{ "id": "nexus-sen-1-0007-1244255", "citation": "Res. 22503-2024 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Amparo sobre aplicación del Decreto GAM en distrito Colón de Mora", "title_en": "Amparo on Application of GAM Decree in Colón District of Mora", "summary_es": "La Sala Constitucional declaró parcialmente con lugar el recurso de amparo interpuesto por José Gilberto Monge Pizarro contra la Municipalidad de Mora y el INVU. El recurrente alegó que tras el voto 2010-021258, que anuló la zona agrícola del Reglamento de Zonificación de 2001, debía aplicarse el artículo 13 del Reglamento de 1993 (zona resto del distrito con vocación agrícola), complementado con el Reglamento de Fraccionamientos del INVU, y no el Decreto GAM que sobrepone una zona de crecimiento urbano, generando un cambio de uso sin estudios técnicos y daño ambiental. La Sala constató que el Concejo Municipal no había respondido la solicitud de información del recurrente, lo que viola el derecho de petición y acceso a la información. Sin embargo, al estar la materia de zonificación pendiente de resolución administrativa (actualización integral del plan regulador), la Sala consideró que no se configuró una lesión directa al ambiente que ameritara el amparo en cuanto a la aplicación de las normas. Ordenó al Concejo Municipal resolver la solicitud de información en 10 días, y al alcalde publicar el artículo 11 del Reglamento de 1993 o darle respuesta fundada al acuerdo ACM-153-01-2023. No se pronunció sobre la validez de los certificados de uso de suelo ni la sobreposición del GAM, por ser temas de legalidad ordinaria.", "summary_en": "The Constitutional Chamber partially granted the amparo filed by José Gilberto Monge Pizarro against the Municipality of Mora and the INVU. The claimant argued that after ruling 2010-021258, which annulled the agricultural zone in the 2001 Zoning Regulation, the applicable norm should be Article 13 of the 1993 Regulation (rest-of-district zone with agricultural vocation), supplemented by the INVU Subdivision Regulation, and not the GAM Decree that imposes an urban growth zone, causing a land-use change without technical studies and environmental damage. The Chamber found that the Municipal Council had not responded to the petitioner's information request, violating the right to petition and access to information. However, since the zoning matter was pending administrative resolution (comprehensive update of the regulatory plan), the Chamber did not find a direct environmental injury warranting amparo on that point. It ordered the Municipal Council to resolve the information request within 10 days, and the mayor to publish Article 11 of the 1993 Regulation or provide a reasoned response to agreement ACM-153-01-2023. It did not rule on the validity of the land-use certificates or the GAM overlay, as these are matters of ordinary legality.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "09/08/2024", "year": "2024", "topic_ids": [ "subdivision-fraccionamiento", "procedural-environmental" ], "primary_topic_id": "subdivision-fraccionamiento", "es_concept_hints": [ "recurso de amparo", "plan regulador", "Decreto GAM", "INVU", "voto 2010-021258", "índices de fragilidad ambiental", "derecho de petición", "acceso a la información" ], "concept_anchors": [ { "article": "Arts. 27, 32, 50", "law": "Constitución Política" }, { "article": "Art. 32", "law": "Ley de la Jurisdicción Constitucional" }, { "article": "Art. 10", "law": "Ley de Regulación del Derecho de Petición" }, { "article": "Arts. 15, 17", "law": "Ley de Planificación Urbana" }, { "article": "Art. 2", "law": "Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones" }, { "article": "Arts. 1, 3", "law": "Decreto Ejecutivo N°25902 (Plan GAM)" } ], "keywords_es": [ "recurso de amparo", "derecho de petición", "acceso a la información", "plan regulador", "zonificación", "Decreto GAM", "Municipalidad de Mora", "INVU", "voto 2010-021258", "cambio de uso de suelo", "índices de fragilidad ambiental", "derecho a un ambiente sano" ], "keywords_en": [ "amparo", "right of petition", "access to information", "regulatory plan", "zoning", "GAM Decree", "Municipality of Mora", "INVU", "ruling 2010-021258", "land-use change", "environmental fragility indices", "right to a healthy environment" ], "excerpt_es": "IV. Sobre la gestión presentada por el recurrente ante el Concejo Municipal de Mora. Después de haber analizado el informe de la autoridad recurrida y los elementos probatorios presentados por las partes, esta Sala verifica la lesión de los derechos fundamentales de la parte recurrente, por las razones que a continuación serán expuestas.\n\nPrimeramente, se tiene por acreditado que el 26 de febrero de 2024, el recurrente solicitó al Concejo Municipal de Mora información detallada sobre varios aspectos relacionados con la aplicación del decreto de la GAM de 1982 y su relación con el plan regulador del cantón. Específicamente, pidió aclaraciones sobre posibles traslapes entre las zonas de crecimiento urbano y la zona resto del distrito, así como detalles sobre la emisión de certificados de uso de suelo en dichas áreas. Además, solicitó información sobre proyectos residenciales aprobados, incluyendo nombres de proyectos, propietarios, números de finca y soluciones habitacionales, junto con un mapa que mostrara el traslape mencionado. También preguntó si la Municipalidad contaba con índices de fragilidad ambiental aprobados por SETENA antes de aplicar los parámetros de la zona de crecimiento urbano en la zona resto del distrito y cuántos cambios de criterio y procesos de declaratoria de nulidad de certificados de uso de suelo se habían realizado, conforme a la Ley General de la Administración Pública.\n\nEse mismo día, el Concejo Municipal de Mora discutió la solicitud del recurrente en su sesión ordinaria nro. 200 y emitió el acuerdo nro. ACM-200-05-2024. Este acuerdo indicaba que la información solicitada no estaba en manos del Concejo Municipal, sino que la custodiaba la Administración Municipal; es decir, la Alcaldía. Por lo tanto, el Concejo solicitó al alcalde que proporcionara la información requerida en un plazo no mayor a diez días. El acuerdo fue aprobado por unanimidad y se notificó tanto al alcalde como al recurrente.\n\nPosteriormente, el 21 de marzo de 2024, la vicealcaldesa del cantón de Mora, Ariuna Cabal Lombodorzh, solicitó una prórroga hasta el 30 de abril de 2024 para cumplir con el acuerdo mencionado, debido a la complejidad del tema y a que algunos miembros de la Comisión Técnica Administrativa estaban de vacaciones. El 1 de abril de 2024, en la sesión ordinaria nro. 204, el Concejo Municipal discutió y aprobó la prórroga solicitada, también por unanimidad, y se notificó a la vicealcaldesa. A pesar de la prórroga concedida, el 20 de mayo de 2024, José Acuña Miranda, un servidor del Concejo Municipal, envió un correo electrónico al alcalde y a la vicealcaldesa preguntando por la falta de respuesta al acuerdo ACM-200-05-2024, a pesar de que la prórroga había extendido el plazo hasta el 30 de abril. Ese mismo día, la vicealcaldesa respondió indicando que pensaba que la respuesta ya se había dado y pidió a Marianeth Zamora Acuña que verificara urgentemente con Erika Angulo y proporcionara la respuesta necesaria esa semana.\n\nEl derecho de petición y el derecho de acceso a la información, consagrados respectivamente en los artículos 27 y 32 de la Constitución Política, otorgan al ciudadano la facultad de dirigirse a las dependencias del Estado para solicitar información o realizar peticiones sobre asuntos de interés particular o general. En consecuencia, esto implica una obligación por parte del servidor de responder en el plazo de ley correspondiente. En este contexto, el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece que dicha respuesta debe ser proporcionada dentro de un plazo máximo de 10 días hábiles contados a partir de la recepción de la petición.\n\nDel mismo modo, para el análisis del presente caso, resulta pertinente citar lo establecido en el artículo 10 de la Ley de Regulación del Derecho de Petición, el cual dispone, en lo conducente, lo siguiente:\n\n“ARTÍCULO 10.- Competencia del destinatario.\n a) Siempre que la resolución de inadmisibilidad de una petición se base en la falta de competencia de su destinatario, este la remitirá a la institución, administración u organismo que estime competente en el plazo de cinco días hábiles y lo comunicará así al peticionario. En este caso, los plazos se computarán desde la recepción del escrito, aplicándose lo dispuesto en el artículo 6 de esta ley.\n\nb) Cuando un órgano o autoridad se estime incompetente para el conocimiento de una petición, remitirá directamente las actuaciones al órgano que considere competente, si ambos pertenecieran a la misma institución, administración u organismo, debiendo comunicarlo al peticionario, sin que este trámite afecte el plazo de diez días hábiles para su debida respuesta.”\n\nEn el caso en concreto, se observa que, aunque el Concejo Municipal de Mora determinó que la información solicitada por el recurrente estaba bajo custodia de la Administración Municipal, es decir, la Alcaldía, el Concejo no remitió directamente la gestión del accionante al alcalde. En su lugar, solicitó al alcalde que proporcionara la información requerida en un plazo no mayor a diez días para poderle dar una respuesta al promovente. Sin embargo, debido a la complejidad del tema y a que algunos miembros de la Comisión Técnica Administrativa estaban de vacaciones, la vicealcaldesa solicitó una prórroga del plazo. De esa manera, el 1 de abril de 2024, en la sesión ordinaria N.º 204, el Concejo Municipal discutió y aprobó, por unanimidad, la prórroga solicitada y notificó esta decisión a la vicealcaldesa.\n\nAhora bien, este Tribunal Constitucional ha admitido la prórroga del plazo establecido en los artículos 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y 6 de la Ley que Regula el Derecho de Petición, cuando, por razones de complejidad de la gestión, sea entendible y justificado el retraso en la contestación de la petición. Un ejemplo de ello se encuentra en la sentencia N.º 08936-2022...