{ "id": "nexus-sen-1-0007-1119957", "citation": "Res. 25176-2022 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Vertido de aguas residuales en Cañas", "title_en": "Wastewater discharge in Cañas", "summary_es": "La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo presentado por un vecino del Barrio San Martín de Cañas contra la Municipalidad de Cañas, el Ministerio de Salud y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) por la contaminación de la quebrada Poza de Agua con aguas residuales y pluviales. El recurrente alega negligencia municipal al permitir vertidos sin control y la omisión del Ministerio de Salud para actuar. Tras constatar que el alcantarillado sanitario de Cañas es el único mixto a nivel nacional, que recoge aguas residuales y pluviales en una misma tubería con más de 40 años, y que las soluciones parciales son insuficientes, la Sala declara con lugar el recurso. Con base en una sentencia previa (2022-23977), ordena a los tres entes girar las órdenes para resolver de manera definitiva e integral el problema de aguas residuales del cantón, con plazo máximo de 36 meses, bajo apercibimiento de incurrir en desobediencia. Hay un voto salvado que argumenta que el caso debió remitirse a la vía de legalidad ordinaria por tratarse de omisiones de la administración ya con intervención.", "summary_en": "The Constitutional Chamber hears an amparo brought by a resident of San Martín neighborhood in Cañas against the Municipality of Cañas, the Ministry of Health, and the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (AyA) for contamination of the Poza de Agua stream with wastewater and stormwater. The petitioner alleges municipal negligence by allowing discharges without control and the Ministry of Health’s failure to act. After noting that Cañas has the only combined sewage system in the country—collecting both wastewater and rainwater in the same 40-year-old piping—and that partial solutions are insufficient, the Chamber grants the appeal. Based on a prior ruling (2022-23977), it orders the three entities to issue orders to definitively and comprehensively resolve the canton’s wastewater problem within a maximum of 36 months, under warning of disobedience. There is a dissenting opinion arguing the case should have been remitted to ordinary legality channels as the administration had already intervened.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "25/10/2022", "year": "2022", "topic_ids": [ "water-law", "procedural-environmental" ], "primary_topic_id": "water-law", "es_concept_hints": [ "amparo ambiental", "aguas residuales", "alcantarillado sanitario mixto", "orden sanitaria", "desobediencia", "voto salvado", "legitimación" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 50", "law": "Constitución Política" }, { "article": "Art. 21", "law": "Constitución Política" }, { "article": "Art. 292", "law": "Ley General de Salud" }, { "article": "Art. 83", "law": "Código Municipal" } ], "keywords_es": [ "amparo ambiental", "aguas residuales", "alcantarillado sanitario", "Quebrada Poza de Agua", "Cañas", "contaminación", "derecho a la salud", "voto salvado" ], "keywords_en": [ "environmental amparo", "wastewater", "sanitary sewer", "Poza de Agua Creek", "Cañas", "pollution", "right to health", "dissenting opinion" ], "excerpt_es": "VII. SOBRE EL CASO CONCRETO. De los informes rendidos por los representantes de la autoridad recurrida -que se tienen dados bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44, de la Ley que rige esta Jurisdicción- y la prueba aportada para la resolución del asunto, se tiene por debidamente acreditado que el alcantarillado sanitario de Cañas es el único mixto a nivel nacional; es decir, recoge tanto las aguas residuales como las aguas de lluvia en una misma tubería (alcantarillado pluvial), la cual tiene más de cuarenta años de antigüedad, situación que todas las autoridades recurridas conocen y afirman en los informes rendidos bajo juramento.\n\nAhora bien, del estudio del sub judice se determina que las autoridades recurridas han mantenido activas las diligencias del caso, tanto que en el 2019 crearon la Comisión de Aguas Residuales, conformada por el Ministerio de Salud -coordinador-, la Municipalidad de Cañas -representante local- y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados -competente en la materia, al igual que el Ministerio de Salud-, para analizar y buscar una solución a la problemática que aqueja el cantón de Cañas. Además, se comprueba que la Municipalidad de Cañas ha realizado trabajos en el sistema de aguas pluviales para mejorar su funcionamiento y así evitar el estancamiento de las aguas de lluvia y la proliferación de vectores que puedan afectar la salud, además, ha construido cabezales de alcantarillas y cunetas para encauzar las aguas de origen pluvial a su cauce natural, con el fin de que no discurran por la calle pública y no provoquen desbordamientos; el Ministerio de Salud (Área Rectora de Salud de Cañas) ha emitiendo órdenes sanitarias a los dueños de las viviendas que descargan las aguas residuales de manera indebida y ha testimoniado piezas ante el Ministerio Público ante el incumplimiento de los ciudadanos, además, el Ministerio de Salud en conjunto con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, ha recabado información sobre las comunidades prioritarias para la atención de la problemática de aguas residuales en el cantón de Cañas, la cantidad de servicios de alcantarillado sanitario conectados al sistema versus la población que no cuentan con el mismo, el estado del sistema de red de alcantarillado y la capacidad de planta o lagunas de tratamiento, entre otras actuaciones.\n\nSin embargo -tal y como se resolvió en la sentencia No. 2022-23977 de las 09:20 horas del 14 de octubre de 2022- tales acciones no han sido ni son suficientes, pues los propios accionados han informado que no es viable una solución a nivel local ni individual, pues requieren de un mega proyecto de gran complejidad técnica y presupuestaria para resolver -de manera integral- la situación objeto de este amparo.", "excerpt_en": "VII. ON THE SPECIFIC CASE. From the reports given by the representatives of the respondent authorities—given under oath with the consequences, including criminal, set forth in Article 44 of the Law governing this Jurisdiction—and the evidence provided for resolution, it is duly proven that the Cañas sanitary sewer is the only combined system nationwide; that is, it collects both wastewater and rainwater in the same piping (storm sewer), which is more than forty years old, a situation all respondent authorities know and affirm in reports given under oath.\n\nNow, from the study of the sub judice it is determined that the respondent authorities have kept the case proceedings active, so much so that in 2019 they created the Wastewater Commission, formed by the Ministry of Health—coordinator—, the Municipality of Cañas—local representative—and the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers—competent in the matter, as is the Ministry of Health—to analyze and seek a solution to the problem afflicting the canton of Cañas. In addition, it is proved that the Municipality of Cañas has carried out work on the stormwater system to improve its functioning and thus prevent rainwater ponding and the proliferation of vectors that may affect health; it has also built culvert headwalls and ditches to channel stormwater to its natural course, so that it does not run along the public street and cause flooding; the Ministry of Health (Cañas Health Area) has issued sanitary orders to homeowners improperly discharging wastewater and has filed reports with the Public Prosecutor’s Office due to citizens’ noncompliance; moreover, the Ministry of Health together with the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers has gathered information on priority communities for addressing the wastewater problem in the canton of Cañas, the number of sanitary sewer services connected to the system versus the population without them, the state of the sewer network, and the capacity of the treatment plant or lagoons, among other actions.\n\nHowever—as was resolved in judgment No. 2022-23977 of 09:20 hours on October 14, 2022—such actions have not been and are not sufficient, since the respondents themselves have informed that a local or individual solution is not viable, because they require a mega-project of great technical and budgetary complexity to resolve—in a comprehensive manner—the situation that is the object of this amparo.", "outcome": { "label_en": "Granted", "label_es": "Con lugar", "summary_en": "Ordered to definitively and comprehensively resolve the wastewater problem in the canton of Cañas, specifically in San Martín neighborhood, within a maximum of 36 months.", "summary_es": "Se ordena resolver de manera definitiva e integral el problema de aguas residuales en el cantón de Cañas, específicamente en Barrio San Martín, en un plazo máximo de 36 meses." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando VII", "quote_en": "It is important to note that the respondent authorities have the responsibility to seek, within the framework of their competencies, diligent management of processes, as well as the duty to seek a prompt and effective solution to the situation that is the object of the appeal, since it is undeniable that the reported problem could represent a threat to the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment.", "quote_es": "Resulta importante indicar que las autoridades accionadas tienen la responsabilidad de procurar, dentro del marco de sus competencias, la gestión diligente de los procesos, así como el deber de procurar una solución pronta y eficaz a la situación objeto del recurso, pues resulta innegable que la problemática denunciada podría representar una amenaza al derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado." }, { "context": "Voto Salvado", "quote_en": "The protection of a healthy and ecologically balanced environment in the Costa Rican legal system is safeguarded not only in Article 50 of the Political Constitution, but also in a series of laws and executive decrees (regulations) in force... 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ASUNTOS DE GARANTÍA\n\nTema: AMBIENTE\n\nSubtemas:\n\nAGUAS.\n\nTema: MUNICIPALIDAD\n\nSubtemas:\n\nINFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.\n\n25176-22. AMBIENTE. MUNICIPAL. SE ORDENA A LA ALCALDESA DE CAÑAS, A LA SUBGERENTE GENERAL DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS Y AL JEFE DEL ÁREA RECTORA DE SALUD DE CAÑAS, QUE GIREN LAS ÓRDENES PERTINENTES Y LLEVEN A CABO TODAS LAS ACTUACIONES QUE ESTÉN DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS PARA QUE, DENTRO DEL PLAZO NO MAYOR A TREINTA Y SEIS MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA NO. 2022-23977 DE LAS 09:20 HORAS DEL 14 DE OCTUBRE DE 2022, RESUELVA DE MANERA DEFINITIVA E INTEGRAL LA PROBLEMÁTICA QUE ENFRENTA EL CANTÓN DE CAÑAS, ESPECÍFICAMENTE EN EL BARRIO SAN MARTÍN, RESPECTO AL PROBLEMA DE AGUAS RESIDUALES. VCG11/2022\n\n “(…) I.- Objeto del recurso. La recurrente reclama la violación a sus derechos fundamentales, pues acusa que es una persona adulta mayor, vecino del Barrio San Martín de Cañas. Acota que en esa comunidad discurre parte de un cuerpo de agua que se identifica como Poza de Agua. Explica que, debido la ampliación de la Ruta Interamericana Uno, el referido pozo sufrió modificaciones en su cauce natural, específicamente en el sector Oeste. Acota que lo anterior, debido a que la Municipalidad de Cañas permitió el desfogue de las aguas pluviales, residuales y negras de las viviendas, hacia dicho cuerpo de agua. Reclama que la situación descrita, se ha dado por la negligencia de los servidores del municipio recurrido, al no ejercer el debido control y cumplimiento de la normativa que regula las condiciones urbanísticas que deben reunir las construcciones en general. Afirma que esa omisión no sólo produjo el vertido de aguas pluviales y residuales, sino también el de aguas negras en las tuberías colectoras que desembocan en el referido pozo. Asimismo, alega que el ayuntamiento, con maquinaria municipal, realizó trabajos de ampliación del cauce de la quebrada, generando el abundante estancamiento de las aguas residuales. Sostiene que el ambiente se ha tornado insalubre y fétido, como consecuencia del vertido de aguas negras, lo que estimula el hábitat ideal para el desarrollo de mosquitos y toda variedad de insectos, situación que afecta tanto al Barrio San Martín como La Unión. Reitera que la situación que actualmente viven en sus comunidades es injusta, insostenible y grave dado que deben soportar el hedor y el peligro para su salud. Arguye que el problema expuesto los obliga a buscar protección de su derecho a la salud, producto de la negligencia del ente Municipal que ha permitido el desarrollo de viviendas sin el control y la supervisión que les compete, a fin de tomar acciones para resolver la problemática aludida. Por otro lado, comenta que el Ministerio de Salud tiene conocimiento de la situación expuesta, empero no ha realizado ninguna acción para solventarla. Añade que deben estar aplicando insecticidas en sus casas constantemente, con el alto costo económico que eso implica y con la afectación que provoca.\n\nII.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:\n\n \n\na) Durante el año 2021, la Municipalidad de Cañas atendió solicitudes de parte de los vecinos de la comunidad de San Martín y Barrio Unión, para la limpieza de los alrededores de la quebrada Poza de Agua (véase el informe).\n\n \n\nb) El cuerpo de aguas que la recurrente menciona, existe desde mucho más atrás de los años setenta, dicho cuerpo de agua nace al Este del casco urbano continua atravesando el casco urbano en busca del suroeste pasando por los barrios que vienen en línea desde el Este, Oeste (Barrios La Unión y San Martin) desfogando en las fincas ubicadas al Suroeste uniéndose con la quebrada Florentina (véase el informe).\n\n \n\nc) Consta en el expediente administrativo del Ministerio de Salud la denuncia No. 59-2021, interpuesta 12 de mayo del 2021, por los vecinos de Barrio San Martín contra La Municipalidad de Cañas, donde se indica “…el día 23 de setiembre del 2020, se interpuso denuncia ante el gobierno local acerca de la situación que vivimos los vecinos de la sequía que cruza del Barrio San Martín a Barrio Las Cañas, 100m Sur del Super San Andrés las aguas se estancan en el cauce de esa quebrada, produciendo malos olores, roedores y zancudos, la misma se encuentra llena de basura y otros desechos, el agua ya no es clara, sino que es negra y de mal olor. Siendo estas nocivas para nuestra comunidad y posible trasmisora de enfermedades” (véase el informe).\n\n \n\nd) Consta respuesta a los denunciantes por parte del Ministerio de Salud, mediante el Oficio MS-DRRSCH-DARSCÑ-316-2021, de fecha 21 de julio del 2021, donde se indicó: “Que se trasladará caso a Municipalidad de Cañas para la limpieza respectiva. Al tratarse de un problema generalizado de aguas residuales en su barrio, la situación se tratará en la Comisión de Aguas Residuales de Cañas, con el fin de buscar una solución colectiva al problema…”. Además, consta correo electrónico de remisión con copia al alcalde Municipal y a la Comisión de Aguas Residuales” (véase el informe).\n\n \n\nIV.- SOBRE EL DERECHO A UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO. Debe indicarse, en primer lugar, que los derechos fundamentales a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, se encuentran reconocidos constitucionalmente (artículos 21, 50, 73 y 89, de la Constitución Política), así como a través de la normativa internacional aplicable en Costa Rica. En este sentido, en Sentencia N° 2006-005928 de las 15:00 horas del 2 de mayo del 2006, este Tribunal resolvió: “(…) El derecho a la vida reconocido en el numeral 21 de la Constitución es la piedra angular sobre la cual descansan el resto de los derechos fundamentales de los habitantes de la república. De igual forma, en ese ordinal de la carta política encuentra asidero el derecho a la salud, puesto que, la vida resulta inconcebible si no se le garantizan a la persona humana condiciones mínimas para un adecuado y armónico equilibrio psíquico, físico y ambiental. Ahora bien, la salud pública y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentran reconocidos constitucionalmente en los artículos 21, 50, 73 y 89 de la Constitución Política. Específicamente, el artículo 50 constitucional reconoce de forma expresa el derecho de todos los habitantes del país a disfrutar de un medio ambiente saludable y en perfecto equilibrio. Ese derecho es garantía fundamental para la protección de la vida y la salud pública. En apoyo de lo anterior este Tribunal ha recurrido a la utilización de la noción de “calidad ambiental” como un parámetro, precisamente, de la calidad de vida de las personas, que se conjuga con otros elementos tales como la salud, la alimentación, el trabajo y la vivienda, haciendo referencia a que toda persona tiene derecho a hacer uso del ambiente para su propio desarrollo pero no de manera ilimitada, ya que, también, existe un deber de protección y preservación del medio ambiente para las generaciones presentes y futuras –principio de desarrollo sostenible–”. Asimismo, del artículo 50, de la Constitución Política, se deriva la obligación del Estado de proteger el ambiente. Norma que establece al efecto: \"El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes\". Con lo que se corrobora que las distintas autoridades públicas tienen el deber ineludible de preservar, defender y garantizar el derecho fundamental de toda persona a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.\n\n \n\nV.- SOBRE LA COORDINACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS EN LA PROTECCIÓN INTEGRAL AL AMBIENTE. Existe una obligación para el Estado -como un todo- de tomar las medidas necesarias para proteger el ambiente, a fin de evitar grados de contaminación, deforestación, extinción de flora y fauna, uso desmedido o inadecuado de los recursos naturales, que pongan en peligro la salud de los administrados. En esta tarea, por institución pública se entiende tanto a la Administración Central -Ministerios, como el Ministerio del Ambiente y Energía y el Ministerio de Salud-, que en razón de la materia, tienen una amplia participación y responsabilidad en lo que respecta a la conservación y preservación del ambiente; los cuales actúan, la mayoría de las veces, a través de sus dependencias especializadas en la materia. Del mismo modo, en esta tarea tienen gran responsabilidad las municipalidades en lo que respecta a su jurisdicción territorial. Debido a la diversidad de actores que pueden intervenir, podría pensarse que esta múltiple responsabilidad provocaría un caos en la gestión administrativa. Por ello, a fin de evitar la coexistencia simultánea de esferas de poder de diferente origen y esencia, la duplicación de los esfuerzos nacionales y locales, así como la confusión de derechos y obligaciones entre las diversas partes involucradas, se hace necesario establecer una serie de relaciones de coordinación entre las diversas dependencias del Poder Ejecutivo y las instituciones descentralizadas, y entre éstas con las municipalidades, a fin de poder llevar a cabo las funciones que les han sido encomendadas. Esta Sala se ha referido ya al principio de coordinación de las dependencias públicas con las municipalidades en la realización de fines comunes, al señalar, mediante Sentencia N.º 5445-99, de las 14:30 horas del 14 de julio de 1999, que: \"La coordinación es la ordenación de las relaciones entre estas diversas actividades independientes, que se hace cargo de esa concurrencia en un mismo objeto o entidad, para hacerla útil a un plan público global, sin suprimir la independencia recíproca de los sujetos agentes. Como no hay una relación de jerarquía de las instituciones descentralizadas, ni del Estado mismo en relación con las municipalidades, no es posible la imposición a éstas de determinadas conductas, con lo cual surge el imprescindible «concierto» interinstitucional, en sentido estricto, en cuanto los centros autónomos e independientes de acción se ponen de acuerdo sobre ese esquema preventivo y global, en el que cada uno cumple un papel con vista en una misión confiada a los otros. Así, las relaciones de las municipalidades con los otros entes públicos, sólo pueden llevarse a cabo en un plano de igualdad, que den como resultado formas pactadas de coordinación, con exclusión de cualquier forma imperativa en detrimento de su autonomía, que permita sujetar a los entes corporativos a un esquema de coordinación sin su voluntad o contra ella; pero que sí admite la necesaria subordinación de estos entes al Estado y en interés de éste (a través de la «tutela administrativa» del Estado, y específicamente, en la función de control la legalidad que a éste compete, con potestades de vigilancia general sobre todo el sector\".\n\n \n\nVI.- EN CUANTO A LO RESUELTO EN EL EXPEDIENTE NO. 22-012991-0007-CO. Por sentencia No. 2022-23977 de las 09:20 horas del 14 de octubre de 2022, la Sala Constitucional conoció de un recurso de amparo que tuvo como objeto lo siguiente:\n\n \n\n“II.- OBJETO DEL RECURSO. La recurrente indica que en reiteradas ocasiones ha tratado de llegar a un acuerdo con la Municipalidad de Cañas debido al problema de aguas residuales que sufre el cantón de Cañas, el cual ocasiona severos daños al inmueble de su representada, al medio ambiente y al ganado de engorde que permanece en el sitio; sin embargo, reclama que ni el gobierno local ni las entidades correspondientes han resuelto la situación denunciada”.\n\n \n\nEn esa oportunidad, la Sala Constitucional -en lo que interesa- resolvió:\n\n \n\n \n\n“Ahora bien, del estudio del sub judice se determina que las autoridades recurridas han mantenido activas las diligencias del caso, tanto que en el 2019 crearon la Comisión de Aguas Residuales, conformada por el Ministerio de Salud -coordinador-, la Municipalidad de Cañas -representante local- y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados -competente en la materia, al igual que el Ministerio de Salud-, para analizar y buscar una solución a la problemática que aqueja el cantón de Cañas. Además, se comprueba que la Municipalidad de Cañas ha realizado trabajos en el sistema de aguas pluviales para mejorar su funcionamiento y así evitar el estancamiento de las aguas de lluvia y la proliferación de vectores que puedan afectar la salud, además, ha construido cabezales de alcantarillas y cunetas para encauzar las aguas de origen pluvial a su cauce natural, con el fin de que no discurran por la calle pública y no provoquen desbordamientos; el Ministerio de Salud (Área Rectora de Salud de Cañas) ha emitiendo órdenes sanitarias a los dueños de las viviendas que descargan las aguas residuales de manera indebida y ha testimoniado piezas ante el Ministerio Público ante el incumplimiento de los ciudadanos, además, el Ministerio de Salud en conjunto con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, ha recabado información sobre las comunidades prioritarias para la atención de la problemática de aguas residuales en el cantón de Cañas, la cantidad de servicios de alcantarillado sanitario conectados al sistema versus la población que no cuentan con el mismo, el estado del sistema de red de alcantarillado y la capacidad de planta o lagunas de tratamiento, entre otras actuaciones; sin embargo, tales acciones no han sido ni son suficientes, pues los propios accionados han informado que no es viable una solución a nivel local ni individual, pues requieren de un mega proyecto de gran complejidad técnica y presupuestaria para resolver -de manera integral- la situación objeto de este amparo. Aunado a los anterior, las autoridades recurridas informaron que ya plantearon la problemática ante los jerarcas del Ministerio de Salud, la Presidencia Ejecutiva Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y la Asamblea Legislativa para que tomen las decisiones respectivas de acuerdo con el proyecto de gran envergadura que se necesita, además, tanto el Ministerio de Salud como el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados han planteado una hoja de ruta en los informes rendidos a este Tribunal; sin embargo, no detallan cual es el plan oficial, la fecha próxima de inicio, la forma de ejecución y la fecha de culminación del proyecto, pues únicamente hacen referencia a posibles soluciones.\n\n \n\nResulta importante indicar que las autoridades accionadas tienen la responsabilidad de procurar, dentro del marco de sus competencias, la gestión diligente de los procesos, así como el deber de procurar una solución pronta y eficaz a la situación objeto del recurso, pues resulta innegable que la problemática denunciada podría representar una amenaza al derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En razón de lo expuesto, este Tribunal constata una lesión a los derechos fundamentales de la recurrente y de los vecinos afectados del cantón de Cañas. En consecuencia, lo procedente es declarar con lugar el recurso, como se expondrá en la parte dispositiva de esta sentencia”.\n\n \n\nEn la parte dispositiva de la sentencia se dispuso:\n\n \n\nSe declara con lugar el recurso. Se ordena a Gricelda Vargas Segura, en su condición de Alcaldesa de Cañas, a Natahali Montiel Ulloa, en su condición de Subgerente General del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y a Juan Luis Sánchez Vallejo, en su condición de Jefe del Área Rectora de Salud de Cañas, o a quienes ocupen esos cargos, que giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus respectivas competencias para que, dentro del plazo no mayor a TREINTA Y SEIS MESES, contados a partir de la notificación de esta sentencia, resuelva de manera definitiva e integral la problemática que enfrenta el cantón de Cañas (principalmente en las comunidades de Bello Horizonte, La Gran Piedra, Pedregal, así como también La Corte, Los Malinches, Barrio Chorotega, Las Palmas, El Bosquecito, San Antonio, Barrio Unión, San Martín, Las Cañas, Villa Esperanza, Miguel Araya, San Cristóbal Sur, Imas, y Barrio San Martín) respecto al problema de aguas residuales”.\n\n \n\nVII. SOBRE EL CASO CONCRETO. De los informes rendidos por los representantes de la autoridad recurrida -que se tienen dados bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44, de la Ley que rige esta Jurisdicción- y la prueba aportada para la resolución del asunto, se tiene por debidamente acreditado que el alcantarillado sanitario de Cañas es el único mixto a nivel nacional; es decir, recoge tanto las aguas residuales como las aguas de lluvia en una misma tubería (alcantarillado pluvial), la cual tiene más de cuarenta años de antigüedad, situación que todas las autoridades recurridas conocen y afirman en los informes rendidos bajo juramento.\n\n \n\nAhora bien, del estudio del sub judice se determina que las autoridades recurridas han mantenido activas las diligencias del caso, tanto que en el 2019 crearon la Comisión de Aguas Residuales, conformada por el Ministerio de Salud -coordinador-, la Municipalidad de Cañas -representante local- y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados -competente en la materia, al igual que el Ministerio de Salud-, para analizar y buscar una solución a la problemática que aqueja el cantón de Cañas. Además, se comprueba que la Municipalidad de Cañas ha realizado trabajos en el sistema de aguas pluviales para mejorar su funcionamiento y así evitar el estancamiento de las aguas de lluvia y la proliferación de vectores que puedan afectar la salud, además, ha construido cabezales de alcantarillas y cunetas para encauzar las aguas de origen pluvial a su cauce natural, con el fin de que no discurran por la calle pública y no provoquen desbordamientos; el Ministerio de Salud (Área Rectora de Salud de Cañas) ha emitiendo órdenes sanitarias a los dueños de las viviendas que descargan las aguas residuales de manera indebida y ha testimoniado piezas ante el Ministerio Público ante el incumplimiento de los ciudadanos, además, el Ministerio de Salud en conjunto con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, ha recabado información sobre las comunidades prioritarias para la atención de la problemática de aguas residuales en el cantón de Cañas, la cantidad de servicios de alcantarillado sanitario conectados al sistema versus la población que no cuentan con el mismo, el estado del sistema de red de alcantarillado y la capacidad de planta o lagunas de tratamiento, entre otras actuaciones.\n\n \n\nSin embargo -tal y como se resolvió en la sentencia No. 2022-23977 de las 09:20 horas del 14 de octubre de 2022- tales acciones no han sido ni son suficientes, pues los propios accionados han informado que no es viable una solución a nivel local ni individual, pues requieren de un mega proyecto de gran complejidad técnica y presupuestaria para resolver -de manera integral- la situación objeto de este amparo. Aunado a los anterior, las autoridades recurridas informaron que ya plantearon la problemática ante los jerarcas del Ministerio de Salud, la Presidencia Ejecutiva Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y la Asamblea Legislativa para que tomen las decisiones respectivas de acuerdo con el proyecto de gran envergadura que se necesita, además, tanto el Ministerio de Salud como el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados han planteado una hoja de ruta en los informes rendidos a este Tribunal; sin embargo, no detallan cual es el plan oficial, la fecha próxima de inicio, la forma de ejecución y la fecha de culminación del proyecto, pues únicamente hacen referencia a posibles soluciones.\n\nResulta importante indicar que las autoridades accionadas tienen la responsabilidad de procurar, dentro del marco de sus competencias, la gestión diligente de los procesos, así como el deber de procurar una solución pronta y eficaz a la situación objeto del recurso, pues resulta innegable que la problemática denunciada podría representar una amenaza al derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En razón de lo expuesto, este Tribunal constata una lesión a los derechos fundamentales de la recurrente y de los vecinos afectados del cantón de Cañas. En consecuencia, lo procedente -de conformidad con la sentencia No. 2022-23977 de las 09:20 horas del 14 de octubre de 2022- es declarar con lugar el recurso, como se expondrá en la parte dispositiva de esta sentencia. (…)”\n\n\n... Ver más\nSentencias Relacionadas\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA\n\nTema: 050- Ambiente\n\nSubtemas:\n\nNO APLICA.\n\nARTÍCULO 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA\n\n“(…) IV.