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  "id": "nexus-sen-1-0007-1064719",
  "citation": "Res. 27511-2021 Sala Constitucional",
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  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Rechazo de amparo por agroquímicos entre privados",
  "title_en": "Rejection of amparo for agrochemical use between private parties",
  "summary_es": "La Sala Constitucional rechaza de plano el recurso de amparo interpuesto por Inversiones Bosque y Playa S.A., que alegaba contaminación por uso de agroquímicos en concentraciones desmesuradas en propiedad colindante, afectando cultivos orgánicos, una naciente y la salud. La mayoría resuelve que el amparo no procede contra sujetos de derecho privado cuando existen vías administrativas ordinarias, como las denuncias ambientales, que la recurrente no agotó. Señala que corresponde a las autoridades administrativas determinar si las actuaciones se ajustan a derecho. El magistrado Rueda Leal salva el voto y cursa el amparo, invocando la teoría de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales (Drittwirkung) y la necesidad de control inmediato ante un daño ambiental y sanitario de magnitud, considerando insuficientes o tardíos los mecanismos comunes.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber flatly rejects the amparo filed by Inversiones Bosque y Playa S.A., which alleged contamination from excessive agrochemical use on an adjacent property, affecting organic crops, a water spring, and health. The majority held that amparo is not available against private parties when ordinary administrative remedies, such as filing environmental complaints, have not been exhausted. It is for administrative authorities to determine compliance. Judge Rueda Leal dissented and would have heard the amparo, invoking the horizontal effect of fundamental rights (Drittwirkung) and the need for immediate control given the magnitude of environmental and health damage, considering ordinary mechanisms insufficient or untimely.",
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  "date": "07/12/2021",
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  "excerpt_es": "II.- En este amparo, acusa la accionante que unos sujetos de derecho privado, están usando agroquímicos en la propiedad, lo cual, están causando un daño al ambiente y a la salud. Sobre el particular, en primer lugar debe resaltarse que este amparo se ha planteado en contra de sujetos de derecho privado en relación con actuaciones y omisiones que bien pueden ser controladas en la vía de legalidad. En ese sentido, es necesario advertir que de autos no se desprende que la recurrente, antes de venir a esta jurisdicción, haya acudido a las autoridades competentes en plantear las correspondientes denuncias ambientales; en consecuencia, no se ha intentado ante esas instancias, que se le brinde solución definitiva al asunto en la primera instancia de legalidad y a través de los mecanismos establecidos por la Ley.\n\nIII.- EL MAGISTRADO RUEDA LEAL SALVA EL VOTO Y CURSA EL AMPARO. [...] considero que, aun cuando el amparo esté dirigido en contra de sujetos de derecho privado, en este caso en particular y a partir de la reconocida teoría de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales (Drittwirkung der Menschenrechte), entre cuyas manifestaciones procesales se encuentra el amparo contra sujetos de derecho privado [...] resulta improcedente aplicar el ordinal 57 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional para rechazar a priori este amparo. Lo anterior es así dada la acusada magnitud del daño ambiental y para la salud, así como la necesidad de controlar rápidamente la situación, sumado a la posibilidad de que los medios administrativos y jurisdiccionales comunes resulten claramente insuficientes o tardíos.",
  "excerpt_en": "II.- In this amparo, the petitioner alleges that private individuals are using agrochemicals on their property, causing environmental and health damage. It must be noted that this amparo was filed against private parties regarding acts and omissions that can be controlled through ordinary legal channels. The record does not show that the petitioner, before coming to this jurisdiction, filed the corresponding environmental complaints with the competent authorities; therefore, a definitive solution has not been sought through those instances pursuant to the law.\n\nIII.- JUDGE RUEDA LEAL DISSENTS AND WOULD HEAR THE AMPARO. [...] I consider that, even though the amparo is directed against private parties, in this specific case and based on the recognized theory of the horizontal effect of fundamental rights (Drittwirkung der Menschenrechte), among whose procedural manifestations is amparo against private parties [...] it is inappropriate to apply Article 57 of the Constitutional Jurisdiction Law to reject this amparo a priori. This is so given the alleged magnitude of environmental and health damage, the need to quickly control the situation, and the possibility that ordinary administrative and judicial remedies are clearly insufficient or untimely.",
