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  "id": "nexus-sen-1-0007-1068145",
  "citation": "Res. 22419-2021 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Inadmisibilidad de acción de inconstitucionalidad contra aplicación de directriz presidencial en programa de transporte estudiantil",
  "title_en": "Inadmissibility of unconstitutionality action against application of presidential directive in student transportation program",
  "summary_es": "La Sala Constitucional declara inadmisible la acción de inconstitucionalidad presentada por un ciudadano contra la directriz presidencial n.° 060-MTSS-MDHIS y su aplicación en el programa de transporte estudiantil del MEP. El accionante alegaba que el uso de SINIRUBE para determinar beneficiarios excluía a estudiantes por falta de presupuesto o datos incompletos, vulnerando derechos constitucionales. La Sala determina que el reclamo no ataca la norma en sí, sino los actos de aplicación, los cuales no son susceptibles de control mediante acción de inconstitucionalidad según el artículo 73 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Además, el accionante carece de legitimación al pretender actuar en defensa de intereses difusos sin acreditar representación de menores, pues solo el Patronato Nacional de la Infancia posee legitimación directa reconocida jurisprudencialmente para tales casos. La acción se rechaza de plano.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber declares inadmissible the unconstitutionality action filed by a citizen against Presidential Directive No. 060-MTSS-MDHIS and its application in the MEP student transportation program. The plaintiff argued that the use of SINIRUBE to determine beneficiaries excluded students due to lack of budget or incomplete data, violating constitutional rights. The Chamber finds that the claim does not challenge the norm itself but its application, which is not subject to review via unconstitutionality action under Article 73 of the Constitutional Jurisdiction Law. Furthermore, the plaintiff lacks standing, as he attempts to act in defense of diffuse interests without proving representation of minors; only the National Children's Trust (PANI) has jurisprudentially recognized direct standing in such cases. The action is dismissed outright.",
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  "date": "06/10/2021",
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    "acción de inconstitucionalidad",
    "legitimación activa",
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    "Ley de la Jurisdicción Constitucional"
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    "transporte estudiantil",
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    "Patronato Nacional de la Infancia",
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    "artículo 73 LJC"
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    "unconstitutionality action",
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    "student transportation",
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    "diffuse interest",
    "National Children's Trust",
    "representation of minors",
    "acts of application",
    "Article 73 Constitutional Jurisdiction Law"
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  "excerpt_es": "II.- SOBRE LA FALTA DE LEGITIMACIÓN. Por otra parte, observa esta Sala que el accionante manifiesta que fundamenta su legitimación para interponer esta acción en el artículo 75, párrafo segundo, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en cuanto a la defensa de un interés difuso (…) No obstante, este Tribunal Constitucional únicamente ha reconocido la legitimación directa del Patronato Nacional de la Infancia para acudir, vía acción de inconstitucionalidad, en defensa de los intereses de las personas menores de edad. (…) el accionante carece de legitimación para interponer esta acción en forma directa, toda vez que no fundamenta en qué forma ostenta la representación de las personas menores de edad cuyos intereses supuestamente son afectados (…) lo que supondría admitir una especie de acción popular no contemplada por la Ley de la Jurisdicción Constitucional. En consecuencia, también procede declarar inadmisible esta acción por falta de legitimación, como en efecto se dispone.",
  "excerpt_en": "II.- ON LACK OF STANDING. Furthermore, this Chamber observes that the plaintiff claims to base his standing to file this action on Article 75, second paragraph, of the Constitutional Jurisdiction Law, regarding the defense of a diffuse interest (…) However, this Constitutional Court has only recognized the direct standing of the National Children's Trust (PANI) to bring an unconstitutionality action in defense of the interests of minors. (…) the plaintiff lacks standing to file this action directly, since he does not establish how he holds representation of the minors whose interests are allegedly affected (…) which would mean admitting a kind of popular action not contemplated by the Constitutional Jurisdiction Law. Consequently, this action must also be declared inadmissible for lack of standing, as is hereby ordered.",
  "outcome": {
    "label_en": "Inadmissible",
    "label_es": "Inadmisible",
    "summary_en": "The unconstitutionality action against Presidential Directive No. 060-MTSS-MDHIS is dismissed outright as inadmissible, since it challenges acts of application of the norm rather than the norm itself, and due to the plaintiff's lack of standing to act in defense of diffuse interests of minors.",
    "summary_es": "La acción de inconstitucionalidad contra la directriz presidencial n.° 060-MTSS-MDHIS es rechazada de plano por inadmisible, al dirigirse contra actos de aplicación de la norma y no contra la norma en sí, y por falta de legitimación del accionante para actuar en defensa de intereses difusos de menores."
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      "quote_es": "Así, lo impugnado por el accionante son los actos de aplicación de la norma y no la norma en sí, los cuales no son propios de ser conocidos por esta Sala a través de un proceso de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional."
