{
  "id": "nexus-sen-1-0007-1191416",
  "citation": "Res. 26056-2023 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Omisión municipal en poda de árbol que amenaza seguridad comunal",
  "title_en": "Municipal omission to prune tree threatening community safety",
  "summary_es": "La Sala Constitucional conoce un amparo presentado por una persona adulta mayor contra la Municipalidad de Montes de Oca por no haber podado un árbol cuyas ramas invadían la calle, aceras y tendido eléctrico, representando un peligro para vecinos y transeúntes. Tras meses de solicitudes sin respuesta efectiva, la municipalidad argumentó que el árbol se encontraba en propiedad privada y que no era su competencia intervenir. Sin embargo, con la notificación del recurso, la municipalidad realizó la poda. La Sala declara con lugar el amparo, sin condenatoria en costas, daños y perjuicios, al considerar que la intervención se dio una vez cursado el asunto. Se emiten votos salvados que abogan por la condenatoria en abstracto de daños y perjuicios.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber hears an amparo filed by an elderly person against the Municipality of Montes de Oca for failing to prune a tree whose branches encroached on the street, sidewalks, and power lines, posing a danger to residents and passersby. After months of unanswered requests, the municipality argued that the tree was on private property and that it was not their responsibility. However, upon notification of the appeal, the municipality carried out the pruning. The Chamber grants the amparo without awarding costs or damages, considering that the action was taken only after the case was filed. Dissenting opinions argue for abstract condemnation of damages.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "13/10/2023",
  "year": "2023",
  "topic_ids": [
    "art-50-constitution"
  ],
  "primary_topic_id": "art-50-constitution",
  "es_concept_hints": [
    "recurso de amparo",
    "adulto mayor",
    "justicia pronta y cumplida",
    "condenatoria en abstracto",
    "voto salvado",
    "Ley de la Jurisdicción Constitucional",
    "artículo 52 LJC"
  ],
  "concept_anchors": [
    {
      "article": "Art. 52",
      "law": "Ley de la Jurisdicción Constitucional"
    },
    {
      "article": "Art. 51",
      "law": "Ley de la Jurisdicción Constitucional"
    },
    {
      "article": "Art. 50",
      "law": "Constitución Política"
    },
    {
      "article": "Art. 27",
      "law": "Constitución Política"
    }
  ],
  "keywords_es": [
    "recurso de amparo",
    "Municipalidad de Montes de Oca",
    "poda de árboles",
    "seguridad vial",
    "adulto mayor",
    "derecho fundamental a ambiente sano",
    "justicia pronta y cumplida",
    "condenatoria en costas",
    "daños y perjuicios"
  ],
  "keywords_en": [
    "amparo appeal",
    "Municipality of Montes de Oca",
    "tree pruning",
    "road safety",
    "elderly person",
    "fundamental right to a healthy environment",
    "prompt and complete justice",
    "costs award",
    "damages"
  ],
  "excerpt_es": "IV.- CASO CONCRETO. En la especie, el recurrente acota que en marzo de 2023, formuló una solicitud ante el ente local recurrido, a efectos de que se podara un árbol de su comunidad, para garantizar la seguridad de conductores y transeúntes, pues, las ramas de ese árbol cubren casi toda la calle, aceras y parte tendido eléctrico; sin embargo, siete meses después, continúa esperando una intervención. Afirma que esa omisión, vulnera sus derechos fundamentales.\n\nConsta que el 21 de febrero de 2023, el recurrente formuló la solicitud que apunta. Además se verificó que el pasado 1 de marzo de este mismo año, el asistente del alcalde accionado le comunicó al recurrente que su gestión se había trasladado al encargado, para su seguimiento. Aunado a lo anterior, se demostró que con ocasión de la notificación del auto de traslado a las autoridades recurridas, se realizó la intervención reclamada. Empero, como esto ocurrió una vez cursado este asunto, estima la Sala que se impone acoger el recurso, conforme se dirá.",
  "excerpt_en": "IV. SPECIFIC CASE. In the present case, the complainant states that in March 2023, he filed a request with the respondent local entity to prune a tree in his community to ensure the safety of drivers and passersby, as the branches of that tree cover almost the entire street, sidewalks and part of the power lines; however, seven months later, he is still waiting for intervention. He claims that this omission violates his fundamental rights.\n\nIt is recorded that on February 21, 2023, the complainant filed the request he mentions. It was also verified that on March 1 of this same year, the assistant to the respondent mayor informed the complainant that his request had been forwarded to the person in charge for follow-up. In addition, it was demonstrated that upon notification of the transfer order to the respondent authorities, the requested intervention was carried out. However, since this occurred once this case had been filed, the Chamber considers that the appeal must be granted, as will be stated.",
  "outcome": {
    "label_en": "Granted",
    "label_es": "Con lugar",
    "summary_en": "The amparo is granted without award of costs or damages.",
    "summary_es": "Se declara con lugar el amparo sin condenatoria en costas, daños y perjuicios."
  },
  "pull_quotes": [
    {
      "context": "Considerando IV",
      "quote_en": "However, since this occurred once this case had been filed, the Chamber considers that the appeal must be granted, as will be stated.",
      "quote_es": "Empero, como esto ocurrió una vez cursado este asunto, estima la Sala que se impone acoger el recurso, conforme se dirá."
    },
    {
      "context": "Considerando V",
      "quote_en": "Although there is an express text in the law that requires the operative part of the judgment to state that the appeal is granted when the grievance is resolved while the amparo is pending, it is no less true that the same paragraph in fine states that the grant is issued 'only for purposes of compensation and costs, if applicable'.",
      "quote_es": "Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta 'únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes'."
    },
    {
      "context": "Voto salvado parcial del Magistrado Garita Navarro",
      "quote_en": "The protection sought in these constitutional processes does not require proof of damages, since, it is reiterated, that is not their primary object or ratio.",
      "quote_es": "La tutela que se pretende en estos procesos de orden constitucional no precisa de la demostración de daños y perjuicios, pues, se insiste, no es su objeto o ratio primaria."
