{ "id": "nexus-sen-1-0007-1074034", "citation": "Res. 03914-2022 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Suspensión de acción contra Reglamento de Quemas Agrícolas por prematuridad e identidad de objeto", "title_en": "Suspension of challenge to Agricultural Burning Regulation on prematurity and lis pendens", "summary_es": "La Sala Constitucional conoció una acción de inconstitucionalidad contra varios artículos del Reglamento para Quemas Agrícolas Controladas (Decreto Ejecutivo 35368-MAG-S-MINAE), presentada por un abogado que alegaba tanto interés difuso como la existencia de un asunto base. La Sala rechazó la vía incidental porque el recurso de casación invocado como asunto previo aún no había sido admitido, lo que hacía prematura la acción. Sin embargo, reconoció legitimación por defensa de intereses difusos. Dado que ya existía otra acción contra el mismo reglamento (expediente 21-017328-0007-CO) más avanzada, la Sala ordenó suspender el trámite hasta que se resuelva aquella, conforme al artículo 84 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Se aclara que la mera interposición de la acción no suspende la vigencia ni aplicación general del reglamento, sino únicamente los actos finales de aplicación en procesos concretos. La decisión incluye una nota separada que distingue entre impugnaciones de fondo y aquellas contra normas que limitan el acceso a recursos, a efectos de admisibilidad en casación.", "summary_en": "The Constitutional Chamber addressed a constitutional challenge against several articles of the Regulation for Controlled Agricultural Burning (Executive Decree 35368-MAG-S-MINAE), filed by a lawyer claiming both diffuse interest standing and a pending underlying case. The Chamber rejected the incidental route because the cassation appeal invoked as the prior matter had not yet been admitted, making the action premature. However, it recognized standing based on the defense of diffuse interests. Since another action against the same regulation (case 21-017328-0007-CO) was already further along, the Chamber ordered the suspension of proceedings until that first action is resolved, in accordance with Article 84 of the Constitutional Jurisdiction Law. It clarified that the mere filing of the action does not suspend the regulation's effectiveness or general application, but only final application acts in specific proceedings. The ruling includes a separate note distinguishing challenges to substantive law from those against norms that limit access to remedies, for purposes of admissibility at the cassation stage.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "16/02/2022", "year": "2022", "topic_ids": [], "primary_topic_id": null, "es_concept_hints": [ "acción de inconstitucionalidad", "intereses difusos", "quemas controladas", "recurso de casación", "medida cautelar", "suspensión de trámite", "control concreto", "Ley de la Jurisdicción Constitucional" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 75", "law": "Ley de la Jurisdicción Constitucional" }, { "article": "Art. 84", "law": "Ley de la Jurisdicción Constitucional" }, { "article": "Art. 50", "law": "Constitución Política" } ], "keywords_es": [ "acción de inconstitucionalidad", "quemas controladas", "caña de azúcar", "contaminación del aire", "intereses difusos", "Decreto 35368", "Puntarenas", "manglar", "salud pública", "evaluación de impacto ambiental" ], "keywords_en": [ "constitutional challenge", "controlled burns", "sugarcane", "air pollution", "diffuse interests", "Decree 35368", "Puntarenas", "mangrove", "public health", "environmental impact assessment" ], "excerpt_es": "Se admite la legitimación de la parte accionante, únicamente, con sustento en el párrafo segundo del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Se suspende la tramitación de esta acción hasta tanto no sea resuelta la que bajo expediente nro. 21-017328-0007-CO se tramita ante esta Sala.", "excerpt_en": "The standing of the plaintiff is admitted, solely based on the second paragraph of Article 75 of the Constitutional Jurisdiction Law. The processing of this action is suspended until the action being processed before this Chamber under case number 21-017328-0007-CO is resolved.", "outcome": { "label_en": "Proceedings suspended", "label_es": "Trámite suspendido", "summary_en": "Standing admitted only on diffuse interest grounds; incidental route declared inadmissible; proceedings suspended pending resolution of prior action 21-017328-0007-CO.", "summary_es": "Se admitió legitimación solo por interés difuso, se declaró inadmisible la vía incidental y se ordenó suspender el trámite hasta resolver la acción previa 21-017328-0007-CO." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando IV", "quote_en": "the filing of a constitutional challenge does not suspend the general effectiveness and applicability of the norms.", "quote_es": "la interposición de una acción de inconstitucionalidad no suspende la eficacia y aplicabilidad en general de las normas." }, { "context": "Considerando II", "quote_en": "when standing in a constitutional action derives from Article 75, first paragraph, of the Constitutional Jurisdiction Law – that is, from the existence of a prior matter pending resolution – it is necessary to analyze whether what is decided in the action will have a direct and decisive influence on the main matter.", "quote_es": "cuando la legitimación en una acción de inconstitucionalidad deriva del artículo 75, párrafo 1o., de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, es decir, de la existencia de un asunto previo pendiente de resolución, es preciso analizar si lo que se resuelva en la acción tendrá influencia directa y decisiva en el asunto principal." }, { "context": "Considerando IV", "quote_en": "in cases of direct action (as in the present action), the suspensive effect of the filing does not apply.", "quote_es": "en los casos de acción directa (como ocurre en la presente acción), no opera el efecto suspensivo de la interposición" } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1074034", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [], "sentencias_relacionadas": [], "temas_y_subtemas": [], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 03914 - 2022\n\nFecha de la Resolución: 16 de Febrero del 2022 a las 09:30\n\nExpediente: 21-026386-0007-CO\n\nRedactado por: Fernando Castillo Víquez\n\nClase de asunto: Acción de inconstitucionalidad\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp: 21-026386-0007-CO\n\nRes. Nº 2022003914\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del dieciseis de febrero de dos mil veintidos .\n\nAcción de inconstitucionalidad promovida por Álvaro Enrique Moreno Gómez, mayor, divorciado, abogado y notario, vecino de Puntarenas, portador de la cédula de identidad número 6-0137-0555, contra los artículos 2, 4, 10 y 12 del Reglamento para Quemas Agrícolas Controladas, Decreto Ejecutivo nro. 35368-MAG-S-MINAE.\n\n Resultando:\n\n1.- Por escrito recibido en esta Sala el 28 de diciembre de 2021, se solicita que se declaren inconstitucionales los artículos 2, 4, 10 y 12 del Reglamento para Quemas Agrícolas Controladas, Decreto Ejecutivo nro. 35368-MAG-S-MINAE. Señala, el accionante, que el artículo 2 establece: “Artículo 2º-Ámbito de aplicación. Estas disposiciones reglamentarias se aplicarán en todo el territorio nacional y se refieren a los trámites que deben realizar las personas físicas o jurídicas que pretenden obtener el Permiso de Quema Controlada en terrenos agrícolas” (el destacado no corresponde al original). Considera que este artículo es omiso, permisivo, incompleto e inconstitucional, porque violenta el artículo 11 de la Constitución y el derecho público. Pone en peligro el derecho consagrado en los artículos 21 y 50 de la Constitución Política de tener derecho a la salud y a un ambiente sano, libre y equilibrado, ya que está redactado de tal forma que omite disposiciones contrarias a la ley y a la prohibición expresa del artículo 5 de la Ley nro. 121 de Cercas Divisorias y Quemas del 22 de octubre de 1909, vigente en Costa Rica, que prohíbe expresamente hacer quemazones en los campos, dejando como única excepción para autorizar quemazones o quemas controladas: “solo cuando se trate de desmontes para habilitar terrenos de fines agrícolas”.  Indica que la Ley de Cercas Divisorias y Quemas especifica que las quemas no son para fines tan amplios o indefinidos como lo permite en forma libertina el artículo 2 del cuestionado decreto, sino que son de uso restringido. Si bien es cierto que el artículo 24 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos permite practicar quemas en terrenos de aptitud agrícola, lo cierto es que esta norma no permite la utilización del fuego para cosechar caña de azúcar ni es excluyente o contradictoria de la norma 5 de la Ley de Cercas Divisorias y Quemas, sino, más bien, ambas forman un complemento, en el tanto que se permiten las quemas y el uso del fuego -no son prohibidas-, pero solo para  preparar un terreno para la siembra, no para cosechar caña de azúcar durante la zafra. Además, dicen que se deben respetar y observar las indicaciones del MAG y lo que dispone para el efecto la Ley Orgánica del Ambiente y el Código Penal. En este sentido, el citado artículo 5 de la Ley de Cercas Divisorias y Quemas establece: “Artículo 5°.- Queda prohibido hacer quemazones en los campos. Sin embargo, podrán hacerse previo permiso de la autoridad política local, que lo concederá sólo cuando se trate de desmontes para habilitar terrenos con fines agrícolas y siempre que se observen las disposiciones de los artículos 1°, 3° y 4° de la ley de 20 de junio de 1854, y además las siguientes:  a)- Exigir las garantías y precauciones convenientes para evitar mayor destrucción que la que se pretende y todo perjuicio de terceros; b)- Notificación personal o por medio de cédula de la autoridad todos los colindantes o interesados, del día y hora a que deba darse el fuego, hecha con anticipación de dos días por lo menos. No se permitirá dar fuego en los campos a menos de cuatrocientos metros sobre los manantiales que nazcan en los cerros. Tampoco se autorizará el fuego de los campos situados a menos de doscientos metros de radio de los manantiales que nazcan en terrenos planos. En todo caso, el que hiciere quemazones debe pagar los daños y perjuicios que a causa del fuego se ocasionen. Se presume autor de la quemazón el propietario, poseedor o arrendatario del terreno que en la época del fuego estaba preparado para ese objeto. Toda persona tiene derecho de denunciar la infracción de las disposiciones de este artículo, y la autoridad, oyendo al dueño del fundo, puede suspender provisoriamente la autorización concedida. El que infringiere lo dispuesto en este artículo sufrirá la pena de cincuenta a cien colones de multa, aunque no mediare dolo, que, si lo hubiere, se estará a lo que dispone el Código Penal” (el destacado no corresponde al original). Por otro lado, la Ley Orgánica del Ambiente remite el artículo 24 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelo, que también tiene lineamientos preventivos en sus artículos 1, 2, 6, 17, 18, 19, 21, 23, 24 , 49, 59, 60, 61, 62 y 67, que no chocan ni colisionan con la norma 5  de la Ley nro. 121, anteriormente citada, pero que en ninguna de ellas se aprueba el uso de fuego para cosechar caña de azúcar ni permite, ni siquiera en forma controlada, contaminar de humo el ambiente al realizar esa actividad no reglamentada ni autorizada. Es evidente, entonces, que el Decreto nro. 35368-MAG-S-MINAE, Reglamento para Quemas Agrícolas Controladas, debe ajustarse a la normativa anteriormente citada y no lo hace. No se ajusta al artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente. El citado decreto, en su fundamentación jurídica y en su artículo 2, excluye solapadamente la prohibición expresa y explícita del artículo 5 de la Ley nro. 121 ya citada, que no autoriza el uso del fuego para cosechar caña de azúcar y prohíbe las quemazones en general, pero hace una sola salvedad con un fin específico: solo para “desmontes”, que equivale a quitar monte o maleza con fuego en terrenos para preparar esos terrenos para sembrar. No se vale que por decreto –si la ley no lo autoriza– permitir solapadamente y en forma discrecional a la administración del MAG autorizar la quemazón de terrenos y la utilización de fuego dirigido para la cosechar de caña de azúcar en los sembradíos de los ingenios o en los terrenos sembrados de caña de azúcar aledaños, si la ley no lo autoriza. Además, si el artículo 24 de la Ley de Usos, Manejo y Conservación de Suelos no exige expresamente la obligatoriedad de la evaluación de impacto ambiental en su letra para practicar quemas en terrenos de aptitud agrícola, al remitir dicho artículo en su párrafo final a lo que dispone para el efecto la Ley Orgánica del Ambiente, esta última sí exige tal obligatoriedad en el artículo 17. No es comprensible, entonces, que estas quemazones extrañamente autorizadas para cosechar caña de azúcar que dañan la fauna y el ambiente contaminan el aire y atentan contra la salud de las personas y, en este caso, de los puntarenenses, cuando la ley dice que para su autorización se requiere de una evaluación de impacto ambiental y que solo se pueden permitir “para desmontes para habilitar terrenos de fines agrícolas”. Sea, las autorizaciones para las quemazones dirigidas para cosechar caña de azúcar están en contra de lo que dice la Ley.  