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      "quote_en": "…the plaintiff lacks standing to file this action directly, since he does not establish how he holds representation of the minors whose interests are allegedly affected … which would mean admitting a kind of popular action not contemplated by the Constitutional Jurisdiction Law.",
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 22419 - 2021\n\nFecha de la Resolución: 06 de Octubre del 2021 a las 12:11\n\nExpediente: 21-018200-0007-CO\n\nRedactado por: Fernando Castillo Víquez\n\nClase de asunto: Acción de inconstitucionalidad\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp: 21-018200-0007-CO\n\nRes. Nº 21-022419\n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las doce horas y once minutos del seis de octubre de dos mil veintiuno.\n\n Acción de inconstitucionalidad interpuesta por JOSUÉ CHINCHILLA BADILLA, cédula de identidad n.° 113280284, contra la directriz presidencial n.° 060-MTSS-MDHIS del 15 de octubre de 2019 y sus reformas.\n\nRESULTANDO:\n\n1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala Constitucional a las 12:33 horas del 15 de septiembre de 2021, la parte accionante interpone esta acción de inconstitucionalidad “EN CONTRA DE LA FORMA EN QUE SE APLICA LA DIRECTRIZ PRESIDENCIAL N 060-MTSS-MDHIS de fecha 15 de octubre del año 2019, y sus reformas, en razón de la obligatoriedad por parte de la Dirección de Equidad del MEP, de utilizar la clasificación socioeconómica y priorización dada por SINIRUBE para la selección de beneficiarios en este caso de EL BENEFICIO DE PROGRAMA ESTUDIANTIL DEL MEP y en la FORMA COMO LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE EQUIDAD DEL MEP UTILIZA LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA DENOMINADO SINIRUBE, lo anterior por violar los artículos 11,33,46,50,57,68,176,171,78 artículos 2 y 28 de la convención de los derechos de los niños y los y los (sic) artículos 57, 59, 60, 65 y 69 del Código de la Niñez y la Adolescencia”.  Aclara que el eje medular y primordial de la acción de inconstitucionalidad es exponer la lesión de los derechos constitucionales de los estudiantes del sistema educativo nacional, no en el uso de SINIRUBE, sino en la forma en como se utiliza para la determinación de los beneficiarios de transporte estudiantil. Reitera que no se trata de su negativa a que SINIRUBE se utilice, es la forma en que al día de hoy se ha venido utilizando por parte de la Dirección de Programas de Equidad y el MEP como ministerio en forma integral. Así, expone que, la situación actual es la siguiente: la Dirección de Programas de Equidad del MEP realiza convocatoria para el año 2021 a los centros educativos, para que remitan información del listado de registro de becados actuales y registro de postulantes, en relación con el registro de postulantes su sistema no deja incluir a todos los estudiantes del centro educativo que solicitan el beneficio, únicamente el cupo a sustituir. En consecuencia, el centro educativo, sin tener parámetro establecido, debe seleccionar el número específico para sustitución, deja estudiantes sin poder incluir en el listado para su revisión, por limitación del programa. Esto obliga al director a discriminar y limita la posibilidad de acceder al programa. Una vez revisado por SINIRUBE el listado que el centro educativo envió, la Dirección de Programas de Equidad disminuye los que no califican por ser no pobre y por no estar en SINIRUBE o estar en análisis la información en SINIRUBE. La Dirección de Programas de Equidad notifica la disminución de beneficiarios y notifica también que no pueden los centros educativos remitir nuevos postulantes para una nueva revisión. Considera que esta situación es la que más violenta los derechos constitucionales, por cuanto al día de interposición de esta acción, esta herramienta no posee la información del cien por ciento de la población estudiantil, lo que deja en total indefensión y violenta los derechos constitucionales -especialmente los resguardados en los artículos 33 y 50 de la Constitución Política- de miles de estudiantes, ya que, por no estar en la base de datos, se exceptúa y niega el acceso al beneficio, a pesar de cumplir con los requisitos impuestos por norma. Explica que actualmente existen serias limitaciones para poder acceder a complementar la información en la base de datos de SINIRUBE, por parte de una cantidad importante de población estudiantil con problemas de condición de estatus migratorio que, si bien el sistema educativo no les niega el acceso a la educación y permite que sean partícipes del sistema educativo sin importar su condición migratoria, lo cierto es que sí se les niega el acceso a los programas de equidad, por cuanto por su condición migratoria irregular estos no son parte de SINIRUBE ni pueden acceder a dicho registro. Existen estudiantes, principalmente niños de preescolar, escolar y secundaria; que quedan en total desventaja por dicha situación y que jamás podrían acceder al programa de registro SINIRUBE. Incluso en zonas fronterizas, rurales y algunas urbanas, existe población estudiantil que es intermitente, según la zona que sus padres puedan realizar trabajos de temporada y que a lo largo del año pueden desplazarse por dos o más centros educativos, según conveniencia de sus padres, para la obtención de sus ingresos, quienes tampoco son contemplados en SINIRUBE. El programa de equidad del MEP denominado transporte de estudiantes, fue obligado bajo directriz gubernamental a la utilización de un sistema denominado SINIRUBE para la determinación de la condición socioeconómica de cada posible beneficiario del programa, lo cual, según se tiene en el último informe del Estado de la Nación, es erróneo y se usa la herramienta SINIRUBE para determinar condiciones socioeconómicas y no para lo que fue establecida, servir como base en la política pública. Del mismo Estado de la Nación se desprende, con meridiana claridad, que para el 2020 SINIRUBE apenas contemplaba un 70% de información sobre la totalidad de la población estudiantil. Miles de estudiantes, a pesar de tener los requisitos para ser acreedores del beneficio de transporte estudiantil, quedan en total desventaja y con sus derechos constitucionales en el limbo por dos razones, la primera, limitación presupuestaria, dado que las directrices de llenado de formularios y la guía indican que el MEP tiene limitación presupuestaria, pese a que este tribunal constitucional ha señalado reiteradamente que no es condición de limitación al acceso del beneficio y, la segunda, la aplicación como forma de establecer el parámetro de condición socioeconómica la herramienta y registro SINIRUBE, cuando esta carece de la información de la totalidad de los estudiantes de la población estudiantil nacional y que simplemente por no estar incorporado en dicho programa, es causal directa para la limitación de acceso al beneficio. Indica que no pretende ventilar aspectos de legalidad en esta gestión, no pretende que bajo la figura constitucional se pueda entrar en conocimiento de forma y fondo sobre la legalidad o no de SINIRUBE, recurre para que se resguarden los derechos constitucionales y se garantice un acceso justo y equitativo al programa de transporte estudiantil del MEP, sin exclusión por falta presupuestaria y ausencia de datos en una herramienta (SINIRUBE), que no contempla la totalidad de los estudiantes del sistema educativo nacional. El programa de transporte estudiantil abarca apenas poco más de ciento cincuenta mil estudiantes. Aduce como fundamentos de constitucionalidad el principio de legalidad (artículo 11 de la Constitución Política), el principio de igualdad (artículo 33 de la Constitución Política) y los numerales 41, 78 y 82 de la Constitución Política. Con base en lo anterior, solicita que se declare la inconstitucionalidad de la directriz aquí impugnada.