    }
  ],
  "cites": [],
  "cited_by": [],
  "references": {
    "internal": [],
    "external": []
  },
  "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1191416",
  "tier": 2,
  "_editorial_citation_count": 0,
  "regulations_by_article": null,
  "amendments_by_article": null,
  "dictamen_by_article": null,
  "concordancias_by_article": null,
  "afectaciones_by_article": null,
  "resoluciones_by_article": null,
  "cited_by_votos": [],
  "cited_norms": [],
  "cited_norms_inverted": [],
  "sentencias_relacionadas": [],
  "temas_y_subtemas": [],
  "cascade_only": false,
  "amendment_count": 0,
  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 26056 - 2023\n\nFecha de la Resolución: 13 de Octubre del 2023 a las 09:30\n\nExpediente: 23-022486-0007-CO\n\nRedactado por: Fernando Castillo Víquez\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp: 23-022486-0007-CO\n\nRes. Nº PHO7552\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del trece de octubre de dos mil veintitres .\n\n \n\nRecurso de amparo promovido por Nombre10599   , cédula de identidad CED5273, contra la MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA.\n\nRESULTANDO:\n\n 1.- Mediante memorial presentado a las 9:25 horas de 14 de septiembre de 2023, el recurrente promovió recurso de amparo, contra la Municipalidad de Montes de Oca, pues, según afirma, es vecino de Lourdes de Montes de Oca, de la Universidad Latina 200 metros noreste y 40 metros este. Indica que el municipio recurrido no cumple con su obligación de podar un árbol que es un peligro para los vecinos. Detalla que sus ramas están cubriendo casi toda la calle, aceras y algún tendido eléctrico. Adicionalmente, las hojas tapan las canoas de los vecinos, ocasionando que con las lluvias se derrame agua en sus casas. Aduce que el árbol es un peligro tanto para los que viven en el lugar como para los visitantes. Por lo anterior, el 21 de febrero de 2023, denunció la situación ante el alcalde recurrido. El 1 de marzo de 2023, el asistente del alcalde accionado le comunicó que su gestión se había trasladado al encargado, para su seguimiento. En consecuencia, el 1 de marzo de 2023, visitó a ese funcionario, en su oficina ubicada en el Dirección2312  , quien le indicó que ya había programado las obras. No obstante, señala que los funcionarios que llegaron a podar los árboles indicaron que para el árbol grande no tenían los equipos, ni siquiera la escalera para podarlo. Al comentarle lo sucedido al encargado de Podas, este le dijo que el tronco del árbol está en propiedad privada y que no es problema de la municipalidad las ramas que invaden la acera y calle. Estima lesionados sus derechos fundamentales. Solicita la intervención de este Tribunal Constitucional.\n\n 2.- Por resolución de las 10:16 horas de 19 de septiembre de 2023, se dio curso al recurso y se requirió un informe al alcalde y al encargado de la Oficina de Gestión Ambiental, ambos de la Municipalidad de Montes de Oca, sobre los hechos acusados.              3.- Mediante memorial presentado a las 10:00 horas de 22 de septiembre de 2023, el recurrente señala que el 21 de septiembre de año en curso, se presentó el encargado de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Montes de Oca al lugar el árbol respecto de que se ha solicitado que se corten las ramas que están sobre aceras, calle y sobre tendido eléctrico. Ese funcionario indicó que lo que haría era \"notificar al vecino\" para obligarlo a que el realice y pague por la poda”. Cabe cuestionarse por qué ese funcionario, fue a hablar con los vecinos.\n\n 4.- Informa bajo juramento Marcel Soler Rubio, en condición de alcalde de Montes de Oca, e indica que a la denuncia del tutelado, se le dio trámite. No puede obviar el actor que su solicitud no es la única que versa sobre poda de árboles, pues mensualmente se reciben unas 200 gestiones en ese mismo sentido, las cuales se procura atender en el orden que ingresan. Incluso, dada la cantidad de denuncias, el ente local se vio en la necesidad de contratar a una empresa a esos efectos. Aunado a lo anterior, del informe del gestor ambiental de la Municipalidad se colige que:\n\n“-Que las intervenciones en dicho sitio se han dado en ocasiones anteriores por el mantenimiento de poda o carta de árboles en espacio públicos, con el objetivo de minimizar factores de riesgo y amenazo local, primeramente, por los individuos sobre espacio público, como es el caso de los jacarandas, nísperos y güititites (sic). -Que la solicitud del individuo en el sitio en cuestión; también se habían analizado y atendido y realizado los trabajos de mantenimiento de las especies localizadas en la vía pública nuevamente por el mantenimiento para este 2023, como se menciona. -Que efectivamente el árbol en cuestión se encuentra en una propiedad privada y por lo cual no se interviene debido a la dificultad técnica de altura y localización de la especie de acuerdo con lo establecido en el marco de las competencias. Por lo que; de acuerdo con la contratación establecida con arbolistas urbanos de alta calidad se estudia la especie en cuestión y se da un análisis para poder realizar dicha solicitud con los expertos técnicos, concluyendo en una intervención de forma escalada vertical con el manejo de cuerdas y amarre de las ramas a intervenir reduciendo la longitud de estas de forma latera y liberar el espacio aéreo, controlando el crecimiento sobre la acera y vía pública, sin ingresar a la propiedad privada donde se encuentra el árbol de muñeco con una altura de unos 10 metros promedio. -Que finalmente el viernes 22 de setiembre 2023, se realiza las intervenciones de escalamiento y amarre de cuerdas en el aislamiento de las ramas sobre la vía pública y cumplir con las demandas del recurrente en el trabajo técnico llevado a cabo de alta complejidad y por lo que se pudo proceder a la poda de las ramas laterales de esta especie controlando el crecimiento sin desbalance la proporcionalidad de su estructura y que su copa sea ajustada con su desarrollo, con una duración de 8 horas de trabajo promedio …”\n\n \n\n5.- Mediante memorial presentado a las 7:43 horas de 1 de octubre de 2023, el recurrente manifestó que por la intervención de la Sala, el ente local recurrido realizó la poda de cuatro árboles.\n\n 6.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.             \n\n Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,\n\nConsiderando:\n\n I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente acota que en marzo de 2023, formuló una solicitud ante el ente local recurrido, a efectos de que se podara un árbol de su comunidad, para garantizar la seguridad de conductores y transeúntes, pues, las ramas de ese árbol cubren casi toda la calle, aceras y parte tendido eléctrico; sin embargo, siete meses después, continúa esperando una intervención. Afirma que esa omisión, vulnera sus derechos fundamentales.\n\n   II.- CUESTIÓN PRELIMINAR. De previo a analizar el fondo del asunto –por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido– debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones–, aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este caso se plantea un supuesto de excepción –respaldado por la mayoría de este Tribunal Constitucional–, pues se está ante una solicitud formulada por una persona adulta mayor, la cual, a su vez, presuntamente no ha sido resuelta dentro de un plazo razonable. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.\n\n III.- HECHOS PROBADOS. De relevancia para la decisión del presente amparo se tienen por demostrados los siguientes: 1) El 21 de febrero de 2023, la persona adulta mayor amparada formuló una solicitud ante el alcalde recurrido, a efectos de que se dispusiera la poda de un árbol de su comunidad (copia adjunta al libelo de interposición). 2) El 1 de marzo de 2023, el asistente del alcalde accionado le comunicó al recurrente que su gestión se había trasladado al encargado, para su seguimiento (hecho no controvertido). 3) El 21 de septiembre de 2023, se notificó el auto de traslado a las autoridades recurridas (actas de notificación visibles en el Historial de Acontecimientos del Expediente Electrónico). 4) El 22 de septiembre de 2023, se realizó la intervención reclamada (informe rendido bajo juramento y fotografías adjuntas).\n\n IV.- CASO CONCRETO. En la especie, el recurrente acota que en marzo de 2023, formuló una solicitud ante el ente local recurrido, a efectos de que se podara un árbol de su comunidad, para garantizar la seguridad de conductores y transeúntes, pues, las ramas de ese árbol cubren casi toda la calle, aceras y parte tendido eléctrico; sin embargo, siete meses después, continúa esperando una intervención. Afirma que esa omisión, vulnera sus derechos fundamentales.\n\n Consta que el 21 de febrero de 2023, el recurrente formuló la solicitud que apunta. Además se verificó que el pasado 1 de marzo de este mismo año, el asistente del alcalde accionado le comunicó al recurrente que su gestión se había trasladado al encargado, para su seguimiento. Aunado a lo anterior, se demostró que con ocasión de la notificación del auto de traslado a las autoridades recurridas, se realizó la intervención reclamada. Empero, como esto ocurrió una vez cursado este asunto, estima la Sala que se impone acoger el recurso, conforme se dirá.\n\nV.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL.  Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el  sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional  (\"Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes\"),  la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta \"únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes\". Se subraya que la Ley indica \"si fueren procedentes\", lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: \"toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia\", donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. Artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.\n\nVI.- NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ, EN CUANTO A LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA -Y CUMPLIDA. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.\n\nVII.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS RESPECTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE ESTA SENTENCIA. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.\n\nMi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.\n\nCiertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.\n\nSi el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.\n\nCon la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido.\n\nEn razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas.\n\n \n\nVIII.- VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO GARITA NAVARRO, ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LA NO CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA.\n\nSi bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.\n\nLa Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:\n\n“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.\n\nPor otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:\n\n“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.\n\nEsta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.\n\nEn criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a mi juicio, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.\n\nAsí, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.\n\nPor otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”.\n\nEl legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.\n\nEn mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaro.\n\nComo razón adicional, cabe destacar que la dinámica y esencia misma de los procesos de amparo, no tiene por objeto primario el análisis de la existencia o no de daños y perjuicios, sino, de la existencia o no de acciones u omisiones que puedan generar o producir un quebranto al régimen de los derechos fundamentales de las personas. Desde esa arista, el análisis que realiza esta sede, se concentra en dicha verificación, empero, no ingresa a la ponderación de si esas cuestiones han generado o no lesiones en el ámbito eminentemente patrimonial de las personas amparadas. Si bien el precitado precepto 52, de la LJC, en su ámbito gramatical, estatuye que dicha condena (en daños, perjuicios y costas) opera, de ser procedente, no estimamos los suscritos que dicho examen de pertinencia pueda, a priori, excluirse de manera automática en este tipo de procesos, en la medida en que, es dentro de otro proceso ordinario, que se ha de definir si dentro de la relación jurídica analizada en el recurso de amparo, las conductas u omisiones imputables a la Administración (o sujeto de derecho privado, cuando corresponda), se han constituido como causa adecuada de lesiones de orden patrimonial, que sean jurídicamente indemnizables. A modo de referencia, los numerales 179 al 184, del Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley N° 8508, define un proceso especial que tiene por objeto la definición de los efectos económicos derivados de condenas dictadas en estos procesos. A la luz del canon 179 ejusdem, ese proceso tiene por objeto lo siguiente:\n\n“ARTÍCULO 179.- Corresponde al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, la ejecución de las sentencias dictadas por la Jurisdicción Constitucional, en procesos de hábeas corpus y de amparo contra sujetos de Derecho público, únicamente en lo relativo a la demostración, la liquidación y el cumplimiento de indemnizaciones pecuniarias”.