- SOBRE EL DERECHO A UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO. Debe indicarse, en primer lugar, que los derechos fundamentales a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, se encuentran reconocidos constitucionalmente (artículos 21, 50, 73 y 89, de la Constitución Política), así como a través de la normativa internacional aplicable en Costa Rica. En este sentido, en Sentencia N° 2006-005928 de las 15:00 horas del 2 de mayo del 2006, este Tribunal resolvió: “(…) El derecho a la vida reconocido en el numeral 21 de la Constitución es la piedra angular sobre la cual descansan el resto de los derechos fundamentales de los habitantes de la república. De igual forma, en ese ordinal de la carta política encuentra asidero el derecho a la salud, puesto que, la vida resulta inconcebible si no se le garantizan a la persona humana condiciones mínimas para un adecuado y armónico equilibrio psíquico, físico y ambiental. Ahora bien, la salud pública y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentran reconocidos constitucionalmente en los artículos 21, 50, 73 y 89 de la Constitución Política. Específicamente, el artículo 50 constitucional reconoce de forma expresa el derecho de todos los habitantes del país a disfrutar de un medio ambiente saludable y en perfecto equilibrio. Ese derecho es garantía fundamental para la protección de la vida y la salud pública. En apoyo de lo anterior este Tribunal ha recurrido a la utilización de la noción de “calidad ambiental” como un parámetro, precisamente, de la calidad de vida de las personas, que se conjuga con otros elementos tales como la salud, la alimentación, el trabajo y la vivienda, haciendo referencia a que toda persona tiene derecho a hacer uso del ambiente para su propio desarrollo pero no de manera ilimitada, ya que, también, existe un deber de protección y preservación del medio ambiente para las generaciones presentes y futuras –principio de desarrollo sostenible–”. Asimismo, del artículo 50, de la Constitución Política, se deriva la obligación del Estado de proteger el ambiente. Norma que establece al efecto: \"El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes\". Con lo que se corrobora que las distintas autoridades públicas tienen el deber ineludible de preservar, defender y garantizar el derecho fundamental de toda persona a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. (…)” VCG11/2022\n\n... Ver más\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: 2. PRINCIPIOS CON JURISPRUDENCIA\n\nTema: Coordinación\n\nSubtemas:\n\nNO APLICA.\n\nPRINCIPIO DE COORDINACIÓN.\n\n“(…) V.- SOBRE LA COORDINACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS EN LA PROTECCIÓN INTEGRAL AL AMBIENTE. Existe una obligación para el Estado -como un todo- de tomar las medidas necesarias para proteger el ambiente, a fin de evitar grados de contaminación, deforestación, extinción de flora y fauna, uso desmedido o inadecuado de los recursos naturales, que pongan en peligro la salud de los administrados. En esta tarea, por institución pública se entiende tanto a la Administración Central -Ministerios, como el Ministerio del Ambiente y Energía y el Ministerio de Salud-, que en razón de la materia, tienen una amplia participación y responsabilidad en lo que respecta a la conservación y preservación del ambiente; los cuales actúan, la mayoría de las veces, a través de sus dependencias especializadas en la materia. Del mismo modo, en esta tarea tienen gran responsabilidad las municipalidades en lo que respecta a su jurisdicción territorial. Debido a la diversidad de actores que pueden intervenir, podría pensarse que esta múltiple responsabilidad provocaría un caos en la gestión administrativa. Por ello, a fin de evitar la coexistencia simultánea de esferas de poder de diferente origen y esencia, la duplicación de los esfuerzos nacionales y locales, así como la confusión de derechos y obligaciones entre las diversas partes involucradas, se hace necesario establecer una serie de relaciones de coordinación entre las diversas dependencias del Poder Ejecutivo y las instituciones descentralizadas, y entre éstas con las municipalidades, a fin de poder llevar a cabo las funciones que les han sido encomendadas. Esta Sala se ha referido ya al principio de coordinación de las dependencias públicas con las municipalidades en la realización de fines comunes, al señalar, mediante Sentencia N.º 5445-99, de las 14:30 horas del 14 de julio de 1999, que: \"La coordinación es la ordenación de las relaciones entre estas diversas actividades independientes, que se hace cargo de esa concurrencia en un mismo objeto o entidad, para hacerla útil a un plan público global, sin suprimir la independencia recíproca de los sujetos agentes. Como no hay una relación de jerarquía de las instituciones descentralizadas, ni del Estado mismo en relación con las municipalidades, no es posible la imposición a éstas de determinadas conductas, con lo cual surge el imprescindible «concierto» interinstitucional, en sentido estricto, en cuanto los centros autónomos e independientes de acción se ponen de acuerdo sobre ese esquema preventivo y global, en el que cada uno cumple un papel con vista en una misión confiada a los otros. Así, las relaciones de las municipalidades con los otros entes públicos, sólo pueden llevarse a cabo en un plano de igualdad, que den como resultado formas pactadas de coordinación, con exclusión de cualquier forma imperativa en detrimento de su autonomía, que permita sujetar a los entes corporativos a un esquema de coordinación sin su voluntad o contra ella; pero que sí admite la necesaria subordinación de estos entes al Estado y en interés de éste (a través de la «tutela administrativa» del Estado, y específicamente, en la función de control la legalidad que a éste compete, con potestades de vigilancia general sobre todo el sector\". (…)” VCG11/2022\n\n \n\n... Ver más\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto salvado\n\nRama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA\n\nTema: 050- Ambiente\n\nSubtemas:\n\nNO APLICA.\n\nVIII. VOTO SALVADO DE LOS MAGISTRADOS SALAZAR ALVARADO Y GARRO VARGAS, CON REDACCIÓN DEL PRIMERO. Con el debido respeto, disentimos del voto de mayoría que declara con lugar el recurso, con base en las siguientes razones:\n\nLa protección a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en el Ordenamiento Jurídico Costarricense, está tutelado no solo en el artículo 50, de la Constitución Política, sino también en una serie de leyes y decretos ejecutivos (reglamentos) vigentes, tales como la Ley Orgánica del Ambiente, Ley N° 7554 de 4 de octubre de 1995; la Ley de Biodiversidad, Ley N° 7788 de 30 de abril de 1998; la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, Ley N° 7317 de 21 de octubre de 1992; y el Decreto Ejecutivo N° 31849 de 24 de mayo de 2004, Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), para citar solo algunos. Esto hace necesario, en materia ambiental, separar el control de constitucionalidad del control de legalidad. En este sentido, es criterio de los suscritos que esta Sala, por vía de amparo, solo debe conocer un asunto en que se alega violación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, si la Administración no ha intervenido aún y cuando la violación a ese derecho sea manifiesta y evidente, de fácil constatación, de cierta importancia o gravedad y que afecte, de forma directa, a alguna persona o comunidad en concreto. De lo contrario, el tema debe plantearse y discutirse en la vía de legalidad. Por ello, el simple incumplimiento de obligaciones y deberes impuestos legalmente a las diversas administraciones públicas en materia ambiental es propio de ser conocido en la vía de legalidad –administrativa o jurisdiccional-, donde, con mucha mayor amplitud, podrán fiscalizarse los incumplimientos u omisiones que se acusen. Debe tenerse presente que el recurso de amparo es un proceso sumario, informal, sencillo y rápido, de manera tal, que desde el momento mismo en que la Administración interviene en un asunto ambiental, en ejercicio de sus competencias, y sustancia un procedimiento, con el dictado de actos administrativos, su conocimiento resulta ajeno al ámbito de acción de esta jurisdicción especializada. Por ello, la revisión de las actuaciones administrativas llevadas a cabo en torno a un tema ambiental que requiera, para su correcta valoración, de un proceso de conocimiento pleno, solo es posible en la jurisdicción ordinaria, toda vez que el diseño del proceso de amparo es incompatible con la contrastación o revisión de criterios técnicos o jurídicos elaborados al amparo de las normas legales o reglamentarias vigentes o con la evacuación de nuevos y mayores elementos de convicción necesarios para la contrastación o revisión de los criterios que ya consten en el expediente administrativo del caso. Lo contrario implicaría transformar el amparo en un proceso ordinario de pleno conocimiento, con lo cual se desnaturalizaría y se tornarían nugatorios los fines para los cuales ha sido diseñado, con lo cual, perdería su condición de instrumento para la tutela eficaz de los derechos fundamentales. Como consecuencia de lo anterior, estimamos que cuando un ente u órgano público ha intervenido, en diversas formas, o ha dictado actos administrativos en relación con un asunto ambiental, su conocimiento y fiscalización corresponde a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo. Es, precisamente, la verificación de la existencia de esa intervención administrativa lo que determina que el asunto sea competencia de la vía legalidad. En consecuencia, este recurso debió haberse rechazado de plano, ya que su objeto es una cuestión propia de ser discutida, analizada y resuelta en la vía de legalidad. Empero, como no se hizo así, lo procedente es declararlo sin lugar, sin hacer pronunciamiento alguno con respecto al fondo de la cuestión planteada por corresponderle a la jurisdicción ordinaria, en específico, a la contencioso-administrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas acusadas se ajustan o no, en sustancia, a lo preceptuado en el ordenamiento jurídico de rango legal, en cuanto a la protección, tutela y conservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.\n\nVCG11/2022\n\n... Ver más\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp: 22-009841-0007-CO\n\nRes. Nº 2022025176\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del veinticinco de octubre de dos mil veintidos .\n\n  \n\n Recurso de amparo que se tramita en expediente número 22-009841-0007-CO, interpuesto por GELVER PORRAS BRICEÑO, cédula de identidad 05-0145-1364, contra la MUNICIPALIDAD DE CAÑAS, el MINISTERIO DE SALUD y el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS.\n\nResultando\n\n \n\nPor escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 09 de mayo de 2022, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra la Municipalidad de Cañas y manifiesta que:  es una persona adulta mayor, vecino del Barrio San Martín de Cañas. Acota que en esa comunidad discurre parte de un cuerpo de agua que se identifica como Poza de Agua. Explica que, debido la ampliación de la Ruta Interamericana Uno, el referido pozo sufrió modificaciones en su cauce natural, específicamente en el sector Oeste. Acota que lo anterior, debido a que la Municipalidad de Cañas permitió el desfogue de las aguas pluviales, residuales y negras de las viviendas, hacia dicho cuerpo de agua. Reclama que la situación descrita, se ha dado por la negligencia de los servidores del municipio recurrido, al no ejercer el debido control y cumplimiento de la normativa que regula las condiciones urbanísticas que deben reunir las construcciones en general. Afirma que esa omisión no sólo produjo el vertido de aguas pluviales y residuales, sino también el de aguas negras en las tuberías colectoras que desembocan en el referido pozo. Asimismo, alega que el ayuntamiento, con maquinaria municipal, realizó trabajos de ampliación del cauce de la quebrada, generando el abundante estancamiento de las aguas residuales. Sostiene que el ambiente se ha tornado insalubre y fétido, como consecuencia del vertido de aguas negras, lo que estimula el hábitat ideal para el desarrollo de mosquitos y toda variedad de insectos, situación que afecta tanto al Barrio San Martín como La Unión. Reitera que la situación que actualmente viven en sus comunidades es injusta, insostenible y grave dado que deben soportar el hedor y el peligro para su salud. Arguye que el problema expuesto los obliga a buscar protección de su derecho a la salud, producto de la negligencia del ente Municipal que ha permitido el desarrollo de viviendas sin el control y la supervisión que les compete, a fin de tomar acciones para resolver la problemática aludida. Por otro lado, comenta que el Ministerio de Salud tiene conocimiento de la situación expuesta, empero no ha realizado ninguna acción para solventarla. Añade que deben estar aplicando insecticidas en sus casas constantemente, con el alto costo económico que eso implica y con la afectación que provoca. Por lo motivos expuestos, solicita a esta Sala que se declare con lugar el recurso con las consecuencias de ley.\nInforma bajo juramento Joselyn María Chacón Madrigal, en su condición de Ministra de Salud, quien adjunta el oficio N° MS-DRRSCH-161-2022 suscrito por el Área de Salud de Cañas, que literalmente dice lo siguiente:\n\n“PRIMERO- En relación a los hechos denunciados, consta en expediente administrativo abordaje de la Denuncia 59-2021, interpuesta 12 de mayo del 2021, por los vecinos de Barrio San Martín contra La Municipalidad de Cañas, donde se indica “…el día 23 de setiembre del 2020, se interpuso denuncia ante el gobierno local acerca de la situación que vivimos los vecinos de la sequía que cruza del Barrio San Martín a Barrio Las Cañas, 100m Sur del Super San Andrés las aguas se estancan en el cauce de esa quebrada, produciendo malos olores, roedores y zancudos, la misma se encuentra llena de basura y otros desechos, el agua ya no es clara, sino que es negra y de mal olor. Siendo estas nocivas para nuestra comunidad y posible trasmisora de enfermedades.” Por consiguiente, consta respuesta a los denunciantes, mediante el Oficio MS-DRRSCH-DARSCÑ-316-2021, de fecha 21 de julio del 2021, donde se indicó: “Que se trasladará caso a Municipalidad de Cañas para la limpieza respectiva. Al tratarse de un problema generalizado de aguas residuales en su barrio, la situación se tratará en la Comisión de Aguas Residuales de Cañas, con el fin de buscar una solución colectiva al problema…”. Además, consta correo electrónico de remisión con copia al alcalde Municipal y a la Comisión de Aguas Residuales (Folios n° 00001, 00002, 00003, expediente Barrio San Martín, aguas residuales). SEGUNDO- Asimismo, debo indicar que en fecha 05 agosto del 2021, trasladan de la Dirección General de Salud la misma denuncia, con el Oficio MS-DGS-3379-2021, consecutivo Denuncia 98-2021. En consecuencia, se resuelve mediante el Informe Técnico de Inspección MSDRRSCH- DARSCÑ-IT-0414-2021, de fecha 16 de agosto 2021, y con la notificación de la Orden Sanitaria MS-DRRSCH-DARSCÑ-317-2021, en fecha 17 de agosto del 2021. Y mediante el Oficio MS-DRRSCHDARSCÑ- 343-2021, de fecha 19 de agosto del 2021, se da respuesta a Oficio MS-DGS-3379-2021, y se traslada a la Comisión de Aguas Residuales, aunado al Oficio MS-DRRSCH-DARSCÑ-063-2022 respuesta a la Denuncia 098-2021. (Folios n° 00004, 00005, 00007, 00008, 00009, 00013, expediente Barrio San Martín, aguas residuales). Tercero- En fecha 07 de setiembre del 2021, se recibe Oficio OFC-ALC- 349-2021, emitido por el Alcalde Municipal hacia los vecinos del Barrio San Martín, donde informa sobre las acciones realizadas y programadas por la Municipalidad para resolver el problema de las aguas que escurren por la zanja del antiguo campo de aterrizaje, acciones vinculadas con la Orden Sanitaria. (Folios n° 00011, 00012 expediente Barrio San Martín, aguas residuales). Cuarto- Consta en expediente de la Comisión de Aguas Residuales de Cañas, Bitácora de Reunión de fecha 14 de octubre del 2021, donde la Municipalidad de Cañas indica que se realizará limpieza del zanjo del Barrio San Martín y se realizará análisis de seguimiento. Cabe mencionar, que la Comisión de Aguas Residuales de Cañas está conformada por la Municipalidad, el AyA y el Ministerio de Salud con el fin de abordar y coordinar de manera interinstitucional problemáticas del manejo de aguas residuales del cantón. (Folios n° 00153, 00154 expediente Comisión de Aguas Residuales de Cañas). Quinto- Además, consta en expediente de la Comisión de Aguas Residuales de Cañas, Bitácora de Reunión de fecha 24 de febrero del 2022, donde se indica que “…se recibe en primera instancia a vecinos del Barrio San Martín de Cañas, quienes exponen problemática por desfogue de aguas residuales, y sospecha de aguas negras…, lo que les genera perjuicios económicos, malos olores y problemas de salud ambiental. Se les exponen los intereses de está comisión de aguas residuales y los objetivos que tienen a corto, mediano y largo. Ellos exigen una solución inmediata a través de una intervención interinstitucional y solicitan nueva reunión para tratar el tema con la Jefatura Regional del AyA en 15 días.” (Folios n° 00157, 00158 expediente Comisión de Aguas Residuales de Cañas). Sexto- Por consiguiente, en fecha 11 de marzo del 2022 se realiza reunión con la presencia de los vecinos de Barrio San Martín y con el Lic. Eliecer Robles, director regional del AyA, cumpliendo con el acuerdo por parte de las instituciones involucradas ante los vecinos del Barrio San Martín, además se visitó en conjunto el sitio denunciado. Cabe mencionar, que el AyA expone que no se puede conectar servicios adicionales al alcantarillado sanitario existente en Cañas, porque alcanzaron el límite de capacidad de conexiones a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, y ante la falta de recursos económicos no pueden ampliarla. En dicha visita los representantes de Barrio San Martín, indican que solicitaran criterio a la dirección de aguas para que se dictamine si la quebrada afectada es de caudal permanente o no. (Folios n° 00159, 00160, 00161 expediente Comisión de Aguas Residuales de Cañas). Séptimo- En seguimiento, en fecha 26 de abril del 2022 se realiza reunión con los miembros de la Comisión de Aguas Residuales, donde el Médico de Sección de Departamento del Área Rectora de Salud Cañas, del Ministerio de Salud explica la problemática que se enfrenta al llegar a las viviendas a verificar sus condiciones tras la presencia de las denuncias. Como ministerio de salud se giran las órdenes sanitarias que corresponden, sin embargo, la solución sólo es viable cuando las personas tienen espacio para mejoras o ampliación del drenaje y en otros se imposibilita porque todo el terreno está todo construido, sin tomar en cuenta que en algunos sectores el suelo tiene poca filtración. Como propuesta se menciona realizar un documento en conjunto (como comisión de aguas residuales) con el fin de presentarlo ante la Asamblea Legislativa y exponerlo ante los Jerarcas de AyA y del Ministerio de Salud en la búsqueda de una solución colectiva; ya que soluciones individuales por las características urbanas mencionadas por el recurrente no resolverían el problema. Se necesita una ampliación del alcantarillado sanitario y mejoras en las lagunas de oxidación para ampliar los servicios. Cabe señalar que el alcantarillado sanitario de cañas es el único en el país que es mixto, recoge tanto aguas pluviales como negras y en invierno cuando llueve mucho colapsa, mezclándose estas generando malos olores. Por lo que AyA (no incluido en este amparo) debe incorporar de forma urgente en su cartera de proyectos los estudios técnicos, que permitan los diseños de un nuevo alcantarillado sanitario para Cañas, para en definitiva poder revolver este problema que si afecta no sólo barrio San Martín sino también otros barrios del cantón. De ahí la decisión de la comisión de aguas residuales de exponer el caso al más alto nivel; ya que a nivel local y regional AyA políticamente no puede priorizar un proyecto de esta envergadura y ministerio de salud girando órdenes sanitarias como soluciones individuales y multado personas, no solucionaría el problema macro, debido a que también a lo largo de los años, no ha existido la fiscalización por parte de la Municipalidad para que las construcciones se ejecuten de acuerdo a los planos presentados y para que la población no realice construcciones sin los debidos permisos como lo hemos constatado en muchas de las visitas de inspección. (Folios n° 00169, 00170, 00171, 00172 expediente Comisión de Aguas Residuales de Cañas)”.\n\nInforma bajo juramento Gricelda Vargas Segura, en su condición de Alcaldesa de Cañas, en los siguientes términos:\n\n“Esta administración municipal desde la alcaldía ha velado siempre por el desarrollo socio ambiental del cantón de Cañas en las áreas específicas de del bienestar del medio ambiente en concordancia del cuido de la salud como es el caso que nos ocupa, conociendo la problemática que vive las comunidad de ubicada al Oeste del casco urbano en los barrios de La Unión y San Martín, con el curso de la quebrada llamada “Poza de Agua” misma que inicia al sector del Este del casco urbano, atravesando con su curso natural del Este al Oeste pasando en distintos puntos por los barrios de La Unión San Martín, así mismo continua su curso natural hasta las fincas ubicadas completamente al Suroeste, siendo este su curso natural hasta unirse con la quebrada Florentina, todo dentro del cauce natural. Con el fin de mantener un ambiente sano, así como darle cumplimiento al Plan Anual Operativo Ambiental, el cual está dirigido a buscar alternativas, procesos, herramientas, ideas, proyectos que traten de mejorar y de concientizar a la población, para desarrollar acciones que no repercutan negativamente en el medio ambiente; durante el año 2021 atendieron solicitudes de parte de los vecinos de la comunidad de San Martín y Barrio Unión, para la limpieza de los alrededores de la quebrada Poza de Agua. Dentro de las competencias otorgadas por Ley máxima Constitucional, Código Municipal, leyes supletorias como la Ley General de Caminos Públicos son las municipalidades las responsables de la construcción y mantenimiento de la red vial Cantonal, siendo así en ejecución de la competencia en pro del fin público, es la Municipalidad quien procede mediante los procedimientos establecidos para la contratación pública a contratar y dar mantenimiento a la vía cantonal que se ve afectada por paso natural de la quebrada “Poza de Agua”, misma que data desde los años 70° como quebrada intermitente afectando a las propiedades privadas y caminos públicos que se encuentren en su paso o curso natural viniendo desde el Este pasando por el Oeste y continuando al Suroeste del casco urbano. De lo manifestado por el recurrente ante en relación aumento del caudal del cuerpo de aguas que discurre sobre lo que el recurrente llama “poza de agua” debido a la supuesta aprobación por parte de la Municipalidad aquí recurrida en la ampliación de la Ruta Uno. Esta administración municipal desde la alcaldía procede a dar respuesta de los extremos dichos por el recurrente, así como procedemos a  demostrar que este no lleva la razón, por cuanto el cuerpo de aguas que este menciona existe desde mucho más atrás de los años setenta, dicho cuerpo de agua nace al Este del casco urbano continua atravesando el casco urbano en busca del suroeste pasando por los barrios que vienen en línea desde el Este, Oeste (Barrios La Unión y San Martin) desfogando en las fincas ubicadas al Suroeste uniéndose con la quebrada Florentina. la hoja cartográfica de Costa Rica 067 Cañas escala 1:50000 del Instituto Geográfico Nacional (IGN) se evidencia la presencia de un cuerpo de agua, que inicia en el sector este de la ruta 1, cruza esta ruta continuando hacia el oeste, pasando por barrio San Martín y siguiendo su curso hacia el suroeste por aproximadamente 4 km hasta confluir con la Quebrada Florentina (ver detalle en imagen C-03). Consta en la información geoespacial que tiene disponible la que la Dirección de Aguas en el visor público de la plataforma SINIGIRH, que al Oeste de Barrio San Martín se ubica una quebrada sin nombre que es afluente de la Quebrada Poza de Agua. En imágenes satelitales con referencia C-1 y C-02, correspondiente a la imagen satelital de los años 2007 y 2017 respectivamente, se muestra el rastro de un cuerpo de agua. En imagen C-04, el Departamento de Catastro de la Municipalidad de Cañas, realiza un montaje de planos catastrados que colindan con la acequia que va desde la ruta 1 atravesando Barrio San Martín hasta desfogar en quebrada sin nombre afluente de quebrada poza de agua. Se adjuntan algunos planos de catastro de referencia donde se muestra la acequia, identificados en la imagen C-04 en color rojo. Del uso dispuesto por la normativa vigente para las acequias, quebradas ríos como desfogue de las aguas pluviales (competencia de las Municipalidades gestionar) se establecen las siguientes: 1- De conformidad con el artículo 121 del Reglamento de Construcciones del INVU, las aguas pluviales de las edificaciones deben descargarse a sistemas de alcantarillado pluvial, a cauces naturales o pueden ser reutilizadas, siempre que no sea para consumo humano. De manera similar, el Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones del INVU, en su artículo 42 señala “…En todo proyecto de urbanización las aguas pluviales deben ser conducidas hacia un sistema de alcantarillado pluvial, que garantice por medio de tuberías, conductos y demás obras accesorias, el vertido de las aguas de lluvia hacia lugares naturales de disposición.” Por lo que no existe un impedimento para que se realice la descarga de aguas pluviales en cauces naturales. De lo manifestado por el recurrente ante la supuesta falta de controles y cumplimiento de la normativa que regulan las condiciones urbanísticas que deben de reunir las aguas pluviales residuales en la zona oeste del Casco urbano (barrios La Unión y San Martín). Como administración activa local competente en regular y vigilar el crecimiento urbano, procedemos a demostrar que el recurrente en sus alegatos no lleva la razón, por cuanto el Departamento de Desarrollo y Control Urbano la Municipalidad, como parte del proceso para la aprobación de permisos de construcción, los funcionarios revisan en los planos constructivos que efectivamente las aguas residuales de las edificaciones se descarguen a un sistema de tratamiento (ya sea tanque séptico o planta de tratamiento), y no al sistema de alcantarillado pluvial. De igual forma, durante el proceso constructivo se realizan inspecciones de avance y en los casos en que se detecta alguna modificación se informa al Ministerio de Salud, para que proceda según sus competencias. Por otro lado, el Reglamento de Construcciones del INVU, en su artículo 118 indica que “las aguas residuales deben de ser tratadas y dispuestas en un alcantarillado sanitario, tanque séptico o un sistema de tratamiento que cumpla con lo dispuesto en el Reglamento de Aprobación de Sistemas de Tratamientos de Aguas Residuales, Decreto Ejecutivo N°39887- SMINAE y sus reformas o normativa que lo sustituya. Se prohíbe descargar las aguas residuales al sistema de alcantarillado pluviales…”. Análogamente, el decreto 42075-S-MINAE señala en su artículo 37 que “No se permite la descarga del efluente de los tanques sépticos a un cuerpo de agua, alcantarillado pluvial o cualquier otro elemento que no conduzca a un drenaje o a una unidad de tratamiento adicional antes de su descarga final. No se permiten rebalses de aguas residuales del sistema de los drenajes.” Y como estamos ante un tema que se mezcla con la responsabilidad de las competencias de otras Instituciones del Estado, es importante resaltar en el tema de las aguas residuales con el decreto 42075-S-MINAE, mismo que remarca la responsabilidad en el tema de aguas residuales al propietario y profesional responsable en su artículo 12, al indicar que “el propietario del inmueble y el profesional responsable serán corresponsables del diseño y funcionamiento del sistema de tratamiento previo y del sistema de drenajes, sea este tanque séptico o planta de tratamiento de las aguas residuales. Cualquier cambio en el diseño de la planta de tratamiento, tanque séptico o sistema de drenajes deben estar expresamente autorizados por el Ministerio de Salud antes de que se inicien los trabajos de construcción”. Informe detallado de las acciones realizadas por el Departamento de Gestión Ambiental en el mantenimiento de limpieza dentro de la quebrada “Poza de Agua” entro del sector de Barrio San Martín. 1- Durante el año 2021, se realizaron trabajos de limpieza en los alrededores y dentro de la quebrada “Poza de Agua” en el paso por el barrio San Martín, estos trabajos de limpieza es importante resaltar que fueron siempre en resguardo de la normativa vigente en lo atinente a la protección de las quebradas y ríos así como nacientes y enfocando el trabajo en la eliminación del estancamiento de aguas en el sitio (dentro de la quebrada “poza de Agua”) realizando labores de movimiento (de manera manual) de sedimentos, piedras arbustos y algunos residuos no valorizables, mismos que obstruían el paso del agua sobre todo en época del verano que hay menos caudal en la quebrada “Poza de Agua” produciendo un estancamiento de las aguas pluviales ( producto de las lluvias repentinas e intermitentes que se dan al Este en las montañas) que corren de manera natural por el cauce de la quebrada, quedando estas aguas estancadas al paso de Barrio San Martín. 2- Es importante destacar que dentro de las labores de limpieza no se tocaron taludes colindantes con propiedades que produjeran un ensanchamiento del cauce natural de la quebrada “Poza de Agua”. Informe detallado de las acciones realizadas por el Departamento de Unidad Técnica de Gestión Vial en el mantenimiento de la vía cantonal ajustado a la legislación vigente, a altura del paso de la quebrada “Poza de Agua” entro del sector de Barrio San Martín. 1. Como parte del ejercicio económico del año 2021, específicamente del presupuesto extraordinario, se destinaron recursos para la creación del proyecto denominado “Rehabilitación De Paso De Alcantarilla Existente Sobre Quebrada En Calle 22° En Barrio Unión De La Ciudad De Cañas”, en las coordenadas 10°25¨37” N 85°06¨06” W (ver Ilustración N°1 del informe OFC-DIV-049-22) 2. Posterior a la aprobación de los recursos se realizaron visitas a campo y estudios preliminares para determinar el tipo de intervención a ejecutar, observando que la problemática en el sitio se da principalmente a que la estructura existente (cabezales), de acuerdo a los niveles genera erosión en la superficie de ruedo lo cual hace que exista únicamente un carril vehicular y dado a la no existencia de un puente peatonal, las personas deben de movilizarse sobre el calle, lo cual genera peligrosidad a los usuarios. (Ver Ilustraciones N° 2 y N°3). 