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  "id": "nexus-sen-1-0007-1239379",
  "citation": "Res. 18756-2024 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Solicitud de asesoría técnica sobre ruido no configura petición amparable",
  "title_en": "Noise advisory requests do not constitute actionable petition",
  "summary_es": "La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo contra el Ministerio de Salud por la falta de respuesta a una solicitud de consulta técnica sobre la aplicación del Decreto Ejecutivo N° 32692 (Procedimiento para la Medición de Ruido) y el Decreto N° 39428 (Reglamento para el Control de la Contaminación por Ruido). El recurrente formuló seis preguntas detalladas sobre órdenes sanitarias, planes de confinamiento, notificación a denunciantes y sanciones administrativas. La Sala reitera su jurisprudencia consolidada en el sentido de que las consultas o solicitudes de dictamen no constituyen una petición pura y simple de información, ni un reclamo administrativo, por lo que su omisión no vulnera los artículos 27, 30 o 41 de la Constitución Política. Si bien durante la tramitación del amparo el Ministerio emitió una respuesta sustantiva, el tribunal declara sin lugar el recurso por el fondo, al considerar que la pretensión no es tutelable en esta vía constitucional. La decisión confirma que las solicitudes que buscan un criterio técnico‑jurídico no obligan a la administración en los términos del derecho fundamental de petición.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber reviews an amparo against the Ministry of Health for failing to answer a request for technical guidance on noise regulations—Executive Decree No. 32692 (Noise Measurement Procedure) and Decree No. 39428 (Noise Pollution Control Regulation). The petitioner posed six detailed questions about sanitary orders, noise‑confinement plans, notification of complainants, and administrative sanctions. The Chamber reiterates its settled case‑law that mere consultations or requests for a legal opinion do not qualify as a pure petition for information or an administrative claim, so their omission does not violate Articles 27, 30 or 41 of the Constitution. Although the Ministry provided a substantive reply during the amparo proceedings, the Court dismisses the action on the merits, holding that the claim is not constitutionally cognizable. The ruling confirms that requests seeking a technical‑legal criterion do not trigger the fundamental right of petition.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "05/07/2024",
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    "Decreto 32692",
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    "pure and simple petition"
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  "excerpt_es": "En un asunto similar al que ahora se resuelve, este Tribunal en la sentencia No. 2024002561 de las 09:15 horas del 02 de febrero de 2024 indicó lo siguiente:\n“IV.- SOBRE LA NATURALEZA JURÍDICA DE LAS CONSULTAS Y LOS DICTÁMENES. El derecho de petición, establecido en el artículo 27 Constitucional, hace referencia a la facultad que posee todo ciudadano para dirigirse por escrito a cualquier funcionario público o entidad oficial con el fin de exponer un asunto de su interés. Esta garantía se complementa con el derecho a obtener pronta respuesta, aunque esto último no significa que el administrado deba recibir una contestación favorable a sus intereses. En otras palabras, es el derecho a pedir y no el derecho a obtener lo que se pide (…). Sin embargo, si el administrado formula una consulta o pide un dictamen, la posición mayoritaria de este Tribunal ha sido la de juzgar que, en estos casos, la falta de respuesta de la Administración no violenta los derechos tutelados en los ordinales 27 y 41 de la Constitución Política, ya que lo requerido no puede encuadrarse en los supuestos de peticiones puras y simples de información tutelados por el artículo 27 constitucional, tomado en su sentido más estricto, ni tampoco en los cubiertos por artículo 41 de esa misma Carta Fundamental, porque este tipo de gestiones no obliga a la Administración a solucionar algún tipo de reclamo o denuncia, o la conmina a determinar si acoge o no una solicitud.”\nTal como se extrae del precedente jurisprudencial parcialmente transcrito, en relación con las consultas o dictámenes planteados en este caso no constituyen una petición pura y simple por lo que no se vulnera el derecho protegido en el artículo 27, ni se está dentro de las excepciones del artículo 41 de la Constitución, como se dijo no se trata de peticiones de información pura ni de reclamos administrativos que obliguen a la Administración a actuar.",
  "excerpt_en": "In a matter similar to the one now decided, this Court in ruling No. 2024002561 of 09:15 hours on 2 February 2024 stated the following:\n“IV.- ON THE LEGAL NATURE OF CONSULTATIONS AND OPINIONS. The right of petition, established in Article 27 of the Constitution, refers to the power of every citizen to address in writing any public official or government body in order to raise a matter of interest. This guarantee is complemented by the right to obtain a prompt response, although this does not mean that the petitioner must receive a favorable answer. In other words, it is the right to ask, not the right to obtain what is asked (…). However, if the person formulates a consultation or requests an opinion, the majority position of this Court has been to hold that, in such cases, the Administration’s failure to reply does not violate the rights protected in Articles 27 and 41 of the Constitution, because what is requested cannot be classified as a pure and simple petition for information protected by Article 27 in its strictest sense, nor under Article 41 of the same Constitution, since such requests do not compel the Administration to resolve any kind of complaint or complaint, or force it to determine whether to accept a request.”\nAs can be seen from the partially transcribed precedent, the consultations or opinions posed in this case do not constitute a pure and simple petition; therefore the right protected in Article 27 is not violated, nor do they fall within the exceptions of Article 41 of the Constitution. As stated, they are not pure requests for information nor administrative claims that compel the Administration to act.",
  "outcome": {
    "label_en": "Denied",
    "label_es": "Sin lugar",
    "summary_en": "The Chamber denies the amparo, holding that technical consultations on noise‑regulation enforcement do not constitute a pure and simple petition, so the failure to reply does not violate the constitutional rights invoked.",
    "summary_es": "La Sala declara sin lugar el amparo por considerar que las consultas técnicas sobre aplicación de normativa de ruido no constituyen una petición pura y simple, por lo que la omisión de respuesta no vulnera los derechos constitucionales invocados."
  },
  "pull_quotes": [
    {
      "context": "Considerando IV — Sobre la naturaleza jurídica de las consultas y los dictámenes",
      "quote_en": "The right of petition, established in Article 27 of the Constitution, refers to the power of every citizen to address in writing any public official or government body in order to raise a matter of interest. This guarantee is complemented by the right to obtain a prompt response, although this does not mean that the petitioner must receive a favorable answer. In other words, it is the right to ask, not the right to obtain what is asked.",
      "quote_es": "El derecho de petición, establecido en el artículo 27 Constitucional, hace referencia a la facultad que posee todo ciudadano para dirigirse por escrito a cualquier funcionario público o entidad oficial con el fin de exponer un asunto de su interés. Esta garantía se complementa con el derecho a obtener pronta respuesta, aunque esto último no significa que el administrado deba recibir una contestación favorable a sus intereses. En otras palabras, es el derecho a pedir y no el derecho a obtener lo que se pide."
    },
    {
      "context": "Considerando V — Sobre el caso concreto",
      "quote_en": "If the person formulates a consultation or requests an opinion, the majority position of this Court has been to hold that, in such cases, the Administration’s failure to reply does not violate the rights protected in Articles 27 and 41 of the Constitution.",
      "quote_es": "Si el administrado formula una consulta o pide un dictamen, la posición mayoritaria de este Tribunal ha sido la de juzgar que, en estos casos, la falta de respuesta de la Administración no violenta los derechos tutelados en los ordinales 27 y 41 de la Constitución Política."
    },
    {
      "context": "Considerando V — Parte final del análisis",
      "quote_en": "The right to submit a consultation to the respondent body is, at most, a matter of ordinary legality; therefore the failure to issue the requested criteria cannot, in itself, be directly linked to a possible violation of a fundamental right.",
      "quote_es": "El derecho a formular una consulta ante el órgano recurrido, a lo sumo, es de mero rango legal, por lo que la omisión en emitir los criterios solicitados, en sí misma, no puede ser relacionada directamente con una eventual violación de un derecho fundamental."
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 18756 - 2024\n\nFecha de la Resolución: 05 de Julio del 2024 a las 09:30\n\nExpediente: 23-030351-0007-CO\n\nRedactado por: Alexandra Alvarado Paniagua\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp: 23-030351-0007-CO\n\nRes. Nº 2024018756\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del cinco de julio de dos mil veinticuatro .\n\n Recurso de amparo que se tramita en el expediente número 23-030351-0007-CO interpuesto por Nombre67279   , cédula de identidad CED49416, contra el MINISTERIO DE SALUD.\n\nRESULTANDO:\n\n1.- Por escrito recibido en esta Sala a las 09:03 hrs. del 07 de diciembre de 2023, la parte recurrente interpone recurso de amparo y expone que, el 17 de noviembre de 2023 envió una solicitud de información a los siguientes correos electrónicos: ...2488; ...1274; ...2489; ...2490; ...759; ...2491; ...2492 y con el siguiente texto: “... solicito respetuosamente se respondan: 1) En el caso de las denuncias por ruido tramitadas por las Áreas Rectoras de Salud, cuando se emiten ordenes sanitarias contra infractores comprobados mediante el procedimiento de medición correspondiente ¿Deben dichas órdenes sanitarias solicitar únicamente el cumplimiento de los incisos que conforman el artículo 9 del Decreto N° 32692? o ¿Debe solicitarse inmediatamente al infractor por ruido que además suspenda las actividades que producen ruido? ¿Es obligatorio o facultativo para las Áreas Rectoras de Salud solicitar que se suspenda el uso de altoparlantes, sistemas de amplificación, uso de micrófonos, o cualquier otra actividad musical o comunicación por altavoz hasta la presentación de un plan de confinamiento? 2) En el caso de las denuncias por ruido tramitadas por las Áreas Rectoras de Salud, cuando emiten órdenes sanitarias contra infractores de contaminación por ruido, ¿Dichas órdenes sanitarias deben comunicarse únicamente al infractor denunciado o también a la parte denunciante? 3). Toda vez presentado el plan de confinamiento que exige el artículo 9 del Decreto N° N° 32692, por parte de un infractor de contaminación por ruido ¿A partir de qué momento puede dicho infractor reanudar el uso el uso de altoparlantes, sistemas de amplificación, uso de micrófonos, o cualquier otra actividad musical o comunicación por altavoz? ¿Desde el momento en qué presenta dicho plan de confinamiento y se aprueba, o hasta que haya concluido todas las obras que conforman el mismo? 4) ¿Es obligatorio que el plan de confinamiento que se solicita en el inciso a) del artículo 9 del Decreto N° N° 32692, sea emitido por un profesional atinente, incorporado al Colegio Profesional respectivo? 5) ¿Cuál es el procedimiento que se sigue por parte de las Áreas Rectoras de Salud a partir de la presentación de un plan de confinamiento? ¿Cómo se verifica que dicho plan de confinamiento funcione y efectivamente confine la fuente emisora para no producir más ruido? Favor describir el paso a paso que a nivel administrativo se ejecuta por el Ministerio de Salud para verificar que el plan de confinamiento funciona y evita la contaminación ambiental. 6) ¿En caso de que las Áreas Rectoras de Salud en las órdenes sanitarias emitidas por contaminación por ruido, no ordenen al infractor detener la actividad contaminante, cuáles son las acciones y lo sanciones administrativas que caben por tal omisión? Solicito por este medio favor responder todos y cada uno de los puntos indicados en las anteriores preguntas ...”. Reclama que no le han brindado respuesta a su escrito enviado vía correo electrónico el 17 de noviembre de 2023.\n\n2.- Mediante auto de las 14:48 hrs. del 11 de diciembre de 2023 se cursó el presente recurso y se notificó a las autoridades recurridas el 11 de diciembre de 2023.\n\n 3.- Por escrito presentado el 19 de diciembre de 2023, informan bajo juramento MARY DENISSE MUNIVE ANGERMÜLLER, en condición de Vicepresidenta de la República, nombrada Ministra de Salud, RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZÁLEZ, en condición de Director Jurídico del Ministerio de Salud, RICARDO MORALES VARGAS, en condición de Jefe de la Unidad de Salud Ambiental de la Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental y NELSON CORDERO RODRÍGUEZ, en condición de Director a.i., de la Dirección Regional de la Rectoría de la Salud Central Sur que: “(…) El presente informe se sustenta en los siguientes oficios:\n\n1.- MS-DRRSCS-3428-2023, del 14 de diciembre del 2023, emitido por el suscrito Dr. Nelson Cordero Rodríguez, en mi condición de Director a. i., de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Sur.\n\n1\n\n2.- MS-DPRSA-USA-2522 -2023, del 14 de diciembre del 2023, emitido por el suscrito Ricardo Morales Vargas, en mi condición de Jefe de la Unidad de Salud Ambiental de la Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental.\n\n3.- MS-AJ-UAL-AE-2864-2023, de fecha 15 de diciembre del 2023, emitido por la Licda. Aracelly Espinoza Allan y por la Licda. Jessica González Montero, abogada y jefe, respectivamente, de la Unidad de Asesoría Legal de la Dirección Jurídica del Ministerio de Salud, con el visto bueno del suscrito Ronald Alberto Chinchilla González.\n\nCONCLUSIONES\n\nSe tiene por demostrado, mediante los oficios citados, que se ha realizado todas las diligencias debidas y posibles, por parte de las autoridades del Ministerio de Salud aquí recurridas, para atender lo solicitado por el aquí recurrente, señor Nombre67279   .\n\nAl respecto, no está de más manifestar que el alto volumen de asuntos que atiende el Despacho Ministerial y las demás unidades organizativas del Ministerio de Salud, dificulta la atención inmediata de algunas solicitudes de índole administrativa, no obstante, siempre, como en el caso que nos ocupa, nos esmeramos por atender las gestiones planteadas ante este Ministerio.”\n\n 4.- En la substanciación de este proceso se han observado las prescripciones de ley.\n\n Redacta la Magistrada Alvarado Paniagua; y,\n\nConsiderando:\n\n I.- CUESTIÓN PREVIA. En vista de que en informe rendido por la autoridad accionada se omitió indicar si las direcciones de correo electrónico, ...2488; ...1274; ...2489; ...2490; ...759; ...2491; ...2492 a las cuales el amparado remitió la solicitud de información se encuentran previstas como mecanismo oficial de comunicación, se tiene por cierto que sí lo son, y se procede a analizar la constitucionalidad de este asunto de conformidad con lo regulado en el artículo 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.\n\nII.- OBJETO DEL RECURSO. La parte recurrente interpone recurso de amparo y expone que, el 17 de noviembre de 2023 envió una solicitud de información a los siguientes correos electrónicos: ...2488; ...1274; ...2489; ...2490; ...759; ...2491; ...2492 y con el siguiente texto: “... solicito respetuosamente se respondan: 1) En el caso de las denuncias por ruido tramitadas por las Áreas Rectoras de Salud, cuando se emiten ordenes sanitarias contra infractores comprobados mediante el procedimiento de medición correspondiente ¿Deben dichas órdenes sanitarias solicitar únicamente el cumplimiento de los incisos que conforman el artículo 9 del Decreto N° 32692? o ¿Debe solicitarse inmediatamente al infractor por ruido que además suspenda las actividades que producen ruido? ¿Es obligatorio o facultativo para las Áreas Rectoras de Salud solicitar que se suspenda el uso de altoparlantes, sistemas de amplificación, uso de micrófonos, o cualquier otra actividad musical o comunicación por altavoz hasta la presentación de un plan de confinamiento? 2) En el caso de las denuncias por ruido tramitadas por las Áreas Rectoras de Salud, cuando emiten órdenes sanitarias contra infractores de contaminación por ruido, ¿Dichas órdenes sanitarias deben comunicarse únicamente al infractor denunciado o también a la parte denunciante? 3). Toda vez presentado el plan de confinamiento que exige el artículo 9 del Decreto N° N° 32692, por parte de un infractor de contaminación por ruido ¿A partir de qué momento puede dicho infractor reanudar el uso el uso de altoparlantes, sistemas de amplificación, uso de micrófonos, o cualquier otra actividad musical o comunicación por altavoz? ¿Desde el momento en qué presenta dicho plan de confinamiento y se aprueba, o hasta que haya concluido todas las obras que conforman el mismo? 4) ¿Es obligatorio que el plan de confinamiento que se solicita en el inciso a) del artículo 9 del Decreto N° N° 32692, sea emitido por un profesional atinente, incorporado al Colegio Profesional respectivo? 5) ¿Cuál es el procedimiento que se sigue por parte de las Áreas Rectoras de Salud a partir de la presentación de un plan de confinamiento? ¿Cómo se verifica que dicho plan de confinamiento funcione y efectivamente confine la fuente emisora para no producir más ruido? Favor describir el paso a paso que a nivel administrativo se ejecuta por el Ministerio de Salud para verificar que el plan de confinamiento funciona y evita la contaminación ambiental. 6) ¿En caso de que las Áreas Rectoras de Salud en las órdenes sanitarias emitidas por contaminación por ruido, no ordenen al infractor detener la actividad contaminante, cuáles son las acciones y lo sanciones administrativas que caben por tal omisión? Solicito por este medio favor responder todos y cada uno de los puntos indicados en las anteriores preguntas ...”. Reclama que no le han brindado respuesta a su escrito enviado vía correo electrónico el 17 de noviembre de 2023.\n\nIII.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:\n\n1.    El 17 de noviembre de 2023, el recurrente envió una solicitud de información a los siguientes correos electrónicos: ...2488; ...1274; ...2489; ...2490; ...759; ...2491; ...2492 y para requerir lo siguiente: “... solicito respetuosamente se respondan: 1) En el caso de las denuncias por ruido tramitadas por las Áreas Rectoras de Salud, cuando se emiten ordenes sanitarias contra infractores comprobados mediante el procedimiento de medición correspondiente ¿Deben dichas órdenes sanitarias solicitar únicamente el cumplimiento de los incisos que conforman el artículo 9 del Decreto N° 32692? o ¿Debe solicitarse inmediatamente al infractor por ruido que además suspenda las actividades que producen ruido? ¿Es obligatorio o facultativo para las Áreas Rectoras de Salud solicitar que se suspenda el uso de altoparlantes, sistemas de amplificación, uso de micrófonos, o cualquier otra actividad musical o comunicación por altavoz hasta la presentación de un plan de confinamiento? 2) En el caso de las denuncias por ruido tramitadas por las Áreas Rectoras de Salud, cuando emiten órdenes sanitarias contra infractores de contaminación por ruido, ¿Dichas órdenes sanitarias deben comunicarse únicamente al infractor denunciado o también a la parte denunciante? 3). Toda vez presentado el plan de confinamiento que exige el artículo 9 del Decreto N° N° 32692, por parte de un infractor de contaminación por ruido ¿A partir de qué momento puede dicho infractor reanudar el uso el uso de altoparlantes, sistemas de amplificación, uso de micrófonos, o cualquier otra actividad musical o comunicación por altavoz? ¿Desde el momento en qué presenta dicho plan de confinamiento y se aprueba, o hasta que haya concluido todas las obras que conforman el mismo? 4) ¿Es obligatorio que el plan de confinamiento que se solicita en el inciso a) del artículo 9 del Decreto N° N° 32692, sea emitido por un profesional atinente, incorporado al Colegio Profesional respectivo? 5) ¿Cuál es el procedimiento que se sigue por parte de las Áreas Rectoras de Salud a partir de la presentación de un plan de confinamiento? ¿Cómo se verifica que dicho plan de confinamiento funcione y efectivamente confine la fuente emisora para no producir más ruido? Favor describir el paso a paso que a nivel administrativo se ejecuta por el Ministerio de Salud para verificar que el plan de confinamiento funciona y evita la contaminación ambiental. 6) ¿En caso de que las Áreas Rectoras de Salud en las órdenes sanitarias emitidas por contaminación por ruido, no ordenen al infractor detener la actividad contaminante, cuáles son las acciones y lo sanciones administrativas que caben por tal omisión? Solicito por este medio favor responder todos y cada uno de los puntos indicados en las anteriores preguntas ...”. (ver prueba agregada a los autos).\n\n2.    Mediante auto de las 14:48 hrs. del 11 de diciembre de 2023 se cursó el presente recurso y se notificó a las autoridades recurridas el 11 de diciembre de 2023 (los autos).\n\n3.    Mediante oficio MS-AJ-UAL-AE-2864-2023, de 15 de diciembre del 2023, emitido por la Unidad de Asesoría Legal de la Dirección Jurídica del Ministerio de Salud, se indicó al recurrente lo siguiente: “Con instrucciones del MLA. Ronald Alberto Chinchilla González, director de Asuntos Jurídicos, procedemos atender sus consultas según documento identificado como JCHV-0007-2023, mediante el cual plantea usted una serie de interrogantes, relacionadas con la emisión de órdenes sanitarias por problemas de contaminación por ruido, así como el seguimiento de estas por parte de las autoridades de las Áreas Rectoras de Salud. Siendo así, indicamos lo siguiente: 1) En el caso de las denuncias por ruido tramitadas por las Áreas Rectoras de Salud, cuando se emiten órdenes sanitarias contra infractores comprobados mediante el procedimiento de medición correspondiente ¿Deben dichas órdenes sanitarias solicitar únicamente el cumplimiento de los incisos que conforman el artículo 9 del Decreto No 32692? o ¿Debe solicitarse inmediatamente al infractor por ruido que además suspenda las actividades que producen ruido? ¿Es obligatorio o facultativo para las Áreas Rectoras de Salud solicitar que se suspenda el uso de altoparlantes, sistemas de amplificación, uso de micrófonos, o cualquier otra actividad musical o comunicación por altavoz hasta la presentación de un plan de confinamiento? A efectos de brindar respuesta a dichos cuestionamientos es necesario repasar las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en la materia. La Ley General de Salud, Ley N° 5395, establece en lo conducente: “ARTICULO 293.- Toda persona natural o jurídica queda obligada a emplear el máximo de su diligencia en el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias o de los pedidos especiales que ordene la autoridad competente, a fin de evitar o controlar la contaminación atmosférica y del ambiente de los lugares destinados a la vivienda, trabajo o recreación.”\n\n“ARTICULO 355.- Teniendo en vista una efectiva protección de la salud de la población y los individuos, las autoridades de salud competentes podrán decretar por propia autoridad medidas cuya finalidad tiendan a evitar la aparición de peligros y la agravación o difusión del daño, o la continuación o reincidencia en la perpetración de infracciones legales o reglamentarias que atenten contra la salud de las personas.” (La negrita no pertenece al original)\n\nPor su parte, el Procedimiento para la Medición de Ruido, Decreto Ejecutivo No Nombre67280, señala, en su artículo 9, lo siguiente:\n\n“Artículo 9o-Acciones correctivas. En caso de que los resultados del artículo anterior indiquen que el ruido producido por la(s) fuente(s) emisora(s) sobrepasa(n) lo establecido por la normativa jurídica vigente, el Ministerio de Salud procederá a girar la Orden Sanitaria correspondiente al propietario o representante legal de la fuente emisora que incluya al menos lo siguiente:\n\na) Plan de confinamiento de ruido con su memoria de cálculo y cronograma de actividades.\n\nb) Planos constructivos para su visado sanitario en caso de ser necesario.\n\nc) Plazo para la presentación de los puntos a) y b).\n\nEn caso de que los resultados del artículo anterior indiquen que el ruido producido por la fuente(s) emisora(s) no sobrepasa(n) lo establecido en la legislación vigente, el Ministerio de Salud procederá a comunicarlo al denunciante.”\n\nAsí también, el Reglamento para el Control de la Contaminación por Ruido, Decreto Ejecutivo N° Nombre67281, reza, en sus numerales 6 y 12, lo que sigue:\n\n“Artículo 6°-Emisión de ruidos: Ninguna persona física o jurídica, causará o permitirá la emisión de ruido en violación de las leyes existentes y el presente Reglamento. Lo anterior incluyendo el que sean tomadas todas las medidas que resulten pertinentes, en aras de evitar cualquier tipo de molestia causada por el ruido que se genere desde cualquier inmueble o residencia. Al respecto la autoridad de salud competente podrá ordenar medidas de confinamiento de ruido, para cualquier emisor que constituya una fuente de ruido, incluyendo las viviendas.”\n\n“Artículo 12.-Prohibiciones específicas. Queda prohibida la instalación o uso de:\n\na) Bocinas, sirenas y similares: En todo lugar excepto cuando se utiliza como señal de\n\npeligro inminente, o en casos de emergencia.\n\nb) Instrumentos musicales, amplificadores y artefactos similares: Para la producción o reproducción de sonido, de tal forma que ocasione contaminación por ruido, en violación de los límites fijados en el presente Reglamento.\n\nc) Altoparlantes exteriores, megáfonos y artefactos similares: En una posición fija o movible en el exterior de cualquier estructura, que sobrepasen los niveles de ruido permitidos en el presente Reglamento. No podrán usarse dichos artefactos para fines comerciales o industriales durante el período diurno, cuando sobrepasen los límites establecidos por el presente Reglamento, y queda prohibido su uso durante el período nocturno excepto para realizar obras de emergencia.\n\nd) Alarmas: En exteriores e interiores de edificios, a menos que tal alarma cese su operación dentro de los cinco (5) minutos luego de ser activada.\n\ne) Maquinaria, equipo, abanicos, acondicionador de aire: De tal forma que excedan los límites máximos de niveles de presión de sonido fijados en este Reglamento.\n\nf) Vibración por sonido: Ninguna persona causará o permitirá la operación de cualquier artefacto que genere vibraciones, que puedan percibirse sin instrumentos o que esté sobre los límites de percepción de una persona, o más allá de los límites de cualquier propiedad contigua a la fuente generadora.\n\nLa persona que considere afectado su derecho a la salud, según lo aquí dispuesto, podrá acudir ante el Área Rectora de Salud correspondiente y presentar la denuncia respectiva. En caso de que la autoridad de salud tenga por comprobadas las molestias o infracciones aquí dispuestas, el infractor estará en la obligación de tomar las medidas pertinentes y confinar las molestias de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 del Decreto Ejecutivo No 32692, del 19 de octubre del 2005, denominado \"Procedimiento para la Medición de Ruido\" (La negrita no pertenece al original)\n\nComo se desprende de las normas supra citadas, la Autoridad de Salud, en caso de comprobarse infracciones a los niveles de ruido permitidos por la legislación nacional vigente, debe aplicar y exigir al infractor las medidas impuestas en el artículo 9 del Decreto Ejecutivo N° 32692-S. Por otra parte, las autoridades de salud están facultadas para ordenar otras medidas que considere pertinentes, las cuales pueden sobrevenir como accesorias, según cada caso concreto. En cuanto a las prohibiciones establecidas en el artículo 12 del Decreto Ejecutivo N° 39428-S, la Autoridad de Salud puede ordenar se suspenda el uso de aquellos artefactos para la producción o reproducción de sonido que se haya comprobado, por medio de la medición de ruido, supera los límites de ruido permitidos según lo dispuesto en el artículo 14 del decreto ejecutivo en comentario.\n\n2) En el caso de las denuncias por ruido tramitadas por las Áreas Rectoras de Salud, cuando emiten órdenes sanitarias contra infractores de contaminación por ruido, ¿Dichas órdenes sanitarias deben comunicarse únicamente al infractor denunciado o también a la parte denunciante?\n\nDe conformidad con el artículo 120 de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227, la orden sanitaria se clasifica como un acto concreto, por cuanto está dirigida a un administrado en particular debidamente identificado, y es éste quien se encuentra obligado por la Administración a su ejecución o cumplimiento, debiendo hacer o dejar de hacer una determinada actuación o conducta (artículo 149 de la Ley 6227). Precisamente con la notificación de la orden sanitaria da inicio el procedimiento administrativo sanitario en contra del administrado (entiéndase el infractor), por cuanto es quien ostenta un interés legítimo, o un derecho subjetivo, que puede resultar directamente afectado o lesionado producto de la actuación de la Administración por medio de un acto final (orden sanitaria).\n\nAquí resulta oportuno rescatar la posición de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en cuanto a que el denunciante no es técnicamente una “parte” del procedimiento, pero tiene derecho a que se le notifique el acto final de éste. Así en sentencia N° 2004-2985 de las 14:07 horas del 23 de marzo del 2004 resolvió el Tribunal Constitucional:\n\n“IV.- Ahora bien, cuando se trata de denuncias, la Sala ha declarado reiteradamente que si bien el denunciante no es parte en el procedimiento y no existe un plazo legalmente establecido para resolver al efecto, lo cierto es que, aún así, tiene derecho a que se le comunique el resultado de su gestión en un término razonable. De este modo, en Resolución No 2002-06543 de las 08:57 horas del 5 de julio de 2002, este Tribunal declaró, en lo conducente, lo siguiente:\n\n“La Sala ha reconocido que la denuncia, como instituto jurídico utilizado por los administrados para poner en conocimiento de la Administración, hechos que el denunciante estima irregulares, ilegales o contrarios al orden público, con el objeto de instar en los órganos públicos el ejercicio de las competencias depositadas por voluntad popular en ellos para investigar y resolver lo pertinente, y que deviene en un modo de participación en asuntos que conciernen al interés público, perfectamente compatible, y, de hecho, fundamentado en el principio democrático, se ubica al igual que las peticiones de información, los reclamos administrativos y las solicitudes de otorgamiento de ciertos derechos, dentro del concepto genérico de petición establecido en el artículo 27 constitucional, con su correlativo derecho de obtener resolución -aunque no exista un plazo legalmente establecido al efecto- si el denunciante así lo ha solicitado, ello dentro de un plazo razonable. (ver en idéntico sentido sentencias número 82-00 de las dieciocho horas treinta y tres minutos del cuatro de enero del dos mil y número 1969-00 de las nueve horas ocho minutos del tres de marzo del dos mil). (...)\n\nIII.- Respecto del tema que nos ocupa, este Tribunal en su jurisprudencia ha reconocido que entratándose de materia de denuncias el denunciante no es parte en el procedimiento, pero que tiene derecho a que se le comunique el resultado del mismo.[...]”\n\nDe esta forma la orden sanitaria debe ser notificada únicamente a la persona a quien se dirige el acto administrativo; sea el infractor. Lo anterior no exime a la Administración de informar al denunciante sobre el estado de la denuncia presentada.\n\n3) Toda vez presentado el plan de confinamiento que exige el artículo 9 del Decreto Ejecutivo No 32692, por parte de un infractor de contaminación por ruido ¿A partir de qué momento puede dicho infractor reanudar el uso de altoparlantes, sistemas de amplificación, uso de micrófonos, o cualquier otra actividad musical o comunicación por altavoz? ¿Desde el momento en que presenta dicho plan de confinamiento y se aprueba, o hasta que haya concluido todas las obras que conforman el mismo?\n\nLa suspensión de actividades como medida especial, es valorada y aplicada en cada caso concreto, correspondiendo a la Autoridad Sanitaria competente, en ejercicio de las facultades de ley, definir su aplicación, seguimiento y fiscalización. Igualmente, el momento a partir del cual se reanudan las actividades de la fuente generadora, debe ser valorado por la Autoridad de Salud, según las condiciones propias del caso, y quedar así definido en la respectiva orden sanitaria y en el cronograma de actividades aportado en el plan de confinamiento de ruido. Asimismo, podría aplicar de oficio, o a solicitud del administrado, una vez que cumpla las condiciones impuestas por el Ministerio de Salud en la respectiva orden sanitaria y en el cronograma de actividades aportado en el plan de confinamiento de ruido.\n\n4) ¿Es obligatorio que el plan de confinamiento que se solicita en el inciso a) del artículo 9 del Decreto Ejecutivo N° 32692, sea emitido por un profesional atinente, incorporado al Colegio Profesional respectivo?\n\nEl Decreto Ejecutivo N° 32692-S, no establece ningún requisito en cuanto a la clase de profesional que debe elaborar el plan de confinamiento.\n\n5) ¿Cuál es el procedimiento que se sigue por parte de las Áreas Rectoras de Salud a partir de la presentación de un plan de confinamiento? ¿Cómo se verifica que dicho plan de confinamiento funcione y efectivamente confine la fuente emisora para no producir más ruido? Favor describir el paso a paso que a nivel administrativo se ejecuta por el Ministerio de Salud para verificar que el plan de confinamiento funciona y evita la contaminación ambiental.\n\nEl procedimiento que se sigue por parte de las Áreas Rectoras de Salud, a partir de la presentación de un plan de confinamiento, obedece a distintas variables contenidas en la orden sanitaria; como lo son plazos de cumplimiento y demás medidas sanitarias especiales ordenadas.\n\nAl respecto, no está de más acotar que la función del Ministerio de Salud es determinar que los valores de los niveles de ruido, provenientes de una o varias fuentes emisoras de ruido, no exceda los límites establecidos en el artículo 14 del Decreto Ejecutivo N° 39428-S. Así protege la Autoridad de Salud que tal situación no afecte adversamente la salud pública.\n\nEl profesional que elabora el plan y el administrado (infractor), son los responsables de implementar el plan de confinamiento y velar por que este funcione y efectivamente confine la fuente emisora para mitigar el ruido. La Autoridad Sanitaria, por medio del procedimiento de medición de ruido, determina los valores de los niveles de ruido provenientes de una o varias fuentes emisoras, siendo la sonometría el único medio técnico idóneo y prueba fehaciente para determinar si la fuente generadora se ajusta a los niveles de ruido permitidos que establece la legislación vigente (artículo 14 del Decreto Ejecutivo N° 39428-S).\n\n6) ¿En caso de que las Áreas Rectoras de Salud en las órdenes sanitarias emitidas por contaminación por ruido, no ordenen al infractor detener la actividad contaminante, cuáles son las acciones y /o sanciones administrativas que caben por tal omisión?\n\nComo bien se expuso líneas atrás, la Autoridad de Salud tiene la facultad de ordenar como medida especial y precautoria, la suspensión de actividades que constituyan fuentes emisoras de ruido, incluso, bien puede disponer la suspensión o revocatoria del Permiso Sanitario de Funcionamiento (PSF) para la actividad (en el caso de actividades con PSF), según la valoración técnica que realiza el funcionario de salud en cada caso concreto. De comprobarse, luego de desplegar el debido proceso, algún comportamiento antijurídico de una Autoridad de Salud, correspondería, en cuanto a sanciones administrativas disciplinarias, lo dispuesto en el Reglamento Autónomo de Servicio del Ministerio de Salud. No obstante, cada caso debe ser previamente valorado.” (ver prueba aportada a los autos).\n\n \n\nIV.- SOBRE LOS DERECHOS DE INFORMACIÓN, PETICIÓN Y PRONTA RESPUESTA. Este Tribunal ha señalado que el derecho de petición y pronta respuesta, encierra una doble vertiente, ya que implica no sólo el derecho que ostenta todo ciudadano para dirigirse a cualquier funcionario o entidad oficial, con el fin de exponer un asunto de su interés, o bien solicitar determinada información, sino además obliga a la Administración a recibir y responder las mismas dentro del plazo de diez días, de acuerdo con el artículo 27, de la Constitución Política y el numeral 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Por lo anterior, debe emitir la respuesta oportuna, sin denegación de ninguna especie, empero cabe la excepción de que no pueda cubrir la petición dentro del plazo referido, en consecuencia, deberá comunicar la imposibilidad para resolver y fijará un plazo razonable dentro del cual atenderá la solicitud. Por su parte, el artículo 30, de la Constitución Política recoge el derecho de las personas de acceder a la información de interés público en poder de las autoridades y -consecuentemente- el deber de estas de entregar dicha información de forma inmediata si lo pedido está disponible y todo lo anterior sin perjuicio la existencia de posibles excepciones en las que la información debe reservarse en atención a la protección de derechos e intereses relevantes, reconocidos formalmente.\n\nV.- SOBRE EL CASO CONCRETO. Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal descarta la lesión a los derechos fundamentales de la parte amparada. De los informes rendidos por los representantes de las autoridades recurridas -que se tienen dados bajo juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y la prueba aportada para la resolución del asunto ha sido debidamente acreditado que, el 17 de noviembre de 2023, el recurrente envió una solicitud de información a los siguientes correos electrónicos: ...2488; ...1274; ...2489; ...2490; ...759; ...2491; ...2492 y para requerir lo siguiente: “... solicito respetuosamente se respondan: 1) En el caso de las denuncias por ruido tramitadas por las Áreas Rectoras de Salud, cuando se emiten ordenes sanitarias contra infractores comprobados mediante el procedimiento de medición correspondiente ¿Deben dichas órdenes sanitarias solicitar únicamente el cumplimiento de los incisos que conforman el artículo 9 del Decreto N° 32692? o ¿Debe solicitarse inmediatamente al infractor por ruido que además suspenda las actividades que producen ruido? ¿Es obligatorio o facultativo para las Áreas Rectoras de Salud solicitar que se suspenda el uso de altoparlantes, sistemas de amplificación, uso de micrófonos, o cualquier otra actividad musical o comunicación por altavoz hasta la presentación de un plan de confinamiento? 2) En el caso de las denuncias por ruido tramitadas por las Áreas Rectoras de Salud, cuando emiten órdenes sanitarias contra infractores de contaminación por ruido, ¿Dichas órdenes sanitarias deben comunicarse únicamente al infractor denunciado o también a la parte denunciante? 3). Toda vez presentado el plan de confinamiento que exige el artículo 9 del Decreto N° N° 32692, por parte de un infractor de contaminación por ruido ¿A partir de qué momento puede dicho infractor reanudar el uso el uso de altoparlantes, sistemas de amplificación, uso de micrófonos, o cualquier otra actividad musical o comunicación por altavoz? ¿Desde el momento en qué presenta dicho plan de confinamiento y se aprueba, o hasta que haya concluido todas las obras que conforman el mismo? 4) ¿Es obligatorio que el plan de confinamiento que se solicita en el inciso a) del artículo 9 del Decreto N° N° 32692, sea emitido por un profesional atinente, incorporado al Colegio Profesional respectivo? 5) ¿Cuál es el procedimiento que se sigue por parte de las Áreas Rectoras de Salud a partir de la presentación de un plan de confinamiento? ¿Cómo se verifica que dicho plan de confinamiento funcione y efectivamente confine la fuente emisora para no producir más ruido? Favor describir el paso a paso que a nivel administrativo se ejecuta por el Ministerio de Salud para verificar que el plan de confinamiento funciona y evita la contaminación ambiental. 6) ¿En caso de que las Áreas Rectoras de Salud en las órdenes sanitarias emitidas por contaminación por ruido, no ordenen al infractor detener la actividad contaminante, cuáles son las acciones y lo sanciones administrativas que caben por tal omisión? Solicito por este medio favor responder todos y cada uno de los puntos indicados en las anteriores preguntas ...”.\n\nAhora bien, con durante la tramitación del presente proceso de amparo, las autoridades accionadas, mediante oficio MS-AJ-UAL-AE-2864-2023, de 15 de diciembre del 2023, emitido por la Unidad de Asesoría Legal de la Dirección Jurídica del Ministerio de Salud, se indicó al recurrente lo siguiente: “Con instrucciones del MLA. Ronald Alberto Chinchilla González, director de Asuntos Jurídicos, procedemos atender sus consultas según documento identificado como JCHV-0007-2023, mediante el cual plantea usted una serie de interrogantes, relacionadas con la emisión de órdenes sanitarias por problemas de contaminación por ruido, así como el seguimiento de estas por parte de las autoridades de las Áreas Rectoras de Salud. Siendo así, indicamos lo siguiente: 1) En el caso de las denuncias por ruido tramitadas por las Áreas Rectoras de Salud, cuando se emiten órdenes sanitarias contra infractores comprobados mediante el procedimiento de medición correspondiente ¿Deben dichas órdenes sanitarias solicitar únicamente el cumplimiento de los incisos que conforman el artículo 9 del Decreto No 32692? o ¿Debe solicitarse inmediatamente al infractor por ruido que además suspenda las actividades que producen ruido? ¿Es obligatorio o facultativo para las Áreas Rectoras de Salud solicitar que se suspenda el uso de altoparlantes, sistemas de amplificación, uso de micrófonos, o cualquier otra actividad musical o comunicación por altavoz hasta la presentación de un plan de confinamiento? A efectos de brindar respuesta a dichos cuestionamientos es necesario repasar las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en la materia. La Ley General de Salud, Ley N° 5395, establece en lo conducente: “ARTICULO 293.- Toda persona natural o jurídica queda obligada a emplear el máximo de su diligencia en el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias o de los pedidos especiales que ordene la autoridad competente, a fin de evitar o controlar la contaminación atmosférica y del ambiente de los lugares destinados a la vivienda, trabajo o recreación.”\n\n“ARTICULO 355.- Teniendo en vista una efectiva protección de la salud de la población y los individuos, las autoridades de salud competentes podrán decretar por propia autoridad medidas cuya finalidad tiendan a evitar la aparición de peligros y la agravación o difusión del daño, o la continuación o reincidencia en la perpetración de infracciones legales o reglamentarias que atenten contra la salud de las personas.” (La negrita no pertenece al original)\n\nPor su parte, el Procedimiento para la Medición de Ruido, Decreto Ejecutivo No 32692-S, señala, en su artículo 9, lo siguiente:\n\n“Artículo 9o-Acciones correctivas. En caso de que los resultados del artículo anterior indiquen que el ruido producido por la(s) fuente(s) emisora(s) sobrepasa(n) lo establecido por la normativa jurídica vigente, el Ministerio de Salud procederá a girar la Orden Sanitaria correspondiente al propietario o representante legal de la fuente emisora que incluya al menos lo siguiente:\n\na) Plan de confinamiento de ruido con su memoria de cálculo y cronograma de actividades.\n\nb) Planos constructivos para su visado sanitario en caso de ser necesario.\n\nc) Plazo para la presentación de los puntos a) y b).\n\nEn caso de que los resultados del artículo anterior indiquen que el ruido producido por la fuente(s) emisora(s) no sobrepasa(n) lo establecido en la legislación vigente, el Ministerio de Salud procederá a comunicarlo al denunciante.”\n\nAsí también, el Reglamento para el Control de la Contaminación por Ruido, Decreto Ejecutivo N° 39428-S, reza, en sus numerales 6 y 12, lo que sigue:\n\n“Artículo 6°-Emisión de ruidos: Ninguna persona física o jurídica, causará o permitirá la emisión de ruido en violación de las leyes existentes y el presente Reglamento. Lo anterior incluyendo el que sean tomadas todas las medidas que resulten pertinentes, en aras de evitar cualquier tipo de molestia causada por el ruido que se genere desde cualquier inmueble o residencia. Al respecto la autoridad de salud competente podrá ordenar medidas de confinamiento de ruido, para cualquier emisor que constituya una fuente de ruido, incluyendo las viviendas.”\n\n“Artículo 12.-Prohibiciones específicas. Queda prohibida la instalación o uso de:\n\na) Bocinas, sirenas y similares: En todo lugar excepto cuando se utiliza como señal de\n\npeligro inminente, o en casos de emergencia.\n\nb) Instrumentos musicales, amplificadores y artefactos similares: Para la producción o reproducción de sonido, de tal forma que ocasione contaminación por ruido, en violación de los límites fijados en el presente Reglamento.\n\nc) Altoparlantes exteriores, megáfonos y artefactos similares: En una posición fija o movible en el exterior de cualquier estructura, que sobrepasen los niveles de ruido permitidos en el presente Reglamento. No podrán usarse dichos artefactos para fines comerciales o industriales durante el período diurno, cuando sobrepasen los límites establecidos por el presente Reglamento, y queda prohibido su uso durante el período nocturno excepto para realizar obras de emergencia.\n\nd) Alarmas: En exteriores e interiores de edificios, a menos que tal alarma cese su operación dentro de los cinco (5) minutos luego de ser activada.\n\ne) Maquinaria, equipo, abanicos, acondicionador de aire: De tal forma que excedan los límites máximos de niveles de presión de sonido fijados en este Reglamento.\n\nf) Vibración por sonido: Ninguna persona causará o permitirá la operación de cualquier artefacto que genere vibraciones, que puedan percibirse sin instrumentos o que esté sobre los límites de percepción de una persona, o más allá de los límites de cualquier propiedad contigua a la fuente generadora.\n\nLa persona que considere afectado su derecho a la salud, según lo aquí dispuesto, podrá acudir ante el Área Rectora de Salud correspondiente y presentar la denuncia respectiva. En caso de que la autoridad de salud tenga por comprobadas las molestias o infracciones aquí dispuestas, el infractor estará en la obligación de tomar las medidas pertinentes y confinar las molestias de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 del Decreto Ejecutivo No 32692, del 19 de octubre del 2005, denominado \"Procedimiento para la Medición de Ruido\" (La negrita no pertenece al original)\n\nComo se desprende de las normas supra citadas, la Autoridad de Salud, en caso de comprobarse infracciones a los niveles de ruido permitidos por la legislación nacional vigente, debe aplicar y exigir al infractor las medidas impuestas en el artículo 9 del Decreto Ejecutivo N° 32692-S. Por otra parte, las autoridades de salud están facultadas para ordenar otras medidas que considere pertinentes, las cuales pueden sobrevenir como accesorias, según cada caso concreto. En cuanto a las prohibiciones establecidas en el artículo 12 del Decreto Ejecutivo N° 39428-S, la Autoridad de Salud puede ordenar se suspenda el uso de aquellos artefactos para la producción o reproducción de sonido que se haya comprobado, por medio de la medición de ruido, supera los límites de ruido permitidos según lo dispuesto en el artículo 14 del decreto ejecutivo en comentario.\n\n2) En el caso de las denuncias por ruido tramitadas por las Áreas Rectoras de Salud, cuando emiten órdenes sanitarias contra infractores de contaminación por ruido, ¿Dichas órdenes sanitarias deben comunicarse únicamente al infractor denunciado o también a la parte denunciante?\n\nDe conformidad con el artículo 120 de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227, la orden sanitaria se clasifica como un acto concreto, por cuanto está dirigida a un administrado en particular debidamente identificado, y es éste quien se encuentra obligado por la Administración a su ejecución o cumplimiento, debiendo hacer o dejar de hacer una determinada actuación o conducta (artículo 149 de la Ley 6227). Precisamente con la notificación de la orden sanitaria da inicio el procedimiento administrativo sanitario en contra del administrado (entiéndase el infractor), por cuanto es quien ostenta un interés legítimo, o un derecho subjetivo, que puede resultar directamente afectado o lesionado producto de la actuación de la Administración por medio de un acto final (orden sanitaria).\n\nAquí resulta oportuno rescatar la posición de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en cuanto a que el denunciante no es técnicamente una “parte” del procedimiento, pero tiene derecho a que se le notifique el acto final de éste. Así en sentencia N° 2004-2985 de las 14:07 horas del 23 de marzo del 2004 resolvió el Tribunal Constitucional:\n\n“IV.- Ahora bien, cuando se trata de denuncias, la Sala ha declarado reiteradamente que si bien el denunciante no es parte en el procedimiento y no existe un plazo legalmente establecido para resolver al efecto, lo cierto es que, aún así, tiene derecho a que se le comunique el resultado de su gestión en un término razonable. De este modo, en Resolución No 2002-06543 de las 08:57 horas del 5 de julio de 2002, este Tribunal declaró, en lo conducente, lo siguiente:\n\n“La Sala ha reconocido que la denuncia, como instituto jurídico utilizado por los administrados para poner en conocimiento de la Administración, hechos que el denunciante estima irregulares, ilegales o contrarios al orden público, con el objeto de instar en los órganos públicos el ejercicio de las competencias depositadas por voluntad popular en ellos para investigar y resolver lo pertinente, y que deviene en un modo de participación en asuntos que conciernen al interés público, perfectamente compatible, y, de hecho, fundamentado en el principio democrático, se ubica al igual que las peticiones de información, los reclamos administrativos y las solicitudes de otorgamiento de ciertos derechos, dentro del concepto genérico de petición establecido en el artículo 27 constitucional, con su correlativo derecho de obtener resolución -aunque no exista un plazo legalmente establecido al efecto- si el denunciante así lo ha solicitado, ello dentro de un plazo razonable. (ver en idéntico sentido sentencias número 82-00 de las dieciocho horas treinta y tres minutos del cuatro de enero del dos mil y número 1969-00 de las nueve horas ocho minutos del tres de marzo del dos mil). (...)\n\nIII.- Respecto del tema que nos ocupa, este Tribunal en su jurisprudencia ha reconocido que entratándose de materia de denuncias el denunciante no es parte en el procedimiento, pero que tiene derecho a que se le comunique el resultado del mismo.[...]”\n\nDe esta forma la orden sanitaria debe ser notificada únicamente a la persona a quien se dirige el acto administrativo; sea el infractor. Lo anterior no exime a la Administración de informar al denunciante sobre el estado de la denuncia presentada.\n\n3) Toda vez presentado el plan de confinamiento que exige el artículo 9 del Decreto Ejecutivo No 32692, por parte de un infractor de contaminación por ruido ¿A partir de qué momento puede dicho infractor reanudar el uso de altoparlantes, sistemas de amplificación, uso de micrófonos, o cualquier otra actividad musical o comunicación por altavoz? ¿Desde el momento en que presenta dicho plan de confinamiento y se aprueba, o hasta que haya concluido todas las obras que conforman el mismo?\n\nLa suspensión de actividades como medida especial, es valorada y aplicada en cada caso concreto, correspondiendo a la Autoridad Sanitaria competente, en ejercicio de las facultades de ley, definir su aplicación, seguimiento y fiscalización. Igualmente, el momento a partir del cual se reanudan las actividades de la fuente generadora, debe ser valorado por la Autoridad de Salud, según las condiciones propias del caso, y quedar así definido en la respectiva orden sanitaria y en el cronograma de actividades aportado en el plan de confinamiento de ruido. Asimismo, podría aplicar de oficio, o a solicitud del administrado, una vez que cumpla las condiciones impuestas por el Ministerio de Salud en la respectiva orden sanitaria y en el cronograma de actividades aportado en el plan de confinamiento de ruido.\n\n4) ¿Es obligatorio que el plan de confinamiento que se solicita en el inciso a) del artículo 9 del Decreto Ejecutivo N° 32692, sea emitido por un profesional atinente, incorporado al Colegio Profesional respectivo?\n\nEl Decreto Ejecutivo N° 32692-S, no establece ningún requisito en cuanto a la clase de profesional que debe elaborar el plan de confinamiento.\n\n5) ¿Cuál es el procedimiento que se sigue por parte de las Áreas Rectoras de Salud a partir de la presentación de un plan de confinamiento? ¿Cómo se verifica que dicho plan de confinamiento funcione y efectivamente confine la fuente emisora para no producir más ruido? Favor describir el paso a paso que a nivel administrativo se ejecuta por el Ministerio de Salud para verificar que el plan de confinamiento funciona y evita la contaminación ambiental.\n\nEl procedimiento que se sigue por parte de las Áreas Rectoras de Salud, a partir de la presentación de un plan de confinamiento, obedece a distintas variables contenidas en la orden sanitaria; como lo son plazos de cumplimiento y demás medidas sanitarias especiales ordenadas.\n\nAl respecto, no está de más acotar que la función del Ministerio de Salud es determinar que los valores de los niveles de ruido, provenientes de una o varias fuentes emisoras de ruido, no exceda los límites establecidos en el artículo 14 del Decreto Ejecutivo N° 39428-S. Así protege la Autoridad de Salud que tal situación no afecte adversamente la salud pública.\n\nEl profesional que elabora el plan y el administrado (infractor), son los responsables de implementar el plan de confinamiento y velar por que este funcione y efectivamente confine la fuente emisora para mitigar el ruido. La Autoridad Sanitaria, por medio del procedimiento de medición de ruido, determina los valores de los niveles de ruido provenientes de una o varias fuentes emisoras, siendo la sonometría el único medio técnico idóneo y prueba fehaciente para determinar si la fuente generadora se ajusta a los niveles de ruido permitidos que establece la legislación vigente (artículo 14 del Decreto Ejecutivo N° 39428-S).\n\n6) ¿En caso de que las Áreas Rectoras de Salud en las órdenes sanitarias emitidas por contaminación por ruido, no ordenen al infractor detener la actividad contaminante, cuáles son las acciones y /o sanciones administrativas que caben por tal omisión?\n\nComo bien se expuso líneas atrás, la Autoridad de Salud tiene la facultad de ordenar como medida especial y precautoria, la suspensión de actividades que constituyan fuentes emisoras de ruido, incluso, bien puede disponer la suspensión o revocatoria del Permiso Sanitario de Funcionamiento (PSF) para la actividad (en el caso de actividades con PSF), según la valoración técnica que realiza el funcionario de salud en cada caso concreto. De comprobarse, luego de desplegar el debido proceso, algún comportamiento antijurídico de una Autoridad de Salud, correspondería, en cuanto a sanciones administrativas disciplinarias, lo dispuesto en el Reglamento Autónomo de Servicio del Ministerio de Salud. No obstante, cada caso debe ser previamente valorado.”\n\nEn un asunto similar al que ahora se resuelve, este Tribunal en la sentencia No. 2024002561 de las 09:15 horas del 02 de febrero de 2024 indicó lo siguiente:\n\n“IV.- SOBRE LA NATURALEZA JURÍDICA DE LAS CONSULTAS Y LOS DICTÁMENES. El derecho de petición, establecido en el artículo 27 Constitucional, hace referencia a la facultad que posee todo ciudadano para dirigirse por escrito a cualquier funcionario público o entidad oficial con el fin de exponer un asunto de su interés. Esta garantía se complementa con el derecho a obtener pronta respuesta, aunque esto último no significa que el administrado deba recibir una contestación favorable a sus intereses. En otras palabras, es el derecho a pedir y no el derecho a obtener lo que se pide —aun cuando el funcionario público deba resolver con estricta sujeción a la ley—, pues la libertad de petición se funda en otro principio; esto es, que la Administración no puede coartar el derecho de los gobernados para dirigirse a los órganos públicos. De esta manera, la vía de petición permite plantear a la Administración lo que no se puede obtener por vía de recurso ante ella, siempre y cuando a ésta no le esté vedado hacerlo por tratarse de materia reglada.  Consecuentemente, el derecho tutelado en el numeral 27 citado está conformado por una parte formal y otra sustancial: la primera se refiere al medio por el cual se solicita y a su vez se proporciona la información (ante una petición por escrito, la Administración debe responder también por escrito); la segunda, a la concordancia entre lo que se pide y la respuesta que se brinda.\n\n Cuando lo que se solicita es una información preconstituida, donde la Administración no tiene nada que resolver, se habla de peticiones puras y simples de información. Se entiende que, en estos casos, normalmente, la respuesta deberá darse dentro de los diez días siguientes a la recepción de la petición, como le ordena el artículo 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional y que, excepcionalmente, si la contestación no puede brindarse dentro de ese término por razones justificadas, la Administración está obligada a explicar, dentro del plazo exigido por la Ley, cuáles son los motivos por los que no puede atender la petición en ese momento —obviamente, entendiéndose que más adelante, cuando pueda hacerlo, deberá responder cabalmente la solicitud—. La explicación correspondiente deberá ser clara, profusa y detallada, con el objeto de que el petente quede debidamente informado y pueda ejercer las acciones legales que juzgue apropiadas. En los otros supuestos, empero, el artículo 27 Constitucional, estrictamente hablando, no es el aplicable, sino el numeral 41 de la Carta Fundamental: “Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes”; tesis que fue recogida en el numeral 3 de la Ley de Regulación del Derecho de Petición N° 9097, según el cual no son objeto del derecho de petición aquellas solicitudes, quejas o sugerencias para cuya satisfacción el ordenamiento jurídico estableció un procedimiento administrativo específico y plazos distintos de los regulados en dicha ley. Esta distinción descansa en el hecho, bien conocido, de que los reclamos y recursos administrativos, a diferencia de las peticiones puras, requieren un procedimiento para verificar los hechos que han de servir de motivo al acto final, así como adoptar las medidas probatorias pertinentes (véase la sentencia N° 2002-03851 de las 14:56 horas del 30 de abril de 2002).\n\nSin embargo, si el administrado formula una consulta o pide un dictamen, la posición mayoritaria de este Tribunal ha sido la de juzgar que, en estos casos, la falta de respuesta de la Administración no violenta los derechos tutelados en los ordinales 27 y 41 de la Constitución Política, ya que lo requerido no puede encuadrarse en los supuestos de peticiones puras y simples de información tutelados por el artículo 27 constitucional, tomado en su sentido más estricto, ni tampoco en los cubiertos por artículo 41 de esa misma Carta Fundamental, porque este tipo de gestiones no obliga a la Administración a solucionar algún tipo de reclamo o denuncia, o la conmina a determinar si acoge o no una solicitud. De esta forma, en sentencia N° 2014-019938 de las 09:05 horas del 5 de diciembre de 2014, la Sala declaró lo siguiente:\n\n\"De la lectura del oficio CC-JARU-166-11-2014 , que obra en autos, se constata que el recurrente no solicitó información pura y simple en poder de la institución accionada, sino que consultó a la Autoridad accionada si era obligatorio para las instituciones educativas de secundaria que se encontraban bajo su jurisdicción, conformar el Comité Asesor de la Dirección. Por consiguiente, la falta de respuesta de la parte accionada a esta consulta no violenta lo tutelado en los ordinales 27 y 41 de la Constitución Política. Ello es así, por cuanto lo requerido por el petente no puede encuadrarse ni en los supuestos de peticiones puras y simples de información —artículo 27—, ni tampoco persigue mover a la Administración a solucionar algún tipo de reclamo o denuncia —artículo 41— (véase en este sentido, la sentencia N° 2014-017155 de las 09:05 horas del 16 de octubre de 2014).  En razón de lo anterior, el presente recurso es improcedente y debe rechazarse por el fondo, como al efecto se declara\".\n\n A lo que puede añadirse lo dispuesto en el pronunciamiento citado en la resolución transcrita, a saber:\n\n\"El recurrente señala que el dieciocho de setiembre de dos mil catorce, remitió —por medio del sistema de fax— una solicitud al Ministro de Trabajo y Seguridad Social, a efecto de que esa autoridad le informara '…si los profesionales, sin patrono fijo tenemos derecho a cobrar doble el día que es feriado. Lo mismo a cobrar horas extras, después de un horario normal…'. Sin embargo, no ha obtenido respuesta a dicha solicitud, lo que estima lesiona sus derechos fundamentales. En relación con lo expuesto por la parte recurrente, se resuelve de conformidad con lo indicado en los siguientes considerandos. \n\n II.- Una vez analizadas las manifestaciones vertidas por el tutelado dentro del escrito de interposición del presente recurso, así como los elementos probatorios aportados al expediente, se infiere que lo pretendido por él es que el Ministro recurrido le solucione algunas dudas en torno al pago del ejercicio profesional liberal en días feriados y el cobro de horas extras que explica, resultan de su interés. En ese sentido, como lo que requiere el recurrente es que se le brinde una asesoría sobre un supuesto en particular, la falta de respuesta de la parte accionada a este respecto no violenta lo tutelado en los ordinales 27 y 41, de la Constitución Política. Ello es así, por cuanto lo requerido por el petente no puede encuadrarse ni en los supuestos de peticiones puras y simples de información -artículo 27-, ni tampoco, con su misiva obliga a la Administración a solucionar algún tipo de reclamo o denuncia, tan siquiera, la conmina a determinar si acoge o no su solicitud -artículo 41-. En razón de lo señalado, el presente recurso es improcedente y procede su rechazo por el fondo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, como al efecto se declara\". (Sentencia N° 2014-017155 de las 09:05 horas del 16 de octubre de 2014; véase en el mismo sentido la resolución N° 2016011396 de las 09:45 horas del 12 de agosto de 2016).\n\n Y, por último, puede citarse lo resuelto en la resolución N° 2016014230 de las 09:05 horas del 30 de setiembre de 2016:\n\n\"El derecho de petición, contemplado en el numeral 27 de la Constitución Política, faculta a los administrados a formular peticiones ante las autoridades públicas, sobre asuntos de interés general o particular, siempre y cuando el objeto de dicha petición sea legalmente posible. No obstante, es necesario distinguir entre las peticiones puras y simples de otras solicitudes, sea –a manera de ejemplo-, los reclamos administrativos, las denuncias o las consultas. Mientras que las peticiones puras y simples se agotan en el momento de su presentación y no conllevan obligación alguna por parte de la Administración de informar o resolver nada en particular; en lo que se refiere a las consultas, lo que se pretende es que la Administración consultada vierta un criterio técnico-jurídico respecto de algún punto que resulta de interés del solicitante; lo cual, necesariamente, significa que el funcionario o la entidad consultada deben estudiar, analizar y determinar si el asunto expuesto se encuentra encuadrado dentro de uno u otro supuesto. Evidentemente, una gestión de esta naturaleza no puede equipararse a una petición pura y simple, por lo que no está enmarcada dentro del artículo 27 constitucional. Tampoco podría estimarse como una solicitud de información cobijada por el numeral 30 de la Constitución, pues lo pretendido por los recurrentes no es obtener una documentación de naturaleza pública a fin de ejercer fiscalización o control sobre la actuación administrativa, o para efectos de potenciar la participación ciudadana o cualesquiera otros fines de interés público; sino que lo solicitado es un criterio jurídico sobre el tema de diferencias salariales. Por último, esta Sala descarta que se haya vulnerado el artículo 41 de la Carta Fundamental, pues en la sentencia 2014-017155 de las 09:05 horas del 16 de octubre de 2014, al conocer sobre un asunto similar al que nos ocupa, el mismo fue declarado inadmisible con base en las siguientes consideraciones:\n\n‘El recurrente señala que el dieciocho de setiembre de dos mil catorce, remitió —por medio del sistema de fax— una solicitud al Ministro de Trabajo y Seguridad Social, a efecto de que esa autoridad le informara '…si los profesionales, sin patrono fijo tenemos derecho a cobrar doble el día que es feriado. Lo mismo a cobrar horas extras, después de un horario normal…'. Sin embargo, no ha obtenido respuesta a dicha solicitud, lo que estima lesiona sus derechos fundamentales. En relación con lo expuesto por la parte recurrente, se resuelve de conformidad con lo indicado en los siguientes considerandos.\n\nII.- Una vez analizadas las manifestaciones vertidas por el tutelado dentro del escrito de interposición del presente recurso, así como los elementos probatorios aportados al expediente, se infiere que lo pretendido por él es que el Ministro recurrido le solucione algunas dudas en torno al pago del ejercicio profesional liberal en días feriados y el cobro de horas extras que explica, resultan de su interés. En ese sentido, como lo que requiere el recurrente es que se le brinde una asesoría sobre un supuesto en particular, la falta de respuesta de la parte accionada a este respecto no violenta lo tutelado en los ordinales 27 y 41, de la Constitución Política. Ello es así, por cuanto lo requerido por el petente no puede encuadrarse ni en los supuestos de peticiones puras y simples de información -artículo 27-, ni tampoco, con su misiva obliga a la Administración a solucionar algún tipo de reclamo o denuncia, tan siquiera, la conmina a determinar si acoge o no su solicitud -artículo 41- . En razón de lo señalado, el presente recurso es improcedente y procede su rechazo por el fondo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, como al efecto se declara ‘ (La negrita no es del original).\n\nII.- Sobre el caso concreto. Según se desprende del memorial de interposición del recurso, así como del oficio 2015-4268 del 28 de agosto de 2016, lo pretendido por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes es ‘(…) Solicitud de dictamen en relación con diversos reclamos administrativos presentados por servidores del MOPT para el pago de diferencias salariales al ejecutar labores como profesionales no siendo aún profesionales’. Esto, indudablemente, significa que la Procuraduría General de la República debe emitir un pronunciamiento técnico jurídico a fin de resolver la cuestión planteada por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Tal y como se expuso en el considerando anterior, una solicitud hecha a efectos de que se evacue una consulta técnico-jurídica no es un supuesto residenciable en esta sede, pues esta no se ajusta a ninguno de los supuestos previstos por las normas constitucionales que regulan lo relativo a los trámites que son presentados por los particulares para conocimiento de la Administración Pública lato sensu. En consecuencia, lo procedente es rechazar el recurso planteado\".\n\n  De esta forma, el derecho a formular una consulta ante el órgano recurrido, a lo sumo, es de mero rango legal, por lo que la omisión en emitir los criterios solicitados, en sí misma, no puede ser relacionada directamente con una eventual violación de un derecho fundamental. Por lo tanto, el determinar si las Autoridades accionadas cumplen o no los plazos pautados por la normativa que pueda resultar aplicable a la materia, es una cuestión de legalidad ordinaria que debe ser discutida y resuelta ante las propias Autoridades recurridas, ante la Defensoría de los Habitantes —que es el órgano competente para vigilar el grado de eficiencia con que trabajan las instituciones públicas—, o eventualmente ante la jurisdicción contencioso-administrativa”\n\nTal como se extrae del precedente jurisprudencial parcialmente transcrito, en relación con las consultas o dictámenes planteados en este caso no constituyen una petición pura y simple por lo que no se vulnera el derecho protegido en el artículo 27, ni se está dentro de las excepciones del artículo 41 de la Constitución, como se dijo no se trata de peticiones de información pura ni de reclamos administrativos que obliguen a la Administración a actuar. La jurisprudencia confirma que tales solicitudes no encuadran en los supuestos del derecho de petición ni en los de la búsqueda de justicia pronta y cumplida y, por lo tanto, los recursos relacionados con estas omisiones son considerados improcedentes. En mérito de lo anterior, el presente proceso debe ser desestimado, tal como se indica en la parte dispositiva de esta sentencia.\n\n \n\n VI.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPOR TANTO:\n\nSe declara SIN LUGAR el recurso.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nJorge Araya G.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nAna María Picado B.\n\n\n\n\nAlejandro Delgado F.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nAracelly Pacheco S.\n\n\n\n\nAlexandra Alvarado P.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJose Roberto Garita N.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n VBOIARAOLZE61\n\nEXPEDIENTE N° 23-030351-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, Dirección17  \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 14:59:12.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "Sala Constitucional\n\nResolution No. 18756 - 2024\n\nDate of Resolution: July 5, 2024, at 9:30 a.m.\n\nExpediente: 23-030351-0007-CO\n\nDrafted by: Alexandra Alvarado Paniagua\n\nType of Matter: Amparo action\n\nAnalyzed by: SALA CONSTITUCIONAL\n\nText of the resolution\n\n\n\nExp: 23-030351-0007-CO\n\nRes. No. 2024018756\n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours thirty minutes on July fifth, two thousand twenty-four.\n\nAmparo action processed under expediente number 23-030351-0007-CO, filed by Nombre67279, identity card CED49416, against the MINISTERIO DE SALUD.\n\nRESULTANDO (WHEREAS):\n\n1.- By document received in this Chamber at 9:03 a.m. on December 7, 2023, the petitioner files an amparo action and states that, on November 17, 2023, they sent a request for information to the following email addresses: ...2488; ...1274; ...2489; ...2490; ...759; ...2491; ...2492 and with the following text: “... I respectfully request that the following be answered: 1) In the case of noise complaints processed by the Áreas Rectoras de Salud, when sanitary orders (órdenes sanitarias) are issued against offenders verified through the corresponding measurement procedure, must these sanitary orders request only compliance with the subsections that make up Article 9 of Decreto N° 32692? Or must they immediately request the noise offender to also suspend the activities that produce noise? Is it mandatory or optional for the Áreas Rectoras de Salud to request that the use of loudspeakers, amplification systems, microphone use, or any other musical activity or communication by loudspeaker be suspended until the submission of a confinement plan (plan de confinamiento)? 2) In the case of noise complaints processed by the Áreas Rectoras de Salud, when they issue sanitary orders against noise pollution offenders, must these sanitary orders be communicated only to the accused offender or also to the complainant? 3) Once the confinement plan required by Article 9 of Decreto N° 32692 has been submitted by a noise pollution offender, from what moment can said offender resume the use of loudspeakers, amplification systems, microphone use, or any other musical activity or communication by loudspeaker? From the moment they submit said confinement plan and it is approved, or until all the works that comprise it have been completed? 4) Is it mandatory that the confinement plan requested in subsection a) of Article 9 of Decreto N° 32692, be issued by a relevant professional, registered with the respective Professional Association (Colegio Profesional)? 5) What is the procedure followed by the Áreas Rectoras de Salud upon the submission of a confinement plan? How is it verified that said confinement plan functions and effectively confines the emitting source so as not to produce more noise? Please describe step by step the administrative-level process executed by the Ministerio de Salud to verify that the confinement plan works and prevents environmental pollution. 6) In the event that the Áreas Rectoras de Salud, in the sanitary orders issued for noise pollution, do not order the offender to stop the polluting activity, what are the actions and administrative sanctions that apply for such omission? I request by this means please respond to each and every one of the points indicated in the previous questions ...”. They complain that they have not been provided a response to their communication sent via email on November 17, 2023.\n\n2.- By order issued on December 11, 2023, at 2:48 p.m., this action was processed and the respondent authorities were notified on December 11, 2023.\n\n3.- By brief filed on December 19, 2023, the following report under oath was provided by MARY DENISSE MUNIVE ANGERMÜLLER, as Vice President of the Republic and appointed Minister of Health, RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZÁLEZ, as Legal Director of the Ministerio de Salud, RICARDO MORALES VARGAS, as Head of the Environmental Health Unit of the Directorate of Radiological Protection and Environmental Health, and NELSON CORDERO RODRÍGUEZ, as Acting Director of the Dirección Regional de la Rectoría de la Salud Central Sur: “(…) This report is based on the following official letters:\n\n1.- MS-DRRSCS-3428-2023, of December 14, 2023, issued by the undersigned Dr. Nelson Cordero Rodríguez, in my capacity as Acting Director of the Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Sur.\n\n1\n\n2.- MS-DPRSA-USA-2522 -2023, of December 14, 2023, issued by the undersigned Ricardo Morales Vargas, in my capacity as Head of the Environmental Health Unit of the Directorate of Radiological Protection and Environmental Health.\n\n3.- MS-AJ-UAL-AE-2864-2023, dated December 15, 2023, issued by Licda. Aracelly Espinoza Allan and by Licda. Jessica González Montero, lawyer and head, respectively, of the Legal Advisory Unit of the Legal Directorate of the Ministerio de Salud, with the approval of the undersigned Ronald Alberto Chinchilla González.\n\nCONCLUSIONS\n\nIt has been demonstrated, through the cited official letters, that all due and possible steps have been taken by the respondent authorities of the Ministerio de Salud, to address the request made by the petitioner here, Mr. Nombre67279.\n\nIn this regard, it is not superfluous to state that the high volume of matters handled by the Ministerial Office and the other organizational units of the Ministerio de Salud makes it difficult to attend to some administrative requests immediately; however, we always, as in the case at hand, strive to address the procedures filed before this Ministry.”\n\n4.- In the processing of this proceeding, the prescriptions of law have been observed.\n\nDrafted by Magistrate Alvarado Paniagua; and,\n\nConsiderando (Whereas):\n\nI.- PRELIMINARY MATTER. Given that the report rendered by the respondent authority omitted to indicate whether the email addresses, ...2488; ...1274; ...2489; ...2490; ...759; ...2491; ...2492 to which the protected party sent the request for information are provided as an official communication mechanism, it is taken as true that they are, and we proceed to analyze the constitutionality of this matter in accordance with what is regulated in Article 45 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional.\n\nII.- PURPOSE OF THE ACTION. The petitioner files an amparo action and states that, on November 17, 2023, they sent a request for information to the following email addresses: ...2488; ...1274; ...2489; ...2490; ...759; ...2491; ...2492 and with the following text: “... I respectfully request that the following be answered: 1) In the case of noise complaints processed by the Áreas Rectoras de Salud, when sanitary orders are issued against offenders verified through the corresponding measurement procedure, must these sanitary orders request only compliance with the subsections that make up Article 9 of Decreto N° 32692? Or must they immediately request the noise offender to also suspend the activities that produce noise? Is it mandatory or optional for the Áreas Rectoras de Salud to request that the use of loudspeakers, amplification systems, microphone use, or any other musical activity or communication by loudspeaker be suspended until the submission of a confinement plan? 2) In the case of noise complaints processed by the Áreas Rectoras de Salud, when they issue sanitary orders against noise pollution offenders, must these sanitary orders be communicated only to the accused offender or also to the complainant? 3) Once the confinement plan required by Article 9 of Decreto N° 32692 has been submitted by a noise pollution offender, from what moment can said offender resume the use of loudspeakers, amplification systems, microphone use, or any other musical activity or communication by loudspeaker? From the moment they submit said confinement plan and it is approved, or until all the works that comprise it have been completed? 4) Is it mandatory that the confinement plan requested in subsection a) of Article 9 of Decreto N° 32692, be issued by a relevant professional, registered with the respective Professional Association? 5) What is the procedure followed by the Áreas Rectoras de Salud upon the submission of a confinement plan? How is it verified that said confinement plan functions and effectively confines the emitting source so as not to produce more noise? Please describe step by step the administrative-level process executed by the Ministerio de Salud to verify that the confinement plan works and prevents environmental pollution. 6) In the event that the Áreas Rectoras de Salud, in the sanitary orders issued for noise pollution, do not order the offender to stop the polluting activity, what are the actions and administrative sanctions that apply for such omission? I request by this means please respond to each and every one of the points indicated in the previous questions ...”. They complain that they have not been provided a response to their communication sent via email on November 17, 2023.\n\nIII.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision on this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited or because the respondent authority has omitted to refer to them, as set forth in the initial order:\n\n1. On November 17, 2023, the petitioner sent a request for information to the following email addresses: ...2488; ...1274; ...2489; ...2490; ...759; ...2491; ...2492 to request the following: “... I respectfully request that the following be answered: 1) In the case of noise complaints processed by the Áreas Rectoras de Salud, when sanitary orders are issued against offenders verified through the corresponding measurement procedure, must these sanitary orders request only compliance with the subsections that make up Article 9 of Decreto N° 32692? Or must they immediately request the noise offender to also suspend the activities that produce noise? Is it mandatory or optional for the Áreas Rectoras de Salud to request that the use of loudspeakers, amplification systems, microphone use, or any other musical activity or communication by loudspeaker be suspended until the submission of a confinement plan? 2) In the case of noise complaints processed by the Áreas Rectoras de Salud, when they issue sanitary orders against noise pollution offenders, must these sanitary orders be communicated only to the accused offender or also to the complainant? 3) Once the confinement plan required by Article 9 of Decreto N° 32692 has been submitted by a noise pollution offender, from what moment can said offender resume the use of loudspeakers, amplification systems, microphone use, or any other musical activity or communication by loudspeaker? From the moment they submit said confinement plan and it is approved, or until all the works that comprise it have been completed? 4) Is it mandatory that the confinement plan requested in subsection a) of Article 9 of Decreto N° 32692, be issued by a relevant professional, registered with the respective Professional Association? 5) What is the procedure followed by the Áreas Rectoras de Salud upon the submission of a confinement plan? How is it verified that said confinement plan functions and effectively confines the emitting source so as not to produce more noise? Please describe step by step the administrative-level process executed by the Ministerio de Salud to verify that the confinement plan works and prevents environmental pollution. 6) In the event that the Áreas Rectoras de Salud, in the sanitary orders issued for noise pollution, do not order the offender to stop the polluting activity, what are the actions and administrative sanctions that apply for such omission? I request by this means please respond to each and every one of the points indicated in the previous questions ...”. (see evidence added to the record).\n\n2. By order issued on December 11, 2023, at 2:48 p.m., this action was processed and the respondent authorities were notified on December 11, 2023 (the record).\n\n3. Through official letter MS-AJ-UAL-AE-2864-2023, of December 15, 2023, issued by the Legal Advisory Unit of the Legal Directorate of the Ministerio de Salud, the petitioner was informed as follows: “With instructions from MLA. Ronald Alberto Chinchilla González, director of Legal Affairs, we proceed to address your inquiries according to document identified as JCHV-0007-2023, through which you pose a series of questions related to the issuance of sanitary orders for noise pollution problems, as well as their follow-up by the authorities of the Áreas Rectoras de Salud. Thus, we state the following: 1) In the case of noise complaints processed by the Áreas Rectoras de Salud, when sanitary orders are issued against offenders verified through the corresponding measurement procedure, must these sanitary orders request only compliance with the subsections that make up Article 9 of Decreto No 32692? Or must they immediately request the noise offender to also suspend the activities that produce noise? Is it mandatory or optional for the Áreas Rectoras de Salud to request that the use of loudspeakers, amplification systems, microphone use, or any other musical activity or communication by loudspeaker be suspended until the submission of a confinement plan? In order to answer these questions, it is necessary to review the legal and regulatory provisions in force on the matter. The Ley General de Salud, Law No. 5395, establishes as pertinent: “ARTICLE 293.- Every natural or legal person is obliged to employ their utmost diligence in complying with the legal and regulatory provisions or special requests ordered by the competent authority, in order to prevent or control atmospheric and environmental contamination of places intended for housing, work, or recreation.”\n\n“ARTICLE 355.- With a view to the effective protection of the population's and individuals' health, the competent health authorities may decree, by their own authority, measures aimed at preventing the appearance of dangers and the worsening or spread of harm, or the continuation or recurrence of the perpetration of legal or regulatory infractions that threaten the health of persons.” (Bold text not in the original)\n\nFor its part, the Procedimiento para la Medición de Ruido, Decreto Ejecutivo No. Nombre67280, states, in its Article 9, the following:\n\n“Article 9-Corrective Actions. If the results of the preceding article indicate that the noise produced by the emitting source(s) exceeds what is established by the current legal regulations, the Ministerio de Salud will proceed to issue the corresponding sanitary order to the owner or legal representative of the emitting source that includes at least the following:\n\na) Noise confinement plan with its calculation report and activity schedule.\n\nb) Construction plans for their sanitary approval (visado sanitario) if necessary.\n\nc) Deadline for the submission of points a) and b).\n\nIf the results of the preceding article indicate that the noise produced by the emitting source(s) does not exceed what is established in the current legislation, the Ministerio de Salud will proceed to notify the complainant.”\n\nAlso, the Reglamento para el Control de la Contaminación por Ruido, Decreto Ejecutivo No. Nombre67281, reads, in its articles 6 and 12, as follows:\n\n“Article 6-Emission of noise: No natural or legal person shall cause or permit the emission of noise in violation of existing laws and these Regulations. The foregoing includes taking all pertinent measures to avoid any type of disturbance caused by noise generated from any property or residence. In this regard, the competent health authority may order noise confinement measures for any emitter that constitutes a noise source, including dwellings.”\n\n“Article 12-Specific Prohibitions. The installation or use of the following is prohibited:\n\na) Horns, sirens, and similar: In any place except when used as a signal of\n\nimminent danger, or in emergency cases.\n\nb) Musical instruments, amplifiers, and similar devices: For the production or reproduction of sound, in such a way that it causes noise pollution, in violation of the limits set in these Regulations.\n\nc) Outdoor loudspeakers, megaphones, and similar devices: In a fixed or movable position outside any structure, that exceed the noise levels permitted in these Regulations. Such devices may not be used for commercial or industrial purposes during the daytime period, when they exceed the limits established by these Regulations, and their use is prohibited during the nighttime period except for performing emergency works.\n\nd) Alarms: On the exterior and interior of buildings, unless such alarm ceases its operation within five (5) minutes of being activated.\n\ne) Machinery, equipment, fans, air conditioners: In such a way that they exceed the maximum sound pressure level limits set in these Regulations.\n\nf) Vibration by sound: No person shall cause or permit the operation of any device that generates vibrations perceivable without instruments or that is above a person's perception limits, or beyond the limits of any property adjacent to the generating source.\n\nA person who considers their right to health affected, according to what is provided herein, may go to the corresponding Área Rectora de Salud and file the respective complaint. If the health authority has verified the disturbances or infractions provided herein, the offender shall be obligated to take the pertinent measures and confine the disturbances in accordance with what is established in Article 9 of Decreto Ejecutivo No. 32692, of October 19, 2005, called \"Procedimiento para la Medición de Ruido\" (Bold text not in the original)\n\nAs can be deduced from the aforementioned regulations, the Health Authority, in the event of proven infractions of the noise levels permitted by the current national legislation, must apply and demand from the offender the measures imposed in Article 9 of Decreto Ejecutivo No. 32692-S. Furthermore, the health authorities are empowered to order other measures they consider pertinent, which may arise as accessory measures, according to each specific case. Regarding the prohibitions established in Article 12 of Decreto Ejecutivo No. 39428-S, the Health Authority may order the suspension of the use of those devices for sound production or reproduction that have been proven, through noise measurement, to exceed the permitted noise limits according to the provisions of Article 14 of the executive decree under comment.\n\n2) In the case of noise complaints processed by the Áreas Rectoras de Salud, when they issue sanitary orders against noise pollution offenders, must these sanitary orders be communicated only to the accused offender or also to the complainant?\n\nIn accordance with Article 120 of the Ley General de la Administración Pública, Law No. 6227, the sanitary order is classified as a specific act, as it is directed at a particular duly identified administer, and it is the latter who is obliged by the Administration to execute or comply with it, having to perform or refrain from a specific action or conduct (Article 149 of Law 6227). It is precisely with the notification of the sanitary order that the administrative health proceeding against the administer (understood as the offender) begins, as it is they who hold a legitimate interest, or a subjective right, that may be directly affected or injured as a result of the Administration's action through a final act (sanitary order).\n\nHere it is pertinent to recall the position of the Sala Constitucional of the Corte Suprema de Justicia, in that the complainant is not technically a \"party\" to the proceeding, but has the right to be notified of its final act. Thus, in judgment No. 2004-2985 of 2:07 p.m. on March 23, 2004, the Constitutional Court resolved:\n\n“IV.- However, when it comes to complaints, the Chamber has repeatedly declared that although the complainant is not a party to the proceeding and there is no legally established deadline to resolve it, the fact is that, even so, they have the right to be informed of the result of their action within a reasonable time. Thus, in Resolution No. 2002-06543 of 8:57 a.m. on July 5, 2002, this Court declared, as pertinent, the following:\n\n“The Chamber has recognized that the complaint, as a legal instrument used by administers to bring to the Administration's attention facts that the complainant considers irregular, illegal, or contrary to public order, with the purpose of urging public bodies to exercise the powers vested in them by popular will to investigate and resolve what is pertinent, and which becomes a mode of participation in matters concerning the public interest, perfectly compatible with, and, in fact, grounded in the democratic principle, is placed, like requests for information, administrative claims, and applications for granting certain rights, within the generic concept of petition established in Article 27 of the Constitution, with its correlative right to obtain a resolution -even if there is no legally established deadline for this purpose- if the complainant has so requested, within a reasonable period. (see, in identical sense, judgments number 82-00 of eighteen hours thirty-three minutes on January fourth, two thousand, and number 1969-00 of nine hours eight minutes on March third, two thousand). (...)\n\nIII.- Regarding the matter at hand, this Court in its jurisprudence has recognized that in matters of complaints, the complainant is not a party to the proceeding, but has the right to be informed of its outcome.[...]”\n\nThus, the sanitary order must be notified only to the person to whom the administrative act is directed; that is, the offender. The foregoing does not exempt the Administration from informing the complainant about the status of the filed complaint.\n\n3) Once the confinement plan required by Article 9 of Decreto Ejecutivo No. 32692 has been submitted by a noise pollution offender, from what moment can said offender resume the use of loudspeakers, amplification systems, microphone use, or any other musical activity or communication by loudspeaker? From the moment they submit said confinement plan and it is approved, or until all the works that comprise it have been completed?\n\nThe suspension of activities as a special measure is assessed and applied in each specific case, with the competent Health Authority, in the exercise of its legal powers, being responsible for defining its application, follow-up, and enforcement. Likewise, the moment from which the activities of the generating source are resumed must be assessed by the Health Authority, according to the specific conditions of the case, and thus be defined in the respective sanitary order and in the activity schedule provided in the noise confinement plan. Similarly, it could be applied ex officio (oficio), or at the request of the administer, once they comply with the conditions imposed by the Ministerio de Salud in the respective sanitary order and in the activity schedule provided in the noise confinement plan.\n\n4) Is it mandatory that the confinement plan requested in subsection a) of Article 9 of Decreto Ejecutivo No. 32692, be issued by a relevant professional, registered with the respective Professional Association?\n\nDecreto Ejecutivo No. 32692-S does not establish any requirement regarding the type of professional who must prepare the confinement plan.\n\n5) What is the procedure followed by the Áreas Rectoras de Salud upon the submission of a confinement plan? How is it verified that said confinement plan functions and effectively confines the emitting source so as not to produce more noise? Please describe step by step the administrative-level process executed by the Ministerio de Salud to verify that the confinement plan works and prevents environmental pollution.\n\nThe procedure followed by the Áreas Rectoras de Salud, upon the submission of a confinement plan, depends on various variables contained in the sanitary order; such as compliance deadlines and other special health measures ordered.\n\nIn this regard, it is not superfluous to add that the function of the Ministerio de Salud is to determine that the noise level values coming from one or more noise-emitting sources do not exceed the limits established in Article 14 of Decreto Ejecutivo No. 39428-S. Thus, the Health Authority protects against such a situation adversely affecting public health.\n\nThe professional who prepares the plan and the administer (offender) are responsible for implementing the confinement plan and ensuring that it functions and effectively confines the emitting source to mitigate the noise. The Health Authority, through the noise measurement procedure, determines the noise level values coming from one or more emitting sources, with sound level measurement (sonometría) being the only suitable technical means and reliable proof to determine if the generating source complies with the permitted noise levels established by the current legislation (Article 14 of Decreto Ejecutivo No. 39428-S).\n\n6) In the event that the Áreas Rectoras de Salud, in the sanitary orders issued for noise pollution, do not order the offender to stop the polluting activity, what are the actions and/or administrative sanctions that apply for such omission?\n\nAs was well stated above, the Health Authority has the power to order, as a special and precautionary measure, the suspension of activities that constitute noise-emitting sources; it may even order the suspension or revocation of the Sanitary Operating Permit (Permiso Sanitario de Funcionamiento, PSF) for the activity (in the case of activities with a PSF), according to the technical assessment carried out by the health official in each specific case. If, after due process has been conducted, any unlawful behavior on the part of a Health Authority is proven, it would correspond, in terms of disciplinary administrative sanctions, to what is provided in the Reglamento Autónomo de Servicio del Ministerio de Salud. However, each case must be previously assessed.” (see evidence submitted to the record).\n\nIV.- ON THE RIGHTS TO INFORMATION, PETITION, AND PROMPT RESPONSE. This Court has indicated that the right of petition and prompt response encompasses a twofold aspect, as it implies not only the right held by every citizen to address any official or government entity, in order to present a matter of their interest, or to request specific information, but also obliges the Administration to receive and respond to them within a ten-day period, in accordance with Article 27 of the Political Constitution and Article 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional. Therefore, it must issue a timely response, without denial of any kind; however, there is an exception that it may not be able to meet the request within the aforementioned period, in which case it must communicate the impossibility of resolving and will set a reasonable period within which it will attend to the request. For its part, Article 30 of the Political Constitution enshrines the right of persons to access information of public interest held by the authorities and -consequently- the duty of the latter to deliver said information immediately if what is requested is available, and all the foregoing without prejudice to the existence of possible exceptions in which the information must be reserved in consideration of the protection of relevant rights and interests, formally recognized.\n\nV.- ON THE SPECIFIC CASE. After analyzing the evidentiary elements submitted, this Court dismisses the violation of the fundamental rights of the protected party.\n\nFrom the reports rendered by the representatives of the respondent authorities—which are given under oath with the consequences, including criminal ones, provided for in Article 44 of the Law that governs this Jurisdiction—and the evidence provided for the resolution of the matter, it has been duly accredited that, on November 17, 2023, the petitioner sent a request for information to the following email addresses: ...2488; ...1274; ...2489; ...2490; ...759; ...2491; ...2492 to request the following: “... I respectfully request that the following be answered: 1) In the case of noise complaints handled by the Áreas Rectoras de Salud, when sanitary orders (órdenes sanitarias) are issued against proven violators through the corresponding measurement procedure, must said sanitary orders (órdenes sanitarias) request only compliance with the subsections that make up Article 9 of Decreto N° 32692? Or must the noise violator be immediately requested to also suspend the activities that produce noise? Is it mandatory or optional for the Áreas Rectoras de Salud to request the suspension of the use of loudspeakers, amplification systems, use of microphones, or any other musical activity or communication by loudspeaker until a confining plan (plan de confinamiento) is submitted? 2) In the case of noise complaints handled by the Áreas Rectoras de Salud, when they issue sanitary orders (órdenes sanitarias) against noise pollution violators, must said sanitary orders (órdenes sanitarias) be communicated only to the reported violator or also to the complaining party? 3). Once the confining plan (plan de confinamiento) required by Article 9 of Decreto N° N° 32692 has been submitted by a noise pollution violator, at what point may said violator resume the use of loudspeakers, amplification systems, use of microphones, or any other musical activity or communication by loudspeaker? From the moment said confining plan (plan de confinamiento) is submitted and approved, or until all the works that comprise it have been completed? 4) Is it mandatory that the confining plan (plan de confinamiento) requested in subsection a) of Article 9 of Decreto N° N° 32692 be issued by a pertinent professional, registered with the respective Colegio Profesional? 5) What is the procedure followed by the Áreas Rectoras de Salud upon the submission of a confining plan (plan de confinamiento)? How is it verified that said confining plan (plan de confinamiento) works and effectively confines the emitting source so as not to produce more noise? Please describe step-by-step what is executed at the administrative level by the Ministerio de Salud to verify that the confining plan (plan de confinamiento) works and prevents environmental pollution. 6) In the event that the Áreas Rectoras de Salud, in the sanitary orders (órdenes sanitarias) issued for noise pollution, do not order the violator to stop the polluting activity, what administrative actions and sanctions are applicable for such omission? I request by this means please answer each and every one of the points indicated in the previous questions ...”.\n\nNow, during the processing of this amparo proceeding, the respondent authorities, through official letter MS-AJ-UAL-AE-2864-2023, dated December 15, 2023, issued by the Legal Advisory Unit of the Legal Directorate of the Ministerio de Salud, indicated the following to the petitioner: “With instructions from MLA. Ronald Alberto Chinchilla González, Director of Legal Affairs, we proceed to address your queries according to document identified as JCHV-0007-2023, through which you pose a series of questions related to the issuance of sanitary orders (órdenes sanitarias) for noise pollution problems, as well as the follow-up on these by the authorities of the Áreas Rectoras de Salud. That being so, we indicate the following: 1) In the case of noise complaints handled by the Áreas Rectoras de Salud, when sanitary orders (órdenes sanitarias) are issued against proven violators through the corresponding measurement procedure, must these sanitary orders (órdenes sanitarias) request only compliance with the subsections that make up Article 9 of Decreto No 32692? Or must the noise violator be immediately requested to also suspend the activities that produce noise? Is it mandatory or optional for the Áreas Rectoras de Salud to request the suspension of the use of loudspeakers, amplification systems, use of microphones, or any other musical activity or communication by loudspeaker until a confining plan (plan de confinamiento) is submitted? For the purpose of providing an answer to said questions, it is necessary to review the legal and regulatory provisions in force on the matter. The Ley General de Salud, Ley N° 5395, establishes, as relevant: ‘ARTICLE 293.- Any natural or legal person is obliged to employ the utmost diligence in compliance with the legal and regulatory provisions or the special requests ordered by the competent authority, in order to avoid or control atmospheric and environmental pollution of places intended for housing, work, or recreation.’\n\n‘ARTICLE 355.- With a view to the effective protection of the health of the population and individuals, the competent health authorities may decree, by their own authority, measures whose purpose is to prevent the appearance of dangers and the aggravation or spread of harm, or the continuation or recurrence in the perpetration of legal or regulatory infractions that threaten the health of persons.’ (The bold text is not part of the original)\n\nFor its part, the Procedure for Noise Measurement, Decreto Ejecutivo No 32692-S, states, in its Article 9, the following:\n\n‘Article 9—Corrective actions. In the event that the results of the preceding article indicate that the noise produced by the emitting source(s) exceeds what is established by the current legal regulations, the Ministerio de Salud shall proceed to issue the corresponding Sanitary Order (Orden Sanitaria) to the owner or legal representative of the emitting source, which includes at least the following:\n\na) Noise confining plan (plan de confinamiento) with its calculation report and activity schedule.\n\nb) Construction plans for their sanitary approval (visado sanitario) if necessary.\n\nc) Deadline for the submission of points a) and b).\n\nIn the event that the results of the preceding article indicate that the noise produced by the emitting source(s) does not exceed what is established in the current legislation, the Ministerio de Salud shall proceed to communicate this to the complainant.’\n\nLikewise, the Reglamento para el Control de la Contaminación por Ruido, Decreto Ejecutivo N° 39428-S, states, in its numerals 6 and 12, as follows:\n\n‘Article 6—Noise Emission: No natural or legal person shall cause or permit the emission of noise in violation of existing laws and this Regulation. The foregoing includes taking all pertinent measures to avoid any type of nuisance caused by noise generated from any property or residence. In this regard, the competent health authority may order noise confining measures (medidas de confinamiento de ruido) for any emitter that constitutes a noise source, including dwellings.’\n\n‘Article 12—Specific Prohibitions. The installation or use of the following is prohibited:\n\na) Horns, sirens, and similar devices: In all places except when used as a signal of imminent danger, or in emergency cases.\n\nb) Musical instruments, amplifiers, and similar devices: For the production or reproduction of sound, in such a way that it causes noise pollution, in violation of the limits set in this Regulation.\n\nc) Exterior loudspeakers, megaphones, and similar devices: In a fixed or movable position outside any structure, that exceed the permitted noise levels in this Regulation. Such devices may not be used for commercial or industrial purposes during the daytime period when they exceed the limits established by this Regulation, and their use is prohibited during the nighttime period except for carrying out emergency works.\n\nd) Alarms: On the exterior and interior of buildings, unless such alarm ceases operation within five (5) minutes after being activated.\n\ne) Machinery, equipment, fans, air conditioners: In such a way that they exceed the maximum sound pressure level limits set in this Regulation.\n\nf) Sound vibration: No person shall cause or permit the operation of any device that generates vibrations, which can be perceived without instruments or which is above the perception limits of a person, or beyond the limits of any property adjacent to the generating source.\n\nAny person who considers their right to health affected, according to the provisions herein, may go to the corresponding Área Rectora de Salud and file the respective complaint. In the event that the health authority considers the nuisances or infractions provided herein to be proven, the violator shall be obliged to take the pertinent measures and confine the nuisances in accordance with the provisions of Article 9 of Decreto Ejecutivo No 32692, of October 19, 2005, called “Procedimiento para la Medición de Ruido” (The bold text is not part of the original)\n\nAs can be inferred from the above-cited norms, the Health Authority, in the event of proven infractions of the noise levels permitted by current national legislation, must apply and demand from the violator the measures imposed in Article 9 of Decreto Ejecutivo N° 32692-S. On the other hand, the health authorities are empowered to order other measures they consider pertinent, which may arise as accessory measures, according to each specific case. Regarding the prohibitions established in Article 12 of Decreto Ejecutivo N° 39428-S, the Health Authority may order the suspension of the use of those devices for the production or reproduction of sound that have been proven, through noise measurement, to exceed the permitted noise limits according to the provisions of Article 14 of the executive decree under comment.\n\n2) In the case of noise complaints handled by the Áreas Rectoras de Salud, when they issue sanitary orders (órdenes sanitarias) against noise pollution violators, must said sanitary orders (órdenes sanitarias) be communicated only to the reported violator or also to the complaining party?\n\nIn accordance with Article 120 of the Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227, the sanitary order (orden sanitaria) is classified as a concrete act, because it is directed at a specific, duly identified individual, and it is this individual who is obligated by the Administration to execute or comply with it, having to do or refrain from doing a specific action or conduct (Article 149 of Ley 6227). It is precisely with the notification of the sanitary order (orden sanitaria) that the administrative sanitary procedure begins against the individual (understood as the violator), as it is he who has a legitimate interest, or a subjective right, that may be directly affected or harmed as a result of the Administration's action through a final act (sanitary order (orden sanitaria)).\n\nAt this point, it is appropriate to recall the position of the Sala Constitucional of the Corte Suprema de Justicia, to the effect that the complainant is not technically a ‘party’ to the procedure, but has the right to be notified of its final act. Thus, in judgment N° 2004-2985 of 2:07 p.m. on March 23, 2004, the Constitutional Court resolved:\n\n‘IV.- However, when it comes to complaints, the Chamber has repeatedly declared that, although the complainant is not a party to the procedure and there is no legally established deadline to resolve it, the truth is that, even so, they have the right to be informed of the result of their proceeding within a reasonable term. Thus, in Resolution No. 2002-06543 of 8:57 a.m. on July 5, 2002, this Tribunal declared, as relevant, the following:\n\n“The Chamber has recognized that the complaint, as a legal instrument used by individuals to bring to the Administration's attention facts that the complainant considers irregular, illegal, or contrary to public order, with the aim of urging public bodies to exercise the powers vested in them by popular will to investigate and resolve what is pertinent, and which becomes a mode of participation in matters concerning the public interest, perfectly compatible with, and, in fact, based on the democratic principle, is located, like requests for information, administrative claims, and applications for the granting of certain rights, within the generic concept of petition established in Article 27 of the Constitution, with its correlative right to obtain a resolution —even if there is no legally established period for the purpose— if the complainant has so requested, this within a reasonable period. (see in identical sense judgments number 82-00 of six thirty-three p.m. on January fourth, two thousand and number 1969-00 of nine oh-eight a.m. on March third, two thousand). (...)\n\nIII.- Regarding the issue that concerns us, this Tribunal in its jurisprudence has recognized that in matters of complaints, the complainant is not a party to the procedure, but has the right to be informed of its result. [...]”’\n\nThus, the sanitary order (orden sanitaria) must be notified only to the person to whom the administrative act is directed; that is, the violator. The foregoing does not exempt the Administration from informing the complainant about the status of the complaint filed.\n\n3) Once the confining plan (plan de confinamiento) required by Article 9 of Decreto Ejecutivo No 32692 has been submitted by a noise pollution violator, at what point may said violator resume the use of loudspeakers, amplification systems, use of microphones, or any other musical activity or communication by loudspeaker? From the moment said confining plan (plan de confinamiento) is submitted and approved, or until all the works that comprise it have been completed?\n\nThe suspension of activities as a special measure is assessed and applied in each specific case, with the competent Sanitary Authority being responsible, in the exercise of its legal powers, for defining its application, follow-up, and oversight. Likewise, the point from which the activities of the generating source are resumed must be assessed by the Health Authority, according to the specific conditions of the case, and thus defined in the respective sanitary order (orden sanitaria) and in the activity schedule provided in the noise confining plan (plan de confinamiento). It may also apply ex officio, or at the request of the individual, once the conditions imposed by the Ministerio de Salud in the respective sanitary order (orden sanitaria) and in the activity schedule provided in the noise confining plan (plan de confinamiento) are met.\n\n4) Is it mandatory that the confining plan (plan de confinamiento) requested in subsection a) of Article 9 of Decreto Ejecutivo N° 32692 be issued by a pertinent professional, registered with the respective Colegio Profesional?\n\nThe Decreto Ejecutivo N° 32692-S does not establish any requirement regarding the type of professional who must prepare the confining plan (plan de confinamiento).\n\n5) What is the procedure followed by the Áreas Rectoras de Salud upon the submission of a confining plan (plan de confinamiento)? How is it verified that said confining plan (plan de confinamiento) works and effectively confines the emitting source so as not to produce more noise? Please describe step-by-step what is executed at the administrative level by the Ministerio de Salud to verify that the confining plan (plan de confinamiento) works and prevents environmental pollution.\n\nThe procedure followed by the Áreas Rectoras de Salud upon the submission of a confining plan (plan de confinamiento) obeys various variables contained in the sanitary order (orden sanitaria); such as compliance deadlines and other special sanitary measures ordered.\n\nIn this regard, it is not superfluous to note that the function of the Ministerio de Salud is to determine that the noise level values, coming from one or several emitting sources of noise, do not exceed the limits established in Article 14 of Decreto Ejecutivo N° 39428-S. Thus, the Health Authority protects against such situation adversely affecting public health.\n\nThe professional who prepares the plan and the individual (violator) are responsible for implementing the confining plan (plan de confinamiento) and ensuring that it works and effectively confines the emitting source to mitigate the noise. The Sanitary Authority, through the noise measurement procedure, determines the noise level values coming from one or several emitting sources, with sound level measurement (sonometría) being the only suitable technical means and reliable proof to determine if the generating source conforms to the permitted noise levels established by current legislation (Article 14 of Decreto Ejecutivo N° 39428-S).\n\n6) In the event that the Áreas Rectoras de Salud, in the sanitary orders (órdenes sanitarias) issued for noise pollution, do not order the violator to stop the polluting activity, what administrative actions and /or sanctions are applicable for such omission?\n\nAs was stated above, the Health Authority has the power to order, as a special and precautionary measure, the suspension of activities that constitute emitting sources of noise; it may even order the suspension or revocation of the Permiso Sanitario de Funcionamiento (PSF) for the activity (in the case of activities with a PSF), according to the technical assessment made by the health official in each specific case. If, after deploying due process, any unlawful conduct by a Health Authority is proven, the provisions of the Reglamento Autónomo de Servicio of the Ministerio de Salud would apply regarding disciplinary administrative sanctions. However, each case must be assessed beforehand.”\n\nIn a matter similar to the one now being resolved, this Tribunal, in judgment No. 2024002561 of 9:15 a.m. on February 2, 2024, indicated the following:\n\n“IV.- ON THE LEGAL NATURE OF CONSULTATIONS AND OPINIONS. The right of petition, established in Article 27 of the Constitution, refers to the power held by every citizen to address in writing any public official or official entity in order to present a matter of their interest. This guarantee is complemented by the right to obtain a prompt response, although the latter does not mean that the individual must receive a response favorable to their interests. In other words, it is the right to ask and not the right to obtain what is asked—even though the public official must resolve in strict compliance with the law—, because the freedom of petition is based on another principle; that is, that the Administration cannot curtail the right of the governed to address public bodies. In this way, the petition avenue allows raising to the Administration what cannot be obtained via an appeal before it, provided that the Administration is not prohibited from doing so because it is a regulated matter. Consequently, the right protected in cited numeral 27 consists of a formal part and a substantial part: the first refers to the means by which information is requested and, in turn, provided (to a written petition, the Administration must also respond in writing); the second, to the concordance between what is asked and the response provided.\n\nWhen what is requested is pre-existing information, where the Administration has nothing to resolve, it is referred to as pure and simple petitions for information. It is understood that, in these cases, normally, the response must be given within ten days following the receipt of the petition, as ordered by Article 32 of the Ley de Jurisdicción Constitucional and that, exceptionally, if the response cannot be provided within that term for justified reasons, the Administration is obliged to explain, within the deadline required by Law, the reasons why it cannot attend to the petition at that moment—obviously, understanding that later, when it can do so, it must respond fully to the request—. The corresponding explanation must be clear, profuse, and detailed, so that the petitioner is duly informed and can exercise the legal actions they deem appropriate. In the other scenarios, however, Article 27 of the Constitution, strictly speaking, is not the applicable one, but rather numeral 41 of the Carta Fundamental: ‘By resorting to the laws, all must find reparation for the injuries or damages they have received in their person, property, or moral interests. Justice must be done promptly, fully, without denial, and in strict conformity with the laws’; a thesis that was included in numeral 3 of the Ley de Regulación del Derecho de Petición N° 9097, according to which those requests, complaints, or suggestions for whose satisfaction the legal system established a specific administrative procedure and deadlines different from those regulated in said law are not the object of the right of petition. This distinction rests on the well-known fact that administrative claims and appeals, unlike pure petitions, require a procedure to verify the facts that must serve as grounds for the final act, as well as to adopt the pertinent evidentiary measures (see judgment N° 2002-03851 of 2:56 p.m. on April 30, 2002).\n\nHowever, if the individual formulates a consultation or asks for a legal opinion (dictamen), the majority position of this Tribunal has been to judge that, in these cases, the lack of response from the Administration does not violate the rights protected in ordinals 27 and 41 of the Constitución Política, since what was required cannot be framed within the scenarios of pure and simple petitions for information protected by Constitutional Article 27, taken in its strictest sense, nor within those covered by Article 41 of that same Carta Fundamental, because this type of proceeding does not obligate the Administration to resolve some type of claim or complaint, or compel it to determine whether or not to accept a request. Thus, in judgment N° 2014-019938 of 9:05 a.m. on December 5, 2014, the Chamber declared the following:\n\n‘From the reading of official letter CC-JARU-166-11-2014, which is in the case file, it is verified that the petitioner did not request pure and simple information held by the respondent institution, but rather consulted the respondent Authority as to whether it was mandatory for secondary educational institutions that were under its jurisdiction to form the Comité Asesor de la Dirección. Consequently, the respondent party’s lack of response to this consultation does not violate what is protected in ordinals 27 and 41 of the Constitución Política. This is so, because what was required by the petitioner cannot be framed within the scenarios of pure and simple petitions for information—Article 27—, nor does it seek to move the Administration to resolve some type of claim or complaint—Article 41— (see in this sense, judgment N° 2014-017155 of 9:05 a.m. on October 16, 2014). By reason of the foregoing, the present recurso is inadmissible and must be rejected on the merits, as is hereby declared.’\n\nTo which can be added the provisions of the pronouncement cited in the transcribed resolution, namely:\n\n‘The petitioner states that on September eighteenth, two thousand fourteen, he sent—via the fax system—a request to the Minister of Trabajo y Seguridad Social, in order for that authority to inform him ‘…if professionals without a fixed employer have the right to double pay on a holiday. Likewise, to charge overtime, after a normal working day…’. However, he has not obtained a response to said request, which he considers violates his fundamental rights. In relation to what was stated by the petitioner, the matter is resolved in accordance with what is indicated in the following considerandos.\n\nII.- Once the statements made by the petitioner in the writ of interposition of the present recurso have been analyzed, as well as the evidentiary elements contributed to the expediente, it is inferred that what he intended was for the respondent Minister to solve some doubts concerning the payment of independent professional practice on holidays and the charging of overtime that he explains are of interest to him. In that sense, as what the petitioner requires is to be given advice on a particular scenario, the respondent party’s lack of response in this regard does not violate what is protected in ordinals 27 and 41 of the Constitución Política. This is so, because what was required by the petitioner cannot be framed within the scenarios of pure and simple petitions for information—Article 27—, nor does his missive obligate the Administration to resolve some type of claim or complaint, nor even compel it to determine whether or not to accept his request—Article 41—. By reason of what was indicated, the present recurso is inadmissible and its rejection on the merits is proper, in accordance with the provisions of Article 9 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, as is hereby declared.’ (Judgment N° 2014-017155 of 9:05 a.m. on October 16, 2014; see in the same sense resolution N° 2016011396 of 9:45 a.m. on August 12, 2016).\n\nAnd, lastly, what was resolved in resolution N° 2016014230 of 9:05 a.m. on September 30, 2016, can be cited:\n\n‘The right of petition, contemplated in numeral 27 of the Constitución Política, empowers individuals to formulate petitions before public authorities on matters of general or particular interest, provided that the object of said petition is legally possible. However, it is necessary to distinguish between pure and simple petitions and other requests, such as—by way of example—administrative claims, complaints, or consultations. While pure and simple petitions are exhausted at the moment of their filing and do not entail any obligation on the part of the Administration to inform or resolve anything in particular; with regard to consultations, what is intended is for the consulted Administration to render a technical-legal opinion regarding some point of interest to the applicant; which, necessarily, means that the consulted official or entity must study, analyze, and determine if the matter presented is framed within one or another scenario. Evidently, a proceeding of this nature cannot be equated to a pure and simple petition, and therefore it is not framed within Constitutional Article 27. Nor could it be considered a request for information covered by numeral 30 of the Constitution, because what is intended by the petitioners is not to obtain documentation of a public nature for the purpose of exercising oversight or control over administrative action, or for the purpose of enhancing citizen participation or for any other public interest purposes; rather, what is requested is a legal opinion on the topic of wage differences. Finally, this Chamber rules out that Article 41 of the Carta Fundamental has been violated, since in judgment 2014-017155 of 9:05 a.m. on October 16, 2014, when hearing a matter similar to the one that concerns us, it was declared inadmissible based on the following considerations:\n\n‘The petitioner states that on September eighteenth, two thousand fourteen, he sent—via the fax system—a request to the Minister of Trabajo y Seguridad Social, in order for that authority to inform him ‘…if professionals without a fixed employer have the right to double pay on a holiday. Likewise, to charge overtime, after a normal working day…’. However, he has not obtained a response to said request, which he considers violates his fundamental rights. In relation to what was stated by the petitioner, the matter is resolved in accordance with what is indicated in the following considerandos.\n\nII.- Once the statements made by the petitioner in the writ of interposition of the present recurso have been analyzed, as well as the evidentiary elements contributed to the expediente, it is inferred that what he intended was for the respondent Minister to solve some doubts concerning the payment of independent professional practice on holidays and the charging of overtime that he explains are of interest to him. In that sense, as what the petitioner requires is to be given advice on a particular scenario, the respondent party’s lack of response in this regard does not violate what is protected in ordinals 27 and 41 of the Constitución Política. This is so, because what was required by the petitioner cannot be framed within the scenarios of pure and simple petitions for information—Article 27—, nor does his missive obligate the Administration to resolve some type of claim or complaint, nor even compel it to determine whether or not to accept his request—Article 41—. By reason of what was indicated, the present recurso is inadmissible and its rejection on the merits is proper, in accordance with the provisions of Article 9 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, as is hereby declared.’ (The bold text is not in the original).\n\nII.- On the specific case.\n\nAs can be gleaned from the brief filing the appeal, as well as from official communication 2015-4268 of August 28, 2016, what the Ministry of Public Works and Transport seeks is ‘(…) a request for an opinion (dictamen) regarding various administrative claims filed by MOPT employees for the payment of salary differences when performing work as professionals without yet being professionals.’ This undoubtedly means that the Office of the Attorney General of the Republic must issue a technical-legal pronouncement in order to resolve the question posed by the Ministry of Public Works and Transport. As set forth in the preceding recital (considerando), a request made for the purpose of obtaining a technical-legal consultation is not a matter that can be heard in this venue, as it does not fit any of the scenarios provided for by the constitutional norms regulating proceedings filed by private individuals for the attention of the Public Administration lato sensu. Consequently, the appropriate action is to dismiss the appeal filed.\"\n\n In this way, the right to submit a consultation before the respondent body is, at most, merely of legal rank, and therefore the omission to issue the requested criteria cannot, in itself, be directly linked to an eventual violation of a fundamental right. Therefore, determining whether the respondent Authorities comply or not with the deadlines set by the regulations that may be applicable to the matter is a question of ordinary legality that must be discussed and resolved before the respondent Authorities themselves, before the Office of the Ombudsperson (Defensoría de los Habitantes)—which is the competent body to monitor the degree of efficiency with which public institutions work—, or eventually before the administrative litigation jurisdiction (jurisdicción contencioso-administrativa)”\n\nAs can be extracted from the partially transcribed jurisprudential precedent, the consultations or opinions (dictámenes) raised in this case do not constitute a pure and simple petition, and therefore the right protected in Article 27 is not violated, nor does it fall within the exceptions of Article 41 of the Constitution; as stated, these are not pure requests for information or administrative claims that oblige the Administration to act. The case law confirms that such requests do not fit within the scenarios of the right of petition or those of the pursuit of prompt and complete justice, and consequently, appeals related to these omissions are deemed inadmissible. In view of the foregoing, the present proceeding must be dismissed, as indicated in the operative part of this judgment.\n\n \n\n**VI.- DOCUMENTATION SUBMITTED TO THE CASE FILE (EXPEDIENTE).** The parties are warned that, should they have submitted any document in paper form, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be retrieved from the office within a maximum period of 30 working days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not retrieved within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", approved by the Corte Plena in session N° 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session N° 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.\n\nTHEREFORE (POR TANTO):\n\nThe appeal is declared WITHOUT MERIT (SIN LUGAR).\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\nJorge Araya G.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nAna María Picado B.\n\n\n\nAlejandro Delgado F.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nAracelly Pacheco S.\n\n\n\nAlexandra Alvarado P.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJose Roberto Garita N.\n\n \n\n \n\nDigitally Signed Document\n\n-- Verification code --\n\n\n\n VBOIARAOLZE61\n\nEXPEDIENTE N° 23-030351-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, Dirección17  \n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 14:59:12.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
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