{
  "id": "nexus-sen-1-0007-1226730",
  "citation": "Res. 10865-2024 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Incumplimiento del Decreto para la implementación de la Ley 10152 sobre la cuenca del Río Sarapiquí",
  "title_en": "Non-compliance with the Decree for implementing Law 10152 on the Sarapiquí River Basin",
  "summary_es": "La Sala Constitucional examina la gestión de incumplimiento de su sentencia previa (Res. N° 2024001229), en la que ordenó a la Ministra de la Presidencia y al Ministro de Ambiente y Energía dictar el decreto ejecutivo para implementar la Ley para el desarrollo sostenible de la cuenca del Río Sarapiquí (N° 10152) en un plazo de dos meses. Las autoridades informaron que el MINAE elaboró y remitió el proyecto de decreto al Departamento de Leyes y Decretos de la Presidencia para su revisión, pero fue devuelto para correcciones. La Sala reitera la obligatoriedad de cumplir sus sentencias, destacando que la omisión de reglamentar una ley vulnera el artículo 140 inciso 3) de la Constitución. Ante el incumplimiento manifiesto, se reitera la orden y se apercibe a las autoridades de testimoniar piezas al Ministerio Público en caso de persistir la desobediencia, conforme al artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber reviews a non-compliance proceeding against its prior judgment (Res. No. 2024001229), which ordered the Minister of the Presidency and the Minister of Environment and Energy to issue the executive decree implementing the Law for the Sustainable Development of the Sarapiquí River Basin (No. 10152) within two months. The authorities reported that the draft decree was prepared and submitted to the Department of Laws and Decrees for review, but was returned for corrections. The Chamber reiterates the binding nature of its judgments, emphasizing that failure to regulate a law violates Article 140(3) of the Constitution. Given the evident non-compliance, the order is reiterated, and the authorities are warned that continued disobedience will result in the forwarding of the case file to the Public Prosecutor's Office under Article 71 of the Constitutional Jurisdiction Law.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "26/04/2024",
  "year": "2024",
  "topic_ids": [
    "water-law"
  ],
  "primary_topic_id": "water-law",
  "es_concept_hints": [
    "recurso de amparo",
    "gestión de incumplimiento",
    "apercibimiento",
    "testimoniar piezas",
    "Ministerio Público",
    "omisión reglamentaria",
    "artículo 71 Ley de la Jurisdicción Constitucional",
    "artículo 140 inciso 3 Constitución Política"
  ],
  "concept_anchors": [
    {
      "article": "Art. 140 inciso 3",
      "law": "Constitución Política"
    },
    {
      "article": "Art. 71",
      "law": "Ley de la Jurisdicción Constitucional"
    },
    {
      "article": "Ley para el desarrollo sostenible de la cuenca del Río Sarapiquí",
      "law": "Ley N°10152"
    }
  ],
  "keywords_es": [
    "amparo",
    "incumplimiento",
    "Sala Constitucional",
    "Ley 10152",
    "Río Sarapiquí",
    "decreto ejecutivo",
    "omisión reglamentaria",
    "artículo 71",
    "reiteración de orden",
    "apercibimiento"
  ],
  "keywords_en": [
    "amparo",
    "non-compliance",
    "Constitutional Chamber",
    "Law 10152",
    "Sarapiquí River",
    "executive decree",
    "regulatory omission",
    "article 71",
    "reiteration of order",
    "warning"
  ],
  "excerpt_es": "En relación con el proceso de seguimiento de la sentencia N° 2024001229 de las 09:15 horas del 19 de enero de 2024, es menester reafirmar la urgencia y obligatoriedad de su cumplimiento por parte de las autoridades accionadas. Este Tribunal reitera la obligatoriedad de cumplir con lo ordenado en las sentencias de este Tribunal Constitucional.\n\nDebe recordarse que, existe una doble vinculación del Poder Ejecutivo, por un lado, a la ley y por otro a la Constitución. Por ello, es evidente que la Administración no cuenta con discrecionalidad alguna para excusarse de reglamentar una ley si así ha sido ordenado por el Legislador o por el Constituyente –teniendo en cuenta, asimismo, los alcances del principio de legalidad-. Cabe mencionar que el artículo 140 inciso 3) de la Constitución Política establece el deber del Poder Ejecutivo de sancionar, promulgar y reglamentar las leyes. Por ese motivo, este precepto resulta vulnerado si el Poder Ejecutivo soslaya su obligación de reglamentar las leyes, aún cuando no se afecta otra norma constitucional.",
  "excerpt_en": "Regarding the follow-up process of judgment No. 2024001229 of 9:15 a.m. on January 19, 2024, it is necessary to reaffirm the urgency and mandatory nature of its compliance by the defendant authorities. This Court reiterates the binding nature of the orders issued in the judgments of this Constitutional Court.\n\nIt must be remembered that the Executive Branch has a double duty, on the one hand to the law and on the other to the Constitution. Therefore, it is clear that the Administration has no discretion whatsoever to refrain from regulating a law if it has been so ordered by the Legislature or the Constituent – taking into account, also, the scope of the principle of legality. It is worth mentioning that Article 140(3) of the Political Constitution establishes the duty of the Executive Branch to sanction, promulgate, and regulate laws. For this reason, this precept is violated if the Executive Branch shirks its duty to regulate laws, even when no other constitutional norm is affected.",
  "outcome": {
    "label_en": "Order reiterated",
    "label_es": "Reiteración de orden",
    "summary_en": "The Constitutional Chamber reiterates the order to issue the executive decree and warns the authorities that continued non-compliance will result in forwarding the case to the Public Prosecutor's Office.",
    "summary_es": "La Sala Constitucional reitera la orden de dictar el decreto ejecutivo y apercibe a las autoridades de testimoniar al Ministerio Público por incumplimiento."
  },
  "pull_quotes": [
    {
      "context": "Considerando I",
      "quote_en": "It is necessary to reaffirm the urgency and mandatory nature of its compliance by the defendant authorities. This Court reiterates the binding nature of the orders issued in the judgments of this Constitutional Court.",
      "quote_es": "Es menester reafirmar la urgencia y obligatoriedad de su cumplimiento por parte de las autoridades accionadas. Este Tribunal reitera la obligatoriedad de cumplir con lo ordenado en las sentencias de este Tribunal Constitucional."
    },
    {
      "context": "Considerando I",
      "quote_en": "The Administration has no discretion whatsoever to refrain from regulating a law if it has been so ordered by the Legislature or the Constituent.",
      "quote_es": "La Administración no cuenta con discrecionalidad alguna para excusarse de reglamentar una ley si así ha sido ordenado por el Legislador o por el Constituyente."
    },
    {
      "context": "Considerando I",
      "quote_en": "The order is reiterated, so that the defendant authorities proceed to the effective compliance of judgment No. 2024001229.",
      "quote_es": "Se reitera la orden, para que las autoridades accionadas procedan al cumplimiento efectivo de la sentencia N° 2024001229."
    }
  ],
  "cites": [],
  "cited_by": [],
  "references": {
    "internal": [
      {
        "target_id": "norm-96811",
        "kind": "concept_anchor",
        "label": "Ley N°10152  Ley para el desarrollo sostenible de la cuenca del Río Sarapiquí"
      }
    ],
    "external": []
  },
  "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1226730",
  "tier": 2,
  "_editorial_citation_count": 0,
  "regulations_by_article": null,
  "amendments_by_article": null,
  "dictamen_by_article": null,
  "concordancias_by_article": null,
  "afectaciones_by_article": null,
  "resoluciones_by_article": null,
  "cited_by_votos": [],
  "cited_norms": [],
  "cited_norms_inverted": [],
  "sentencias_relacionadas": [],
  "temas_y_subtemas": [],
  "cascade_only": false,
  "amendment_count": 0,
  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 10865 - 2024\n\nFecha de la Resolución: 26 de Abril del 2024 a las 09:20\n\nExpediente: 23-030772-0007-CO\n\nRedactado por: Fernando Cruz Castro\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp: 23-030772-0007-CO\n\nRes. Nº 2024010865\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veintiseis de abril de dos mil veinticuatro .\n\n Gestión de incumplimiento del Recurso de Amparo que se tramita en expediente número 23-030772-0007-CO, interpuesto por JUAN FRANCISCO AMIGHETTI LEDEZMA, cédula de identidad 0108440380, contra el MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA Y OTRO.\n\nResultando:\n\n 1.- Mediante escritos presentados el 12 de abril de 2024, la parte recurrente acusa el incumplimiento de lo resuelto en este proceso de amparo mediante la sentencia No. 2024001229 de las 09:15 horas del 19 de enero de 2024. En la que se dispuso lo siguiente: “Se declara CON LUGAR el recurso. Consecuentemente, se ordena a NATALIA DÍAZ QUINTANA, en condición de Ministra de la Presidencia y a FRANZ TATTENBACH CAPRA, en condición de Ministro de Ambiente y Energía, que coordinen y dispongan lo necesario para que, en el plazo de DOS MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, dicten el Decreto Ejecutivo para la implementación de la Ley para el desarrollo sostenible de la cuenca del Río Sarapiquí y la protección de su cauce principal, Ley N°10152, publicada en el Diario Oficial La Gaceta el 28 de abril del año 2022. Lo anterior bajo apercibimiento de las consecuencias penales que se desprenden por la desobediencia a las órdenes dictadas por esta Jurisdicción, artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Se condena al Estado al pago de costas, daños y perjuicios, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese.”\n\n 2.- Mediante auto de las 13:02 horas del 16 de abril de 2024, se dio audiencia a las autoridades accionadas para que se pronunciaran sobre los hechos acusados por la parte recurrente.\n\n 3.- Mediante escrito presentado el 24 de abril de 2024, informa bajo juramento FRANZ TATTENBACH CAPRA, en condición de Ministro de Ambiente y Energía que: “(…) Este Ministerio es el ente encargado de velar por la protección del recurso natural del país, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes mediante la promoción de manejo, conservación y desarrollo sostenible de los elementos, bienes, servicios y recursos ambientales y naturales, cuya gestión corresponde a este Ministerio por disposición legal o convenio internacional. Asimismo, es importante señalar que el artículo 50 de nuestra carta magna establece que el Estado debe procurar el mayor bienestar a todos los habitantes del país, garantizando el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en respeto del derecho a la protección de la salud humana que se deriva del derecho a la vida; siendo entonces que el objetivo primordial del uso y protección del ambiente es obtener un desarrollo y evolución favorable al ser humano en armonía con este, en el que la calidad ambiental, y los medios económicos resultan ser de los parámetros fundamentales para las personas.\n\nPor lo tanto, se procede a informar a esta honorable Cámara Constitucional que este Ministerio cumple con lo ordenado en sentencia 2024001229 y es mediante oficio DAJ-MINAE-00203-2024 de fecha 23 de febrero de 2024, que se remite al Departamento Leyes y Decretos del Ministerio de la Presidencia el Decreto Ejecutivo denominado “DAJ-D-005-2024, “REGLAMENTO A LA LEY N° 10152 DEL 31 DE ABRIL DEL 2022, LEY DEL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CUENCA DEL RÍO SARAPIQUÍ Y LA PROTECCIÓN DE SU CAUCE PRINCIPAL”, (con sello de recibido 23 de febrero de 2024) para revisión y posterior firma del señor Presidente de la República (se adjuntó decreto original firmado, copia del decreto y resumen ejecutivo).