\n\nEs claro que ese proceso se direcciona al análisis del antecedente necesario emitido por esta Sala en cuanto a una condena en abstracto en esos rubros, pues no procedería ese tipo de pretensiones dentro de ese tipo de causas, cuando la sentencia dictada dentro del proceso de amparo, estableciere, de manera expresa, la improcedencia de daños, perjuicios y/o costas, así como cuando no exista pronunciamiento expreso en cuanto a este particular. Es decir, el proceso especial en sede contencioso administrativa, requiere, a modo de requisito sine qua non, de condena o pronunciamiento expreso por parte de esta Sala Constitucional. En ese orden, a mi juicio, al tenor del mencionado ordinal 52, de la LJC, la dispensa en esa condena patrimonial precisa de la acreditación, en cada caso, de situaciones a partir de las cuales, es estime, motivadamente, la inexistencia de lesiones patrimoniales, aún potenciales, derivadas o asociadas a los hechos analizados. Por ende, se trata de una excepción, que, como tal, requiere de aplicación calificada y debidamente fundamentada de manera casuística. La sola circunstancia que, en el curso del trámite, la Administración dicte resolución o se emita sentencia judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, no descarta, per se, que, de previo a esa cesación por causa propia o ajena al ente accionado, la indolencia acusada o perturbación reprochada, haya llegado a ocasionar daños y perjuicios. Sin embargo, tal cuestión de fondo, en lo relativo a la efectividad de las lesiones, su cuantía, reclamo oportuno, etc., son ponderaciones que escapan a la naturaleza de estos procesos y respecto de la cual, en orden a lo regulado por el mandato 52 aludido, son propias de una condena en abstracto que luego constituye base de análisis en la Jurisdicción Contencioso Administrativa. La tutela que se pretende en estos procesos de orden constitucional no precisa de la demostración de daños y perjuicios, pues, se insiste, no es su objeto o ratio primaria. Así, no corresponde a la persona amparada el reclamo o demostración de daños, siendo que lo que busca es el resguardo de sus derechos fundamentales. Luego, si esas conductas administrativas le han producido lesiones, es un extremo que, por tesis de principio y salvo casos excepcionales, no forman parte de la base de análisis de este tipo de causas. Nótese que, en el supuesto regulado en ese mandato, la Sala Constitucional no hace un análisis de fondo de la situación a tutelar, dada la terminación del amparo o habeas corpus por la circunstancia sobrevenida ya citada. Ergo, en estos casos, por imperativo legal, no se ingresa a valorar si hay o no infracción, con lo cual, mucho menos puede definirse si a partir de lo denunciado por el requirente, puede haber o no situaciones de posible reparación civil. De esa manera, la dispensa de condena a que alude esa norma, es de orden excepcional, no de principio. Por tanto, en esos supuestos, la norma impone la condena en abstracto, para que sea dentro de otro proceso plenario, que se analice su procedencia. De otro modo, de aplicarse como regla esa liberación de daños, perjuicios y costas, se estaría poniendo en riesgo la tutela de la situación jurídica de la persona que, pese a esa respuesta sobrevenida de la parte reclamada, pudo haber sufrido lesiones en su esfera patrimonial, en detrimento de lo estatuido por el precepto 45, de la Constitución Política, y desconociendo la potencial responsabilidad de la Administración, tal y como lo impone el artículo 9 ejusdem. Además, no debe dejarse de lado que fue en virtud de una acción de esa índole, que se adoptó una conducta que hace cesar las conductas que, en teoría, amenazan o conculcan los derechos fundamentales de la persona. Es decir, a efectos de obtener el resguardo de esos derechos, la persona optó por la tutela judicial, y fue por esa virtud, que se produce el cese de la perturbación reprochada. Se insiste, si la permanencia de la amenaza o deterioro de su situación en tanto se hizo cesar por las causas aludidas en la norma bajo examen, generó daños y perjuicios, es un tema que, salvo prueba en contrario, debe ser analizado dentro de un proceso ordinario, pero que, se reitera, en modo alguno, debe negarse, como presupuesto, por la sola concreción del supuesto de hecho regulado en el mencionado ordinal 52, de la LJC. Por ende, con el respeto de siempre en cuanto a la postura de mayoría, externo mi voto y reitero que la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en abstracto en costas, daños y perjuicios. \n\n IX.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión número 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero de2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión número 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.\n\nPOR TANTO:\n\n Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. El magistrado Castillo Víquez consigna nota. La magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas. El magistrado Garita Navarro salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas Notifíquese.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nNombre290  V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nFernando Cruz C.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nPaul Rueda L.\n\n\n\n\nJorge Araya G.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nAnamari Garro V.\n\n\n\n\nAracelly Pacheco S.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJose Roberto Garita N.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n UJ43T6UC8XAE61\n\nEXPEDIENTE N° 23-022486-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: Telf11 /  (). Fax: Telf12 / Telf13. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección40 , Dirección41 , 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Dirección42    , San José, Dirección43 , Dirección44  , calles 19 y 21, Dirección45  \n\n \n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 13:59:34.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "**Sala Constitucional**\n\n**Resolution No. 26056 - 2023**\n\n**Date of Resolution:** October 13, 2023 at 09:30\n\n**Case File:** 23-022486-0007-CO\n\n**Drafted by:** Fernando Castillo Víquez\n\n**Type of Matter:** *Recurso de amparo*\n\n**Analyzed by:** SALA CONSTITUCIONAL\n\n**Text of the resolution**\n\nExp: 23-022486-0007-CO\n\nRes. No. PHO7552\n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours thirty minutes on October thirteenth, two thousand twenty-three.\n\n*Recurso de amparo* filed by [Nombre10599], identity card CED5273, against the MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA.\n\n**WHEREAS:**\n\n**1.-** By means of a brief filed at 9:25 a.m. on September 14, 2023, the petitioner filed a *recurso de amparo* against the Municipalidad de Montes de Oca, since, as he states, he is a resident of Lourdes de Montes de Oca, 200 meters northeast and 40 meters east of the Universidad Latina. He indicates that the respondent municipality fails to comply with its obligation to prune a tree that is a danger to the residents. He details that its branches are covering almost the entire street, sidewalks, and some electrical wiring. Additionally, the leaves cover the neighbors' gutters, causing water to spill into their homes during rains. He argues that the tree is a danger both for those who live in the area and for visitors. Therefore, on February 21, 2023, he reported the situation to the respondent mayor. On March 1, 2023, the assistant to the respondent mayor informed him that his request had been forwarded to the person in charge for follow-up. Consequently, on March 1, 2023, he visited that official at his office located at [Direccion2312], who told him that the work had already been scheduled. However, he points out that the officials who arrived to prune the trees indicated that they did not have the equipment, not even a ladder, to prune the large tree. When he told the person in charge of Pruning what had happened, he was told that the tree trunk is on private property and that the branches invading the sidewalk and street are not the municipality's problem. He considers his fundamental rights injured. He requests the intervention of this Constitutional Court.\n\n**2.-** By resolution issued at 10:16 a.m. on September 19, 2023, the *recurso* was admitted and a report was requested from the mayor and the head of the Environmental Management Office, both of the Municipalidad de Montes de Oca, regarding the alleged facts. **3.-** By means of a brief filed at 10:00 a.m. on September 22, 2023, the petitioner states that on September 21 of the current year, the head of Environmental Management of the Municipalidad de Montes de Oca appeared at the location of the tree regarding which it has been requested that the branches overhanging sidewalks, the street, and electrical wiring be cut. That official indicated that what he would do was \"notify the neighbor\" to force him to perform and pay for the pruning.” One must question why that official went to speak with the neighbors.\n\n**4.-** Marcel Soler Rubio, in his capacity as mayor of Montes de Oca, reports under oath and indicates that the petitioner's complaint was processed. The plaintiff cannot ignore that his request is not the only one concerning tree pruning, since approximately 200 requests of the same nature are received monthly, which are sought to be addressed in the order they are received. Indeed, given the number of complaints, the local entity found it necessary to hire a company for these purposes. In addition to the foregoing, from the report of the municipal environmental manager, it is inferred that:\n\n“-That interventions at said site have occurred on previous occasions for pruning maintenance or tree mapping in public spaces, with the objective of minimizing local risk and threat factors, primarily for individuals over public space, as is the case with the jacarandas, nísperos, and güititites (sic). -That the request regarding the individual at the site in question; had also been analyzed, addressed, and the maintenance work on the species located on public roads had been carried out again for maintenance for this 2023, as mentioned. -That effectively the tree in question is located on a private property and therefore is not intervened due to the technical difficulty of height and location of the species in accordance with the provisions within the framework of competencies. Therefore; in accordance with the contract established with high-quality urban arborists, the species in question is studied and an analysis is provided to carry out said request with technical experts, concluding in a scaled vertical intervention with rope handling and tying of the branches to be intervened, reducing their length laterally and freeing the airspace, controlling growth over the sidewalk and public road, without entering the private property where the muñeco tree is located, with an average height of about 10 meters. -That finally on Friday, September 22, 2023, the climbing and rope-tying interventions are carried out in the isolation of the branches over the public road and to comply with the demands of the petitioner in the highly complex technical work carried out, and therefore it was possible to proceed with the pruning of the lateral branches of this species, controlling growth without unbalancing the proportionality of its structure and so that its crown is adjusted with its development, with an average duration of 8 hours of work…”\n\n**5.-** By means of a brief filed at 7:43 a.m. on October 1, 2023, the petitioner stated that due to the intervention of the Court, the respondent local entity pruned four trees.\n\n**6.-** The legal prescriptions have been observed in the proceedings followed.\n\nDrafted by Judge Castillo Víquez; and,\n\n**Considering:**\n\n**I.-** OBJECT OF THE RECURSO. The petitioner notes that in March 2023, he filed a request before the respondent local entity for the purpose of having a tree in his community pruned, to guarantee the safety of drivers and pedestrians, since the branches of that tree cover almost the entire street, sidewalks, and part of the electrical wiring; however, seven months later, he is still waiting for an intervention. He affirms that this omission violates his fundamental rights.\n\n**II.-** PRELIMINARY ISSUE. Before analyzing the merits of the matter –regarding the alleged violation of the right to a prompt and fulfilled procedure– it must be clarified that, based on Judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Court has referred to the *jurisdicción contencioso administrativa* –with some exceptions– those matters in which it is disputed whether the public administration has or has not complied with the deadlines set by the *Ley General de la Administración Pública* (articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure –initiated *ex officio* or at the request of a party– or to hear the appropriate administrative appeals. Precisely, in this case, an exception is presented –supported by the majority of this Constitutional Court– since it involves a request made by an older adult, which, in turn, has allegedly not been resolved within a reasonable time. Having clarified the point, we proceed to resolve the specific situation raised in this *amparo*.\n\n**III.-** PROVEN FACTS. Of relevance to the decision of this *amparo*, the following are deemed proven: 1) On February 21, 2023, the protected older adult filed a request before the respondent mayor for the purpose of ordering the pruning of a tree in his community (copy attached to the filing brief). 2) On March 1, 2023, the assistant to the respondent mayor informed the petitioner that his request had been forwarded to the person in charge for follow-up (undisputed fact). 3) On September 21, 2023, the order granting leave was notified to the respondent authorities (notification records visible in the Event History of the Electronic File). 4) On September 22, 2023, the claimed intervention was carried out (report rendered under oath and attached photographs).\n\n**IV.-** SPECIFIC CASE. In the present case, the petitioner notes that in March 2023, he filed a request before the respondent local entity for the purpose of having a tree in his community pruned, to guarantee the safety of drivers and pedestrians, since the branches of that tree cover almost the entire street, sidewalks, and part of the electrical wiring; however, seven months later, he is still waiting for an intervention. He affirms that this omission violates his fundamental rights.\n\nIt is on record that on February 21, 2023, the petitioner filed the request he mentions. Furthermore, it was verified that on March 1 of this same year, the assistant to the respondent mayor informed the petitioner that his request had been forwarded to the person in charge for follow-up. In addition to the foregoing, it was demonstrated that on the occasion of the notification of the order granting leave to the respondent authorities, the claimed intervention was carried out. However, since this occurred once this matter had been initiated, the Court considers that the *recurso* must be granted, as will be stated.\n\n**V.