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  "id": "nexus-sen-1-0007-1227279",
  "citation": "Res. 28337-2023 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Derecho a justicia pronta y cumplida ante denuncia ambiental",
  "title_en": "Right to timely administrative response to environmental complaint",
  "summary_es": "La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo por la supuesta falta de respuesta a una denuncia confidencial por vertido de aguas residuales hacia la vía pública. La autoridad de salud realizó inspecciones y una prueba de tinción, concluyendo que no existía el vertido denunciado y ordenó el cierre del caso. No obstante, la Sala determina que la recurrida notificó el resultado de la denuncia después de ser notificada del amparo, lo que vulnera el principio de justicia pronta y cumplida. Se declara con lugar el recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios, al cesar la mora en la comunicación de la decisión administrativa.",
  "summary_en": "The Constitutional Court reviews an amparo action for the alleged failure to respond to a confidential complaint about wastewater discharge onto a public road. The health authority conducted inspections and a dye test, concluding that no discharge existed and closed the case. However, the Court finds that the authority notified the complainant of the results only after being served with the amparo, violating the principle of timely administrative justice. The appeal is granted without an award of costs or damages, as the delay in communication was remedied.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "03/11/2023",
  "year": "2023",
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    "procedural-environmental"
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    "denuncia ambiental",
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    "prueba de tinción con fluoresceína",
    "Área Rectora de Salud",
    "archivo del caso"
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    "notificación",
    "Sala Constitucional",
    "artículo 41 Constitución Política",
    "artículo 52 Ley de la Jurisdicción Constitucional"
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  "keywords_en": [
    "prompt and complete justice",
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    "environmental complaint",
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    "Constitutional Court",
    "Article 41 Costa Rican Constitution",
    "Article 52 Constitutional Jurisdiction Law"
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  "excerpt_es": "En el sub lite, se comprueba que si bien ya había resuelto la denuncia presentada por el recurrente desde antes de que interpusiera este recurso de amparo, es lo cierto que se le comunicó lo resuelto, no solo en virtud de la gestión que presentó, sino que ocasión de tener conocimiento de la presentación de este asunto por habérsele notificado la resolución que dispuso cursarlo. Por consiguiente, a criterio de este Tribunal, se confirma que se incurrió en una vulneración al principio de justicia pronta y cumplida en el ámbito de la justicia administrativa.",
  "excerpt_en": "In the case at hand, it is proven that although the complaint filed by the petitioner had already been decided before he filed this amparo appeal, the truth is that the decision was communicated to him only after the resolution ordering the processing of the amparo was notified to the authority. Consequently, in this Court's opinion, it is confirmed that a violation of the principle of prompt and complete justice in the administrative justice sphere occurred.",
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    "label_es": "Con lugar",
    "summary_en": "The appeal is granted for violation of the principle of prompt and complete justice, without awarding costs or damages.",
    "summary_es": "Se declara con lugar el recurso por violación al principio de justicia pronta y cumplida, sin condenatoria en costas, daños y perjuicios."
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      "context": "Considerando V",
      "quote_en": "While it is true that at the time of notifying the processing of the amparo ... the petitioner's request had already been decided, ... it is also true that the decision has not been communicated to the interested party, so the Administration's delay has not ceased, since its obligation does not end with the decision on the matter, but with the communication or notification of the decision to the petitioner.",
      "quote_es": "Si bien es cierto que, al momento de notificar el curso del amparo … la solicitud … del recurrente ya había sido resuelta, … también lo es que lo acordado no ha sido notificado al interesado, de donde no ha cesado la mora de la Administración, pues su obligación no termina con la resolución del asunto, sino con la comunicación o notificación de lo resuelto al gestionante."
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    {
      "context": "Considerando VII",
      "quote_en": "For the administrative litigation jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in Article 197 of the Administrative Procedure Code, which responds to the procedural logic in any matter.",
      "quote_es": "Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia."
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  "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1227279",
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 28337 - 2023\n\nFecha de la Resolución: 03 de Noviembre del 2023 a las 09:45\n\nExpediente: 23-023562-0007-CO\n\nRedactado por: Fernando Castillo Víquez\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\nSentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp: 23-023562-0007-CO\n\nRes. Nº 2023028337\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cuarenta y cinco minutos del tres de noviembre de dos mil veintitres .\n\nRecurso de amparo que se tramita en expediente número 23-023562-0007-CO, interpuesto por [Nombre62 001], mayor, cédula de identidad [CED62 ], contra la Directora del Área Rectora de Salud de Santo Domingo de Heredia del Ministerio de Salud.\n\nResultando:\n\n1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 13:59 horas del 25 de setiembre de 2023, el recurrente interpone recurso de amparo contra la Directora del Área Rectora de Salud de Santo Domingo de Heredia del Ministerio de Salud y expresa que el Dirección87   se apersonó ante el Área Rectora de Salud recurrida a plantear una denuncia anónima dado que en las inmediaciones del lugar donde reside hay una casa de habitación de la cual salen aguas residuales y aguas negras. A dicha denuncia se le asignó el No. 108-2023. Reclama que a la fecha de interposición de este recurso dicha denuncia no ha sido resuelta. Estima lesionados sus derechos fundamentales.\n\n2.- Mediante resolución de las 12:22 horas del 28 de setiembre de 2023, la Presidencia de la Sala previno al recurrente aportar copias completas, legibles y con los respectivos comprobantes de recibido o envío de la denuncia que señala formuló el día 17 de julio de este año ante el Área Rectora de Salud de Santo Domingo de Heredia del Ministerio De Salud y cuya falta de respuesta acusa en el escrito de interposición.\n\n3.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 14:07 horas del 02 de octubre de 2023, el recurrente cumple la prevención.\n\n4.- Mediante resolución de las 17:22 horas del 03 de octubre de 2023, la Presidencia de la Sala tuvo por cumplida la prevención contenida en la resolución de las 12:22 horas del 28 de setiembre de 2023 y dio curso a este amparo. Además, se le solicitó informe al Director del Área Rectora de Salud de Santo Domingo de Heredia del Ministerio de Salud sobre los hechos alegados por el recurrente.\n\n5.- Informa bajo juramento Kimberly Madrigal Rodríguez, en su condición de Directora del Área Rectora de Salud de Santo Domingo de Heredia del Ministerio de Salud (escrito presentado a las 09:32 horas del 09 de octubre de 2023) que el 19 de julio de 2023 se presentó ante esa Área Rectora de Salud denuncia confidencial, debido a aparente manejo inadecuado de aguas residuales en vivienda, pues las mismas escurren por la vía pública. El sitio denunciado se ubica en Santo Domingo, Pará, Dirección88 , 400 metros norte y 200 metros este del Dirección89  (se adjuntaron fotografías). Los días 28 de julio, 16 y 30 de agosto de 2023, la funcionaria de esa Área Rectora de Salud, Licda. Diana Víquez Zamora, se apersonó al sitio; sin embargo, la vivienda se encontraba cerrada, no atendió ninguna persona, por lo que no fue posible realizar inspección. Lo anterior, consta en actas de inspección ocular realizadas al efecto (166-DVZ-2023, 176-DVZ-2023 y 186-DVZ-2023). El 12 de setiembre de 2023, al ser las 18:00 horas (6:00 p.m.), se realizó inspección en el sitio por parte de la funcionaria de esa Área Rectora de Salud, Licda. Diana Víquez Zamora, se identificó que en la propiedad denunciada se ubica una vivienda propiedad del señor [Nombre62 002] y previa autorización del propietario se procedió a realizar prueba de tinción con fluoresceína en lavatorio, inodoro, fregadero y pila, la cual dio como resultado negativo, pues no se observó agua teñida con fluoresceína saliendo hacia vía pública ni de manera superficial en la propiedad. El propietario refirió que para el tratamiento de aguas residuales cuenta con tanque séptico y drenaje y en el cual hacía aproximadamente un mes realizaron trabajos para dar tratamiento adecuado de las aguas residuales generadas en la vivienda. Ante esto no se constató lo denunciado, pues no se identificó manejo inadecuado de las aguas residuales generadas en la propiedad, por lo que se recomendó el cierre del caso con el Informe Técnico MS-DRRSCN-DARSSD-IT-1367-2023. En atención a lo anterior, por resolución MS-DRRSCN-DARSSD-1383-2023 de fecha 19 de setiembre de 2023, se dio por atendido, cerrado el caso y se ordenó su archivo.  