\n\nEn razón de lo anterior, mediante el oficio DAJ-MINAE-0462-2024 se le consulta al Departamento de Leyes y Decretos del Ministerio de la Presidencia por el estado del trámite DAJ-D-005-2024 con la finalidad de cumplir con lo ordenado por esta Cámara Constitucional. Ergo, este se encuentra en análisis por parte de Leyes y Decretos para oficializar el proceso y es mediante el oficio MP- DMP-DVA-DGP-FM-OF-2024-0179 suscrito por el Jefe del Departamento de Leyes y Decretos que devuelve a este Ministerio sin trámite para su debida corrección.\n\nSiendo así, en razón de la materia se coordina con la Dirección de Aguas mediante memorándum para que se proceda las correcciones y observaciones realizadas por el Departamento supra.\n\nEs importante mencionar lo contemplado en el decreto Ejecutivo N°40993, reglamento en su numeral 151 inciso j) Departamento de Leyes y Decretos, el cual tiene como objetivos: Revisar y analizar los actos administrativos en su forma y fondo de conformidad con el principio de legalidad. Comunicar, proponer enmiendas y subsanación de los errores que presentan los documentos remitidos, con miras a disminuir el riesgo de imprecisiones jurídicas.”\n\n 4.- Mediante escrito presentado el 24 de abril de 2024, informa bajo juramento NATALIA DÍAZ QUINTANA, en condición de Ministra de la Presidencia que: “(…) En ese sentido, se observa que dentro de las acciones de coordinación desplegadas por este Ministerio para el cumplimiento de lo resuelto por los Honorables Magistrados, se remitió al Ministerio de Ambiente y Energía el oficio MP-DMP-OF-2024-0118 de fecha 09 de febrero de los corrientes, suscrito por mi persona, solicitando que dentro del plazo otorgado en la resolución supra citada se tomen las acciones pertinentes para emitir el “Decreto Ejecutivo para la implementación de la Ley para el desarrollo sostenible de la cuenca del Río Sarapiquí y la protección de su cauce principal, Ley N°10152”, esto por cuanto la elaboración del mismo es propio de su competencia. Al respecto, el oficio de marras es claro en indicar lo siguiente: “(...) En atención a lo dispuesto en los artículos 11, 130, 140 inciso 3), 141, 146, 149 constitucionales, el Poder Ejecutivo lo ejercen, el Presidente de la República y los Ministros de Gobierno en calidad de obligados colaboradores; en este sentido, cada Ministro intervendrá exclusivamente en la iniciativa y promulgación de la normativa de su cartera. En consonancia con lo anterior, los numerales 11, 23 inciso n), 26, 28 inciso 2) acápite b), 59, 128, 129 de la Ley General de la Administración Pública, Ley N°6227, disponen que, al amparo del principio de legalidad, los ministros de gobierno solo están autorizados para actuar dentro de los límites y condiciones de la distribución de competencias que establezca el ordenamiento jurídico. De conformidad con lo expuesto, en acatamiento a lo señalado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y en ejercicio de la labor de coordinación que posee el Ministerio de la Presidencia, le agradezco la interposición de sus buenos oficios y proceder como en derecho corresponde, en aras de cumplir en el plazo conferido por el Máximo Tribunal, para la elaboración del decreto ejecutivo que permita la implementación de la ley, en el desarrollo sostenible de la cuenca del Río Sarapiquí y la protección de su cauce principal, Ley N°10.152. De antemano, y tomando las consideraciones del caso, respetuosamente solicito que se me informe el estado de avance en cuanto a la redacción de dicho instrumento jurídico. (...)”.\n\nAhora bien, resulta oportuno destacar que, para el caso en concreto, el Poder Ejecutivo, en el marco de sus competencias, y ante este tipo de actos administrativos, le es jurídicamente procedente firmar el decreto que elabora el Ministerio de Ambiente y Energía, como instancia técnica correspondiente. Sin embargo, de acuerdo con el procedimiento dispuesto, se debe efectuar la revisión pertinente por parte del Departamento de Leyes y Decretos, en lo referente a los criterios de forma y fondo del mismo, para que posteriormente pase a firma del Presidente de la República.\n\nBajo esa inteligencia es dable enunciar que tal Departamento debe: “(...) Recibir, revisar y aprobar los actos administrativos que ingresan de todo el Poder Ejecutivo para la sanción del señor (a) Presidente (a) de la República. Revisar y analizar los actos administrativos en su forma y fondo de conformidad con el principio de legalidad. (...)” según lo establece el artículo 151 inciso j) del Reglamento Autónomo de Servicio y Organización de la Presidencia de la República y el Ministerio de la Presidencia, teniendo además funciones tales como asesorar al Poder Ejecutivo en la emisión de decretos, acuerdos, resoluciones, directrices, fe de erratas, proyectos de ley y la tramitación de las leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa.\n\nAhora bien, mediante documento de fecha 23 de abril de 2024, el señor Fred Montoya Rodríguez, Jefe del Departamento de Leyes y Decretos hace constar lo siguiente: “(...)\n\nQue la propuesta de Decreto remitida por el Ministerio de Ambiente y Energía denominada: \"REGLAMENTO A LA LEY N°10152 DEL 31 DE ABRIL DEL 2022, LEY PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CUENCA DEL RÍO SARAPIQUÍ Y LA PROTECCIÓN DE SU CAUCE PRINCIPAL\", ingresó al Departamento de Leyes y Decretos para el trámite de revisión el día 23 de febrero del 2024. Fue revisada por este departamento el 22 de abril del 2024 y devuelta al Ministerio de Ambiente y Energía para corrección mediante el oficio MP- DMPDVA-DGP-LYD-FM-OF-2024-0179 de esa misma fecha y actualmente se encuentra para ser retirada por el Ministerio de Ambiente y Energía y atender las observaciones realizadas por este departamento.”\n\nDe lo anterior, se destaca que el decreto en cuestión ingresó para revisión del Departamento de Leyes y Decretos, no obstante, al no superar el procedimiento de revisión que se efectuó, el mismo está siendo devuelto para corrección y se encuentra pendiente de su retiro por parte de las personas funcionarias del Ministerio de Ambiente y Energía.\n\nAsí las cosas, y según los hechos y la prueba expuesta, se estima improcedente la presente acción en contra de mi representada y por lo tanto me permito solicitar de la manera más respetuosa, que la gestión de inejecución no sea acogida por su Tribunal, dado que corresponde al Ministerio de Ambiente y Energía preparar el reglamento conforme al marco de sus competencias y por ende efectuar las correcciones pertinentes a la propuesta de decreto, a fin de que el mismo continúe el trámite de firma respectiva.”\n\n 5.- En la substanciación de este proceso se han observado las prescripciones de ley.\n\n Redacta el Magistrado Cruz Castro; y,\n\n Considerando:\n\n I.- En el presente asunto, la parte recurrente acusa el incumplimiento de lo resuelto en este proceso de amparo mediante la sentencia No. 2024001229 de las 09:15 horas del 19 de enero de 2024. En la que se dispuso lo siguiente: “(…) “Se declara CON LUGAR el recurso. Consecuentemente, se ordena a NATALIA DÍAZ QUINTANA, en condición de Ministra de la Presidencia y a FRANZ TATTENBACH CAPRA, en condición de Ministro de Ambiente y Energía, que coordinen y dispongan lo necesario para que, en el plazo de DOS MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, dicten el Decreto Ejecutivo para la implementación de la Ley para el desarrollo sostenible de la cuenca del Río Sarapiquí y la protección de su cauce principal, Ley N°10152, publicada en el Diario Oficial La Gaceta el 28 de abril del año 2022. Lo anterior bajo apercibimiento de las consecuencias penales que se desprenden por la desobediencia a las órdenes dictadas por esta Jurisdicción, artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Se condena al Estado al pago de costas, daños y perjuicios, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese.” Asimismo, mediante auto de las 13:02 horas del 16 de abril de 2024, se dio audiencia a las autoridades accionadas para que se pronunciaran sobre los hechos acusados por la parte recurrente.\n\nAl efecto, las autoridades accionadas indicaron que “(…) el Poder Ejecutivo, en el marco de sus competencias, y ante este tipo de actos administrativos, le es jurídicamente procedente firmar el decreto que elabora el Ministerio de Ambiente y Energía, como instancia técnica correspondiente. Sin embargo, de acuerdo con el procedimiento dispuesto, se debe efectuar la revisión pertinente por parte del Departamento de Leyes y Decretos, en lo referente a los criterios de forma y fondo del mismo, para que posteriormente pase a firma del Presidente de la República.\n\nBajo esa inteligencia es dable enunciar que tal Departamento debe: “(...) Recibir, revisar y aprobar los actos administrativos que ingresan de todo el Poder Ejecutivo para la sanción del señor (a) Presidente (a) de la República. Revisar y analizar los actos administrativos en su forma y fondo de conformidad con el principio de legalidad. (...)” según lo establece el artículo 151 inciso j) del Reglamento Autónomo de Servicio y Organización de la Presidencia de la República y el Ministerio de la Presidencia, teniendo además funciones tales como asesorar al Poder Ejecutivo en la emisión de decretos, acuerdos, resoluciones, directrices, fe de erratas, proyectos de ley y la tramitación de las leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa.\n\nAhora bien, mediante documento de fecha 23 de abril de 2024, el señor Fred Montoya Rodríguez, Jefe del Departamento de Leyes y Decretos hace constar lo siguiente: “(...)\n\nQue la propuesta de Decreto remitida por el Ministerio de Ambiente y Energía denominada: \"REGLAMENTO A LA LEY N°10152 DEL 31 DE ABRIL DEL 2022, LEY PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CUENCA DEL RÍO SARAPIQUÍ Y LA PROTECCIÓN DE SU CAUCE PRINCIPAL\", ingresó al Departamento de Leyes y Decretos para el trámite de revisión el día 23 de febrero del 2024. Fue revisada por este departamento el 22 de abril del 2024 y devuelta al Ministerio de Ambiente y Energía para corrección mediante el oficio MP- DMPDVA-DGP-LYD-FM-OF-2024-0179 de esa misma fecha y actualmente se encuentra para ser retirada por el Ministerio de Ambiente y Energía y atender las observaciones realizadas por este departamento.”.\n\n En relación con el proceso de seguimiento de la sentencia N° 2024001229 de las 09:15 horas del 19 de enero de 2024, es menester reafirmar la urgencia y obligatoriedad de su cumplimiento por parte de las autoridades accionadas. Este Tribunal reitera la obligatoriedad de cumplir con lo ordenado en las sentencias de este Tribunal Constitucional.\n\nDebe recordarse que, existe una doble vinculación del Poder Ejecutivo, por un lado, a la ley y por otro a la Constitución. Por ello, es evidente que la Administración no cuenta con discrecionalidad alguna para excusarse de reglamentar una ley si así ha sido ordenado por el Legislador o por el Constituyente –teniendo en cuenta, asimismo, los alcances del principio de legalidad-. Cabe mencionar que el artículo 140 inciso 3) de la Constitución Política establece el deber del Poder Ejecutivo de sancionar, promulgar y reglamentar las leyes. Por ese motivo, este precepto resulta vulnerado si el Poder Ejecutivo soslaya su obligación de reglamentar las leyes, aún cuando no se afecta otra norma constitucional. Es decir, en todos los casos en que exista una omisión reglamentaria, el Poder Ejecutivo lesiona al menos el inciso 3) del artículo 140, eso sin contar la posible vulneración a cualquier otra norma que reconozca un derecho y que se vea afectada por esa omisión; en tales casos, dicha omisión es susceptible de control por la vía del recurso de amparo si esa inactividad está vinculada al disfrute de un derecho fundamental; de no ser así, siempre se puede efectuar el control por la vía de la acción de inconstitucionalidad por omisión.\n\nPor lo tanto, se insta a las autoridades accionadas cumplir de manera diligente y sin más demora con lo ordenado en la sentencia N° 2024001229 de las 09:15 horas del 19 de enero de 2024, reflejando el compromiso del Estado con el cumplimiento de los derechos garantizados por la Constitución Política.\n\nConsecuentemente, es claro que lo ordenado en la sentencia indicada aun no ha sido cumplido por parte de las autoridades accionadas, por lo que, se reitera la orden, para que las autoridades accionadas procedan al cumplimiento efectivo de la sentencia N° 2024001229 de las 09:15 horas del 19 de enero de 2024. Consecuentemente, se apercibe a NATALIA DÍAZ QUINTANA, en condición de Ministra de la Presidencia y a FRANZ TATTENBACH CAPRA, en condición de Ministro de Ambiente y Energía o a quienes ocupen esos cargos que, en caso de incumplimiento se ordenará testimoniar piezas al Ministerio Público conforme lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.\n\nII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPOR TANTO:\n\nSe reitera a NATALIA DÍAZ QUINTANA, en condición de Ministra de la Presidencia y a FRANZ TATTENBACH CAPRA, en condición de Ministro de Ambiente y Energía o a quienes ocupen esos cargos que, deben cumplir de forma inmediata con lo ordenado en la sentencia N° 2024001229 de las 09:15 horas del 19 de enero de 2024. Asimismo, se le apercibe de que en caso de incumplimiento se ordenará testimoniar piezas al Ministerio Público conforme lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Notifíquese.-\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nFernando Cruz C.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nPaul Rueda L.\n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nAnamari Garro V.\n\n\n\n\nIngrid Hess H.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nIleana Sánchez N.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n OGUAYGJOIYK61\n\nEXPEDIENTE N° 23-030772-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 14:39:46.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "CONSTITUTIONAL CHAMBER\n\nResolution No. 10865 - 2024\n\nDate of Resolution: April 26, 2024 at 09:20\n\nExpediente: 23-030772-0007-CO\n\nDrafted by: Fernando Cruz Castro\n\nType of matter: Amparo appeal\n\nAnalyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER\n\nText of the resolution\n\n\n\nExp: 23-030772-0007-CO\n\nRes. No. 2024010865\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours and twenty minutes on the twenty-sixth of April, two thousand twenty-four.\n\nProceedings for non-compliance with the Amparo Appeal processed under expediente number 23-030772-0007-CO, filed by JUAN FRANCISCO AMIGHETTI LEDEZMA, identity card 0108440380, against the MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY AND ANOTHER.\n\nWhereas:\n\n1.- Through briefs filed on April 12, 2024, the appealing party accuses non-compliance with what was resolved in this amparo proceeding through judgment No. 2024001229 of 09:15 hours on January 19, 2024. In which the following was ordered: “The appeal is declared WITH MERITS. Consequently, NATALIA DÍAZ QUINTANA, in her capacity as Minister of the Presidency, and FRANZ TATTENBACH CAPRA, in his capacity as Minister of Environment and Energy, are ordered to coordinate and arrange whatever is necessary so that, within a period of TWO MONTHS, counted from the notification of this judgment, they issue the Executive Decree for the implementation of the Law for the sustainable development of the Sarapiquí River basin and the protection of its main channel, Law No. 10152, published in the Official Gazette La Gaceta on April 28, 2022. The foregoing under warning of the criminal consequences arising from disobedience to the orders issued by this Jurisdiction, article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction. The State is ordered to pay costs, damages, and losses, which shall be liquidated in the execution of judgment of the contentious-administrative proceeding. Notify.”\n\n2.- Through a ruling of 13:02 hours on April 16, 2024, a hearing was granted to the respondent authorities so they could pronounce on the facts accused by the appealing party.\n\n3.- Through a brief filed on April 24, 2024, FRANZ TATTENBACH CAPRA, in his capacity as Minister of Environment and Energy, reports under oath that: “(…) This Ministry is the entity responsible for ensuring the protection of the country's natural resources, contributing to the improvement of the inhabitants' quality of life through the promotion of management, conservation, and sustainable development of environmental and natural elements, goods, services, and resources, whose management corresponds to this Ministry by legal provision or international agreement. Likewise, it is important to note that article 50 of our Magna Carta establishes that the State must procure the greatest well-being for all inhabitants of the country, guaranteeing the right to a healthy and ecologically balanced environment, in respect of the right to the protection of human health derived from the right to life; therefore, the primary objective of the use and protection of the environment is to obtain development and favorable evolution for human beings in harmony with it, in which environmental quality and economic means prove to be fundamental parameters for people.\n\nTherefore, we proceed to inform this honorable Constitutional Chamber that this Ministry complies with what was ordered in judgment 2024001229, and it is through official communication DAJ-MINAE-00203-2024 dated February 23, 2024, that the Executive Decree named “DAJ-D-005-2024, “REGLAMENTO A LA LEY N° 10152 DEL 31 DE ABRIL DEL 2022, LEY DEL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CUENCA DEL RÍO SARAPIQUÍ Y LA PROTECCIÓN DE SU CAUCE PRINCIPAL” (REGULATIONS TO LAW NO. 10152 OF APRIL 31, 2022, LAW FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE SARAPIQUÍ RIVER BASIN AND THE PROTECTION OF ITS MAIN CHANNEL), (with received stamp February 23, 2024) was sent to the Department of Laws and Decrees of the Ministry of the Presidency for review and subsequent signature of the President of the Republic (the original signed decree, a copy of the decree, and an executive summary were attached).\n\nBy reason of the above, through official communication DAJ-MINAE-0462-2024, the Department of Laws and Decrees of the Ministry of the Presidency is consulted about the status of procedure DAJ-D-005-2024 in order to comply with what was ordered by this Constitutional Chamber. Ergo, this is under analysis by Laws and Decrees to formalize the process, and it is through official communication MP- DMP-DVA-DGP-FM-OF-2024-0179 signed by the Head of the Department of Laws and Decrees that it is returned to this Ministry without processing for its due correction.\n\nThus, by reason of the matter, coordination is carried out with the Water Directorate through a memorandum so that the corrections and observations made by the aforementioned Department may be carried out.\n\nIt is important to mention what is contemplated in Executive Decree No. 40993, regulations in its numeral 151 subsection j) Department of Laws and Decrees, which has as objectives: To review and analyze administrative acts in their form and substance in accordance with the principle of legality. To communicate, propose amendments, and correct the errors presented in the submitted documents, with a view to reducing the risk of legal imprecision.”\n\n4.- Through a brief filed on April 24, 2024, NATALIA DÍAZ QUINTANA, in her capacity as Minister of the Presidency, reports under oath that: “(…) In that sense, it is observed that within the coordination actions deployed by this Ministry for the fulfillment of what was resolved by the Honorable Magistrates, official communication MP-DMP-OF-2024-0118 dated February 9 of the current year, signed by me, was sent to the Ministry of Environment and Energy, requesting that within the deadline granted in the aforementioned resolution, the pertinent actions be taken to issue the “Executive Decree for the implementation of the Law for the sustainable development of the Sarapiquí River basin and the protection of its main channel, Law No. 10152”, this because the drafting of the same is exclusively within its competence. In this regard, the aforementioned official communication is clear in indicating the following: “(...) In attention to the provisions of articles 11, 130, 140 subsection 3), 141, 146, 149 of the Constitution, the Executive Power is exercised by the President of the Republic and the Government Ministers as obligated collaborators; in this sense, each Minister shall intervene exclusively in the initiative and enactment of the regulations of their portfolio. In accordance with the foregoing, numerals 11, 23 subsection n), 26, 28 subsection 2) paragraph b), 59, 128, 129 of the General Law of Public Administration, Law No. 6227, provide that, under the principle of legality, government ministers are only authorized to act within the limits and conditions of the distribution of competencies established by the legal system. Pursuant to the foregoing, in compliance with what was indicated by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, and in exercise of the coordination function that the Ministry of the Presidency holds, I appreciate the interposition of your good offices and proceed as legally corresponds, in order to comply within the deadline granted by the Highest Court, for the drafting of the executive decree that allows the implementation of the law, on the sustainable development of the Sarapiquí River basin and the protection of its main channel, Law No. 10.152. In advance, and taking into account the considerations of the case, I respectfully request that I be informed of the progress status regarding the drafting of said legal instrument. (...)”.\n\nNow then, it is appropriate to highlight that, for the specific case, the Executive Power, within the framework of its competencies, and regarding this type of administrative act, it is legally admissible for it to sign the decree drafted by the Ministry of Environment and Energy, as the corresponding technical body. However, according to the established procedure, the pertinent review must be carried out by the Department of Laws and Decrees, regarding the criteria of form and substance of the same, so that it may subsequently be signed by the President of the Republic.\n\nUnder that understanding, it is feasible to state that such Department must: “(...) Receive, review, and approve the administrative acts that come in from the entire Executive Power for the sanction of the President of the Republic. Review and analyze administrative acts in their form and substance in accordance with the principle of legality. (...)” as established by article 151 subsection j) of the Autonomous Regulations of Service and Organization of the Presidency of the Republic and the Ministry of the Presidency, also having functions such as advising the Executive Power on the issuance of decrees, agreements, resolutions, directives, errata notices, bills of law, and the processing of laws approved by the Legislative Assembly.\n\nNow then, through a document dated April 23, 2024, Mr. Fred Montoya Rodríguez, Head of the Department of Laws and Decrees, certifies the following: “(...)\n\nThat the proposed Decree submitted by the Ministry of Environment and Energy named: \"REGLAMENTO A LA LEY N°10152 DEL 31 DE ABRIL DEL 2022, LEY PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CUENCA DEL RÍO SARAPIQUÍ Y LA PROTECCIÓN DE SU CAUCE PRINCIPAL\" (REGULATIONS TO LAW NO. 10152 OF APRIL 31, 2022, LAW FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE SARAPIQUÍ RIVER BASIN AND THE PROTECTION OF ITS MAIN CHANNEL), entered the Department of Laws and Decrees for the review process on February 23, 2024. It was reviewed by this department on April 22, 2024 and returned to the Ministry of Environment and Energy for correction through official communication MP- DMPDVA-DGP-LYD-FM-OF-2024-0179 of that same date, and it is currently available to be picked up by the Ministry of Environment and Energy and to address the observations made by this department.”\n\nFrom the foregoing, it is highlighted that the decree in question entered for review by the Department of Laws and Decrees; however, as it did not pass the review procedure that was carried out, it is being returned for correction and is pending pickup by the officials of the Ministry of Environment and Energy.\n\nThus, in light of the facts and evidence presented, the present action against my represented party is deemed improper and therefore I allow myself to respectfully request that the non-execution proceeding not be accepted by your Court, given that it is the responsibility of the Ministry of Environment and Energy to prepare the regulations within the framework of its competencies and thus make the pertinent corrections to the proposed decree, so that the same may continue the respective signing process.”\n\n5.- In the substantiation of this proceeding, the prescriptions of law have been observed.\n\nDrafted by Magistrate Cruz Castro; and,\n\nConsidering:\n\nI.- In the present matter, the appealing party accuses non-compliance with what was resolved in this amparo proceeding through judgment No. 2024001229 of 09:15 hours on January 19, 2024. In which the following was ordered: “(…) “The appeal is declared WITH MERITS. Consequently, NATALIA DÍAZ QUINTANA, in her capacity as Minister of the Presidency, and FRANZ TATTENBACH CAPRA, in his capacity as Minister of Environment and Energy, are ordered to coordinate and arrange whatever is necessary so that, within a period of TWO MONTHS, counted from the notification of this judgment, they issue the Executive Decree for the implementation of the Law for the sustainable development of the Sarapiquí River basin and the protection of its main channel, Law No. 10152, published in the Official Gazette La Gaceta on April 28, 2022. The foregoing under warning of the criminal consequences arising from disobedience to the orders issued by this Jurisdiction, article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction. The State is ordered to pay costs, damages, and losses, which shall be liquidated in the execution of judgment of the contentious-administrative proceeding. Notify.” Likewise, through a ruling of 13:02 hours on April 16, 2024, a hearing was granted to the respondent authorities so they could pronounce on the facts accused by the appealing party.\n\nTo this effect, the respondent authorities indicated that “(…) the Executive Power, within the framework of its competencies, and regarding this type of administrative act, it is legally admissible for it to sign the decree drafted by the Ministry of Environment and Energy, as the corresponding technical body. However, according to the established procedure, the pertinent review must be carried out by the Department of Laws and Decrees, regarding the criteria of form and substance of the same, so that it may subsequently be signed by the President of the Republic.\n\nUnder that understanding, it is feasible to state that such Department must: “(...) Receive, review, and approve the administrative acts that come in from the entire Executive Power for the sanction of the President of the Republic. Review and analyze administrative acts in their form and substance in accordance with the principle of legality. (...)” as established by article 151 subsection j) of the Autonomous Regulations of Service and Organization of the Presidency of the Republic and the Ministry of the Presidency, also having functions such as advising the Executive Power on the issuance of decrees, agreements, resolutions, directives, errata notices, bills of law, and the processing of laws approved by the Legislative Assembly.\n\nNow then, through a document dated April 23, 2024, Mr. Fred Montoya Rodríguez, Head of the Department of Laws and Decrees, certifies the following: “(...)\n\nThat the proposed Decree submitted by the Ministry of Environment and Energy named: \"REGLAMENTO A LA LEY N°10152 DEL 31 DE ABRIL DEL 2022, LEY PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CUENCA DEL RÍO SARAPIQUÍ Y LA PROTECCIÓN DE SU CAUCE PRINCIPAL\" (REGULATIONS TO LAW NO. 10152 OF APRIL 31, 2022, LAW FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE SARAPIQUÍ RIVER BASIN AND THE PROTECTION OF ITS MAIN CHANNEL), entered the Department of Laws and Decrees for the review process on February 23, 2024. It was reviewed by this department on April 22, 2024 and returned to the Ministry of Environment and Energy for correction through official communication MP- DMPDVA-DGP-LYD-FM-OF-2024-0179 of that same date, and it is currently available to be picked up by the Ministry of Environment and Energy and to address the observations made by this department.”.\n\nIn relation to the follow-up process for judgment No. 2024001229 of 09:15 hours on January 19, 2024, it is necessary to reaffirm the urgency and obligatory nature of its fulfillment by the respondent authorities. This Tribunal reiterates the obligatory nature of complying with what is ordered in the judgments of this Constitutional Tribunal.\n\nIt must be remembered that there is a dual binding obligation of the Executive Power, on the one hand, to the law and on the other, to the Constitution. Therefore, it is evident that the Administration has no discretion whatsoever to excuse itself from regulating a law if so ordered by the Legislator or by the Constituent Power – also taking into account the scope of the principle of legality. It is worth mentioning that article 140 subsection 3) of the Political Constitution establishes the duty of the Executive Power to sanction, enact, and issue regulations (reglamentar) for the laws. For this reason, this precept is violated if the Executive Power evades its obligation to issue regulations for the laws, even when no other constitutional norm is affected. That is to say, in all cases where there is a regulatory omission, the Executive Power injures at least subsection 3) of article 140, without counting the possible violation of any other norm that recognizes a right and that is affected by that omission; in such cases, said omission is susceptible to control by way of the amparo appeal if that inactivity is linked to the enjoyment of a fundamental right; if it is not, control can always be exercised by way of the action of unconstitutionality by omission.\n\nTherefore, the respondent authorities are urged to comply diligently and without further delay with what was ordered in judgment No. 2024001229 of 09:15 hours on January 19, 2024, reflecting the State's commitment to the fulfillment of the rights guaranteed by the Political Constitution.\n\nConsequently, it is clear that what was ordered in the indicated judgment has not yet been fulfilled by the respondent authorities; therefore, the order is reiterated, so that the respondent authorities proceed to the effective fulfillment of judgment No. 2024001229 of 09:15 hours on January 19, 2024. Consequently, NATALIA DÍAZ QUINTANA, in her capacity as Minister of the Presidency, and FRANZ TATTENBACH CAPRA, in his capacity as Minister of Environment and Energy, or whoever occupies those positions, are warned that, in the event of non-compliance, the transmittal of certified copies of pertinent documents to the Public Prosecutor's Office will be ordered in accordance with the provisions of article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction.\n\nII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE EXPEDIENTE. The parties are forewarned that, if any paper documents, objects, or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new-technology-produced device have been provided, these must be withdrawn from this office within a maximum period of 30 working days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, according to the provisions of the \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\" (Regulation on Electronic Case Files before the Judicial Branch), approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.\n\nTHEREFORE:\n\nIt is reiterated to NATALIA DÍAZ QUINTANA, in her capacity as Minister of the Presidency, and to FRANZ TATTENBACH CAPRA, in his capacity as Minister of Environment and Energy, or to whoever occupies those positions, that they must immediately comply with what was ordered in judgment No. 2024001229 of 09:15 hours on January 19, 2024. Likewise, they are warned that in the event of non-compliance, the transmittal of certified copies of pertinent documents to the Public Prosecutor's Office will be ordered in accordance with the provisions of article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction. Notify.-\n\nFernando Castillo V.\n\nPresident\n\nFernando Cruz C.\n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nAnamari Garro V.\n\nIngrid Hess H.\n\nIleana Sánchez N.\n\nDigitally Signed Document\n\n-- Verification code --\n\n\n\nOGUAYGJOIYK61\n\nEXPEDIENTE N° 23-030772-0007-CO\n\nTelephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church). Reception of matters from vulnerable groups: Supreme Court of Justice Building, San José, Catedral District, González Lahmann Neighborhood, streets 19 and 21, avenues 8 and 6\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-08-2026 14:39:46.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
}