La norma solo sería constitucionalmente aceptable si se le adicionara al final de la misma lo indicado en la ley, en el sentido: “cuando se trate de desmontes para habilitar terrenos de fines agrícolas”.  Así lo pide adicionar a la Sala Constitucional al resolver este asunto, ya que, de lo contrario, seguirá siendo el artículo 2 de dicho decreto una norma permisiva que promueve violentar la ley por omisión. Por su parte, el artículo 4º establece: “Permiso de quema. Para realizar quemas controladas en terrenos agrícolas, es necesario contar con la autorización escrita otorgada por la dependencia local o regional que resulte competente del Ministerio de Agricultura y Ganadería-MAG.” Acusa que la norma no hace indicación de los permisos o mecanismos de prevención necesarios del SINAC o del MINAE o del Ministerio de Salud que exige la Ley Orgánica del Ambiente y la Ley General de Salud, que deben estar incluidos per se para autorizar quemas controladas, aunque sea solo para “desmontes”, para que no dañen la fauna, el ambiente, las zonas protegidas ni la salud de las personas. Tampoco se exige la aplicación del artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente. Considera que este artículo violenta el derecho a la salud de la población como un bien de interés público tutelado de previo por el Estado y a un ambiente  sano y equilibrado, ya que el Decreto Ejecutivo nro. 35368-MAG-S-MINAE está aprobado y firmado por los jerarcas del Ministerio de Agricultura y Ganadería, del Ministerio de Salud y del MINAE; sin embargo, la normativa que se cuestiona, autoriza al MAG en solitario a otorgar permisos  de quemas, sin participación preventiva  y vinculante del Ministerio de Salud y del MINAE, denegando groseramente con ello el respeto y la aplicación del derecho constitucional a la salud  y al  medio ambiente que tiene la ciudadanía y a la necesaria evaluación de impacto ambiental. El artículo 10 establece: “Resolución. Presentados los requisitos de manera completa o subsanados los defectos, el Ministerio de Agricultura y Ganadería deberá resolver la solicitud de Permiso de Quema en un plazo máximo de treinta (30) días calendario” (el destacado no corresponde al original). Considera que este artículo también está hecho a la medida para otorgar siempre el permiso de quemazón, ya que otorga un plazo máximo de solo 30 días calendario al MAG para resolver la solicitud privada de quemas. Ni siquiera se otorgan 30 días hábiles. Situación que antepone el interés privado sobre el interés público. El artículo 12 establece: “Consulta al SINAC. De previo al otorgamiento del permiso de quemas en terrenos de vocación agrícola, cuyos lotes por quemar se encuentren ubicados contiguo a reservas forestales, zonas protectoras, parques nacionales, reservas biológicas, refugios de vida silvestre, humedales y monumentos nacionales, la oficina del MAG deberá solicitar a la oficina del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) donde se ubica el inmueble, que emita su criterio técnico en el plazo de diez días naturales, según el procedimiento establecido en el Anexo 3. Audiencia MAG-SINAC/MINAE. En caso de que el SINAC emita el criterio técnico negativo, el MAG estará obligado a acatarlo. Obtenido el referido criterio, la oficina regional o subregional del MAG concederá o denegará la solicitud de permiso, indicando, de ser necesario, las recomendaciones técnicas que deban respetarse. En caso de que el SINAC no se pronuncie en el plazo establecido, el MAG deberá proceder a otorgar o denegar el permiso sin ese criterio técnico. De conformidad con el artículo 4 de la Ley Nº 7575 del 13 de febrero de 1996 y sus reformas, Ley Forestal, los funcionarios públicos que incumplan los plazos antes señalados se expondrán a las sanciones dispuestas en las leyes”(el destacado no corresponde al original). Considera que la norma carece de fundamentación técnica. No hay ninguna ley que autorice expresamente las quemazones para cosechar caña solo para desmontes. Alega infracción al principio de improcedencia del silencio positivo ambiental.  Estima que este artículo violenta el principio precautorio y de legalidad, ya que las normas autorizan a desmontar o preparar terrenos para sembrar, sea, limpiar la maleza, no a otorgar permisos de quemas para cosechar caña. Además, la frase “[e]n caso de que el SINAC no se pronuncie en el plazo establecido, el MAG deberá proceder a otorgar o denegar el permiso sin ese criterio técnico”, es contraria al artículo 50 de la Constitución Política y al principio de improcedencia del silencio positivo ambiental. El plazo de 10 días naturales para que el SINAC emita un criterio técnico está hecho a la medida para que no se cumpla en ese plazo de días naturales y no sea necesario ese criterio, el cual casi sería imposible obtenerlo en el plazo otorgado. El castigo en caso de que el SINAC no se pronuncie en el plazo establecido de 10 días naturales, como lógicamente muy pocas veces podrá hacerlo por el escaso tiempo o plazo que se le otorga para realizar el estudio, es que se otorgue el permiso;  entonces, al no poder cumplirse el plazo, el decreto autoriza al MAG a proceder discrecionalmente como si fuera un asunto de silencio  positivo administrativo y no de interés público ambiental, a pesar de la lógica indica que no se debe otorgar ningún permiso para quemazones controladas, sin ese criterio técnico que debe ser obligatorio, porque es un asunto de interés público ambiental  y no una simple autorización administrativa En este sentido, la norma también es omisa y permisiva, al no exigir un criterio técnico y previo del Ministerio de Salud. Por otro lado, en la motivación y fundamento jurídico del Decreto Ejecutivo nro. 35368-MAG-S -MINAE se invocan los artículos 140 inciso 3, 18 , 50 y 146 de la Constitución Política, como otros artículos de la Ley General  de la Administración Pública, Ley de Uso, Manejo y Conservación  de Suelos, Ley de Fomento a la Producción Agropecuaria FODEA, Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura  y Ganadería, Ley General de Salud,  Ley Orgánica del Ministerio de Salud, Ley Orgánica del Ambiente, Ley General de Caminos  Públicos, Ley Forestal y su reformas, Decreto nro. 13850-MAG-SP y Decreto nro. 29375-MAG-MINAE-S-H , pero en ninguna de esas normas o leyes que se describen se menciona el artículo 5 de la Ley nro. 121 de Cercas Divisorias y Quemas,  ni se determina una permisibilidad expresa para autorizar con base en los principios del  derecho público, para autorizar  quemazones en terrenos  para cosechar la caña de azúcar. La cosecha de caña de azúcar en muchos lugares se hace en verde, ya sea en forma mecanizada o a machete, con tal de evitar la contaminación atmosférica provocado por las grandes cantidades de humo iniciadas por las quemazones, que sobrepasan los límites permisibles que los artículos 60, 61, 62 y 63 de la Ley Orgánica del Ambiente tutelan. Alegan que los artículos y párrafos indicados como inconstitucionales del Reglamento para Quemas Agrícolas Controlada, Decreto nro. 35368-MAG-S-MINAE,  el cual fue publicado en La Gaceta el 6 de mayo del 2009, violan y se oponen a los derechos y principios constitucionales y de los derechos humanos, consagrados en los artículos 11, 21 y 50 de la Constitución Política y normas de convenios internacionales como Protocolo de Kioto, párrafo tercero del artículo 3 del Convenio Marco sobre el Cambio Climático,  compromisos internacionales sobre el carbono neutral  y  la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Solicita que se declaren ineficaces e inconstitucionales las normas impugnadas del citado decreto porque omiten solapadamente indicar y señalar en ellas las disposiciones de prohibiciones obligatorias de no autorizar quemazones que no sean para desmontes y para preparar la siembra en terrenos con aptitud agrícola indicadas en los artículo 5 de la Ley nro. 121 de Cercas Divisorias del 22 de octubre de 1909 y  24 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, así como las normas citadas de la Ley Orgánica del Ambiente, al dejar abierto con su omisión que se otorguen permisos de quemas controladas para actividades no autorizadas y prohibidas legalmente por ley en forma expresa,  como lo son las actividades de la  zafra o de la cosecha de la caña, que es una quemazón prohibida donde se quema la plantación para cosecharla, en lugar de utilizar maquinaria especializada o mano de obra (corta en verde) para cosechar la fruta. Las normas impugnadas de este decreto han sido redactadas y aprobadas de tal forma que permiten de una forma discrecional, omisa, no controlada y oscura a funcionarios del MAG el otorgar permisos de quemas controladas para cualquier propósito y, en este caso, para la zafra de la caña, lo cual está expresamente prohibido; sin embargo, por su redacción genérica omisiva e ilegal, le permite al MAG aunque sea contraria a la ley y a la Constitución,  otorgar permisos de quemas en actividades no autorizadas por una ley. El decreto citado permite otorgar al MAG permisos de quemazones para cosechar caña de azúcar en cientos de hectáreas en tierras aledañas al Ingenio El Palmar en Aranjuez de Puntarenas, contiguo a los manglares afectando la fauna, el medio ambiente y la salud de los puntarenenses. Desde hace muchos años el Estado, a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería y su regional en Esparza de Puntarenas, ha estado autorizando al Ingenio El Palmar  (Agrícola El Palmar SA) y a diferentes finqueros propietarios de cañales en la zona contigua a los manglares  de Puntarenas, como de la ZMT de la zona norte del estero de Puntarenas con base en el decreto nro. 35368-MAG-S-MINAET,  para que puedan realizar grandes quemazones, pero no para desmontes, como autoriza la ley, ni para preparar la tierra para sembrar, sino para que puedan cosechar de una forma más barata  extensas plantaciones de la caña de azúcar para luego trasladarla al Ingenio El Palmar para su procesamiento industrial, las cuales por la contaminación del humo y el calor que producen superan los  límites racionalmente permitidos tanto para el ambiente, para la fauna y los seres humanos, y que atentan todos los años contra los intereses difusos de la población de Puntarenas. A pesar de que dicho decreto general está firmado además del MAG por los Ministerios de Salud y del MINAET, supuestamente para proteger de forma preventiva la salud y el medio ambiente, el permiso para la quema se otorga de una forma solapada y solo lo autoriza según el criterio técnico de un solo funcionario del MAG de Esparza con vigencia de 90 a 180 días y con solo llenar un simple formulario, sin exigir una evaluación de impacto ambiental, o tomar en cuenta las condiciones geográficas y cercanías con zonas contiguas la Zona Marítima Terrestre, las condiciones del viento alisio en los meses de diciembre a marzo cuando se lleva a cabo la zafra y que por su cercanía con la ciudad  de Puntarenas contamina de humo y de ceniza toda la ciudad, sin consultar a las dos entidades de salud y ambiente que son las llamadas a tutelar el derecho a la salud y el medio ambiente de los puntarenenses. Bajo esa grosera permisibilidad omisiva se han venido otorgando a través de los años ilegalmente permisos de quemazones para cosechar caña, en zonas contiguas a la Zona Marítima Terrestre (ZMT) y manglares al norte del estero de Puntarenas y sus humedales, como las zonas protectoras y cuencas del río Aranjuez provocando delitos penales ambientales encubiertos y causando un gran daño ambiental en forma irreparable. A pesar de las disposiciones expresas de protección de la Ley de Salud, el Estado también en forma negligente, omisa y contraria de derecho, no le otorgó en dicho decreto ninguna participación para otorgar los permisos, ni para la supervisión o la potestad de prevención y suspensión previa al Ministerio de Salud para proteger la salud de los habitantes en este caso de la ciudad de Puntarenas. Los permisos de quemazones que se han autorizado para cosechar caña de azúcar durante la influencia de los vientos alisios (viento del norte) del verano, que soplan fuertemente desde los cañales en llamas con dirección de norte a sur, provocan que todo el humo llegue a la ciudad de Puntarenas. Durante todas las mañanas que dura la zafra  la ciudad esté llena de humo tóxico y de la plumilla negra que pulula en el ambiente. Durante el resto del día, la personas respiran el aire contaminado y todos los edificios públicos y privados amanecen llenos del hollín, afectando con ello el medio ambiente, el ornato y la salud de todos los puntarenense, causando a su vez daños y perjuicios a cada uno de sus habitantes y  provocando que las quemas hayan secado gran parte del manglar del estero de Puntarenas matando gran parte de su fauna, a la vista y paciencia de las autoridades ambientales, de salud y municipales, que no hacen nada por  impedirlo. Muchas personas viven en la ciudad de Puntarenas en la zona afectada por el humo negro de las quemas. Respiran el humo y el hollín todas las noches, madrugas y mañanas que dura la zafra y obviamente se  está dañando su salud.  Finalmente, solicita que se dicte una medida cautelar. Señala que el artículo 22 del citado decreto nro. 35368-MAG-SMINAE establece lo siguiente: “Si como consecuencia de la quema controlada se genera un riesgo inminente y notorio para la salud y seguridad de la población inmediata o al ambiente, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, así como el Ministerio de Ambiente y Energía, en forma coordinada o separadamente, podrán suspender temporal o definitivamente la quema, levantando el acta que justifique los motivos por los cuales se ordenó la suspensión...”.   Sin embargo, a pesar de lo anterior y del daño público, evidente y manifiesto que causan las quemas por la cosecha de caña de azúcar en la población ciudadana de la ciudad de Puntarenas, ni el Ministerio de Salud, ni el Ministerio de Agricultura y Ganadería, ni el Ministerio de Ambiente y Energía, ni la Municipalidad de Puntarenas  han realizado alguna acción previa ni provisional para suspender las quemas de la cosecha de caña de azúcar, a pesar de la contaminación del aire  que se respirama es evidentemente público y manifiesto.    Reitera que la normativa cuestionada no tutela para la ciudad de Puntarenas el mandato constitucional de protección precautoria del medio ambiente ni de la salud de las personas, ni cumple con las disposiciones de los artículos 1, 2, 3, 4, 5,  6, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 24 de participación ciudadana, evaluación de impacto  ambiental y garantías necesarias en concordancia con los artículos  59, 60, inciso d), 61, 62 y 63 con respeto a la contaminación, todos de la Ley Orgánica del Ambiente. Solicita, como medida precautoria para la protección del manglar y  del medio ambiente, para prevenir la contaminación atmosférica y la salud de todos los puntarenenses, y por razones de legalidad y de humanidad, que se suspendan provisionalmente todos los permisos dados por el MAG para realizar las quemazones de la cosecha de caña de azúcar de la zafra 2021-2022 en la zona del norte de Puntarenas y alrededores del Ingenio El Palmar otorgados  por el MAG, hasta tanto no se cuente con una evaluación necesaria de impacto ambiental, tal y como lo exige la Ley Orgánica del Ambiente en sus artículos 17, 59, 60, inciso d), 61, 62 y 63 y la Ley General de Salud.  Todos los permisos deben contar con una autorización expresa del Ministerio de Salud  y del MINAE (SINAC), que garanticen que los bienes jurídicos y derechos de los puntarenenses tutelados por la constitución y la ley a respirar un aire limpio y sin contaminantes, no se están viendo vulnerados y afectados por esta complaciente autorización genérica de permisos de quemas dirigido en forma inequívoca para cosechar caña de azúcar, que deben ser suspendidos de inmediato, ya que es evidente que contaminan el aire, destruyen la fauna y el ambiente,   causan  daños y perjuicios en la salud y bienes de los ciudadanos de Puntarenas. Asevera que la medida que se pide se ajusta al principio de proporcionalidad, a la ponderación de intereses y es necesaria. En cuanto al fondo, reitera que las normas inobservadas son los artículos 11, 21 y 50 de la Constitución Política. Solicita se acoja la presente acción.\n\n2.- A efectos de sustentar su legitimación para formular la presente acción de inconstitucionalidad, el accionante indica que se acciona en defensa de los intereses difusos de la comunidad puntarenense, dada la situación que está ocurriendo en la ciudad de Puntarenas, por culpa de las quemazones en extensas plantaciones de caña de azúcar, que está dañando y contaminando el ambiente y la salud de la población en general. También indica que, como abogado, representa a varios ciudadanos desde el año 2019, cuando iniciaron acciones contra el decreto 35368-MAG-S-MINAE ante los tribunales de lo contencioso administrativo, con las numeraciones 19-002777-1027-CA, 19002776-1027-CA, 19-002530-1027-CA, 20-001362-1027-CA, 20-001358-1027-CA, 20-001361-1027CA, 20-001364-1027-CA, 20-001367-1027-CA, 20-001369-1027-CA, 20-001725-1027-CA y 20001726-1027-CA, que se acumularon todos al primer expediente. Señala que se negó su reproche por una supuesta caducidad de la defensa. En estos procesos incoaron en forma somera la inconstitucionalidad del citado decreto. Actualmente, se encuentran en espera de resolución del recurso de casación presentado contra la sentencia de caducidad, ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Por lo que acude ante esta Sala Constitucional en representación de los intereses difusos y particulares.  \n\n3.- Por resolución de las 11:48 horas del 7 de enero de 2022, se previno al accionante que, dado que “invoca, expresamente, como parte del sustento de su legitimación para interponer la presente acción, la existencia de un asunto base que se tramita ante la jurisdicción contenciosa-administrativa, que deberá: a) aclarar cuál es el estado procesal en que se encuentra tal asunto base y aportar prueba documental que sustente su dicho; en particular, deberá aclarar si el recurso de casación al que se hace referencia en el escrito de interposición ya fue formalmente admitido; b) aportar certificación literal del escrito en el que se invocó -de previo a la interposición de esta acción- la inconstitucionalidad de la normativa impugnada en el respectivo asunto base; y c) aportar el poder que lo habilita para interponer la presente acción en representación de las partes en tal asunto base”. Asimismo, se le previno que agregara y cancelara el respectivo timbre del Colegio de Abogados, correspondiente a la autenticación del escrito inicial.\n\n4.- Mediante escrito asociado a este expediente el 13 de enero de 2022, el accionante señala que el estado procesal en que se encuentran los asuntos base de esta acción es en la etapa de admisibilidad del recurso de casación interpuesto contra la sentencia de caducidad número 499-2021 de las 14:35 horas del 20 de abril de 2021, emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, de varios expedientes acumulados al número  19-002777-1027-CA. Indica, además, que los escritos presentados sobre la nulidad del decreto y asunto base, se basan sobre la totalidad del decreto  impugnado y, en este asunto, solo se invocan la normas que se consideran inconstitucionales de dicho decreto.\n\n5.- Por oficio del 14 de enero de 2022, se solicitó a la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia la “remisión a esta Sala -a la mayor brevedad-, de una CONSTANCIA referente al estado procesal del recurso de casación y, concretamente, si ya fue admitido para estudio, interpuesto en expediente 19-002777-1027-CA de Irlanda Espinoza Araya y otros contra El Estado”.\n\n6.- Mediante constancia extendida por el secretario de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia el 18 de enero de 2022, asociada a este expediente ese mismo día, se informa que “al realizar la consulta en el sistema informático de esta oficina, por el número de expediente 19-002777-1027-CA, se encuentra un recurso de casación, interpuesto dentro del proceso de CONOCIMIENTO, establecido por IRLANDA ESPINOZA ARAYA, y los procesos acumulados 19-002776-1027-CA, interpuesto por GERARDO ACUÑA FERNÁNDEZ, 19-002530-1027-CA, interpuesto por ÁLVARO ENRIQUE MORENO GÓMEZ, 20-001364-1027-CA, interpuesto por CHRISTIAN CAMPOS LOSTALO, 20-001358-1027-CA, interpuesto por ÁLVARO ENRIQUE MORENO GÓMEZ, 20-001726-1027CA, interpuesto por RAMONA MARCELA CHÉVEZ CHÉVEZ, 20-001369-1027-CA, interpuesto por RAMÓN IVÁN HERNÁNDEZ CHAVARRIA, 20-001725-1027-CA, interpuesto por JENNIFER MARCELA CAMPOS CHEVEZ, 20-001367-1027-CA, interpuesto por JORGE DIDIER AGUILAR QUIRÓS, contra El ESTADO, participa como coadyuvante pasivo AGRÍCOLA EL PALMAR S.A. Se hace constar que únicamente se encuentra un recurso de casación presentado por el apoderado especial judicial de las partes actoras, contra la resolución número 499-2021, de las catorce horas treinta y cinco minutos del veinte de abril del dos mil veintiuno, dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José, que el presente recurso se encuentra en etapa de elaborar proyecto de admisión. Es todo.”\n\n7.- Mediante escrito recibido en esta Sala, a las 14:43 horas del 21 de enero de 2022, el accionante indica que aporta video y fotos como evidencia de lo que ocurre en la ciudad de Puntarenas todos los días después que se realizan quemas autorizadas para cosechar caña al norte de la ciudad. También se aportan fotos de cómo queda y se destruye el manglar después de las quemas. Indica que con tal prueba se podrá observar esa plumilla negra que cae sobre toda la ciudad y afecta la salud de todos los puntarenenses y el medio ambiente, así como que cada día se reduce más el manglar. Lo anterior, a efectos de legitimar y justificar la representación de intereses difusos.\n\n8.- Ante esta Sala pende la acción de inconstitucionalidad número 21-017328-0007, en la que se impugna la misma normativa que es objeto de cuestionamiento en el sub examine (se impugna el Reglamento para Quemas Agrícolas Controladas, Decreto Ejecutivo n.° 35368-MAG-S-MINAE del 6 de mayo de 2009). En aquella, la primera publicación del aviso a que se refiere el artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se realizó en el Boletín Judicial No. 188 del 30 de setiembre de 2021.\n\n9.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.\n\nRedacta el Magistrado Castillo Víquez; y,\n\nConsiderando:\n\n I.- DEL OBJETO DE LA PRESENTE ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. En el sub judice, el accionante impugna los artículos 2, 4, 10, y 12 del Decreto Ejecutivo nro. 35368-MAG-S-MINAE, Reglamento para Quemas Agrícolas Controladas, por presunta infracción a los artículos 11, 21 y 50 de la Constitución Política. Asimismo, a efectos de sustentar su legitimación, alega dos supuestos, tanto la existencia de un asunto previo, a tenor de lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, así como la defensa de intereses difusos, conforme lo previsto en el párrafo segundo de ese mismo numeral.\n\nII.- DE LA INADMISIBILIDAD DE LA PRESENTE ACCIÓN POR LA VÍA INCIDENTAL. El numeral 75, párrafo 1°, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional presupone, para efectos de la admisibilidad de una acción de inconstitucionalidad en el supuesto del control concreto o incidental -como en el caso en estudio-, la existencia de un asunto principal pendiente de resolver, ya sea ante los tribunales –inclusive de hábeas corpus o de amparo-, o en el procedimiento para agotar la vía administrativa, en que se invoque esa inconstitucionalidad como medio razonable para amparar el derecho o interés que se considere lesionado. Este Tribunal ha indicado, al respecto, lo siguiente:\n\n “(…) El artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece como uno de los presupuestos para interponer la acción de inconstitucionalidad, la existencia de un asunto pendiente de resolver, por constituir el punto de conexión que ha de existir entre el proceso en que se aplica la norma que se reputa inconstitucional con el objeto del proceso constitucional y el fundamento que legitima la pretensión del accionante como último remedio procesal, en el ejercicio del derecho a la jurisdicción constitucional. El rigor en la legitimación para acceder a la jurisdicción constitucional, más que constituir un obstáculo para impedir el control de la constitucionalidad de las leyes, constituye el cauce del derecho de acceso a la justicia, derivado de la existencia de un \"asunto previo\" que haya motivado aquella discordancia o contradicción entre la ley y la Constitución, para mantener la función jurisdiccional -especial-, y no distorsionar la pureza del sistema de relación de los poderes constitucionales del Estado, del que es parte la Sala, porque como integrante de aquellos, no es enteramente libre e ilimitada en sus acciones. Por esta causa, es que la acción de inconstitucionalidad necesita de su existencia -del asunto previo- como medio razonable para amparar la defensa del derecho o interés que se considera lesionado. Empero, la razonabilidad de la acción de inconstitucionalidad como medio de defensa del accionante no debe analizarse solo dentro del contexto del asunto previo, sino inmersa en el marco jurídico constitucional que rige las actuaciones de esta Sala. No se trata, entonces, de una consideración particular de la inconstitucionalidad de una disposición normativa, para interponer una acción sin requerir la existencia de un asunto pendiente de resolver, sino, que es necesario que se demuestre que constituye un medio razonable de amparar el derecho o interés que se estima lesionado. (…)” (voto nro. 1319-1997 de las 14:51 horas de 4 de marzo de 1997) \n\nEn cuanto a la exigencia que la acción sea medio razonable de amparar la situación jurídica sustancial que se estima lesionada, esta Sala ha señalado que tal requisito:\n\n“(…) no hace referencia a una simple formalidad procesal, ni se trata de un detalle inocuo e intranscendente para complicar y entorpecer el control de constitucionalidad.  Se trata de una manifestación directa del principio según el cual la función jurisdiccional, de la cual forma parte sustancial y fundamental el control de constitucionalidad, se ejerce mediante la resolución de controversias reales, que encuentran remedio en una sentencia definitiva” (voto nro. 2016-002043 de las 11:46 horas del 10 de febrero de 2016).\n\nErgo, cuando la legitimación en una acción de inconstitucionalidad deriva del artículo 75, párrafo 1o., de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, es decir, de la existencia de un asunto previo pendiente de resolución, es preciso analizar si lo que se resuelva en la acción tendrá influencia directa y decisiva en el asunto principal.\n\nEs por lo anterior, que, de conformidad con los artículos 75 y 79 de la Ley que rige a esta Jurisdicción, los accionantes deben acreditar y aportar certificación literal del escrito en el que invocaron la inconstitucionalidad de las normas en el asunto base, a efecto de verificar su incidencia en tal asunto. En cuanto a los requisitos que debe cumplir el citado escrito de invocación, esta Sala ha señalado, de forma reiterada, que:\n\n“(…) si bien, en la invocatoria de inconstitucionalidad de la norma, no se exige una extensa fundamentación, lo cierto es, que sí resulta necesario que en el asunto base se invoque expresamente, la inconstitucionalidad de la norma impugnada en la acción... y se indiquen las normas constitucionales que se consideren infringidas…”. (Sentencia No. 2014-000851 de las 14:30 hrs. del 22 de enero de 2014).” (sentencia nro. 2017-007744 de las 9:15 horas del 24 de mayo de 2017).\n\nAsimismo, este Tribunal ha resuelto que la invocación de inconstitucionalidad debe efectuarse en el asunto base de previo a la interposición de la acción (véase, por ejemplo, votos nro. 2016-009868 de las 9:20 horas del 13 de julio de 2016 y nro. 2016-011291 de las 10:40 horas del 10 de agosto de 2016).\n\nEn el sub judice, ante prevención realizada a la parte accionante, a efectos que informara sobre el estado procesal del alegado asunto previo, esta reconoce que el asunto base se encuentra en fase de admisibilidad del recurso de casación. Lo que se confirma, además, con la constancia emitida por el secretario de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia el 18 de enero de 2022, asociada a este expediente ese mismo día, en que se informa que “al realizar la consulta en el sistema informático de esta oficina, por el número de expediente 19-002777-1027-CA, se encuentra un recurso de casación, interpuesto dentro del proceso de CONOCIMIENTO.... Se hace constar que ... el presente recurso se encuentra en etapa de elaborar proyecto de admisión. Es todo.” De lo que se deriva que la presente acción se interpuso de forma prematura, al tenerse por acreditado que esta se interpuso cuando el recurso de casación aún no había superado la etapa de admisibilidad. Como ha resuelto esta Sala, en casos similares, es:\n\n“(...) necesario que el recurso [de casación] supere la fase de admisibilidad, pues solo en ese caso, existiría la probabilidad de que la acción sea medio razonable de amparar el derecho que se estima lesionado. Es decir, solo en tal supuesto, sería factible que una eventual declaratoria de inconstitucionalidad de la norma, incida, directamente, en el asunto previo (ver en el mismo sentido voto 2015-002265 de las 9:05 horas del 18 de febrero de 2015). Así las cosas, la acción deviene prematura y es inadmisible.” (sentencia nro. 2016-002386 de las 9:50 horas del 17 de febrero de 2016, reiterada en la 2021-13131 de las 9:05 horas del 9 de junio de 2021).\n\nPero, además, pese a la prevención realizada por esta Sala, en el sentido que se aportara el correspondiente escrito de invocación, el accionante se limita a aportar el escrito de interposición de mencionado recurso de casación, de cuya lectura se puede verificar que este no contiene tal invocación. De la revisión de dicho escrito tan solo se puede derivar que en el asunto base se hace un cuestionamiento general respecto de la validez del Decreto Ejecutivo nro. 35368-MAG-S-MINAE, pero la parte accionante no acredita la formal invocación de inconstitucionalidad de las normas impugnadas en la presente acción de inconstitucionalidad (artículos 2, 4, 10 y 12 del Reglamento para Quemas Agrícolas Controladas), conforme lo exigen los ordinales 75 y 79 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.\n\nEn conclusión, no puede estimarse que, al momento de interponerse la presente acción, se cumplan los requisitos para estimarla como admisible, por la vía incidental, a tenor de lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.  \n\nIII.- DE LA LEGITIMACIÓN DE LA PARTE ACCIONANTE EN DEFENSA DE INTERESES DIFUSOS Y DE LA SUSPENSIÓN DE LA PRESENTE ACCIÓN INCONSTITUCIONALIDAD. En cambio, sí puede estimarse que la parte accionante esté legitimada para interponer la presente acción, pero únicamente con sustento en la defensa de intereses difusos, conforme lo previsto en el párrafo segundo del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en tanto se acciona en defensa del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y a la salud pública. Ahora bien, de conformidad con el numeral 84 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, si después de interpuesta una acción de inconstitucionalidad y antes de la publicación del aviso respectivo se presentaren otras acciones contra la misma ley, decreto, disposición, acuerdo o resolución, las segundas se acumularán a la primera y se tendrán como ampliación. También se acumularán las acciones que con ese carácter interpongan las partes de los juicios suspendidos, si fueren presentadas dentro de los quince días posteriores a la primera publicación del edicto de ley. No obstante, las acciones que se planteen después de ese plazo se dejarán en suspenso, mientras se resuelven las que hubieren sido presentadas anteriormente. En la especie, la presente acción ingresó una vez transcurrido el plazo de quince días hábiles luego de la publicación del primer aviso correspondiente a la interposición de la acción de inconstitucionalidad nro. 21-017328-0007-CO, en que se impugna el Reglamento para Quemas Agrícolas Controladas, Decreto Ejecutivo n.° 35368-MAG-S-MINAE del 6 de mayo de 2009. En consecuencia, resulta plenamente aplicable lo indicado en el citado artículo 84 in fine, debiéndose suspender el trámite hasta que se resuelva la primera acción.\n\n IV.- Por lo demás, respecto a la pretensión del accionante que se dicte una medida cautelar en el presente asunto, deberá estarse a lo ya resuelto en la referida acción de inconstitucionalidad nro. 21-017328-0007-CO, mediante resolución de las 12:11 horas del 16 de setiembre de 2021, en que se hizo expresa referencia a los efectos jurídicos de la interposición de la acción, en los siguientes términos:\n\n“Efectos jurídicos de la interposición de la acción: la publicación prevista en el numeral 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional tiene por objeto poner en conocimiento de los tribunales y los órganos que agotan la vía administrativa, que la demanda de inconstitucionalidad ha sido establecida, a efectos de que en los procesos o procedimientos en que se discuta la aplicación de la ley, decreto, disposición, acuerdo o resolución, tampoco se dicte resolución final mientras la Sala no haya hecho pronunciamiento del caso. De este precepto legal se extraen varias reglas. La primera, y quizás la más importante, es que la interposición de una acción de inconstitucionalidad no suspende la eficacia y aplicabilidad en general de las normas. La segunda, es que solo se suspenden los actos de aplicación de las normas impugnadas por las autoridades judiciales en los procesos incoados ante ellas, o por las administrativas, en los procedimientos tendientes a agotar la vía administrativa, pero no su vigencia y aplicación en general. La tercera es que –en principio-, en los casos de acción directa (como ocurre en la presente acción), no opera el efecto suspensivo de la interposición (véanse votos No. 537-91, 2019-11633, así como resoluciones dictadas en los expedientes números 2019-11022, 19-006416 y 19-015543 del Tribunal Constitucional).\n\nV.- NOTA SEPARADA DE LOS MAGISTRADOS CASTILLO VÍQUEZ y RUEDA LEAL. Resulta importante deslindar el tema de la resolución de cuestiones de admisibilidad relativas a reclamos de inconstitucionalidad relacionadas con asuntos en fase de casación y las planteadas contra exigencias específicas para el acceso a recursos y remedios procesales, de modo que los justiciables tengan claras las reglas que se aplican a sus peticiones. En primer lugar, cuando los accionantes reclaman contra normas relacionadas con el derecho de fondo aplicado para la decisión de la controversia y lo hacen cuando el caso ha llegado a casación, la Sala debe exigir que tal recurso haya sido admitido, como condición para la admisión de la acción de inconstitucionalidad, pues solo así se podría cumplir cabalmente con el requisito de que la acción resulte ser un medio razonable para la defensa de sus derechos. En segundo lugar, y a diferencia de lo anterior, en las acciones planteadas precisamente contra normas que limitan o impiden el acceso a medios de defensa (como sería el caso de condiciones formales para admisión, montos de cuantía o materias excluidas del recurso de casación o apelación por ejemplo) no tiene sentido exigir que se haya admitido un recurso que –en aplicación de la regla que se impugna- será rechazado. En tales casos, la presentación de la acción de inconstitucionalidad debe hacerse concomitantemente o bien inmediatamente después de interpuesto el recurso pero siempre antes de que éste último ha sido rechazado; de ese modo la Sala puede tener la posibilidad de proveer lo necesario para preservar el asunto base mientras se decide sobre los demás aspectos de forma y fondo de la acción planteada. Lo anterior sin embargo, admite una excepción concreta para el caso de la materia penal, pues las propias autoridades judiciales competentes en esa materia han validado, por la vía jurisprudencial, la presentación de gestiones de actividad procesal defectuosa para atacar lo validez de sus propias actuaciones dentro del reclamo de casación, según quedó claramente razonado en el voto salvado que sobre este punto concreto se emitió dentro del expediente 15-009382-0007-CO. En este caso, la parte accionante reclama contra normas relacionadas con el derecho de fondo y ofrece como asunto base un recurso de casación ya presentado, pero que no ha superado la fase de admisión al momento de interponer la acción. De ese modo, de acuerdo con lo arriba expuesto, en cuanto a la alegada legitimación por la vía incidental, la acción se interpuso de forma prematura porque mientras no se admita dicho recurso no hay certeza alguna de que lo resuelto por la Sala se constituya en medio razonable para la defensa del derecho o interés del accionante en los términos exigidos por el párrafo primero del artículo 75 de la Ley que regula esta jurisdicción. Por estas precisas razones, no puede estimarse que la presente acción sea admisible, por la vía incidental.\n\nPor tanto:\n\n Se admite la legitimación de la parte accionante, únicamente, con sustento en el párrafo segundo del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Se suspende la tramitación de esta acción hasta tanto no sea resuelta la que bajo expediente nro. 21-017328-0007-CO se tramita ante esta Sala. Los Magistrados Castillo Víquez y Rueda Leal ponen nota.\n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nFernando Cruz C.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nPaul Rueda L.\n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Araya G.\n\n\n\n\nAnamari Garro V.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Isaac Solano A.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n ATITPVR9HHS61\n\nEXPEDIENTE N° 21-026386-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 29-03-2026 08:41:22.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "**Constitutional Chamber**\n\n**Resolution No. 03914 - 2022**\n\n**Date of the Resolution:** February 16, 2022, at 09:30\n\n**Case File:** 21-026386-0007-CO\n\n**Drafted by:** Fernando Castillo Víquez\n\n**Type of Matter:** Unconstitutionality action\n\n**Analyzed by:** CONSTITUTIONAL CHAMBER\n\n**Text of the resolution**\n\nExp: 21-026386-0007-CO\n\nRes. No. 2022003914\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine thirty hours on the sixteenth of February, two thousand twenty-two.\n\nUnconstitutionality action filed by Álvaro Enrique Moreno Gómez, of legal age, divorced, attorney and notary, resident of Puntarenas, bearer of identity card number 6-0137-0555, against articles 2, 4, 10, and 12 of the Regulations for Controlled Agricultural Burns, Executive Decree No. 35368-MAG-S-MINAE.\n\n**Whereas:**\n\n1.- By written brief received by this Chamber on December 28, 2021, it is requested that articles 2, 4, 10, and 12 of the Regulations for Controlled Agricultural Burns, Executive Decree No. 35368-MAG-S-MINAE be declared unconstitutional. The plaintiff indicates that article 2 establishes: \"Article 2–Scope of application. These regulatory provisions shall apply throughout the national territory and refer to the procedures that natural or legal persons seeking to obtain a Controlled Burn Permit on agricultural land must carry out\" (emphasis not in original). Considers that this article is neglectful, permissive, incomplete, and unconstitutional because it violates article 11 of the Constitution and public law. It endangers the right enshrined in articles 21 and 50 of the Political Constitution to have the right to health and a healthy, free, and balanced environment, since it is drafted in such a way that it omits provisions contrary to law and the express prohibition of article 5 of Law No. 121 on Dividing Fences and Burns of October 22, 1909, in force in Costa Rica, which expressly prohibits setting fires in the fields, leaving as the only exception to authorize fires or controlled burns: \"only when it involves clearing land (desmontes) to enable land for agricultural purposes.\" Indicates that the Law on Dividing Fences and Burns specifies that burns are not for such broad or undefined purposes as is liberally allowed by article 2 of the challenged decree, but rather are of restricted use. While it is true that article 24 of the Law on the Use, Management, and Conservation of Soils allows practicing burns on land with agricultural suitability, the truth is that this rule does not permit the use of fire to harvest sugar cane nor is it exclusive or contradictory to rule 5 of the Law on Dividing Fences and Burns, but rather, both form a complement, insofar as burns and the use of fire are permitted - they are not prohibited - but only to prepare land for planting, not to harvest sugar cane during the harvest season. In addition, they state that the indications of the MAG and what the Organic Environmental Law and the Penal Code provide for this purpose must be respected and observed. In this regard, the cited article 5 of the Law on Dividing Fences and Burns establishes: \"Article 5.- Setting fires in the fields is prohibited. However, they may be done with prior permission from the local political authority, which shall grant it only when it involves clearing land to enable land for agricultural purposes and provided that the provisions of articles 1, 3, and 4 of the law of June 20, 1854, and additionally the following are observed: a)- To demand the appropriate guarantees and precautions to prevent greater destruction than that intended and any harm to third parties; b)- Personal notification or by means of a summons from the authority to all adjoining landowners or interested parties, of the day and hour the fire is to be set, given at least two days in advance. It shall not be permitted to set fire in the fields less than four hundred meters from springs (manantiales) that rise in the hills. Nor shall setting fire to fields situated within a two-hundred-meter radius of springs that rise on flat land be authorized. In any case, whoever sets fires must pay the damages caused by the fire. The owner, possessor, or lessee of the land that, at the time of the fire, was prepared for that purpose is presumed to be the author of the fire. Every person has the right to report the violation of the provisions of this article, and the authority, hearing the owner of the property, may provisionally suspend the authorization granted. He who violates the provisions of this article shall suffer the penalty of a fine of fifty to one hundred colones, even if there was no intent, but if there was, the provisions of the Penal Code shall apply\" (emphasis not in original). On the other hand, the Organic Environmental Law refers to article 24 of the Law on the Use, Management, and Conservation of Soil, which also has preventive guidelines in its articles 1, 2, 6, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 49, 59, 60, 61, 62, and 67, which do not clash or collide with rule 5 of Law No. 121, previously cited, but in none of them is the use of fire to harvest sugar cane approved, nor does it allow, not even in a controlled manner, to contaminate the environment with smoke by carrying out that unregulated and unauthorized activity. It is evident, then, that Decree No. 35368-MAG-S-MINAE, Regulations for Controlled Agricultural Burns, must conform to the previously cited regulations and it does not. It does not conform to article 17 of the Organic Environmental Law. The cited decree, in its legal basis and in its article 2, slyly excludes the express and explicit prohibition of article 5 of Law No. 121 already cited, which does not authorize the use of fire to harvest sugar cane and prohibits fires in general, but makes a single exception for a specific purpose: only for \"clearing land,\" which equates to removing brush or weeds with fire on land to prepare that land for planting. It is not valid that by decree –if the law does not authorize it– to slyly and discretionally permit the MAG administration to authorize the burning of land and the use of directed fire for harvesting sugar cane in the sugarcane fields of mills or on adjacent land planted with sugar cane, if the law does not authorize it. Furthermore, if article 24 of the Law on the Use, Management, and Conservation of Soils does not expressly require the mandatory environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) in its text to practice burns on land with agricultural suitability, by referring that article in its final paragraph to what the Organic Environmental Law provides for this purpose, the latter does require such mandatory assessment in article 17. It is not understandable, then, that these fires strangely authorized to harvest sugar cane that damage fauna and the environment, contaminate the air, and threaten the health of people and, in this case, the residents of Puntarenas, when the law says that their authorization requires an environmental impact assessment and that they can only be permitted \"for clearing land to enable land for agricultural purposes.\" That is, the authorizations for directed fires to harvest sugar cane are against what the Law says. The rule would only be constitutionally acceptable if what is indicated in the law were added to the end of it, in the sense: \"when it involves clearing land to enable land for agricultural purposes.\" That is how he asks the Constitutional Chamber to add it when resolving this matter, since, otherwise, article 2 of said decree will continue to be a permissive rule that promotes violating the law by omission. For its part, article 4 establishes: \"Burn permit. To carry out controlled burns on agricultural land, it is necessary to have the written authorization granted by the competent local or regional office of the Ministry of Agriculture and Livestock-MAG.\" He accuses that the rule does not indicate the necessary permits or prevention mechanisms from SINAC or MINAE or the Ministry of Health that the Organic Environmental Law and the General Health Law require, which must be included per se to authorize controlled burns, even if only for \"clearing land,\" so they do not damage fauna, the environment, protected areas, or people's health. Neither is the application of article 17 of the Organic Environmental Law required. He considers that this article violates the population's right to health as a public interest good previously protected by the State and to a healthy and balanced environment, since Executive Decree No. 35368-MAG-S-MINAE is approved and signed by the heads of the Ministry of Agriculture and Livestock, the Ministry of Health, and MINAE; however, the regulations being challenged authorize the MAG alone to grant burn permits, without the preventive and binding participation of the Ministry of Health and MINAE, thereby grossly denying respect for and the application of the constitutional right to health and the environment that the citizenry has and the necessary environmental impact assessment. Article 10 establishes: \"Resolution. Once the requirements have been submitted completely or defects have been corrected, the Ministry of Agriculture and Livestock must resolve the Burn Permit application within a maximum period of thirty (30) calendar days\" (emphasis not in original). He considers that this article is also tailor-made to always grant the burn permit, since it grants a maximum period of only 30 calendar days to the MAG to resolve the private burn application. Not even 30 business days are granted. A situation that places private interest above public interest. Article 12 establishes: \"Consultation to SINAC. Prior to granting the permit for burns on lands with agricultural suitability, whose lots to be burned are located adjacent to forest reserves, protected zones, national parks, biological reserves, wildlife refuges, wetlands, and national monuments, the MAG office must request the office of the National System of Conservation Areas (SINAC) where the property is located, to issue its technical opinion within ten calendar days, according to the procedure established in Annex 3. Hearing MAG-SINAC/MINAE. In the event that SINAC issues a negative technical opinion, the MAG shall be obliged to abide by it. Once the referred opinion is obtained, the regional or subregional MAG office shall grant or deny the permit application, indicating, if necessary, the technical recommendations that must be respected. In the event that SINAC does not respond within the established period, the MAG must proceed to grant or deny the permit without that technical opinion. In accordance with article 4 of Law No. 7575 of February 13, 1996, and its amendments, the Forestry Law (Ley Forestal), public officials who fail to comply with the aforementioned deadlines shall be subject to the sanctions provided in the laws\" (emphasis not in original). He considers that the rule lacks technical basis. There is no law that expressly authorizes fires for harvesting cane, only for clearing land. He alleges an infringement of the principle of inadmissibility of positive environmental silence. He believes that this article violates the precautionary and legality principles, since the rules authorize clearing or preparing land for planting, that is, cleaning weeds, not granting burn permits for harvesting cane. Furthermore, the phrase \"[i]n the event that SINAC does not respond within the established period, the MAG must proceed to grant or deny the permit without that technical opinion\" is contrary to article 50 of the Political Constitution and the principle of inadmissibility of positive environmental silence. The period of 10 calendar days for SINAC to issue a technical opinion is tailor-made so that it is not complied with within that period of calendar days and that opinion is not necessary, which would be almost impossible to obtain within the granted period. The penalty in the event that SINAC does not respond within the established period of 10 calendar days, as logically it will very rarely be able to do so due to the scant time or period granted to carry out the study, is that the permit is granted; therefore, as the period cannot be met, the decree authorizes the MAG to proceed discretionally as if it were a matter of positive administrative silence and not of environmental public interest, even though logic indicates that no permit for controlled burns should be granted without that technical opinion which must be mandatory, because it is a matter of environmental public interest and not a simple administrative authorization. In this sense, the rule is also neglectful and permissive, by not requiring a prior technical opinion from the Ministry of Health. On the other hand, in the motivation and legal basis of Executive Decree No. 35368-MAG-S-MINAE, articles 140 subsection 3, 18, 50, and 146 of the Political Constitution are invoked, as are other articles of the General Law of Public Administration, Law on the Use, Management, and Conservation of Soils, Law for the Promotion of Agricultural Production FODEA, Organic Law of the Ministry of Agriculture and Livestock, General Health Law, Organic Law of the Ministry of Health, Organic Environmental Law, General Law of Public Roads, Forestry Law and its amendments, Decree No. 13850-MAG-SP, and Decree No. 29375-MAG-MINAE-S-H, but in none of those rules or laws described is article 5 of Law No. 121 on Dividing Fences and Burns mentioned, nor is an express permissibility determined to authorize, based on the principles of public law, fires on land to harvest sugar cane. The harvesting of sugar cane in many places is done green, either mechanized or by machete, to avoid atmospheric pollution caused by the large amounts of smoke initiated by the fires, which exceed the permissible limits that articles 60, 61, 62, and 63 of the Organic Environmental Law protect. They allege that the articles and paragraphs indicated as unconstitutional of the Regulations for Controlled Agricultural Burns, Decree No. 35368-MAG-S-MINAE, which was published in La Gaceta on May 6, 2009, violate and oppose the constitutional rights and principles and human rights enshrined in articles 11, 21, and 50 of the Political Constitution and rules of international conventions such as the Kyoto Protocol, the third paragraph of article 3 of the Framework Convention on Climate Change, international commitments on carbon neutrality, and the American Convention on Human Rights. He requests that the challenged rules of the cited decree be declared ineffective and unconstitutional because they slyly omit indicating and pointing out the mandatory prohibition provisions of not authorizing fires that are not for clearing land and for preparing sowing on land with agricultural suitability indicated in article 5 of Law No. 121 on Dividing Fences of October 22, 1909, and 24 of the Law on the Use, Management, and Conservation of Soils, as well as the cited rules of the Organic Environmental Law, by leaving open through their omission that controlled burn permits can be granted for activities not authorized and legally prohibited by law expressly, such as the activities of the harvest season or harvesting cane, which is a prohibited fire where the plantation is burned to harvest it, instead of using specialized machinery or labor (green cutting) to harvest the fruit. The challenged rules of this decree have been drafted and approved in such a way that they allow MAG officials, in a discretionary, neglectful, uncontrolled, and obscure manner, to grant controlled burn permits for any purpose and, in this case, for the sugarcane harvest, which is expressly prohibited; however, due to their generic, neglectful, and illegal wording, they allow the MAG, even if contrary to law and the Constitution, to grant burn permits for activities not authorized by law. The cited decree allows the MAG to grant burn permits to harvest sugar cane on hundreds of hectares on lands adjacent to the El Palmar Mill in Aranjuez of Puntarenas, contiguous to the mangroves, affecting fauna, the environment, and the health of the residents of Puntarenas. For many years, the State, through the Ministry of Agriculture and Livestock and its regional office in Esparza of Puntarenas, has been authorizing El Palmar Mill (Agrícola El Palmar SA) and different farm owners of cane fields in the area contiguous to the mangroves of Puntarenas, as well as the ZMT of the northern area of the estuary of Puntarenas, based on Decree No. 35368-MAG-S-MINAET, so that they can carry out large fires, but not for clearing land, as the law authorizes, nor to prepare the land for planting, but so that they can harvest extensive plantations of sugar cane in a cheaper way for later transport to El Palmar Mill for industrial processing, which due to the smoke pollution and heat they produce exceed the reasonably permitted limits for both the environment, fauna, and human beings, and that every year threaten the diffuse interests of the population of Puntarenas. Despite the fact that said general decree is signed, in addition to the MAG, by the Ministries of Health and MINAET, supposedly to preventively protect health and the environment, the burn permit is granted in a sly manner and is only authorized according to the technical opinion of a single MAG official from Esparza, valid for 90 to 180 days and only by filling out a simple form, without requiring an environmental impact assessment, or taking into account the geographical conditions and proximity to areas contiguous to the Maritime Terrestrial Zone, the conditions of the trade winds in the months of December to March when the harvest season takes place and which, due to its proximity to the city of Puntarenas, contaminates the entire city with smoke and ash, without consulting the two health and environmental entities that are called upon to protect the right to health and the environment of the residents of Puntarenas. Under that gross, neglectful permissibility, burn permits for harvesting cane have been illegally granted over the years, in areas contiguous to the Maritime Terrestrial Zone (ZMT) and mangroves north of the estuary of Puntarenas and its wetlands, as well as the protected zones and watersheds of the Aranjuez River, provoking concealed environmental criminal offenses and causing great, irreparable environmental damage. Despite the express protection provisions of the Health Law, the State also, in a negligent, neglectful, and legally contrary manner, did not grant any participation to the Ministry of Health in said decree to grant permits, nor for supervision or the power of prior prevention and suspension to protect the health of the inhabitants, in this case of the city of Puntarenas. The burn permits that have been authorized to harvest sugar cane during the influence of the summer trade winds (north wind), which blow strongly from the burning cane fields in a north-to-south direction, cause all the smoke to reach the city of Puntarenas. During every morning that the harvest season lasts, the city is full of toxic smoke and black soot that swarms in the environment. During the rest of the day, people breathe the contaminated air and all public and private buildings dawn full of soot, thereby affecting the environment, public ornamentation, and the health of all residents of Puntarenas, in turn causing damages to each of its inhabitants and causing the burns to have dried out a large part of the mangrove of the estuary of Puntarenas, killing a large part of its fauna, in plain sight and patience of the environmental, health, and municipal authorities, who do nothing to prevent it. Many people live in the city of Puntarenas in the area affected by the black smoke from the fires. They breathe the smoke and soot every night, dawn, and morning that the harvest season lasts and obviously their health is being damaged. Finally, he requests that a precautionary measure be ordered. Points out that article 22 of the cited Decree No. 35368-MAG-SMINAE establishes the following: \"If as a consequence of the controlled burn an imminent and notorious risk to the health and safety of the immediate population or to the environment is generated, the Ministry of Health, the Ministry of Agriculture and Livestock, as well as the Ministry of Environment and Energy, in a coordinated or separate manner, may temporarily or permanently suspend the burn, drawing up the minutes justifying the reasons for which the suspension was ordered...\". However, despite the foregoing and the public, evident, and manifest damage caused by the fires for the sugar cane harvest to the citizen population of the city of Puntarenas, neither the Ministry of Health, nor the Ministry of Agriculture and Livestock, nor the Ministry of Environment and Energy, nor the Municipality of Puntarenas have taken any prior or provisional action to suspend the fires for the sugar cane harvest, despite the air pollution breathed being evidently public and manifest. He reiterates that the challenged regulations do not protect for the city of Puntarenas the constitutional mandate of precautionary protection of the environment or people's health, nor do they comply with the provisions of articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17, 18, 19, 20, 21, 22, and 24 regarding citizen participation, environmental impact assessment, and necessary guarantees in accordance with articles 59, 60, subsection d), 61, 62, and 63 regarding pollution, all of the Organic Environmental Law. He requests, as a precautionary measure for the protection of the mangrove and the environment, to prevent atmospheric pollution and protect the health of all residents of Puntarenas, and for reasons of legality and humanity, that all permits given by the MAG to carry out the fires for the 2021-2022 sugar cane harvest in the northern zone of Puntarenas and surroundings of El Palmar Mill granted by the MAG be provisionally suspended, until there is a necessary environmental impact assessment, just as the Organic Environmental Law requires in its articles 17, 59, 60, subsection d), 61, 62, and 63 and the General Health Law. All permits must have express authorization from the Ministry of Health and MINAE (SINAC), which guarantee that the legal rights and interests of the residents of Puntarenas, protected by the constitution and law, to breathe clean, pollutant-free air, are not being violated and affected by this complacent generic authorization of burn permits unequivocally directed to harvest sugar cane, which must be suspended immediately, since it is evident that they contaminate the air, destroy fauna and the environment, cause damages to the health and property of the citizens of Puntarenas. He asserts that the requested measure conforms to the principle of proportionality, the weighing of interests, and is necessary. Regarding the merits, he reiterates that the rules not observed are articles 11, 21, and 50 of the Political Constitution. He requests that this action be granted.\n\n2.- To support his standing to file this unconstitutionality action, the plaintiff indicates that he acts in defense of the diffuse interests of the community of Puntarenas, given the situation that is occurring in the city of Puntarenas, due to the fires in extensive sugar cane plantations, which is damaging and polluting the environment and the health of the general population. He also indicates that, as an attorney, he has represented several citizens since 2019, when they started actions against Decree 35368-MAG-S-MINAE before the contentious-administrative courts, with numbers 19-002777-1027-CA, 19002776-1027-CA, 19-002530-1027-CA, 20-001362-1027-CA, 20-001358-1027-CA, 20-001361-1027CA, 20-001364-1027-CA, 20-001367-1027-CA, 20-001369-1027-CA, 20-001725-1027-CA, and 20001726-1027-CA, which were all consolidated into the first case file. He points out that their challenge was denied due to an alleged expiration of the defense. In these processes, they summarily raised the unconstitutionality of the cited decree. Currently, they are awaiting resolution of the cassation appeal filed against the expiration judgment before the First Chamber of the Supreme Court of Justice. Therefore, he comes before this Constitutional Chamber in representation of the diffuse and particular interests.\n\n3.- By resolution at 11:48 hours on January 7, 2022, the plaintiff was cautioned that, given that \"he expressly invokes, as part of the support for his standing to file this action, the existence of a base matter being processed before the contentious-administrative jurisdiction, he must: a) clarify the procedural status of such base matter and provide documentary evidence supporting his claim; in particular, he must clarify whether the cassation appeal referred to in the filing brief has already been formally admitted; b) provide a literal certification of the brief in which the unconstitutionality of the challenged regulations was invoked - prior to the filing of this action - in the respective base matter; and c) provide the power of attorney that enables him to file this action on behalf of the parties in such base matter.\" Likewise, he was cautioned to attach and cancel the respective stamp of the Bar Association, corresponding to the authentication of the initial brief.\n\n4.- Through a brief associated with this case file on January 13, 2022, the plaintiff indicates that the procedural status of the base matters for this action is in the admissibility stage of the cassation appeal filed against the expiration judgment number 499-2021 at 14:35 hours on April 20, 2021, issued by the Contentious-Administrative and Civil Treasury Court, from several case files consolidated under number 19-002777-1027-CA. He also indicates that the briefs submitted regarding the nullity of the decree and the base matter are based on the entirety of the challenged decree and, in this matter, only the rules of said decree that are considered unconstitutional are invoked.\n\n5.- By official communication dated January 14, 2022, the First Chamber of the Supreme Court of Justice was requested to \"remit to this Chamber -as soon as possible-, a CERTIFICATION regarding the procedural status of the cassation appeal and, specifically, whether it has already been admitted for study, filed in case file 19-002777-1027-CA of Irlanda Espinoza Araya and others against The State.\"\n\n6.- By means of a certification issued by the clerk of the First Chamber of the Supreme Court of Justice on January 18, 2022, associated with this case file that same day, it is reported that \"upon consulting the computer system of this office, by case file number 19-002777-1027-CA, there is a cassation appeal, filed within the KNOWLEDGE process, established by IRLANDA ESPINOZA ARAYA, and the consolidated processes 19-002776-1027-CA, filed by GERARDO ACUÑA FERNÁNDEZ, 19-002530-1027-CA, filed by ÁLVARO ENRIQUE MORENO GÓMEZ, 20-001364-1027-CA, filed by CHRISTIAN CAMPOS LOSTALO, 20-001358-1027-CA, filed by ÁLVARO ENRIQUE MORENO GÓMEZ, 20-001726-1027CA, filed by RAMONA MARCELA CHÉVEZ CHÉVEZ, 20-001369-1027-CA, filed by RAMÓN IVÁN HERNÁNDEZ CHAVARRIA, 20-001725-1027-CA, filed by JENNIFER MARCELA CAMPOS CHEVEZ, 20-001367-1027-CA, filed by JORGE DIDIER AGUILAR QUIRÓS, against The STATE, with AGRÍCOLA EL PALMAR S.A. participating as a passive coadjuvant. It is certified that there is only one cassation appeal filed by the special judicial representative of the plaintiffs, against resolution number 499-2021, at fourteen hours thirty-five minutes on April twentieth, two thousand twenty-one, dictated by the Contentious-Administrative and Civil Treasury Court of the Second Judicial Circuit of San José, that this appeal is in the stage of preparing the admission draft. That is all.\"\n\n7.- By brief received in this Chamber, at 14:43 hours on January 21, 2022, the plaintiff indicates that he is providing video and photos as evidence of what happens in the city of Puntarenas every day after authorized burns to harvest cane are carried out north of the city. Photos of how the mangrove ends up and is destroyed after the burns are also provided. He indicates that with such evidence, it will be possible to observe that black soot that falls over the entire city and affects the health of all residents of Puntarenas and the environment, as well as that the mangrove is shrinking more each day. The foregoing, for the purpose of establishing standing and justifying the representation of diffuse interests.\n\n8.- Unconstitutionality action number 21-017328-0007 is pending before this Chamber, in which the same regulations that are the subject of challenge in the sub examine are impugned (the Regulations for Controlled Agricultural Burns, Executive Decree No. 35368-MAG-S-MINAE of May 6, 2009, are impugned).\n\nIn that case, the first publication of the notice referred to in article 81 of the Constitutional Jurisdiction Law was made in Judicial Bulletin No. 188 of September 30, 2021.\n\n9.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.\n\nDrafted by Judge Castillo Víquez; and,\n\nConsidering:\n\nI.— OF THE OBJECT OF THIS UNCONSTITUTIONALITY ACTION. In the sub judice, the petitioner challenges articles 2, 4, 10, and 12 of Executive Decree No. 35368-MAG-S-MINAE, Regulations for Controlled Agricultural Burning (Reglamento para Quemas Agrícolas Controladas), for alleged violation of articles 11, 21 and 50 of the Political Constitution. Likewise, for the purpose of supporting his standing (legitimación), he alleges two grounds, both the existence of a prior matter, pursuant to the provisions of the first paragraph of article 75 of the Constitutional Jurisdiction Law, as well as the defense of diffuse interests (intereses difusos), as provided in the second paragraph of that same article.\n\nII.— OF THE INADMISSIBILITY OF THIS ACTION THROUGH THE INCIDENTAL (vía incidental) ROUTE. Article 75, paragraph 1, of the Constitutional Jurisdiction Law presupposes, for purposes of the admissibility of an unconstitutionality action under the concrete or incidental control scenario—as in the case under study—, the existence of a principal matter pending resolution, whether before the courts—including habeas corpus or amparo—, or in the proceeding to exhaust the administrative channel (vía administrativa), in which that unconstitutionality is invoked as a reasonable means (medio razonable) to protect the right or interest considered injured. This Tribunal has indicated, in this regard, the following:\n\n“(…) Article 75 of the Constitutional Jurisdiction Law establishes as one of the prerequisites for filing an unconstitutionality action, the existence of a matter pending resolution, as it constitutes the connecting point that must exist between the proceeding in which the norm deemed unconstitutional is applied and the object of the constitutional proceeding, and the basis that legitimizes the petitioner's claim as the last procedural remedy, in the exercise of the right to constitutional jurisdiction. Rigor in standing (legitimación) to access the constitutional jurisdiction, rather than constituting an obstacle to impede constitutional review of laws, constitutes the channel of the right of access to justice, derived from the existence of a ‘prior matter’ (asunto previo) that has caused that discordance or contradiction between the law and the Constitution, in order to maintain the—special—jurisdictional function, and not distort the purity of the system of relations of the constitutional powers of the State, of which this Chamber is a part, because as a member thereof, it is not entirely free and unlimited in its actions. For this reason, the unconstitutionality action requires its existence—of the prior matter—as a reasonable means (medio razonable) to protect the defense of the right or interest considered injured. However, the reasonableness of the unconstitutionality action as a means of defense for the petitioner must not be analyzed solely within the context of the prior matter, but immersed in the constitutional legal framework governing the actions of this Chamber. It is not, then, a matter of a particular consideration of the unconstitutionality of a normative provision, to file an action without requiring the existence of a matter pending resolution, but rather, it is necessary to demonstrate that it constitutes a reasonable means (medio razonable) of protecting the right or interest deemed injured. (…)” (vote No. 1319-1997 of 14:51 hours of March 4, 1997)\n\nRegarding the requirement that the action be a reasonable means (medio razonable) of protecting the substantial legal situation deemed injured, this Chamber has stated that such requirement:\n\n“(…) does not refer to a simple procedural formality, nor is it an innocuous and inconsequential detail to complicate and hinder constitutional review. It is a direct manifestation of the principle according to which the jurisdictional function, of which constitutional review is a substantial and fundamental part, is exercised through the resolution of real disputes, which find remedy in a final judgment” (vote No. 2016-002043 of 11:46 hours of February 10, 2016).\n\nErgo, when standing (legitimación) in an unconstitutionality action derives from article 75, paragraph 1, of the Constitutional Jurisdiction Law, that is, from the existence of a prior matter pending resolution, it is necessary to analyze whether what is resolved in the action will have a direct and decisive influence on the principal matter.\n\nIt is for the foregoing reason that, in accordance with articles 75 and 79 of the Law governing this Jurisdiction, the petitioners must prove and provide a literal certification of the writing in which they invoked the unconstitutionality of the norms in the base matter, in order to verify its incidence in such matter. Regarding the requirements that the cited writing of invocation must fulfill, this Chamber has stated, repeatedly, that:\n\n“(…) although, in the invocation of unconstitutionality of the norm, an extensive substantiation is not required, the truth is that it is necessary that in the base matter the unconstitutionality of the norm challenged in the action be expressly invoked… and the constitutional norms considered infringed be indicated…” (Judgment No. 2014-000851 of 14:30 hrs. of January 22, 2014).” (judgment No. 2017-007744 of 9:15 hours of May 24, 2017).\n\nLikewise, this Tribunal has resolved that the invocation of unconstitutionality must be made in the base matter prior to the filing of the action (see, for example, votes No. 2016-009868 of 9:20 hours of July 13, 2016 and No. 2016-011291 of 10:40 hours of August 10, 2016).\n\nIn the sub judice, following a notice (prevención) made to the petitioner, to the effect that they inform about the procedural status of the alleged prior matter, they acknowledge that the base matter is in the admissibility phase of the cassation appeal (recurso de casación). This is further confirmed by the certification issued by the secretary of the First Chamber of the Supreme Court of Justice on January 18, 2022, added to this case file that same day, in which it is reported that “upon consulting the computer system of this office, by case file number 19-002777-1027-CA, there is a cassation appeal (recurso de casación), filed within the proceeding of COGNIZANCE (CONOCIMIENTO)…. It is hereby certified that … this appeal is in the stage of drafting an admission draft. That is all.” From which it follows that the present action was filed prematurely, it being deemed proven that it was filed when the cassation appeal had not yet passed the admissibility stage. As this Chamber has resolved, in similar cases, it is:\n\n“(...) necessary that the [cassation] appeal (recurso [de casación]) pass the admissibility phase, because only in that case would there exist the probability that the action is a reasonable means (medio razonable) of protecting the right deemed injured. That is, only in such a scenario would it be feasible that an eventual declaration of unconstitutionality of the norm directly impacts the prior matter (see in the same sense vote 2015-002265 of 9:05 hours of February 18, 2015). Thus, the action is premature and is inadmissible.” (judgment No. 2016-002386 of 9:50 hours of February 17, 2016, reiterated in 2021-13131 of 9:05 hours of June 9, 2021).\n\nBut, furthermore, despite the notice (prevención) made by this Chamber, to the effect that the corresponding writing of invocation be provided, the petitioner confines themselves to providing the filing brief of the aforementioned cassation appeal, from a reading of which it can be verified that it does not contain such invocation. From the review of said writing, it can only be inferred that in the base matter a general challenge is made regarding the validity of Executive Decree No. 35368-MAG-S-MINAE, but the petitioner does not prove the formal invocation of unconstitutionality of the norms challenged in the present unconstitutionality action (articles 2, 4, 10 and 12 of the Regulations for Controlled Agricultural Burning (Reglamento para Quemas Agrícolas Controladas)), as required by articles 75 and 79 of the Constitutional Jurisdiction Law.\n\nIn conclusion, it cannot be deemed that, at the time of filing the present action, the requirements are met to consider it admissible, through the incidental route (vía incidental), pursuant to the provisions of the first paragraph of article 75 of the Constitutional Jurisdiction Law.\n\nIII.— OF THE STANDING (LEGITIMACIÓN) OF THE PETITIONER IN DEFENSE OF DIFFUSE INTERESTS (INTERESES DIFUSOS) AND OF THE SUSPENSION OF THE PRESENT UNCONSTITUTIONALITY ACTION. On the other hand, it can be deemed that the petitioner does have standing (legitimación) to file the present action, but only based on the defense of diffuse interests (intereses difusos), as provided in the second paragraph of article 75 of the Constitutional Jurisdiction Law, insofar as they act in defense of the right to a healthy and ecologically balanced environment and to public health. Now then, in accordance with article 84 of the Constitutional Jurisdiction Law, if after an unconstitutionality action is filed and before publication of the respective notice other actions are filed against the same law, decree, provision, agreement, or resolution, the latter shall be consolidated with the first and deemed as amplification. Also consolidated shall be the actions filed in that character by the parties of suspended trials, if they are filed within fifteen days following the first publication of the legal edict. However, actions filed after that deadline shall be left in suspension (suspenso), while those that were filed previously are resolved. In this case, the present action was filed after the period of fifteen business days had elapsed following the publication of the first notice corresponding to the filing of unconstitutionality action No. 21-017328-0007-CO, in which the Regulations for Controlled Agricultural Burning (Reglamento para Quemas Agrícolas Controladas), Executive Decree No. 35368-MAG-S-MINAE of May 6, 2009, is challenged. Consequently, what is indicated in the cited article 84 in fine is fully applicable, and the proceeding must be suspended until the first action is resolved.\n\nIV.— Moreover, regarding the petitioner's claim that a precautionary measure (medida cautelar) be issued in the present matter, it shall be subject to what has already been resolved in the referred unconstitutionality action No. 21-017328-0007-CO, by means of resolution of 12:11 hours of September 16, 2021, in which express reference was made to the legal effects of filing the action, in the following terms:\n\n“Legal effects of filing the action: the publication provided for in article 81 of the Constitutional Jurisdiction Law has the purpose of informing the courts and the bodies that exhaust the administrative channel (vía administrativa) that the unconstitutionality claim has been filed, so that in the proceedings or procedures in which the application of the law, decree, provision, agreement, or resolution is discussed, no final resolution be issued either while this Chamber has not ruled on the case. From this legal precept several rules are extracted. The first, and perhaps the most important, is that the filing of an unconstitutionality action does not suspend the general effectiveness and applicability of the norms. The second is that only the acts of application of the challenged norms by the judicial authorities in the proceedings initiated before them, or by administrative authorities in the procedures aimed at exhausting the administrative channel, are suspended, but not their general validity and application. The third is that—in principle—, in cases of direct action (as occurs in the present action), the suspensive effect of the filing does not operate (see votes No. 537-91, 2019-11633, as well as resolutions issued in case files numbers 2019-11022, 19-006416 and 19-015543 of the Constitutional Tribunal).\n\nV.— SEPARATE NOTE BY JUDGES CASTILLO VÍQUEZ AND RUEDA LEAL. It is important to distinguish the issue of resolving admissibility questions related to unconstitutionality claims linked to matters in the cassation phase from those raised against specific requirements for access to procedural resources and remedies, so that the justiciable parties have clear rules that apply to their petitions. In the first place, when petitioners challenge norms related to the substantive law applied for the decision of the dispute and do so when the case has reached cassation, this Chamber must require that such appeal has been admitted, as a condition for admission of the unconstitutionality action, since only in that way could the requirement that the action be a reasonable means (medio razonable) for the defense of their rights be fully met. In the second place, and unlike the foregoing, in actions precisely raised against norms that limit or prevent access to means of defense (as would be the case of formal conditions for admission, monetary amount thresholds or matters excluded from the cassation or appeal recourse, for example) it does not make sense to require that an appeal be admitted that—in application of the rule being challenged—will be rejected. In such cases, filing the unconstitutionality action must be done concomitantly or immediately after the appeal is filed but always before the latter has been rejected; in that way this Chamber may have the possibility to provide what is necessary to preserve the base matter while deciding on the other formal and substantive aspects of the action filed. The foregoing, however, admits a concrete exception for the case of criminal matters, since the competent judicial authorities themselves in that matter have validated, through case law, the presentation of defective procedural activity (actividad procesal defectuosa) petitions to attack the validity of their own actions within the cassation claim, as was clearly reasoned in the dissenting vote (voto salvado) that on this specific point was issued within case file 15-009382-0007-CO. In this case, the petitioner challenges norms related to substantive law and offers as a base matter a cassation appeal (recurso de casación) already filed, but which had not passed the admission phase at the time of filing the action. Thus, in accordance with what is set forth above, regarding the alleged standing (legitimación) through the incidental route (vía incidental), the action was filed prematurely because while said appeal is not admitted there is no certainty whatsoever that what is resolved by this Chamber will constitute a reasonable means (medio razonable) for the defense of the right or interest of the petitioner in the terms required by the first paragraph of article 75 of the Law governing this jurisdiction. For these precise reasons, the present action cannot be deemed admissible, through the incidental route (vía incidental).\n\nTherefore:\n\nThe standing (legitimación) of the petitioner is admitted, solely, based on the second paragraph of article 75 of the Constitutional Jurisdiction Law. The processing of this action is suspended until such time as the action processed before this Chamber under case file No. 21-017328-0007-CO is resolved. Judges Castillo Víquez and Rueda Leal add a note.\n\n\n\n\n\n\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\n\n\n\n\n\nFernando Cruz C.\n\n\n\n\n\nPaul Rueda L.\n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\n\n\n\nJorge Araya G.\n\n\n\n\nAnamari Garro V.\n\n\n\n\n\nJorge Isaac Solano A.\n\n\n\nDigitally Signed Document\n\n-- Verification code --\n\n\n\n ATITPVR9HHS61\n\nCASE FILE NO. 21-026386-0007-CO\n\n\nTelephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church). Reception of matters of vulnerable groups: Supreme Court of Justice Building, San José, Catedral District, González Lahmann Neighborhood, streets 19 and 21, avenues 8 and 6\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 03-29-2026 08:41:22.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }