{ "id": "nexus-sen-1-0007-1208424", "citation": "Res. 00322-2024 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Rechazo de acción de inconstitucionalidad sobre medición de ruido", "title_en": "Rejection of unconstitutionality action regarding noise measurement", "summary_es": "La Sala Constitucional rechazó de plano una acción de inconstitucionalidad interpuesta por el presidente de la Cámara de Industria, Comercio y Servicios del cantón de La Unión contra el Ministerio de Salud y el Decreto Ejecutivo N° 32692 (Procedimiento para la Medición del Ruido). El accionante alegaba que el Ministerio, al utilizar un sonómetro que no se ajusta al decreto, estaba aplicando un procedimiento inconstitucional. Sin embargo, la Sala determinó que la acción incumplía requisitos formales esenciales: el accionante no justificó adecuadamente su legitimación y, aunque invocó la defensa de intereses corporativos, los fines estatutarios de la cámara no incluyen la defensa judicial de sus agremiados ni la interposición de acciones contra normas. En consecuencia, se rechazó la demanda sin entrar al fondo. El magistrado Rueda Leal salvó el voto, considerando prematuro el rechazo y ordenando prevenir al accionante para que subsanara las omisiones, conforme al artículo 80 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.", "summary_en": "The Constitutional Chamber summarily dismissed an unconstitutionality action brought by the president of the Chamber of Industry, Commerce and Services of the canton of La Unión against the Ministry of Health and Executive Decree No. 32692 (Procedure for Noise Measurement). The petitioner argued that the Ministry, by using a sound level meter that does not comply with the decree, was applying an unconstitutional procedure. However, the Chamber found that the action failed to meet essential formal requirements: the petitioner did not adequately justify his standing, and although he claimed to defend corporate interests, the chamber's statutory purposes do not include judicial defense of its members or the filing of actions against norms. Consequently, the claim was rejected without considering the merits. 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En primer término, el accionante omite justificar en cuál supuesto del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional basa su legitimación y, aun cuando, se admitiera la misma por la defensa de intereses corporativos, al representar el accionante a la Cámara de Industria, Comercio y Servicios del cantón de la Unión, advierte este Tribunal, de la propia personería jurídica aportada por el gestionante, que el objetivo de esa asociación es el siguiente: “PROMOVER EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS EN EL CANTON DE LA UNION, GENERAR UN CANAL DE COMUNICACION Y ENLACE DIRECTO CON ACTORES POLITICOS Y AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS EN DEFENSA DEL SECTOR EMPRESARIAL. CREAR UN ESPACIO DE DISCUSION Y ELABORACION DE PROPUESTAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE EMPRENDURISMO”. Es decir, entre sus potestades no está la defensa judicial de sus agremiados, ni la posibilidad de plantear procesos contra normas. Por consiguiente, carece de legitimación para ejercerla mediante este proceso.", "excerpt_en": "Upon analysis of the filing brief in this case, it is concluded that it lacks essential requirements to bring the action, and therefore it is appropriate to dismiss it outright. First, the petitioner fails to justify under which provision of Article 75 of the Constitutional Jurisdiction Law he bases his standing, and even if it were admitted for the defense of corporate interests, given that the petitioner represents the Chamber of Industry, Commerce and Services of the canton of La Unión, this Court notes, from the legal standing certificate provided by the petitioner, that the purpose of that association is as follows: 'TO PROMOTE THE DEVELOPMENT OF INDUSTRY, COMMERCE AND SERVICES IN THE CANTON OF LA UNION, TO GENERATE A CHANNEL OF COMMUNICATION AND DIRECT CONNECTION WITH POLITICAL ACTORS AND ADMINISTRATIVE AUTHORITIES IN DEFENSE OF THE BUSINESS SECTOR. TO CREATE A SPACE FOR DISCUSSION AND PREPARATION OF PROPOSALS FOR THE IMPROVEMENT OF ENTREPRENEURSHIP CONDITIONS.' That is, its powers do not include the judicial defense of its members, nor the possibility of filing proceedings against norms. 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ASUNTOS DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD\n\nTema: SALUD\n\nSubtemas:\n\nNO APLICA.