\n\nEn el presente asunto, es claro que la prórroga fue concedida hasta el 30 de abril de 2024, y a la fecha de interposición de este recurso de amparo, no se había brindado una respuesta de fondo a la gestión del recurrente. Es decir, al 1 de julio de 2024, fecha en que se amplió el recurso contra el Concejo Municipal, habían transcurrido más de cuatro meses sin una contestación efectiva, lo que excede cualquier plazo razonable, incluso considerando la complejidad alegada. Esta omisión lesiona el derecho fundamental de petición y acceso a la información del recurrente, por lo que el amparo debe ser declarado con lugar en este extremo, ordenando al Concejo Municipal de Mora que resuelva la solicitud de información en el plazo de diez días hábiles.\n\nV. Sobre la alegada afectación al ambiente y la aplicación del Decreto GAM. En cuanto a la pretensión de que se ordene a la Municipalidad aplicar el artículo 13 del Reglamento de Zonificación de 1993 y publicar el acuerdo ACM-153-01-2023, así como anular los certificados de uso de suelo otorgados con base en la zona de crecimiento urbano del decreto GAM, esta Sala observa que se trata de una controversia sobre la normativa urbanística aplicable en el distrito Colón. Esta disputa involucra la interpretación del voto 2010-021258, la vigencia del artículo 11 del Reglamento de 1993, la aplicación supletoria del Reglamento de Fraccionamientos del INVU frente al Plan Regional GAM, y la delimitación de las pequeñas comunidades.\n\nEstas cuestiones corresponden al ámbito de la legalidad ordinaria y deben ser resueltas por las autoridades administrativas competentes y, en su caso, por la jurisdicción contencioso-administrativa. La Sala Constitucional no es una instancia de revisión de la legalidad de los actos administrativos ni de interpretación de reglamentos municipales. En el presente caso, no se acredita que la actuación de la Municipalidad y el INVU constituya una amenaza inminente o un daño concreto al ambiente que amerite la intervención del amparo, ya que la materia se encuentra en proceso de actualización integral del plan regulador y existen canales administrativos para discutir la normativa aplicable. Por consiguiente, el amparo se declara sin lugar en este aspecto.", "excerpt_en": "IV. On the request filed by the petitioner before the Municipal Council of Mora. After analyzing the report of the respondent authority and the evidence presented by the parties, this Chamber finds a violation of the fundamental rights of the petitioner, for the reasons set forth below.\n\nFirst, it is proven that on February 26, 2024, the petitioner requested detailed information from the Municipal Council of Mora on various aspects related to the application of the 1982 GAM decree and its relationship with the cantonal regulatory plan. Specifically, he sought clarification on possible overlaps between the urban growth zones and the rest-of-district zone, as well as details on the issuance of land-use certificates in those areas. He also requested information on approved residential projects, including project names, owners, property numbers, and housing units, together with a map showing the alleged overlap. He further inquired whether the Municipality had environmental fragility indices approved by SETENA before applying the urban growth zone parameters in the rest-of-district zone, and how many changes of criteria and nullity proceedings for land-use certificates had been carried out, pursuant to the General Public Administration Law.\n\nOn the same day, the Municipal Council of Mora discussed the request in its ordinary session No. 200 and issued agreement No. ACM-200-05-2024. The agreement stated that the requested information was not in the hands of the Municipal Council but was held by the Municipal Administration, i.e., the Mayor's Office. Therefore, the Council asked the mayor to provide the required information within a period not exceeding ten days. The agreement was approved unanimously and notified to both the mayor and the petitioner.\n\nSubsequently, on March 21, 2024, the vice-mayor of the canton of Mora, Ariuna Cabal Lombodorzh, requested an extension until April 30, 2024, to comply with the agreement, due to the complexity of the matter and because some members of the Technical Administrative Commission were on vacation. On April 1, 2024, in ordinary session No. 204, the Municipal Council discussed and approved the requested extension, also unanimously, and notified the vice-mayor. Despite the extension granted, on May 20, 2024, José Acuña Miranda, an official of the Municipal Council, sent an email to the mayor and vice-mayor inquiring about the lack of response to agreement ACM-200-05-2024, even though the extension had moved the deadline to April 30. That same day, the vice-mayor replied stating that she thought the response had already been given and asked Marianeth Zamora Acuña to urgently check with Erika Angulo and provide the necessary response that week.\n\nThe right to petition and the right of access to information, enshrined respectively in Articles 27 and 32 of the Political Constitution, grant the citizen the power to address state agencies to request information or make petitions on matters of individual or general interest. Consequently, this implies an obligation on the part of the public servant to respond within the corresponding legal period. In this context, Article 32 of the Constitutional Jurisdiction Law provides that such response must be given within a maximum of 10 business days from receipt of the petition.\n\nLikewise, for the analysis of this case, it is pertinent to cite Article 10 of the Law Regulating the Right of Petition, which provides, as relevant:\n\n“ARTICLE 10.- Competence of the addressee.\n a) Whenever the decision of inadmissibility of a petition is based on the lack of competence of its addressee, the latter shall forward it to the institution, administration or body it deems competent within five business days and shall so inform the petitioner. In this case, the periods shall be computed from receipt of the document, applying the provisions of Article 6 of this law.\n\nb) When a body or authority deems itself incompetent to hear a petition, it shall directly forward the proceedings to the body it considers competent, if both belong to the same institution, administration or body, and must inform the petitioner, without this procedure affecting the period of ten business days for its due response.”\n\nIn the present case, it is observed that, although the Municipal Council of Mora determined that the information requested by the petitioner was in the custody of the Municipal Administration, i.e., the Mayor's Office, the Council did not directly forward the petitioner's request to the mayor. Instead, it asked the mayor to provide the required information within a period not exceeding ten days in order to give a response to the applicant. However, due to the complexity of the matter and because some members of the Technical Administrative Commission were on vacation, the vice-mayor requested an extension of the deadline. Thus, on April 1, 2024, in ordinary session No. 204, the Municipal Council discussed and unanimously approved the requested extension and notified the vice-mayor of this decision.\n\nNow, this Constitutional Court has admitted the extension of the period established in Articles 32 of the Constitutional Jurisdiction Law and 6 of the Law Regulating the Right of Petition when, for reasons of complexity of the procedure, the delay in responding to the petition is understandable and justified. An example is found in judgment No. 08936-2022...\n\nIn the present matter, it is clear that the extension was granted until April 30, 2024, and as of the date of filing this amparo, no substantive response had been given to the petitioner's request. That is, by July 1, 2024, when the action was expanded against the Municipal Council, more than four months had passed without an effective response, which exceeds any reasonable period, even considering the alleged complexity. This omission violates the petitioner's fundamental right to petition and access to information, and therefore the amparo must be granted on this point, ordering the Municipal Council of Mora to resolve the information request within ten business days.\n\nV. On the alleged environmental harm and the application of the GAM Decree. Regarding the request to order the Municipality to apply Article 13 of the 1993 Zoning Regulation and publish agreement ACM-153-01-2023, as well as to annul land-use certificates issued based on the GAM decree's urban growth zone, this Chamber observes that this is a dispute over the applicable urban planning regulations in the Colón district. This dispute involves the interpretation of ruling 2010-021258, the validity of Article 11 of the 1993 Regulation, the supplementary application of the INVU Subdivision Regulation versus the GAM Regional Plan, and the delimitation of small communities.\n\nThese matters fall within the realm of ordinary legality and must be resolved by the competent administrative authorities and, where appropriate, by the contentious-administrative jurisdiction. The Constitutional Chamber is not an instance for reviewing the legality of administrative acts or interpreting municipal regulations. In the present case, it is not proven that the actions of the Municipality and the INVU constitute an imminent threat or concrete environmental harm warranting amparo intervention, given that the matter is undergoing a comprehensive update of the regulatory plan and administrative channels exist to discuss the applicable regulations. Consequently, the amparo is denied on this aspect.", "outcome": { "label_en": "Partially granted", "label_es": "Parcialmente con lugar", "summary_en": "The amparo is granted for violation of the right to petition and access to information, ordering the Municipal Council of Mora to resolve the request within 10 days. It is denied regarding the request to apply Article 13 of the 1993 Regulation and annul land-use certificates, as these are matters of ordinary legality.", "summary_es": "Se declara con lugar el amparo por violación al derecho de petición y acceso a la información, ordenando al Concejo Municipal de Mora resolver la solicitud en 10 días. Se declara sin lugar en cuanto a la pretensión de aplicar el artículo 13 del Reglamento de 1993 y anular certificados de uso de suelo, por ser materia de legalidad ordinaria." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando IV", "quote_en": "This omission violates the petitioner's fundamental right to petition and access to information, and therefore the amparo must be granted on this point, ordering the Municipal Council of Mora to resolve the information request within ten business days.", "quote_es": "Esta omisión lesiona el derecho fundamental de petición y acceso a la información del recurrente, por lo que el amparo debe ser declarado con lugar en este extremo, ordenando al Concejo Municipal de Mora que resuelva la solicitud de información en el plazo de diez días hábiles." }, { "context": "Considerando V", "quote_en": "These matters fall within the realm of ordinary legality and must be resolved by the competent administrative authorities and, where appropriate, by the contentious-administrative jurisdiction.", "quote_es": "Estas cuestiones corresponden al ámbito de la legalidad ordinaria y deben ser resueltas por las autoridades administrativas competentes y, en su caso, por la jurisdicción contencioso-administrativa." }, { "context": "Considerando V", "quote_en": "The Constitutional Chamber is not an instance for reviewing the legality of administrative acts or interpreting municipal regulations.", "quote_es": "La Sala Constitucional no es una instancia de revisión de la legalidad de los actos administrativos ni de interpretación de reglamentos municipales." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [ { "target_id": "norm-41071", "kind": "concept_anchor", "label": "Decreto Ejecutivo N°25902 (Plan GAM) Arts. 1, 3" } ], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1244255", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [], "sentencias_relacionadas": [], "temas_y_subtemas": [], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 22503 - 2024\n\nFecha de la Resolución: 09 de Agosto del 2024 a las 09:15\n\nExpediente: 24-007821-0007-CO\n\nRedactado por: Anamari Garro Vargas\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp: 24-007821-0007-CO\n\nRes. Nº 2024022503\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del nueve de agosto de dos mil veinticuatro . \n\nRecurso de amparo que se tramita en expediente número 24-007821-0007-CO, interpuesto por JOSÉ GILBERTO MONGE PIZARRO, cédula de identidad 01-0703-0346, contra la MUNICIPALIDAD DE MORA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.\n\nResultando:\n\n 1.- Por escrito presentado ante esta Sala a las 12:14 horas del 21 de marzo de 2024, la parte recurrente interpone recurso de amparo en contra de la Municipalidad de Mora y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. Manifiesta que en el caso particular del distrito Colón. del cantón de Mora, el mismo cuenta con un Plan Regulador y un Reglamento de Zonificación aprobado en el año 2001. Que la acción de inconstitucionalidad interpuesta por el recurrente bajo el expediente 09-009306-0007-CO, fue declarada con lugar mediante voto 2010-021258 dado que únicamente a través del Poder Legislativo, es que se puede variar el uso de suelo decretado con anterioridad por el Poder Ejecutivo de las Áreas Silvestre Protegidas, y en este sentido, las Municipalidades no pueden modificar el uso de suelo mediante los Reglamentos de Zonificación, ni cambiar ni afectar el ordenamiento municipal sin contar con los estudios técnicos y científicos que vayan a modificar la Zona Agrícola por otra que implique mayor impacto ambiental, especialmente si existe declaratoria formal corno Área Silvestre Protegida en los términos del artículo 32 de la Ley Orgánica del Ambiente. En estos casos, la Municipalidad debe actuar dentro del marco normativo para cada una de las Categorías, como en el caso de la Zona Protectora de no dictar normas que perjudiquen el régimen establecido. En consecuencia, se anularon por inconstitucionales los artículos 4.3 y 10 del Reglamento de Zonificación del Plan Regulador de Mora, publicado en La Gaceta NO. 173 del 10 de septiembre de 200. Y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se dimensionaron los efectos en el sentido de que la inconstitucionalidad declarada no afectaba las construcciones plenamente terminadas o los propietarios que contaran con las respectivas licencias de construcción otorgadas por la Municipalidad, salvo aquellas que aún no habían a la fecha de publicación del aviso respectivo. Y hasta tanto la Municipalidad y el Ministerio de Energía, Ambiente y Telecomunicaciones no hubieran promulgado la respectiva normativa, únicamente se debían admitir trabajos de remodelación o mantenimiento sobre las áreas previamente construidas. Así el 5 de diciembre del 2011 se publica el artículo 13 del Reglamento de Zonificación del Plan Regulador de 1993, que señala lo siguiente: “Artículo 13.-Zona del resto del distrito. (Z.R.D). Dado que el ámbito de acción del Plan Regulador está delimitado por el área urbana y el área inmediata de influencia para expansión. El resto del distrito primero debe ser incluido para tener un límite político básico. Los desarrollos que se den dentro del resto del distrito serán para fines agrícolas por lo cual rigen por los mismos requisitos de la Zona Agrícola. En los casos de pequeñas comunidades que pretendan algún desarrollo de fraccionamiento, urbanización o conjunto residencial en su localidad a través de una asociación de desarrollo, pueden aplicarse las normas generales del Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamiento y Urbanizaciones y entra en estudio conjuntamente la Municipalidad y la Dirección del Urbanismo del INVU. para definir si se permite el proyecto”. Señala que si bien es cierto en el dimensionamiento de la sentencia se habla de la publicación de los artículos 11 y 13 del Reglamento de Zonificación el Plan Regulador de 1993, lo cierto es que en el por tanto sólo se hizo referencia al artículo 13, por lo que sólo ese se publicó. Estima que según el voto 2010-021258 referido “(…) todo lo no zonificado en el Reglamento de Zonificación del Plan Regulador del 2001, quedó regido bajo lo establecido en el artículo 13 del Reglamento de Zonificación del Plan Regulador de 1993 que se incorporó como parte del reglamento de zonificación del plan regulador. Es decir, el resto del distrito será para fines agrícolas por lo que regirán los requisitos de la zona agrícola. No se puede decir de ningún modo entonces, que el distrito Colón no cuenta con plan regulador para todo el distrito, todo lo contrario, todo el distrito está debidamente regulado por que deben llenarse los vacíos con la norma correcta de acuerdo al principio de legalidad.(…)”. Agrega que “(…) el voto 2010-021258 de la Sala Constitucional anuló la zona agrícola del Reglamento de Zonificación del Plan Regulador del 2001, pero el artículo 13 del reglamento de zonificación de 1993 la vuelve a restablecer en razón de que la zona resto del distrito tiene las características de la zona agrícola, por lo que no habría un vacío normativo, sino que se debe complementar la norma de conformidad con el transitorio segundo de la Ley de Planificación Urbana establece la solución: \"El Instituto dictará las normas de desarrollo relativas a las materias a que se refiere el artículo 21 de esta ley. Podrá además, confeccionar los planes reguladores y delimitar los distritos urbanos y demás áreas sujetas a control urbanístico, en tanto las municipalidades no hubieren promulgado en la respectiva materia. o parte de ella, sus propias disposiciones locales con ajuste a esta ley. Los preceptos y reglamentos que dicte el Instituto regirán en los territorios jurisdiccionales o en la parte de ello que las normas señalen, a partir de su publicación en el Diario Oficial.\" En este sentido, al estar el distrito Colón dentro de la Gran Área Metropolitana, habría dos normas que podrían ser las que correspondan para llenar el vacío normativo, pero con base en el principio de legalidad sólo una de ellas es la aplicable: El Plan Regional de Desarrollo Urbano \"Gran Área Metropolitana\", decreto 25902. cuyo artículo primero en lo que interesa dice lo siguiente: \"Artículo 1°-Se establece un Área de Control Urbanístico sobre la cual se aplicaría las disposiciones del presente Decreto y que estará compuesta por los distritos de las provincias de San José, Alajuela, Heredia y Cartago que a continuación se indican, siempre y cuando los Gobiernos Municipales no hayan promulgado sus propios Reglamentos de Planificación y Desarrollo Urbano de conformidad con los artículos 169 de la Constitución Política y el artículo 15 de la Ley de Planificación Urbana. (…) Por otro lado, el Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones del INVU, que establece en el artículo segundo lo siguiente: \"Alcance: El presente Reglamento se aplica supletoriamente en todo el territorio nacional, sin perjuicio de las disposiciones locales emitidas por el Gobierno Municipal en su Plan Regulador, en materia de fraccionamientos y urbanizaciones. Las disposiciones locales contenidas en el Plan Regulador deben complementarse con los lineamientos mínimos establecidos en este cuerpo normativo. (…) De estas dos normas, a criterio del suscrito, la que es de aplicación al caso del distrito Colón para de manera supletoria complementar (sic) el Reglamento de Zonificación del Plan Regulador de Mora, sería el Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones, ya que es claro que en el caso del decreto de la GAM aplica a los cantones dentro de esta jurisdicción que no posean del todo plan regulador, no siendo este el caso de Colón, que está todo normado y que en el caso del Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones. no hace excepciones sobre los planes regionales, sino que establece que es de aplicación a todo el país sin perjuicio de las disposiciones locales emitidas por los gobiernos locales en su plan regulador. (…)”. Señala que desde hace unos pocos años, la Dirección de Urbanismo del INVU y la Municipalidad de Mora han cambiado de criterio con relación a lo señalado, “(…) Así dicha la Dirección de Urbanismo del INVU manifestó anteriormente, la forma correcta de interpretar el artículo 13 del Reglamento de Zonificación del INVU, inclusive realizando un trabajo técnico mancomunado entre la Dirección de Urbanismo y la Municipalidad de Mora que dio como resultado la delimitación de las \"...pequeñas comunidades que pretendan algún desarrollo de fraccionamiento, urbanización o conjunto residencial...\" y que fueron aprobadas por el Concejo Municipal mediante el acuerdo ACM-153-01-2023, siendo que el alcalde municipal se ha negado a publicar, generando un grave perjuicio a las personas propietarias de estas comunidades pero sobre todo como se verá al ambiente del cantón de Mora. Es obvio que al día de hoy, las “...pequeñas comunidades que pretendan algún desarrollo de fraccionamiento, urbanización o conjunto residencial... que inclusive reconoce el INVU y hasta se incluyen en el mapa enviado por esta institución a la Municipalidad de Mora, que son Brasil, Barrio La Trinidad, Altos de San Rafael. San Bosco, El Rodeo, que después de más de 30 años, de 1993 a la fecha, ya estas comunidades no sean tan pequeñas y no sería posible pretender volver a esa época cuando se trae a la vida el artículo 13 del Reglamento de Zonificación del Plan Regulador de 1993. Por eso es que entre el INVU y la Municipalidad de Mora se realizó un trabajo técnico para delimitarlas de acuerdo con la realidad, obviamente dejando por fuera todo lo que sea zonas protectoras y territorio indígena. Lo peor, es que para este incumplimiento de deberes de parte del alcalde municipal se ha contado con el respaldo de la Dirección de Urbanismo del INVU. El acuerdo del Concejo Municipal nunca fue vetado. por lo que es válido pero no eficaz y bajo esta incerteza jurídica se han otorgado certificados de uso de suelo contrarios al plan regulador. Es conocida la jurisprudencia de esa Sala de que los certificados de uso de suelo son constitutivos de derechos, por lo que ante esta incertidumbre que se ha generado, podría haber serias responsabilidades para las instituciones y sus personas funcionarias. Ahora bien, ha llegado el tema de la aplicación o no del artículo 13 a un nivel de surrealismo, que el alcalde municipal, a pesar de no haber publicado el acuerdo municipal ACM-153-01-2023, pero ante la presión de la comunidad del Rodeo que quiere construir una ermita en la finca 1-419072-000, plano SJ-0963056-1991 se arrogó las competencias del proceso de Desarrollo y Control Urbano de la Municipalidad de Mora, sin ser siquiera profesional en la materia y otorgó personalmente y para el caso particular, un certificado de uso de Suelo de fecha 14 de noviembre del 2023 AM-DDCU-01-01 2023 en favor de Temporalidades de la Arquidiócesis de San José para dar como conforme la construcción de dicha ermita manifestando lo siguiente: “B) NORMATIVA CASO CONCRETO: Ante la ausencia del Plan regulador y la aplicación del principio de autonomía municipal se debe aplicar los parámetros establecidos en el Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamiento y Urbanización de forma supletoria. a decir: Dicha propiedad se encuentre ubicada según el Plan Regulador en, Zona Resto del Distrito para la que me permito transcribirle lo que indica el PLAN REGULADOR vigente, Artículo 13, zona del resto del distrito. (Z.R.D): Dado que el ámbito de acción del Plan Regulador está delimitado por el área urbana y el área inmediata de influencia para expansión. El resto del distrito primero debe ser incluido para tener un límite político básico. Los desarrollos que se den dentro del resto del distrito serán para fines agrícolas por lo cual rigen por los mismos requisitos de la Zona Agrícola. En los casos de pequeñas comunidades que pretendan algún desarrollo de fraccionamiento, urbanización o conjunto residencial en su localidad a través de una asociación de desarrollo, pueden aplicarse las normas generales del reglamento para el control nacional de fraccionamiento y urbanizaciones. Por tanto: el uso propuesto para la construcción de CAPILLA es la propiedad con Plano SJ0963056-91 se considera CONFORME CONDICIONADO A. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO CAPITULO XII. SITIOS DE REUNIÓN PÚBLICA...\" Mediante el oficio DU-298-07-2023, del 31 de julio del 2023, la Dirección de Urbanismo del INVU llega a las siguientes conclusiones: 1. Si bien el artículo 13 de Plan Regulador fue publicado atendiendo lo resulto por la Sala Constitucional, para darle aplicabilidad correspondía en su momento publicar también el artículo 11 del Plan Regulador de 1993, donde se fijaba la normativa urbanística a aplicar en la Zona Agrícola, que se puede equiparar con la Zona de Resto de Distrito. 2. Siendo que no se realizó tal acción, la norma vigente aplicable en dicha Zona, es lo que define el Plan Regional Desarrollo Urbano Gran Área Metropolitana, Decreto Ejecutivo N025902; esto entendiendo que aunque el texto del Plan Regulador hace referencia al resto del distrito, no se cuenta en el mismo con normativa a aplicar (existe la zona, mas no disposiciones asociadas a la misma).Considerando que los insumos elaborados por el INVU y la Municipalidad en el año 2020 no fueron oficializados por el gobierno local, y que no llevan relación con lo que manda el voto N°2010-021258 ni el contenido del Plan Regulador vigente, este Departamento se pone a disposición para acompañar la labor de delimitación de aquellas 3pequeñas comunidades\", donde a través de la iniciativa de una Asociación de Desarrollo Integral, se pueden realizar fraccionamientos con fines urbanos (frente a calle pública), urbanizaciones y conjuntos residenciales, a pesar de encontrarse dentro de la Zona Especial de Protección. Tal como manda el artículo 13, en estas áreas corresponde aplicar la normativa de alcance nacional promulgada por el INVU. el Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones (no requiere reglamentación adicional). 3.4. Al ser esta delimitación de pequeñas comunidades un elemento que surge del artículo 13 del Plan Regulador, lo correcto según la Ley de Planificación Urbana, Ley N04240, es seguir el procedimiento establecido en el artículo 17, para adicionarlo a su contenido. De la manera más preocupante la Dirección de Urbanismo del INVU desconoce la legalidad en cuando a las normas supletorias a aplicar, manifestando que sobre el Reglamento de Zonificación del Plan Regulador de Mora se sobrepone el Plan Regional Desarrollo Urbano Gran Área Metropolitana, Decreto Ejecutivo N° 25902 y desconoce los efectos jurídicos del acuerdo municipal ACM-153-01-2023 y vacía de eficacia sin más los insumos elaborados por el INVU y la Municipalidad en el año 2020 manifestando que los mismos no fueron oficializados. (…)”. Reclama que a partir de estas estas interpretaciones en donde se lesiona el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado de conformidad, dado que “(…) no es que el INVU indica que a la zona de resto del distrito le aplican las características de la zona agrícola del Plan Regional Desarrollo Urbano Gran Área Metropolitana, Decreto Ejecutivo N025902, es decir lo que serían las características de la Zona Especial de Protección, que es de uso predominantemente agrícola según el artículo 3, sino que plantea la sobreposición de la zonificación del decreto de la GAM sobre el reglamento de zonificación del Plan Regulador de Mora, y ellos mismos entregan a la Municipalidad de Mora en el oficio citado, el mapa coloreado de cómo queda zonificado según el criterio de la Dirección el distrito Colón.(…)”. Que en las imágenes que aporta de la zona se observa como se incluye el distrito Colón entre la zonificación de la GAM y como se sobrepone la \"zona de crecimiento urbano\", en color rosado, sobre la zona resto del distrito que es de uso agrícola. Que el decreto 25902 define la zona de crecimiento urbano en el artículo dos que establece “Se establece en el \"Área de Control Urbanístico\" antes delimitada, una \"Zona Especial de Protección\" de conformidad con el artículo 25 de la ley de Planificación Urbana número 4240 y se establece una \"Zona de Crecimiento Urbano\", según planos que se publican como anexos a este decreto y cuyos Originales pueden ser consultados en el INVU. MIDEPLAM y las Municipalidades correspondientes”. Que esta zona de crecimiento urbano cambia el uso totalmente, es decir el uso del resto del distrito es absolutamente agrícola, por lo que plantear la zona de crecimiento urbano es una modificación del reglamento de zonificación del Plan Regulador de Mora con efectos negativos hacia el ambiente. El uso residencial tiene un impacto en muchos aspectos sobre la buena práctica de la planificación urbana por cuanto son zonas que no cuentan con las previsiones para el uso urbano intensivo, pero además estaría violentando la normativa relacionada con los Índices de Fragilidad Ambiental. decreto 32967 de 20 de febrero del 2006 y la vasta jurisprudencia de la Sala Constitucional, por ser una modificación de hecho del plan regulador. Que por la obligada aplicación del principio precautorio en materia ambiental, ni la Dirección de Urbanismo del INVU, ni la Municipalidad de Mora podían hacer una interpretación de la sentencia de la Sala Constitucional sobre el Plan Regulador del cantón de Mora, ni sobre el contenido del artículo 13 del reglamento de zonificación del Plan Regulador de 1993, concluyendo que una parte de la zona de resto del distrito podría declararse zona de crecimiento urbano. Como se puede ver del mismo mapa, sin tener un dato exacto, el porcentaje del resto del distrito que es de uso agrícola y pasa a ser de crecimiento urbano es muy importante. Agrega que el decreto de los IFAs plantea claramente que este instrumento “Se trata de un método de tipo restrictivo, que aplica la premisa ambiental del desarrollo sostenible, para orientar a los usuarios del método y a los ciudadanos en general, la forma más equilibrada de insertar las actividades humanas en los espacios geográficos, bajo consideraciones técnicas de capacidad de carga y de propuesta de soluciones tecnológicas apropiadas para la mantención de ese equilibrio ambiental”. Que en el caso concreto lo realizado por la Dirección de Urbanismo del INVU y la Municipalidad de Mora, lejos de tener una interpretación del artículo 13 del Reglamento de Zonificación del Plan Regulador de 1993 restrictiva, que aplique la premisa ambiental del desarrollo sostenible, para orientar a los usuarios del método y a los ciudadanos en general, la forma más equilibrada de insertar las actividades humanas en el espacio denominado “resto del distrito”, bajo consideraciones técnicas de capacidad de carga y de propuesta de soluciones tecnológicas apropiadas para la mantención de ese equilibrio ambiental, pareciera que buscaron la forma más fácil de promover el uso urbano en zonas que por muchos años han sido de uso agrícola y de recuperación de la cobertura forestal. Que en los votos 2011-013436 y 2020-023743, esta Sala ha reiterado que “el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental es un mecanismo de defensa y de desarrollo equilibrado del ser humano con la naturaleza, de principios que permiten materializar la protección que emana del artículo 50 de la Constitución Política \". Que por ello no es posible que tanto la Dirección de Urbanismo del INVU y la Municipalidad de Mora obvien