3. Importante mencionar que todos los trabajos se deben de construir sobre el derecho de vía y que los mismos serán para la conducción de aguas pluviales, aunque en sitio ya exista el flujo de otro tipo de aguas. (Ver Ilustraciones N° 4 y N°5 OFC-DIV-049-22). 4. Dado a la necesidad existente y con los recursos aprobados se inicia el proceso licitatorio de la obra mediante Licitación Abreviada 2021LA-00009-01 denominada Construcción de cabezales sencillos, cabezales con aletones, muretes, losas y otras obras en pasos de alcantarilla en caminos del cantón, de cual se genera la orden de Compra N°19284 y el contrato 014-2021. 5. A inicios de febrero del año 2022 se gira la orden de inicio de los trabajos, del cual se obtiene como resultado la ampliación de la calzada a 2 carriles vehiculares y adicionalmente la construcción de un puente en voladizo para dar continuidad a las aceras peatonales, garantizando la seguridad de los usuarios. Todo esto sin realizar modificaciones o alteraciones a la ya existente quebrada “Poza de Agua” así como tampoco se está recargando el canal de desfogue con más agua, siendo lo real que únicamente se están mejorando las condiciones de tránsito tanto vehicular, así como peatonal principalmente, de este punto en específico, siendo la competencia a la que esta llamada la Municipalidad. (Ver Ilustraciones N° 6 y N°7 OFC-DIV- 049-22)”.\n\nPor resolución de las 07:24 horas del 22 de agosto de 2022, la Magistrada Instructora le confirió audiencia al Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.\nInforma bajo juramento Natahali Montiel Ulloa, en su condición de Sub Gerente General del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, en los siguientes términos:\n\nPRIMERO: Con fundamento en el informe GSP-RCHO-2022-02688 de la Región Chorotega del AyA se indica:  “..En referencia a la situación técnica de servicio de recolección y tratamiento del lugar de los hechos y sectores adicionales, se indica que efectivamente no se puede conectar servicios adicionales al alcantarillado sanitario existente en Cañas, porque alcanzaron el límite de capacidad de conexiones a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y de tratamiento, y ante la dimensión del proyecto que se requiere, no se cuenta con los recursos necesarios para su formulación, diseño, ampliación o construcción, operación y mantenimiento. Que el sitio del denunciante está fuera de la cobertura actual de AyA, y lo acotado es ajeno a la competencia nuestra. La siguiente imagen muestra la ubicación de los Barrios Unión y San Martín y la red de alcantarillado sanitario…  Sobre los hechos y alegatos aportados en ambos recursos de amparo, es preciso indicar que efectivamente AyA tiene conocimiento de la problemática existente en torno a las necesidades de saneamiento de las aguas residuales generadas en varios sectores del Cantón de Cañas, que no forman parte del área de cobertura de nuestra Institución, ya que del cien por ciento de los servicios de agua potable que conforma el Sistema de Agua Potable de Cañas, sólo se tiene un 25% de cobertura en redes de agua residual. En ese sentido, AyA en ejercicio de su rol de Rectoría ha participado de diferentes sesiones de trabajo convocadas bajo la figura de la Comisión de Aguas Residuales de Cañas, donde se ha abordado los casos puntuales de los barrios que generan la problemática que aquí nos ocupa, brindado a esta comisión, en estricto ejercicio de las competencias y responsabilidades asignadas por mandato de Ley, asesoría técnica para la búsqueda de una solución definitiva para el saneamiento de las aguas residuales del Cantón de Cañas.  Es importante reiterar a la honorable Sala IV que los barrios que nos ocupan se encuentran fuera del área de cobertura de los servicios brindados por AyA, y por tanto no cuentan con el aval institucional para la solución de saneamiento elegida en los proyectos de desarrollo urbanístico que dieron origen a los Barrios Unión y San Martín, Pedregal y Bello Horizonte.  Asimismo, es necesario reiterar que, por mandato de ley AyA en los sistemas que se encuentran dentro de su área de cobertura, garantiza el servicio hasta donde legal y técnicamente le sea factible, siempre y cuando se cumpla con la totalidad de los requerimientos que se han establecido para esos efectos. Además, resulta oportuno mencionar que Costa Rica ha reconocido a nivel constitucional el derecho de contar con una vivienda digna, así como el derecho a la educación y la salud.  No obstante lo anterior, es importante que la honorable Sala Constitucional tome en cuenta que todas las condiciones de las personas que habitan en estos barrios en cuestión, y que han sido señaladas por el recurrente, no le acreditan para omitir el cumplimiento de todos los requisitos establecidos por Ley para el desarrollo de proyectos de desarrollo inmobiliario, más bien pareciera que lo que se busca es valerse de su condición y así conseguir el aval de Instituciones como las aquí involucradas, para consolidar el levantamiento de caseríos que han sido construidos, al parecer, sin la observancia de la norma constructiva costarricense, poniendo en peligro la integridad física y la salud de las personas que las habitan.  Es vital que la honorable Sala IV, considere que la Ley de Salud Pública No. 5395 dispone lo siguiente:  Artículo 308.- Sin perjuicio de las facultades de otras autoridades o entidades competentes en la materia, toda persona que se ocupe de la urbanización de terrenos y de la construcción de edificios para la vivienda, deberá cumplir las disposiciones de las normas sanitarias que sobre la materia dicte el Ministerio en resguardo de la salud de las personas.  Artículo 310.- Queda prohibida la construcción de viviendas en nuevas urbanizaciones o loteos de predios mayores cuyos servicios y sistemas sanitarios no cumplan con las disposiciones legales y reglamentos vigentes.  Artículo 311.- Las mismas reglas establecidas en los artículos anteriores, se aplicarán a la formación de nuevas ciudades o poblaciones  Artículo 313.- Toda vivienda individual, familiar o multifamiliar, deberá cumplir con los siguientes requisitos sanitarios: .(…) 8. Medios de saneamiento básico: a) Abastecimiento continuo de agua potable, en cantidad y presión suficientes, accesibles a todos los ocupantes. b) Sistemas adecuados de eliminación de excretas, de aguas negras, servidas y pluviales aprobados por la autoridad de salud. c) Artefactos sanitarios primarios mínimos.” (subrayado es propio)  Entonces, resultaría temerario para la seguridad jurídica de nuestro país, el permitir situaciones como las que aquí nos ocupa, ya que al parecer se está procurando –a través  de la figura del recurso de amparo y de la embestidura de la honorable Sala Constitucional-acreditar el acceso de servicios básicos (mediante una fuente pública o cualquier otro medio) a una finca en la que se han desarrollado viviendas o caseríos sin el debido proceso en materia constructiva, y por tanto sin cumplir los requisitos establecidos por Ley; lo cual a la postre más bien incrementa el riesgo de la salud de las personas que habitan tales viviendas, tanto desde la perspectiva de la inseguridad que representa habitar una vivienda que se levantó sin contemplar el Código Constructivo de Costa Rica, así como habilitarla sin verificar la forma en la que se disponen sus aguas residuales.  Se reitera de forma respetuosa que en caso de comprobarse que un determinado inmueble no cuenta con un sistema adecuado de disposición de sus aguas residuales por causas ajenas a la voluntad Institucional, no debería comprometer a una institución como la nuestra a ofrecer un servicio para personas que habitan sectores fuera de la cobertura de nuestros sistemas, sin que exista factibilidad técnica y legal para la prestación de los servicios. A la luz de los argumentos presentados se puede reiterar que los proyectos San Martin, La Unión, Pedregal y Bello Horizonte no cuentan con disponibilidad de recolección y tratamiento, para lo cual fueron desarrollados con otras alternativas de saneamiento reguladas por la Municipalidad a efectos de asegurar una adecuada construcción de los sistemas (disposición y tratamiento individuales), y un control conforme a la Ley General de Salud.  (…)  Para dar respuesta al caso de Barrio San Martín se requiere exponer un recuento de datos tanto histórico cómo técnico de la siguiente manera:  1. El Alcantarillado Sanitario de Cañas data de los años 60´s del siglo pasado y las lagunas de Cañas, específicamente la Laguna San Cristobal, mencionada en literatura desde el año 1958.  2. La cobertura del Alcantarillado Sanitario es una parte del distrito central de Cañas, no lo es de toda el área donde se da el servicio de agua potable. Esto significa que sólo un pequeño porcentaje de la población goza de este beneficio. (Figura No.2. Cobertura de Agua Potable, en Azul, cobertura de agua residual en amarillo, Barrio San Martín EQUIS en rojo.).  3. El Alcantarillado Sanitario, es mixto. Que significa, que tanto las aguas residuales como las aguas de lluvia; estas últimas que no son competencia institucional, sino propia de la municipalidad, van en una misma tubería. Este es el único alcantarillado sanitario en el país bajo esta modalidad, Cañas fue el ejemplo de que no se debe hacer, pues en este país de tipo tropical con intensidades de lluvia muy altas, y con el cambio climático, a quedado sobre su capacidad de diseño hace muchísimos años.  4. Los tanques sépticos, que es el resto del área que se muestra fuera del área de cobertura de Alcantarillado Sanitario, corresponde en primera instancia al Ministerio de Salud y segundo a la Municipalidad de Cañas.  Una vez establecidas estas premisas y como han afectado lo técnico, y el crecimiento de Cañas, es importante esclarecer por qué no se ha permitido más conexiones que no sean las de crecimiento vegetativo. De la figura No.2. se puede ver qué técnicamente era imposible desde la concepción del Alcantarillado Sanitario, conectar dicho barrio por la parte aguas que significa la ruta nacional, es evidente que las aguas escurrirán al lugar más bajo, que en este caso es las lagunas y más allá el Barrio San Martín. Así que, tanto por niveles, como por capacidad de las lagunas, no puede interconectarse.  Respecto del segundo punto, es importante indicar que la Municipalidad de Cañas, por más de cincuenta años, ha tenido la oportunidad de crear la conceptualización de un Alcantarillado Pluvial, de construirlo y con ello no sólo aportar a la mejor condición de vida del cantón de Cañas, sino en disminuir la contaminación presente en dicha ciudad. La apertura de la quebrada técnicamente corresponde a la creación de un canal para que las aguas de lluvia discurran hacia cauce. Sin embargo, al no funcionar los tanques sépticos de barrio San Martin, que como bien dice el recurso de amparo es el generador de ordenes sanitarias, por bypaseo de tanques sépticos hacia la calle, las aguas pluviales se mezclan con aguas residuales y se incrementa la contaminación del cauce abierto por dicha municipalidad y convirtiéndose en un problema serio de salud pública, por olores, por vectores y por lo indicado en el artículo 50 de nuestra constitución política, donde todos tenemos derecho a un ambiente limpio, sostenible y sin contaminación como lo que sucede actualmente.  Se aclara que el origen de este problema y en fin del recurso de marras, es la conexión irregular de aguas residuales al alcantarillado pluvial o bien su desvío a cordones y caños, lo que por pendiente y efecto de la gravedad viene a llegar al canal sobre el que los vecinos citan la problemática de apertura de un canal por parte de la Municipalidad de Cañas.  No sólo esta comunidad dentro de Cañas sufre de estos problemas, cerca del centro del cantón se pueden citar a Bello Horizonte, La gran Piedra y Pedregal que se quejan de los suelos que no filtran. Ellas no tienen solución de Alcantarillado Sanitario por estar fuera del área de cobertura, lo que igualmente al tener problemas con su tanque séptico y drenajes, desvían sus aguas a cordón y caño. En ese sentido el Ministerio de Salud durante las reuniones han expuesto el caso al AyA para que se mejore el alcantarillado sanitario y los valores de la calidad del agua residual de la PTAR de Cañas, sin embargo, sin primero una separación de alcantarillados y un estudio y diseño de lo que hay en materia de Saneamiento, no puede ser posible.  A continuación, se muestra una serie de fotografías que se tomaron en marzo anterior, sobre un trabajo realizado por la Municipalidad de Cañas que se muestra en las imágenes siguientes. Debe señalarse, que la apertura de cauces debe realizarse con los consabidos estudios técnicos, para evitar el derrumbe de taludes y posibles afectaciones a terceros.  Las fotografías mostradas son de marzo, por lo que toda el agua ahí empozada es agua residual.  Respecto a la problemática de capacidad del sistema de tratamiento:  Una primera parte del problema localizado es lo indicado por la infiltración de agua de lluvia, que no sólo aumenta la velocidad hidráulica en el sistema lagunar, sino porque reduce el tiempo de retención lagunar y recolecta aguas que traen químicos entre otros que no puede procesar el sistema facultativo que se tiene instalado.  Aparte de lo anterior y como una segunda razón de que el sistema no cumpla con todos los parámetros de ley, es que las lagunas han venido funcionando desde hace más de cincuenta años y continúan haciéndolo con eficiencias razonables, pero las cantidades de conexiones aumentan, las cargas aumentan y el sistema no ha cambiado desde entonces.  Son los aportes a nivel operativo y de mantenimiento los que han hecho que las lagunas sigan en funcionamiento.  Por otra parte, es la Sub-Gerencia Operativa, la encargada de elevar la problemática de Cañas a la Administración superior; sin embargo, desde el marco de la Comisión de Aguas Residuales de Cañas, de la que forma parte la Región Chorotega en la persona de la Ing. González Palma; es que se ha formulado para las altas autoridades del Ministerio de Salud, de la Presidencia Ejecutiva, así como de la Asamblea Legislativa a fin que todos los interesados supieran la problemática desde el punto de vista de los que operan y no poseen los mecanismos para la toma de decisiones respecto de proyectos de gran envergadura.  Como una primera instancia, se hace imprescindible que se separen los Alcantarillados, pues ciertamente al momento de presentarse una lluvia, el aporte de esta agua hacia el sistema de tratamiento, posteriormente se deben valorar otras opciones para los barrios afectados, pero debe indicarse que esto es una problemática generada por la corporación municipal, que desde hace muchos años giró permisos de construcción sin que se realizaran obras de alcantarillado pluvial, y a sabiendas de la problemática de los suelos en Cañas. Igualmente, el AyA, es Ente Rector en saneamiento, pero no tiene la potestad de aprobar o desaprobar el funcionamiento de tanques sépticos o bien su emplazamiento. Asimismo, los administrados existentes que primera oportunidad se conectaron al sistema sanitario sin que se generara dicha problemática, son a los cuales de forma primaria se les debe asegurar el servicio, dado que las condiciones hacían posible esa conexión, debe tenerse presente que no se puede ampliar algo a sabiendas que se trasladará un problema de un sector de Cañas a otro, la solución debe ser integral, y requiere que primero se quite del sistema sanitario todo el caudal pluvial. Ciertamente al momento de construir la carretera, el sistema de aguas pluviales de dicha ruta desfoga en nuestro alcantarillado, lo que vino ya de por sí a agravar una situación que era delicada en su momento.  Recomendaciones Técnicas del Informe:  1. Corroborar que el cauce abierto es una quebrada como tal. En caso que no lo sea, la apertura de la misma no debió de darse.  2. En caso de que así sea, asegurar los márgenes de este cauce. El mismo no puede verter a una propiedad, sino debe correr a cuerpo receptor.  3. Separación del Alcantarillado Pluvial por parte de la Municipalidad, para lo cual ejercerá sus mejores prácticas para poder planificar en un mediano plazo la consecución de recursos para este fin.  4. Girar las órdenes sanitarias respectivas, para que la comunidad de San Martín y otros barrios desconecten sus aguas residuales y no las viertan a la calle, que, en aquellos casos de utilización de tanque séptico, dicho sistema se utilice debidamente y se le dé el mantenimiento correspondiente.  5. Ya se elevó a la Administración superior por parte de la Región Chorotega- AyA, la necesidad de aumentar la capacidad de tratamiento de la PTAR Cañas y la extensión de sus redes colectoras. Esta petición consta en el informe indicado por la Señora ministra de Salud.  Desde una perspectiva técnica que el AyA ha interpuesto sus buenos oficios, en mantener aquello que en materia de competencias le corresponde, en los diversos foros como lo son la Comisión de Aguas Residuales ha indicado lo que sería una ruta de acción a seguir para mejorar la problemática, pero al ser un problema de muchos años, de mucha inversión y que es atinente en todo sentido a otras instituciones, no puede ser solamente atendido por la Institución…” SEGUNDO: Al no haberse construido adecuadamente los tanques sépticos y no habérsele dado el debido mantenimiento debido, los vecinos encontraron como solución desfogar a la quebrada existente, situación que se acrecentó con la realización de la Ruta. Se explica que, debido a la ampliación de la Ruta Interamericana Uno, el referido cuerpo de agua sufrió modificaciones en su cauce natural, específicamente en el sector Oeste. De forma correcta tal y como indican los recurrentes: la Municipalidad de Cañas permitió el desfogue de las aguas pluviales, residuales y negras de las viviendas, hacia dicho cuerpo de agua. Se reitera que no existe alcantarillado sanitario en uso y previsto en dicho residencial, dado que por estar localizado geográficamente en una posición inferior, no tiene posibilidad de conexión a la red existente, por lo que los vecinos propietarios deben utilizar tanque séptico hasta el momento en que sea posible materialmente realizar una solución de alcantarillado sanitario, mediante una estación de bombeo que traslade las aguas residuales al sistema actual. El problema que enfrentan los recurrentes se da por la mala práctica de los propios vecinos en este caso dentro del Barrio San Martín, de no haber construido adecuadamente sus tanque sépticos, no darle mantenimiento como debería de ser, creando sus propios vecinos el foco de contaminación que aqueja a los recurrentes, descargando las aguas tanto pluviales como residuales a un cuerpo de agua (sin contar con la autorización correspondiente del MINAE y por beneplácito del mismo Gobierno Local). Por estar el problema dentro de propiedad privada (tanques sépticos) y donde el AyA no puede interferir, ya que se encuentra dentro del ámbito de lo privado y le corresponde al MINISTERIO DE SALUD, dadas sus competencias por ley, ordenar a los propietarios del Barrio San Martín, detener de forma inmediata la contaminación que se encuentran ejerciendo.  Los desarrolladores tienen la mala práctica de construir sus desarrollos con tanque séptico, sin tener conocimiento si el terreno donde desarrollan reúne las condiciones de infiltración y geológicas para poder utilizar los tanques sépticos, ya que es un sistema más económico que una planta de tratamiento de aguas residuales, así mismo dejan una tubería enterrada, la cual no llega a ningún colector o subcolector del AyA, es simplemente un tubo que dejan los desarrolladores en el tiempo con el fin de que cuando el AyA, pase cerca con sus tuberías de aguas residuales puedan conectar a sus desarrollos a la red del AyA, pero esto lo hacen sin la aprobación del AyA, como ya se mencionó el Barrio San Martín nunca vino al AyA, para analizar ninguna de sus etapas.  El MINISTERIO DE SALUD, conforme con sus competencias ha girado las ordenes sanitarias a todos los vecinos de Barrio San Martín poner a funcionar adecuadamente sus tanques sépticos, actividad que debe materializarse mientras se logra construir el Proyecto de Alcantarillado Sanitario..  Los sistemas de tanque séptico, se constituyen en una tecnología alternativa a las redes de recolección tradicionales, las cuales son utilizadas a nivel nacional y a nivel mundial, como una opción idónea para el adecuado tratamiento y disposición de las aguas residuales, sobre todo en aquellos lugares donde no existe infraestructura sanitaria o por topografía del terreno no es factible su interconexión a los colectores administrados por el AyA, como es el caso de los recurrentes. En Costa Rica un 70% de las aguas residuales son dispuestas y tratadas mediante la tecnología del sistema de tanques sépticos y deben los propietarios brindarle el mantenimiento adecuado, y no construir sobre las zonas de absorción y aireación del drenaje. Los tanques sépticos son una solución técnica al problema de las aguas residuales, siempre y cuando se construya de acuerdo con el diseño y a las características de cada suelo. En el caso de las aguas residuales domésticas, el tanque séptico debe recibir las aguas provenientes del fregadero de la cocina, de las pilas de lavar ropa, de la lavadora, de las duchas, de los lavatorios y de los servicios sanitarios. Es importante recalcar, que todas las aguas residuales que generamos deben ser recolectadas en una tubería especial, dentro de la vivienda y disponerlas en el tanque séptico. Un tanque séptico bien construido y diseñado con un sistema de drenaje adecuado y dependiendo del número de personas que vivan en la vivienda, requiere de una limpieza cada 6 meses o cada año, para eliminar los lodos que se han sedimentado y acumulado en el fondo del tanque.  Los recurrentes vieron más fácil al no contar un funcionamiento adecuado de tanque séptico disponer todas las aguas a un cuerpo de agua y solicitarle a la Sala Constitucional que le ordene al AyA, que los conecte a algún sistema de aguas residuales del AyA, sin entrar a conocer o por ignorancia de que la solución no es esa en este momento, pues se requiere cumplir con una serie de etapas a nivel de diseño, presupuesto, planificación, contratación, para lograr materializar un Proyecto de Alcantarillado Sanitario. Cuando cada uno de los vecinos compraron sus casas lo hicieron con un tanque séptico al cual tienen la obligación de darle mantenimiento cada 6 meses, son sus propios vecinos quienes están vertiendo aguas contaminadas al cuerpo de agua, contaminando el ambiente,. Sí los vecinos de Barrio San Martín hacen lo correcto, este recurso carece de fundamento, si cada vecino cuenta con un tanque séptico dentro de su propiedad y tiene conectadas las aguas provenientes del fregadero de la cocina, de las pilas de lavar ropa, de la lavadora, de las duchas, de los lavatorios y de los servicios sanitarios, y le da el adecuado mantenimiento no estaríamos teniendo este problema con las aguas residuales. Así mismo, están tratando de responsabilizar al Estado, de lo que sus vecinos han dejado de hacer por años, pretende que por medio de un Voto de la Sala Constitucional, se le traslade la responsabilidad al Estado costarricense y dejando a los vecinos impunes al ser ellos los responsables de la contaminación que están generando, evadiendo con este acto la responsabilidad que tenemos cada uno de los costarricenses con el medio ambiente y exponiendo a sus propias familias y vecinos a un problema de salud pública.  Con el fin de reducir el riesgo de salud pública que está generando los vecinos de los recurrentes, el MINISTERIO DE SALUD debe continuar de identificando los vecinos que se encuentren contaminando y girar las ordenes sanitaria correspondientes, con el fin de que estos conecten correctamente las aguas provenientes del fregadero de la cocina, de las pilas de lavar ropa, de la lavadora, de las duchas, de los lavatorios y servicios sanitarios al TANQUE SÉPTICO y evitar que siga descargando sus aguas residuales al cuerpo de agua existente, hasta que dentro de la posibilidad financiera, de contratación y construcción se materialice el Proyecto de Alcantarillado Sanitario, que beneficiará a Bello Horizonte, La Gran Piedra, Pedregal, La Corte, Los Malinches Barrio Chorotega, Las Palmas, El Bosquecito, San Antonio, Barrio Unión, San Martín, Las Cañas, Villa Esperanza, Miguel Araya, San Cristóbal Sur, Imas, y Barrio San Martín.  TERCERO: El AyA no puede invertir en los tanques sépticos que se ubican dentro de las propiedades de Barrio San Martín, dado que nuestra institución se encuentra enmarcada dentro de la LEY DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA REPÚBLICA Y PRESUPUESTOS PÚBLICOS, No. 8131 de 18 de setiembre del 2001, Publicado en La Gaceta No. 198 de 16 de octubre del 2001. No podemos dejar de lado, que la aprobación del presupuesto determina la legalidad de los gastos públicos. Como norma jurídica, el presupuesto es la norma de la actividad financiera del gasto público para el año fiscal correspondiente, por lo que limita la actuación de los Poderes Públicos en el uso y disposición de los fondos públicos. De conformidad con el artículo 176 constitucional, el presupuesto se presenta como un acto de mera previsión o cálculo contable de los ingresos, mientras que respecto a los egresos públicos, mantiene el triple efecto: autorización del gasto, limitación de la cantidad a gastar, fijación del destino que haya de darse a los créditos aprobados en el presupuesto.  Lo anterior se deriva del Principio de Legalidad consagrado en el artículo 11 de la Constitución Política, y desarrollado también en el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública, que, como es sabido, el principio de legalidad en el estado de derecho postula una forma especial de vinculación de las autoridades e instituciones públicas al ordenamiento jurídico, a partir de su definición básica según la cual toda autoridad o institución pública lo es y solamente puede actuar en la medida en que se encuentre apoderada para hacerlo por el mismo ordenamiento, y normalmente a texto expreso –para las autoridades e instituciones públicas sólo está permitido lo que esté constitucional y legalmente autorizado en forma expresa, y todo lo que no les esté autorizado les está vedado–; así como sus dos corolarios más importantes, todavía dentro de un orden general; el principio de regulación mínima, que tiene especiales exigencias en materia procesal, y el de reserva de ley, que en este campo es casi absoluto.\" (Sala Constitucional. Resolución Nº 440-98, y en sentido similar la Nº 5541-97 y 1739-92). Oficio 12956 el 24 de noviembre de 2003 (DAGJ-1719-2003).  Lo anterior debe cumplirse por mandato legal y que los propietarios utilicen y den mantenimiento a los tanques sépticos hasta que se logre materializar el Proyecto de Alcantarillado Sanitario a cargo del AyA y el Alcantarillado Pluvial a cargo de la Municipalidad.  CUARTO De conformidad con el artículo 169 de la Constitución Política la Municipalidad debe velar por los intereses de todos los habitantes del Cantón, por ello el artículo 50 de la Constitución Política obliga a las Municipalidades a garantizar el mayor bienestar de los ciudadanos del Cantón, estimulando el desarrollo hacia una justa distribución de la riqueza con un ambiente sano ecológicamente equilibrado y por ello el artículo 11 de la Constitución obliga a esa Municipalidad y a sus funcionarios a someterse a la rendición de cuentas y evaluación de los resultados, lo que implica al tenor del artículo 129 de nuestra Constitución Política. El artículo 169 de la Constitución Política y el Código Municipal, indican que la MUNICIPALIDAD, es el Ente Territorial que debe garantizar el cumplimiento de las obligaciones por los intereses locales en forma originaria y primaria, que debe instrumentalizar las acciones necesarias para el desarrollo de las actividades en su cantón, siendo de su competencia exclusiva.  QUINTO: Tal y como consta en la prueba del expediente mediante acta del 24 de junio 2022, CTAR-CÑ-0001-2022, se indicó por parte del Instituto:  “…..2 A nivel de Acueductos y Alcantarillados (AyA) tanto desde lo local como lo regional, no cuenta con los recursos económicos para el diseño, ampliación y construcción de un nuevo alcantarillado sanitario en Cañas y sugiere, entre otras cosas, la \"separación del Alcantarillado Pluvial por parte de la Municipalidad, quien deberá planificar en un mediano plazo la consecución de recursos para este fin\". Asimismo, recomienda \"elevar a la Administración superior por parte de la Región Chorotega- AyA, la necesidad de aumentar la capacidad de tratamiento de la PTAR Cañas y la extensión de sus redes colectoras\", así como \"realizar un informe en conjunto a fin de elevar a las diversas autoridades la problemática existente en Cañas\". Lo anterior en vista de que existen muchos barrios aledaños al casco central de la ciudad, que no cuentan con alcantarillado sanitario y tienen problemas de aguas residuales que generan denuncias constantemente y hasta recursos de amparo.  3. Del mismo modo, AyA informa que: \"a abril de 2022 existen activos 7214 servicios de agua potable, en cuanto a la prestación del servicio de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales y excretas actualmente tiene una cobertura de aproximadamente del 24.54%. El restante 75,46% cuenta con servicios de saneamiento como tanques o fosas sépticas, letrinas o no poseen cobertura alguna\" y \"según el sistema comercial DATAMART2, la cobertura de agua potable y alcantarillado sanitario según tipo de tarifa se detalla de la siguiente manera: (…)  6. Si bien la normativa vigente facilita herramientas legales, como el artículo 12 del Decreto N° 42075- S-MINAE, donde se delega responsabilidad tanto al propietario del inmueble como al profesional responsable de la obra sobre el diseño, funcionamiento y cambios del sistema de tratamiento de aguas residuales; no obstante, la problemática de Cañas abarca construcciones de larga data, por lo cual resulta materialmente imposible la aplicación de este artículo sin generar un perjuicio a quienes habitan esas viviendas, porque los actos administrativos que puedan aplicar las instituciones son dirigidos a los dueños de las propiedades y no a! profesional responsable de la obra.  7. Otro factor que resulta importante mencionar es que la recomendación de separar el alcantarillado pluvial del alcantarillado sanitario existente no asegura que el problema de fondo sea resuelto, dado que la problemática trasciende áreas geográficas que no están conectadas a esta red. Además, resolver esta problemática es materialmente imposible de solventar tanto para AyA, RCH como para la Municipalidad de Cañas, por lo cual es requerido la formulación de un proyecto con presupuesto asignado desde el nivel central que ayude tanto a la municipalidad como al AyA a la ejecución de este.  8. Tal y como se mencionó en el primer apartado de este acuerdo, esta problemática es evidente, mas no excluyente, en el distrito primero del cantón de Cañas, con mayor afectación en los siguientes sectores: Bello Horizonte, La Gran Piedra, Pedregal, La Corte, Los Malinches Barrio Chorotega, Las Palmas, El Bosquecito, San Antonio, Barrio Unión, San Martín, Las Cañas, Villa Esperanza, Miguel Araya, San Cristóbal Sur, Imas…”  El sistema Pluvial debe generarse e independizarse bajo responsabilidad del Gobierno Local, del actual alcantarillado Sanitario, dado que el Alcantarillado Sanitario no está diseñado para recibir caudales pluviales, situación que el Gobierno Local ha favorecido al permitir este tipo de conexiones al sistema sanitario existente, generando que ante eventos naturales de caudal de lluvia, se supere la capacidad existente de la tubería sanitaria y por consiguiente afectando la Planta de Tratamiento. SEXTO: El estado actual del Proyecto de Alcantarillado Sanitario Cañas-Guanacaste, se indica con fundamento en el informe SB-AID-2022-00381 de la Subgerencia de Ambiente Investigación y Desarrollo.  “…el documento CTAR-CÑ-001- 2022, en donde se cita: A raíz de esto, la Presidencia Ejecutiva requirió la participación de la Dirección Diseño de Saneamiento de la UEN Programación y Control en la última sesión de la comisión interinstitucional, sostenida el pasado 4 de agosto, en donde se acordó plantear una hoja de ruta para la atención de la problemática en Cañas, la cual involucra el sistema de alcantarillado mixto (aguas residuales y pluviales).  Como parte de los aspectos que se estarán valorando en esta hoja de ruta se tendrá lo  siguiente:  Estrategia de atención  Con la finalidad de abordar la problemática mencionada y conociendo las posibles implicaciones técnicas, económicas y ambientales de esta situación, se ha planteará la siguiente hoja de ruta:  1. Definir estudios básicos por desarrollar para el diagnóstico de la condición actual.  2. Establecer los estudios específicos para la conformación de la factibilidad del proyecto, considerando sus dos aristas: alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial.  3. Formular las acciones necesarias para la contratación de la factibilidad y los diseños preliminares requeridos.  4. Especificar labores mínimas necesarias para la contratación del diseño detallado de las obras de alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial.  5. Establecer tareas paralelas que permitan la viabilidad del proyecto:  a. Adquisición de terrenos  b. Constitución de servidumbres  c. Estudios adicionales  d. Permisos  e. Viabilidad ambiental  6. Plantear la necesidad de gestionar el financiamiento para cada una de las fases  supra citadas.  7. Proponer responsables de cada fase o sub-fase según obra por ejecutar.  8. Generar una propuesta conjunta de los costos estimados de cada macro tarea y  el plazo correspondiente para su planificación y ejecución, considerando la experiencia  previa de procesos similares.  Al ser este un proyecto integral y de gran complejidad técnica, se trabaja en una propuesta base, la cual estará fortaleciéndose con los aportes de cada institución, entendiendo que la solución deberá desarrollarse en forma paulatina y conforme a la disponibilidad de recursos financieros y técnicos de los que se disponga.  Esta estrategia se deberá presentar a la Comisión cerca del 7 de setiembre, sin embargo,  aún no se cuenta con los insumos completos.  Cabe señalar que, en función de la aprobación de estrategia y la definición de plazos y responsables, se podrán establecer acciones en concreto, que permitan generar una programación tentativa del proyecto. Sin embargo, por el momento no es posible brindar una fecha de ejecución de las obras ni del inicio de su fase de pre-inversión.  Finalmente, se aclara que la ejecución de estas actividades no corresponde exclusivamente a nuestra institución y deberán ser abordadas en conjunto con el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Cañas…”  ANÁLISIS DE FONDO:  Conforme al artículo 1 de la Ley Constitutiva de AyA, el Instituto es el encargado de administrar y operar sistemas de acueducto y alcantarillado sanitario, sin embargo, en materia de alcantarillado pluvial el legislador mantuvo dicha competencia bajo la égida de los Gobiernos Locales salvo que se trate de rutas nacionales en cuyo caso la responsabilidad del pluvial recae en CONAVI, los cuales tienen entera responsabilidad de velar porque el alcantarillado pluvial funcione en condiciones adecuadas y acatar la normativa técnica que en la materia emita AyA, en virtud de que se ejerce rectoría en dicho campo, aun cuando la Sala Constitucional ya ha indicado reiteradamente que la autonomía municipal impide el ejercicio de competencias rectoras que provengan del Gobierno u otras entidades del sector público hacia los Gobiernos Locales, también ha considerado que en los casos en que se encuentra de por medio un problema de salud pública o ambiental se flexibiliza dicha autonomía de frente a un interés superior como los citados, de manera que se deberá acatar dicha normativa técnica.  En Costa Rica existen dos sistemas de alcantarillado separados, uno denominado “Sistema de Alcantarillado Pluvial” cuyo objetivo es transportar las aguas de lluvia provenientes de techos, canoas y bajantes de las viviendas, así como las aguas de lluvia que discurren por las vías públicas, y el otro sistema se denomina “Sistema de Alcantarillado Sanitario” cuyo objetivo es transportar únicamente las aguas residuales provenientes de pilas, fregaderos, duchas e inodoros que se generan a lo interno de las viviendas.  De acuerdo con la reglamentación vigente, los sistemas de alcantarillado pluvial son administrados por las municipalidades de cada cantón y el sistema de alcantarillado sanitario es operado y mantenido por el operador a cargo de prestar el servicio de agua potable dentro de su respectiva área geográfica de cobertura.  Por su parte, los Gobiernos Locales cuentan con la facultad de establecer una serie de limitaciones a construcciones y proyectos, mediante la planificación urbana, destacando que en caso de que se incumplan las condiciones que ordenen cuentan con una serie de mecanismos coercitivos para hacer cumplir sus mandatos, de los cuales carece AyA. Aunado a lo anterior, se tiene claro que las Municipalidades son los entes que recaudan los montos respectivos para mantenimiento y buen funcionamiento de la Red Pluvial, tal y como lo dispone el Código Municipal No. 7794, en el Título IV. Hacienda Municipal, Capítulo II. Los ingresos municipales.  En el presente caso, no se puede dejar de lado que las Municipalidades cuando cobran los impuestos municipales incluyen el rubro correspondiente al mantenimiento y operación de la red pluvial, lo que recalca la competencia municipal en este campo, además de que resulta evidente que este rubro debería ser utilizado en el mantenimiento y operación de la red pluvial de cada Municipalidad, como lo indica la Sala Constitucional en el Voto 2001-2320, en el Considerando IV, que a la letra dice: (…) Asimismo, la Ley General de Salud No. 5395, señala en sus artículos 285 y 292 lo siguiente:  “ARTÍCULO 292.- Queda prohibido en todo caso la descarga de las aguas negras, de las aguas servidas y de residuos industriales al alcantarillado pluvial. El Ministerio queda facultado para restringir, regular, o prohibir la eliminación de productos sintéticos no biodegradables a través de los sistemas de recolección de excretas, aguas negras y servidas.  ARTÍCULO 285.- Las excretas, las aguas negras, las servidas y las pluviales, deberán ser eliminadas adecuada y sanitariamente a fin de evitar la contaminación del suelo y de las fuentes naturales de agua para el uso y consumo humano, la formación de criaderos de vectores y enfermedades y la contaminación del aire mediante condiciones que atenten contra su pureza o calidad.”  En este mismo sentido señala el artículo 1 de la Ley de Construcciones N° 833, que:  \"Las Municipalidades de la República son las encargadas de que las ciudades y demás poblaciones reúnan las condiciones necesarias de seguridad, salubridad, comodidad y belleza en sus vías públicas y en los edificios y construcciones que en terrenos de estas se levanten sin perjuicio de las facultades que las leyes les concedan en estas materias a otros órganos administrativos\".  Lo anterior evidencia la conexidad de las obligaciones municipales en materia de alcantarillado pluvial y la obligación señalada supra, las cuales se encuentran ligadas y bajo la administración de los Gobiernos Locales como parte de los servicios que se encuentran obligados a suministrar.  De conformidad con el artículo 169 de la Constitución Política la Municipalidad debe velar por los intereses de todos los habitantes del Cantón, por ello el artículo 50 de la Constitución Política obliga a las Municipalidades a garantizar el mayor bienestar de los ciudadanos del Cantón, estimulando el desarrollo hacia una justa distribución de la riqueza con un ambiente sano ecológicamente equilibrado, así como en el artículo 11 de la Constitución obliga a esa Municipalidad y a sus funcionarios a someterse a la rendición de cuentas y evaluación de los resultados, lo que implica al tenor del artículo 129 de nuestra Constitución Política. El artículo 169 de la Constitución Política y el Código Municipal, indican que la MUNICIPALIDAD, es el Ente Territorial que debe garantizar el cumplimiento de las obligaciones por los intereses locales en forma originaria y primaria, que debe instrumentalizar las acciones necesarias para el desarrollo de las actividades en su cantón, siendo de su competencia el alcantarillado pluvial, salvo el que corresponde a CONAVI por ubicarse en vías nacionales.  De acuerdo con las consideraciones que anteceden, se debe reiterar que, el alcantarillado pluvial se encuentra bajo responsabilidad de la Municipalidad de Cañas. Se debe buscar una solución respecto al sistema de evacuación de aguas pluviales que al mismo tiempo libere el sistema de aguas negras, para que ambos funcionen de manera independiente y sin afectación o interferencia entre uno y otro. Recalcando que de acuerdo con lo que establece el Código Municipal en su artículo 83 es obligación del Gobierno Local, y; para ello cobra la tasa correspondiente, tanto la limpieza como el mantenimiento y adecuada operación de la red pluvial, que al colapsar por falta de mantenimiento puede afectar el saneamiento en general y la red sanitaria.  Efectivamente, la Municipalidad Cañas es la obligada a velar porque en su jurisdicción se cuente con un adecuado alcantarillado pluvial por ser un asunto de su competencia, pero con mayor razón es la responsable, de velar porque los terrenos en su jurisdicción, cumplan con la normativa vigente, de manera que predios vecinos no se vean afectados por la escorrentía o por la vulnerabilidad de sus terrenos, o peor aún, que por no contar con obras de estabilización o disposición de aguas pluviales, se altere la integridad física, material y ambiental de los predios circunvecinos.  El AyA carece de injerencia directa en este tipo obras de alcantarillado pluvial, desde el punto de vista esencialmente jurídico, y partiendo del principio de legalidad, que es el que fija en la función pública el límite de sus actuaciones, los artículos 1 y 2 de la Ley Constitutiva de AyA, facultan al Instituto a girar normativa en materia de alcantarillado pluvial.  El artículo 60 de la Ley Orgánica del Ambiente establece, sobre la prevención y control de la contaminación(…) Con fundamento en los antecedentes legales, es responsabilidad de la Municipalidad de Cañas el alcantarillado pluvial y del Ministerio de Salud, como entes encargado de velar a través de inspecciones u ordenes sanitarias correspondientes, para el correcto funcionamiento y disposición de las aguas residuales, conexiones ilícitas al pluvial, de los vecinos de la comunidad hacia los sistemas correspondientes y así evitar un problema de contaminación. Mediante un manejo y disposición correcta de la basura, que no genere un taponamiento del sistema pluvial.  Con base en las normas citadas, se concluye que la MUNICIPALIDAD DE CAÑAS, es la responsable directa en la determinación de las medidas requeridas para solucionar el problema de alcantarillado pluvial, esto sin perjuicio de que coordine con los entes que puedan gestionar para que ese alcantarillado sea el adecuado y velar igualmente porque los propietarios hagan uso adecuado del tanque séptico mientras se materializa una solución integral. La MUNICIPALIDAD DE CAÑAS tiene la obligación de hacer cumplir las leyes en la materia y su obligación de garantizar el disfrute de los habitantes de la zona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, con las consecuencias para la salud de esas personas debido a la naturaleza del problema sanitario que les aqueja. La Municipalidad teniendo pleno conocimiento de la problemática que afecta a los pobladores de su cantón, se ha limitado a constatar su existencia y evadir su responsabilidad y sin realizar las acciones oportunas para mitigar el mismo o controlarlo. La Municipalidad no ha verificado si todos los vecinos cuentan con tanque séptico y drenajes.  El MINISTERIO DE SALUD, debe continuar apercibiendo a los vecinos del Barrio San Martín, dándoles un plazo para que utilicen correctamente el tanque séptico, hagan las mejoras correspondientes, eliminen cualquier conexión clandestina que haya hacia redes previstas de aguas negras colocadas en la vía pública y ordenar a los vecinos a construir en el caso que se requiera ó habilitar el tanque séptico individual, con el respectivo drenaje dentro de su propiedad, este debe de tener las dimensiones necesarias, de manera que tengan la capacidad de recepción para no contaminar el ambiente. En caso del no cumplimiento de estas disposiciones y al vencimiento del plazo, se proceda a la declaratoria de inhabitabilidad de las viviendas para el desalojo.\n\nEn los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.\n\n Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,\n\n Considerando:\n\nObjeto del recurso. La recurrente reclama la violación a sus derechos fundamentales, pues acusa que es una persona adulta mayor, vecino del Barrio San Martín de Cañas. Acota que en esa comunidad discurre parte de un cuerpo de agua que se identifica como Poza de Agua. Explica que, debido la ampliación de la Ruta Interamericana Uno, el referido pozo sufrió modificaciones en su cauce natural, específicamente en el sector Oeste. Acota que lo anterior, debido a que la Municipalidad de Cañas permitió el desfogue de las aguas pluviales, residuales y negras de las viviendas, hacia dicho cuerpo de agua. Reclama que la situación descrita, se ha dado por la negligencia de los servidores del municipio recurrido, al no ejercer el debido control y cumplimiento de la normativa que regula las condiciones urbanísticas que deben reunir las construcciones en general. Afirma que esa omisión no sólo produjo el vertido de aguas pluviales y residuales, sino también el de aguas negras en las tuberías colectoras que desembocan en el referido pozo. Asimismo, alega que el ayuntamiento, con maquinaria municipal, realizó trabajos de ampliación del cauce de la quebrada, generando el abundante estancamiento de las aguas residuales. Sostiene que el ambiente se ha tornado insalubre y fétido, como consecuencia del vertido de aguas negras, lo que estimula el hábitat ideal para el desarrollo de mosquitos y toda variedad de insectos, situación que afecta tanto al Barrio San Martín como La Unión. Reitera que la situación que actualmente viven en sus comunidades es injusta, insostenible y grave dado que deben soportar el hedor y el peligro para su salud. Arguye que el problema expuesto los obliga a buscar protección de su derecho a la salud, producto de la negligencia del ente Municipal que ha permitido el desarrollo de viviendas sin el control y la supervisión que les compete, a fin de tomar acciones para resolver la problemática aludida. Por otro lado, comenta que el Ministerio de Salud tiene conocimiento de la situación expuesta, empero no ha realizado ninguna acción para solventarla. Añade que deben estar aplicando insecticidas en sus casas constantemente, con el alto costo económico que eso implica y con la afectación que provoca.\n\n II.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:\n\na)    Durante el año 2021, la Municipalidad de Cañas atendió solicitudes de parte de los vecinos de la comunidad de San Martín y Barrio Unión, para la limpieza de los alrededores de la quebrada Poza de Agua (véase el informe).\n\nb)    El cuerpo de aguas que la recurrente menciona, existe desde mucho más atrás de los años setenta, dicho cuerpo de agua nace al Este del casco urbano continua atravesando el casco urbano en busca del suroeste pasando por los barrios que vienen en línea desde el Este, Oeste (Barrios La Unión y San Martin) desfogando en las fincas ubicadas al Suroeste uniéndose con la quebrada Florentina (véase el informe).\n\nc)     Consta en el expediente administrativo del Ministerio de Salud la denuncia No. 59-2021, interpuesta 12 de mayo del 2021, por los vecinos de Barrio San Martín contra La Municipalidad de Cañas, donde se indica “…el día 23 de setiembre del 2020, se interpuso denuncia ante el gobierno local acerca de la situación que vivimos los vecinos de la sequía que cruza del Barrio San Martín a Barrio Las Cañas, 100m Sur del Super San Andrés las aguas se estancan en el cauce de esa quebrada, produciendo malos olores, roedores y zancudos, la misma se encuentra llena de basura y otros desechos, el agua ya no es clara, sino que es negra y de mal olor. Siendo estas nocivas para nuestra comunidad y posible trasmisora de enfermedades” (véase el informe).\n\nd)    Consta respuesta a los denunciantes por parte del Ministerio de Salud, mediante el Oficio MS-DRRSCH-DARSCÑ-316-2021, de fecha 21 de julio del 2021, donde se indicó: “Que se trasladará caso a Municipalidad de Cañas para la limpieza respectiva. Al tratarse de un problema generalizado de aguas residuales en su barrio, la situación se tratará en la Comisión de Aguas Residuales de Cañas, con el fin de buscar una solución colectiva al problema…”. Además, consta correo electrónico de remisión con copia al alcalde Municipal y a la Comisión de Aguas Residuales” (véase el informe).\n\nIV.- SOBRE EL DERECHO A UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO. Debe indicarse, en primer lugar, que los derechos fundamentales a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, se encuentran reconocidos constitucionalmente (artículos 21, 50, 73 y 89, de la Constitución Política), así como a través de la normativa internacional aplicable en Costa Rica. En este sentido, en Sentencia N° 2006-005928 de las 15:00 horas del 2 de mayo del 2006, este Tribunal resolvió: “(…) El derecho a la vida reconocido en el numeral 21 de la Constitución es la piedra angular sobre la cual descansan el resto de los derechos fundamentales de los habitantes de la república. De igual forma, en ese ordinal de la carta política encuentra asidero el derecho a la salud, puesto que, la vida resulta inconcebible si no se le garantizan a la persona humana condiciones mínimas para un adecuado y armónico equilibrio psíquico, físico y ambiental. Ahora bien, la salud pública y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentran reconocidos constitucionalmente en los artículos 21, 50, 73 y 89 de la Constitución Política. Específicamente, el artículo 50 constitucional reconoce de forma expresa el derecho de todos los habitantes del país a disfrutar de un medio ambiente saludable y en perfecto equilibrio. Ese derecho es garantía fundamental para la protección de la vida y la salud pública. En apoyo de lo anterior este Tribunal ha recurrido a la utilización de la noción de “calidad ambiental” como un parámetro, precisamente, de la calidad de vida de las personas, que se conjuga con otros elementos tales como la salud, la alimentación, el trabajo y la vivienda, haciendo referencia a que toda persona tiene derecho a hacer uso del ambiente para su propio desarrollo pero no de manera ilimitada, ya que, también, existe un deber de protección y preservación del medio ambiente para las generaciones presentes y futuras –principio de desarrollo sostenible–”. Asimismo, del artículo 50, de la Constitución Política, se deriva la obligación del Estado de proteger el ambiente. Norma que establece al efecto: \"El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes\". Con lo que se corrobora que las distintas autoridades públicas tienen el deber ineludible de preservar, defender y garantizar el derecho fundamental de toda persona a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.\n\n V.- SOBRE LA COORDINACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS EN LA PROTECCIÓN INTEGRAL AL AMBIENTE. Existe una obligación para el Estado -como un todo- de tomar las medidas necesarias para proteger el ambiente, a fin de evitar grados de contaminación, deforestación, extinción de flora y fauna, uso desmedido o inadecuado de los recursos naturales, que pongan en peligro la salud de los administrados. En esta tarea, por institución pública se entiende tanto a la Administración Central -Ministerios, como el Ministerio del Ambiente y Energía y el Ministerio de Salud-, que en razón de la materia, tienen una amplia participación y responsabilidad en lo que respecta a la conservación y preservación del ambiente; los cuales actúan, la mayoría de las veces, a través de sus dependencias especializadas en la materia. Del mismo modo, en esta tarea tienen gran responsabilidad las municipalidades en lo que respecta a su jurisdicción territorial. Debido a la diversidad de actores que pueden intervenir, podría pensarse que esta múltiple responsabilidad provocaría un caos en la gestión administrativa. Por ello, a fin de evitar la coexistencia simultánea de esferas de poder de diferente origen y esencia, la duplicación de los esfuerzos nacionales y locales, así como la confusión de derechos y obligaciones entre las diversas partes involucradas, se hace necesario establecer una serie de relaciones de coordinación entre las diversas dependencias del Poder Ejecutivo y las instituciones descentralizadas, y entre éstas con las municipalidades, a fin de poder llevar a cabo las funciones que les han sido encomendadas. Esta Sala se ha referido ya al principio de coordinación de las dependencias públicas con las municipalidades en la realización de fines comunes, al señalar, mediante Sentencia N.º 5445-99, de las 14:30 horas del 14 de julio de 1999, que: \"La coordinación es la ordenación de las relaciones entre estas diversas actividades independientes, que se hace cargo de esa concurrencia en un mismo objeto o entidad, para hacerla útil a un plan público global, sin suprimir la independencia recíproca de los sujetos agentes. Como no hay una relación de jerarquía de las instituciones descentralizadas, ni del Estado mismo en relación con las municipalidades, no es posible la imposición a éstas de determinadas conductas, con lo cual surge el imprescindible «concierto» interinstitucional, en sentido estricto, en cuanto los centros autónomos e independientes de acción se ponen de acuerdo sobre ese esquema preventivo y global, en el que cada uno cumple un papel con vista en una misión confiada a los otros. Así, las relaciones de las municipalidades con los otros entes públicos, sólo pueden llevarse a cabo en un plano de igualdad, que den como resultado formas pactadas de coordinación, con exclusión de cualquier forma imperativa en detrimento de su autonomía, que permita sujetar a los entes corporativos a un esquema de coordinación sin su voluntad o contra ella; pero que sí admite la necesaria subordinación de estos entes al Estado y en interés de éste (a través de la «tutela administrativa» del Estado, y específicamente, en la función de control la legalidad que a éste compete, con potestades de vigilancia general sobre todo el sector\".\n\nVI.- EN CUANTO A LO RESUELTO EN EL EXPEDIENTE NO. 22-012991-0007-CO. Por sentencia No. 2022-23977 de las 09:20 horas del 14 de octubre de 2022, la Sala Constitucional conoció de un recurso de amparo que tuvo como objeto lo siguiente:\n\n“II.- OBJETO DEL RECURSO. La recurrente indica que en reiteradas ocasiones ha tratado de llegar a un acuerdo con la Municipalidad de Cañas debido al problema de aguas residuales que sufre el cantón de Cañas, el cual ocasiona severos daños al inmueble de su representada, al medio ambiente y al ganado de engorde que permanece en el sitio; sin embargo, reclama que ni el gobierno local ni las entidades correspondientes han resuelto la situación denunciada”.\n\nEn esa oportunidad, la Sala Constitucional -en lo que interesa- resolvió:\n\n \n\n“Ahora bien, del estudio del sub judice se determina que las autoridades recurridas han mantenido activas las diligencias del caso, tanto que en el 2019 crearon la Comisión de Aguas Residuales, conformada por el Ministerio de Salud -coordinador-, la Municipalidad de Cañas -representante local- y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados -competente en la materia, al igual que el Ministerio de Salud-, para analizar y buscar una solución a la problemática que aqueja el cantón de Cañas. Además, se comprueba que la Municipalidad de Cañas ha realizado trabajos en el sistema de aguas pluviales para mejorar su funcionamiento y así evitar el estancamiento de las aguas de lluvia y la proliferación de vectores que puedan afectar la salud, además, ha construido cabezales de alcantarillas y cunetas para encauzar las aguas de origen pluvial a su cauce natural, con el fin de que no discurran por la calle pública y no provoquen desbordamientos; el Ministerio de Salud (Área Rectora de Salud de Cañas) ha emitiendo órdenes sanitarias a los dueños de las viviendas que descargan las aguas residuales de manera indebida y ha testimoniado piezas ante el Ministerio Público ante el incumplimiento de los ciudadanos, además, el Ministerio de Salud en conjunto con el  Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, ha recabado información sobre las comunidades prioritarias para la atención de la problemática de aguas residuales en el cantón de Cañas, la cantidad de servicios de alcantarillado sanitario conectados al sistema versus la población que no cuentan con el mismo, el estado del sistema de red de alcantarillado y  la capacidad de planta o lagunas de tratamiento, entre otras actuaciones; sin embargo, tales acciones no han sido ni son suficientes, pues los propios accionados han informado que no es viable una solución a nivel local ni individual, pues requieren de un mega proyecto de gran complejidad técnica y presupuestaria para resolver -de manera integral- la situación objeto de este amparo. Aunado a los anterior, las autoridades recurridas informaron que ya plantearon la problemática ante los jerarcas del Ministerio de Salud, la Presidencia Ejecutiva Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y la Asamblea Legislativa para que tomen las decisiones respectivas de acuerdo con el proyecto de gran envergadura que se necesita, además, tanto el Ministerio de Salud como el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados han planteado una hoja de ruta en los informes rendidos a este Tribunal; sin embargo, no detallan cual es el plan oficial, la fecha próxima de inicio, la forma de ejecución y la fecha de culminación del proyecto, pues únicamente hacen referencia a posibles soluciones.\n\nResulta importante indicar que las autoridades accionadas tienen la responsabilidad de procurar, dentro del marco de sus competencias, la gestión diligente de los procesos, así como el deber de procurar una solución pronta y eficaz a la situación objeto del recurso, pues resulta innegable que la problemática denunciada podría representar una amenaza al derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En razón de lo expuesto, este Tribunal constata una lesión a los derechos fundamentales de la recurrente y de los vecinos afectados del cantón de Cañas. En consecuencia, lo procedente es declarar con lugar el recurso, como se expondrá en la parte dispositiva de esta sentencia”.\n\nEn la parte dispositiva de la sentencia se dispuso:\n\nSe declara con lugar el recurso. Se ordena a Gricelda Vargas Segura, en su condición de Alcaldesa de Cañas, a Natahali Montiel Ulloa, en su condición de Subgerente General del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y a Juan Luis Sánchez Vallejo, en su condición de Jefe del Área Rectora de Salud de Cañas, o a quienes ocupen esos cargos, que giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus respectivas competencias para que, dentro del plazo no mayor a TREINTA Y SEIS MESES, contados a partir de la notificación de esta sentencia, resuelva de manera definitiva e integral la problemática que enfrenta el cantón de Cañas (principalmente en las comunidades de Bello Horizonte, La Gran Piedra, Pedregal, así como también La Corte, Los Malinches, Barrio Chorotega, Las Palmas, El Bosquecito, San Antonio, Barrio Unión, San Martín, Las Cañas, Villa Esperanza, Miguel Araya, San Cristóbal Sur, Imas, y Barrio San Martín) respecto al problema de aguas residuales”.\n\nVII. SOBRE EL CASO CONCRETO. De los informes rendidos por los representantes de la autoridad recurrida -que se tienen dados bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44, de la Ley que rige esta Jurisdicción- y la prueba aportada para la resolución del asunto, se tiene por debidamente acreditado que el alcantarillado sanitario de Cañas es el único mixto a nivel nacional; es decir, recoge tanto las aguas residuales como las aguas de lluvia en una misma tubería (alcantarillado pluvial), la cual tiene más de cuarenta años de antigüedad, situación que todas las autoridades recurridas conocen y afirman en los informes rendidos bajo juramento.\n\nAhora bien, del estudio del sub judice se determina que las autoridades recurridas han mantenido activas las diligencias del caso, tanto que en el 2019 crearon la Comisión de Aguas Residuales, conformada por el Ministerio de Salud -coordinador-, la Municipalidad de Cañas -representante local- y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados -competente en la materia, al igual que el Ministerio de Salud-, para analizar y buscar una solución a la problemática que aqueja el cantón de Cañas. Además, se comprueba que la Municipalidad de Cañas ha realizado trabajos en el sistema de aguas pluviales para mejorar su funcionamiento y así evitar el estancamiento de las aguas de lluvia y la proliferación de vectores que puedan afectar la salud, además, ha construido cabezales de alcantarillas y cunetas para encauzar las aguas de origen pluvial a su cauce natural, con el fin de que no discurran por la calle pública y no provoquen desbordamientos; el Ministerio de Salud (Área Rectora de Salud de Cañas) ha emitiendo órdenes sanitarias a los dueños de las viviendas que descargan las aguas residuales de manera indebida y ha testimoniado piezas ante el Ministerio Público ante el incumplimiento de los ciudadanos, además, el Ministerio de Salud en conjunto con el  Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, ha recabado información sobre las comunidades prioritarias para la atención de la problemática de aguas residuales en el cantón de Cañas, la cantidad de servicios de alcantarillado sanitario conectados al sistema versus la población que no cuentan con el mismo, el estado del sistema de red de alcantarillado y  la capacidad de planta o lagunas de tratamiento, entre otras actuaciones.