\n\nDescriptor: SALUD. PROCEDIMIENTO PARA LA MEDICIÓN DEL RUIDO\nExpediente: 23-029754-0007-CO\nSentencia: 0322-24 del 10 de enero de 2024\nTipo de asunto: Acción de inconstitucionalidad\nNorma impugnada: Decreto Ejecutivo No. 32692 del 09-08-2005. Procedimiento para la Medición del Ruido. \nParte dispositiva: Se rechaza de plano la acción. El magistrado Rueda Leal salva el voto y ordena hacer la prevención del artículo 80 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.\n\n... Ver más\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp: 23-029754-0007-CO\n\nRes. Nº 2024000322\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del diez de enero de dos mil veinticuatro .\n\n Acción de inconstitucionalidad promovida por Cristian Campos Castillo, en su condición de presidente de la Cámara de Industria, Comercio y Servicios en el cantón de la Unión, cédula jurídica 3-002-808-138, contra el Ministerio de Salud y el procedimiento actual de medición de sonidos. \n\nResultando:\n\n 1.- Por escrito remitido a esta Sala el 29 de noviembre de 2023, el accionante interpone acción de inconstitucionalidad contra el Ministerio de Salud y el procedimiento actual de medición de sonidos. Manifiesta que, el Ministerio de Salud, en uso de las facultades que le confieren los artículos 140, incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política, 2, 4, 7, 37, 38, 263, 293, 325, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 347, 348, 349, 355, 357, 363, 364 y concordantes de la Ley nro. 5395 del 30 de octubre de 1973, \"Ley General de Salud\", 6 de la Ley nro. 541 2 del 8 de noviembre de 1973, \"Ley Orgánica del Ministerio de Salud\", 25, inciso 1) y 28, inciso b) de la ley número 6227 del 2 de mayo de 1978, \"Ley General de Administración Pública\", creó el procedimiento para la medición de ruido, decreto nro. 32692. Con la finalidad de ordenar y estandarizar el procedimiento para la medición de ruidos, establece que la medición sónica constituye el medio técnico idóneo y la prueba fehaciente para comprobar la existencia de ruidos que pueden afectar la salud de la población por lo que se requiere emplear métodos que garanticen que los valores obtenidos sean confiables y permitan decisiones correctas y acertadas en la materia. Que se hace necesario y oportuno establecer un procedimiento para medir el ruido, con la finalidad de establecer los procedimientos de acuerdo con las normas establecidas para efectuar las pruebas de medición. Afirma que, actualmente, para realizar estas mediciones utilizan un sonómetro (instrumento usado para medir los niveles de sonido). En la actualidad, el Ministerio de Salud utiliza un SONOMETRO CIRRUS, modelo CR:171B (serie G301504), con micrófono Cirrus Modelo MK224 (serie 2128879D) Preamplificador Cirrus Modelo MV200F (serie 10249F). Aduce que, el actual procedimiento para la medición de ruidos, omite e incumple en forma total el decreto nro. 32692. Omiten identificar y ubicar la persona afectada, y no coordinan la hora ni lugar de la realización de las mediciones sónicas, además las mediciones las realiza solo un funcionario de esta institución, obviando el numeral 4 del decreto nro. 32692 incisos a y c. Antes de efectuar cualquier tipo de medición, omiten que debe determinarse el nombre completo y el número de cédula de identidad o pasaporte de las personas presentes durante la realización de las mediciones. Y, anotar fecha y hora de inicio y de finalización de las mediciones, artículo 6 inciso A. El procedimiento no utiliza el sonómetro a una altura aproximada de 1,5 m del nivel del suelo y el ángulo formado entre el sonómetro y un plano inclinado paralelo al suelo, que debe encontrarse entre los 30 a 60 grados, artículo 6 decreto nro. 32692 inciso c. Se omite resguardar el colocarse a una distancia libre mínima aproximada de 0.50 m del cuerpo del funcionario, según el artículo 6 del decreto 32692, inciso d. Omiten realizar las 15 mediciones y las anotaciones de cada resultado de medición dispuestas en el artículo 6 inciso 1, solo realizan una medición de cinco minutos continuos. Omiten hacer las mediciones con los intervalos de 15 segundos, según lo dispone el artículo 6, inciso h. Omiten descartar las mediciones que incluyen ruidos ocasionales (art.6, inciso j). Omiten el cálculo de niveles de presión sonora (art. 7). Omiten anotar la escala de ponderación y atenuación empleada (art 8, inciso l). Se omite indicar cuál es el tipo de ruido (artículo 8, inciso j). Se omiten anotar las condiciones meteorológicas (artículo 8, inciso k). Lo único que realiza el Ministerio de Salud es una medición de 5 minutos, de forma continua, en el lugar donde ellos lo estimen pertinente, no ajustándose en nada al procedimiento vigente citado anteriormente. Refiere que, en el oficio MS-DPRSA-USA-2303-2023 del 8 de noviembre de 2023, el ingeniero Eugenio Androvetto