El 28 de julio (sic) de 2023, el señor [Nombre62 002] solicitó se le compartiera los resultados de la inspección a su vivienda y el expediente, ya que debe proceder en un tema legal con uno de sus vecinos que le acusa y debe iniciar el proceso de defensa. El 29 de julio (sic) de 2023, el señor [Nombre62 001] solicitó se le informara sobre la denuncia presentada y se le facilitara copia del expediente del caso. En ambos casos, vía correo electrónico se les hizo llegar el resultado de la inspección y el expediente, tanto al denunciante como al denunciado. En atención a lo indicado, considera que una vez presentada la denuncia se realizaron las visitas de inspección, la valoración de la problemática mediante la realización de la prueba de tinción con fluoresceína sódica a fin de corroborar si existía conducción de aguas residuales hacia la vía pública, situación que no se constató y, por tanto, se procedió a emitir la resolución dando el caso por atendido, ordenando el cierre y archivo como correspondía. Cree esa Dirección que, en lo relativo a lo indicado en el amparo, en atención a la situación referida por el amparado en su momento, esa Área Rectora de Salud realizó las visitas y atención debida al caso, corroborando el 12 de setiembre de 2023, mediante prueba de coloración con fluoresceína, que la vivienda denunciada no estaba disponiendo aguas residuales hacia la vía pública y, por tanto, procedió a dar la denuncia por atendida, cerro el caso y ordenó su archivo.\n\n6.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.\n\n Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,\n\n  Considerando:\n\nI.- Cuestión previa. Antes de analizar el fondo del asunto debe aclararse que, a partir de la sentencia número 2008-002545 de las 08:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa, con algunas excepciones, aquellos asuntos en los que se discute si la Administración Pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo, instruido de oficio o a instancia de parte, o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, pues se reclama la supuesta tardanza en atender una denuncia ambiental por el supuesto vertido de aguas residuales hacía la vía pública. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.\n\nII.- Objeto del recurso. El recurrente alega que el 17 de julio de 2023 se apersonó ante el Área Rectora de Salud de Santo Domingo de Heredia del Ministerio de Salud a plantear una denuncia anónima dado que en las inmediaciones del lugar donde reside hay una casa de habitación de la cual salen aguas residuales y aguas negras. Reclama que a la fecha de interposición de este recurso dicha denuncia no ha sido resuelta.\n\n III.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la recurrida haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:\n\n1)                       El 19 de julio de 2023, se recibió en el Área Rectora de Salud de Santo Domingo de Heredia del Ministerio de Salud una denuncia confidencial debido a aparente manejo inadecuado de aguas residuales en vivienda, pues las mismas escurren por la vía pública. El sitio denunciado se ubica en Santo Domingo, Pará, Dirección88 , 400 metros norte y 200 metros este del Dirección89  (se adjuntaron fotografías) (véanse informe de la autoridad recurrida y prueba documental aportada). \n\n2)                       Los días 28 de julio, 16 y 30 de agosto de 2023, la funcionaria del Área Rectora de Salud recurrida, Licda. Diana Víquez Zamora, se apersonó al sitio; sin embargo, la vivienda se encontraba cerrada, no atendió ninguna persona, por lo que no fue posible realizar inspección (véanse informe de la autoridad recurrida y prueba documental aportada).\n\n3)                       El 12 de setiembre de 2023, al ser las 18:00 horas (6:00 p.m.), se realizó inspección en el sitio por parte de la funcionaria del Área Rectora de Salud accionada, Licda. Diana Víquez Zamora, se identificó que en la propiedad denunciada se ubica una vivienda propiedad del señor [Nombre62 002] y previa autorización del propietario se procedió a realizar prueba de tinción con fluoresceína en lavatorio, inodoro, fregadero y pila, la cual dio como resultado negativo, pues no se observó agua teñida con fluoresceína saliendo hacia vía pública ni de manera superficial en la propiedad. El propietario refirió que para el tratamiento de aguas residuales cuenta con tanque séptico y drenaje y en el cual hacía aproximadamente un mes realizaron trabajos para dar tratamiento adecuado de las aguas residuales generadas en la vivienda. Ante esto no se constató lo denunciado, pues no se identificó manejo inadecuado de las aguas residuales generadas en la propiedad, por lo que se recomendó el cierre del caso con el Informe Técnico MS-DRRSCN-DARSSD-IT-1367-2023 (véanse informe de la autoridad recurrida y prueba documental aportada).\n\n4)                       Mediante resolución MS-DRRSCN-DARSSD-1383-2023 de las 08:19 horas del 19 de setiembre de 2023, por parte de la recurrida se dio por atendido y cerrado el caso. Además, se ordenó su archivo (véanse informe de la autoridad recurrida y prueba documental aportada).\n\n5)                       El 29 de setiembre de 2023, el señor [Nombre62 001] solicitó a la autoridad recurrida se le informara sobre el número de la denuncia que interpuso y se le facilitara copia del expediente del caso (véanse informe de la autoridad recurrida y prueba documental aportada).\n\n6)                       El 05 de octubre de 2023, a las 08:22 horas, se notificó a la autoridad recurrida la resolución de las 17:22 horas del 03 de octubre de 2023, mediante la cual se le dio curso a este amparo (véase acta de notificación respectiva).\n\n7)                       El 05 de octubre de 2023, a las 09:47 horas, vía correo electrónico, se les hizo llegar al denunciante el resultado de la inspección y el expediente (véanse informe de la autoridad recurrida y prueba documental aportada).\n\nIV.- Sobre el principio de justicia pronta y cumplida. De conformidad con las disposiciones abarcadas por el contenido del artículo 41 de la Constitución Política, se ha establecido que las administraciones públicas ostentan el deber de garantizar el cumplimiento de la justicia pronta y cumplida, sin denegación, ante los reclamos que les sean planteados por los administrados. Así las cosas, es imperante que las tramitaciones se realicen con diligencia y celeridad, resolviéndose dentro de un plazo razonable, con congruencia respecto de los extremos alegados y comunicando a los interesados lo dispuesto, de manera oportuna. Se ha señalado que el carácter \"razonable\" de la duración de la actividad administrativa deberá determinarse casuísticamente, tomando en consideración los diversos elementos y circunstancias que englobe cada caso concreto. Así, deberán valorarse cuestiones como la complejidad técnica del asunto administrativo, la amplitud de la prueba por evacuar o el grado de afectación, sea a la persona o al ambiente, del acto impugnado. Lo anteriormente expuesto lleva a inferir que no existe un derecho estricto a la constitucionalización de los plazos, sino un derecho a que se aplique el control de constitucionalidad sobre aquellas actuaciones de la Administración, en las cuales no existan motivos suficientes para justificar el tiempo demorado en la solución de algún tipo de gestión administrativa (al respecto –entre otras- ver las sentencias 2015-018016 de las 11:54 horas de 13 de noviembre de 2015, 2018-015118 de las 09:20 horas del 14 de setiembre de 2018 y 2018-015249 de las 09:20 horas del 14 de setiembre de 2018).\n\nV.