\n\n Sin embargo -tal y como se resolvió en la sentencia No. 2022-23977 de las 09:20 horas del 14 de octubre de 2022- tales acciones no han sido ni son suficientes, pues los propios accionados han informado que no es viable una solución a nivel local ni individual, pues requieren de un mega proyecto de gran complejidad técnica y presupuestaria para resolver -de manera integral- la situación objeto de este amparo. Aunado a los anterior, las autoridades recurridas informaron que ya plantearon la problemática ante los jerarcas del Ministerio de Salud, la Presidencia Ejecutiva Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y la Asamblea Legislativa para que tomen las decisiones respectivas de acuerdo con el proyecto de gran envergadura que se necesita, además, tanto el Ministerio de Salud como el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados han planteado una hoja de ruta en los informes rendidos a este Tribunal; sin embargo, no detallan cual es el plan oficial, la fecha próxima de inicio, la forma de ejecución y la fecha de culminación del proyecto, pues únicamente hacen referencia a posibles soluciones.\n\nResulta importante indicar que las autoridades accionadas tienen la responsabilidad de procurar, dentro del marco de sus competencias, la gestión diligente de los procesos, así como el deber de procurar una solución pronta y eficaz a la situación objeto del recurso, pues resulta innegable que la problemática denunciada podría representar una amenaza al derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En razón de lo expuesto, este Tribunal constata una lesión a los derechos fundamentales de la recurrente y de los vecinos afectados del cantón de Cañas. En consecuencia, lo procedente -de conformidad con la sentencia No. 2022-23977 de las 09:20 horas del 14 de octubre de 2022- es declarar con lugar el recurso, como se expondrá en la parte dispositiva de esta sentencia. \n\nVIII. VOTO SALVADO DE LOS MAGISTRADOS SALAZAR ALVARADO Y GARRO VARGAS, CON REDACCIÓN DEL PRIMERO. Con el debido respeto, disentimos del voto de mayoría que declara con lugar el recurso, con base en las siguientes razones:\n\nLa protección a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en el Ordenamiento Jurídico Costarricense, está tutelado no solo en el artículo 50, de la Constitución Política, sino también en una serie de leyes y decretos ejecutivos (reglamentos) vigentes, tales como la Ley Orgánica del Ambiente, Ley N° 7554 de 4 de octubre de 1995; la Ley de Biodiversidad, Ley N° 7788 de 30 de abril de 1998; la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, Ley N° 7317 de 21 de octubre de 1992; y el Decreto Ejecutivo N° 31849 de 24 de mayo de 2004, Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), para citar solo algunos. Esto hace necesario, en materia ambiental, separar el control de constitucionalidad del control de legalidad. En este sentido, es criterio de los suscritos que esta Sala, por vía de amparo, solo debe conocer un asunto en que se alega violación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, si la Administración no ha intervenido aún y cuando la violación a ese derecho sea manifiesta y evidente, de fácil constatación, de cierta importancia o gravedad y que afecte, de forma directa, a alguna persona o comunidad en concreto. De lo contrario, el tema debe plantearse y discutirse en la vía de legalidad. Por ello, el simple incumplimiento de obligaciones y deberes impuestos legalmente a las diversas administraciones públicas en materia ambiental es propio de ser conocido en la vía de legalidad –administrativa o jurisdiccional-, donde, con mucha mayor amplitud, podrán fiscalizarse los incumplimientos u omisiones que se acusen. Debe tenerse presente que el recurso de amparo es un proceso sumario, informal, sencillo y rápido, de manera tal, que desde el momento mismo en que la Administración interviene en un asunto ambiental, en ejercicio de sus competencias, y sustancia un procedimiento, con el dictado de actos administrativos, su conocimiento resulta ajeno al ámbito de acción de esta jurisdicción especializada. Por ello, la revisión de las actuaciones administrativas llevadas a cabo en torno a un tema ambiental que requiera, para su correcta valoración, de un proceso de conocimiento pleno, solo es posible en la jurisdicción ordinaria, toda vez que el diseño del proceso de amparo es incompatible con la contrastación o revisión de criterios técnicos o jurídicos elaborados al amparo de las normas legales o reglamentarias vigentes o con la evacuación de nuevos y mayores elementos de convicción necesarios para la contrastación o revisión de los criterios que ya consten en el expediente administrativo del caso. Lo contrario implicaría transformar el amparo en un proceso ordinario de pleno conocimiento, con lo cual se desnaturalizaría y se tornarían nugatorios los fines para los cuales ha sido diseñado, con lo cual, perdería su condición de instrumento para la tutela eficaz de los derechos fundamentales. Como consecuencia de lo anterior, estimamos que cuando un ente u órgano público ha intervenido, en diversas formas, o ha dictado actos administrativos en relación con un asunto ambiental, su conocimiento y fiscalización corresponde a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo. Es, precisamente, la verificación de la existencia de esa intervención administrativa lo que determina que el asunto sea competencia de la vía legalidad. En consecuencia, este recurso debió haberse rechazado de plano, ya que su objeto es una cuestión propia de ser discutida, analizada y resuelta en la vía de legalidad. Empero, como no se hizo así, lo procedente es declararlo sin lugar, sin hacer pronunciamiento alguno con respecto al fondo de la cuestión planteada por corresponderle a la jurisdicción ordinaria, en específico, a la contencioso-administrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas acusadas se ajustan o no, en sustancia, a lo preceptuado en el ordenamiento jurídico de rango legal, en cuanto a la protección, tutela y conservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.\n\nIX.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes, que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del Despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11, del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19, del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12, celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPOR TANTO:\n\n Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Gricelda Vargas Segura, en su condición de Alcaldesa de Cañas, a Natahali Montiel Ulloa, en su condición de Subgerente General del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y a Juan Luis Sánchez Vallejo, en su condición de Jefe del Área Rectora de Salud de Cañas, o a quienes ocupen esos cargos, que giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus respectivas competencias para que, dentro del plazo no mayor a TREINTA Y SEIS MESES, contados a partir de la notificación de la sentencia No. 2022-23977 de las 09:20 horas del 14 de octubre de 2022, resuelva de manera definitiva e integral la problemática que enfrenta el cantón de Cañas, específicamente en el Barrio San Martín, respecto al problema de aguas residuales. Se les advierte que, de no acatar la orden dicha, incurrirá en el delito de desobediencia y, que de conformidad con el artículo 71, de la Ley de esta Jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado, a la Municipalidad de Cañas y al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Los Magistrados Salazar Alvarado y Garro Vargas salvan el voto y declaran sin lugar el recurso, por corresponderle a la jurisdicción ordinaria, en específico, a la contencioso-administrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas acusadas se ajustan o no, en sustancia, a lo preceptuado en el ordenamiento jurídico de rango legal, en cuanto a la protección, tutela y conservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Notifíquese.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nFernando Cruz C.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nPaul Rueda L.\n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Araya G.\n\n\n\n\nAnamari Garro V.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJose Roberto Garita N.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n SWL3BESCVGC61\n\nEXPEDIENTE N° 22-009841-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nClasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 17:13:08.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "\"(…) I.- Object of the appeal. The appellant claims a violation of her fundamental rights, as she alleges that she is an elderly person, a resident of Barrio San Martín in Cañas. She notes that in that community, part of a water body identified as Poza de Agua runs through. She explains that, due to the expansion of the Ruta Interamericana Uno, the aforementioned pool suffered modifications to its natural channel, specifically in the western sector. She notes that the foregoing is because the Municipalidad de Cañas allowed the discharge of stormwater (aguas pluviales), graywater (aguas residuales) and blackwater (aguas negras) from dwellings into said water body. She claims that the described situation has occurred due to the negligence of the servants of the respondent municipality, by failing to exercise due control and compliance with the regulations governing the urban conditions that constructions in general must meet. She affirms that this omission not only produced the discharge of stormwater and graywater, but also of blackwater into the collecting pipes that empty into the aforementioned pool. Likewise, she alleges that the town hall, with municipal machinery, carried out work to widen the stream bed (quebrada) channel, generating abundant stagnation of graywater. She maintains that the environment has become unhealthy and fetid, as a consequence of the discharge of blackwater, which stimulates the ideal habitat for the development of mosquitoes and all kinds of insects, a situation that affects both Barrio San Martín and La Unión. She reiterates that the situation they currently live in in their communities is unfair, unsustainable, and serious given that they must endure the stench and the danger to their health. She argues that the exposed problem forces them to seek protection of their right to health, a product of the negligence of the Municipal entity that has allowed the development of dwellings without the control and supervision that is their responsibility, in order to take actions to resolve the aforementioned problem. On the other hand, she comments that the Ministerio de Salud is aware of the exposed situation, however it has not taken any action to solve it. She adds that they must be constantly applying insecticides in their homes, with the high economic cost that this implies and with the harm it causes.\n\nII.- PROVEN FACTS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:\n\na) During 2021, the Municipalidad de Cañas attended to requests from residents of the communities of San Martín and Barrio Unión, for the cleaning of the surroundings of the quebrada Poza de Agua (see the report).\n\nb) The water body mentioned by the appellant has existed since well before the seventies; said water body originates east of the urban center, continues through the urban center heading southwest, passing through the neighborhoods that line up from east to west (Barrios La Unión and San Martín), discharging into properties located to the southwest, joining the quebrada Florentina (see the report).\n\nc) Complaint No. 59-2021, filed on May 12, 2021, by the residents of Barrio San Martín against the Municipalidad de Cañas, is on file in the administrative record of the Ministerio de Salud, stating: \"…on September 23, 2020, a complaint was filed before the local government about the situation we residents live with regarding the dry stream bed that crosses from Barrio San Martín to Barrio Las Cañas, 100m south of Super San Andrés, the waters stagnate in the channel of that quebrada, producing bad odors, rodents and mosquitoes, and it is full of garbage and other waste, the water is no longer clear, but rather black and foul-smelling. These being harmful to our community and a possible transmitter of diseases\" (see the report).\n\nd) A response to the complainants from the Ministerio de Salud is on file, via Official Letter MS-DRRSCH-DARSCÑ-316-2021, dated July 21, 2021, stating: \"That the case will be transferred to the Municipalidad de Cañas for the respective cleaning. As this is a generalized graywater problem in your neighborhood, the situation will be addressed by the Cañas Graywater Commission (Comisión de Aguas Residuales de Cañas), in order to find a collective solution to the problem…\" Furthermore, a referral email copied to the Municipal Mayor and the Graywater Commission is on file (see the report).\n\nIV.- ON THE RIGHT TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT. Debe indicarse, en primer lugar, que los derechos fundamentales a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, se encuentran reconocidos constitucionalmente (artículos 21, 50, 73 y 89, de la Constitución Política), así como a través de la normativa internacional aplicable en Costa Rica. In this regard, in Judgment No. 2006-005928 of 3:00 p.m. on May 2, 2006, this Court resolved: \"(…) The right to life recognized in article 21 of the Constitution is the cornerstone upon which the rest of the fundamental rights of the inhabitants of the republic rest. Similarly, the right to health finds its basis in that article of the political charter, since life is inconceivable if minimum conditions for an adequate and harmonious psychic, physical, and environmental balance are not guaranteed to the human person. Now, public health and the right to a healthy and ecologically balanced environment are constitutionally recognized in articles 21, 50, 73, and 89 of the Constitución Política. Specifically, article 50 of the Constitution expressly recognizes the right of all inhabitants of the country to enjoy a healthy and perfectly balanced environment. That right is a fundamental guarantee for the protection of life and public health. In support of the foregoing, this Court has resorted to the use of the notion of 'environmental quality' as a parameter, precisely, of the quality of life of people, which is combined with other elements such as health, food, work, and housing, referring to the fact that everyone has the right to use the environment for their own development but not in an unlimited manner, since there is also a duty to protect and preserve the environment for present and future generations –principle of sustainable development–\". Likewise, from article 50 of the Constitución Política, the State's obligation to protect the environment is derived. The rule that establishes to that effect: \"The State shall seek the greatest well-being for all inhabitants of the country, organizing and stimulating production and the most adequate distribution of wealth. Every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment. Therefore, they are entitled to denounce acts that infringe upon that right and to claim reparation for the damage caused. The State shall guarantee, defend, and preserve that right. The law shall determine the corresponding responsibilities and sanctions.\" This corroborates that the various public authorities have the unavoidable duty to preserve, defend, and guarantee the fundamental right of every person to health and to a healthy and ecologically balanced environment.\n\nV.- ON THE COORDINATION OF PUBLIC INSTITUTIONS IN THE INTEGRAL PROTECTION OF THE ENVIRONMENT. Existe una obligación para el Estado -como un todo- de tomar las medidas necesarias para proteger el ambiente, a fin de evitar grados de contaminación, deforestación, extinción de flora y fauna, uso desmedido o inadecuado de los recursos naturales, que pongan en peligro la salud de los administrados. In this task, public institution is understood to mean both the Central Administration -Ministries, such as the Ministerio del Ambiente y Energía and the Ministerio de Salud-, which by reason of subject matter, have broad participation and responsibility regarding the conservation and preservation of the environment; which act, most of the time, through their specialized dependencies on the matter. Similarly, in this task, municipalities have great responsibility regarding their territorial jurisdiction. Due to the diversity of actors that may intervene, one might think that this multiple responsibility would cause chaos in administrative management. Therefore, in order to avoid the simultaneous coexistence of spheres of power of different origin and essence, the duplication of national and local efforts, as well as the confusion of rights and obligations among the various parties involved, it is necessary to establish a series of coordination relationships between the various dependencies of the Poder Ejecutivo and the decentralized institutions, and between them and the municipalities, in order to be able to carry out the functions that have been entrusted to them. This Chamber has already referred to the principle of coordination of public dependencies with municipalities in the realization of common purposes, stating, through Judgment No. 5445-99, of 2:30 p.m. on July 14, 1999, that: \"Coordination is the ordering of the relationships between these various independent activities, which deals with that concurrence on a single object or entity, to make it useful for a global public plan, without suppressing the reciprocal independence of the acting subjects. As there is no hierarchical relationship between decentralized institutions, nor of the State itself in relation to municipalities, the imposition of certain conducts on them is not possible, hence the essential inter-institutional 'concert' arises, in a strict sense, insofar as the autonomous and independent centers of action agree on that preventive and global scheme, in which each one plays a role in view of a mission entrusted to the others. Thus, the relationships of municipalities with other public entities can only be carried out on a plane of equality, which results in agreed forms of coordination, excluding any imperative form to the detriment of their autonomy, which would allow subjecting corporate entities to a coordination scheme without their will or against it; but which does admit the necessary subordination of these entities to the State and in the interest thereof (through the 'administrative oversight' of the State, and specifically, in the function of control of legality that corresponds to it, with general oversight powers over the entire sector).\"\n\nVI.- REGARDING WHAT WAS RESOLVED IN CASE FILE NO. 22-012991-0007-CO. By judgment No. 2022-23977 of 9:20 a.m. on October 14, 2022, the Sala Constitucional heard an amparo appeal whose object was the following:\n\n\"II.- OBJECT OF THE APPEAL. The appellant indicates that on repeated occasions she has tried to reach an agreement with the Municipalidad de Cañas due to the graywater problem suffered by the canton of Cañas, which causes severe damage to her represented party's property, the environment, and the fattening cattle that remain on the site; however, she claims that neither the local government nor the corresponding entities have resolved the denounced situation.\"\n\nOn that occasion, the Sala Constitucional -in what is of interest- resolved:\n\n\"Now, from the study of the sub judice it is determined that the respondent authorities have kept the proceedings of the case active, so much so that in 2019 they created the Graywater Commission, composed of the Ministerio de Salud -coordinator-, the Municipalidad de Cañas -local representative- and the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados -competent in the matter, as is the Ministerio de Salud-, to analyze and seek a solution to the problem plaguing the canton of Cañas. Furthermore, it is verified that the Municipalidad de Cañas has carried out work on the stormwater system to improve its functioning and thus avoid the stagnation of rainwater and the proliferation of vectors that may affect health; in addition, it has built sewer heads and ditches to channel stormwater to its natural channel, so that it does not run down the public street and cause overflows; the Ministerio de Salud (Área Rectora de Salud de Cañas) has been issuing sanitary orders to the owners of dwellings that improperly discharge graywater and has submitted certified records before the Ministerio Público due to citizens' non-compliance; additionally, the Ministerio de Salud, together with the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, has gathered information on the priority communities for addressing the graywater problem in the canton of Cañas, the number of sanitary sewer services connected to the system versus the population that does not have it, the status of the sewer network system and the capacity of the treatment plant or lagoons, among other actions; however, such actions have not been and are not sufficient, since the respondents themselves have reported that a local or individual solution is not viable, as they require a mega-project of great technical and budgetary complexity to resolve -in an integral manner- the situation that is the object of this amparo. Added to the above, the respondent authorities reported that they have already raised the problem before the senior officials of the Ministerio de Salud, the Executive Presidency of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, and the Asamblea Legislativa so that they make the respective decisions according to the large-scale project that is needed; furthermore, both the Ministerio de Salud and the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados have proposed a roadmap in the reports rendered to this Court; however, they do not detail what the official plan is, the anticipated start date, the form of execution, and the project completion date, since they only refer to possible solutions.\n\nIt is important to indicate that the respondent authorities have the responsibility to seek, within the framework of their powers, the diligent management of processes, as well as the duty to seek a prompt and effective solution to the situation object of the appeal, since it is undeniable that the denounced problem could represent a threat to the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment. By reason of the foregoing, this Court finds an injury to the fundamental rights of the appellant and the affected residents of the canton of Cañas. Consequently, it is appropriate to declare the appeal with merit, as will be set forth in the operative part of this judgment.\"\n\nIn the operative part of the judgment, it was ordered:\n\nThe appeal is declared with merit. Gricelda Vargas Segura, in her capacity as Alcaldesa of Cañas, Natahali Montiel Ulloa, in her capacity as Subgerente General of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, and Juan Luis Sánchez Vallejo, in his capacity as Jefe of the Área Rectora de Salud de Cañas, or whomever holds those positions, are ordered to issue the pertinent orders and carry out all actions within the scope of their respective powers so that, within a period not exceeding THIRTY-SIX MONTHS, counted from the notification of this judgment, they definitively and integrally resolve the problem facing the canton of Cañas (mainly in the communities of Bello Horizonte, La Gran Piedra, Pedregal, as well as La Corte, Los Malinches, Barrio Chorotega, Las Palmas, El Bosquecito, San Antonio, Barrio Unión, San Martín, Las Cañas, Villa Esperanza, Miguel Araya, San Cristóbal Sur, Imas, and Barrio San Martín) regarding the graywater problem.\n\nVII. ON THE SPECIFIC CASE. From the reports rendered by the representatives of the respondent authority -which are deemed given under oath with the consequences, including criminal ones, provided for in article 44 of the Law governing this Jurisdiction- and the evidence provided for the resolution of the matter, it is taken as duly accredited that the Cañas sanitary sewer system is the only mixed one at the national level; that is, it collects both graywater and rainwater in a single pipe (storm sewer (alcantarillado pluvial)), which is more than forty years old, a situation that all respondent authorities know and affirm in the reports rendered under oath.\n\nNow, from the study of the sub judice it is determined that the respondent authorities have kept the proceedings of the case active, so much so that in 2019 they created the Graywater Commission, composed of the Ministerio de Salud -coordinator-, the Municipalidad de Cañas -local representative- and the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados -competent in the matter, as is the Ministerio de Salud-, to analyze and seek a solution to the problem plaguing the canton of Cañas. Furthermore, it is verified that the Municipalidad de Cañas has carried out work on the stormwater system to improve its functioning and thus avoid the stagnation of rainwater and the proliferation of vectors that may affect health; in addition, it has built sewer heads and ditches to channel stormwater to its natural channel, so that it does not run down the public street and cause overflows; the Ministerio de Salud (Área Rectora de Salud de Cañas) has been issuing sanitary orders to the owners of dwellings that improperly discharge graywater and has submitted certified records before the Ministerio Público due to citizens' non-compliance; additionally, the Ministerio de Salud, together with the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, has gathered information on the priority communities for addressing the graywater problem in the canton of Cañas, the number of sanitary sewer services connected to the system versus the population that does not have it, the status of the sewer network system and the capacity of the treatment plant or lagoons, among other actions.\n\nHowever -as was resolved in judgment No. 2022-23977 of 9:20 a.m. on October 14, 2022- such actions have not been and are not sufficient, since the respondents themselves have reported that a local or individual solution is not viable, as they require a mega-project of great technical and budgetary complexity to resolve -in an integral manner- the situation that is the object of this amparo. Added to the above, the respondent authorities reported that they have already raised the problem before the senior officials of the Ministerio de Salud, the Executive Presidency of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, and the Asamblea Legislativa so that they make the respective decisions according to the large-scale project that is needed; furthermore, both the Ministerio de Salud and the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados have proposed a roadmap in the reports rendered to this Court; however, they do not detail what the official plan is, the anticipated start date, the form of execution, and the project completion date, since they only refer to possible solutions.\n\nIt is important to indicate that the respondent authorities have the responsibility to seek, within the framework of their powers, the diligent management of processes, as well as the duty to seek a prompt and effective solution to the situation object of the appeal, since it is undeniable that the denounced problem could represent a threat to the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment. By reason of the foregoing, this Court finds an injury to the fundamental rights of the appellant and the affected residents of the canton of Cañas. Consequently, it is appropriate -in accordance with judgment No. 2022-23977 of 9:20 a.m. on October 14, 2022- to declare the appeal with merit, as will be set forth in the operative part of this judgment. (…)\"\n\nIn this regard, it is the opinion of the undersigned that this Chamber, by way of amparo, should only hear a matter in which a violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment is alleged if the Administration has not yet intervened and when the violation of that right is manifest and evident, easily verifiable, of a certain importance or gravity, and directly affects a specific person or community. Otherwise, the matter must be raised and discussed in the legality jurisdiction. Therefore, the simple non-compliance with obligations and duties legally imposed on the various public administrations in environmental matters is properly heard in the legality jurisdiction—administrative or judicial—where, with much greater scope, the alleged non-compliances or omissions can be scrutinized. It must be borne in mind that the recurso de amparo is a summary, informal, simple, and rapid process, such that, from the very moment the Administration intervenes in an environmental matter, in the exercise of its powers, and conducts a proceeding, issuing administrative acts, its review falls outside the scope of action of this specialized jurisdiction. For this reason, the review of administrative actions carried out concerning an environmental matter that requires, for its proper assessment, a full evidentiary process is only possible in the ordinary jurisdiction, since the design of the amparo process is incompatible with the comparison or review of technical or legal criteria developed under current legal or regulatory norms, or with the taking of new and additional evidence necessary for the comparison or review of the criteria already on file in the administrative case record. The opposite would imply transforming the amparo into an ordinary full evidentiary process, which would denature it and render nugatory the purposes for which it was designed, thereby causing it to lose its status as an instrument for the effective protection of fundamental rights. As a consequence of the foregoing, we consider that when a public entity or body has intervened, in various forms, or has issued administrative acts in relation to an environmental matter, its review and oversight correspond to the jurisdiction of the contencioso-administrativo. It is, precisely, the verification of the existence of that administrative intervention that determines that the matter falls under the jurisdiction of the legality jurisdiction. Consequently, this recurso should have been rejected outright, since its object is a matter properly suited for discussion, analysis, and resolution in the legality jurisdiction. However, since this was not done, the proper course is to declare it without merit, without making any pronouncement as to the merits of the question raised, since it is for the ordinary jurisdiction, specifically the contencioso-administrativo jurisdiction, to determine whether the accused administrative actions and conduct conform or not, in substance, to the provisions of the legal system, regarding the protection, safeguarding, and conservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment.\n\nVCG11/2022\n\n... See more\nText of the ruling\n\n\n\nExp: 22-009841-0007-CO\n\nRes. No. 2022025176\n\n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours thirty minutes on the twenty-fifth of October of two thousand twenty-two.\n\n\nRecurso de amparo processed in expediente number 22-009841-0007-CO, filed by GELVER PORRAS BRICEÑO, identity card 05-0145-1364, against the MUNICIPALIDAD DE CAÑAS, the MINISTERIO DE SALUD, and the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS.\n\nResultando:\n\n\nBy brief received at the Secretariat of the Chamber on May 09, 2022, the petitioner files a recurso de amparo against the Municipalidad de Cañas and states that: he is an elderly person, a resident of Barrio San Martín de Cañas. He notes that in that community, part of a water body identified as Poza de Agua runs. He explains that, due to the expansion of the Inter-American Highway One, the aforementioned well underwent modifications to its natural channel, specifically in the western sector. He notes the foregoing is because the Municipalidad de Cañas permitted the discharge of stormwater, residual water, and black water from homes into said water body. He claims that the described situation has occurred due to the negligence of the servers of the respondent municipality, by not exercising proper control and compliance with the regulations governing the urban planning conditions that constructions in general must meet. He affirms that this omission not only produced the discharge of stormwater and residual water but also that of black water into the collector pipes that drain into the aforementioned well. Likewise, he alleges that the local government, with municipal machinery, carried out work to widen the channel of the stream, generating abundant stagnation of residual water. He maintains that the environment has become unsanitary and fetid, as a consequence of the discharge of black water, which stimulates the ideal habitat for the development of mosquitoes and all variety of insects, a situation that affects both Barrio San Martín and La Unión. He reiterates that the situation they currently live in their communities is unjust, unsustainable, and serious given that they must endure the stench and the danger to their health. He argues that the exposed problem forces them to seek protection of their right to health, resulting from the negligence of the Municipal entity that has allowed the development of housing without the control and supervision within its purview, in order to take action to resolve the aforementioned problem. On the other hand, he comments that the Ministerio de Salud is aware of the exposed situation, however, it has not taken any action to solve it. He adds that they must constantly apply insecticides in their homes, with the high economic cost that this entails and with the resulting effects. For the reasons stated, he requests this Chamber declare the recurso with merit with the legal consequences.\n\nJoselyn María Chacón Madrigal reports under oath, in her capacity as Minister of Health, attaching official communication No. MS-DRRSCH-161-2022 signed by the Área de Salud de Cañas, which literally states as follows:\n\n\"FIRST- In relation to the reported facts, the handling of Denuncia 59-2021, filed on May 12, 2021, by the residents of Barrio San Martín against the Municipalidad de Cañas, appears in the administrative expediente, which indicates '...on September 23, 2020, a denuncia was filed before the local government regarding the situation experienced by us neighbors regarding the drought that crosses from Barrio San Martín to Barrio Las Cañas, 100m South of Super San Andrés, the waters stagnate in the channel of that stream, producing foul odors, rodents, and mosquitoes, it is full of garbage and other waste, the water is no longer clear, but black and foul-smelling. These being harmful to our community and a possible transmitter of diseases.' Consequently, a response to the complainants is on record, through Official Communication MS-DRRSCH-DARSCÑ-316-2021, dated July 21, 2021, which indicated: 'That the case will be referred to the Municipalidad de Cañas for the respective cleaning. Given that this is a widespread problem of wastewater (aguas residuales) in your neighborhood, the situation will be addressed in the Comisión de Aguas Residuales de Cañas, in order to seek a collective solution to the problem…'. In addition, there is a referral email copied to the Municipal Mayor and the Comisión de Aguas Residuales (Pages Nos. 00001, 00002, 00003, expediente Barrio San Martín, aguas residuales). SECOND- Likewise, I must indicate that on August 5, 2021, they transferred the same denuncia from the Dirección General de Salud, with Official Communication MS-DGS-3379-2021, consecutive Denuncia 98-2021. Consequently, it was resolved through Technical Inspection Report MSDRRSCH- DARSCÑ-IT-0414-2021, dated August 16, 2021, and with the notification of the Sanitary Order MS-DRRSCH-DARSCÑ-317-2021, on August 17, 2021. And through Official Communication MS-DRRSCHDARSCÑ- 343-2021, dated August 19, 2021, a response was given to Official Communication MS-DGS-3379-2021, and it was referred to the Comisión de Aguas Residuales, together with Official Communication MS-DRRSCH-DARSCÑ-063-2022 response to Denuncia 098-2021. (Pages Nos. 00004, 00005, 00007, 00008, 00009, 00013, expediente Barrio San Martín, aguas residuales). Third- On September 7, 2021, Official Communication OFC-ALC- 349-2021 was received, issued by the Municipal Mayor to the residents of Barrio San Martín, informing of the actions carried out and planned by the Municipality to resolve the problem of the waters flowing through the ditch of the old landing field, actions linked to the Sanitary Order. (Pages Nos. 00011, 00012 expediente Barrio San Martín, aguas residuales). Fourth- The expediente of the Comisión de Aguas Residuales de Cañas, Meeting Log dated October 14, 2021, shows where the Municipalidad de Cañas indicates that the ditch of Barrio San Martín will be cleaned and a follow-up analysis will be carried out. It is worth mentioning that the Comisión de Aguas Residuales de Cañas is composed of the Municipality, AyA, and the Ministerio de Salud in order to inter-institutionally address and coordinate problemáticas of wastewater management in the canton. (Pages Nos. 00153, 00154 expediente Comisión de Aguas Residuales de Cañas). Fifth- Furthermore, the expediente of the Comisión de Aguas Residuales de Cañas, Meeting Log dated February 24, 2022, shows where it is indicated that '...neighbors of Barrio San Martín de Cañas are received in the first instance, who present the problem of wastewater discharge, and suspicion of black water..., which generates economic damages, foul odors, and environmental health problems for them. The interests of this wastewater commission and the objectives they have in the short, medium, and long term are explained to them. They demand an immediate solution through inter-institutional intervention and request a new meeting to address the issue with the Regional Leadership of AyA in 15 days.' (Pages Nos. 00157, 00158 expediente Comisión de Aguas Residuales de Cañas). Sixth- Consequently, on March 11, 2022, a meeting was held with the presence of the residents of Barrio San Martín and with Mr. Eliecer Robles, regional director of AyA, fulfilling the agreement on the part of the involved institutions before the residents of Barrio San Martín; additionally, the reported site was visited jointly. It is worth mentioning that AyA states that additional services cannot be connected to the existing sanitary sewer system in Cañas, because they reached the capacity limit for connections to the Wastewater Treatment Plant, and due to a lack of economic resources, they cannot expand it. During said visit, the representatives of Barrio San Martín indicate that they will request a criterion from the Dirección de Aguas to determine whether the affected stream has a permanent flow or not. (Pages Nos. 00159, 00160, 00161 expediente Comisión de Aguas Residuales de Cañas). Seventh- In follow-up, on April 26, 2022, a meeting was held with the members of the Comisión de Aguas Residuales, where the Department Section Doctor of the Área Rectora de Salud Cañas, of the Ministerio de Salud explains the problem faced when arriving at homes to verify their conditions after the presence of the denuncias. As the ministry of health, the corresponding sanitary orders are issued; however, the solution is only viable when people have space for improvements or expansion of the drainage system, and in others, it is impossible because the entire land is fully built upon, without considering that in some sectors the soil has poor filtration. As a proposal, it is mentioned to produce a joint document (as a wastewater commission) in order to present it to the Asamblea Legislativa and to present it to the Heads of AyA and the Ministerio de Salud in search of a collective solution; since individual solutions, due to the urban characteristics mentioned by the petitioner, would not solve the problem. An expansion of the sanitary sewer system and improvements to the oxidation lagoons are needed to expand services. It should be noted that the Cañas sanitary sewer system is the only one in the country that is mixed, collecting both stormwater and black water, and in winter when it rains a lot, it collapses, these waters mixing, generating foul odors. Therefore, AyA (not included in this amparo) must urgently incorporate into its project portfolio the technical studies that allow for the designs of a new sanitary sewer system for Cañas, to ultimately resolve this problem that indeed affects not only Barrio San Martín but also other neighborhoods in the canton. Hence the decision of the wastewater commission to present the case at the highest level; since at the local and regional level, AyA politically cannot prioritize a project of this magnitude, and the ministry of health issuing sanitary orders as individual solutions and fining people would not solve the macro problem, due to the fact that over the years, there has also been no oversight by the Municipality to ensure that constructions are executed according to the submitted plans and to prevent the population from carrying out constructions without the proper permits, as we have confirmed in many of the inspection visits. (Pages Nos. 00169, 00170, 00171, 00172 expediente Comisión de Aguas Residuales de Cañas).\"\n\nGricelda Vargas Segura reports under oath, in her capacity as Mayor of Cañas, in the following terms:\n\n“This municipal administration, from the mayor's office, has always ensured the socio-environmental development of the canton of Cañas in the specific areas of environmental well-being in accordance with the care of health, as is the case at hand, knowing the problem experienced by the community located West of the urban center in the neighborhoods of La Unión and San Martín, with the course of the stream called 'Poza de Agua' which begins in the Eastern sector of the urban center, crossing with its natural course from East to West, passing at different points through the neighborhoods of La Unión and San Martín, likewise continuing its natural course to the farms located completely to the Southwest, this being its natural course until joining the Quebrada Florentina, all within the natural channel. In order to maintain a healthy environment, as well as to comply with the Environmental Annual Operating Plan, which is aimed at seeking alternatives, processes, tools, ideas, projects that try to improve and raise awareness among the population, to develop actions that do not negatively impact the environment; during the year 2021, they addressed requests from the residents of the community of San Martín and Barrio Unión, for the cleaning of the surroundings of the Quebrada Poza de Agua. Within the powers granted by Constitutional Law, the Código Municipal, supplementary laws such as the Ley General de Caminos Públicos, the municipalities are responsible for the construction and maintenance of the cantonal road network, thus in execution of this competence in favor of the public interest, it is the Municipality that proceeds, through the established procedures for public procurement, to contract and maintain the cantonal road that is affected by the natural passage of the stream 'Poza de Agua', which dates back to the 70s as an intermittent stream affecting private properties and public roads that lie in its path or natural course coming from the East, passing through the West, and continuing Southwest of the urban center. Regarding the statements made by the petitioner concerning the increase in the flow of the water body that runs through what the petitioner calls 'poza de agua' due to the alleged approval by the respondent Municipality for the expansion of Route One. This municipal administration, from the mayor's office, proceeds to respond to the extremities stated by the petitioner, as well as we proceed to demonstrate that he is not correct, in that the water body he mentions has existed since well before the nineteen seventies; said water body rises to the East of the urban center, continues crossing the urban center towards the Southwest, passing through the neighborhoods that are in line from East to West (Barrios La Unión and San Martin), discharging into the farms located to the Southwest, joining the Quebrada Florentina. The cartographic sheet of Costa Rica 067 Cañas scale 1:50000 from the Instituto Geográfico Nacional (IGN) shows the presence of a water body, which begins in the eastern sector of Route 1, crosses this route continuing westward, passing through Barrio San Martín and following its course to the southwest for approximately 4 km until merging with the Quebrada Florentina (see detail in image C-03). The geospatial information available from the Dirección de Aguas in the public viewer of the SINIGIRH platform, shows that to the West of Barrio San Martín there is an unnamed stream that is a tributary of the Quebrada Poza de Agua. In satellite images with reference C-1 and C-02, corresponding to the satellite image of the years 2007 and 2017 respectively, the trace of a water body is shown. In image C-04, the Catastro Department of the Municipalidad de Cañas performs a montage of cadastral plans bordering the acequia (irrigation ditch/canal) that runs from Route 1 crossing Barrio San Martín to discharge into an unnamed stream, a tributary of Quebrada Poza de Agua. Attached are some reference cadastral plans showing the acequia, identified in image C-04 in red. Regarding the use provided by current regulations for acequias, streams, and rivers as discharge points for stormwater (within the municipalities' responsibility to manage), the following is established: 1- In accordance with Article 121 of the Reglamento de Construcciones del INVU, stormwater from buildings must be discharged into stormwater sewer systems, natural channels, or may be reused, provided it is not for human consumption. Similarly, the Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones del INVU, in its Article 42 states '…In every urbanization project, stormwater must be conducted to a stormwater sewer system, which guarantees through pipes, conduits, and other accessory works, the discharge of rainwater to natural disposal places.' Therefore, there is no impediment to discharging stormwater into natural channels. Regarding what the petitioner states about the alleged lack of controls and compliance with regulations governing the urban planning conditions that residual stormwater must meet in the western zone of the urban center (Barrios La Unión and San Martín). As the competent local active administration to regulate and monitor urban growth, we proceed to demonstrate that the petitioner in his allegations is not correct, in that the Department of Urban Development and Control of the Municipality, as part of the process for approving construction permits, officials review in the construction plans that the wastewater from buildings effectively discharges to a treatment system (whether a septic tank or treatment plant), and not into the stormwater sewer system. Likewise, during the construction process, progress inspections are carried out, and in cases where a modification is detected, the Ministerio de Salud is informed, so that it may proceed according to its powers. On the other hand, the Reglamento de Construcciones del INVU, in its Article 118 indicates that 'wastewater must be treated and disposed of in a sanitary sewer, septic tank, or a treatment system that complies with the provisions of the Reglamento de Aprobación de Sistemas de Tratamientos de Aguas Residuales, Decreto Ejecutivo No. 39887-S-MINAE and its amendments or the regulations that replace it. Discharging wastewater into the stormwater sewer system is prohibited…'. Analogously, Decree 42075-S-MINAE states in its Article 37 that 'The discharge of effluent from septic tanks to a water body, storm sewer, or any other element that does not lead to a drainage system or an additional treatment unit before its final discharge is not permitted. Overflows of wastewater from the drainage system are not permitted.' And since we are dealing with an issue that overlaps with the responsibility and powers of other State Institutions, it is important to highlight on the topic of wastewater with Decree 42075-S-MINAE, which highlights the responsibility for wastewater matters on the property owner and the responsible professional in its Article 12, by indicating that 'the property owner and the responsible professional shall be jointly responsible for the design and operation of the prior treatment system and the drainage system, whether this is a septic tank or wastewater treatment plant. Any change in the design of the treatment plant, septic tank, or drainage system must be expressly authorized by the Ministerio de Salud before construction work begins.' Detailed report of the actions taken by the Department of Environmental Management in the maintenance and cleaning within the stream 'Poza de Agua' within the sector of Barrio San Martín. 1- During the year 2021, cleaning work was carried out in the surroundings and within the stream 'Poza de Agua' as it passes through Barrio San Martín. It is important to highlight that these cleaning tasks were always in protection of current regulations regarding the protection of streams, rivers, and springs (nacientes), focusing the work on eliminating the stagnation of water at the site (within the stream 'Poza de Agua') by performing work involving the movement (manually) of sediment, stones, bushes, and some non-valuable waste, which obstructed the passage of water, especially in the summer season when there is less flow in the stream 'Poza de Agua', producing a stagnation of stormwater (from sudden and intermittent rains that occur to the East in the mountains) that runs naturally through the stream channel, this water stagnating as it passes through Barrio San Martín. 2- It is important to note that during the cleaning work, slopes adjacent to properties were not touched in a way that would produce a widening of the natural channel of the stream 'Poza de Agua'. Detailed report of the actions taken by the Department of the Technical Road Management Unit in the maintenance of the cantonal road, adjusted to current legislation, at the crossing point of the stream 'Poza de Agua' within the sector of Barrio San Martín. 1. As part of the economic exercise for the year 2021, specifically from the extraordinary budget, resources were allocated for the creation of the project named 'Rehabilitation Of Existing Culvert Crossing Over a Stream On 22nd Street In Barrio Unión Of The City Of Cañas', at coordinates 10°25¨37” N 85°06¨06” W (see Illustration No. 1 of report OFC-DIV-049-22). 2. Following the approval of resources, field visits and preliminary studies were conducted to determine the type of intervention to execute, observing that the problem at the site is mainly due to the existing structure (headwalls), according to the levels, generating erosion on the running surface which means only one vehicular lane exists, and given the absence of a pedestrian bridge, people must move along the road, which creates danger for users. (See Illustrations No. 2 and No. 3). 3. It is important to mention that all work must be constructed within the right-of-way and that it will be for the conveyance of stormwater, even if the flow of other types of waters already exists at the site. (See Illustrations No. 4 and No. 5 OFC-DIV-049-22). 4. Given the existing need and with the approved resources, the tendering process for the work was initiated through Licitación Abreviada 2021LA-00009-01 named Construction of simple headwalls, headwalls with wingwalls, low walls, slabs, and other works in culvert crossings on roads of the canton, from which Purchase Order No. 19284 and contract 014-2021 were generated. 5. In early February of the year 2022, the start order for the works was issued, resulting in the widening of the road surface to 2 vehicular lanes and additionally the construction of a cantilever bridge to give continuity to the pedestrian sidewalks, guaranteeing the safety of the users. All of this without making modifications or alterations to the already existing stream 'Poza de Agua', just as the discharge channel is not being overloaded with more water, the reality being that the conditions of transit, both vehicular and primarily pedestrian, at this specific point are merely being improved, this being the competence to which the Municipality is called. (See Illustrations No. 6 and No. 7 OFC-DIV- 049-22)”.\n\nBy resolution at 07:24 hours on August 22, 2022, the Instructor Magistrate granted an audience to the Executive President of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.\nNatahali Montiel Ulloa reports under oath, in her capacity as Deputy General Manager of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, in the following terms:\n\nFIRST: Based on report GSP-RCHO-2022-02688 from the Chorotega Region of AyA, it is indicated: '..In reference to the technical situation of the collection and treatment service at the place of the events and additional sectors, it is indicated that indeed additional services cannot be connected to the existing sanitary sewer system in Cañas, because they reached the capacity limit for connections to the Wastewater Treatment Plant and for treatment, and given the scale of the project required, the necessary resources for its formulation, design, expansion or construction, operation, and maintenance are not available. That the complainant's site is outside the current coverage of AyA, and what is described is beyond our competence. The following image shows the location of Barrios Unión and San Martín and the sanitary sewer network... Regarding the facts and allegations provided in both recursos de amparo, it must be indicated that AyA effectively has knowledge of the existing problem concerning the sanitation needs for wastewater generated in several sectors of the Cantón de Cañas, which are not part of our Institution's coverage area, since of one hundred percent of the potable water services that make up the Cañas Potable Water System, only a 25% coverage in wastewater networks exists. In that sense, AyA, in its role of Stewardship, has participated in different working sessions convened under the figure of the Comisión de Aguas Residuales de Cañas, where the specific cases of the neighborhoods generating the problem at hand here have been addressed, providing this commission, in strict exercise of the powers and responsibilities assigned by mandate of Law, technical advice for the search for a definitive solution for the sanitation of the wastewater of the Cantón de Cañas. It is important to reiterate to the honorable Sala IV that the neighborhoods in question are outside the coverage area of the services provided by AyA, and therefore do not have the institutional endorsement for the sanitation solution chosen in the urban development projects that gave rise to Barrios Unión and San Martín, Pedregal and Bello Horizonte. Likewise, it is necessary to reiterate that, by legal mandate, AyA in the systems that are within its coverage area, guarantees the service to the extent legally and technically feasible, provided that all the requirements established for these purposes are fully met. In addition, it is pertinent to mention that Costa Rica has recognized at the constitutional level the right to decent housing, as well as the right to education and health. Notwithstanding the foregoing, it is important that the honorable Sala Constitucional takes into account that all the conditions of the people who live in these neighborhoods in question, and that have been pointed out by the petitioner, do not entitle them to omit compliance with all the requirements established by Law for the development of real estate development projects; rather, it would seem that what is sought is to take advantage of their condition to obtain the endorsement of Institutions such as those involved here, to consolidate the construction of settlements that have seemingly been built without observing Costa Rican construction standards, endangering the physical integrity and health of the people who inhabit them. It is vital that the honorable Sala IV consider that the Ley de Salud Pública No. 5395 provides the following: Article 308.- Without prejudice to the powers of other authorities or competent entities in the matter, every person engaged in the urbanization of land and the construction of buildings for housing must comply with the provisions of the sanitary standards that the Ministry issues on the matter for the protection of people's health.\n\nArticle 310.- The construction of dwellings in new urban developments or subdivisions of larger properties whose sanitary services and systems do not comply with the legal provisions and current regulations is prohibited. Article 311.- The same rules established in the previous articles shall apply to the formation of new cities or towns. Article 313.- Every individual, family, or multi-family dwelling must comply with the following sanitary requirements: .(…) 8. Basic sanitation means: a) Continuous supply of potable water, in sufficient quantity and pressure, accessible to all occupants. b) Adequate systems for the elimination of excreta, black water, grey water, and rainwater approved by the health authority. c) Minimum primary sanitary fixtures.” (emphasis added) Therefore, it would be reckless for the legal security of our country to allow situations such as the one at hand, since it appears that an attempt is being made – through the figure of the amparo appeal and the authority of the honorable Constitutional Chamber – to certify access to basic services (through a public source or any other means) for a property on which dwellings or hamlets have been developed without due process in construction matters, and therefore without meeting the requirements established by Law; which in the end rather increases the health risk of the people who inhabit such dwellings, both from the perspective of the insecurity that inhabiting a dwelling built without considering the Costa Rican Construction Code represents, as well as enabling it without verifying the manner in which its wastewater is disposed of. It is respectfully reiterated that if it is proven that a specific property does not have an adequate wastewater disposal system for reasons beyond the Institution's control, an institution such as ours should not be compelled to offer a service to people who inhabit sectors outside the coverage of our systems, without there being technical and legal feasibility for the provision of services. In light of the arguments presented, it can be reiterated that the San Martin, La Unión, Pedregal, and Bello Horizonte projects do not have collection and treatment availability, for which they were developed with other sanitation alternatives regulated by the Municipality in order to ensure adequate construction of the systems (individual disposal and treatment), and control in accordance with the Ley General de Salud. (…) To respond to the case of Barrio San Martín, it is necessary to present a recount of both historical and technical data as follows: 1. The Cañas Sanitary Sewer System dates back to the 1960s and the Cañas lagoons, specifically Laguna San Cristobal, mentioned in literature since 1958. 2. The coverage of the Sanitary Sewer System is a part of the central district of Cañas, not the entire area where potable water service is provided. This means that only a small percentage of the population enjoys this benefit. (Figure No. 2. Potable Water Coverage, in Blue, wastewater coverage in yellow, Barrio San Martín EQUIS in red.). 3. The Sanitary Sewer System is combined. This means that both wastewater and rainwater; the latter not being the Institution's responsibility but rather the municipality's, go in the same pipeline. This is the only sanitary sewer system in the country under this modality; Cañas was the example of what should not be done, because in this tropical country with very high rainfall intensities, and with climate change, it has been over its design capacity for many, many years. 