Villalobos, director de la dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental, emitió criterio técnico y, en su punto 3 dicta que, actualmente el Ministerio de Salud cuenta con sonómetros que no requieren dicho procedimiento, por lo que promueve esta acción de inconstitucionalidad, ya que se reconoce expresamente que no se está utilizando el procedimiento de medición de ruido vigente. Cita el artículo 73 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional indicando que, “Cabrá la acción de inconstitucionalidad: a) Contra las leyes y otras disposiciones generales, incluso las originadas en actos de sujetos privados, que infrinjan, por acción u omisión, alguna norma o principio constitucional. b) Contra los actos subjetivos de las autoridades públicas, cuando infrinjan, por acción u omisión, alguna norma o principio constitucional, si no fueren susceptibles de los recursos de habeas corpus o de amparo” (manifiesta que adjunta el oficio). Refiere que, a sabiendas de que el sonómetro CIRRUS modelo CR:171B (serie G301504), con micrófono Cirrus modelo MK224 (serie 2128879D), preamplificador Cirrus Modelo Mv200F (serie 10249F), es un aparato que no se ajusta a la normativa vigente, pues indica literalmente lo siguiente: “dicho sonómetro NO CONCUERDA al actual procedimiento de medición de ruido decreto N° 32692, por ende, para poner estos sonómetros en practica el ministerio de salud debió derogar el decreto N° 32692 y crear un nuevo procedimiento para la medición de ruidos. CONCLUSION La metodología que actualmente esta utilizando el Ministerio de Salud, en cuanto a la medición de ruido, es un procedimiento INCONSTITUCIONAL, pues no está utilizando el procedimiento vigente, lo que es claro que esta manipulando un procedimiento que NO ESTA NORMADO, violando en forma total el procedimiento decreto N° 32692”. Como argumento legal cita: “CONSTITUCION POLITICA ART. 140 Son deberes y atribuciones que corresponden conjuntamente al Presidente y al respectivo Ministro de Gobierno: INCISO 3 Sancionar y promulgar las leyes, reglamentarlas, ejecutarlas y velar por su exacto cumplimiento INCISO 18 Darse el Reglamento que convenga para el régimen interior de sus despachos, y expedir los demás reglamentos y ordenanzas necesarios para la pronta ejecución de las leyes, ARTICULO 146.- Los decretos, acuerdos, resoluciones y órdenes del Poder Ejecutivo, requieren para su validez las firmas del Presidente de la República y del Ministro del ramo y, además, en los casos que esta Constitución establece la aprobación del Consejo de Gobierno. • CONSTITUCION POLITICA ART 11 - Ley General de Salud Artículos, 2°, 4°, 7°, 37, 38, 263, 293, 325, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 347, 348, 349, 355, 357, 363, 364 y concordantes de la Ley N° 5395 del 30 de octubre de 1973 Ley Orgánica del Ministerio de Salud Artículo 6° de la Ley N° 5412 del 8 de noviembre de 1973 • Ley General de Administración Pública Artículos 11, 25, inciso 1) y 28, inciso b) de la ley número 6227 del 2 de mayo de 1978 • Ley de Jurisdicción Constitucional Artículos 2 y 73 • DECRETO N° 32692 artículos 4, 6 y 8”.  Pide que se declare la admisibilidad y con lugar la acción de inconstitucionalidad, debido a la inercia, las omisiones y las abstenciones del ministerio de Salud, al no aplicar un procedimiento vigente (decreto nro. 32692). \n\n 2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.\n\n Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,\n\nConsiderando:\n\n I.- Sobre los presupuestos formales de admisibilidad de la acción. La acción de inconstitucionalidad es un proceso con determinadas formalidades, que deben ser satisfechas a los efectos de que la Sala pueda válidamente conocer el fondo de la impugnación. En ese sentido, el artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, establece los presupuestos de admisibilidad de la acción de inconstitucionalidad. En primer término, se exige la existencia de un asunto previo pendiente de resolver, sea en vía judicial, o bien, en el procedimiento para agotar la vía administrativa, en que se haya invocado la inconstitucionalidad como medio razonable para amparar el derecho o interés que se considera lesionado. En el párrafo segundo y tercero, la ley establece de manera excepcional, presupuestos en los que no se exige el asunto previo, cuando por la naturaleza del asunto, no exista una lesión individual y directa, o se trate de la defensa de intereses difusos o colectivos, o bien cuando es formulada en forma directa por el Contralor General de la República, el Procurador General de la República, el Fiscal General de la República y el Defensor de los Habitantes. Asimismo, existen otras formalidades que deben ser cumplidas, a saber, la determinación explícita de la normativa impugnada, debidamente fundamentada, con cita concreta de las normas y principios constitucionales que se consideren infringidos, la autenticación por abogado del escrito en el que se plantea la acción, la acreditación de las condiciones de legitimación (poderes y certificaciones), así como la certificación literal del escrito en el que se invocó la inconstitucionalidad de las normas en el asunto base, requisitos todos que en caso de no ser cumplidos por el accionante, dan lugar a la inadmisión de la acción.