\n\n2.- El accionante fundamenta su legitimación en el artículo 75, párrafo segundo, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en la defensa de intereses difusos, derivado de su obligación como ciudadano de recurrir ante este Tribunal Constitucional en búsqueda del resguardo de los principios constitucionales tanto de su persona como de terceros, en este caso, miles de estudiantes del sistema educativo público nacional.\n\n3.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.\n\n Redacta Magistrado Castillo Víquez; y,\n\nCONSIDERANDO:\n\nI.- INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN EN RAZÓN DEL OBJETO.  Esta gestión resulta inadmisible en cuanto al objeto, dado que, aunque el accionante interpone la acción contra la directriz n.° 060-MTSS-MDHIS del 15 de octubre de 2019, en realidad, su reclamo está dirigido a los actos de aplicación de dicha directriz en cuanto al Programa de Transporte Estudiantil, pues considera inconstitucional que por falta de presupuesto o porque las bases de datos del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE) se encuentren incompletas, estudiantes sean excluidos de recibir tal beneficio. Así, la parte accionante expresamente indica que interpone esta acción “EN CONTRA DE LA FORMA EN QUE SE APLICA LA DIRECTRIZ PRESIDENCIAL N 060-MTSS-MDHIS de fecha 15 de octubre del año 2019, y sus reformas, en razón de la obligatoriedad por parte de la Dirección de Equidad del MEP, de utilizar la clasificación socioeconómica y priorización dada por SINIRUBE para la selección de beneficiarios (…)”. Seguidamente, aclara que “Como eje medular y primordial de la acción DE INCONSTITUCIONALIDAD es exponer la lesión de los derechos constitucionales de los ESTUDIANTES DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL, NO EN EL USO DE SINIRUBE SINO EN LA FORMA EN COMO SE UTILIZA para la determinación de los beneficiarios de transporte estudiantil”. De esta forma, se observa que el conflicto planteado por el actor constituye un problema de hecho y no de derecho, por cuanto las supuestas deficiencias que acusa no se encuentran contenidas en la directriz que impugna, sino en los actos administrativos de implementación del SINIRUBE por parte de la Dirección de Programas de Equidad del Ministerio de Educación Pública. Así, lo impugnado por el accionante son los actos de aplicación de la norma y no la norma en sí, los cuales no son propios de ser conocidos por esta Sala a través de un proceso de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional: “Artículo 73. Cabrá la acción de inconstitucionalidad: a) Contra las leyes y otras disposiciones generales, incluso las originadas en actos de sujetos privados, que infrinjan, por acción u omisión, alguna norma o principio constitucional. b) Contra los actos subjetivos de las autoridades públicas, cuando infrinjan, por acción u omisión, alguna norma o principio constitucional, si no fueren susceptibles de los recursos de hábeas corpus o de amparo. (…)” (el subrayado no corresponde al original). En razón de lo expuesto, la Sala debe rechazar de plano la acción, como en efecto se dispone.\n\n II.- SOBRE LA FALTA DE LEGITIMACIÓN. Por otra parte, observa esta Sala que el accionante manifiesta que fundamenta su legitimación para interponer esta acción en el artículo 75, párrafo segundo, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en cuanto a la defensa de un interés difuso “(…) derivado de su obligación como ciudadano de recurrir a este honorable tribunal Constitucional en búsqueda del resguardo de los principios constitucionales tanto de mi persona como de los terceros en este caso MILES DE ESTUDIANTES DEL SISTEMA EDUCATIVO PUBLICO (sic) NACIONAL los cuales en muchos casos por su corta edad o por sus limitación (sic) de acceso a la tecnología e incluso por su ubicación geográfica tienen limitaciones para acudir a este tribunal en búsqueda de proteger y tutelar sus derechos” (escrito de interposición). No obstante, este Tribunal Constitucional únicamente ha reconocido la legitimación directa del Patronato Nacional de la Infancia para acudir, vía acción de inconstitucionalidad, en defensa de los intereses de las personas menores de edad. Así, en la sentencia n.° 2012-000895 de las 14:30 horas del 25 de enero de 2012, se dispuso lo siguiente:\n\n“(…) II.- Sobre el incumplimiento de los requisitos de admisibilidad en esta acción de constitucionalidad. El accionante acude a la jurisdicción constitucional aduciendo que su legitimación se encuentra en estar ejerciendo una acción donde impera el interés superior del niño, lo que en su criterio le permite acudir directamente en acción de inconstitucionalidad prescindiendo de los requisitos de admisibilidad  establecidos  en  el  artículo 75  de  la  Ley  de  la  Jurisdicción Constitucional, citando en apoyo  a su tesis la sentencia de esta Sala número 2007-13583. Al respecto, debe indicarse al accionante que si bien la sentencia de cita  refiere  la  posibilidad de interponer de  manera  directa  una  acción  de inconstitucionalidad cuando se encuentre en discusión el interés superior del niño, lo cierto es que la misma sentencia es clara en indicar que ello es posible cuando la persona accionante tenga un interés legítimo por el cual actuar; en el caso resuelto en dicha sentencia, se trataba de una acción de inconstitucionalidad interpuesta por una integrante de la Junta Directiva del Patronato Nacional de la Infancia, a quien es  claro  sí  le  asistía  en  ese momento un interés legítimo respecto de  las competencias del Patronato   que  estimó estaban siendo conferidas inconstitucionalmente a otro órgano del Poder Ejecutivo. De manera expresa la Sala resolvió en la citada sentencia 2007-13583 que: ³Vemos entonces como,  si bien nuestra Constitución Política atribuye la protección de la niñez solamente al Estado, los instrumentos internacionales de tutela de derechos humanos amplían esa obligación de tutela a la sociedad en general. En esta línea de análisis, siendo la protección de la niñez y la adolescencia una obligación-deber a cargo del Estado y de la sociedad en general, cualquier persona  con interés legítimo en la defensa  de esos derechos, está legitimada  para reclamar  ante la lesión de alguno  que perjudique de manera  directa o mediata  a los niños. Esa vulneración constitucional se traduce, en el caso de la acción de inconstitucionalidad, en la posibilidad de impugnar las normas o actos no susceptibles de amparo, así como las omisiones. La relevancia del tema justifica entonces, aceptar una legitimación más amplia con el objeto de garantizar la supremacía del derecho de la Constitución, de manera que se permita a los ciudadanos fiscalizar de manera más directa y efectiva la actuación u omisión del Estado, máxime tratándose de un sector tan vulnerable como lo es el de la niñez. En el caso concreto, la accionante estima que las normas impugnadas cercenan competencias constitucionales  atribuidas en forma exclusiva al Patronato Nacional de la Infancia, lo cual incide de manera indirecta en la efectiva y oportuna protección de los derechos  de los niños y adolescentes. Siendo Costa Rica un Estado Social de Derecho, teniendo el Estado como obligación constitucional apoyar  y proteger determinados grupos  entre los cuales se encuentra los niños, las niñas y los adolescentes, y constituyendo el Patronato Nacional de la Infancia el ente constitucional competente para materializar esa tutela, el Tribunal reconoce y admite la existencia de una legitimación directa para actuar en la defensa de sus derechos.´(énfasis añadido) De tal forma, es claro que para aceptar la tesis de una legitimación que permita la acción directa, debe necesariamente valorarse  si el accionante posee  un interés legítimo, lo cual, en el caso concreto, estima la Sala que no logra acreditar. Nótese que el accionante se limita a citar la referida sentencia como el precedente jurisprudencial que permite la interposición de esta nueva acción, sin explicitar en qué  ni  en  dónde  reside  el  interés  legítimo  que  pudiera  disponer  para  su interposición, pues en momento alguno indica que se le haya restringido o limitado el ejercicio de algún derecho constitucional relacionado, ni el interés que pudiera vincularlo con una persona directamente afectada por la norma impugnada. Si bien en el encabezado  del escrito de interposición el accionante indica interponer la acción a favor de cuatro menores de edad, no aporta documento alguno que acredite esa representación, así como tampoco explica ni menciona en qué medida estos menores son afectados  por las normas que pretende impugnar.  Esta misma circunstancia impide que esta acción de inconstitucionalidad pueda valorarse como un medio razonable para el amparo del derecho constitucional que se estima inflingido. Adicionalmente, bajo estas argumentaciones, debe concluirse que esta acción de inconstitucionalidad dista de cumplir los demás  requisitos de interposición establecidos en el artículo 75 de la Ley de la materia, toda vez que se omite indicar la existencia de un asunto previo, tampoco se aporta la certificación del libelo o memorial donde pudo haberse aducido la inconstitucionalidad dentro de ese asunto previo, el escrito de interposición carece de la autenticación necesaria y de los requisitos fiscales ±timbre- correspondientes. Si bien el accionante pretende aplicar la exención establecida  en el artículo 106 del Código de la Niñez y Adolescencia, debe indicarse que tal exención de especies fiscales está prevista para los casos en que las acciones judiciales sean interpuestas por menores de edad o por sus representantes, y tal como se ha indicado, el accionante es omiso en aportar documento alguno que acredite ser representante de algún menor de edad, por lo que necesariamente subsiste la exigencia de que la acción de inconstitucionalidad se presente mediante un  escrito debidamente autenticado  donde  se  consigne adecuadamente el cumplimiento de los requisitos fiscales. La conjunción de todos estos factores determina que la presente acción deba ser rechazada por incumplir los requisitos de admisibilidad  legalmente establecidos, sin que, tomando en consideración el cúmulo de ellos, sea dable prevenir su cumplimiento. (…)”. (el subrayado no corresponde al original).\n\n Si bien, en el caso concreto, el actor alega que “(…) esta sala se ha pronunciado y a (sic) defendido la tutela de los llamados interés difusos de los ESTUDIANTES A NIVEL NACIONAL (…)” y cita la sentencia de la Sala Constitucional n.° 2008-8262 de las 14:47 horas del 14 de mayo de 2008, lo cierto es que en ese antecedente jurisprudencial, al igual que en la sentencia precitada, el accionante gestionó en su condición de representante del Patronato Nacional de la Infancia, entidad que tiene por disposición constitucional la función de proteger y defender los derechos de las personas menores de edad (artículo 55 de la Constitución Política). Por ende, con base en las consideraciones precitadas, en criterio de esta Sala, el accionante carece de legitimación para interponer esta acción en forma directa, toda vez que no fundamenta en qué forma ostenta la representación de las personas menores de edad cuyos intereses supuestamente son afectados por la aplicación de la directriz aquí impugnada, por el contrario, se limita a indicar que acude ante este Tribunal Constitucional en su condición de ciudadano costarricense y a título personal, lo que supondría admitir una especie de acción popular no contemplada por la Ley de la Jurisdicción Constitucional. En consecuencia, también procede declarar inadmisible esta acción por falta de legitimación, como en efecto se dispone.\n\n III.- CONCLUSIÓN. En razón de lo expuesto, se rechaza de plano esta acción. El magistrado Rueda Leal da razones diferentes.\n\nIV.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPOR TANTO:\n\n Se rechaza de plano esta acción. El magistrado Rueda Leal da razones diferentes.\n\n \n\n \n\nFernando Castillo V.\n\n Presidente\n\n \n\n \n\n \n\n \n\nPaul Rueda L.\n\n\t\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\n\n\nJorge Araya G.\n\n\t\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nAnamari Garro V.\n\n\n\n\nMarta E. Esquivel R.\n\n \n\n\t\n\n \n\n\t\n\nMauricio Chacón J.\n\n \n\n \n\n \n\nExp: 21-018200-0007-CO\n\nRes. N° 2021022419\n\nRAZONES DIFERENTES DEL MAGISTRADO RUEDA LEAL. Intereses difusos son aquellos cuya titularidad pertenece a una comunidad de personas que no se encuentra organizada formalmente, pero cuya unión se produce a partir de una necesidad social, una característica física, el origen étnico, una orientación personal o ideológica, el consumo de cierto producto, etc. El interés, en estos casos, se encuentra difuminado o diluido entre una pluralidad no identificada de sujetos; en este sentido, a la luz del párrafo 2°, del ordinal 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, la impugnación por inconstitucional con base en este tipo de interés inexorablemente debe estar referida a esa pluralidad, en los términos expuestos. Esta Sala ha enumerado diversos bienes y derechos constitucionales, en relación con los cuales se puede argüir un interés difuso, verbigracia, el ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el patrimonio cultural, la integridad territorial del país, el buen manejo del gasto público, los derechos del consumidor, entre otros.\n\nAl respecto, deben efectuarse las siguientes precisiones. Por un lado, los mencionados bienes y derechos trascienden la esfera individual o corporativa, porque incumben a una generalidad; así, un daño ambiental no afecta apenas a los vecinos de una región, sino que lesiona o pone en grave riesgo el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado de todo el país, incluso, según la envergadura, de la humanidad como tal. De igual forma, la defensa del buen manejo que se haga de los fondos públicos autorizados en el Presupuesto de la República refleja un interés de todos los habitantes de Costa Rica, no solo de un grupo específico.\n\nLa distinción no es sencilla; empero, ciertamente se debe buscar un punto de equilibrio, de modo que los intereses difusos en el sentido expuesto hallen cobijo constitucional, sin que se llegue a una extensión tal del concepto, que por esa vía se configure una acción popular en los diversos procesos de constitucionalidad, con excepción de lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley de Biodiversidad. Para tales efectos, el juez constitucional debe valorar caso por caso, a fin de definir si el interés en un determinado asunto reviste tal grado de trascendencia y la problemática acusada difumina sus perjuicios con semejante cobertura, como para justificar que se esté ante un interés que atañe a la comunidad en general.\n\nEn cuanto a lo antedicho, se debe observar que el mero hecho de que una norma o directriz cuestionada, cuando ello es objeto de un proceso de acción de constitucionalidad, sea susceptible de aplicación individual e incidir de forma directa en la esfera jurídica de personas singulares e identificables, no significa el descarte de un interés difuso, toda vez que hay situaciones en las que al lado del último confluye uno particular. Por ejemplo, piénsese en una disposición que eximiera de requerimientos de preservación una obra en una estructura declarada patrimonio cultural; en tal asunto, esa medida afectaría intereses difusos, toda vez que sus consecuencias perniciosas se disiparían a través de toda una comunidad, lo que no obsta para que, igual y simultáneamente, un individuo, asiduo visitante de tal sitio, se viera perjudicado en lo personal y pudiera entablar un reclamo. Ergo, la existencia de un interés difuso no excluye que un sujeto pueda experimentar una lesión en sus intereses particulares, aun de mayor calado que en la generalidad de personas. A mayor abundamiento, una aplicación del principio pro actione también lleva a interpretar las normas de manera favorable para la tutela de los derechos fundamentales y la protección de la supremacía constitucional. Por consiguiente, la legitimación por intereses difusos deviene procedente independientemente de que la disposición o el acto impugnado fuese susceptible de aplicación individual. En el caso de marras, sin embargo, no observo la existencia de algunos de los intereses difusos desarrollados por la jurisprudencia y, por ese motivo, rechazo tal legitimación.\n\n \n\nPaul Rueda L.\n\n \n\nEXPEDIENTE N° 21-018200-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 09-05-2026 04:22:32.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "Sala Constitucional\n\nResolution No. 22419 - 2021\n\nDate of Resolution: October 6, 2021 at 12:11 PM\n\nExpediente: 21-018200-0007-CO\n\nDrafted by: Fernando Castillo Víquez\n\nType of matter: Acción de inconstitucionalidad\n\nAnalyzed by: SALA CONSTITUCIONAL\n\nText of the resolution\n\nExp: 21-018200-0007-CO\n\nRes. No. 21-022419\n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at twelve hours and eleven minutes on the sixth of October, two thousand twenty-one.\n\nAn acción de inconstitucionalidad filed by JOSUÉ CHINCHILLA BADILLA, identity card no. 113280284, against the presidential directive no. 060-MTSS-MDHIS of October 15, 2019, and its amendments.\n\nRESULTANDO:\n\n1.- By written submission received in the Secretariat of the Sala Constitucional at 12:33 PM on September 15, 2021, the petitioner files this acción de inconstitucionalidad “AGAINST THE MANNER IN WHICH PRESIDENTIAL DIRECTIVE N 060-MTSS-MDHIS dated October 15, 2019, and its amendments, ARE APPLIED, by reason of the obligatoriness on the part of the MEP’s Dirección de Equidad, to use the socioeconomic classification and prioritization given by SINIRUBE for the selection of beneficiaries in this case of THE MEP STUDENT PROGRAM BENEFIT and in the MANNER IN WHICH THE MEP’S DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE EQUIDAD USES THE INFORMATION FROM THE PROGRAM CALLED SINIRUBE, the foregoing for violating articles 11, 33, 46, 50, 57, 68, 176, 171, 78, articles 2 and 28 of the convention on the rights of the child and articles 57, 59, 60, 65 and 69 of the Código de la Niñez y la Adolescencia”. He clarifies that the core and primordial axis of the acción de inconstitucionalidad is to expose the violation of the constitutional rights of students in the national educational system, not in the use of SINIRUBE, but in the manner in which it is used for determining the beneficiaries of student transportation. He reiterates that this is not about his refusal for SINIRUBE to be used; it is the manner in which it has been used to date by the Dirección de Programas de Equidad and the MEP as a ministry in an integral manner. Thus, he explains that the current situation is as follows: the MEP’s Dirección de Programas de Equidad issues a call for the year 2021 to educational centers, so that they send information from the list of currently registered scholarship holders and the list of applicants; regarding the list of applicants, its system does not allow including all the students from the educational center who request the benefit, only the replacement quota. Consequently, the educational center, without having an established parameter, must select the specific number for replacement, leaving students unable to be included on the list for review, due to a limitation in the program. This obligates the director to discriminate and limits the possibility of accessing the program. Once SINIRUBE has reviewed the list that the educational center sent, the Dirección de Programas de Equidad reduces those who do not qualify for being non-poor and for not being in SINIRUBE or for having their information under analysis in SINIRUBE. The Dirección de Programas de Equidad notifies of the reduction in beneficiaries and also notifies that the educational centers cannot send new applicants for a new review. He considers that this situation is the one that most violates constitutional rights, given that as of the date of filing this action, this tool does not possess information on one hundred percent of the student population, which leaves thousands of students in total defenselessness and violates their constitutional rights—especially those protected in articles 33 and 50 of the Constitución Política—since, by not being in the database, they are excluded and denied access to the benefit, despite meeting the requirements imposed by regulation. He explains that there currently exist serious limitations for a significant number of the student population with problems regarding migratory status conditions to be able to access complementing information in the SINIRUBE database; although the educational system does not deny them access to education and allows them to participate in the educational system regardless of their migratory status, the truth is that they are denied access to equity programs, because, due to their irregular migratory status, they are not part of SINIRUBE nor can they access said registry. There are students, mainly preschool, elementary, and secondary school children, who are at a total disadvantage due to this situation and who could never access the SINIRUBE registry program. Even in border, rural, and some urban areas, there is a student population that is intermittent, moving according to the zone where their parents can do seasonal work and who, throughout the year, may move through two or more educational centers, according to their parents’ convenience for obtaining their income, who are also not contemplated in SINIRUBE. The MEP’s equity program called student transportation was obligated, under a governmental directive, to use a system called SINIRUBE for determining the socioeconomic condition of each potential program beneficiary; something which, according to the latest State of the Nation report, is erroneous, and the SINIRUBE tool is used to determine socioeconomic conditions and not for what it was established to do: to serve as a basis for public policy. It is clear from that same State of the Nation report, with crystal clarity, that by 2020 SINIRUBE barely contemplated 70% of the information on the totality of the student population. Thousands of students, despite meeting the requirements to be recipients of the student transportation benefit, are left at a total disadvantage and with their constitutional rights in limbo for two reasons: the first, budgetary limitation, given that the form-filling directives and the guide indicate that the MEP has a budgetary limitation, despite the fact that this constitutional court has repeatedly pointed out that this is not a condition for limiting access to the benefit; and the second, the application of the SINIRUBE tool and registry as a means of establishing the socioeconomic condition parameter, when it lacks information on the totality of the students in the national student population, and that simply not being incorporated in said program is a direct cause for the limitation of access to the benefit. He indicates that he does not intend to raise aspects of legality in this proceeding, nor does he intend that under the constitutional figure one can gain knowledge of the form and substance of the legality or not of SINIRUBE; he resorts to this Court so that constitutional rights are protected and fair and equitable access to the MEP’s student transportation program is guaranteed, without exclusion due to budgetary shortfall or absence of data in a tool (SINIRUBE) that does not contemplate the totality of students in the national educational system. The student transportation program covers just over one hundred fifty thousand students. He adduces as constitutional grounds the principle of legality (article 11 of the Constitución Política), the principle of equality (article 33 of the Constitución Política), and numerals 41, 78, and 82 of the Constitución Política. Based on the foregoing, he requests that the directive challenged here be declared unconstitutional.\n\n2.- The petitioner bases his standing on article 75, second paragraph, of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, in the defense of diffuse interests, derived from his obligation as a citizen to resort to this Constitutional Court seeking the protection of constitutional principles, both for himself and for third parties, in this case, thousands of students in the national public educational system.\n\n3.- Article 9 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional empowers the Sala to reject summarily or on the merits, at any time, even from its presentation, any proceeding brought to its attention that proves to be manifestly inadmissible, or when it considers that there are sufficient elements of judgment to reject it, or that it is a simple reiteration or reproduction of a previous, rejected, equal or similar proceeding.\n\nDrafted by Judge Castillo Víquez; and,\n\nCONSIDERANDO:\n\nI.- INADMISSIBILITY OF THE ACTION BY REASON OF ITS OBJECT. This proceeding is inadmissible regarding its object, given that, although the petitioner files the action against directive no. 060-MTSS-MDHIS of October 15, 2019, in reality, his complaint is directed at the acts of application of said directive regarding the Student Transportation Program, as he considers it unconstitutional that due to a lack of budget or because the databases of the Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE) are incomplete, students are excluded from receiving such a benefit. Thus, the petitioner expressly indicates that he files this action “AGAINST THE MANNER IN WHICH PRESIDENTIAL DIRECTIVE N 060-MTSS-MDHIS dated October 15, 2019, and its amendments, ARE APPLIED, by reason of the obligatoriness on the part of the MEP’s Dirección de Equidad, to use the socioeconomic classification and prioritization given by SINIRUBE for the selection of beneficiaries (…)”. Next, he clarifies that “The core and primordial axis of the ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD is to expose the violation of the constitutional rights of the STUDENTS OF THE NATIONAL EDUCATIONAL SYSTEM, NOT IN THE USE OF SINIRUBE BUT IN THE MANNER IN WHICH IT IS USED for determining the beneficiaries of student transportation”. In this way, it is observed that the conflict raised by the actor constitutes a problem of fact and not of law, since the alleged deficiencies he claims are not contained in the directive he challenges, but rather in the administrative acts of implementation of SINIRUBE by the Dirección de Programas de Equidad of the Ministerio de Educación Pública. Thus, what is challenged by the petitioner are the acts of application of the regulation, and not the regulation itself, which are not suitable to be heard by this Sala through a process of unconstitutionality, in accordance with the provisions of article 73 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional: “Article 73. The acción de inconstitucionalidad shall apply: a) Against laws and other general provisions, even those originating from acts of private subjects, that infringe, by action or omission, any constitutional norm or principle. b) Against subjective acts of public authorities, when they infringe, by action or omission, any constitutional norm or principle, if they are not susceptible to hábeas corpus or amparo remedies. (…)” (the underlining does not correspond to the original). By reason of the foregoing, the Sala must summarily reject the action, as is hereby ordered.\n\nII.- ON THE LACK OF STANDING. Moreover, this Sala observes that the petitioner states that he bases his standing to file this action on article 75, second paragraph, of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, regarding the defense of a diffuse interest “(…) derived from his obligation as a citizen to resort to this honorable Constitutional Court in search of the protection of the constitutional principles both for myself and for third parties in this case THOUSANDS OF STUDENTS OF THE NATIONAL PUBLIC (sic) EDUCATIONAL SYSTEM who in many cases, due to their young age or their limitation (sic) of access to technology and even due to their geographic location, have limitations for coming to this court in search of protecting and safeguarding their rights” (filing brief). However, this Constitutional Court has only recognized the direct standing of the Patronato Nacional de la Infancia to appear, via an acción de inconstitucionalidad, in defense of the interests of minors. Thus, in judgment no. 2012-000895 of 2:30 PM on January 25, 2012, the following was ordered:\n\n“(…) II.- On the non-compliance with the admissibility requirements in this acción de constitucionalidad. The petitioner comes to the constitutional jurisdiction alleging that his standing rests in exercising an action where the best interest of the child prevails, which in his view allows him to appear directly in an acción de inconstitucionalidad dispensing with the admissibility requirements established in article 75 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, citing in support of his thesis the judgment of this Sala number 2007-13583. In this regard, the petitioner must be informed that although the cited judgment refers to the possibility of directly filing an acción de inconstitucionalidad when the best interest of the child is at issue, the truth is that the same judgment is clear in indicating that this is possible when the petitioner has a legitimate interest on which to act; in the case resolved in said judgment, it involved an acción de inconstitucionalidad filed by a member of the Board of Directors of the Patronato Nacional de la Infancia, who clearly did have at that moment a legitimate interest regarding the powers of the Patronato which she estimated were being conferred unconstitutionally upon another body of the Executive Branch. The Sala expressly resolved in the cited judgment 2007-13583 that: ³We see then how, although our Constitución Política attributes the protection of childhood only to the State, international human rights protection instruments extend that duty of protection to society in general. In this line of analysis, since the protection of childhood and adolescence is an obligation-duty incumbent upon the State and society in general, any person with a legitimate interest in the defense of those rights is entitled to claim against the violation of a right that harms, directly or indirectly, children. That constitutional violation translates, in the case of the acción de inconstitucionalidad, into the possibility of challenging norms or acts not susceptible to amparo, as well as omissions. The relevance of the issue therefore justifies accepting a broader standing in order to guarantee the supremacy of the Constitution's law, so as to allow citizens to oversee in a more direct and effective manner the action or omission of the State, especially in the case of a sector as vulnerable as childhood. In the specific case, the petitioner estimates that the challenged norms curtail constitutional powers attributed exclusively to the Patronato Nacional de la Infancia, which indirectly affects the effective and timely protection of the rights of children and adolescents. Since Costa Rica is a Social State of Law, since the State has the constitutional obligation to support and protect certain groups among which are children and adolescents, and since the Patronato Nacional de la Infancia constitutes the competent constitutional entity to materialize that protection, the Court recognizes and admits the existence of a direct standing to act in the defense of its rights.´ (emphasis added) In such manner, it is clear that to accept the thesis of standing that allows direct action, it must necessarily be assessed whether the petitioner possesses a legitimate interest, which, in the specific case, the Sala estimates is not accredited. Note that the petitioner limits himself to citing the referred judgment as the jurisprudential precedent that allows the filing of this new action, without explaining in what or where the legitimate interest he might have for its filing resides, for at no moment does he indicate that the exercise of any related constitutional right has been restricted or limited to him, nor the interest that could link him to a person directly affected by the challenged norm. Although in the heading of the filing brief the petitioner indicates that he files the action on behalf of four minors, he does not provide any document accrediting that representation, nor does he explain or mention to what extent these minors are affected by the norms he intends to challenge. This same circumstance prevents this acción de inconstitucionalidad from being assessed as a reasonable means for amparo of the constitutional right that is estimated to be infringed. Additionally, under these arguments, it must be concluded that this acción de inconstitucionalidad is far from complying with the other filing requirements established in article 75 of the Law on the matter, given that it omits to indicate the existence of a prior matter, nor is the certification of the libel or memorial where the unconstitutionality could have been alleged within that prior matter provided, the filing brief lacks the necessary authentication and the corresponding fiscal requirements ±stamps-. Although the petitioner seeks to apply the exemption established in article 106 of the Código de la Niñez y Adolescencia, it must be indicated that such exemption from fiscal species is provided for cases where judicial actions are filed by minors or by their representatives, and as has been indicated, the petitioner fails to provide any document accrediting being a representative of any minor, for which reason the requirement necessarily subsists that the acción de inconstitucionalidad be presented through a duly authenticated brief where compliance with the fiscal requirements is properly recorded. The conjunction of all these factors determines that the present action must be rejected for failing to comply with the legally established admissibility requirements, without it being feasible, taking into consideration the accumulation thereof, to allow for curing its compliance. (…)”. (the underlining does not correspond to the original).\n\nAlthough, in the specific case, the actor alleges that “(…) this sala has pronounced on and (sic) defended the protection of the so-called diffuse interests of the STUDENTS NATIONWIDE (…)” and cites the judgment of the Sala Constitucional No. 2008-8262 of 2:47 PM on May 14, 2008, the truth is that in that jurisprudential precedent, as in the aforementioned judgment, the petitioner brought action in his capacity as representative of the Patronato Nacional de la Infancia, an entity that has the constitutional mandate to protect and defend the rights of minors (article 55 of the Constitución Política). Therefore, based on the aforementioned considerations, in this Sala’s view, the petitioner lacks standing to file this action directly, inasmuch as he does not substantiate in what manner he holds the representation of the minors whose interests are supposedly affected by the application of the directive challenged here; on the contrary, he merely indicates that he comes before this Constitutional Court in his capacity as a Costa Rican citizen and in a personal capacity, which would entail admitting a kind of popular action not contemplated by the Ley de la Jurisdicción Constitucional. Consequently, it is also appropriate to declare this action inadmissible for lack of standing, as is hereby ordered.\n\nIII.- CONCLUSION. By reason of the foregoing, this action is summarily rejected. Judge Rueda Leal provides separate reasons.\n\nIV.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE EXPEDIENTE. Parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, informatic, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be collected from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not collected within this period shall be destroyed, according to the provisions of the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,” approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.\n\nPOR TANTO:\n\nThis action is summarily rejected. Judge Rueda Leal provides separate reasons.\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\nMarta E. Esquivel R.\n\nMauricio Chacón J.\n\nExp: 21-018200-0007-CO\n\nRes. No. 2021022419\n\nSEPARATE REASONS OF JUDGE RUEDA LEAL. Diffuse interests are those whose ownership belongs to a community of people that is not formally organized, but whose union arises from a social need, a physical characteristic, ethnic origin, a personal or ideological orientation, the consumption of a certain product, etc. The interest, in these cases, is diffused or diluted among an unidentified plurality of subjects; in this sense, in light of paragraph 2 of section 75 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, a constitutional challenge based on this type of interest must inexorably refer to that plurality, in the terms set forth. This Sala has enumerated various constitutional assets and rights in relation to which a diffuse interest can be argued, for example, a healthy and ecologically balanced environment, cultural heritage, the territorial integrity of the country, the proper management of public spending, consumer rights, among others.\n\nIn this regard, the following clarifications must be made. On the one hand, the mentioned assets and rights transcend the individual or corporate sphere, because they concern a generality; thus, environmental damage does not solely affect the neighbors of a region, but rather harms or seriously endangers the right to a healthy and ecologically balanced environment of the entire country, even, depending on its scale, of humanity as such. Similarly, the defense of the proper management made of public funds authorized in the National Budget reflects an interest of all the inhabitants of Costa Rica, not just a specific group.\n\nThe distinction is not simple; nevertheless, a balance must certainly be sought, so that diffuse interests in the sense expressed find constitutional protection, without extending the concept so far that through this route a popular action is configured in the various constitutionality proceedings, with the exception of what is provided in article 105 of the Ley de Biodiversidad. For these purposes, the constitutional judge must assess case by case, in order to define whether the interest in a given matter is of such a degree of transcendence and whether the alleged problem diffuses its damages with such coverage as to justify that one is facing an interest that concerns the community at large.\n\nRegarding the foregoing, it must be noted that the mere fact that a challenged norm or directive, when it is the object of an acción de constitucionalidad proceeding, is susceptible to individual application and directly affects the legal sphere of singular and identifiable persons, does not mean that a diffuse interest is ruled out, since there are situations in which a private interest coexists alongside the latter. For example, consider a provision that exempted a work on a structure declared cultural heritage from preservation requirements; in such a matter, that measure would affect diffuse interests, since its pernicious consequences would dissipate throughout an entire community, which does not prevent that, simultaneously, an individual, an assiduous visitor to such site, could be personally harmed and could file a claim. Ergo, the existence of a diffuse interest does not exclude the possibility that a subject may experience harm to their private interests, even of greater depth than the generality of people. A fortiori, an application of the pro actione principle also leads to interpreting the norms in a manner favorable to the protection of fundamental rights and the safeguarding of constitutional supremacy. Consequently, standing based on diffuse interests is appropriate regardless of whether the challenged provision or act was susceptible to individual application. In the case at hand, however, I do not observe the existence of any of the diffuse interests developed by jurisprudence, and, for that reason, I reject such standing.\n\nPaul Rueda L.\n\nEXPEDIENTE No. 21-018200-0007-CO\n\nPhones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. E-mail: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. south of the Iglesia del Perpetuo Socorro). Reception of matters for vulnerable groups: Corte Suprema de Justicia Building, San José, Catedral District, González Lahmann Neighborhood, streets 19 and 21, avenues 8 and 6\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-09-2026 04:22:32."
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