- Sobre el caso concreto. Al Área Rectora de Salud de Santo Domingo de Heredia del Ministerio de Salud se le acusa de no haber atendido una denuncia por contaminación ambiental presentada el 19 de julio de 2023. Al respecto, considerando los elementos disponibles en autos, así como las manifestaciones plasmadas en el informe rendido bajo fe de juramento por la autoridad recurrida, bajo los apercibimientos incluso penales que señala el numeral 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, al igual que la documentación aportada al expediente, este Tribunal tiene por demostrado que efectivamente se presentó una denuncia confidencial el 19 de julio de 2023 debido a aparente manejo inadecuado de aguas residuales en una vivienda, pues las mismas escurren por la vía pública. Por su parte, se comprueba que, en atención a lo denunciado, los días 28 de julio, 16 y 30 de agosto de 2023, la funcionaria del Área Rectora de Salud recurrida, Licda. Diana Víquez Zamora, se apersonó al sitio; sin embargo, la vivienda se encontraba cerrada, no atendió ninguna persona, por lo que no fue posible realizar inspección. Se corrobora que el 12 de setiembre, al ser las 18:00 horas (6:00 p.m.), se realizó inspección en el sitio por parte de la misma servidora e identificó que en la propiedad denunciada se ubica una vivienda que pertenece al señor [Nombre62 002] y previa autorización del propietario se procedió a realizar prueba de tinción con fluoresceína en lavatorio, inodoro, fregadero y pila, la cual dio como resultado negativo, pues no se observó agua teñida con fluoresceína saliendo hacia vía pública ni de manera superficial en la propiedad. El propietario refirió que para el tratamiento de aguas residuales cuenta con tanque séptico y drenaje y en el cual hacía aproximadamente un mes realizaron trabajos para dar tratamiento adecuado de las aguas residuales generadas en la vivienda. Ante esto no se constató lo denunciado, pues no se identificó manejo inadecuado de las aguas residuales generadas en la propiedad, por lo que se recomendó el cierre del caso con el Informe Técnico MS-DRRSCN-DARSSD-IT-1367-2023. En ese contexto, mediante resolución MS-DRRSCN-DARSSD-1383-2023 de las 08:19 horas del 19 de setiembre de 2023, por parte de la recurrida se dio por atendido y cerrado el caso. Además, se ordenó su archivo. Finalmente, se tiene que el 29 de setiembre y no el 29 de julio como asegura la recurrida, el señor [Nombre62 001] (denunciante y recurrente) solicitó a la autoridad accionada se le informara sobre el número de la denuncia que interpuso y se le facilitara copia del expediente del caso. Gestión que fue atendida a las 09:47 horas del 05 de octubre, cuando vía correo electrónico se le hizo llegar al denunciante el resultado de la inspección y el expediente. Lo anterior después que a las 08:22 horas del mismo 05 de octubre, se notificara a la autoridad recurrida la resolución de las 17:22 horas del 03 de octubre, mediante la cual se le dio curso a este amparo.\n\nEn otras oportunidades, este Tribunal se ha pronunciado respecto de la necesidad de notificar lo resuelto al gestionante, ya que sin la comunicación debida no se puede estimar que cese la mora de la Administración y, por ende, se mantiene la vulneración al principio de justicia administrativa pronta y cumplida. Al respecto, se trae a colación la sentencia 1996-004565 de las 10:27 horas del 30 de agosto de 1996, en la cual se indicó lo siguiente:\n\n“Si bien es cierto que, al momento de notificar el curso del amparo … la solicitud … del recurrente ya había sido resuelta, … también lo es que lo acordado no ha sido notificado al interesado, de donde no ha cesado la mora de la Administración, pues su obligación no termina con la resolución del asunto, sino con la comunicación o notificación de lo resuelto al gestionante, lo que aún no ha cumplido la Dirección recurrida en este. Así las cosas, se ha violado el principio de justicia administrativa pronta y cumplida -en los términos estipulados en el artículo 41 constitucional- y, en consecuencia, el recurso resulta procedente y así debe declararse”.\n\n \n\nEn el sub lite, se comprueba que si bien ya se había resuelto la denuncia presentada por el recurrente desde antes de que interpusiera este recurso de amparo, es lo cierto que se le comunicó lo resuelto, no solo en virtud de la gestión que presentó, sino que ocasión de tener conocimiento de la presentación de este asunto por habérsele notificado la resolución que dispuso cursarlo. Por consiguiente, a criterio de este Tribunal, se confirma que se incurrió en una vulneración al principio de justicia pronta y cumplida en el ámbito de la justicia administrativa.\n\nVI.- Conclusión. Como consecuencia de lo anterior, lo que corresponde es declarar con lugar el recurso, al tenor del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, ya que la actuación impugnada fue resuelta con posterioridad a la notificación del recurso de amparo y sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, como se indica a continuación.\n\nVII.- Sobre la condenatoria en costas, daños y perjuicios de conformidad con el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.\n\nVIII.- Nota del magistrado Castillo Víquez, en cuanto a la justicia administrativa pronta y cumplida. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia No. 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico. \n\nIX.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. Considero que, en asuntos ambientales, si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que se acusa la salida de aguas residuales y aguas negras en una vivienda de su comunidad, lo que afecta el derecho a disfrutar de un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida de la parte recurrente y los vecinos del lugar.\n\nX.- VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO, ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LA NO CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA. Si bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.\n\nLa Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:\n\n“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.\n\nPor otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que: \n\n“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.\n\nEsta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.\n\nEn criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.\n\nAsí, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.\n\nPor otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”.\n\nEl legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.\n\nEn mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaramos.\n\nComo razón adicional, cabe destacar que la dinámica y esencia misma de los procesos de amparo, no tiene por objeto primario el análisis de la existencia o no de daños y perjuicios, sino, de la existencia o no de acciones u omisiones que puedan generar o producir un quebranto al régimen de los derechos fundamentales de las personas. Desde esa arista, el análisis que realiza esta sede, se concentra en dicha verificación, empero, no ingresa a la ponderación de si esas cuestiones han generado o no lesiones en el ámbito eminentemente patrimonial de las personas amparadas. Si bien el precitado precepto 52, de la LJC, en su ámbito gramatical, estatuye que dicha condena (en daños, perjuicios y costas) opera, de ser procedente, no estima el suscrito que dicho examen de pertinencia pueda, a priori, excluirse de manera automática en este tipo de procesos, en la medida en que, es dentro de otro proceso ordinario, que se ha de definir si dentro de la relación jurídica analizada en el recurso de amparo, las conductas u omisiones imputables a la Administración (o sujeto de derecho privado, cuando corresponda), se han constituido como causa adecuada de lesiones de orden patrimonial, que sean jurídicamente indemnizables. A modo de referencia, los numerales 179 al 184, del Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley N° 8508, define un proceso especial que tiene por objeto la definición de los efectos económicos derivados de condenas dictadas en estos procesos. A la luz del canon 179 ejusdem, ese proceso tiene por objeto lo siguiente: \n\n“ARTÍCULO 179.- Corresponde al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, la ejecución de las sentencias dictadas por la Jurisdicción Constitucional, en procesos de hábeas corpus y de amparo contra sujetos de Derecho público, únicamente en lo relativo a la demostración, la liquidación y el cumplimiento de indemnizaciones pecuniarias”.\n\nEs claro que ese proceso se direcciona al análisis del antecedente necesario emitido por esta Sala en cuanto a una condena en abstracto en esos rubros, pues no procedería ese tipo de pretensiones dentro de ese tipo de causas, cuando la sentencia dictada dentro del proceso de amparo, estableciere, de manera expresa, la improcedencia de daños, perjuicios y/o costas, así como cuando no exista pronunciamiento expreso en cuanto a este particular. Es decir, el proceso especial en sede contencioso administrativa, requiere, a modo de requisito sine qua non, de condena o pronunciamiento expreso por parte de esta Sala Constitucional. En ese orden, a mi juicio, al tenor del mencionado ordinal 52, de la LJC, la dispensa en esa condena patrimonial precisa de la acreditación, en cada caso, de situaciones a partir de las cuales, es estime, motivadamente, la inexistencia de lesiones patrimoniales, aún potenciales, derivadas o asociadas a los hechos analizados. Por ende, se trata de una excepción, que, como tal, requiere de aplicación calificada y debidamente fundamentada de manera casuística. La sola circunstancia que, en el curso del trámite, la Administración dicte resolución o se emita sentencia judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, no descarta, per se, que, de previo a esa cesación por causa propia o ajena al ente accionado, la indolencia acusada o perturbación reprochada, haya llegado a ocasionar daños y perjuicios. Sin embargo, tal cuestión de fondo, en lo relativo a la efectividad de las lesiones, su cuantía, reclamo oportuno, etc., son ponderaciones que escapan a la naturaleza de estos procesos y respecto de la cual, en orden a lo regulado por el mandato 52 aludido, son propias de una condena en abstracto que luego constituye base de análisis en la Jurisdicción Contencioso Administrativa. La tutela que se pretende en estos procesos de orden constitucional no precisa de la demostración de daños y perjuicios, pues, se insiste, no es su objeto o ratio primaria. Así, no corresponde a la persona amparada el reclamo o demostración de daños, siendo que lo que busca es el resguardo de sus derechos fundamentales. Luego, si esas conductas administrativas le han producido lesiones, es un extremo que, por tesis de principio y salvo casos excepcionales, no forman parte de la base de análisis de este tipo de causas. Nótese que, en el supuesto regulado en ese mandato, la Sala Constitucional no hace un análisis de fondo de la situación a tutelar, dada la terminación del amparo o habeas corpus por la circunstancia sobrevenida ya citada. Ergo, en estos casos, por imperativo legal, no se ingresa a valorar si hay o no infracción, con lo cual, mucho menos puede definirse si a partir de lo denunciado por el requirente, puede haber o no situaciones de posible reparación civil. De esa manera, la dispensa de condena a que alude esa norma, es de orden excepcional, no de principio. Por tanto, en esos supuestos, la norma impone la condena en abstracto, para que sea dentro de otro proceso plenario, que se analice su procedencia. De otro modo, de aplicarse como regla esa liberación de daños, perjuicios y costas, se estaría poniendo en riesgo la tutela de la situación jurídica de la persona que, pese a esa respuesta sobrevenida de la parte reclamada, pudo haber sufrido lesiones en su esfera patrimonial, en detrimento de lo estatuido por el precepto 45, de la Constitución Política, y desconociendo la potencial responsabilidad de la Administración, tal y como lo impone el artículo 9 ejusdem. Además, no debe dejarse de lado que fue en virtud de una acción de esa índole, que se adoptó una conducta que hace cesar las conductas que, en teoría, amenazan o conculcan los derechos fundamentales de la persona. Es decir, a efectos de obtener el resguardo de esos derechos, la persona optó por la tutela judicial, y fue por esa virtud, que se produce el cese de la perturbación reprochada. Se insiste, si la permanencia de la amenaza o deterioro de su situación en tanto se hizo cesar por las causas aludidas en la norma bajo examen, generó daños y perjuicios, es un tema que, salvo prueba en contrario, debe ser analizado dentro de un proceso ordinario, pero que, se reitera, en modo alguno, debe negarse, como presupuesto, por la sola concreción del supuesto de hecho regulado en el mencionado ordinal 52, de la LJC. Por ende, con el respeto de siempre en cuanto a la postura de mayoría, externo mi voto y reitero que la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en abstracto en costas, daños y perjuicios.\n\nXI.- Voto salvado de la magistrada Garro Vargas respecto a la parte dispositiva de esta sentencia. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.\n\nMi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.\n\nCiertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.\n\nSi el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.\n\nCon la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido.\n\nEn razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas.\n\nXII.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en Sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial No. 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPor tanto:\n\nSe declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios.  El magistrado Castillo Víquez consigna nota. El magistrado Salazar Alvarado consigna nota. El magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas. Notifíquese.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nNombre137  V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nNombre152  C.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\n\n\nJorge Araya G.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nNombre139  V.\n\n\n\n\nNombre151  N.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nAlexandra Alvarado P.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n ZSZIJ7OW57G61\n\n1\n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 14:41:27.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine forty-five in the morning of November three, two thousand twenty-three.\n\nAmparo proceeding processed under case file number 23-023562-0007-CO, filed by [Nombre62 001], of legal age, identity card [CED62], against the Director of the Health Governing Area of Santo Domingo de Heredia of the Ministry of Health.\n\nConsidering:\n\n1.- By document received in the Chamber's Secretariat at 13:59 hours on September 25, 2023, the petitioner files an amparo action against the Director of the Health Governing Area of Santo Domingo de Heredia of the Ministry of Health and states that Dirección87 appeared before the respondent Health Governing Area to file an anonymous complaint (denuncia anónima) because in the vicinity of the place where he resides there is a dwelling house from which wastewater and black water emerge. Said complaint was assigned No. 108-2023. He claims that as of the filing date of this action, said complaint has not been resolved. He considers his fundamental rights violated.\n\n2.- By resolution at 12:22 hours on September 28, 2023, the Presidency of the Chamber ordered the petitioner to provide complete, legible copies with the corresponding receipts of receipt or sending of the complaint he indicates he filed on July 17 of this year before the Health Governing Area of Santo Domingo de Heredia of the Ministry of Health and whose lack of response he accuses in the filing document.\n\n3.- By document received in the Chamber's Secretariat at 14:07 hours on October 2, 2023, the petitioner complies with the order.\n\n4.- By resolution at 17:22 hours on October 3, 2023, the Presidency of the Chamber considered the order contained in the resolution at 12:22 hours on September 28, 2023, complied with and admitted this amparo for processing. Furthermore, a report was requested from the Director of the Health Governing Area of Santo Domingo de Heredia of the Ministry of Health regarding the facts alleged by the petitioner.\n\n5.- Kimberly Madrigal Rodríguez reports under oath, in her capacity as Director of the Health Governing Area of Santo Domingo de Heredia of the Ministry of Health (document filed at 09:32 hours on October 9, 2023), that on July 19, 2023, a confidential complaint was filed before that Health Governing Area, due to an apparent inadequate handling of wastewater in a dwelling, since it flows onto the public road. The reported site is located in Santo Domingo, Pará, Dirección88, 400 meters north and 200 meters east of Dirección89 (photographs were attached). On July 28, August 16, and 30, 2023, the official of that Health Governing Area, Licda. Diana Víquez Zamora, appeared at the site; however, the dwelling was closed, no person attended, so it was not possible to carry out an inspection. The foregoing is recorded in ocular inspection reports made for this purpose (166-DVZ-2023, 176-DVZ-2023 and 186-DVZ-2023). On September 12, 2023, at 18:00 hours (6:00 p.m.), an inspection was carried out at the site by the official of that Health Governing Area, Licda. Diana Víquez Zamora; it was identified that on the reported property there is a dwelling owned by Mr. [Nombre62 002] and, with prior authorization from the owner, a fluorescein dye test was performed in the washbasin, toilet, sink, and laundry sink, which yielded a negative result, as no water dyed with fluorescein was observed exiting toward the public road or superficially on the property. The owner stated that for wastewater treatment he has a septic tank and drainage, on which approximately one month prior, work was performed to provide adequate treatment of the wastewater generated in the dwelling. Given this, the matter reported was not verified, as no inadequate handling of wastewater generated on the property was identified; therefore, the closure of the case was recommended through Technical Report MS-DRRSCN-DARSSD-IT-1367-2023. In response to the above, by resolution MS-DRRSCN-DARSSD-1383-2023 dated September 19, 2023, the case was considered addressed and closed, and its archiving was ordered. On July 28 (sic) of 2023, Mr. [Nombre62 002] requested that the results of the inspection of his dwelling and the case file be shared with him, since he must proceed with a legal matter regarding one of his neighbors who accuses him and must initiate the defense process. On July 29 (sic) of 2023, Mr. [Nombre62 001] requested to be informed about the complaint filed and to be provided with a copy of the case file. In both cases, via electronic mail, the result of the inspection and the case file were sent to both the complainant and the respondent. In response to what is stated, she considers that once the complaint was filed, the inspection visits were carried out, the assessment of the problem by performing the sodium fluorescein dye test in order to corroborate if there was conveyance of wastewater toward the public road, a situation that was not verified, and, therefore, the resolution was issued considering the case addressed, ordering its closure and archiving as appropriate. This Directorate believes that, regarding what is indicated in the amparo, in response to the situation referred to by the protected party at the time, that Health Governing Area carried out the visits and due attention to the case, corroborating on September 12, 2023, by means of a fluorescein dye test, that the reported dwelling was not discharging wastewater toward the public road and, therefore, proceeded to consider the complaint addressed, closed the case, and ordered its archiving.\n\n6.- In the procedures followed, the legal prescriptions have been observed.\n\nDrafted by Judge Castillo Víquez; and,\n\nConsidering:\n\nI.- Prior matter. Before analyzing the merits of the matter, it must be clarified that, starting from judgment number 2008-002545 at 08:55 hours on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction, with some exceptions, those matters in which it is disputed whether the Public Administration has complied or not with the deadlines set by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or the sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure, initiated ex officio or at the request of a party, or to hear the corresponding administrative appeals. Precisely, in the case at hand (sub lite), an exception scenario is raised, as it is claimed there is an alleged delay in addressing an environmental complaint (denuncia ambiental) for the alleged discharge of wastewater onto the public road. Having clarified the point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo.\n\nII.- Object of the action. The petitioner alleges that on July 17, 2023, he appeared before the Health Governing Area of Santo Domingo de Heredia of the Ministry of Health to file an anonymous complaint (denuncia anónima) because in the vicinity of the place where he resides there is a dwelling house from which wastewater and black water emerge. He claims that as of the filing date of this action, said complaint has not been resolved.\n\nIII.- Proven facts. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited in this manner or because the respondent may have omitted to refer to them according to what was ordered in the initial order:\n\n1) On July 19, 2023, a confidential complaint was received in the Health Governing Area of Santo Domingo de Heredia of the Ministry of Health due to an apparent inadequate handling of wastewater in a dwelling, since it flows onto the public road. The reported site is located in Santo Domingo, Pará, Dirección88, 400 meters north and 200 meters east of Dirección89 (photographs were attached) (see report from the respondent authority and documentary evidence provided).\n\n2) On July 28, August 16, and 30, 2023, the official of the respondent Health Governing Area, Licda. Diana Víquez Zamora, appeared at the site; however, the dwelling was closed, no person attended, so it was not possible to carry out an inspection (see report from the respondent authority and documentary evidence provided).\n\n3) On September 12, 2023, at 18:00 hours (6:00 p.m.), an inspection was carried out at the site by the official of the respondent Health Governing Area, Licda. Diana Víquez Zamora; it was identified that on the reported property there is a dwelling owned by Mr. [Nombre62 002] and, with prior authorization from the owner, a fluorescein dye test was performed in the washbasin, toilet, sink, and laundry sink, which yielded a negative result, as no water dyed with fluorescein was observed exiting toward the public road or superficially on the property. The owner stated that for wastewater treatment he has a septic tank and drainage, on which approximately one month prior, work was performed to provide adequate treatment of the wastewater generated in the dwelling. Given this, the matter reported was not verified, as no inadequate handling of wastewater generated on the property was identified; therefore, the closure of the case was recommended through Technical Report MS-DRRSCN-DARSSD-IT-1367-2023 (see report from the respondent authority and documentary evidence provided).\n\n4) By resolution MS-DRRSCN-DARSSD-1383-2023 at 08:19 hours on September 19, 2023, the case was considered addressed and closed by the respondent. Furthermore, its archiving was ordered (see report from the respondent authority and documentary evidence provided).\n\n5) On September 29, 2023, Mr. [Nombre62 001] requested the respondent authority to be informed about the number of the complaint he filed and to be provided with a copy of the case file (see report from the respondent authority and documentary evidence provided).\n\n6) On October 5, 2023, at 08:22 hours, the respondent authority was notified of the resolution at 17:22 hours on October 3, 2023, by which this amparo was admitted for processing (see respective notification record).\n\n7) On October 5, 2023, at 09:47 hours, via electronic mail, the result of the inspection and the case file were sent to the complainant (see report from the respondent authority and documentary evidence provided).\n\nIV.- On the principle of prompt and complete justice. In accordance with the provisions encompassed by the content of article 41 of the Political Constitution, it has been established that public administrations have the duty to guarantee compliance with prompt and complete justice, without denial, before the claims raised by the administered parties. Thus, it is imperative that procedures are carried out with diligence and speed, resolving within a reasonable timeframe, with consistency regarding the alleged points and communicating what is decided to the interested parties in a timely manner. It has been indicated that the \"reasonableness\" of the duration of the administrative activity must be determined casuistically, taking into consideration the various elements and circumstances that each specific case encompasses. Thus, matters such as the technical complexity of the administrative issue, the extent of the evidence to be evacuated, or the degree of impact, whether on the person or the environment, of the challenged act must be assessed. The foregoing leads to the inference that there is no strict right to the constitutionalization of deadlines, but rather a right for constitutional control to be applied over those actions of the Administration in which there are no sufficient reasons to justify the delay in resolving some type of administrative proceeding (in this regard –among others– see judgments 2015-018016 at 11:54 hours on November 13, 2015, 2018-015118 at 09:20 hours on September 14, 2018 and 2018-015249 at 09:20 hours on September 14, 2018).\n\nV.- On the specific case. The Health Governing Area of Santo Domingo de Heredia of the Ministry of Health is accused of not having addressed a complaint (denuncia) for environmental contamination filed on July 19, 2023. In this regard, considering the elements available in the case file, as well as the statements set forth in the report rendered under oath by the respondent authority, under the warnings, including criminal ones, indicated by numeral 44 of the Law of Constitutional Jurisdiction, together with the documentation provided to the case file, this Court finds it proven that indeed a confidential complaint was filed on July 19, 2023, due to an apparent inadequate handling of wastewater in a dwelling, since it flows onto the public road. For its part, it is verified that, in response to what was reported, on July 28, August 16, and 30, 2023, the official of the respondent Health Governing Area, Licda. Diana Víquez Zamora, appeared at the site; however, the dwelling was closed, no person attended, so it was not possible to carry out an inspection. It is corroborated that on September 12, at 18:00 hours (6:00 p.m.), an inspection was carried out at the site by the same official and she identified that on the reported property there is a dwelling belonging to Mr. [Nombre62 002] and, with prior authorization from the owner, a fluorescein dye test was performed in the washbasin, toilet, sink, and laundry sink, which yielded a negative result, as no water dyed with fluorescein was observed exiting toward the public road or superficially on the property. The owner stated that for wastewater treatment he has a septic tank and drainage, on which approximately one month prior, work was performed to provide adequate treatment of the wastewater generated in the dwelling. Given this, the matter reported was not verified, as no inadequate handling of wastewater generated on the property was identified; therefore, the closure of the case was recommended through Technical Report MS-DRRSCN-DARSSD-IT-1367-2023. In this context, by resolution MS-DRRSCN-DARSSD-1383-2023 at 08:19 hours on September 19, 2023, the case was considered addressed and closed by the respondent. Furthermore, its archiving was ordered. Finally, it is established that on September 29, and not July 29 as the respondent asserts, Mr. [Nombre62 001] (complainant and petitioner) requested the respondent authority to be informed about the number of the complaint he filed and to be provided with a copy of the case file. This request was addressed at 09:47 hours on October 5, when, via electronic mail, the result of the inspection and the case file were sent to the complainant. The foregoing after, at 08:22 hours on the same October 5, the respondent authority was notified of the resolution at 17:22 hours on October 3, by which this amparo was admitted for processing.\n\nOn other occasions, this Court has pronounced itself regarding the necessity of notifying the petitioner of the decision, since without proper communication, the Administration's default cannot be considered to have ceased and, therefore, the violation of the principle of prompt and complete administrative justice persists. In this regard, judgment 1996-004565 at 10:27 hours on August 30, 1996, is cited, in which the following was stated:\n\n“While it is true that, at the moment of notifying the admission of the amparo, the petitioner's request had already been resolved, it is also true that what was agreed has not been notified to the interested party, hence the Administration's default has not ceased, as its obligation does not end with the resolution of the matter, but with the communication or notification of the decision to the petitioner, which the respondent Directorate in this case has not yet fulfilled. Thus, the principle of prompt and complete administrative justice has been violated—in the terms stipulated in article 41 of the Constitution—and, consequently, the action is admissible and must be so declared.”\n\nIn the case at hand (sub lite), it is verified that although the complaint filed by the petitioner had already been resolved before he filed this amparo action, the truth is that the decision was communicated to him, not only by virtue of the request he filed, but also upon becoming aware of the filing of this matter by having been notified of the resolution that ordered its processing. Consequently, in the opinion of this Court, it is confirmed that a violation of the principle of prompt and complete justice in the sphere of administrative justice was incurred.\n\nVI.- Conclusion. As a result of the foregoing, the corresponding action is to declare the action admissible (con lugar), pursuant to article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction, since the challenged action was resolved after the notification of the amparo action and without special condemnation for costs, damages, and losses (sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios), as indicated below.\n\nVII.- On the condemnation for costs, damages, and losses in accordance with article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction. Upon better consideration, the majority of the Chamber considers that, in the sub examine, in accordance with the provisions of paragraph 1 of article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction (“If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the action shall be declared admissible solely for purposes of indemnification and costs, if they are appropriate”), the estimation must be without special condemnation for costs, damages, and losses, based on the following considerations. While there is an express text in the law that obliges that the operative part of the ruling indicate that the action is declared admissible, when the grievance is resolved while the amparo is in progress, it is no less true that the same end paragraph states that the estimation is issued “solely for purposes of indemnification and costs, if they are appropriate”. It is emphasized that the Law indicates “if they are appropriate (si fueren procedentes)”, which means that the appropriateness or inappropriateness of the indemnification and costs depends on an assessment, appreciation, or weighing by the Court. In cases like this, the content of the protected person's claim and the conduct of the respondent authority in acknowledging it suggest that the impairments, injuries, or alterations alleged are not directly referred to a repercussion on a constitutional right of an evidently patrimonial nature (as would occur, for example, with an impact on the right to salary). To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provisions of article 51 of the same Law of Constitutional Jurisdiction, when it provides that: “any resolution that upholds the action shall condemn in the abstract to the indemnification of the damages and losses caused and to the payment of the costs of the action, and their liquidation shall be reserved for the execution of the sentence”, where the possibility of assessing whether or not the matter of indemnification and costs is appropriate is not foreseen. The principles of Constitutional Law, those of Public Law and General Procedural Law or, as applicable, those of International or Community Law and, furthermore, in order, the General Law of Public Administration and the Contentious-Administrative Procedural Code and the other procedural codes, are suppletory sources for the application and interpretation of the norms of the Law of Constitutional Jurisdiction -cf. article 14-. For the contentious-administrative jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in article 197 of the Contentious-Administrative Procedural Code, which responds to procedural logic in any matter. In any case, the affected party in the sub lite preserves the possibility of resorting, if he sees fit, to a plenary proceeding in order to demonstrate that he has suffered some type of impairment. Based on the foregoing, it is the majority criterion to resolve this action without condemnation for costs, damages, and losses.\n\nVIII.- Note from Judge Castillo Víquez, regarding prompt and complete administrative justice. I have supported the thesis of this Court that when the justiciable party alleges a violation of the right to prompt and complete justice in the administrative venue, the ones who must hear the legal controversy are the Contentious-Administrative Courts and not this Chamber. However, with the recent enactment of Law No. 9097, Law Regulating the Right of Petition, it has been established that this right is susceptible to judicial protection by means of the amparo action established by article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in relation to article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. To my view, the recently enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, which, based on numeral 7 of its Law, has the exclusive authority to define its own competence. Therefore, except for those legal-constitutional controversies that have been recognized by this same Chamber as exception scenarios, which are indeed admissible to be heard in this jurisdiction through the constitutional guarantee process of amparo, in the other cases, and for the reasons given by this Court (Judgment No. 2008-02545 at 8:55 hours on February 22, 2008), the competent judges are those of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.\n\nIX.- NOTE FROM JUDGE SALAZAR ALVARADO. I consider that, in environmental matters, if there has already been intervention by the Public Administration, its hearing and resolution corresponds to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do hear the merits of the matter when other rights of the persons affected by the source of contamination are at stake, among them, health, quality of life, and the right to enjoy a healthy environment free of contamination (article 50 of the Political Constitution), as is the case here, where the discharge of wastewater and black water from a dwelling in their community is alleged, which affects the right to enjoy a healthy, ecologically balanced environment and a dignified level of quality of life of the petitioner and the neighbors of the place.