\n\nII.- Sobre el incumplimiento de los requisitos de admisibilidad en esta acción de inconstitucionalidad. Una vez analizado el escrito de interposición de este proceso, se concluye que adolece de requisitos esenciales para plantear la acción, razón por la cual lo procedente es su rechazo de plano. En primer término, el accionante omite justificar en cuál supuesto del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional basa su legitimación y, aun cuando, se admitiera la misma por la defensa de intereses corporativos, al representar el accionante a la Cámara de Industria, Comercio y Servicios del cantón de la Unión, advierte este Tribunal, de la propia personería jurídica aportada por el gestionante, que el objetivo de esa asociación es el siguiente: “PROMOVER EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS EN EL CANTON DE LA UNION, GENERAR UN CANAL DE COMUNICACION Y ENLACE DIRECTO CON ACTORES POLITICOS Y AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS EN DEFENSA DEL SECTOR EMPRESARIAL. CREAR UN ESPACIO DE DISCUSION Y ELABORACION DE PROPUESTAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE EMPRENDURISMO”. Es decir, entre sus potestades no está la defensa judicial de sus agremiados, ni la posibilidad de plantear procesos contra normas. Por consiguiente, carece de legitimación para ejercerla mediante este proceso.   En virtud de todo lo expuesto, procede rechazar de plano la acción.\n\n III.- Voto salvado del magistrado Rueda Leal. Me separo del criterio de la mayoría de este Tribunal y salvo el voto en este asunto, por considerar que la decisión de rechazar de plano esta acción de inconstitucionalidad es prematura. Es incuestionable que la acción de inconstitucionalidad es un proceso, “instaurado con el propósito de garantizar la supremacía de la Constitución Política frente a normas u otras disposiciones de carácter general y que por esa misma razón deben cumplirse un conjunto de formalidades, a efecto de que la Sala pueda válidamente conocer el fondo de la impugnación” como se ha señalado en la amplia jurisprudencia de esta Sala. Sin embargo, es precisamente la propia ley la que ordena el tratamiento que debe darse a las distintas formalidades y a su eventual incumplimiento, como se extrae del texto del artículo 80 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional que señala:\n\n“Artículo 80.- Si no se llenaren las formalidades a que se refieren los dos artículos anteriores, el Presidente de la Sala señalará por resolución, cuáles son los requisitos omitidos y ordenará cumplirlos dentro de tercero día (…)”\n\nEn este asunto, entre otros requisitos, se echa de menos una fundamentación adecuada y suficiente tal y como lo exige el artículo 78 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, por lo que resulta de incuestionable aplicación la prevención al accionante para que remedie la omisión detectada. De igual forma, no sobra en absoluto dejar sentado que –en mi criterio- tanto la interpretación de los artículos 78 y 79 como la del propio 80 de la Ley que rige esta jurisdicción, debe ser amplia en beneficio de quienes acuden a esta Sala, de modo que el acceso a la justicia constitucional no resulte innecesariamente limitado.\n\n IV.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPor tanto:\n\n  Se rechaza de plano la acción. El magistrado Rueda Leal salva el voto y ordena hacer la prevención del artículo 80 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.\n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nFernando Cruz C.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nPaul Rueda L.\n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Araya G.\n\n\n\n\nAnamari Garro V.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nHubert Fernández A.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n EQA43ARPSOUI61\n\nEXPEDIENTE N° 23-029754-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nClasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 14:16:09.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "Exp: 23-029754-0007-CO\n\nRes. No. 2024000322\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours fifteen minutes on the tenth of January, two thousand twenty-four.\n\nAn unconstitutionality action brought by Cristian Campos Castillo, in his capacity as president of the Chamber of Industry, Commerce and Services in the canton of La Unión, legal ID 3-002-808-138, against the Ministry of Health and the current sound measurement procedure.\n\nResultando:\n\n1.- By brief sent to this Chamber on November 29, 2023, the petitioner filed an unconstitutionality action against the Ministry of Health and the current sound measurement procedure. He states that the Ministry of Health, using the powers conferred by articles 140, subsections 3) and 18) and 146 of the Political Constitution, 2, 4, 7, 37, 38, 263, 293, 325, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 347, 348, 349, 355, 357, 363, 364 and concordant articles of Law No. 5395 of October 30, 1973, \"Ley General de Salud\", 6 of Law No. 5412 of November 8, 1973, \"Ley Orgánica del Ministerio de Salud\", 25, subsection 1) and 28, subsection b) of Law No. 6227 of May 2, 1978, \"Ley General de Administración Pública\", created the procedure for noise measurement, decree No. 32692. With the purpose of ordering and standardizing the procedure for measuring noises, it establishes that sonic measurement constitutes the suitable technical means and reliable proof to verify the existence of noises that may affect the health of the population, which requires employing methods that guarantee that the values obtained are reliable and allow correct and accurate decisions on the matter. That it is necessary and timely to establish a procedure for measuring noise, with the purpose of establishing the procedures in accordance with the established standards for conducting measurement tests. He asserts that, currently, to perform these measurements they use a sound level meter (instrument used to measure sound levels). Currently, the Ministry of Health uses a CIRRUS SOUND LEVEL METER, model CR:171B (series G301504), with a Cirrus microphone Model MK224 (series 2128879D) Cirrus preamplifier Model MV200F (series 10249F). He argues that the current procedure for measuring noises totally omits and fails to comply with decree No. 32692. They omit to identify and locate the affected person, and do not coordinate the time and place for carrying out the sonic measurements; furthermore, the measurements are performed by only one official of this institution, obviating numeral 4 of decree No. 32692 subsections a and c. Before performing any type of measurement, they omit that the full name and ID card number or passport of the persons present during the performance of the measurements must be determined. And, to note the date and time of the start and end of the measurements, Article 6, subsection A. The procedure does not use the sound level meter at an approximate height of 1.5 m from ground level and the angle formed between the sound level meter and an inclined plane parallel to the ground, which must be between 30 and 60 degrees, Article 6, decree No. 32692, subsection c. It is omitted to ensure that it is placed at a minimum free distance of approximately 0.50 m from the official's body, according to Article 6 of decree 32692, subsection d. They omit to perform the 15 measurements and notations of each measurement result provided for in Article 6, subsection 1; they only perform one measurement for five continuous minutes. They omit to take the measurements at 15-second intervals, as provided for in Article 6, subsection h. They omit to discard measurements that include occasional noises (Art. 6, subsection j). They omit the calculation of sound pressure levels (Art. 7). They omit to note the weighting and attenuation scale used (Art 8, subsection l). They omit to indicate what type of noise it is (Article 8, subsection j). They omit to note the meteorological conditions (Article 8, subsection k). The only thing the Ministry of Health does is a 5-minute measurement, continuously, in the place they deem pertinent, not conforming at all to the current procedure cited above. He refers that, in official letter MS-DPRSA-USA-2303-2023 of November 8, 2023, engineer Eugenio Androvetto Villalobos, director of the Directorate of Radiological Protection and Environmental Health (Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental), issued a technical opinion and, in its point 3, states that the Ministry of Health currently has sound level meters that do not require said procedure, which is why he brings this unconstitutionality action, since it is expressly acknowledged that the current noise measurement procedure is not being used. He cites Article 73 