-** REGARDING THE ORDER TO PAY COSTS, DAMAGES, AND LOSSES IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 52 OF THE *LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL*. Upon better consideration, the majority of the Court considers that, in the *sub examine*, in accordance with the provisions of paragraph 1 of Article 52 of the *Ley de la Jurisdicción Constitucional* (\"If, while the *amparo* is pending, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the *recurso* shall be granted solely for purposes of compensation and costs, if applicable\"), the granting must be without a special order to pay costs, damages, and losses, based on the following considerations. While there is an express text in the law that requires the operative part of the ruling to indicate that the *recurso* is granted when the grievance is resolved while the *amparo* is pending, it is no less true that the same paragraph *in fine* states that the granting is dictated \"solely for purposes of compensation and costs, if applicable.\" It is emphasized that the Law states \"if applicable,\" which means that the applicability or inapplicability of compensation and costs depends on an assessment, appreciation, or consideration by the Court. In cases like this, the content of the protected person's claim and the respondent authority's conduct of acknowledging it, suggest that the alleged impairments, injuries, or alterations are not directly related to a repercussion on a constitutional right of an evidently patrimonial nature (as would occur, for example, with an affectation of the right to salary). To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provisions of Article 51 of the same *Ley de la Jurisdicción Constitucional*, when it provides that: \"any resolution that grants the *recurso* shall order, in the abstract, the compensation for the damages and losses caused and the payment of the costs of the *recurso*, reserving its liquidation for the execution of the judgment,\" where the possibility of assessing whether or not compensation and costs are applicable is not foreseen. The principles of Constitutional Law, those of Public and General Procedural Law or, as the case may be, those of International or Community Law and, additionally, in order, the *Ley General de la Administración Pública* and the *Código Procesal Contencioso Administrativo* and the other procedural codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the norms of the *Ley de la Jurisdicción Constitucional* -cf. Article 14-. For the *jurisdicción contencioso-administrativa*, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in Article 197 of the *Código Procesal Contencioso Administrativo*, which responds to procedural logic in any subject matter. In any event, the affected party in the *sub lite* retains the possibility of resorting, should they see fit, to a plenary proceeding to demonstrate that they have suffered some type of impairment. Based on the foregoing, it is the majority's criterion to resolve this *recurso* without an order to pay costs, damages, and losses.\n\n**VI.-** NOTE FROM JUDGE CASTILLO VÍQUEZ, REGARDING PROMPT –AND FULFILLED– ADMINISTRATIVE JUSTICE. I have supported this Court's thesis that when a party alleges a violation of the right to prompt and fulfilled justice in the administrative sphere, those who must hear the legal controversy are the *Tribunales de lo Contencioso-Administrativo* and not this Court. However, with the recent enactment of Law No. 9097, *Ley de Regulación del Derecho de Petición*, it has been established that this right is susceptible to judicial protection through the *recurso de amparo* established by Article 32 of the *Ley de la Jurisdicción Constitucional*, in relation to Article 27 of the *Constitución Política de la República de Costa Rica*, in those cases where the petitioner considers that the Administration's material actions, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, which, based on numeral 7 of its Law, is responsible for exclusively defining its own jurisdiction. Therefore, except for those constitutional-legal controversies that have been recognized by this same Court as exception cases, which can proceed to be heard in this jurisdiction through the constitutional guarantee process of *amparo*, in other cases, and for the reasons given by this Court (Judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent judges are those of the *jurisdicción de lo contencioso-administrativo*, all of which is in accordance with Article 25 of the *Convención Americana sobre Derechos Humanos*, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.\n\n**VII.-** DISSENTING VOTE OF JUDGE GARRO VARGAS REGARDING THE OPERATIVE PART OF THIS JUDGMENT. Article 52 of the *Ley de la Jurisdicción Constitucional* (LJC) states: “If, while the *amparo* is pending, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the *recurso* shall be granted solely for purposes of compensation and costs, if applicable.”\n\nMy interpretation of that rule is as follows: That \"resolution\" is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase \"if applicable\" refers to costs. Moreover, Article 197 of the *Código Procesal Contencioso-Administrativo*, cited by the majority, on the basis of Article 14 of the LJC, precisely refers only to these: to costs.\n\nCertainly, in accordance with Article 48 of the *Constitución Política* (CP), the essential content of the right to the *recurso de amparo* is not compensatory but restitutive; however, Article 51 of the LJC states: “Any resolution that grants the *recurso* shall order, in the abstract, the compensation for the damages and losses caused and the payment of the costs of the *recurso*, reserving its liquidation for the execution of the judgment.”\n\nIf the right has been violated and the Court so verifies, even in the event that it has been restored, damages and losses could have arisen. For this reason, the order in the abstract for these is appropriate. If this were not done, if such an order were not issued, in the event that they had indeed occurred, there would be no title –derived from this process– to claim them, thereby potentially violating Article 41 of the CP. If, despite there being an order in the abstract, damages and losses have not occurred, the judge in the ordinary proceeding will so declare, since only he is responsible for finding proven the actual existence and magnitude thereof.\n\nWith the thesis defended by the majority, I consider that, contrary to what is sought, it would be incentivizing the Administration to respect rights only in the presence of a *recurso de amparo*. It remains to be said that Article 52 of the LJC foresees the possibility that, if it is deemed just, the Court may order the payment of costs, even when the right has been restored.\n\nBy reason of the foregoing, I partially dissent regarding the operative part and order the award of damages and losses, but not costs.\n\n**VIII.-** PARTIAL DISSENTING VOTE OF JUDGE GARITA NAVARRO, SOLELY IN RELATION TO THE NON-IMPOSITION OF COSTS, DAMAGES, AND LOSSES AGAINST THE RESPONDENT PARTY.\n\nAlthough I agree with the rest of the Court in granting the *recurso*, I separate myself from the majority criterion insofar as it exempts the respondent party from being ordered to pay the costs, damages, and losses derived from the injury caused to the fundamental rights of the protected party.\n\nThe *Ley de la Jurisdicción Constitucional*, in Article 52, provides that:\n\n“If, while the *amparo* is pending, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the *recurso* shall be granted solely for purposes of compensation and costs, if applicable.”\n\nOn the other hand, Article 51 *ibidem* establishes that:\n\n“...any resolution that grants the *recurso* shall order, in the abstract, the compensation for the damages and losses caused and the payment of the costs of the *recurso*, reserving its liquidation for the execution of the judgment.”\n\nThis last rule establishes the general system regulating matters related to compensation and the payment of costs, and what the majority calls the \"natural or normal form of termination of the process, where there is a ruling on the merits of the matter and acknowledgment of the facts that have violated fundamental rights…\".\n\nIt is the majority's criterion that Article 51, cited, regulates the cases in which the Court has found the grievance proven; and, consequently, the need for an order to pay costs, damages, and losses arises. However, in my opinion, from a systematic interpretation of both rules, it is concluded that, both in cases where this Constitutional Court verifies an injury to a fundamental right and, therefore, grants the *recurso*, and in those where the Administration, by its own decision, restores the aggrieved person to the enjoyment of their fundamental rights, once it becomes aware of the *amparo* -a scenario contemplated in Article 52, referred to-, by imperative of Articles 50 and 51 of the cited law, the necessary and unavoidable consequence is the order against the infringer for the compensation of the damages and losses caused and the payment of the costs of the *recurso*. This rule is nothing more than the recognition, to the party who has suffered a violation of their fundamental rights, of the right to effective judicial protection regarding the reparation of the harmful consequences derived from the actions or omissions of the infringing authorities; and, as a deterrent, so that the State does not incur again in the actions that gave rise to the granting of the *recurso*, a matter regulated in Article 50 of the law governing this jurisdiction. Thus, whether the Court has found the grievance proven and has proceeded to hear the merits of the matter, or whether the violation ceased by decision of the respondent authority itself, once it became aware of the processing of the *amparo*, with restoration of the enjoyment of fundamental rights in favor of the aggrieved party (Article 52), always, in any of those scenarios, the imperative need for an order to pay costs, damages, and losses against the infringer arises, the foundation of which lies in the principles of protection of individuals' rights and in that the Administration must be held responsible for the damages and losses it causes through its unconstitutional actions.\n\nThus, the fact that, at the time the *amparo* is heard and granted, the effects of the challenged act may have already ceased, under the terms provided in Articles 50 and 52 of the cited law, does not negate the applicability of the order to pay costs, damages, and losses, since such a case forms an integral part of the general system of the necessary order for those items contained in the *Ley de la Jurisdicción Constitucional*.\n\nOn the other hand, it is clear that Article 52, mentioned, is applied only in cases where the Court, even though it has not heard, nor ruled on the merits of the claim, has verified the violation of the protected party's fundamental rights, by virtue of the restoration of the enjoyment of those rights that the Administration has agreed upon in their favor; a situation that, as affirmed by the majority of the Court, implies an \"abnormal termination of the process.\"\n\nThe legislator precisely established and delimited the conditions under which this Court may decree this form of abnormal conclusion of the *amparo* process, as well as its scope, namely: 1) that the *amparo* is pending, i.e., that the Administration has been duly notified of the resolution admitting the *amparo*; and, 2) that there exists an administrative or judicial resolution that undoubtedly orders the revocation, cessation, or suspension of the challenged action that violates fundamental rights. Certainly, the rule in question contemplates an exception to the general system of mandatory order of costs, damages, and losses, despite the granting of the *recurso*, by providing that, in the cases regulated therein, the *recurso* shall be granted \"solely for purposes of compensation and costs, if applicable.\" As an exception that it is, it must be interpreted restrictively; that is, it only proceeds in the scenarios strictly contemplated in the rule, not only due to the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but also because the consequences of applying such an exception undoubtedly imply an impairment of the fundamental right of individuals to obtain effective judicial protection against the damages and losses suffered due to the injury to their constitutional rights.\n\nIn my view, such an exception should be interpreted as meaning that, in accordance with the general system of automatic order of costs, damages, and losses in the event of a violation of fundamental rights, such an order is always applicable, even in the case that the respondent party issues an administrative or judicial resolution that revokes, stops, or suspends the challenged action, unless it is unequivocally and clearly on record that, in the specific case, no compensable harm was caused. Only and exclusively in such cases could the respondent Administration be exempted from paying said items. Since, in this case, there is no element whatsoever that rebuts the presumption of the emergence, for the protected party, of economic damages and losses derived from the challenged actions -whose specific determination does not fall within the purview of this jurisdiction-, the granting of this *recurso* must necessarily entail the order to pay costs, damages, and losses, and I so declare.\n\nAs an additional reason, it should be noted that the dynamics and very essence of *amparo* processes do not have as their primary object the analysis of the existence or not of damages and losses, but rather, of the existence or not of actions or omissions that may generate or produce a breach of the regime of individuals' fundamental rights. From that perspective, the analysis performed by this venue focuses on such verification, however, it does not enter into the consideration of whether these matters have generated or not injuries in the eminently patrimonial sphere of the protected individuals. While the aforementioned precept 52 of the LJC, in its grammatical scope, stipulates that said order (for damages, losses, and costs) operates, if applicable, we the undersigned do not consider that said pertinence analysis can, *a priori*, be automatically excluded in this type of process, to the extent that, it is within another ordinary process, that it must be defined whether within the legal relationship analyzed in the *recurso de amparo*, the conducts or omissions attributable to the Administration (or private law subject, when applicable), have constituted an adequate cause of patrimonial injuries that are legally compensable. For reference, numerals 179 to 184 of the *Código Procesal Contencioso Administrativo*, Law No. 8508, define a special process whose purpose is the definition of the economic effects derived from orders issued in these processes. In light of canon 179 *ejusdem*, that process has the following object:\n\n“ARTICLE 179.- The *Juzgado de lo Contencioso-Administrativo* is responsible for the execution of judgments issued by the Constitutional Jurisdiction, in *hábeas corpus* and *amparo* processes against Public Law subjects, solely in relation to the demonstration, liquidation, and fulfillment of pecuniary compensations.”\n\nIt is clear that this process is directed at the analysis of the necessary antecedent issued by this Court regarding an order in the abstract for these items, since such claims would not be applicable within that type of case when the judgment issued within the *amparo* process expressly establishes the impropriety of damages, losses, and/or costs, as well as when there is no express pronouncement on this matter. That is, the special process in the *sede contencioso administrativa* requires, as a *sine qua non* requirement, an order or express pronouncement by this *Sala Constitucional*. In that order, in my opinion, under the tenor of the mentioned numeral 52 of the LJC, the exemption from that patrimonial order requires the accreditation, in each case, of situations from which it is reasonably estimated that there are no patrimonial injuries, even potential ones, derived from or associated with the facts analyzed. Therefore, it is an exception, which, as such, requires qualified and duly substantiated application on a case-by-case basis. The mere circumstance that, during the course of the proceeding, the Administration issues a resolution or a judicial judgment is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, does not rule out, *per se*, that, prior to that cessation by the respondent entity's own cause or by an external cause, the alleged indolence or reproached disturbance may have caused damages and losses. However, such a substantive issue, regarding the effectiveness of the injuries, their amount, timely claim, etc., are considerations that fall outside the nature of these processes and regarding which, in order to what is regulated by the aforementioned mandate 52, are characteristic of an order in the abstract that later forms the basis for analysis in the *Jurisdicción Contencioso Administrativa*. The protection sought in these constitutional processes does not require the demonstration of damages and losses, because, it is insisted, that is not its object or primary *ratio*. Thus, it is not for the protected person to claim or demonstrate damages, as what they seek is the safeguarding of their fundamental rights. Then, whether those administrative conducts have produced injuries for them is an aspect that, as a matter of principle and except for exceptional cases, does not form part of the analytical basis of this type of case. Note that, in the scenario regulated in that mandate, the *Sala Constitucional* does not perform an analysis of the merits of the situation to be protected, given the termination of the *amparo* or *habeas corpus* due to the supervening circumstance already cited. Ergo, in these cases, by legal imperative, we do not proceed to assess whether or not there is an infringement, therefore, much less can it be defined whether, from what was reported by the petitioner, there may or may not be situations of possible civil reparation. In this way, the exemption from the order referred to in that rule is of an exceptional, not a principle-based, nature. Therefore, in those scenarios, the rule imposes an order in the abstract, so that its applicability is analyzed within another plenary process. Otherwise, if that exemption from damages, losses, and costs were applied as a rule, the protection of the legal situation of the person who, despite that supervening response from the respondent party, could have suffered injuries in their patrimonial sphere would be put at risk, to the detriment of what is stipulated by precept 45 of the *Constitución Política*, and disregarding the potential liability of the Administration, as imposed by Article 9 *ejusdem*. Furthermore, it must not be overlooked that it was by virtue of an action of this nature that conduct was adopted that caused the cessation of the conducts that, in theory, threatened or infringed the individual's fundamental rights. That is, in order to obtain the safeguarding of those rights, the person opted for judicial protection, and it was by virtue of that, that the cessation of the reproached disturbance occurred.\n\nIt is insisted that, if the persistence of the threat or deterioration of their situation while it was made to cease due to the causes mentioned in the rule under review generated damages and losses (daños y perjuicios), it is a matter that, absent proof to the contrary, must be analyzed within an ordinary proceeding, but, it is reiterated, in no way should it be denied, as a presumption, merely by the materialization of the factual scenario regulated in the aforementioned ordinal 52 of the LJC. Therefore, with the utmost respect for the majority position, I cast my vote and reiterate that the granting of this appeal must necessarily imply an abstract award of costs (costas), damages, and losses (daños y perjuicios).\n\nIX.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,\" approved by the Corte Plena in session number 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session number 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.\n\nPOR TANTO:\n\nThe appeal is granted, without a special award of costs (costas), damages, or losses (daños y perjuicios). Judge Castillo Víquez records a note. Judge Garro Vargas partially dissents and orders an award for damages and losses (daños y perjuicios), but not an award for costs (costas). Judge Garita Navarro partially dissents and orders an award for damages, losses (daños y perjuicios), and costs (costas). Notify.\n\n\n\n\n\n\t\n\nName290  V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\n\nFernando Cruz C.\n\n\t\n\n \t\n\nPaul Rueda L.\n\n\n\n\nJorge Araya G.\n\n\t\n\n \t\n\nAnamari Garro V.\n\n\n\n\nAracelly Pacheco S.\n\n\t\n\n \t\n\nJose Roberto Garita N.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n UJ43T6UC8XAE61\n\nEXPEDIENTE N° 23-022486-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: Telf11 /  (). Fax: Telf12 / Telf13. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección40 , Dirección41 , 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Dirección42    , San José, Dirección43 , Dirección44  , calles 19 y 21, Dirección45  \n\n \n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 13:59:34.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
}