\n\nX.- PARTIALLY DISSENTING VOTE OF JUDGE SALAZAR ALVARADO, SOLELY IN RELATION TO THE NON-CONDEMNATION FOR COSTS, DAMAGES, AND LOSSES AGAINST THE RESPONDENT PARTY. Although I agree with the rest of the Chamber in declaring the action admissible, I separate from the majority criterion insofar as it exempts the respondent party from condemnation for the payment of costs, damages, and losses derived from the injury caused to the fundamental rights of the protected party.\n\nThe Law of Constitutional Jurisdiction, in article 52, provides that:\n\n“If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the action shall be declared admissible solely for purposes of indemnification and costs, if they are appropriate.”\n\nOn the other hand, in article 51 ibidem, it is established that:\n\n“...any resolution that upholds the action shall condemn in the abstract to the indemnification of the damages and losses caused and to the payment of the costs of the action, and their liquidation shall be reserved for the execution of the sentence.”\n\nThis latter norm establishes the general system that regulates matters related to indemnification and the payment of costs, and which the majority calls the “natural or normal form of termination of the proceeding, where there is a pronouncement on the merits of the matter and acknowledgment of the facts that have violated fundamental rights…”.\n\nIn the majority's opinion, article 51, cited, governs the scenarios in which the Chamber has considered the grievance proven; and, as a consequence, the need for condemnation for costs, damages, and losses arises. However, in the opinion of the undersigned, from the systemic interpretation of both norms, it is concluded that, both in cases where this Constitutional Court confirms an injury to a fundamental right and, therefore, declares the action admissible; and in those where the Administration, by its own decision, restores the aggrieved person to the enjoyment of their fundamental rights, once it becomes aware of the amparo —a scenario contemplated in the referred article 52—, by mandate of articles 50 and 51 of the cited law, the necessary and inescapable consequence is the condemnation of the offender to indemnify the damages and losses caused and to pay the costs of the action. This rule is nothing more than the recognition, to the party that has suffered a violation of their fundamental rights, of the right to effective judicial protection regarding the reparation of the harmful consequences derived from the actions or omissions of the infringing authorities; and, as a dissuasive means, so that the State does not incur again in the actions that gave basis to the upholding of the action, a topic regulated in article 50 of the law governing this jurisdiction. So, whether the Chamber has considered the grievance proven and has heard the merits of the matter, or whether the violation ceased by decision of the respondent authority itself, once it became aware of the processing of the amparo, with restitution in the enjoyment of fundamental rights in favor of the aggrieved party (article 52), always, in any of these scenarios, the imperative need for condemnation for costs, damages, and losses against the offender arises, the basis of which lies in the principles of protection of individuals' rights and in that the Administration must be held responsible for the damages and losses occasioned by its unconstitutional conduct.\n\nThus, the fact that at the time the amparo is known and resolved as admissible, the effects of the challenged act had already ceased, under the terms of the provisions of articles 50 and 52 of the cited law, does not negate the appropriateness of condemnation for costs, damages, and losses, as such a case forms an integral part of the general system of necessary condemnation in those aspects, which the Law of Constitutional Jurisdiction contains.\n\nMoreover, it is clear that the mentioned article 52 applies solely in cases where the Chamber, even when it has not heard nor pronounced on the merits of the claim, has confirmed the violation of fundamental rights suffered by the protected party, by virtue of the restitution, in the enjoyment of those rights, that the Administration has agreed in their favor; a situation that, as the majority of the Chamber asserts, implies an “abnormal termination of the proceeding”.\n\nThe legislator established and delimited, in a precise manner, the conditions under which this Chamber may decree this form of abnormal conclusion of the amparo proceeding, as well as its scope, namely: 1) that the amparo is in progress, that is, that the Administration has been duly notified of the resolution that admitted the amparo for processing; and, 2) that there exists an administrative or judicial resolution that orders, indisputably, the revocation, cessation, or suspension of the challenged action violating fundamental rights. Certainly, the norm in question contemplates an exception to the general system of condemnation for costs, damages, and losses, notwithstanding the upholding of the action, by providing that, in the cases regulated therein, the action shall be declared admissible “solely for purposes of indemnification and costs, if they are appropriate”.\n\nAs an exception, it must be interpreted restrictively; that is, it only applies in the situations strictly contemplated in the rule, not only because of the principle that exceptions in law must be interpreted restrictively, but also because the consequences of applying such an exception undoubtedly imply a diminishment of the fundamental right of persons to obtain effective judicial protection against the damages and losses suffered due to the violation of their constitutional rights.\n\nIn my opinion, this exception must be interpreted to mean that, in accordance with the general system of automatic condemnation to pay costs, damages, and losses upon a violation of fundamental rights, such condemnation is always appropriate, even if the respondent party issues an administrative or judicial resolution that revokes, stops, or suspends the challenged action, unless it is established in an unequivocal and clear manner that in the specific case no compensable loss whatsoever was caused. Only and exclusively in such cases could the respondent Administration be exempted from the payment of those items. Since in this case there is no element whatsoever that disproves the presumption of the occurrence, for the protected party, of economic damages and losses arising from the challenged actions—the specific determination of which does not fall within the jurisdiction of this court—the granting of this amparo appeal must necessarily entail the condemnation to pay costs, damages, and losses, and so we declare.\n\nAs an additional reason, it is worth noting that the dynamics and very essence of amparo proceedings do not have as their primary purpose the analysis of the existence or absence of damages and losses, but rather the existence or absence of actions or omissions that may generate or produce a breach of the regime of fundamental rights of persons. From this perspective, the analysis conducted by this court focuses on such verification; however, it does not enter into the weighing of whether those matters have or have not generated harm in the strictly pecuniary (patrimonial) sphere of the protected persons. Although the aforementioned precept 52 of the LJC, in its grammatical scope, establishes that said condemnation (for damages, losses, and costs) operates, if applicable, this undersigned does not consider that said examination of pertinence can, a priori, be automatically excluded in this type of proceeding, insofar as it is within another ordinary proceeding that it must be determined whether, within the legal relationship analyzed in the amparo appeal, the conduct or omissions attributable to the Administration (or private-law subject, as applicable) have constituted an adequate cause of patrimonial harm that is legally indemnifiable. As a point of reference, numerals 179 through 184 of the Contentious-Administrative Procedural Code (Código Procesal Contencioso Administrativo), Law No. 8508, define a special proceeding whose purpose is the determination of the economic effects arising from condemnations issued in these proceedings. In light of canon 179 ejusdem, that proceeding has the following purpose:\n\n“ARTICLE 179.- The Contentious-Administrative Court is responsible for the enforcement of judgments issued by the Constitutional Jurisdiction in habeas corpus and amparo proceedings against public-law subjects, solely with respect to the demonstration, liquidation, and fulfillment of pecuniary indemnifications.”\n\nIt is clear that this proceeding is directed at the analysis of the necessary antecedent issued by this Chamber regarding a condemnation in the abstract for those items, because such claims would not be appropriate in that type of case when the judgment issued within the amparo proceeding expressly established the inapplicability of damages, losses, and/or costs, or when there is no express pronouncement on this matter. That is, the special proceeding in the contentious-administrative venue requires, as a sine qua non requirement, an express condemnation or pronouncement by this Constitutional Chamber. In that order, in my judgment, in accordance with the aforementioned ordinal 52 of the LJC, the dispensation from that patrimonial condemnation requires the proof, in each case, of situations on the basis of which the nonexistence of patrimonial harm—even potential harm—derived from or associated with the analyzed facts is reasonably determined. Therefore, it is an exception that, as such, requires qualified and duly grounded application on a case-by-case basis. The mere circumstance that, during the course of the proceeding, the Administration issues a resolution or a judicial judgment is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, does not rule out, per se, that prior to that cessation, whether due to the sued entity’s own actions or external causes, the accused indifference or reproached disturbance may have caused damages and losses. However, such a merits-based question, regarding the effectiveness of the harm, its amount, timely claim, etc., involves considerations that are beyond the nature of these proceedings and regarding which, by order of the regulation set forth in the cited mandate 52, are characteristic of an abstract condemnation that later serves as the basis for analysis in the Contentious-Administrative Jurisdiction. The protection sought in these constitutional proceedings does not require the demonstration of damages and losses, since, it is reiterated, that is not its purpose or primary ratio. Thus, the protected person is not responsible for claiming or demonstrating damages; what that person seeks is the safeguarding of their fundamental rights. Subsequently, whether those administrative actions caused them harm is an issue that, as a matter of principle and save for exceptional cases, does not form part of the analytical basis of this type of case. It should be noted that, in the situation regulated in that mandate, the Constitutional Chamber does not conduct a merits analysis of the situation to be protected, given the termination of the amparo or habeas corpus due to the supervening circumstance already cited. Ergo, in these cases, by legal imperative, there is no assessment of whether or not there is an infringement, and therefore, it is even less possible to determine whether, based on what was reported by the petitioner, there may or may not be situations of possible civil reparation. Thus, the dispensation from condemnation to which that rule alludes is exceptional in nature, not the rule. Therefore, in those situations, the rule imposes an abstract condemnation so that its applicability may be analyzed within another plenary proceeding. Otherwise, if that release from damages, losses, and costs were applied as a rule, the protection of the legal situation of the person who, despite that supervening response from the respondent party, may have suffered harm in their patrimonial sphere would be put at risk, to the detriment of what is established by precept 45 of the Political Constitution, and disregarding the potential liability of the Administration, as imposed by article 9 ejusdem. Furthermore, it must not be overlooked that it was by virtue of an action of this nature that conduct leading to the cessation of the behaviors that, in theory, threaten or violate the fundamental rights of the person was adopted. That is, for the purpose of obtaining the safeguarding of those rights, the person opted for judicial protection, and it was by virtue of that, that the cessation of the reproached disturbance occurred. It is reiterated: whether the persistence of the threat or the deterioration of their situation, insofar as it was made to cease by the causes alluded to in the rule under examination, generated damages and losses is an issue that, save for proof to the contrary, must be analyzed within an ordinary proceeding, but which, it bears repeating, should in no way be denied, as a premise, merely by the realization of the de facto situation regulated in the aforementioned ordinal 52 of the LJC. Therefore, with the same respect as always for the majority position, I set forth my vote and reiterate that the granting of this appeal must necessarily entail condemnation in the abstract for costs, damages, and losses.\n\nXI.- Dissenting vote of Magistrate Garro Vargas regarding the operative part of this judgment. Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law (Ley de la Jurisdicción Constitucional, LJC) states: “If, while the amparo is pending, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the appeal shall be granted solely for the purposes of indemnification and costs, if they are applicable (si fueren procedentes).”\n\nMy interpretation of that rule is as follows: That “resolution” is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the infringed right. The phrase “if they are applicable” refers to costs. Moreover, article 197 of the Contentious-Administrative Procedural Code, cited by the majority, based on article 14 of the LJC, refers precisely only to these: costs.\n\nCertainly, in accordance with article 48 of the Political Constitution (CP), the essential content of the right to an amparo appeal is not indemnificatory but restitutive; however, article 51 of the LJC states: “Any resolution granting the appeal shall condemn in the abstract to the indemnification of the damages and losses caused and to the payment of the costs of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the enforcement of the judgment.”\n\nIf the right has been violated and the Chamber so finds, even in the event that it has been restored, damages and losses may have arisen. For this reason, an abstract condemnation for these is appropriate. If this were not done, if such condemnation were not given, in the event that they had occurred, there would be no title—derived from this proceeding—to claim them, which could violate article 41 of the CP. If, despite an abstract condemnation, damages and losses have not occurred, the judge in the ordinary venue shall so declare, since it corresponds solely to that judge to consider the real existence and magnitude thereof as proven.\n\nWith the thesis defended by the majority, I believe that, contrary to what is sought, the Administration would be incentivized to respect rights only in the presence of an amparo appeal. It remains to be said that article 52 of the LJC provides for the possibility that, if it is deemed just, the Chamber may condemn to pay costs, even when the right has been restored.\n\nBy reason of the foregoing, I partially dissent from the operative part and order the condemnation for damages and losses, but not for costs.\n\nXII.- Documentation provided to the case file. The parties are advised that, if any document was provided in paper form, as well as objects or evidence contained on any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be retrieved from the office within a maximum period of thirty business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not retrieved within this period shall be destroyed, in accordance with the provisions of the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, approved by the Corte Plena in Session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI, and published in the Boletín Judicial No. 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial in Session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.\n\nPor tanto:\n\nThe appeal is granted, without special condemnation for costs, damages, or losses. Judge Castillo Víquez records a note. Judge Salazar Alvarado records a note. Judge Salazar Alvarado partially dissents and orders condemnation for damages, losses, and costs. Magistrate Garro Vargas partially dissents and orders condemnation for damages and losses, but not for costs. Let it be notified.\n\n\n\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\tName137  V.\n\nPresident\n\n \n\n \n\n\n\n\nName152  C.\n\n \n\n \n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\n\nJorge Araya G.\n\n \n\n \n\nNombre139  V.\n\n\n\nNombre151  N.\n\n \n\n \n\nAlexandra Alvarado P.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\nZSZIJ7OW57G61\n\n1\n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 14:41:27.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
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