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional indicating that, “An unconstitutionality action shall be admissible: a) Against laws and other general provisions, even those originating from acts of private subjects, that infringe, by action or omission, any constitutional norm or principle. b) Against subjective acts of public authorities, when they infringe, by action or omission, any constitutional norm or principle, if they are not susceptible to habeas corpus or amparo remedies” (he states that he attaches the official letter). He states that, knowing that the CIRRUS sound level meter model CR:171B (series G301504), with Cirrus microphone model MK224 (series 2128879D), Cirrus preamplifier Model Mv200F (series 10249F), is a device that does not comply with current regulations, since it literally states the following: “said sound level meter DOES NOT MATCH the current noise measurement procedure decree No. 32692, therefore, to put these sound level meters into practice the Ministry of Health should have repealed decree No. 32692 and created a new procedure for measuring noises. CONCLUSION The methodology that the Ministry of Health is currently using, regarding noise measurement, is an UNCONSTITUTIONAL procedure, since it is not using the current procedure, which makes it clear that it is manipulating a procedure that IS NOT REGULATED, totally violating the decree procedure No. 32692.” As a legal argument he cites: “POLITICAL CONSTITUTION ART. 140 The duties and attributions that correspond jointly to the President and the respective Government Minister are: SUBSECTION 3 To sanction and promulgate laws, regulate them, execute them, and ensure their exact compliance SUBSECTION 18 To issue the Regulations convenient for the internal regime of their offices, and to issue the other regulations and ordinances necessary for the prompt execution of laws, ARTICLE 146.- The decrees, agreements, resolutions, and orders of the Executive Branch require for their validity the signatures of the President of the Republic and the Minister of the branch and, in addition, in the cases that this Constitution establishes, the approval of the Government Council. • POLITICAL CONSTITUTION ART 11 - Ley General de Salud Articles 2, 4, 7, 37, 38, 263, 293, 325, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 347, 348, 349, 355, 357, 363, 364 and concordant articles of Law No. 5395 of October 30, 1973 Ley Orgánica del Ministerio de Salud Article 6 of Law No. 5412 of November 8, 1973 • Ley General de Administración Pública Articles 11, 25, subsection 1) and 28, subsection b) of Law No. 6227 of May 2, 1978 • Ley de Jurisdicción Constitucional Articles 2 and 73 • DECREE No. 32692 articles 4, 6 and 8”. He requests that the unconstitutionality action be declared admissible and granted, due to the inertia, omissions, and abstentions of the Ministry of Health, in failing to apply a current procedure (decree No. 32692).\n\n2.- Article 9 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional empowers the Chamber to reject outright or on the merits, at any time, even from its filing, any petition submitted for its consideration that proves to be manifestly improper, or when it considers that there are sufficient elements of judgment to reject it, or that it is a mere reiteration or reproduction of a previous equal or similar rejected petition.\n\nDrafted by Judge Castillo Víquez; and,\n\nConsiderando:\n\nI.- Regarding the formal prerequisites for admissibility of the action. The unconstitutionality action is a process with certain formalities, which must be satisfied so that the Chamber can validly examine the merits of the challenge. In this sense, Article 75 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional establishes the prerequisites for admissibility of the unconstitutionality action. In the first place, the existence of a prior matter pending resolution is required, either in a judicial proceeding, or in the procedure to exhaust the administrative route, in which the unconstitutionality has been invoked as a reasonable means to protect the right or interest considered injured. In the second and third paragraphs, the law establishes, exceptionally, prerequisites where the prior matter is not required, when by the nature of the matter, there is no individual and direct injury, or it concerns the defense of diffuse or collective interests, or when it is filed directly by the Comptroller General of the Republic, the Attorney General of the Republic, the Fiscal General de la República, and the Defensor de los Habitantes. Likewise, there are other formalities that must be met, namely, the explicit identification of the challenged regulations, duly substantiated, with a specific citation of the constitutional norms and principles that are considered infringed, the authentication by an attorney of the brief in which the action is filed, the accreditation of standing conditions (powers of attorney and certifications), as well as the literal certification of the brief in which the unconstitutionality of the norms was invoked in the base matter, all of which requirements, if not met by the petitioner, result in the dismissal of the action.