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 27511 - 2021\n\nFecha de la Resolución: 07 de Diciembre del 2021 a las 09:30\n\nExpediente: 21-024479-0007-CO\n\nRedactado por: Jorge Araya Garcia\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\nSentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n*210244790007CO*\n\nEXPEDIENTE N° 21-024479-0007-CO\n\nPROCESO: RECURSO DE AMPARO\n\nRESOLUCIÓN Nº 2021027511\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del siete de diciembre de dos mil veintiuno .\n\n  Recurso de amparo interpuesto por [Nombre 001] , cédula de identidad No. [Valor 001], en su condición de APODERADA DE INVERSIONES BOSQUE Y PLAYA S.A., cédula jurídica No. 3-101-162042 contra [Nombre 002], cédula de identidad No. [Valor 002] y [Nombre 003], cédula de identidad No. [Valor 003].\n\nResultando:\n\n1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 30 de noviembre de 2021, la recurrente interpuso recurso de amparo contra [Nombre 002] y [Nombre 003]. Manifiesta que se dedica a la producción de cacao orgánico, en una finca ubicada en Limón, propiedad de su representada. Afirma que dicha propiedad colinda con un inmueble de los señores Patterson y Bissinger. Precisa que desde octubre de 2021, dichos señores han utilizado una alarmante cantidad de agroquímicos sobre la superficie, afectando sus cultivos, una naciente de agua y la salud. Agrega que lo han estado haciendo en concentraciones que son evidentemente desmesuradas e insustentables. Sostiene que se ha enterado que en el Tribunal Ambiental Administrativo tienen un tiempo de respuesta de aproximadamente un año -incluso en el supuesto de que se soliciten medidas cautelares-. Amplía que lo anterior le permite concluir que no hay acceso a una reparación inminente desde la sede administrativa por parte del Tribunal Ambiental. Considera violentados los derechos fundamentales. Solicita que se declare con lugar el recurso y se ordene detener el daño ambiental.\n\n2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.\n  Redacta el Magistrado Araya García; y,\nConsiderando:\nI.- Objeto del recurso. La recurrente acude a la Sala para solicitar la intervención de este Tribunal, a fin de que se solucione un problema de contaminación, ya que los colindantes de la propiedad de su representada están usando agroquímicos en concentraciones muy altas.\nII.- En este amparo, acusa la accionante que unos sujetos de derecho privado, están usando agroquímicos en la propiedad, lo cual, están causando un daño al ambiente y a la salud. Sobre el particular, en primer lugar debe resaltarse que este amparo se ha planteado en contra de sujetos de derecho privado en relación con actuaciones y omisiones que bien pueden ser controladas en la vía de legalidad. En ese sentido, es necesario advertir que de autos no se desprende que la recurrente, antes de venir a esta jurisdicción, haya acudido a las autoridades competentes en plantear las correspondientes denuncias ambientales; en consecuencia, no se ha intentado ante esas instancias, que se le brinde solución definitiva al asunto en la primera instancia de legalidad y a través de los mecanismos establecidos por la Ley. En consecuencia, previo a entrar a determinar la relevancia constitucional que pudiere tener la queja que plantea la accionante en este amparo, se deberá determinar en el plano de la legalidad, si los denunciados se han ajustado a derecho. Por tal razón, el amparo no sería procedente en contra del sujeto de derecho privado al que le achaca los hechos con los cuales está en desacuerdo y, más bien, lo que corresponde es que la recurrente acuda ante las autoridades administrativas correspondientes, a plantear su disconformidad en aras de que esos entes actúen conforme con sus competencias. Será en esas instancias en donde deberá solicitar la aplicación de la normativa vigente en el supuesto de que haya contaminación ambiental y no esté ajustado a derecho y exista un problema de salud pública. En consecuencia, por estimarse que con los hechos alegados no hay mérito para la intervención de este Tribunal en relación con los sujetos de derecho privado que se acusa, el recurso se rechaza de plano.\n\nIII.- EL MAGISTRADO RUEDA LEAL SALVA EL VOTO Y CURSA EL AMPARO. En el sub lite, la parte recurrente acusa que, desde octubre de 2021, los recurridos, quienes colindan con la propiedad de la sociedad que representa, han utilizado una alarmante cantidad de agroquímicos sobre la superficie, afectando sus cultivos, una naciente de agua y la salud. Agrega que lo han estado haciendo en concentraciones desmesuradas e insustentables. Por ello, sumado al plazo que puede tardar en resolver el Tribunal Ambiental Administrativo y el riesgo inminente que ello representa, acude en amparo a fin de obtener la intervención de la Sala. \n\nAhora bien, considero pertinente advertir que, desde la sentencia No. 20192355 de las 9:30 de 12 de febrero de 2019, mi postura ha sido la siguiente en relación con los recursos de amparo cuando estos han sido planteados a favor de una persona jurídica\n\n“en la Opinión Consultiva 22-16 del 26 de febrero de 2016, la Corte Interamericana de Derechos Humanos indicó que si bien algunos Estados reconocen el derecho de petición a personas jurídicas con condiciones especiales, como lo son los sindicatos, partidos políticos o representantes de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes o grupos específicos, lo cierto es que “El artículo 1.2 de la Convención Americana sólo consagra derechos a favor de personas físicas, por lo que las personas jurídicas no son titulares de los derechos consagrados en dicho tratado”. Por otro lado, en la misma opinión consultiva, la Corte Interamericana dispuso que, en ciertos contextos particulares, las personas físicas pueden llegar a ejercer sus derechos a través de personas jurídicas (verbigracia, a través de un medio de comunicación, como acaeció en el caso Granier y otros contra Venezuela); empero, a efectos de que ello sea tutelable ante el sistema interamericano, “el ejercicio del derecho a través de una persona jurídica debe involucrar una relación esencial y directa entre la persona natural que requiere protección por parte del sistema interamericano y la persona jurídica a través de la cual se produjo la violación, por cuanto no es suficiente con un simple vínculo entre ambas personas para concluir que efectivamente se están protegiendo los derechos de personas físicas y no de las personas jurídicas. En efecto, se debe probar más allá de la simple participación de la persona natural en las actividades propias de la persona jurídica, de forma que dicha participación se relacione de manera sustancial con los derechos alegados como vulnerados.” (énfasis agregado)(OC. 22/16)”.  \n\nEn la especie, de los autos se colige que existe una relación esencial entre la persona natural recurrente y la persona jurídica a quien representa, en tanto lo acusado versa sobre un tema ambiental y, por ende, de interés de aquella y de una colectividad.  \n\nAclarado lo anterior, difiero del criterio de la mayoría y considero que, aun cuando el amparo esté dirigido en contra de sujetos de derecho privado, en este caso en particular y a partir de la reconocida teoría de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales (Drittwirkung der Menschenrechte), entre cuyas manifestaciones procesales se encuentra el amparo contra sujetos de derecho privado (ver en similar sentido la sentencia 2021-024807 de las 9:20 horas del 5 de noviembre de 2021), resulta improcedente aplicar el ordinal 57 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional para rechazar a priori este amparo. Lo anterior es así dada la acusada magnitud del daño ambiental y para la salud, así como la necesidad de controlar rápidamente la situación, sumado a la posibilidad de que los medios administrativos y jurisdiccionales comunes resulten claramente insuficientes o tardíos. Así las cosas, a fin de contar con mayores elementos de convicción para acreditar o descartar alguna eventual lesión al artículo 50 constitucional, salvo el voto y curso este amparo.\n\nIV.- Documentación aportada al expediente. Debe prevenir esta Sala a la parte recurrente que de haber aportado algún documento, ya sea en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho, en un plazo de 30 días hábiles, después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial número 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.\n\nPor tanto:\n\nSe rechaza de plano el recurso. El magistrado Rueda Leal salva el voto y cursa el amparo.-\n \n \n\t\nFernando Castillo V.\nPresidente\n\t\n \n\n\nPaul Rueda L.\n\t\n \n\t\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\nJorge Araya G.\n\t\n \n\t\nAnamari Garro V.\n\n\nMarta Eugenia Esquivel R.\n\t\n \n\t\nAlicia Salas T.\n \n \nDocumento Firmado Digitalmente\n-- Código verificador --\n*GRLVXKR16BS61*\n GRLVXKR16BS61\nEXPEDIENTE N° 21-024479-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 09-05-2026 04:18:36.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "CONSTITUTIONAL CHAMBER\n\nResolution No. 27511 - 2021\n\nDate of Resolution: December 7, 2021, at 09:30\n\nCase File: 21-024479-0007-CO\n\nDrafted by: Jorge Araya Garcia\n\nType of Matter: Amparo Action\n\nAnalyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER\n\n\n\nRuling with protected data, in accordance with current regulations\n\n\nText of the resolution\n\n*210244790007CO*\n\nCASE FILE No. 21-024479-0007-CO\n\nPROCEEDING: AMPARO ACTION\n\nRESOLUTION No. 2021027511\n\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours thirty minutes on December seven, two thousand twenty-one.\n\nAmparo action (Recurso de Amparo) filed by [Name 001], identification card No. [Value 001], in her capacity as LEGAL REPRESENTATIVE OF INVERSIONES BOSQUE Y PLAYA S.A., legal entity number 3-101-162042, against [Name 002], identification card No. [Value 002], and [Name 003], identification card No. [Value 003].\n\nWhereas:\n\n1.- By brief received in the Secretariat of the Chamber on November 30, 2021, the petitioner filed an amparo action against [Name 002] and [Name 003]. She states that she is engaged in the production of organic cacao on a farm located in Limón, owned by her principal. She affirms that said property is adjacent to a property of the gentlemen Patterson and Bissinger. She specifies that since October 2021, said gentlemen have used an alarming amount of agrochemicals on the surface, affecting her crops, a water spring (naciente), and health. She adds that they have been doing so in concentrations that are evidently disproportionate and unsustainable. She contends that she has learned that the Administrative Environmental Tribunal has a response time of approximately one year—even in the event that precautionary measures (medidas cautelares) are requested. She expands that the foregoing allows her to conclude that there is no access to an imminent remedy from the administrative venue through the Environmental Tribunal. She considers fundamental rights violated. She requests that the action be granted and that the environmental damage be ordered stopped.\n\n2.- Article 9 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional) empowers the Chamber to reject outright or on the merits, at any time, even from its filing, any petition brought to its attention that proves to be manifestly improper, or when it considers that there are sufficient elements of judgment to reject it, or that it is a mere reiteration or reproduction of a previous equal or similar rejected petition.\nDrafted by Magistrate Araya Garcia; and,\n\nConsidering:\n\nI.- Object of the action. The petitioner comes before the Chamber to request the intervention of this Court, in order to resolve a pollution problem, since the adjacent landowners to her principal's property are using agrochemicals in very high concentrations.\nII.- In this amparo, the plaintiff accuses private parties (sujetos de derecho privado) of using agrochemicals on the property, thereby causing environmental and health damage. Regarding this matter, it must first be highlighted that this amparo has been filed against private parties in relation to actions and omissions that can well be controlled through the legality channel. In that sense, it is necessary to note that it does not appear from the record that the petitioner, before coming to this jurisdiction, has resorted to the competent authorities to file the corresponding environmental complaints; consequently, no attempt has been made before those instances to provide a definitive solution to the matter in the first legality instance and through the mechanisms established by law. Consequently, before proceeding to determine the constitutional relevance that the complaint raised by the plaintiff in this amparo might have, it must be determined at the legality level whether the accused parties have acted in accordance with the law. For this reason, the amparo would not be admissible against the private party to whom she attributes the facts with which she disagrees and, rather, what is appropriate is for the petitioner to resort to the corresponding administrative authorities to raise her disagreement so that those entities act in accordance with their powers. It will be before those instances where she must request the application of the current regulations in the event that there is environmental pollution not in accordance with the law and there is a public health problem. Consequently, since it is considered that the alleged facts do not warrant the intervention of this Court in relation to the accused private parties, the action is rejected outright.\n\nIII.- MAGISTRATE RUEDA LEAL DISSENTS AND ALLOWS THE AMPARO TO PROCEED. In the sub lite case, the petitioner alleges that, since October 2021, the respondents, who are adjacent to the property of the company she represents, have used an alarming amount of agrochemicals on the surface, affecting her crops, a water spring (naciente), and health. She adds that they have been doing so in disproportionate and unsustainable concentrations. Therefore, in addition to the time the Administrative Environmental Tribunal may take to resolve and the imminent risk this represents, she files an amparo in order to obtain the intervention of the Chamber.\n\nNow then, I consider it pertinent to note that, since Judgment No. 20192355 of 9:30 a.m. on February 12, 2019, my position has been the following in relation to amparo actions when they have been filed on behalf of a legal entity:\n\n“in Advisory Opinion 22-16 of February 26, 2016, the Inter-American Court of Human Rights indicated that although some States recognize the right of petition for legal entities under special conditions, such as unions, political parties, or representatives of indigenous peoples, Afro-descendant communities, or specific groups, the truth is that ‘Article 1.2 of the American Convention only enshrines rights in favor of natural persons, so legal entities are not holders of the rights enshrined in said treaty.’ On the other hand, in the same advisory opinion, the Inter-American Court provided that, in certain particular contexts, natural persons can exercise their rights through legal entities (for example, through a media outlet, as occurred in the case of Granier et al. v. Venezuela); however, for this to be actionable before the inter-American system, ‘the exercise of the right through a legal entity must involve an essential and direct relationship between the natural person requiring protection from the inter-American system and the legal entity through which the violation occurred, since a simple link between both persons is not sufficient to conclude that the rights of natural persons, and not of legal entities, are indeed being protected. In effect, one must prove beyond the natural person’s simple participation in the activities proper to the legal entity, such that said participation relates substantially to the rights alleged as violated.’ (emphasis added)(OC. 22/16).”\n\nIn the present case, it can be inferred from the record that there is an essential relationship between the natural person petitioner and the legal entity she represents, insofar as the matter alleged concerns an environmental issue and, therefore, is of interest to her and to the community.\n\nHaving clarified the foregoing, I differ from the majority’s criteria and I consider that, even though the amparo is directed against private parties, in this particular case, and based on the recognized theory of the horizontal effect of fundamental rights (Drittwirkung der Menschenrechte), among whose procedural manifestations is the amparo against private parties (see in a similar sense judgment 2021-024807 of 9:20 a.m. on November 5, 2021), it is improper to apply section 57 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional) to reject this amparo a priori. The foregoing is so given the alleged magnitude of the environmental and health damage, as well as the need to quickly control the situation, added to the possibility that the common administrative and jurisdictional means may prove clearly insufficient or untimely. Thus, in order to have greater elements of conviction to prove or rule out any eventual injury to Article 50 of the Constitution, I dissent and allow this amparo to proceed.\n\nIV.- Documentation provided to the case file. This Chamber must warn the petitioner that if any document has been provided, whether in paper form, as well as objects or evidence supported by any additional device, or by electronic, computer, magnetic, optical, telematic means, or produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a period of 30 business days after receiving notification of this ruling; otherwise, everything will be destroyed in accordance with the provisions of the “Regulation on Electronic Case Files before the Judiciary” (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary (Consejo Superior del Poder Judicial) in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.\n\nTherefore:\n\nThe action is rejected outright. Magistrate Rueda Leal dissents and allows the amparo to proceed.—\n\n\nFernando Castillo V.\nPresident\n\n\nPaul Rueda L.\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\nJorge Araya G.\n\n\nAnamari Garro V.\n\n\nMarta Eugenia Esquivel R.\n\n\nAlicia Salas T.\n\nDigitally Signed Document\n-- Verification Code --\n*GRLVXKR16BS61*\n GRLVXKR16BS61\nCASE FILE No. 21-024479-0007-CO\n\n\nTelephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church). Receipt of matters for vulnerable groups: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 09-05-2026 04:18:36.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
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