lo establecido en el decreto Índices de Fragilidad Ambiental 32967 de 20 de febrero del 2006, lo que vendría a ser una actuación propia de inderogabilidad singular de la norma. Que desde el año 1993 existe Plan Regulador en el distrito Colón del Cantón de Mora, así que la zona resto del distrito existe desde ese entonces con las características de la zona agrícola, que aunque había dudas sobre su eficacia al no constar su publicación, esta situación se solventó en cuanto el artículo 13 se publicó de acuerdo a lo ordenado por esta Sala. Por lo que llegar ahora a definir parte de esta área como zona de crecimiento urbano es -a su juicio- totalmente contrario al derecho de la Constitución en cuanto a la protección del ambiente. Que para probar que no es sólo un tema de mala aplicación del derecho en abstracto, aporta dos certificados de uso de suelo de las fincas 1-55300-000, plano SJ0278825-1977 y 1-876690-000, Plano SJ-0523648-1983, fincas que se ubican en zona resto del distrito y que la Municipalidad de Mora ubica en la zona de crecimiento urbano y de uso residencial con sus características propias de esa zona. Así propiamente sobre la finca 1-55300-000, plano SJ-0278825-1977 la Dirección de Urbanismo del INVU, mediante el oficio IJR-1285 del 28 de agosto de 1995, ubica a la finca en lo que era la zona agrícola y que ahora es zona resto del distrito con las características de la zona agrícola. Aclara que en este recurso no aboga por los derechos violentados por los propietarios de esas fincas, sólo usa esos casos como ejemplo de la materialización de lo que recrimina mediante este recurso. Señala que el 7 y 20 de agosto del 2023 planteó dos solicitudes ante la Municipalidad de Mora visibles a folio 37 del escrito de interposición mediante la cual solicita al Concejo Municipal que se ordene la ejecución de los acuerdos citados, y a folio 40 solicita al Concejo Municipal “que se ordene la ejecución del acuerdo firme citado o que se tomen las acciones correspondientes en beneficio de la seguridad jurídica, el mejoramiento urbano del distrito y la defensa del ambiente. Además, sugiero respetuosamente a ese Concejo Municipal, solicitar al Área de Desarrollo Urbano una lista de todos los certificados de uso de suelo en los cuales se haya cambiado de criterio a fin de que se conozca el alcance de las posibles responsabilidades tanto personales como institucionales que puedan existir y que puedan comprometer las finanzas municipales.”, gestión sobre las cuales no obtuvo respuesta alguna . Solicita el recurrente en este amparo lo siguiente: “(…) se declare con lugar este recurso de amparo y se condene a la municipalidad a aplicar el artículo 13 del Reglamento de Zonificación del Plan Regulador de 1993 como lo estableció la Sala Constitucional en el voto 2010-021258, para lo cual el alcalde municipal publique el acuerdo ACM-153-012023. Se ordene a la Municipalidad de Mora entregar la información de los certificados de uso de suelo con fines residenciales multifamiliares en la zona resto del distrito y se realice la anulación de los certificados de uso de suelo para fines multifamiliares y los otorgados con los usos y condiciones de la zona de crecimiento urbano del decreto de la GAM, que se hayan otorgado en la zona resto del distrito de Colón, que tiene requisitos de zona agrícola, de acuerdo al artículo 13 del Reglamento de Zonificación del Plan Regulador de 1993 y el mismo voto de la Sala Constitucional, como se demostró. Lo anterior adicionado a que no existen índices de fragilidad ambiental, ni procesos de consulta para que se haya dado ese cambio de uso tan dramático de agrícola a crecimiento urbano”.\n\n2.- Por resolución de las 15:07 horas del 22 de marzo de 2024, la Presidencia de la Sala dio curso a este proceso constitucional y se le solicitó informe al alcalde municipal y al director de la Dirección de Urbanismo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, sobre los hechos alegados por la parte recurrente.\n\n3.- Mediante escrito incorporado al expediente digital a las 14:17 horas del 03 de abril de 2024, la parte recurrente manifiesta lo siguiente:\n\n“Yo, José Gilberto Monge Pizarro, de calidades en autos conocidos, manifiesto ante ustedes respetuosamente lo siguiente: Por medio de la resolución de las quince horas siete minutos del día veintidós de marzo de dos mil veinticuatro se dio curso al recurso de amparo interpuesto por mi contra la Municipalidad de Mora y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo; no obstante, al día de hoy aún no se ha notificado a las partes recurridas, indicando erróneamente dicha resolución que el amparo lo interpongo contra Gilberto Monge Pizarro, cuando solo soy yo mismo, sino que además, no ostento ningún cargo público en la Municipalidad de Mora. En razón de lo anterior, solicio que la resolución de curso se corrija y se notifique a los recurrentes que indico en el escrito de interposición del recurso. A la Municipalidad de Mora se podrá notificar al correo alimenezc@mora.go.cr y a la Dirección de Urbanismo del INVU al correo hcarvajal@invu.go.cr”.\n\n \n\n4.- Mediante escrito incorporado al expediente a las 08:08 horas del 05 de abril de 2024, informa bajo juramento Alfredo Calderón Hernández, en su condición de director de la Dirección de Urbanismo y Vivienda del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, lo siguiente:\n\n“I. HECHOS ALEGADOS POR EL RECURRENTE Básicamente el recurrente señala que el cantón de Mora cuenta con un Plan Regulador y un Reglamento de Zonificación aprobado en el año 2001, siendo que por una acción de inconstitucionalidad declarada con lugar mediante el voto 2010-021258, se anularon los artículos 4.3 y 10 del Reglamento de Zonificación del Plan Regulador de Mora y que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley de Jurisdicción Constitucional se dimensionaron los efectos en el sentido de que la inconstitucionalidad declarada no afectaba las construcciones plenamente terminadas o los propietarios que contaran con las respectivas licencias de construcción otorgadas por la municipalidad, salvo aquellas que aún no se habían otorgado a la fecha de publicación del aviso respectivo, por lo que hasta tanto la Municipalidad y el Ministerio de Energía, Ambiente y Telecomunicaciones no hubieran promulgado la respectiva normativa, únicamente se debían admitir trabajos de remodelación o mantenimiento sobre las áreas previamente construidas. Manifiesta que el voto anteriormente descrito, anuló la zona agrícola del Reglamento de Zonificación del Plan Regulador del 2001, pero el artículo 13 del Reglamento de Zonificación de 1993 la vuelve a reestablecer en razón de que la zona resto del distrito tiene las características de la zona agrícola por lo que no habría un vacío normativo, sino que se debe complementar la norma de conformidad con el transitorio segundo de la Ley de Planificación Urbana donde establece que el Instituto dictará las normas de desarrollo relativas a las materias a que se refiere el artículo 21 de esa ley. Alega que desde hace algunos años la Dirección de Urbanismo del INVU y la Municipalidad de Mora han cambiado de criterio, siendo que dicha Dirección manifestó que la forma correcta de interpretar el artículo 13 del Reglamento de Zonificación del INVU, inclusive realizando un trabajo técnico mancomunado entre la Dirección de Urbanismo y la Municipalidad de Mora que dio como resultado la delimitación de las pequeñas comunidades que pretendan algún desarrollo de fraccionamiento, urbanización o conjunto residencial y que fueron aprobados por el Concejo Municipal mediante el acuerdo ACM.153-01-2023, siendo que el alcalde municipal se ha negado a publicar, generando un grave perjuicio de las personas propietarias de estas comunidades pero sobre todo al ambiente del cantón de Mora. Precisa además que la Dirección de Urbanismo del INVU desconoce la legalidad en cuando a las normas supletorias a aplicar, manifestando que, sobre el Reglamento de Zonificación del Plan Regulador de Mora, se sobrepone el Plan Regional Desarrollo Urbano Gran Área Metropolitana, Decreto Ejecutivo N°25902 y desconoce los efectos jurídicos del acuerdo municipal ACM-153-01 2023 y deja sin eficacia los insumos elaborados por el INVU y la Municipalidad en el año 2020 manifestando que los mismos no fueron oficializados. Por otra parte, cita que debido a lo anterior, se está violentando el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado de conformidad con el artículo 50 de la Constitución Política y los postulados de los artículos 28, 29, 30 y 31 de la Ley Orgánica del Ambiente, agrega que no es que el INVU indica que a la zona de resto del distrito le aplican las características de la zona agrícola del Plan Regional Desarrollo Urbano Gran Área Metropolitana, Decreto Ejecutivo N°25902, es decir lo que serían las características de la Zona Especial de Protección que es de uso predominantemente agrícola según el artículo 3, sino que plantea la sobre posición de la zonificación del decreto de la GAM sobre el reglamento de la zonificación del Plan Regulador de Mora. II. INFORME DEL INSTITUTO RECURRIDO En fecha 4 de abril de 2024, mediante oficio DU-107-04-2024, la licenciada Hilda Carvajal Bonilla en su calidad de Jefa del Departamento de Urbanismo, junto con el asesor legal, el licenciado Marco Vinicio Arias Alfaro, suscriben un informe, el cual, de forma resumida, manifiesta lo siguiente: “Como se ha señalado anteriormente, al no definir el instrumento de planificación local lineamiento alguno para la Zona del Resto del Distrito, este Departamento ha sostenido el criterio que corresponde acatar el plan regional (Plan GAM), dentro de su ámbito de aplicación que abarca el área del distrito Colón (únicamente en las áreas donde el PR no defina regulación), y los distritos de Quitirrisí y Jaris.” “Ahora bien, resulta imperante indicar que las “pequeñas comunidades” a las que hace referencia el artículo 13 del Plan Regulador, no corresponden a cuadrantes urbanos, sino a aquellas áreas donde por la gestión a través de una Asociación de Desarrollo se puede efectuar un fraccionamiento, urbanización o conjuntos residencial, en la Zona del Resto del Distrito (Zona Especial de Protección según D.E. N°25902)”. “Mediante oficio N°DU-UCTOT-036-2020 del 5 de febrero del 2020, el Departamento de Urbanismo y la Unidad de Criterios Técnicos y Operativos de Ordenamiento Territorial, comunican a la Presidencia Ejecutiva del INVU que “se han delimitado las áreas de crecimiento urbano de las localidades del Cantón de Mora: Brasil, Rodeo, Jaris, San Bosco, Los Altos de San Rafael y Barrio La Trinidad de Colón de Mora”, atendiendo “solicitud de la Municipalidad del Cantón de Mora y al Fallo Res. Nº2010-021258 de la Sala Constitucional”. “Reconoce el Departamento de Urbanismo actual, que dichos insumos tienen características asociadas a cuadrantes urbanos (área desarrollada, desarrollo sin limitaciones), y no a las “pequeñas comunidades” a las que hace referencia el artículo 13 del PR, ni al fondo de la materia desarrollada por la Sala. Es decir, la delimitación realizada a “pequeñas comunidades” dentro del distrito de Colón, superan las regulaciones contenidas en el Plan Regulador y en el Plan Regional, para la Zona Especial de Protección y la Zona Especial de Protección Forestal, donde en ningún escenario el Decreto Ejecutivo N°25902 habilita la posibilidad de delimitar nuevos cuadrantes urbanos.” “Los insumos elaborados por el INVU y la Municipalidad en el año 2020 no fueron oficializados por el gobierno local, y no llevan relación alguna con lo que manda el voto Nº2010-021258 ni el contenido del Plan Regulador vigente, mismos que no mencionan la delimitación de “pequeñas comunidades”, sino que hace referencia a la posibilidad, a través de la iniciativa de una Asociación de Desarrollo Integral, de realizar en estas fraccionamientos con fines urbanos (frente a calle pública), urbanizaciones y conjuntos residenciales, a pesar de encontrarse dentro de la Zona Especial de Protección (Zona Resto de Distrito en PR, sin regulaciones). Tal como manda el artículo 13, para los proyectos que se gesten de esta manera, corresponde aplicar la normativa de alcance nacional promulgada por el INVU: el Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones (no requiere reglamentación adicional)”. “Es evidente para este Departamento que la reforma al Plan Regulador del 2001 tenía como objetivo promover el uso urbano intensivo en zonas que estaban condicionadas por su categorización al uso agrícola, según el Plan Regulador anterior e incluso el Decreto Ejecutivo N°25902. Se desvirtuó entonces la Zona Agrícola, al determinar que pese a poseer los terrenos dicha naturaleza y vocación, en 5 poblados adicionales al de Brasil, se iban a aplicar los lineamientos de la Zona Residencial”. “Por este motivo el Departamento de Urbanismo ha hecho alusión en reiterados criterios dirigidos al gobierno local, de la procedencia de aplicar el Decreto Ejecutivo N°25902, en la superficie del cantón de Mora que no posea lineamientos vigentes en el Plan Regulador (no sobre lo allí sí definido) (…)”. “En este punto se precisa, para efectos de lo indicado por el Sr. Monge Pizarro en el recurso de amparo interpuesto, que en los documentos que se han emanado desde el Departamento de Urbanismo, al indicarse “Zona de Crecimiento Urbano” se hace referencia al área de control urbanístico que contiene el Anillo de Contención de la GAM según los Decretos Ejecutivos vigente. No se ha planteado en ninguna circunstancia modificar lo señalado por el Plan Regulador vigente, ni mucho menos, promover el uso urbano en la Zona Especial de Protección de la GAM (Zona Resto del Distrito en el PR, sin regulaciones a aplicar). Es decir, lo recomendado en los criterios dados por el Departamento de Urbanismo es mantener la vocación agrícola de la Zona Resto el Distrito, exigiendo el cumplimiento de lo dispuesto en el punto 3.3 del Decreto N°25902 (debido al vacío normativo), que a todas luces es contrario a “promover el uso urbano”, como lo afirma el recurrente. Se reitera, nunca ha indicado este Departamento que se debe aplicar el Decreto mencionado por encima del Plan Regulador vigente, sino únicamente en aquellas áreas que el mismo no regule (…)” “No es correcto la afirmación que hace el recurrente que el INVU está promoviendo el inobservar el Manual de Instrumentos Técnicos para el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (Manual de EIA)- Parte III, Decreto Ejecutivo N°32967-MINAE, cuando lo recomendado ha sido apegarse a la norma aplicable, local, regional, y residualmente la oficializada por este Instituto”. “Se aclara que el mapa mostrado anteriormente (numeral 2.9), remitido al gobierno local en su momento, responde a un ejercicio de análisis y coordinación entre el INVU y la Municipalidad, y no se menciona en ninguna nota que es una nueva zonificación por aplicar; entendemos que así fue recibido por la Municipalidad, y no como lo interpreta el Sr. Monge Pizarro”.\n\n \n\n5.- Mediante escrito incorporado al expediente digital a las 18:12 horas del 05 de abril de 2024, informa bajo juramento Alfonso Jiménez Cascante, en su condición de alcalde de Mora, lo siguiente:\n\n“SEGUNDO: DEL PLAN REGULADOR DE MORA Y SUS ALCANCES: I. De la acción de inconstitucionalidad N° 09-009306-0007-CO: Esta Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, mediante resolución N° 21258-2010 del 22 de las catorce horas de diciembre de 2010, expediente N° 09 009306-0007-CO, resolvió lo siguiente: “(…) VIII.- Dimensionamiento de los efectos de la sentencia. Redacta al Magistrada Calzada Miranda. (…) Finalmente, es claro que, al declarar la inconstitucionalidad de las normas impugnadas, las disposiciones respectivas del Reglamento de Zonificación de 1993, en cuanto a la Zona Agrícola (artículo 11) y las disposiciones del Resto de Distrito (ZRD) (artículo 13), no entran en vigor automáticamente, sino hasta que las mismas sean publicadas, dado que únicamente consta la reseña en La Gaceta, según se indicó supra en esta sentencia. Ante esta ausencia normativa, deberá integrarse el ordenamiento urbano del Cantón de Mora con la respectiva normativa dictada por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. (…) Por tanto: Se declara CON LUGAR la acción. En consecuencia, se anulan por inconstitucionales los artículos 4.3 y 10 del Reglamento de Zonificación del Plan Regulador de Mora, publicado en La Gaceta No. 173 del 10 de septiembre de 2001. En cuanto al artículo 13 del Reglamento de Zonificación de 1993, no resulta inconstitucional si después de su publicación en el Diario La Gaceta no se aplica a Áreas Silvestres Protegidas. Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de la norma anulada, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe. Sin embargo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se dimensionan los efectos en el sentido de que la inconstitucionalidad declarada no afecta las construcciones plenamente terminadas o los propietarios que cuenten con las respectivas licencias de construcción otorgadas por la Municipalidad, salvo aquellas que aún no han iniciado a la fecha de publicación del aviso. Hasta tanto la Municipalidad y el Ministerio de Energía, Ambiente y Telecomunicaciones no hayan promulgado la respectiva normativa, únicamente se deben admitir trabajos de remodelación o mantenimiento sobre las áreas previamente construidas. Comuníquese este pronunciamiento al Poder Ejecutivo. Reséñese este pronunciamiento en el Diario Oficial La Gaceta y publíquese íntegramente en el Boletín Judicial. Notifíquese. El Magistrado Castillo Víquez salva el voto únicamente en cuanto al dimensionamiento de esta sentencia. (…)” (El resaltado es propio). A partir de la interposición de la acción de inconstitucionalidad interpuesta por el Lic. José Gilberto Monge Pizarro, alcalde en ejercicio en ese momento, bajo expediente N° 09-009306-0007-CO, con la finalidad de evitar el cambio de uso de suelo sin contar con los estudios técnicos y científicos por modificar la Zona Agrícola vigente mediante el artículo 10, Zona Agrícola del Plan Regulador del año 2001, donde establecía la excepción a los poblados de Brasil, Rodeo, Jaris, San Bosco, Los Altos de San Rafael, y Barrio La Trinidad. Al ser anulado el artículo 4.3 Zona Residencial de Baja densidad y el articulo 10 Zona Agrícola del Plan Regulador 2001, como bien lo señala el recurrente, en el dimensionamiento es claro el análisis en relación a publicación de los artículos del Plan Regulador del año 1993, articulo 11 Zona Agrícola y 13 Zona Resto del distrito, es erróneo poder interpretar y asumir que basta únicamente con publicar el artículo 13 Zona Resto del Distrito, esto para dar cumplimiento operativo y legal al artículo 13 y a la misma sentencia emitida por esta Sala. En vista que de una simple lectura del enunciado del articulo 13 Zona Resto del distrito, indica de forma precisa “(…) Los desarrollos que se den dentro del resto del distrito serán para fines agrícolas por lo cual rigen por los mismos requisitos de la Zona Agrícola (…)” (artículo 11 del Plan regulador de 1993), lo cual no hace posible la omisión de la publicación del articulo 11 Zona Agrícola, como pretende el aquí recurrente y de conformidad a como procedió el entonces señor alcalde nombrado al momento de la emisión de la sentencia en cuestión. En otro sentido, es contradictorio por el recurrente mediante la interposición del recurso de amparo que nos ocupa, pretender evitar el cambio de uso por no contar con los estudios técnicos y/o científicos y buscar que se base la delimitación de los poblados de Brasil, Rodeo, Jaris, San Bosco, Los Altos de San Rafael y Barrio La Trinidad, de forma arbitraria mediante un acuerdo del Concejo Municipal de Mora, sin mediar los estudios técnicos y científicos que alegó en la acción de inconstitucionalidad, cuando donde se indican estos poblados como excepciones únicamente es el artículo 10 Zona Agrícola, plan regulador de 2001, que claramente fue derogado por la Sala mediante voto N° 21258-2010 del 22 de las catorce horas de diciembre de 2010, expediente N° 09-009306-0007-CO y así aclarado mediante oficio N° DU-298-07-2023 de fecha del 31 de julio de 2023, suscrito por Hilda Carvajal Bonilla, jefatura a.i. y Marco Arias Alfaro, Asesor Legal ambos del Departamento de Urbanismo, del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, en el que se indicó: “(…) 3.1. Si bien el artículo 13 de Plan Regulador fue publicado atendiendo lo resulto por la Sala Constitucional, para darle aplicabilidad correspondía en su momento publicar también el artículo 11 del Plan Regulador de 1993, donde se fijaba la normativa urbanística a aplicar en la Zona Agrícola, que se puede equiparar con la Zona de Resto de Distrito. 3.2. Siendo que no se realizó tal acción, la norma vigente aplicable en dicha Zona, es lo que define el Plan Regional Desarrollo Urbano Gran Área Metropolitana, Decreto Ejecutivo N° 25902; esto entendiendo que aunque el texto del Plan Regulador hace referencia al resto del distrito, no se cuenta en el mismo con normativa a aplicar (existe la zona, mas no disposiciones asociadas a la misma). 3.3. Considerando que los insumos elaborados por el INVU y la Municipalidad en el año 2020 no fueron oficializados por el gobierno local, y que no llevan relación con lo que manda el voto Nº2010-021258 ni el contenido del Plan Regulador vigente, este Departamento se pone a disposición para acompañar la labor de delimitación de aquellas “pequeñas comunidades”, donde a través de la iniciativa de una Asociación de Desarrollo Integral, se pueden realizar fraccionamientos con fines urbanos (frente a calle pública), urbanizaciones y conjuntos residenciales, a pesar de encontrarse dentro de la Zona Especial de Protección. Tal como manda el artículo 13, en estas áreas corresponde aplicar la normativa de alcance nacional promulgada por el INVU: el Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones (no requiere reglamentación adicional). 3.4. Al ser esta delimitación de pequeñas comunidades un elemento que surge del artículo 13 del Plan Regulador, lo correcto según la Ley de Planificación Urbana, Ley N°4240, es seguir el procedimiento establecido en el artículo 17, para adicionarlo a su contenido. (…)” II. De la aplicación del artículo 13 del Plan Regulador de Mora: Es erróneo interpretar que el llamado artículo 13 Zona Resto del Distrito haga alusión a “otra” zona agrícola ajena a lo indicado en el Plan Regulador de 1993 mediante el artículo 11 Zona Agrícola, como lo quiere hacer ver el aquí recurrente, siendo que se generó un vacío normativo al artículo 13 Zona Resto del Distrito al no proceder a la publicación del artículo 11 Zona Agrícola que si bien se menciona en el artículo 13, no existe los parámetros vigentes en cuanto a requisitos normativos aplicables al no estar publicado dicho artículo 11 para dar integralidad al enunciado del artículo 13 “(…) Los desarrollos que se den dentro del resto del distrito serán para fines agrícolas por lo cual rigen por los mismos requisitos de la Zona Agrícola. (…)” (artículo 11 del Plan regulador 1993). […] Asimismo, señala el por tanto de la sentencia supra citada indicó “(…) Ante esta ausencia normativa, deberá integrarse el ordenamiento urbano del Cantón de Mora con la respectiva normativa dictada por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. (…)” Siendo en este caso aplicable la normativa supletoria en cascada ante la imposibilidad legal de aplicabilidad del artículo 13 Zona Resto del distrito al haber un vacío normativo al no haber procedido a la publicación la administración en su momento del articulo 11 Zona Agrícola correspondiente del Plan Regulador de 1993. Debe considerarse que para poner en vigencia el artículo 13, es indispensable la publicación del artículo 11 Zona Agrícola del Plan Regulador de 19933 como bien lo indica la resolución N° 21258-2010 del 22 de las catorce horas de diciembre de 2010, expediente N° 09-009306-0007-CO, siendo que, sin este, el artículo 13 posee una ausencia normativa, haciendo que su aplicación no sea posible y por ende, se deba aplicar la norma supletoria. Esto es claro al hacer la lectura del artículo 13, se establece que los desarrollos que se den en el Resto del Distrito serán para fines agrícolas, por lo cual rigen los mismos requisitos de la Zona Agrícola, sin embargo, al NO estar publicado no es posible su aplicación práctica ni del artículo 11 y por ende del artículo 13, por lo cual para efectos de ejecutar el acuerdo del Concejo Municipal se deberá publicar el artículo 11 en cuestión. Con lo anterior se deprende que, si bien la administración publicó el artículo 13 en la administración del señor aquí recurrente Pizarro Monge y el mismo se encuentra vigente, la no publicación en su momento del artículo 11 Zona Agrícola correspondiente, deviene en un vacío normativo que no hace posible su aplicación técnica y jurídica, teniendo que referirse a la norma supletoria bajo el principio de cascada al Plan Regional Urbano del Gran Área metropolita. Decreto 25902, como se indica en la resolución N° 21258-2010 del 22 de las catorce horas de diciembre de 2010, expediente N° 09-009306-0007-CO, “(…) Ante esta ausencia normativa, deberá integrarse el ordenamiento urbano del Cantón de Mora con la respectiva normativa dictada por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. (…)” Lo cual consultado mediante oficio N° DU-298-07-2023 de fecha del 31 de julio de 2023, suscrito por Hilda Carvajal Bonilla, jefatura a.i. y Marco Arias Alfaro, Asesor Legal ambos del Departamento de Urbanismo, del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo por la administración actual al INVU como ente asesor en materia urbanística indicó: “(…) Art 13 Zona Resto del Distrito (PUBLICADO) Dado que el ámbito de acción del Plan Regulador está delimitado por el área urbana y el área inmediata de influencia para expansión. El resto del distrito primero debe ser incluido para tener un límite político básico. Los desarrollos que se den dentro del resto del distrito serán para fines agrícolas por lo cual rigen por los mismos requisitos de la Zona Agrícola. (artículo 11 del Plan regulador 93) En los casos de pequeñas comunidades que pretendan algún desarrollo de fraccionamiento, urbanización o conjunto residencial en su localidad a través de una asociación de desarrollo, pueden aplicarse las normas generales del reglamento para el control nacional de fraccionamiento y urbanizaciones y entra en estudio conjuntamente la municipalidad y la Dirección del Urbanismo del I.N.V.U., para definir si se permite el proyecto. (…)” (subrayado no es del original) De manera tal que puede verse como el mismo Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, ente rector en la materia, ha dejado claro que en aquellos casos de ausencia normativa interna, se deberá integrar al ordenamiento urbano del cantón de Mora la normativa que se dicta por dicho instituto, actuar que ha sido seguido por este Gobierno Local. III. De la norma supletoria y de la aplicación territorial del plan regulador vigente: […] Como se puede observar en la gráfica, bajo el principio de cascada de la aplicación normativa, en ausencia de norma local llámese Plan Regulador lo que corresponde aplicar es la normativa Regional antes que la normativa nacional en relación al Reglamento Nacional para Fraccionamiento y Urbanizaciones, como erróneamente lo interpreta el aquí recurrente. Por lo anterior, en ausencia de parámetros como lo es lo referido por el artículo 13 y el vacío normativo al no poseer requisitos en relación con la zona Agrícola del artículo 11 no es viable solventar esta falta normativa con normativa nacional obviando la normativa regional establecida mediante el Plan Regional Urbano del Gran Área Metropolitana decreto N° 25902. Lo anterior le fue indicado al recurrente por el INVU desde el 13 de junio de 2011 mediante oficio del N° INVU C-PU-D-452-2011 suscrito por el Lic. Leonel Rosales, director de urbanismo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, en respuesta a consulta remitida mediante nota con N° DDCU 045-11 con fecha 14 de abril de 2011 por este Gobierno Local, indicando dicho instituto lo siguiente: “En el caso en que no exista en el Plan Regulador de Mora, la norma a aplicar para situaciones concretas, remite la Sala Constitucional a las disposiciones emitidas por la Dirección de Urbanismo, es decir reglamentación contenida en Decreto Ejecutivo N° 25092 -MIVAH-MP-MINAE (GAM), Ley de Planificación Urbana, Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamiento y Urbanizaciones y Ley de Construcciones. B. En relación con la demás información requerida, se adjunta cartografía digital y CD. C. Sobre la determinación de los centros poblados rurales, pueden realizarlo a través de la Actualización del Plan Regulador, tarea que tiene la investigación de la variable ambiental y posterior a aprobación por parte de la SETENA. Sin el anterior, insumo, no pueden realizarse las modificaciones pretendidas al Plan Regulador. Sin embargo, estamos en la mejor disposición de colaborar en el la delimitación, mediante un Convenio de Cooperación, del cual ya había conversado. IV. Del traslape normativo: Del mismo modo se indica en el artículo 13 Zona Resto del Distrito, no posee en sí mismo requisitos ni parámetros urbanos que permitan su aplicabilidad técnica legal normativa, se indica como un zona de carácter residual para completar el límite político básico, en vista que no sólo no define estos parámetros sino que tampoco define las llamadas pequeñas comunidades que pretende el aquí recurrente que se defina mediante acuerdo del Concejo Municipal de Mora, no es de recibo pretender la aplicación de un artículo que si bien se encuentra publicado carece de parámetros normativos, existiendo el vacío legal que debe ser abordado. mediante la normativa supletoria, no existiendo tampoco traslape normativo en vista que la normativa local carece de aplicabilidad práctica. “(…) ARTICULO 13. ZONA DEL RESTO DEL DISTRITO. (Z.R.D): Dado que el ámbito de acción del Plan Regulador esta delimitado por el área urbana y el área inmediata de influencia para expansión. El resto del distrito primero debe ser incluido para tener un límite político básico. Los desarrollos que se den dentro del resto del distrito serán para fines agrícolas por lo cual rigen por los mismos requisitos de la Zona Agrícola. En los casos de pequeñas comunidades que pretendan algún desarrollo de fraccionamiento, urbanización o conjunto residencial en su localidad a través de una asociación de desarrollo, pueden aplicarse las normas generales del reglamento para el control nacional de fraccionamiento y urbanizaciones y entra en estudio conjuntamente la municipalidad y la Dirección del Urbanismo del I.N.V.U., para definir si se permite el proyecto. (…)” Al respecto, la Ley de Planificación Urbana N° 4240, en su numeral 15 establece lo siguiente sobre los planes reguladores: “(…) Artículo 15.