\n\nII.- Regarding the failure to comply with the admissibility requirements in this unconstitutionality action. After analyzing the initiating brief of this process, it is concluded that it lacks essential requirements to bring the action, which is why its outright rejection is appropriate. In the first place, the petitioner omits to justify under which assumption of Article 75 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional he bases his standing and, even if it were admitted for the defense of corporate interests, as the petitioner represents the Chamber of Industry, Commerce and Services of the canton of La Unión, this Tribunal notes, from the legal status document provided by the petitioner, that the objective of this association is the following: “TO PROMOTE THE DEVELOPMENT OF INDUSTRY, COMMERCE AND SERVICES IN THE CANTON OF LA UNION, TO GENERATE A COMMUNICATION CHANNEL AND DIRECT LINK WITH POLITICAL ACTORS AND ADMINISTRATIVE AUTHORITIES IN DEFENSE OF THE BUSINESS SECTOR. TO CREATE A SPACE FOR DISCUSSION AND DEVELOPMENT OF PROPOSALS FOR IMPROVING THE CONDITIONS OF ENTREPRENEURSHIP”. That is, among its powers is not the judicial defense of its members, nor the possibility of bringing actions against norms. Consequently, it lacks standing to exercise it through this process. By virtue of all the foregoing, it is appropriate to reject the action outright.\n\nIII.- Dissenting vote of Judge Rueda Leal. I separate myself from the majority opinion of this Tribunal and dissent in this matter, as I consider that the decision to outright reject this unconstitutionality action is premature. It is unquestionable that the unconstitutionality action is a process, “established with the purpose of guaranteeing the supremacy of the Political Constitution against norms or other provisions of a general nature and that for this very reason a set of formalities must be met, so that the Chamber can validly examine the merits of the challenge” as has been indicated in the extensive jurisprudence of this Chamber. However, it is precisely the law itself that orders the treatment that must be given to the various formalities and their eventual non-compliance, as extracted from the text of Article 80 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional which states:\n\n“Article 80.- If the formalities referred to in the two previous articles are not completed, the President of the Chamber shall indicate by resolution which requirements were omitted and shall order compliance within a third day (…)”\n\nIn this matter, among other requirements, an adequate and sufficient substantiation is lacking just as demanded by Article 78 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, for which reason the prevention to the petitioner so that he remedies the detected omission is unquestionably applicable. Likewise, it is by no means superfluous to state for the record that – in my opinion – both the interpretation of Articles 78 and 79 as well as that of Article 80 itself of the Law governing this jurisdiction, must be broad for the benefit of those who come before this Chamber, so that access to constitutional justice is not unnecessarily limited.\n\nIV.- Documentation provided to the case file. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, as provided in the \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.\n\nPor tanto:\n\nThe action is rejected outright. Judge Rueda Leal dissents and orders the prevention of Article 80 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional.\n\nFernando Castillo V.\nPresidente\n\nFernando Cruz C.\n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\nHubert Fernández A.\n\nDigitally Signed Document\n-- Verification code --\nEQA43ARPSOUI61\nEXPEDIENTE No. 23-029754-0007-CO\n\nTelephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the iglesia del Perpetuo Socorro). Reception of matters for vulnerable groups: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nClassification prepared by SALA CONSTITUCIONAL of the Poder Judicial. Its reproduction and/or distribution for profit is prohibited.\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 14:16:09.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }