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  "citation": "Res. 20386-2024 Sala Constitucional",
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  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Rechazo de amparo sobre cupos en audiencia pública de POT",
  "title_en": "Constitutional Chamber denies amparo on POT hearing capacity limits",
  "summary_es": "La Sala Constitucional rechaza de plano un recurso de amparo interpuesto contra la Municipalidad de Pérez Zeledón por la negativa de espacio en la audiencia pública para discutir el Plan de Ordenamiento Territorial. El recurrente alegó que se le impidió participar porque los 300 cupos estaban ocupados. La Sala determina que la audiencia sí se realizó y que la limitación de aforo fue razonable, además de que el municipio habilitó mecanismos de transmisión en vivo y recepción de observaciones escritas posteriores. Considera que no existe lesión a la participación ciudadana, remitiendo cualquier disconformidad a la vía de legalidad ordinaria. Se basa en el precedente de la sentencia 2024-14199, que en un caso idéntico sostuvo que, al haberse garantizado la audiencia y la participación, el rechazo es procedente. Un magistrado salva el voto por considerar que se requiere mayor investigación sobre la posible violación del artículo 9 constitucional.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber summarily rejects an amparo remedy against the Municipality of Pérez Zeledón for denying the petitioner a space at the public hearing on the Territorial Zoning Plan. The petitioner argued that the 300-person capacity was filled, preventing his participation. The Chamber holds that the hearing was held, the capacity limit was reasonable, and the municipality provided live streaming and post-hearing written submissions. It finds no violation of the right to citizen participation, directing any disagreement to ordinary jurisdiction. The decision follows precedent 2024-14199, which reached the same conclusion. One magistrate dissents, arguing further inquiry into a possible breach of Article 9 of the Constitution is needed.",
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  "excerpt_es": "Así las cosas, se desprende que la autoridad recurrida sí estableció los mecanismos para celebrar la audiencia pública, dado que permitió que las personas participaran presencialmente y también se transmitió a través de mecanismos electrónicos. Incluso, se permitió a las personas a que, si a bien lo tuvieran, presentaran observaciones posterior a la audiencia. Por ende, no se desprende alguna lesión a algún derecho fundamental y, si la parte accionante se encuentra disconforme con el procedimiento o metodología establecida, deberá dilucidar sus reclamos en la vía de legalidad ordinaria.",
  "excerpt_en": "Thus, it appears that the respondent authority did establish mechanisms to hold the public hearing, as it allowed people to participate in person and it was also broadcast through electronic means. Indeed, people were allowed to submit observations after the hearing if they so wished. Therefore, there is no evidence of any violation of any fundamental right, and if the petitioner disagrees with the procedure or methodology established, he must resolve his claims through ordinary legality.",
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 20386 - 2024\n\nFecha de la Resolución: 19 de Julio del 2024 a las 09:20\n\nExpediente: 24-009486-0007-CO\n\nRedactado por: Fernando Castillo Víquez\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\nEXPEDIENTE N° 24-009486-0007-CO\n\nPROCESO: RECURSO DE AMPARO\n\nRESOLUCIÓN Nº 2024020386\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del diecinueve de julio de dos mil veinticuatro .\n\n  Recurso de amparo interpuesto por LIMBER ORLANDO DEL CARMEN HIDALGO CONEJO, cédula de identidad 0107140360, contra la   MUNICIPALIDAD DE PÉREZ ZELEDÓN. \n\nResultando:\n\n   1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 11 de abril de 2024, el recurrente interpone recurso de amparo. Manifiesta que solicitó al municipio una audiencia para participar en la audiencia pública del 4 de abril pasado para discutir el tema del POT, pero le dijeron que no tenían espacio, pues los 300 espacios ya estaban ocupados. Considera que, el no darle un espacio en esa audiencia, violenta sus derechos.\n\n 2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.\n\n Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,\n\nConsiderando:\n\n   I.- CASO CONCRETO. El recurrente estima lesionados sus derechos fundamentales, por cuanto acusa que solicitó al municipio una audiencia para participar en la audiencia pública del 4 de abril pasado para discutir el tema del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), pero le dijeron que no había espacio, pues los 300 espacios ya estaban ocupados.\n\nII.- SOBRE LA INADMISIBILIDAD DEL AMPARO. El recurrente manifiesta su inconformidad con la respuesta que le brindó el recurrido en relación con su solicitud de espacio para apersonarse a la audiencia pública dispuesta para conocer la propuesta del Plan de Ordenamiento Territorial, por cuanto se le expuso que los 300 espacios ya estaban ocupados y que solo podría ingresar si alguno de ellos no se apersonaba. Sobre este tema en particular y respecto de la misma audiencia, la Sala en sentencia nro. 2024-14199, de las 9:15 horas del 24 de mayo de 2024, dispuso lo siguiente:\n\n“I. OBJETO DEL RECURSO. La recurrente reclama la violación a sus derechos fundamentales, pues acusa que requirió participar en la audiencia pública para discutir el Plan de Ordenamiento Territorial de la corporación accionada. No obstante, se le indicó que no podía participar porque no había suficiente espacio, dado que el lugar era solo para 300 personas.\n\nII. INADMISIBILIDAD DEL RECURSO. Esta Sala Constitucional en un tema similar respecto de una audiencia pública y la participación ciudadana, en la resolución No. 2023011236 de las 14:03 horas del 12 de mayo de 2023 dispuso lo siguiente:\n\n“IV.- SOBRE EL CASO CONCRETO. De previo resulta de particular importancia señalar que la participación ciudadana está resguardada en nuestro ordenamiento jurídico como un principio. Tal y como la mayoría de este Tribunal lo ha señalado en otras ocasiones, la participación ciudadana directa en los asuntos públicos o el manejo de la cosa pública, es un evidente principio constitucional reconocido normativamente en el artículo 9° de la Constitución, que debe ser actuado por el ordenamiento jurídico constitucional e infraconstitucional, bajo las siguientes consideraciones:\n\n“…La participación ciudadana, como principio general del Derecho Constitucional, se proyecta en el terreno político o de gobierno y el meramente administrativo, para la toma de decisiones fundamentales. En la dimensión política o de gobierno, el tema se desarrolla a través de instrumentos como la regulación de los procesos de elección popular, el referéndum legislativo y la iniciativa popular en la formación de la ley. En el plano estrictamente administrativo, el principio de participación de los administrados debe ser desarrollado de manera paulatina y según la materia y sector, por cuanto, no toda decisión administrativa fundamental, debe estar, necesariamente, precedida, de participación ciudadana, puesto que de ser así se ralentizaría la gestión administrativa que debe ser, por aplicación de los principios constitucionales de eficacia y eficiencia, fluida y dinámica. Nuestra Constitución política, no enuncia ni señala los mecanismos de participación de los administrados en la adopción de las decisiones administrativas fundamentales, esto es, no se ocupa de tal extremo. El ordenamiento infraconstitucional, esencialmente, legal será el que vaya determinando aquellos sectores y materias donde debe haber una mayor participación (v. gr. en materia de elaboración de reglamentos, ambiental, de protección del consumidor, de planificación urbana, regulación y fijación de tarifas en servicios de interés general, realización de consultas populares a nivel municipal como cabildos abiertos y referendos, etc.). Habrá situaciones en las que el legislador ordinario ha configurado tal participación como un verdadero, acabado y perfecto derecho, plenamente exigible, en determinadas circunstancias y bajo ciertos presupuestos y condiciones que habrá que verificar. En tales casos, determinar si se ha quebrantado o no tal derecho de configuración legislativa es una cuestión de legalidad que se debe discutir ante la jurisdicción ordinaria o común y no en esta jurisdicción constitucional. En definitiva, lo que contemplan la Constitución vigente y los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, es un principio de participación, que por razones obvias no alcanza el carácter preceptivo y exigible de un derecho fundamental o humano. No resulta posible extraer del texto fundamental y de los instrumentos de Derechos Humanos un supuesto derecho a la participación que rija de manera incondicional para la adopción de cualquier o toda decisión administrativa fundamental que justifique acoger todo amparo siempre que se alegue que se violó el mismo. Es el legislador ordinario el que paulatinamente, va configurando y desarrollando tal derecho de participación en ciertas materias y en determinados sectores del ordenamiento jurídico infraconstitucional, por lo que, reitero, no le corresponde a la jurisdicción constitucional, por ser una cuestión de legalidad ordinaria, establecer cuándo se ha infringido un derecho de configuración legal. En razón de lo expuesto, no resulta posible hablar, desde una perspectiva constitucional o convencional, de un derecho perfecto a la participación, debiendo, en su lugar, hacerse referencia al principio constitucional de la participación ciudadana en la toma de decisiones fundamentales, sean políticas o administrativas.” (Sentencia nro. 2017-1163 de las 9:40 horas del 27 de enero de 2017. Ver en similar sentido las sentencias números 2019-19902, 2021-25386 y 2022-25374)\n\nSin embargo, en este caso en particular, este Tribunal advierte una vulneración directa del artículo 50 constitucional, el cual establece que, “[t]oda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado”. Consecuente con ello, se reconoce la existencia de un interés difuso para que cualquier persona pueda gestionar lo que estime pertinente, en relación con la defensa del derecho al ambiente, bajo los diferentes mecanismos establecidos en el ordenamiento jurídico.\n\nEn el sub examine, la actividad cuya viabilidad ambiental se discute -la instalación de un relleno sanitario en Miramar de Montes de Oro-, requiere que, dentro del proceso de aprobación del estudio de impacto ambiental se realice una audiencia pública. Es por ello que, para el momento en que se otorgó previamente la viabilidad, esa audiencia se realizó en el año 2009. Ahora bien, la discusión sobre si debe o no realizarse nuevamente tal audiencia actualmente, es porque la resolución nro. 2966-2009 del 16 de diciembre de 2009, mediante la cual el proyecto obtuvo la viabilidad ambiental venció, sin que se iniciaran las obras. De manera que, la empresa EBI de Costa Rica S.A. tuvo que iniciar el procedimiento nuevamente el 15 de noviembre de 2021; y, en esta ocasión, SETENA determinó que, dado que las condiciones del proyecto y del lugar propuesto eran similares a las analizadas en el año 2009, se le podía eximir de la realización de tal audiencia, según resolución nro. 2032-2022-SETENA de fecha 14 de diciembre de 2022.\n\nNo obstante, en criterio de este Tribunal, exonerar de tal requisito a esa actividad, luego de 10 años o más de haber sido valorada tal situación por la población, resulta totalmente improcedente, pues lo razonable para la tutela concreta del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado reconocido en el artículo 50 de la Constitución, es que la audiencia pública establecida por el legislador en estos casos, deba realizarse en las condiciones del momento en el cual se desarrollará la actividad en cuestión, lo cual no se puede tener por cumplido en este caso, con una audiencia celebrada hace más de diez años. Es por ello que lo actuado por SETENA, al otorgar la viabilidad ambiental de un proyecto sin la celebración de una nueva audiencia, a pesar del tiempo transcurrido respecto de la audiencia anterior de este proyecto sin haber iniciado su funcionamiento, resulta violatorio al derecho reconocido en el referido artículo 50 de la Constitución.\n\nEn criterio de esta Sala, así como debieron ser aplicados nuevamente los instrumentos técnicos para determinar los eventuales impactos ambientales que una actividad de tal naturaleza podría producir, a la luz de las circunstancias actuales, igualmente debe respetarse el procedimiento establecido para tal efecto, garantizando a la población actual la transparencia de la actuación de la función pública establecida para este tipo de obras y la debida tutela del ambiente, de conformidad con el artículo 50 constitucional, 23 de la Ley Orgánica del Ambiente y el artículo 95 de la Ley de Biodiversidad. Es por ello que este amparo resulta procedente únicamente contra SETENA, y lo procedente es anular la resolución nro. 2032-2022-SETENA de fecha 14 de diciembre de 2022 y, en consecuencia, ordenar la programación de la audiencia pública en cuestión” (el resaltado no es del original).\n\nTal y como se indicó líneas atrás, se desprende que esta Sala, en tesis de principio, ingresa a conocer reclamos por lesión a la participación ciudadana cuando en la legislación se establece la necesidad de realizar una audiencia, sin embargo, se concede algún tipo de viabilidad, permiso o acto, sin haberla realizado. Para el sub examine, la Ley de Planificación Urbana (No. 4240) dispone en sus artículos 17 y 23 disponen que:\n\n“Artículo 17.- Previamente a implantar un plan regulador o alguna de sus partes, deberá la municipalidad que lo intenta:\n\n1) Convocar a una audiencia pública por medio del Diario Oficial y divulgación adicional necesaria con la indicación de local, fecha y hora para conocer del proyecto y de las observaciones verbales o escritas que tengan a bien formular los vecinos o interesados. El señalamiento deberá hacerse con antelación no menor de quince días hábiles”.\n\n Se denota de las manifestaciones de la parte recurrente que, la audiencia pública sí se realizó y con ello se garantizó la participación ciudadana. Es razonable que la autoridad recurrida tome las medidas para limitar el aforo. Aunado a ello, del Sistema Costarricense de Información Jurídica consta que la Municipalidad denunciada publicó el Reglamento de la Audiencia Pública del Plan Regulador del Cantón de Pérez Zeledón donde se estableció el procedimiento\n\n“Artículo 4°-Convocatoria. El Concejo Municipal convocará a la audiencia pública, conforme lo dispone el artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana, la convocatoria debe ser publicada en el Diario Oficial La Gaceta y otros medios de divulgación; así como también en la página web y en el Facebook oficial de la Municipalidad de Pérez Zeledón, con la indicación de lugar, fecha, hora, las etapas que la conforman y su duración, establecer que el tiempo máximo de intervención de las personas participantes será acordado por la Presidencia Municipal de acuerdo a la cantidad de participantes, así como cualquier otro aspecto referente a la participación en la audiencia. Que la convocatoria debe publicarse con antelación no menor de quince días hábiles.\n\nArtículo 5°-Disponibilidad de la documentación. Los documentos que componen la propuesta del Plan Regulador estarán disponibles para el público en el sitio web de la Municipalidad al menos con un plazo de 15 días hábiles de previo a la realización de la audiencia pública. La Municipalidad dará difusión de este hecho junto con la convocatoria a la audiencia.\n\nArtículo 6°.-Inscripción. Para efectos de participar en la audiencia pública, las personas deberán enviar un correo a la dirección que oportunamente se habilitará y publicará en medios oficiales de la Municipalidad de Pérez Zeledón, indicando su nombre, número de identificación e información de contacto. En caso de imposibilidad de acceso a medios tecnológicos, las personas podrán remitir carta a la Dependencia de Planificación Territorial de la Municipalidad con los mismos datos indicados en el párrafo anterior, señalando medio para recibir notificaciones. En caso de no realizar la inscripción previa, la misma podrá realizarse el día de la audiencia llenando el formulario de inscripción que se le será suministrado a la entrada del local.\n\nArtículo 7°.-Acceso al evento. El ingreso al local será permitido con una hora de anterioridad. La persona deberá mostrar su identificación para comprobar que está inscrita. Asimismo, la sesión de audiencia pública será transmitida en vivo por el canal oficial en Youtube de la Municipalidad de Pérez Zeledón.\n\nArtículo 15.-Ampliación de observaciones. Se recibirán ampliaciones de preguntas u observaciones formuladas durante la audiencia, hasta 8 días hábiles después de la sesión, en la dirección de correo que oportunamente se habilitará y publicará en medios oficiales de la Municipalidad de Pérez Zeledón”.\n\nAsí las cosas, se desprende que la autoridad recurrida sí estableció los mecanismos para celebrar la audiencia pública, dado que permitió que las personas participaran presencialmente y también se transmitió a través de mecanismos electrónicos. Incluso, se permitió a las personas a que, si a bien lo tuvieran, presentaran observaciones posterior a la audiencia. Por ende, no se desprende alguna lesión a algún derecho fundamental y, si la parte accionante se encuentra disconforme con el procedimiento o metodología establecida, deberá dilucidar sus reclamos en la vía de legalidad ordinaria. En consecuencia, se rechaza de plano el recurso.”\n\nEn igual sentido que el criterio expuesto, este recurso debe ser rechazado bajo las mismas consideraciones, pues tal y como fue expuesto, la audiencia en cuestión se garantizó y es razonable que la autoridad recurrida tomara las medidas para limitar el aforo. De manera que, cualquier disconformidad deberá plantearla el recurrente ante la propia recurrida o en la vía de legalidad respectiva.\n\n III.- Voto salvado del magistrado Rueda Leal. A diferencia de la mayoría, el suscrito considera que el sub lite podría implicar una lesión al derecho fundamental a la participación ciudadana del petente en la toma de decisiones de interés general o colectivo, tutelado en el artículo 9 de la Constitución Política. Por tal razón, estimo que se requiere de mayores elementos de conocimiento para corroborar o descartar la violación acusada. En consecuencia, salvo el voto y dispongo que se curse el amparo.\n\n IV.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI\n\nPor tanto:\n\n     Se rechaza de plano el recurso. El magistrado Rueda Leal salva el voto y dispone cursar el amparo.\n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nPaul Rueda L.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\n\n\nJorge Araya G.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nAnamari Garro V.\n\n\n\n\nIngrid Hess H.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nAlexandra Alvarado P.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n BBYY9WQ85Q061\n\nEXPEDIENTE N° 24-009486-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 15:03:26.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "EXPEDIENTE No. 24-009486-0007-CO\n\nPROCEEDING: AMPARO ACTION\n\nRESOLUTION No. 2024020386\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on the nineteenth of July, two thousand twenty-four.\n\nAmparo action filed by LIMBER ORLANDO DEL CARMEN HIDALGO CONEJO, identity card 0107140360, against the MUNICIPALITY OF PÉREZ ZELEDÓN.\n\nResultando:\n\n1.- By brief received in the Secretariat of the Chamber on April 11, 2024, the petitioner files an amparo action. He states that he requested a hearing from the municipality to participate in the public hearing of last April 4 to discuss the issue of the POT, but they told him they had no space, as the 300 spots were already taken. He considers that not giving him a spot in that hearing violates his rights.\n\n2.- Article 9 of the Law of Constitutional Jurisdiction empowers the Chamber to reject on procedural grounds or on the merits, at any time, even from its filing, any petition brought to its attention that proves to be manifestly inadmissible, or when it considers that there are sufficient elements of judgment to reject it, or that it is the mere reiteration or reproduction of a prior equal or similar rejected petition.\n\nDrafted by Magistrate Castillo Víquez; and,\n\nConsiderando:\n\nI.- SPECIFIC CASE. The petitioner considers his fundamental rights harmed, as he alleges that he requested a hearing from the municipality to participate in the public hearing of last April 4 to discuss the issue of the Territorial Zoning Plan (Plan de Ordenamiento Territorial, POT), but they told him there was no space, as the 300 spots were already taken.\n\nII.- ON THE INADMISSIBILITY OF THE AMPARO. The petitioner expresses his disagreement with the response provided by the respondent regarding his request for a spot to appear at the public hearing scheduled to discuss the Territorial Zoning Plan proposal, given that he was told the 300 spots were already taken and that he could only enter if one of those persons did not appear. On this particular topic and regarding the same hearing, the Chamber, in judgment No. 2024-14199, at 9:15 a.m. on May 24, 2024, ordered the following:\n\n“I. PURPOSE OF THE ACTION. The petitioner claims a violation of her fundamental rights, as she alleges that she requested to participate in the public hearing to discuss the Territorial Zoning Plan of the respondent corporation. However, she was told she could not participate because there was not enough space, given that the venue was only for 300 people.\n\nII. INADMISSIBILITY OF THE ACTION. This Constitutional Chamber, on a similar topic regarding a public hearing and citizen participation, in resolution No. 2023011236 at 2:03 p.m. on May 12, 2023, ordered the following:\n\n“IV.- REGARDING THE SPECIFIC CASE. First, it is particularly important to note that citizen participation is safeguarded in our legal system as a principle. As the majority of this Tribunal has indicated on other occasions, direct citizen participation in public affairs or the management of public matters is an evident constitutional principle normatively recognized in Article 9 of the Constitution, which must be implemented by the constitutional and infra-constitutional legal system, under the following considerations:\n\n“…Citizen participation, as a general principle of Constitutional Law, is projected into the political or governmental sphere and the merely administrative sphere, for fundamental decision-making. In the political or governmental dimension, the matter is developed through instruments such as the regulation of popular election processes, the legislative referendum, and popular initiative in the formation of law. At the strictly administrative level, the principle of participation of the administered must be developed gradually and according to the subject matter and sector, since not every fundamental administrative decision must necessarily be preceded by citizen participation, as this would slow down administrative management which must be, by application of the constitutional principles of effectiveness and efficiency, fluid and dynamic. Our Political Constitution does not enunciate or indicate the mechanisms for the participation of the administered in the adoption of fundamental administrative decisions; that is, it does not address such an extreme. The infra-constitutional legal system, essentially statutory, will be the one that gradually determines those sectors and matters where there must be greater participation (e.g., in matters of drafting regulations, environmental matters, consumer protection, urban planning, regulation and setting of tariffs for services of general interest, conducting popular consultations at the municipal level such as open town halls and referendums, etc.). There will be situations in which the ordinary legislator has configured such participation as a true, complete, and perfect right, fully enforceable, under certain circumstances and under certain assumptions and conditions that must be verified. In such cases, determining whether or not such a legislatively configured right has been violated is a matter of legality that must be discussed before the ordinary or common jurisdiction and not in this constitutional jurisdiction. In short, what the current Constitution and international human rights instruments contemplate is a principle of participation, which for obvious reasons does not reach the prescriptive and enforceable nature of a fundamental or human right. It is not possible to extract from the fundamental text and from Human Rights instruments an alleged right to participation that governs unconditionally for the adoption of any or every fundamental administrative decision that would justify granting every amparo whenever a violation of it is alleged. It is the ordinary legislator who gradually configures and develops such a right to participation in certain matters and in certain sectors of the infra-constitutional legal system; therefore, I reiterate, it is not for the constitutional jurisdiction, being a matter of ordinary legality, to establish when a legally configured right has been infringed. Based on the foregoing, it is not possible to speak, from a constitutional or conventional perspective, of a perfect right to participation, and reference should instead be made to the constitutional principle of citizen participation in fundamental decision-making, whether political or administrative.” (Judgment No. 2017-1163 at 9:40 a.m. on January 27, 2017. See in similar vein judgments numbers 2019-19902, 2021-25386, and 2022-25374)\n\nHowever, in this particular case, this Tribunal notes a direct violation of Article 50 of the Constitution, which establishes that, “[e]very person has the right to a healthy and ecologically balanced environment. Therefore, they are entitled to denounce acts that infringe upon that right and to demand reparation for the damage caused.” Consistent with this, the existence of a diffuse interest is recognized so that any person can take whatever action they deem pertinent in relation to the defense of the right to the environment, under the different mechanisms established in the legal system.\n\nIn the sub examine, the activity whose environmental feasibility is being discussed—the installation of a landfill in Miramar de Montes de Oro—requires that, within the approval process for the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA), a public hearing be held. That is why, at the time the feasibility was previously granted, that hearing was held in 2009. Now, the discussion about whether or not such a hearing should be held again currently is because resolution No. 2966-2009 of December 16, 2009, through which the project obtained environmental feasibility, expired, without the works having begun. Thus, the company EBI de Costa Rica S.A. had to initiate the procedure again on November 15, 2021; and, on this occasion, SETENA determined that, given that the conditions of the project and the proposed site were similar to those analyzed in 2009, it could be exempted from holding such a hearing, according to resolution No. 2032-2022-SETENA dated December 14, 2022.\n\nHowever, in the opinion of this Tribunal, exempting that activity from such a requirement, after 10 or more years since the situation was assessed by the population, is entirely improper, because what is reasonable for the concrete protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment recognized in Article 50 of the Constitution is that the public hearing established by the legislator in these cases must be held under the conditions of the moment in which the activity in question will be carried out, which cannot be considered fulfilled in this case by a hearing held more than ten years ago. This is why SETENA's actions, in granting environmental feasibility to a project without holding a new hearing, despite the time elapsed since the previous hearing for this project without having begun its operation, are violative of the right recognized in the referenced Article 50 of the Constitution.\n\nIn the opinion of this Chamber, just as the technical instruments should have been applied again to determine the potential environmental impacts that an activity of such nature could produce, in light of current circumstances, the procedure established for that purpose must also be respected, guaranteeing the current population the transparency of the public function established for this type of works and the due protection of the environment, in accordance with Article 50 of the Constitution, Article 23 of the Organic Law of the Environment, and Article 95 of the Biodiversity Law. This is why this amparo is admissible only against SETENA, and the proper course is to annul resolution No. 2032-2022-SETENA dated December 14, 2022, and consequently, order the scheduling of the public hearing in question” (the emphasis is not from the original).\n\nAs indicated above, it follows that this Chamber, as a matter of principle, proceeds to hear claims for injury to citizen participation when the legislation establishes the need to hold a hearing, yet some type of feasibility, permit, or act is granted without having held it. For the sub examine, the Urban Planning Law (No. 4240) provides in its articles 17 and 23 that:\n\n“Article 17.- Prior to implementing a regulatory plan or any part thereof, the municipality intending to do so must:\n\n1) Call a public hearing by means of the Official Gazette and any additional necessary dissemination, indicating the venue, date, and time to learn about the project and the verbal or written observations that residents or interested parties may wish to formulate. The notice must be given no less than fifteen business days in advance.”\n\nIt is evident from the statements of the petitioner that the public hearing was indeed held and thus citizen participation was guaranteed. It is reasonable for the respondent authority to take measures to limit capacity. In addition to this, it is recorded in the Costa Rican Legal Information System that the respondent Municipality published the Regulations for the Public Hearing of the Regulatory Plan of the Canton of Pérez Zeledón, where the procedure was established:\n\n“Article 4.-Call. The Municipal Council shall call the public hearing, as provided in Article 17 of the Urban Planning Law; the call must be published in the Official Gazette La Gaceta and other dissemination media; as well as on the website and on the official Facebook page of the Municipality of Pérez Zeledón, indicating the place, date, time, the stages that comprise it, and its duration, establishing that the maximum speaking time for participants will be agreed upon by the Municipal Presidency according to the number of participants, as well as any other aspect regarding participation in the hearing. The call must be published no less than fifteen business days in advance.\n\nArticle 5.-Availability of documentation. The documents comprising the Regulatory Plan proposal shall be available to the public on the Municipality's website at least 15 business days prior to the holding of the public hearing. The Municipality shall disseminate this fact along with the call to the hearing.\n\nArticle 6.-Registration. In order to participate in the public hearing, persons must send an email to the address that will be duly enabled and published in official media of the Municipality of Pérez Zeledón, indicating their name, identification number, and contact information. In the event of inability to access technological means, persons may send a letter to the Territorial Planning Department of the Municipality with the same information indicated in the preceding paragraph, indicating a means to receive notifications. If prior registration is not completed, it may be carried out on the day of the hearing by filling out the registration form that will be provided at the entrance to the venue.\n\nArticle 7.-Access to the event. Entry to the venue will be permitted one hour in advance. The person must show their identification to prove they are registered. Likewise, the public hearing session will be broadcast live on the official YouTube channel of the Municipality of Pérez Zeledón.\n\nArticle 15.-Expansion of observations. Expansions of questions or observations made during the hearing will be received, up to 8 business days after the session, at the email address that will be duly enabled and published in official media of the Municipality of Pérez Zeledón.”\n\nThus, it is evident that the respondent authority did establish the mechanisms to hold the public hearing, given that it allowed people to participate in person and it was also transmitted through electronic means. Even people were allowed, if they so wished, to submit observations after the hearing. Therefore, no injury to any fundamental right is evident and, if the petitioner disagrees with the procedure or methodology established, they must resolve their claims through ordinary legal channels. Consequently, the action is rejected on procedural grounds.”\n\nIn the same sense as the opinion expressed, this action must be rejected under the same considerations, because as was stated, the hearing in question was guaranteed and it is reasonable for the respondent authority to have taken measures to limit capacity. Thus, any disagreement must be raised by the petitioner before the respondent itself or through the respective legal channels.\n\nIII.- Dissenting vote of Magistrate Rueda Leal. Unlike the majority, the undersigned considers that the sub lite could imply an injury to the petitioner's fundamental right to citizen participation in the making of decisions of general or collective interest, protected by Article 9 of the Political Constitution. For this reason, I consider that further elements of knowledge are required to corroborate or rule out the alleged violation. Consequently, I cast a dissenting vote and order that the amparo be processed.\n\nIV.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE FILE. The parties are warned that if they have provided any paper documents, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be retrieved from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not retrieved within this period will be destroyed, as provided in the \"Regulation on the Electronic File before the Judicial Branch,\" approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.\n\nPor tanto:\n\nThe action is rejected on procedural grounds. Magistrate Rueda Leal casts a dissenting vote and orders the amparo to be processed.\n\nFernando Castillo V.\nPresidente\n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\nIngrid Hess H.\n\nAlexandra Alvarado P.\n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\nBBYY9WQ85Q061\n\nEXPEDIENTE N° 24-009486-0007-CO\n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 15:03:26.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
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