4. The septic tanks, which correspond to the rest of the area shown outside the Sanitary Sewer System coverage area, are the responsibility firstly of the Ministerio de Salud and secondly of the Municipality of Cañas. Having established these premises and how they have affected the technical aspects and the growth of Cañas, it is important to clarify why no more connections have been allowed other than those of vegetative growth. From Figure No. 2., it can be seen that it was technically impossible, since the conception of the Sanitary Sewer System, to connect said neighborhood from the upstream side that the national route represents; it is evident that the water will flow to the lowest place, which in this case is the lagoons and beyond them Barrio San Martín. So, both due to elevation levels and the capacity of the lagoons, it cannot be interconnected. Regarding the second point, it is important to indicate that the Municipality of Cañas, for more than fifty years, has had the opportunity to create the conceptualization of a Storm Sewer System, to build it, and thereby not only contribute to a better quality of life for the canton of Cañas but also to reduce the pollution present in said city. The opening of the ravine technically corresponds to the creation of a channel for rainwater to flow towards its natural course. However, as the septic tanks of Barrio San Martin do not function – which, as the amparo appeal rightly states, is the generator of sanitary orders – due to bypassing septic tanks into the street, the stormwater mixes with wastewater, increasing the pollution of the channel opened by said municipality and becoming a serious public health problem, due to odors, vectors, and as indicated in Article 50 of our political constitution, where we all have the right to a clean, sustainable, and pollution-free environment, unlike what is currently happening. It is clarified that the origin of this problem and ultimately of the appeal in question is the irregular connection of wastewater to the storm sewer system or its diversion to curbs and gutters, which, by slope and the effect of gravity, ends up reaching the channel over which the neighbors cite the problem of the opening of a channel by the Municipality of Cañas. Not only is this community within Cañas suffering from these problems; near the center of the canton, Bello Horizonte, La gran Piedra, and Pedregal can be cited, which complain about soils that do not filter. They do not have a Sanitary Sewer System solution because they are outside the coverage area, and likewise, having problems with their septic tank and drains, they divert their waters to curbs and gutters. In this sense, the Ministerio de Salud during the meetings has presented the case to AyA so that the sanitary sewer system and the wastewater quality values of the Cañas Wastewater Treatment Plant (WWTP) are improved; however, without first a separation of sewer systems and a study and design of what exists regarding Sanitation, this cannot be possible. Below, a series of photographs taken last March is shown, regarding work carried out by the Municipality of Cañas displayed in the following images. It must be noted that the opening of water courses must be carried out with the necessary technical studies to prevent slope collapse and possible effects on third parties. The photographs shown are from March, so all the water pooled there is wastewater. Regarding the capacity problem of the treatment system: A first part of the problem identified is that caused by rainwater infiltration, which not only increases the hydraulic velocity in the lagoon system but also reduces the lagoon retention time and collects waters that carry chemicals, among other things, that the existing facultative system cannot process. Apart from the above, and as a second reason why the system does not comply with all legal parameters, is that the lagoons have been operating for over fifty years and continue to do so with reasonable efficiencies, but the number of connections increases, the loads increase, and the system has not changed since then. It is the operational and maintenance contributions that have kept the lagoons functioning. On the other hand, it is the Sub-Gerencia Operativa responsible for raising the Cañas problem to Senior Management; however, within the framework of the Cañas Wastewater Commission, of which the Chorotega Region is a part through Engineer González Palma, it has been formulated for the high authorities of the Ministerio de Salud, the Executive Presidency, as well as the Legislative Assembly, so that all interested parties knew the problem from the point of view of those who operate and do not possess the mechanisms for decision-making regarding large-scale projects. As a first instance, it is essential to separate the Sewer Systems, because certainly when a rain event occurs, the contribution of this water to the treatment system subsequently requires evaluating other options for the affected neighborhoods. However, it must be indicated that this is a problem generated by the municipal corporation, which many years ago issued construction permits without requiring storm sewer works, and knowing the soil problems in Cañas. Likewise, AyA is the Governing Body in sanitation but does not have the authority to approve or disapprove the operation or location of septic tanks. Similarly, the existing residents who initially connected to the sanitary system without generating said problem are those for whom service must be ensured primarily, given that the conditions made that connection possible; it must be kept in mind that something cannot be expanded knowing that a problem will be transferred from one sector of Cañas to another. The solution must be comprehensive and requires that all stormwater flow be removed from the sanitary system first. Certainly, when the highway was built, the storm drainage system for said route discharges into our sewer system, which inherently aggravated an already delicate situation at the time. Technical Recommendations of the Report: 1. Corroborate that the open channel is actually a ravine. If it is not, its opening should not have occurred. 2. If it is, secure the margins of this channel. It cannot discharge onto a property; rather, it must flow to a receiving body. 3. Separation of the Storm Sewer System by the Municipality, for which it shall exercise its best practices to plan, in a medium term, the procurement of resources for this purpose. 4. Issue the respective sanitary orders so that the community of San Martín and other neighborhoods disconnect their wastewater and do not discharge it into the street, and that in those cases using a septic tank, said system is used properly and given corresponding maintenance. 5. The need to increase the treatment capacity of the Cañas WWTP and the extension of its collector networks has already been raised to Senior Management by the Chorotega Region - AyA. This request is stated in the report indicated by the Minister of Health. From a technical perspective, AyA has used its good offices in maintaining that which falls within its competencies, and in various forums such as the Wastewater Commission, it has indicated what a course of action would be to improve the problem. However, as it is a problem of many years, of significant investment, and concerns other institutions in every sense, it cannot be addressed only by the Institution…” SECOND: As the septic tanks were not built adequately and were not given proper maintenance, the neighbors found a solution by discharging into the existing ravine, a situation that worsened with the construction of the Route. It is explained that, due to the expansion of Ruta Interamericana Uno, the said body of water underwent modifications to its natural course, specifically in the West sector. Correctly, as indicated by the appellants: the Municipality of Cañas allowed the discharge of stormwater, wastewater, and black water from the dwellings into said body of water. It is reiterated that there is no sanitary sewer system in use and planned for said residential area, given that, being geographically located in a lower position, it has no possibility of connection to the existing network. Therefore, the owner neighbors must use septic tanks until such time as it is materially possible to implement a sanitary sewer solution, by means of a pumping station that conveys the wastewater to the current system. The problem faced by the appellants arises from the bad practice of the neighbors themselves in this case within Barrio San Martín, of not having adequately built their septic tanks, not providing maintenance as it should be, with the neighbors themselves creating the source of contamination afflicting the appellants, discharging both stormwater and wastewater into a body of water (without the corresponding authorization from MINAE and with the approval of the Local Government itself). Because the problem lies within private property (septic tanks) where AyA cannot interfere, as it falls within the private sphere and corresponds to the MINISTERIO DE SALUD, given its powers by law, to order the owners of Barrio San Martín to immediately stop the contamination they are causing. Developers have the bad practice of building their developments with septic tanks, without knowing if the land where they develop meets the infiltration and geological conditions necessary to use septic tanks, since it is a cheaper system than a wastewater treatment plant. Likewise, they leave a buried pipeline which does not reach any AyA collector or sub-collector; it is simply a pipe that developers leave over time so that when AyA passes nearby with its wastewater pipes, they can connect their developments to the AyA network. However, they do this without AyA’s approval; as already mentioned, Barrio San Martín never came to AyA to analyze any of its stages. The MINISTERIO DE SALUD, in accordance with its competencies, has issued sanitary orders to all neighbors of Barrio San Martín to properly operate their septic tanks, an activity that must be carried out while the Sanitary Sewer Project can be built. Septic tank systems constitute an alternative technology to traditional collection networks, which are used nationally and globally as a suitable option for the adequate treatment and disposal of wastewater, especially in those places where there is no sanitary infrastructure or where the topography of the land makes interconnection to the collectors managed by AyA unfeasible, as is the case with the appellants. In Costa Rica, 70% of wastewater is disposed of and treated using septic tank system technology, and the owners must provide adequate maintenance and not build on the absorption and aeration zones of the drainage field. Septic tanks are a technical solution to the problem of wastewater, provided they are built according to the design and the characteristics of each soil. In the case of domestic wastewater, the septic tank must receive water from the kitchen sink, laundry tubs, washing machine, showers, washbasins, and sanitary fixtures. It is important to emphasize that all the wastewater we generate must be collected in a special pipeline inside the dwelling and disposed of in the septic tank. A well-built and designed septic tank with an adequate drainage system, depending on the number of people living in the dwelling, requires cleaning every 6 months or every year to remove the sludge that has settled and accumulated at the bottom of the tank. The appellants found it easier, lacking proper septic tank functioning, to discharge all the water into a body of water and request the Constitutional Chamber to order AyA to connect them to some AyA wastewater system, without realizing or through ignorance that this is not the solution at this moment, as a series of design, budget, planning, and contracting stages must be completed to materialize a Sanitary Sewer Project. When each of the neighbors bought their houses, they did so with a septic tank which they have the obligation to maintain every 6 months. It is their own neighbors who are discharging contaminated water into the body of water, polluting the environment. If the neighbors of Barrio San Martín do the right thing, this appeal lacks basis. If each neighbor has a septic tank on their property and has the water from the kitchen sink, laundry tubs, washing machine, showers, washbasins, and sanitary fixtures connected to it, and provides adequate maintenance, we would not be having this problem with wastewater. Likewise, they are trying to hold the State responsible for what their neighbors have failed to do for years, intending through a Ruling of the Constitutional Chamber to transfer the responsibility to the Costa Rican State, leaving the neighbors unpunished despite being those responsible for the contamination they are generating, thereby evading the responsibility that each of us Costa Ricans has towards the environment and exposing their own families and neighbors to a public health problem. In order to reduce the public health risk that the neighbors of the appellants are generating, the MINISTERIO DE SALUD must continue identifying the neighbors who are polluting and issue the corresponding sanitary orders, so that they correctly connect the water from the kitchen sink, laundry tubs, washing machine, showers, washbasins, and sanitary fixtures to the SEPTIC TANK and prevent them from continuing to discharge their wastewater into the existing body of water, until within the financial, contracting, and construction possibility the Sanitary Sewer Project is materialized, which will benefit Bello Horizonte, La Gran Piedra, Pedregal, La Corte, Los Malinches Barrio Chorotega, Las Palmas, El Bosquecito, San Antonio, Barrio Unión, San Martín, Las Cañas, Villa Esperanza, Miguel Araya, San Cristóbal Sur, Imas, and Barrio San Martín. THIRD: AyA cannot invest in the septic tanks located within the properties of Barrio San Martín, given that our institution is bound by the LEY DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA REPÚBLICA Y PRESUPUESTOS PÚBLICOS, No. 8131 of September 18, 2001, Published in La Gaceta No. 198 of October 16, 2001. We cannot ignore that the approval of the budget determines the legality of public expenditures. As a legal norm, the budget is the rule governing the financial activity of public expenditure for the corresponding fiscal year, thereby limiting the actions of the Public Powers in the use and disposal of public funds. In accordance with Article 176 of the Constitution, the budget is presented as an act of mere forecast or accounting calculation of income, while regarding public expenditures, it maintains a triple effect: authorization of expenditure, limitation of the amount to be spent, and setting of the destination to be given to the credits approved in the budget. The foregoing derives from the Principle of Legality enshrined in Article 11 of the Political Constitution, and also developed in Article 11 of the Ley General de la Administración Pública. As is known, the principle of legality in the rule of law postulates a special form of binding of public authorities and institutions to the legal system, based on its basic definition according to which every public authority or institution exists and can only act to the extent that it is empowered to do so by that same legal system, and normally by express text – for public authorities and institutions, only what is constitutionally and legally authorized in express form is permitted, and everything that is not authorized is forbidden –; as well as its two most important corollaries, still within a general order: the principle of minimum regulation, which has special requirements in procedural matters, and the principle of legal reservation, which in this field is almost absolute.\" (Sala Constitucional. Resolution No. 440-98, and similarly No. 5541-97 and 1739-92). Official Communication 12956 on November 24, 2003 (DAGJ-1719-2003). The foregoing must be complied with by legal mandate, and the owners must use and maintain the septic tanks until the Sanitary Sewer Project under the responsibility of AyA and the Storm Sewer System under the responsibility of the Municipality can be materialized. FOURTH: In accordance with Article 169 of the Political Constitution, the Municipality must look after the interests of all the inhabitants of the Canton; therefore, Article 50 of the Political Constitution obliges the Municipalities to guarantee the greatest well-being of the citizens of the Canton, stimulating development towards a just distribution of wealth with an ecologically balanced healthy environment, and therefore Article 11 of the Constitution obliges that Municipality and its officials to submit to accountability and evaluation of results, which implies, in accordance with Article 129 of our Political Constitution... Article 169 of the Political Constitution and the Código Municipal indicate that the MUNICIPALITY is the Territorial Entity that must guarantee the fulfillment of obligations for local interests in an original and primary manner, which must instrumentalize the necessary actions for the development of activities in its canton, being within its exclusive competence. FIFTH: As stated in the evidence of the case file through minutes of June 24, 2022, CTAR-CÑ-0001-2022, it was indicated by the Institute: “…..2 At the Acueductos y Alcantarillados (AyA) level, both locally and regionally, it does not have the economic resources for the design, expansion, and construction of a new sanitary sewer system in Cañas and suggests, among other things, the 'separation of the Storm Sewer System by the Municipality, which must plan, in a medium term, the procurement of resources for this purpose.' Likewise, it recommends 'raising to Senior Management by the Chorotega Region - AyA, the need to increase the treatment capacity of the Cañas WWTP and the extension of its collector networks', as well as 'producing a joint report to raise the existing problem in Cañas to the various authorities.' This in view of the fact that there are many neighborhoods surrounding the city center that do not have a sanitary sewer system and have wastewater problems that constantly generate complaints and even amparo appeals. 3. Similarly, AyA reports that: 'as of April 2022, there are 7,214 active potable water services; regarding the provision of sanitary sewer service and wastewater and excreta treatment, it currently has a coverage of approximately 24.54%. The remaining 75.46% have sanitation services such as septic tanks or pits, latrines, or have no coverage whatsoever' and 'according to the commercial system DATAMART2, the potable water and sanitary sewer coverage according to tariff type is detailed as follows: (…) 6. Although current regulations provide legal tools, such as Article 12 of Decree No. 42075-S-MINAE, where responsibility for the design, operation, and changes to the wastewater treatment system is delegated to both the property owner and the professional responsible for the work; however, the Cañas problem encompasses long-standing constructions, making the application of this article materially impossible without causing harm to those who inhabit those dwellings, because the administrative acts that the institutions can apply are directed at the property owners and not the professional responsible for the work. 7. Another important factor to mention is that the recommendation to separate the storm sewer system from the existing sanitary sewer system does not ensure that the underlying problem is resolved, given that the problem transcends geographical areas that are not connected to this network. Furthermore, resolving this problem is materially impossible to solve for both AyA, RCH, and the Municipality of Cañas, which requires the formulation of a project with a budget assigned from the central level that helps both the municipality and AyA to execute it. 8. As mentioned in the first section of this agreement, this problem is evident, though not exclusive, in the first district of the canton of Cañas, with greater impact on the following sectors: Bello Horizonte, La Gran Piedra, Pedregal, La Corte, Los Malinches Barrio Chorotega, Las Palmas, El Bosquecito, San Antonio, Barrio Unión, San Martín, Las Cañas, Villa Esperanza, Miguel Araya, San Cristóbal Sur, Imas…” The Storm Drainage System must be generated and made independent, under the responsibility of the Local Government, from the current Sanitary Sewer System, given that the Sanitary Sewer System is not designed to receive stormwater flows, a situation that the Local Government has favored by allowing these types of connections to the existing sanitary system, causing that in natural rainfall flow events, the existing capacity of the sanitary pipeline is exceeded and consequently affecting the Treatment Plant. SIXTH: The current status of the Cañas-Guanacaste Sanitary Sewer Project is indicated based on report SB-AID-2022-00381 from the Subgerencia de Ambiente Investigación y Desarrollo. “…document CTAR-CÑ-001-2022, which cites: As a result of this, the Executive Presidency requested the participation of the Dirección Diseño de Saneamiento of the UEN Programación y Control at the last session of the inter-institutional commission, held on August 4, where it was agreed to propose a roadmap for addressing the problem in Cañas, which involves the combined sewer system (wastewater and stormwater). As part of the aspects that will be evaluated in this roadmap, the following will be considered: Attention Strategy In order to address the mentioned problem and knowing the possible technical, economic, and environmental implications of this situation, the following roadmap will be proposed: 1. Define basic studies to be developed for the diagnosis of the current condition. 2. Establish the specific studies for the conformation of the project feasibility, considering its two aspects: sanitary sewer system and storm sewer system. 3. Formulate the necessary actions for contracting the feasibility and required preliminary designs. 4. Specify the minimum necessary tasks for contracting the detailed design of the sanitary sewer and storm sewer works. 5. Establish parallel tasks that allow the viability of the project: a. Land acquisition b. Constitution of easements (servidumbres) c. Additional studies d. Permits e. Environmental viability 6. Propose the need to manage financing for each of the aforementioned phases. 7. Propose responsible parties for each phase or sub-phase according to the work to be executed. 8. Generate a joint proposal of the estimated costs for each macro-task and the corresponding timeframe for its planning and execution, considering the previous experience of similar processes. As this is an integral project of great technical complexity, work is being done on a base proposal, which will be strengthened with the contributions of each institution, understanding that the solution must be developed gradually and according to the availability of financial and technical resources available. This strategy must be presented to the Commission around September 7; however, the complete inputs are not yet available. It should be noted that, depending on the approval of the strategy and the definition of timeframes and responsible parties, concrete actions can be established to generate a tentative project schedule. However, at the moment it is not possible to provide an execution date for the works nor for the start of its pre-investment phase.\n\nFinally, it is clarified that the execution of these activities is not the exclusive responsibility of our institution and must be addressed jointly with the Ministry of Health and the Municipality of Cañas…” SUBSTANTIVE ANALYSIS: Pursuant to article 1 of the Constitutive Law of AyA, the Institute is responsible for managing and operating drinking water and sanitary sewerage systems; however, regarding stormwater sewerage (alcantarillado pluvial), the legislator maintained that competence under the purview of Local Governments, except in the case of national routes, in which case responsibility for stormwater (pluvial) falls on CONAVI. These entities have the full responsibility to ensure that the stormwater sewerage (alcantarillado pluvial) functions under adequate conditions and to comply with the technical regulations issued in this matter by AyA, by virtue of the fact that it exercises governing authority in said field. Even though the Constitutional Chamber has repeatedly indicated that municipal autonomy prevents the exercise of governing powers emanating from the Government or other public sector entities over Local Governments, it has also considered that in cases where a public health or environmental problem is at stake, such autonomy is made more flexible in the face of a higher interest such as those cited, so that said technical regulations must be complied with. In Costa Rica, there are two separate sewerage systems, one called the “Stormwater Sewerage System” (Sistema de Alcantarillado Pluvial) whose objective is to transport rainwater coming from roofs, gutters, and downspouts of homes, as well as rainwater that runs off public thoroughfares, and the other system is called the “Sanitary Sewerage System” (Sistema de Alcantarillado Sanitario) whose objective is to transport only wastewater (aguas residuales) coming from sinks, kitchen sinks, showers, and toilets generated inside homes. In accordance with current regulations, stormwater sewerage (alcantarillado pluvial) systems are managed by the municipalities of each canton, and the sanitary sewerage (alcantarillado sanitario) system is operated and maintained by the operator in charge of providing drinking water service within its respective geographical coverage area. For their part, Local Governments have the authority to establish a series of limitations on constructions and projects through urban planning, emphasizing that in the event the conditions they order are breached, they have a series of coercive mechanisms to enforce their mandates, which AyA lacks. In addition to the above, it is clear that the Municipalities are the entities that collect the respective amounts for maintenance and proper functioning of the Stormwater Network (Red Pluvial), as provided in Municipal Code No. 7794, in Title IV, Municipal Treasury, Chapter II, Municipal Revenues. In the present case, it cannot be ignored that when Municipalities collect municipal taxes, they include the item corresponding to the maintenance and operation of the stormwater network (red pluvial), which emphasizes the municipal competence in this field, in addition to the fact that it is evident that this item should be used for the maintenance and operation of the stormwater network (red pluvial) of each Municipality, as indicated by the Constitutional Chamber in Voto 2001-2320, in Considerando IV, which literally states: (…) Likewise, General Health Law No. 5395 states in its articles 285 and 292 the following: “ARTICLE 292.- The discharge of sewage (aguas negras), greywater (aguas servidas), and industrial waste into the stormwater sewer system (alcantarillado pluvial) is prohibited in all cases. The Ministry is empowered to restrict, regulate, or prohibit the disposal of non-biodegradable synthetic products through systems for the collection of excreta, sewage (aguas negras), and greywater (servidas). ARTICLE 285.- Excreta, sewage (aguas negras), greywater (servidas), and stormwater (pluviales) must be disposed of adequately and sanitarily in order to avoid contamination of the soil and natural sources of water for human use and consumption, the formation of breeding grounds for vectors and diseases, and air contamination through conditions that threaten its purity or quality.” In this same sense, article 1 of Construction Law No. 833 states that: “The Municipalities of the Republic are responsible for ensuring that cities and other settlements meet the necessary conditions of safety, health, comfort, and beauty in their public thoroughfares and in the buildings and constructions erected on the lands thereof, without prejudice to the powers that laws grant in these matters to other administrative bodies.” The foregoing evidences the connection between municipal obligations regarding stormwater sewerage (alcantarillado pluvial) and the obligation indicated supra, which are linked and under the administration of Local Governments as part of the services they are obligated to provide. In accordance with article 169 of the Political Constitution, the Municipality must look after the interests of all the inhabitants of the Canton; therefore, article 50 of the Political Constitution obligates the Municipalities to guarantee the greatest well-being of the citizens of the Canton, stimulating development towards a just distribution of wealth with an ecologically balanced healthy environment (ambiente sano ecológicamente equilibrado), just as article 11 of the Constitution obligates that Municipality and its officials to submit to accountability and evaluation of results, which is implied by the tenor of article 129 of our Political Constitution. Article 169 of the Political Constitution and the Municipal Code indicate that the MUNICIPALITY is the Territorial Entity that must guarantee the fulfillment of obligations for local interests in an original and primary manner, that must implement the necessary actions for the development of activities in its canton, with stormwater sewerage (alcantarillado pluvial) being its competence, except for that which corresponds to CONAVI because it is located on national routes. In accordance with the foregoing considerations, it must be reiterated that the stormwater sewerage (alcantarillado pluvial) is under the responsibility of the Municipality of Cañas. A solution must be sought regarding the stormwater (aguas pluviales) evacuation system that simultaneously frees up the sewage (aguas negras) system, so that both function independently and without affecting or interfering with each other. Emphasizing that, in accordance with what is established in article 83 of the Municipal Code, it is an obligation of the Local Government, and for this it charges the corresponding fee, both for the cleaning and the maintenance and adequate operation of the stormwater network (red pluvial), which, upon collapsing due to lack of maintenance, can affect sanitation in general and the sanitary network (red sanitaria). Indeed, the Municipality of Cañas is obligated to ensure that its jurisdiction has adequate stormwater sewerage (alcantarillado pluvial) because it is a matter within its competence, but with greater reason it is responsible for ensuring that the lands within its jurisdiction comply with current regulations, so that neighboring properties are not affected by runoff or by the vulnerability of their lands, or worse yet, that due to a lack of stabilization works or stormwater (aguas pluviales) disposal, the physical, material, and environmental integrity of surrounding properties is altered. AyA lacks direct interference in this type of stormwater sewerage (alcantarillado pluvial) works, from an essentially legal point of view, and based on the principle of legality, which is what sets the limit of its actions in public function, articles 1 and 2 of the Constitutive Law of AyA empower the Institute to issue regulations in the matter of stormwater sewerage (alcantarillado pluvial). Article 60 of the Organic Law of the Environment establishes, regarding pollution prevention and control: (…) Based on the legal background, the stormwater sewerage (alcantarillado pluvial) is the responsibility of the Municipality of Cañas, and the Ministry of Health is responsible, as the entity in charge of ensuring through corresponding inspections or sanitary orders, the correct functioning and disposal of wastewater (aguas residuales), illicit connections to the stormwater system (pluvial), from the residents of the community to the corresponding systems, and thus avoid a contamination problem. By means of correct handling and disposal of garbage, which does not generate a blockage of the stormwater system (sistema pluvial). Based on the cited norms, it is concluded that the MUNICIPALITY OF CAÑAS is the direct party responsible for determining the measures required to solve the stormwater sewerage (alcantarillado pluvial) problem, this without prejudice to coordinating with the entities that can manage so that said sewerage is adequate and equally ensuring that property owners make proper use of the septic tank while a comprehensive solution materializes. The MUNICIPALITY OF CAÑAS has the obligation to enforce the laws on the matter and its obligation to guarantee the enjoyment by the inhabitants of the area of a healthy and ecologically balanced environment (ambiente sano y ecológicamente equilibrado), with the consequences for the health of those people due to the nature of the sanitary problem afflicting them. The Municipality, having full knowledge of the problems affecting the residents of its canton, has limited itself to verifying their existence and evading its responsibility, without carrying out the timely actions to mitigate or control it. The Municipality has not verified whether all residents have a septic tank and drains. The MINISTRY OF HEALTH must continue warning the residents of Barrio San Martín, giving them a deadline to correctly use the septic tank, make the corresponding improvements, eliminate any clandestine connection that may exist to the intended sewage (aguas negras) networks placed in the public thoroughfare, and order the residents to build, where required, or enable the individual septic tank, with the respective drainage within their property; this must have the necessary dimensions so that it has the reception capacity so as not to contaminate the environment. In the event of non-compliance with these provisions and upon expiration of the deadline, proceed to the declaration of uninhabitability of the dwellings for eviction.\n\nIn the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.\n\n Drafted by Judge Castillo Víquez; and,\n\n Considering:\n\nObject of the appeal. The appellant claims the violation of her fundamental rights, as she alleges that she is an elderly person, a resident of Barrio San Martín in Cañas. She notes that in that community, part of a body of water identified as Poza de Agua flows. She explains that, due to the expansion of Ruta Interamericana Uno, the aforementioned pool underwent modifications in its natural channel (cauce), specifically in the West sector. She notes that the foregoing is due to the fact that the Municipality of Cañas allowed the drainage of stormwater (aguas pluviales), wastewater (residuales), and sewage (negras) from the dwellings into said body of water. She claims that the described situation has occurred due to the negligence of the servants of the respondent municipality, by not exercising due control and compliance with the regulations governing the urban planning conditions that constructions in general must meet. She affirms that this omission not only produced the discharge of stormwater (aguas pluviales) and wastewater (residuales), but also that of sewage (aguas negras) into the collecting pipes that flow into the aforementioned pool. Likewise, she alleges that the town council (ayuntamiento), with municipal machinery, performed works to expand the channel (cauce) of the stream, generating the abundant stagnation of wastewater (aguas residuales). She maintains that the environment has become unhealthy and foul-smelling, as a consequence of the discharge of sewage (aguas negras), which stimulates the ideal habitat for the development of mosquitoes and all variety of insects, a situation that affects both Barrio San Martín and La Unión. She reiterates that the situation they currently experience in their communities is unfair, unsustainable, and serious given that they must endure the stench and the danger to their health. She argues that the exposed problem forces them to seek protection of their right to health, resulting from the negligence of the Municipal entity that has allowed the development of dwellings without the control and supervision that is their responsibility, in order to take actions to resolve the aforementioned issue. On the other hand, she comments that the Ministry of Health is aware of the exposed situation, yet has not taken any action to resolve it. She adds that they must constantly apply insecticides in their homes, with the high economic cost that this implies and with the harm it causes.\n\n II.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been thus accredited or because the respondent authority has omitted referring to them, as provided in the initial order:\n\na) During the year 2021, the Municipality of Cañas addressed requests from residents of the community of San Martín and Barrio Unión for the cleaning of the surroundings of the Poza de Agua stream (see the report).\n\nb) The body of water that the appellant mentions has existed since long before the seventies; said body of water originates (nace) East of the urban center and continues crossing the urban center heading Southwest, passing through the neighborhoods that come in line from the East to West (Barrios La Unión and San Martin), discharging into the farms located to the Southwest, joining with the Florentina stream (see the report).\n\nc) The administrative file of the Ministry of Health contains complaint No. 59-2021, filed on May 12, 2021, by the residents of Barrio San Martín against the Municipality of Cañas, where it is indicated: “…on September 23, 2020, a complaint was filed before the local government about the situation we residents of the drought (sequía) crossing from Barrio San Martín to Barrio Las Cañas, 100m South of Super San Andrés, experience; the waters stagnate in the channel (cauce) of that stream, producing bad odors, rodents, and mosquitoes; it is full of garbage and other waste; the water is no longer clear, but rather black and foul-smelling. These being harmful to our community and possible transmitters of diseases” (see the report).\n\nd) There is a response to the complainants from the Ministry of Health, by means of Official Letter MS-DRRSCH-DARSCÑ-316-2021, dated July 21, 2021, where it was indicated: “That the case will be transferred to the Municipality of Cañas for the respective cleaning. As this is a generalized problem of wastewater (aguas residuales) in your neighborhood, the situation will be dealt with in the Comisión de Aguas Residuales of Cañas, in order to seek a collective solution to the problem…”. In addition, there is a referral email with a copy to the Municipal mayor and to the Comisión de Aguas Residuales” (see the report).\n\nIV.- ON THE RIGHT TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT (AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO). It must first be indicated that the fundamental rights to health and to a healthy and ecologically balanced environment (ambiente sano y ecológicamente equilibrado) are constitutionally recognized (articles 21, 50, 73, and 89 of the Political Constitution), as well as through international regulations applicable in Costa Rica. In this sense, in Judgment No. 2006-005928 of 3:00 p.m. on May 2, 2006, this Court resolved: “(…) The right to life recognized in numeral 21 of the Constitution is the cornerstone on which the rest of the fundamental rights of the inhabitants of the republic rest. Similarly, in that paragraph of the political charter, the right to health finds its basis, since life is inconceivable if the human person is not guaranteed minimal conditions for adequate and harmonious psychic, physical, and environmental balance. Now, public health and the right to a healthy and ecologically balanced environment (ambiente sano y ecológicamente equilibrado) are constitutionally recognized in articles 21, 50, 73, and 89 of the Political Constitution. Specifically, article 50 of the Constitution expressly recognizes the right of all the country's inhabitants to enjoy a healthy environment and in perfect balance. That right is a fundamental guarantee for the protection of life and public health. In support of the foregoing, this Court has resorted to the use of the notion of ‘environmental quality’ as a parameter, precisely, of people's quality of life, which is combined with other elements such as health, food, work, and housing, referring to the fact that every person has the right to make use of the environment for their own development but not in an unlimited manner, since there is also a duty to protect and preserve the environment for present and future generations – principle of sustainable development –”. Likewise, from article 50 of the Political Constitution, the State's obligation to protect the environment is derived. A rule that establishes to this effect: \"The State shall strive for the greatest well-being for all the inhabitants of the country, organizing and stimulating production and the most adequate distribution of wealth. Every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment (ambiente sano y ecológicamente equilibrado). Therefore, they are entitled to denounce acts that infringe upon that right and to claim reparation for the damage caused. The State shall guarantee, defend, and preserve that right. The law shall determine the corresponding responsibilities and sanctions.\" This corroborates that the various public authorities have the inescapable duty to preserve, defend, and guarantee the fundamental right of every person to health and to a healthy and ecologically balanced environment (ambiente sano y ecológicamente equilibrado).\n\n V.- ON THE COORDINATION OF PUBLIC INSTITUTIONS IN COMPREHENSIVE ENVIRONMENTAL PROTECTION. There is an obligation for the State—as a whole—to take the necessary measures to protect the environment, in order to avoid degrees of contamination, deforestation, extinction of flora and fauna, excessive or inadequate use of natural resources, which endanger the health of the administered. In this task, public institution is understood as both the Central Administration—Ministries, such as the Ministry of Environment and Energy and the Ministry of Health—which, by reason of the subject matter, have broad participation and responsibility regarding environmental conservation and preservation; which act, most of the time, through their specialized dependencies in the matter. Likewise, in this task, municipalities have great responsibility regarding their territorial jurisdiction. Due to the diversity of actors that may intervene, one might think that this multiple responsibility would provoke chaos in administrative management. Therefore, in order to avoid the simultaneous coexistence of spheres of power of different origin and essence, the duplication of national and local efforts, as well as the confusion of rights and obligations among the various parties involved, it is necessary to establish a series of coordination relationships between the various dependencies of the Executive Branch and the decentralized institutions, and between these and the municipalities, in order to carry out the functions that have been entrusted to them. This Chamber has already referred to the principle of coordination of public dependencies with municipalities in the realization of common goals, by stating, through Judgment No. 5445-99, of 2:30 p.m. on July 14, 1999, that: \"Coordination is the arrangement of relations between these various independent activities, which takes charge of that concurrence on a single object or entity, to make it useful for a global public plan, without suppressing the reciprocal independence of the acting subjects. As there is no hierarchical relationship of the decentralized institutions, nor of the State itself in relation to the municipalities, the imposition of certain conducts on them is not possible, with which the indispensable inter-institutional ‘concert’ arises, in the strict sense, insofar as autonomous and independent centers of action agree on that preventive and global scheme, in which each one fulfills a role in view of a mission entrusted to the others. Thus, the relationships of municipalities with other public entities can only be carried out on a plane of equality, which results in agreed forms of coordination, excluding any imperative form to the detriment of their autonomy, which would allow subjecting corporate entities to a coordination scheme without their will or against it; but which does admit the necessary subordination of these entities to the State and in the interest of the latter (through the ‘administrative oversight’ of the State, and specifically, in the function of legality control that corresponds to it, with powers of general surveillance over the entire sector\").\n\nVI.- REGARDING WHAT WAS RESOLVED IN FILE NO. 22-012991-0007-CO. By judgment No. 2022-23977 of 9:20 a.m. on October 14, 2022, the Constitutional Chamber heard an amparo appeal whose purpose was the following:\n\n“II.- OBJECT OF THE APPEAL. The appellant indicates that on repeated occasions she has tried to reach an agreement with the Municipality of Cañas due to the problem of wastewater (aguas residuales) that the canton of Cañas suffers, which causes severe damage to the property of her represented, to the environment, and to the fattening cattle that remain on the site; however, she claims that neither the local government nor the corresponding entities have resolved the denounced situation”.\n\nOn that occasion, the Constitutional Chamber—regarding what is of interest—resolved:\n\n\n“Now, from the study of the sub judice, it is determined that the respondent authorities have kept the proceedings of the case active, so much so that in 2019 they created the Comisión de Aguas Residuales, composed of the Ministry of Health—coordinator—, the Municipality of Cañas—local representative—, and the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados—competent in the matter, as is the Ministry of Health—, to analyze and seek a solution to the problems afflicting the canton of Cañas. In addition, it is verified that the Municipality of Cañas has carried out works in the stormwater system (sistema de aguas pluviales) to improve its operation and thus avoid the stagnation of rainwater and the proliferation of vectors that could affect health; furthermore, it has built sewer heads and gutters to channel stormwater (aguas de origen pluvial) to its natural channel (cauce), so that they do not run along the public street and do not cause overflows; the Ministry of Health (Área Rectora de Salud de Cañas) has been issuing sanitary orders to the owners of dwellings that discharge wastewater (aguas residuales) improperly and has testified pieces before the Public Ministry in the face of citizens' non-compliance; in addition, the Ministry of Health, together with the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, has collected information on the priority communities for addressing the problem of wastewater (aguas residuales) in the canton of Cañas, the number of sanitary sewerage (alcantarillado sanitario) services connected to the system versus the population that does not have it, the state of the sewerage network system, and the capacity of the treatment plant or lagoons, among other actions; however, such actions have not been and are not sufficient, because the respondents themselves have reported that a solution at the local or individual level is not viable, as they require a mega-project of great technical and budgetary complexity to resolve—comprehensively—the situation object of this amparo. In addition to the above, the respondent authorities reported that they have already raised the issue before the hierarchs of the Ministry of Health, the Executive Presidency of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, and the Legislative Assembly so that they make the respective decisions according to the large-scale project that is needed; furthermore, both the Ministry of Health and the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados have proposed a roadmap in the reports rendered to this Court; however, they do not detail what the official plan is, the next start date, the form of execution, and the project completion date, as they merely refer to possible solutions.\n\nIt is important to indicate that the respondent authorities have the responsibility to ensure, within the framework of their competencies, the diligent management of the processes, as well as the duty to seek a prompt and effective solution to the situation object of the appeal, as it is undeniable that the denounced problem could represent a threat to the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment (ambiente sano y ecológicamente equilibrado). By reason of the foregoing, this Court finds a violation of the fundamental rights of the appellant and of the affected residents of the canton of Cañas. Consequently, the appropriate course of action is to grant the appeal, as will be set forth in the operative part of this judgment”.\n\nThe operative part of the judgment ordered:\n\nThe appeal is granted. Gricelda Vargas Segura, in her capacity as Mayor of Cañas, Natahali Montiel Ulloa, in her capacity as Deputy General Manager of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, and Juan Luis Sánchez Vallejo, in his capacity as Head of the Área Rectora de Salud de Cañas, or whoever holds those positions, are ordered to issue the pertinent orders and carry out all actions that are within the scope of their respective competencies so that, within a period not exceeding THIRTY-SIX MONTHS, counted from the notification of this judgment, the problem facing the canton of Cañas (mainly in the communities of Bello Horizonte, La Gran Piedra, Pedregal, as well as La Corte, Los Malinches, Barrio Chorotega, Las Palmas, El Bosquecito, San Antonio, Barrio Unión, San Martín, Las Cañas, Villa Esperanza, Miguel Araya, San Cristóbal Sur, Imas, and Barrio San Martín) regarding the problem of wastewater (aguas residuales) is resolved definitively and comprehensively”.\n\nVII. REGARDING THE SPECIFIC CASE. From the reports rendered by the representatives of the respondent authority—which are deemed given under oath with the consequences, including criminal ones, provided for in article 44 of the Law governing this Jurisdiction—and the evidence provided for the resolution of the matter, it is deemed duly accredited that the sanitary sewerage (alcantarillado sanitario) of Cañas is the only combined (mixto) system at the national level; that is, it collects both wastewater (aguas residuales) and rainwater in the same piping (stormwater sewerage (alcantarillado pluvial)), which is over forty years old, a situation that all respondent authorities know and affirm in the reports rendered under oath.\n\nNow, from the study of the sub judice, it is determined that the respondent authorities have kept the proceedings of the case active, so much so that in 2019 they created the Comisión de Aguas Residuales, composed of the Ministry of Health—coordinator—, the Municipality of Cañas—local representative—, and the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados—competent in the matter, as is the Ministry of Health—, to analyze and seek a solution to the problems afflicting the canton of Cañas. In addition, it is verified that the Municipality of Cañas has carried out works in the stormwater system (sistema de aguas pluviales) to improve its operation and thus avoid the stagnation of rainwater and the proliferation of vectors that could affect health; furthermore, it has built sewer heads and gutters to channel stormwater (aguas de origen pluvial) to its natural channel (cauce), so that they do not run along the public street and do not cause overflows; the Ministry of Health (Área Rectora de Salud de Cañas) has been issuing sanitary orders to the owners of dwellings that discharge wastewater (aguas residuales) improperly and has testified pieces before the Public Ministry in the face of citizens' non-compliance; in addition, the Ministry of Health, together with the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, has collected information on the priority communities for addressing the problem of wastewater (aguas residuales) in the canton of Cañas, the number of sanitary sewerage (alcantarillado sanitario) services connected to the system versus the population that does not have it, the state of the sewerage network system, and the capacity of the treatment plant or lagoons, among other actions.\n\n However—as was resolved in judgment No. 2022-23977 of 9:20 a.m. on October 14, 2022—such actions have not been and are not sufficient, because the respondents themselves have reported that a solution at the local or individual level is not viable, as they require a mega-project of great technical and budgetary complexity to resolve—comprehensively—the situation object of this amparo.\n\nIn addition to the foregoing, the respondent authorities reported that they have already raised the problem before the heads of the Ministry of Health, the Executive Presidency of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados), and the Legislative Assembly so that they may make the respective decisions in accordance with the large-scale project that is needed; furthermore, both the Ministry of Health and the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers have proposed a roadmap in the reports rendered to this Court; however, they do not detail what the official plan is, the next start date, the method of execution, and the completion date of the project, as they only refer to possible solutions.\n\nIt is important to indicate that the respondent authorities have the responsibility to ensure, within the framework of their competencies, the diligent management of processes, as well as the duty to seek a prompt and effective solution to the situation that is the subject of the appeal (recurso), since it is undeniable that the denounced problem could represent a threat to the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment. In light of the foregoing, this Court finds an injury to the fundamental rights of the appellant (recurrente) and the affected neighbors of the canton of Cañas. Consequently, the appropriate course—in accordance with judgment No. 2022-23977 of 09:20 hours on October 14, 2022—is to declare the appeal (recurso) with merit, as will be set forth in the operative part of this judgment.\n\nVIII. DISSENTING VOTE OF MAGISTRATES SALAZAR ALVARADO AND GARRO VARGAS, WITH OPINION DRAFTED BY THE FORMER. With due respect, we dissent from the majority vote that declares the appeal (recurso) with merit, based on the following reasons:\n\nThe protection of a healthy and ecologically balanced environment, within the Costa Rican Legal System, is safeguarded not only in Article 50 of the Political Constitution but also in a series of current laws and executive decrees (regulations), such as the Organic Law of the Environment, Law No. 7554 of October 4, 1995; the Biodiversity Law, Law No. 7788 of April 30, 1998; the Wildlife Conservation Law, Law No. 7317 of October 21, 1992; and Executive Decree No. 31849 of May 24, 2004, General Regulation on Environmental Impact Assessment (Evaluación de Impacto Ambiental, EIA) Procedures, to cite just a few. This makes it necessary, in environmental matters, to separate constitutional review (control de constitucionalidad) from legality review (control de legalidad). In this regard, it is the opinion of the undersigned that this Chamber, through the amparo remedy (recurso de amparo), should only hear a matter in which a violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment is alleged if the Administration has not yet intervened and when the violation of that right is manifest and evident, easily verifiable, of certain importance or gravity, and directly affects a specific person or community. Otherwise, the issue must be raised and discussed through the legality review channel (vía de legalidad). Therefore, the mere breach of obligations and duties legally imposed on the various public administrations in environmental matters is properly heard through the legality review channel—administrative or jurisdictional—where, with much greater scope, the alleged breaches or omissions can be scrutinized. It must be borne in mind that the amparo appeal (recurso de amparo) is a summary, informal, simple, and rapid process, such that, from the very moment the Administration intervenes in an environmental matter, in the exercise of its powers, and processes a procedure, with the issuance of administrative acts, its cognizance falls outside the scope of action of this specialized jurisdiction. Therefore, the review of administrative actions carried out concerning an environmental issue that requires, for its proper assessment, a full evidentiary proceeding, is only possible in the ordinary jurisdiction, since the design of the amparo process is incompatible with the contrasting or review of technical or legal criteria developed under the protection of current legal or regulatory norms or with the taking of new and greater evidentiary elements necessary for the contrasting or review of the criteria already contained in the administrative record (expediente) of the case. To do otherwise would imply transforming the amparo remedy into an ordinary process of full cognizance, which would denature it and render nugatory the purposes for which it was designed, thus losing its character as an instrument for the effective protection of fundamental rights. As a consequence of the foregoing, we consider that when a public entity or body has intervened, in various forms, or has issued administrative acts in relation to an environmental matter, its cognizance and oversight correspond to the contentious-administrative jurisdiction. It is, precisely, the verification of the existence of that administrative intervention that determines that the matter falls under the competence of the legality review channel. Consequently, this appeal should have been rejected outright, since its object is a matter properly to be discussed, analyzed, and resolved through the legality review channel. However, as this was not done, the appropriate course is to declare it without merit, without making any pronouncement regarding the merits of the issue raised, as it falls to the ordinary jurisdiction, specifically the contentious-administrative jurisdiction, to determine whether the challenged administrative actions and conduct substantively conform or not to what is prescribed in the legal order at the statutory level, regarding the protection, guardianship, and conservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment.\n\nIX.- DOCUMENTATION SUBMITTED TO THE RECORD. The parties are warned that, should they have submitted any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the Office within a maximum period of thirty business days, counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period shall be destroyed, in accordance with the provisions of the \"Regulation on Electronic Records before the Judicial Branch\" (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in Session No. 27-11, of August 22, 2011, Article XXVI and published in Judicial Bulletin No. 19, of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in Session No. 43-12, held on May 3, 2012, Article LXXXI.\n\nTHEREFORE:\n\nThe appeal (recurso) is declared with merit. Gricelda Vargas Segura, in her capacity as Mayor of Cañas, Natahali Montiel Ulloa, in her capacity as Deputy General Manager of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados), and Juan Luis Sánchez Vallejo, in his capacity as Head of the Governing Health Area of Cañas, or whoever holds those positions, are ordered to issue the pertinent orders and carry out all actions within the scope of their respective competencies so that, within a period not exceeding THIRTY-SIX MONTHS, counted from the notification of judgment No. 2022-23977 of 09:20 hours on October 14, 2022, they definitively and comprehensively resolve the problem facing the canton of Cañas, specifically in the San Martín Neighborhood, regarding the wastewater issue. They are warned that, should they fail to comply with said order, they will incur the crime of disobedience and that, in accordance with Article 71 of the Law of this Jurisdiction, a prison sentence of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo appeal (recurso de amparo), and fails to comply with it or fails to enforce it, provided the crime is not more severely punished. The State, the Municipality of Cañas, and the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts serving as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the enforcement of the judgment by the contentious-administrative jurisdiction. Magistrates Salazar Alvarado and Garro Vargas issue a dissenting vote and declare the appeal without merit, as it falls to the ordinary jurisdiction, specifically the contentious-administrative jurisdiction, to determine whether the challenged administrative actions and conduct substantively conform or not to what is prescribed in the legal order at the statutory level, regarding the protection, guardianship, and conservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment. Notify.\n\n\n\n\n\n \n\nFernando Castillo V.\n\nPresident\n\n \n\n \n\n\n\nFernando Cruz C.\n\n \n\n \n\nPaul Rueda L.\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n \n\n \n\nJorge Araya G.\n\n\n\nAnamari Garro V.\n\n \n\n \n\nJose Roberto Garita N.\n\n \n\n \n\nDigitally Signed Document\n\n-- Verification Code --\n\n\n\nSWL3BESCVGC61\n\nEXPEDIENTE No. 22-009841-0007-CO\n\n \n\nTelephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Email address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church). Reception of matters from vulnerable groups: Supreme Court of Justice Building, San José, Catedral District, González Lahmann Neighborhood, streets 19 and 21, avenues 8 and 6.\n\nClassification prepared by the CONSTITUTIONAL CHAMBER of the Judicial Branch. Its reproduction and/or distribution for profit is prohibited.\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 17:13:08.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }