencias de ley.\n2.- Mediante resolución de las 14:27 horas de 18 de noviembre de 2021 se le dio curso al proceso y se le solicitó informe al gerente de telecomunicaciones del ICE.\n3.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 8:11 horas de 26 de noviembre de 2021, Gerardo Mauricio Rojas Cartín, gerente de telecomunicaciones del ICE, informó bajo juramento lo siguiente: “(…) Según información sustraída de los sistemas corporativos del ICE y aportada por el Área Comercial, la recurrente [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 002] , no registra servicios fijos de voz o datos con el ICE, sin embargo, registra un servicio móvil [Valor 003] , el cual se encuentra activo y funcionando correctamente. No omito indicar, que el servicio telefónico [Valor 004], que menciona la recurrente, se registra a nombre de [Nombre 002], cédula de identidad [Valor 005], servicio fijo residencial de Voz y Datos que se encuentra activo y funcionando correctamente (…) La localidad mencionada, sufrió un robo de cable el 20 de octubre del 2021, los delincuentes sustrajeron 215 metros de cable, por lo que se procedió a interponer la denuncia correspondiente ante el Organismo de Investigación Judicial. DENUNCIA NÚMERO UNICO [Valor 006]. Como se desprende de lo anterior, el servicio mencionado en el recurso que nos ocupa, se había visto afectado, no por actos unilaterales ni mucho menos arbitrario del ICE, sino que responden a hechos de terceros que se han dedicado a desmantelar gran parte de la red de cobre propiedad del ICE y por ende del Estado, lo que ha obligado, hasta donde ha sido posible, técnica y económicamente, la reposición de la red, a través de los medios con que se cuenta para evitar afectaciones en contra de nuestros clientes. Sin embargo, es necesario apelar a la sana critica de esa Sala, a efecto de entender que este tipo de recursos no responden a malas actuaciones de parte de este operador, sino a hechos que a todas luces salen de su control y lo que es peor, afecta la planificación anual que la Ley le impone al ICE mantener, en su condición de institución pública, lo que conlleva a una afectación en cadena de nuestros clientes, ya que la afectación no solo es de aquellos que se quedan sin servicio a causa de estos robos, sino que se afectan otros clientes o posibles clientes de proyectos que se deben suspender para poder atender las ordenes de la Sala Constitucional, entre otras. Entiende esta representación, que los ciudadanos tienen todo el derecho a estar comunicados, pero también es cierto, que hay circunstancias ajenas a los obligados, como en este caso, que imposibilitan, aun en contra de su deseo, la prestación normal de los servicios (…) Tal y como se indicó anteriormente, el servicio telefónico [Valor 004] sufrió avería por robo de cable, sin embargo, el ICE realizó un esfuerzo económico, logístico y administrativo y logró reponer el cable sustraído por los vándalos, por lo que el servicio telefónico [Valor 004], quedó restablecido a partir del 10 de noviembre del 2021. El 23 de noviembre del 2021, se realizó visita técnica al inmueble de la recurrente, y se revisó la conexión de la roseta y el splitter y se determinó que la señora [Nombre 003] manipuló los sistemas de conexión provocando ausencia del servicio del Voz, por lo que se procedió a conectar los cables correctamente y se comprobó el correcto funcionamiento de Voz y Datos.”.\n\n4.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.\n\n  Redacta el Magistrado Rueda Leal ; y,\n\nConsiderando:\n\n \n\n  I.- OBJETO DEL RECURSO. La recurrente acusa que aproximadamente desde el 4 de octubre de 2021, no cuenta con el servicio de internet y telefonía, debido al robo de cable en la zona. Acota que tales servicios están asociados al número [Valor 004] . Reclama que la autoridad accionada aún no ha solucionado el problema.\nII.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:\na)     El servicio telefónico n.° [Valor 004] está registrado a nombre de [Nombre 002], y es un “ servicio fijo residencial de Voz y Datos”. (Informe de la autoridad recurrida).\nb)    El jefe de Entrega y Aseguramiento de Servicios de la Zona Metropolitana Este del ICE, mediante el oficio n.° 6426-613-2021 de 24 de noviembre de 2021, consignó: “Según información sustraída de los sistemas corporativos del ICE, el servicio telefónico [Valor 004] sufrió avería masiva por robo de cable desde el 19 de octubre del 2021, sin embargo, el ICE realizó un esfuerzo económico, logístico y administrativo y logró reponer el cable sustraído, por lo que el servicio telefónico [Valor 004], quedó restablecido a partir del 10 de noviembre del 2021. El 23 de noviembre del 2021, se realizó visita técnica al inmueble de la recurrente, y se revisó la conexión de la roseta y el splitter y se determinó que la señora [Nombre 003] manipuló los sistemas de conexión provocando ausencia del servicio del Voz, por lo que se procedió a conectar los cables correctamente y se comprueba el correcto funcionamiento de Voz y Datos.”. (Informe de la autoridad recurrida y prueba documental).\nc)     La autoridad recurrida fue notificada de la resolución de curso de este proceso el 22 de noviembre de 2021. (Actas de notificación agregadas al expediente).\nd)    La autoridad accionada informa que el servicio residencial fijo de voz y datos de la recurrente se encuentra en correcto funcionamiento. (Informe de la autoridad recurrida).\nIII.- SOBRE EL CASO EN CONCRETO. En el sub lite, la recurrente acusa que aproximadamente desde el 4 de octubre de 2021, no cuenta con el servicio de internet y telefonía, debido al robo de cable en la zona. Acota que tales servicios están asociados al número [Valor 004] . Reclama que la autoridad accionada aún no ha solucionado el problema.\nDel estudio de los autos se tiene por demostrado, que el servicio telefónico n.° [Valor 004] está registrado a nombre de [Nombre 002], y es un “ servicio fijo residencial de Voz y Datos” . El jefe de Entrega y Aseguramiento de Servicios de la Zona Metropolitana Este del ICE, mediante el oficio n.° 6426-613-2021 de 24 de noviembre de 2021, consignó: “Según información sustraída de los sistemas corporativos del ICE, el servicio telefónico [Valor 004] sufrió avería masiva por robo de cable desde el 19 de octubre del 2021, sin embargo, el ICE realizó un esfuerzo económico, logístico y administrativo y logró reponer el cable sustraído, por lo que el servicio telefónico [Valor 004], quedó restablecido a partir del 10 de noviembre del 2021. El 23 de noviembre del 2021, se realizó visita técnica al inmueble de la recurrente, y se revisó la conexión de la roseta y el splitter y se determinó que la señora [Nombre 003] manipuló los sistemas de conexión provocando ausencia del servicio del Voz, por lo que se procedió a conectar los cables correctamente y se comprueba el correcto funcionamiento de Voz y Datos.”.  La autoridad recurrida fue notificada de la resolución de curso de este proceso el 22 de noviembre de 2021. La autoridad accionada informa que el servicio residencial fijo de voz y datos de la recurrente se encuentra en correcto funcionamiento.\nDesde este panorama, a priori se descarta alguna situación que amerite la injerencia de esta jurisdicción constitucional.\nAl respecto, si bien la recurrente reclama que desde octubre de 2021 se encuentra sin los servicios de internet y telefonía que brinda el ICE, debido a un evento de robo de cable que se dio en la zona en la que reside, no menos cierto es que, de lo informado bajo juramento y de los elementos que constan en los autos, se desprende que los servicios fueron reestablecidos desde el 10 de noviembre de 2021; es decir, dentro de un plazo razonable y antes de la interposición de este recurso.\nAhora bien, mediante una visita que se efectuó el 23 de noviembre en la vivienda de la tutelada, se verificó que el motivo por el cual no funcionaba correctamente el servicio (a pesar de haber sido reestablecido con anterioridad), obedecía a que la usuaria manipuló incorrectamente los sistemas de conexión; sin embargo, los funcionarios de la dependencia accionada enmendaron tal situación, por lo que actualmente el servicio residencial fijo de voz y datos funciona correctamente.\nAsí las cosas, no se aprecia que la autoridad accionada haya incurrido en acciones u omisiones lesivas de los derechos fundamentales de la parte amparada, y en todo caso, como se indicó, en este momento los servicios de la amparada fueron reestablecidos. \nFinalmente, no está de más señalar que, concretamente en cuanto al servicio de internet, este Tribunal ha sostenido:\n“En todo caso, es menester señalar que el Instituto Costarricense de Electricidad, en materia de telecomunicaciones, realiza una actividad en un mercado abierto. La apertura del mercado de telecomunicaciones se dio con ocasión de la firma y entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio Centroamérica-Estados Unidos-República Dominicana y su posterior agenda complementaria, lo que conllevó que las instituciones como el ICE, que realizaban la prestación de servicios públicos mediante monopolio de hecho y derecho, modificaran sus formas de actuación y su régimen jurídico. Así, la institución recurrida se rige por diferentes normas, entre ellas, la Ley General de Telecomunicaciones, No. 8642 de 30 de junio de 2008 y la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas -Ley N° 8660- No. 8660 de 8 de agosto de 2008. Dichas normas le permiten al ICE tener estructuras más flexibles para que, en el giro de su actividad económica o productiva, se pueda desempeñar por medio de estructuras propias de derecho privado, con el fin de que pueda competir en igualdad de condiciones que los demás actores del mercado de telecomunicaciones. Así, la institución se encuentra facultada a brindar servicios, a realizar las inversiones y ejecutar los actos que resulten de mayor conveniencia institucional entre costos operativos y utilidades a percibir, según criterio técnico contable, lo cual ha sido avalado por este Tribunal en su jurisprudencia, entre esta la Sentencia No. 2019-012355 de las 09:30 horas de 5 julio de 2019, en la que indicó:\n“(…) a partir de la entrada en vigencia de la Ley General de Telecomunicaciones No.8642 del 4 de junio del 2008, todos los operadores y proveedores de telecomunicaciones tienen la posibilidad de competir para suministrar directamente al cliente, los servicios de telecomunicaciones de redes privadas, Internet y servicios inalámbricos móviles, así como todos los nuevos servicios que surjan, en virtud de los adelantos tecnológicos. Así que el ICE no es el único ente que lo brinda. Por lo tanto, además de la imposibilidad técnica que aduce el ICE en este caso, lo cual evidencia que la denegatoria no ha sido arbitraria, nos encontramos con otros posibles operadores a los cuales el recurrente ha podido acudir a solicitar el servicio público de internet. Por lo tanto, es prematuro considerar que en este caso ha habido violación a dicho derecho fundamental. En conclusión, dado que la denegatoria del servicio de electricidad obedeció a la imposibilidad técnica del ICE; y dado que resulta prematuro examinar si en este caso ha habido alguna violación al derecho de acceso a internet por cuanto, además de la imposibilidad técnica que aduce el ICE en este caso, nos encontramos con otros posibles operadores a los cuales el recurrente ha podido acudir a solicitar el servicio público de internet, y no se prueba haberlo hecho; se impone la desestimatoria de este recurso, tal como en efecto se hace. Lo anterior, sin perjuicio del derecho del recurrente de acudir a solicitar el servicio de internet a otros operadores, o bien, de acudir a la SUTEL si considera que en su caso procede la aplicación de Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), que tiene como propósito llevar telefonía e internet a zonas y comunidades donde aún no hay servicio, promoviendo acceso universal, servicio universal y solidaridad establecidos en la Ley General de Telecomunicaciones N° 8642 (…)”\nEn virtud de lo anterior y tal como se indicó, el ICE tiene la facultad de operar de conformidad con lo que resulte de mayor conveniencia institucional dentro del mercado de telecomunicaciones y, en todo caso, al tratarse de internet y telefonía IP, el interesado bien pueden acudir a otros operadores para la prestación de dicho servicio .\nBajo tal estado de las cosas, en la especie, se descarta la lesión de los derechos fundamentales del amparado. Ergo, se declara sin lugar el recurso”. (Sentencia n.o 2021004531 de las 10:05 horas de 5 de marzo de 2021).\nDe tal manera, como se indicó en el precedente transcrito supra, la prestación del servicio de internet no es exclusiva del ICE, de ahí que, al tratarse de un servicio abierto a la competencia, la parte tutelada puede solicitarlo formalmente a otras empresas de telecomunicaciones, e, incluso, si se encontrare disconforme con la prestación del servicio de internet que está recibiendo del ICE, puede plantear su inconformidad ante la Superintendencia de Telecomunicaciones.\nEn virtud de lo expuesto, lo correspondiente es declarar sin lugar el recurso.\nIV.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA ESQUIVEL RODRÍGUEZ. Si bien he votado en la línea del voto de mayoría en varias ocasiones, de un mejor análisis y bajo la ponderación de las nuevas circunstancias que afectan al mundo en general y a nuestro país en particular, me separo de la posición de la mayoría y declaro con lugar el recurso por la razones que de seguido expongo:\nI.- Apertura de los servicios de telecomunicaciones.  Mediante Ley No. 8622, Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica- Estados Unidos,  nuestro país tomó la decisión de asumir compromisos con los usuarios finales de los servicios de telecomunicaciones,  y para ello,  se acordó a su vez,  fortalecer al ICE para que pudiera competir en el mercado de las telecomunicaciones.  Como parte de los servicios que se sometieron a un régimen de competencia,  se encuentra el servicio de internet.  Por ello,  mediante Ley 8642,  Ley General de Telecomunicaciones, se dispusieron los principios que deben privar en el servicio de telecomunicaciones,  que incluye el internet:\n“ARTÍCULO 3.-Principios rectores\n\nLa presente Ley se sustenta en los siguientes principios rectores:\n\na) Universalidad:  prestación de un mínimo de servicios de telecomunicaciones a los habitantes de todas las zonas y regiones del país, sin discriminación alguna en condiciones adecuadas de calidad y precio.\n\nb) Solidaridad:  establecimiento de mecanismos que permitan el acceso real de las personas de menores ingresos y grupos con necesidades sociales especiales a los servicios de telecomunicaciones, en condiciones adecuadas de calidad y precio, con el fin de contribuir al desarrollo humano de estas poblaciones vulnerables.\n\nc) Beneficio del usuario:  establecimiento de garantías y derechos a favor de los usuarios finales de los servicios de telecomunicaciones, de manera que puedan acceder y disfrutar, oportunamente, de servicios de calidad, a un precio asequible, recibir información detallada y veraz, ejercer su derecho a la libertad de elección y a un trato equitativo y no discriminatorio.\n\nd) Transparencia:  establecimiento de condiciones adecuadas para que los operadores, proveedores y demás interesados puedan participar en el proceso de formación de las políticas sectoriales de telecomunicaciones y la adopción de los acuerdos y las resoluciones que las desarrollen y apliquen.  También, implica poner a disposición del público en general:  i) información relativa a los procedimientos para obtener los títulos habilitantes, ii) los acuerdos de acceso e interconexión, iii) los términos y las condiciones impuestas en todos los títulos habilitantes, que sean concedidos, iv) las obligaciones y demás procedimientos a los que se encuentran sometidos los operadores y proveedores, v) información general sobre precios y tarifas, y vi) información general sobre los requisitos y trámites para el acceso a los servicios de telecomunicaciones.\n\ne) Publicidad:  obligación de publicar un extracto de las condiciones generales y de las especificaciones técnicas necesarias para identificar las bandas de frecuencia que sean objeto de concurso público en el diario oficial La Gaceta y por lo menos en un periódico de circulación nacional.  También, conlleva la obligación de los operadores y proveedores de realizar las publicaciones relacionadas con propaganda o información publicitaria de manera veraz y transparente, en tal forma que no resulten ambiguas o engañosas para el usuario.\n\nf) Competencia efectiva:  establecimiento de mecanismos adecuados para que todos los operadores y proveedores del mercado compitan en condiciones de igualdad, a fin de procurar el mayor beneficio de los habitantes y el libre ejercicio del Derecho constitucional y la libertad de elección.\n\ng) No discriminación:  trato no menos favorable al otorgado a cualquier otro operador, proveedor o usuario, público o privado, de un servicio de telecomunicaciones similar o igual.\n\nh) Neutralidad tecnológica:  posibilidad que tienen los operadores de redes y proveedores de servicios de telecomunicaciones para escoger las tecnologías por utilizar, siempre que estas dispongan de estándares comunes y garantizados, cumplan los requerimientos necesarios para satisfacer las metas y los objetivos de política sectorial y se garanticen, en forma adecuada, las condiciones de calidad y precio a que se refiere esta Ley.\n\ni) Optimización de los recursos escasos:   asignación y utilización de los recursos escasos y de las infraestructuras de telecomunicaciones de manera objetiva, oportuna, transparente, no discriminatoria y eficiente, con el doble objetivo de asegurar una competencia efectiva, así como la expansión y mejora de las redes y servicios.”\n\nj) Privacidad de la información:  obligación de los operadores y proveedores, de conformidad con el artículo 24 de la Constitución Política, a garantizar el derecho a la intimidad, la libertad y el secreto de las comunicaciones, así como proteger la confidencialidad de la información que obtengan de sus clientes, o de otros operadores, con ocasión de la suscripción de los servicios, salvo que estos autoricen, de manera expresa, la cesión de la información a otros entes, públicos o privados.\n\nk) Sostenibilidad ambiental:  armonización del uso y la explotación de las redes y la prestación de los servicios de telecomunicaciones, con la garantía constitucional de contar con un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.  Los operadores y proveedores deberán cumplir toda la legislación ambiental que les resulte aplicable.\n\nDe manera que  la finalidad desde el inicio de la apertura de las telecomunicaciones era generar un servicio de calidad al usuario que, tal y como dispone la Ley General de la Administración Pública, debe ser oportuno,  continuo, eficiente,  adaptable a la necesidad social  y en igualdad de condiciones. Por ello,  tanto el Instituto Costarricense de Electricidad como cualquier operadora de esos servicios, al asumir un contrato de adhesión con el consumidor final,  no puede dejar de prestar el servicio y obligar al usuario a buscar otras alternativas o simplemente suspender el servicio. Lo anterior implica dar por terminado el contrato de servicios de internet acordado con el usuario final,  de forma unilateral y sin cumplir con el fin público para el cual se le ha otorgado a las diferentes operadoras el cumplimiento de esa actividad comercial en su estructura pero vital para el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 46 y 50 de nuestra Constitución Política. \nII.- El acceso a Internet como derecho fundamental y la accesibilidad en tiempos de pandemia.   La Sala Constitucional  desde el año 2010 mediante la sentencia número 12790-2010,  reconoció el carácter de derecho fundamental del acceso a internet,  criterio que se ha  reiterado.  Hoy en día,  el tener acceso a internet se torna prácticamente en un componente indispensable para el ejercicio de una multiplicidad de derechos humanos como el derecho al trabajo y el derecho a la educación.  Si bien la pandemia provocó cambios significativos en nuestra forma de interactuar socialmente,  el tener acceso a internet o no puede ser la diferencia entre poder ejercer un trabajo o tener una educación de calidad.  Costa Rica es un Estado social y democrático de derecho que debe cumplir un rol activo tendiente a propiciar el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales (ver sentencia número 2004-11165).  El Estado tiene el deber asistencial y prestacional que lo obliga a cumplir efectivamente los compromisos que asumió en el Tratado Internacional y en las leyes nacionales que determinan el internet como un servicio universal donde se protegen los derechos de los usuarios finales como dispone nuestro artículo 46 constitucional.  Ese esquema de protección del usuario final abarca no solo la efectividad del servicio sino también la protección de los derechos de intimidad y salvaguardar el secreto de las comunicaciones.  Solo el hecho de declarar este acceso a internet como un servicio universal,  provoca una obligación del Estado y de las operadoras del servicio que se comprometen a cumplir con las leyes y el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos.  El servicio de internet, sin lugar a dudas,  hoy se constituye en esencial,  de manera que la prestación de ese servicio debe ser en condiciones de continuidad,  adaptabilidad,  razonabilidad,  oportunidad y  eficiencia. \nEl Instituto Costarricense de Electricidad descarga su responsabilidad en la prestación del servicio por razones que,  según mi criterio,  no pueden ser una justificación para dejar de prestar el servicio que ya estaba acordado con el usuario final.  Al asumir esa entidad los parámetros de empresa privada,  la valoración del riesgo se convierte en uno de los requerimientos indispensables para el manejo del negocio.  No puede una empresa privada,  una vez que concierta un compromiso contractual simplemente dejar de prestar un servicio porque se roban el cable que lo dispone.  Además,  existen otras alternativas para la prestación del servicio que podrían evitar el robo de cables. Esto lo dispone además,  el artículo 3 inciso c)  de la Ley 8642,  Ley General de Telecomunicaciones,  que en esa norma dispone: \n“c) Beneficio del usuario:  establecimiento de garantías y derechos a favor de los usuarios finales de los servicios de telecomunicaciones, de manera que puedan acceder y disfrutar,  oportunamente, de servicios de calidad, a un precio asequible, recibir información detallada y veraz, ejercer su derecho a la libertad de elección y a un trato equitativo y no discriminatorio.”\n De esa norma se desprenden claramente los derechos de los usuarios del servicio de internet y las obligaciones de las operadoras de dichos servicios. De no ser así,  las zonas donde se dan los mayores índices de robo,  las zonas de más complejidad social y pobreza,  nunca lograran avanzar en sus metas de superar su condición económica.  De modo que,  en aplicación de los artículos 33, 46, 50 y 78  de la Constitución Política,  al haberse acreditado el incumplimiento del acceso al internet en igualdad de condiciones y además al no prestarse el servicio conforme a lo que requiere un servicio público. \n  El acceso a internet constituye un medio para el ejercicio de otros derechos humanos tales como: la libertad de comunicación, el derecho a la información, el derecho a la educación, el derecho a la salud, los derechos de reunión  y asociación, entre otros. Por ejemplo según la Encuesta Nacional de Hogares  San José realizada por el INEC en el año 2019 un 67% de estudiantes de la Región Central del país tenía conexión a Internet desde el hogar; un 29% solo tenía acceso a través del celular y un 3% no tenía ninguna conexión (INEC. 2019. Encuesta Nacional de Hogares. San José: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos).   De las 362 544 viviendas con servicio de internet en el país, 858 670 corresponden a la Región Central, 116 932 a la Región Huetar Caribe, 103 602 a la Región Brunca, 101 868 a la Región Huetar Norte, 84 860 a la Región Pacífico Central, y 97 022 a la Región Chorotega (INEC, 2019).\nCon la pandemia esa brecha se agrandó y desnudó una realidad que ya se palpaba pero que, obedeciendo a una nueva realidad requiere una solución definitiva que permita el goce y disfrute de un derecho fundamental denominado conectividad. Lo mismo sucede en el caso de los adultos mayores -población doblemente vulnerable- primero por su condición etaria y el alto riesgo de contagio y segundo por el interrupción abrupta de tener acceso a los servicios de salud mediante la llamada telefónica o el sistema de video llamada; así como al derecho de comunicación. Por citar otro ejemplo el uso potencial del teletrabajo  como medida para reducir la tasa de contagio -actividad que requiere como requisito indispensable una adecuada conectividad-. De manera que la interrupción del servicio de internet respaldado en el robo de cable coloca a los usuarios en una desventajosa situación.\nLo mismo sucede con la suspensión del servicio de telefonía fija ya que es uno de los tipos de acceso y conexiones a Internet que posee el país en la actualidad. Por lo tanto al igual que el servicio de internet debe ser habilitado dentro de un plazo razonable. Si bien es cierto el robo de cable -que es la causa de la suspensión del servicio de telefonía fija- no es responsabilidad del Instituto Costarricense de Electricidad, lo cierto es que la solución para brindarle al usuario la continuidad del servicio sí lo es.\nPor las razones expuestas salvo el voto y declaro con lugar el recurso en todos sus extremos.\nV.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\n \n\n  Por tanto:\n\n \n\n  Se declara sin lugar el recurso. La magistrada Esquivel Rodríguez salva el voto y declara con lugar el recurso en todos sus extremos. Notifíquese.\n\n \n\n \n\n \n\t\nFernando Castillo V.\nPresidente\n\t\n \n\n\nPaul Rueda L.\n\t\n \n\t\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\nJorge Araya G.\n\t\n \n\t\nAnamari Garro V.\n\n\nMarta Eugenia Esquivel R.\n\t\n \n\t\nAlicia Salas T.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n*RHWOSA0M8T861*\n\n RHWOSA0M8T861\n\nEXPEDIENTE N° 21-023309-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 09-05-2026 04:17:11.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "**Protected Data Judgment, in accordance with current regulations**\n\n**Text of the resolution**\n\n*210233090007CO*\n\nExp: 21-023309-0007-CO\n\nRes. No. 2021027175\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine thirty on the third of December, two thousand twenty-one.\n\nAmparo action processed in case file no. 21-023309-0007-CO, filed by [Name 001], identity card [Value 001], against THE COSTA RICAN ELECTRICITY INSTITUTE (ICE).\n\nWhereas:\n\n1.- By written submission incorporated into the digital case file at 12:39 on November 16, 2021, the petitioner files an amparo action. She states that she is an older adult and resides in Hatillo 6, Calle Simón Bolívar, in front of the expansion of Hatillo 6, house No. 2. She complains that since approximately October 4, 2021, in the sector where she resides, there has been no Internet service via the Wifi network, nor residential telephony (No. [Value 004]), due to the theft of telephone cable. She notes that, while she understands that said theft is not ICE's responsibility, neither are the customers, and these need to recover the connection to said telecommunication services and it is their right to receive the services for which they pay. She comments that due to the incident she has had to make top-ups or purchases of additional mobile data, which causes her to incur extra expenses on the mobile services bill. She considers her fundamental rights violated, especially given her status as an older adult. She requests that the action be granted, with the legal consequences.\n\n2.- By resolution at 14:27 on November 18, 2021, the process was given course and a report was requested from the telecommunications manager of ICE.\n\n3.- By written submission incorporated into the digital case file at 8:11 on November 26, 2021, Gerardo Mauricio Rojas Cartín, telecommunications manager of ICE, reported under oath the following: “(…) According to information extracted from ICE's corporate systems and provided by the Commercial Area, the petitioner [Name 001], identity card [Value 002], does not register fixed voice or data services with ICE; however, she registers a mobile service [Value 003], which is active and functioning correctly. I do not omit to indicate that the telephone service [Value 004], mentioned by the petitioner, is registered in the name of [Name 002], identity card [Value 005], a residential fixed Voice and Data service that is active and functioning correctly (…) The mentioned locality suffered a cable theft on October 20, 2021; the criminals stole 215 meters of cable, so the corresponding complaint was filed with the Judicial Investigation Agency. UNIQUE COMPLAINT NUMBER [Value 006]. As is clear from the foregoing, the service mentioned in the action at hand had been affected, not by unilateral or arbitrary acts of ICE, but rather due to acts of third parties that have dedicated themselves to dismantling a large part of the copper network owned by ICE and therefore by the State, which has required, to the extent technically and economically possible, the replacement of the network, through the means available to avoid impacts on our clients. However, it is necessary to appeal to the sound judgment of this Chamber, in order to understand that this type of action does not respond to poor performance on the part of this operator, but to events that are clearly beyond its control and, what is worse, affect the annual planning that the Law requires ICE to maintain, in its condition as a public institution, which leads to a chain effect on our clients, since the impact is not only on those who are left without service due to these thefts, but other clients or potential clients of projects that must be suspended in order to attend to the orders of the Constitutional Chamber, among others, are also affected. This representation understands that citizens have every right to be connected, but it is also true that there are circumstances beyond the control of the obligated parties, as in this case, that make it impossible, even against their wishes, to provide services normally (…) As previously indicated, the telephone service [Value 004] suffered a fault due to cable theft; however, ICE made an economic, logistical, and administrative effort and managed to replace the cable stolen by the vandals, for which reason the telephone service [Value 004] was restored as of November 10, 2021. On November 23, 2021, a technical visit was made to the petitioner's property, and the connection of the rosette and the splitter was reviewed, and it was determined that Mrs. [Name 003] manipulated the connection systems, causing an absence of Voice service, so the cables were correctly connected, and the correct functioning of Voice and Data was verified.”.\n\n4.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.\n\nMagistrate Rueda Leal writes; and,\n\nConsidering:\n\nI.- PURPOSE OF THE ACTION. The petitioner complains that since approximately October 4, 2021, she has had no internet and telephone service, due to cable theft in the area. She notes that said services are associated with the number [Value 004]. She claims that the respondent authority has not yet solved the problem.\n\nII.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been accredited or because the respondent authority omitted to refer to them, as provided in the initial order:\n\na) Telephone service No. [Value 004] is registered in the name of [Name 002], and is a \"residential fixed Voice and Data service\". (Report of the respondent authority).\n\nb) The head of Delivery and Assurance of Services of the East Metropolitan Zone of ICE, through official communication No. 6426-613-2021 of November 24, 2021, recorded: \"According to information extracted from ICE's corporate systems, telephone service [Value 004] suffered a massive fault due to cable theft since October 19, 2021; however, ICE made an economic, logistical, and administrative effort and managed to replace the stolen cable, for which reason telephone service [Value 004] was restored as of November 10, 2021. On November 23, 2021, a technical visit was made to the petitioner's property, and the connection of the rosette and the splitter was reviewed, and it was determined that Mrs. [Name 003] manipulated the connection systems, causing an absence of Voice service, so the cables were correctly connected, and the correct functioning of Voice and Data is verified.\". (Report of the respondent authority and documentary evidence).\n\nc) The respondent authority was notified of the resolution giving course to this process on November 22, 2021. (Notification records added to the case file).\n\nd) The respondent authority reports that the petitioner's residential fixed voice and data service is functioning correctly. (Report of the respondent authority).\n\nIII.- ON THE SPECIFIC CASE. In the case at hand, the petitioner complains that since approximately October 4, 2021, she has had no internet and telephone service, due to cable theft in the area. She notes that said services are associated with the number [Value 004]. She claims that the respondent authority has not yet solved the problem.\n\nFrom the study of the case file, it has been demonstrated that telephone service No. [Value 004] is registered in the name of [Name 002], and is a \"residential fixed Voice and Data service\". The head of Delivery and Assurance of Services of the East Metropolitan Zone of ICE, through official communication No. 6426-613-2021 of November 24, 2021, recorded: \"According to information extracted from ICE's corporate systems, telephone service [Value 004] suffered a massive fault due to cable theft since October 19, 2021; however, ICE made an economic, logistical, and administrative effort and managed to replace the stolen cable, for which reason telephone service [Value 004] was restored as of November 10, 2021. On November 23, 2021, a technical visit was made to the petitioner's property, and the connection of the rosette and the splitter was reviewed, and it was determined that Mrs. [Name 003] manipulated the connection systems, causing an absence of Voice service, so the cables were correctly connected, and the correct functioning of Voice and Data is verified.\". The respondent authority was notified of the resolution giving course to this process on November 22, 2021. The respondent authority reports that the petitioner's residential fixed voice and data service is functioning correctly.\n\nFrom this perspective, any situation warranting the intervention of this constitutional jurisdiction is dismissed a priori.\n\nIn this regard, although the petitioner claims that since October 2021 she has been without the internet and telephone services provided by ICE, due to a cable theft event that occurred in the area where she resides, it is no less true that, from what was reported under oath and the elements contained in the case file, it appears that the services were restored as of November 10, 2021; that is, within a reasonable time and before the filing of this action.\n\nNow, through a visit made on November 23 to the protected party's home, it was verified that the reason the service was not working correctly (despite having been restored previously) was because the user incorrectly manipulated the connection systems; however, the officials of the respondent agency corrected this situation, so the residential fixed voice and data service is currently working correctly.\n\nThus, it is not apparent that the respondent authority incurred in actions or omissions harmful to the fundamental rights of the protected party, and in any case, as indicated, at this time the protected party's services have been restored.\n\nFinally, it is not superfluous to point out that, specifically regarding the internet service, this Court has held:\n\n\"In any case, it is necessary to point out that the Costa Rican Electricity Institute, in matters of telecommunications, carries out an activity in an open market. The opening of the telecommunications market occurred with the signing and entry into force of the Dominican Republic-Central America-United States Free Trade Agreement and its subsequent complementary agenda, which meant that institutions like ICE, which provided public services through a de facto and de jure monopoly, modified their forms of operation and their legal regime. Thus, the respondent institution is governed by different norms, among them, the General Telecommunications Law, No. 8642 of June 30, 2008, and the Law for the Strengthening and Modernization of Public Entities -Law No. 8660- No. 8660 of August 8, 2008. Said norms allow ICE to have more flexible structures so that, in the course of its economic or productive activity, it can operate through structures typical of private law, in order to compete on equal terms with the other actors in the telecommunications market. Thus, the institution is empowered to provide services, make investments, and execute acts that are of greatest institutional convenience between operational costs and profits to be received, according to technical accounting criteria, which has been endorsed by this Court in its jurisprudence, including Judgment No. 2019-012355 at 09:30 on July 5, 2019, in which it indicated:\n'(…) as of the entry into force of the General Telecommunications Law No. 8642 of June 4, 2008, all telecommunications operators and providers have the possibility of competing to supply the client directly with private network telecommunications services, Internet, and mobile wireless services, as well as all new services that arise, by virtue of technological advances. Thus, ICE is not the only entity that provides it. Therefore, in addition to the technical impossibility alleged by ICE in this case, which shows that the denial has not been arbitrary, we find other possible operators to which the petitioner could have gone to request the public internet service. Therefore, it is premature to consider that in this case there has been a violation of said fundamental right. In conclusion, given that the denial of the electricity service was due to ICE's technical impossibility; and given that it is premature to examine whether in this case there has been any violation of the right to internet access because, in addition to the technical impossibility alleged by ICE in this case, we find other possible operators to which the petitioner could have gone to request the public internet service, and it is not proven that he did so; the dismissal of this action is required, as is indeed done. The foregoing, without prejudice to the petitioner's right to go to request the internet service from other operators, or to go to SUTEL if he considers that in his case the application of the National Telecommunications Fund (Fonatel) is appropriate, whose purpose is to bring telephony and internet to areas and communities where there is still no service, promoting universal access, universal service, and solidarity established in the General Telecommunications Law No. 8642 (…)'\nBy virtue of the foregoing and as indicated, ICE has the power to operate in accordance with what is of greatest institutional convenience within the telecommunications market and, in any case, when it comes to internet and IP telephony, the interested party can well go to other operators for the provision of said service.\nUnder this state of affairs, in the species, the injury to the protected party's fundamental rights is dismissed. Ergo, the action is declared without merit.\" (Judgment No. 2021004531 at 10:05 on March 5, 2021).\n\nThus, as indicated in the precedent transcribed above, the provision of internet service is not exclusive to ICE, hence, as it is a service open to competition, the protected party can formally request it from other telecommunications companies, and, even, if she were dissatisfied with the provision of the internet service she is receiving from ICE, she can raise her disagreement before the Superintendence of Telecommunications.\n\nBy virtue of the foregoing, the appropriate course is to declare the action without merit.\n\nIV.- DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE ESQUIVEL RODRÍGUEZ. Although I have voted in line with the majority vote on several occasions, upon better analysis and under the weight of the new circumstances affecting the world in general and our country in particular, I separate myself from the majority's position and declare the action with merit for the reasons set forth below:\n\nI.- Opening of telecommunications services. Through Law No. 8622, Dominican Republic-Central America-United States Free Trade Agreement, our country made the decision to assume commitments with the end users of telecommunications services, and for this purpose, it was agreed, in turn, to strengthen ICE so that it could compete in the telecommunications market. Among the services submitted to a competition regime is internet service. For this reason, through Law 8642, General Telecommunications Law, the principles that must govern telecommunications service, which includes internet, were established:\n\n\"ARTICLE 3.- Guiding Principles\n\nThis Law is based on the following guiding principles:\n\na) Universality: provision of a minimum of telecommunications services to the inhabitants of all areas and regions of the country, without any discrimination, under adequate conditions of quality and price.\n\nb) Solidarity: establishment of mechanisms that allow real access for people with lower incomes and groups with special social needs to telecommunications services, under adequate conditions of quality and price, in order to contribute to the human development of these vulnerable populations.\n\nc) Benefit of the user: establishment of guarantees and rights in favor of the end users of telecommunications services, so that they can access and enjoy, in a timely manner, quality services, at an affordable price, receive detailed and truthful information, exercise their right to freedom of choice and to equitable and non-discriminatory treatment.\n\nd) Transparency: establishment of adequate conditions so that operators, providers, and other interested parties can participate in the process of forming sectoral telecommunications policies and the adoption of agreements and resolutions that develop and apply them. It also implies making available to the public: i) information regarding the procedures to obtain the enabling titles, ii) the access and interconnection agreements, iii) the terms and conditions imposed in all enabling titles that are granted, iv) the obligations and other procedures to which the operators and providers are subject, v) general information on prices and tariffs, and vi) general information on the requirements and procedures for accessing telecommunications services.\n\ne) Publicity: obligation to publish an extract of the general conditions and technical specifications necessary to identify the frequency bands subject to public tender in the official gazette La Gaceta and in at least one newspaper with national circulation. It also entails the obligation of operators and providers to carry out publications related to propaganda or advertising information in a truthful and transparent manner, so that they are not ambiguous or misleading for the user.\n\nf) Effective competition: establishment of adequate mechanisms so that all market operators and providers compete under equal conditions, in order to procure the greatest benefit for the inhabitants and the free exercise of the constitutional right to freedom of choice.\n\ng) Non-discrimination: treatment no less favorable than that granted to any other operator, provider, or user, public or private, of a similar or identical telecommunications service.\n\nh) Technological neutrality: the possibility for network operators and telecommunications service providers to choose the technologies to be used, provided that they have common and guaranteed standards, meet the necessary requirements to satisfy the goals and objectives of sectoral policy, and adequately guarantee the quality and price conditions referred to in this Law.\n\ni) Optimization of scarce resources: allocation and use of scarce resources and telecommunications infrastructures in an objective, timely, transparent, non-discriminatory, and efficient manner, with the dual objective of ensuring effective competition, as well as the expansion and improvement of networks and services.\"\n\nj) Privacy of information: obligation of operators and providers, in accordance with Article 24 of the Political Constitution, to guarantee the right to privacy, freedom, and secrecy of communications, as well as to protect the confidentiality of the information they obtain from their clients, or from other operators, upon the subscription of services, unless they expressly authorize the transfer of the information to other entities, public or private.\n\nk) Environmental sustainability: harmonization of the use and exploitation of networks and the provision of telecommunications services, with the constitutional guarantee of a healthy and ecologically balanced environment. Operators and providers must comply with all applicable environmental legislation.\n\nThus, the purpose from the beginning of the opening of telecommunications was to generate quality service for the user which, as provided by the General Law of Public Administration, must be timely, continuous, efficient, adaptable to social needs, and under equal conditions. For this reason, both the Costa Rican Electricity Institute and any operator of these services, upon assuming an adhesion contract with the final consumer, cannot fail to provide the service and force the user to seek other alternatives or simply suspend the service. The foregoing implies terminating the internet service contract agreed with the end user, unilaterally and without fulfilling the public purpose for which the different operators have been granted the performance of that commercial activity in their structure but vital for compliance with the provisions of Articles 46 and 50 of our Political Constitution.\n\nII.- Internet Access as a fundamental right and accessibility in times of pandemic. The Constitutional Chamber, since 2010 through Judgment No. 12790-2010, recognized the fundamental right character of internet access, a criterion that has been reiterated. Today, having access to the internet practically becomes an indispensable component for the exercise of a multiplicity of human rights such as the right to work and the right to education. Although the pandemic caused significant changes in our way of social interaction, having or not having access to the internet can be the difference between being able to exercise a job or having a quality education. Costa Rica is a social and democratic state of law that must play an active role aimed at fostering the effective exercise of fundamental rights (see Judgment No. 2004-11165). The State has the duty of assistance and provision that obliges it to effectively fulfill the commitments it assumed in the International Treaty and in the national laws that establish the internet as a universal service protecting the rights of end users as provided by our constitutional Article 46. This scheme for the protection of the end user encompasses not only the effectiveness of the service but also the protection of privacy rights and safeguarding the secrecy of communications. The mere fact of declaring this internet access a universal service creates an obligation for the State and the service operators who commit to complying with the laws and respecting the citizens' fundamental rights. Internet service, without a doubt, is essential today, so the provision of that service must be under conditions of continuity, adaptability, reasonableness, timeliness, and efficiency.\n\nThe Costa Rican Electricity Institute discharges its responsibility in the provision of the service for reasons that, in my opinion, cannot be a justification for failing to provide the service that was already agreed with the end user. By assuming that entity the parameters of a private company, risk assessment becomes one of the indispensable requirements for managing the business. A private company, once it agrees to a contractual commitment, cannot simply stop providing a service because the cable providing it is stolen. Furthermore, there are other alternatives for providing the service that could prevent cable theft. This is also provided by Article 3, subsection c) of Law 8642, General Telecommunications Law, which in that norm provides:\n\n\"c) Benefit of the user: establishment of guarantees and rights in favor of the end users of telecommunications services, so that they can access and enjoy, in a timely manner, quality services, at an affordable price, receive detailed and truthful information, exercise their right to freedom of choice and to equitable and non-discriminatory treatment.\"\n\nThe rights of users of the internet service and the obligations of the operators of said services are clearly derived from that norm. Were it otherwise, the areas with the highest rates of theft, the areas of greatest social complexity and poverty, would never manage to advance in their goals of overcoming their economic condition. Therefore, in application of Articles 33, 46, 50, and 78 of the Political Constitution, the failure to provide internet access under equal conditions, and also the failure to provide the service as required for a public service, has been accredited.\n\nInternet access constitutes a means for the exercise of other human rights such as: freedom of communication, the right to information, the right to education, the right to health, the rights of assembly and association, among others. For example, according to the Encuesta Nacional de Hogares San José carried out by INEC in 2019, 67% of students in the Central Region of the country had an Internet connection from home; 29% only had access via cell phone and 3% had no connection (INEC. 2019. Encuesta Nacional de Hogares. San José: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos). Of the 362,544 dwellings with internet service in the country, 858,670 correspond to the Central Region, 116,932 to the Huetar Caribe Region, 103,602 to the Brunca Region, 101,868 to the Huetar Norte Region, 84,860 to the Central Pacific Region, and 97,022 to the Chorotega Region (INEC, 2019).\n\nWith the pandemic, that gap widened and exposed a reality that was already palpable but which, obeying a new reality, requires a definitive solution that allows the enjoyment and exercise of a fundamental right called connectivity. The same happens in the case of older adults—a doubly vulnerable population—first because of their age condition and the high risk of contagion, and second because of the abrupt interruption of having access to health services via telephone calls or video call systems; as well as the right to communication. To cite another example, the potential use of teleworking as a measure to reduce the contagion rate—an activity that requires adequate connectivity as an indispensable requirement. Thus, the interruption of internet service based on cable theft places users in a disadvantageous situation.\n\nThe same occurs with the suspension of fixed telephony service since it is one of the types of Internet access and connections the country currently has. Therefore, like the internet service, it must be enabled within a reasonable time. While it is true that cable theft—which is the cause of the suspension of fixed telephony service—is not the responsibility of the Costa Rican Electricity Institute, the truth is that the solution to provide the user with continuity of service is.\n\nFor the reasons stated, I dissent and declare the action with merit in all its aspects.\n\nV.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if any document on paper has been provided, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not removed within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the \"Regulation on the Electronic Case File before the Judicial Branch\" (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in Session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Judicial Bulletin No. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in Session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.\n\nTherefore:\n\nThe action is declared without merit. Magistrate Esquivel Rodríguez dissents and declares the action with merit in all its aspects. Notify.\n\nFernando Castillo V.\nPresident\n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\nMarta Eugenia Esquivel R.\n\nAlicia Salas T.\n\nDigitally Signed Document\n\n-- Verification Code --\n\n*RHWOSA0M8T861*\n\nRHWOSA0M8T861\n\nCASE FILE NO. 21-023309-0007-CO\n\nTelephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church).\n\nReception of cases from vulnerable groups: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nThis is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 09-05-2026 04:17:11.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
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