- Conforme al precepto del artículo 169 de la Constitución Política, reconócese la competencia y autoridad de los gobiernos municipales para planificar y controlar el desarrollo urbano, dentro de los límites de su territorio jurisdiccional. Consecuentemente, cada uno de ellos dispondrá lo que proceda para implantar un plan regulador, y los reglamentos de desarrollo urbano conexos, en las áreas donde deba regir, sin perjuicio de extender todos o algunos de sus efectos a otros sectores, en que priven razones calificadas para establecer un determinado régimen contralor. (El resaltado es propio). (…)” Siendo que el municipio no ha promulgado sus propio lineamientos para la zona descrita como Zona Resto del Distrito, artículo 13 en cuanto a la no publicación del artículo 11 Zona Agrícola y no al no haberse definido mediante los mecanismos legales establecidos para tales efectos la delimitación de las pequeñas comunidades dentro del Reglamento de Zonificación, no es viable interpretar que con un artículo que posee vacío normativo evidente se pretenda justificar por el aquí recurrente que el Distrito Colón posea en la actualidad sus propias disposiciones legales ajustadas a la ley y dar pie a la aplicación de normativa nacional. De igual manera no es de recibo la afirmación que el Plan Regional de Desarrollo Urbano del Gran Área Metropolitana aplica en ausencia total de Plan Regulador, siendo que el área que contempla el Plan Regulador Parcial de Mora es significativamente reducida en relación con la totalidad del Cantón, así como que no es limitante ni excluyente el artículo 1 indicado del Plan Regional de Desarrollo Urbano Gran Área Metropolitana como lo indica el recurrente. […]  De este mapa puede verse la aplicación dentro del territorio de Mora el Plan Regulador parcial en el distrito Colón, en color azul, la aplicación del Plan Regional de Desarrollo Urbano Gran Área Metropolitana, en color rojo: Zona de Control Urbanístico y por último, en color café la Zona Especial de Protección. Si se observa el nuevamente el voto de la sala al respecto del caso específico del Cantón de Mora, manifiesta “(…) Ante esta ausencia normativa, deberá integrarse el ordenamiento urbano del Cantón de Mora con la respectiva normativa dictada por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo.(…)” Actuar que ha sido realizado por este Gobierno Local en aplicación de las normas urbanísticas según cada caso en concreto que deba ser atendido por el mimos. No obstante, como se abundará en la presente, se está trabajando de manera interinstitucional con personeros del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo para lograr contar con instrumentos actualizados y aplicables a la realidad fáctica del cantón de Mora. TERCERO: DEL ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MORA N° ACM-153-01-2023: El Concejo Municipal de Mora, mediante acuerdo N° ACM-153-01-2023 tomado en la sesión ordinaria N° 153 del 03 de abril de 2023, acordó: “(…) ACUERDO N°. 1: 1. SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME: Acójase y apruébese en todos sus extremos la moción presentada por la Presidencia Municipal, secundada por los demás señores Regidores(as). 2. Para efectos del artículo 13 del Reglamento de Zonificación del Plan Regulador del Cantón de Mora aprobado en el año 1993, que en su último párrafo dice lo siguiente: “En los casos de pequeñas comunidades que se pretendan algún desarrollo de fraccionamiento, urbanización o conjunto residencial en su localidad a través de una Asociación de Desarrollo, pueden aplicarse las normas generales del Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones, y entrara en estudio conjuntamente la Municipalidad y la Dirección de Urbanismo I.N.V.U., para definir si se permite el proyecto”, determínense las comunidades de Brasil, Barrio La Trinidad, Altos de San Rafael, San Bosco, Jaris y Rodeo como las comunidades descritas por el artículo 13 del Reglamento de Zonificación del Plan Regulador del Cantón de Mora aprobado en el año 1993. 3. Para efectos de su definición espacial, se aprueban los mapas realizados por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y la Municipalidad de Mora para esos efectos. 4. De conformidad con el presente acuerdo, publíquense los nombres de las comunidades incluidas dentro del artículo 13 del Reglamento de Zonificación del Plan Regulador del Cantón de Mora aprobado en el año 1993 y los respectivos mapas realizados para definir estas comunidades por parte del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y la Municipalidad de Mora. Se confiere a la Administración Municipal el plazo de un mes calendario, para que se proceda con la publicación que dicta el presente acuerdo. 5. Notifíquese el presente acuerdo con acuse de recibo y fecha al señor Alcalde Municipal, Alfonso Jiménez Cascante, para lo de su cargo. 6. Remítase copia del presente acuerdo con acuse de recibo y fecha a la Encargada del Departamento Desarrollo y Control Urbano, Arq. Erika Angulo Campos. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. (…)” (El resaltado corresponde al original). En relación con el acuerdo ACM-153-01-2023, se realizó una serie de consultas al INVU como ente asesor y a partir de estas se remitió una recomendación mediante oficios de la Comisión Técnica Administrativa CTA-03-2023 y CTA-04-2023, dirigidos a la Alcaldía Municipal de Mora, quien remitió la misma al Concejo Municipal de lo cual la administración no ha obtenido respuesta a la fecha de la presente por parte de dicho Órgano Colegiado, lo cual imposibilita el proceder de la misma, con la certeza jurídica que se requiere en vista que lo que se pretende es la publicación únicamente de los mapas de las comunidades como delimitación obviando el reglamento que lo acompaña y el debido proceso para incorporar estas comunidades al Plan Regulador mediante el articulo17 de la Ley de Planificación Urbana, como lo manifiesta el INVU como ente asesor. Para esto puede verse lo indicado por la Comisión Técnica Administrativa, mediante oficio N° CTA-03-2023 de fecha del 04 de mayo de 2023, del que se extrae: “(…) Si bien se aporta los mapas elaborados en conjunto con el INVU, y como bien es conocido el papel del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, de acuerdo al artículo 7, inciso 3 y 4 de la Ley de Planificación corresponde a la Dirección de Urbanismo y Vivienda del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, Invu asesorar a los Gobiernos municipales en materia de planificación urbana. Articulo 7. 3)Asesorar y prestar asistencia a las municipalidades y a los demás entes públicos dedicados a la planificación, en todo cuando convenga al establecimiento o fomento de esa disciplina; y 4) Ejercer vigilancia y autoridad para el debido cumplimiento de las normas de interés nacional comprendidos en esta ley y en los reglamentos de desarrollo urbano” Los mismos fueron elaborados de conformidad a lo que establece las normas generales del Reglamento para el control nacional de fraccionamiento y urbanizaciones indicadas en el artículo 13, en apego a la normativa vigente y por ende al Protocolo para la Delimitación de Cuadrantes Urbanos y sus Áreas de Expansión del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. Art 13 Zona Resto del Distrito (PUBLICADO) Dado que el ámbito de acción del Plan Regulador está delimitado por el área urbana y el área inmediata de influencia para expansión. El resto del distrito primero debe ser incluido para tener un límite político básico. Los desarrollos que se den dentro del resto del distrito serán para fines agrícolas por lo cual rigen por los mismos requisitos de la Zona Agrícola. En los casos de pequeñas comunidades que pretendan algún desarrollo de fraccionamiento, urbanización o conjunto residencial en su localidad a través de una asociación de desarrollo, pueden aplicarse las normas generales del reglamento para el control nacional de fraccionamiento y urbanizaciones y entra en estudio conjuntamente la municipalidad y la Dirección del Urbanismo del I.N.V.U., para definir si se permite el proyecto. (subrayado no es del original) Con lo cual el trabajo fue referido al municipio mediante nota DU-UCTOT 036-2020, del 05 de febrero de 2020, suscrita por el MSC. Msc. Tomás Martínez Baldares, Presidente Ejecutivo del Invu. Siendo que el trabajo se compone de Mapas de delimitación, capas en formato shape y el Reglamento para la delimitación de las Áreas de Crecimiento Urbano, ante esto se solicita se incorpore estos dos últimos para poder hacer efectiva la publicación de la delimitación de las áreas de crecimiento urbano de las comunidades citadas, en vista de que sin la publicación del Reglamento que sustenta el trabajo y los shapes, la administración se vería imposibilitada de operativizar los mapas sin el sustento técnico que lo acompaña lo cual nuevamente pondría a la administración en el escenario de utilizar la norma supletoria para poder regular el territorio ante la ausencia normativa. “Espero se encuentre bien, en atención a la solicitud de la Municipalidad del Cantón de Mora y al Fallo Res. N°201-021258 de la Sala Constitucional del 22 de diciembre de 2010, se han delimitado las áreas de crecimiento urbano de las localidades del Cantón de Mora: Brasil, Rodeo, Jaris, San Bosco, Los Altos de San Rafael y Barrio La Trinidad de Colón de Mora, por lo que se hace entrega para lo que corresponda de lo siguiente: 1. Mapas de delimitación de las áreas de crecimiento urbano de las localidades enunciadas anteriormente. 2. Capas en formato shape (shp) de las zonas de crecimiento. 3. Reglamento para la delimitación de las Áreas de Crecimiento Urbano. “ 4. De conformidad con el presente acuerdo, publíquense los nombres de las comunidades incluidas dentro del artículo 13 del Reglamento de Zonificación del Plan Regulador del Cantón de Mora aprobado en el año 1993 y los respectivos mapas realizados para definir estas comunidades por parte del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y la Municipalidad de Mora. Se confiere a la Administración Municipal el plazo de un mes calendario, para que se proceda con la publicación que dicta el presente acuerdo. 5. Notifíquese el presente acuerdo con acuse de recibo y fecha al señor Alcalde Municipal, Alfonso Jiménez Cascante, para lo de su cargo. 6. Remítase copia del presente acuerdo con acuse de recibo y fecha a la Encargada del Departamento Desarrollo y Control Urbano, Arq. Erika Angulo Campos. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. Por tanto, se recomienda que se incorpore al acuerdo la publicación del artículo 11, zona Agrícola del Plan Regulador del año 1993 en apego a Voto 2012 EXP 09-009306-0007-CO, para poder operativizar el artículo 13 en mención y en cuanto a la delimitación de las áreas de crecimiento urbano de los centros de población incorporar la publicación de las Capas en formato shape (shp) de las zonas de crecimiento y del Reglamento para la delimitación de las Áreas de Crecimiento Urbano. Ante esta situación, se queda a la espera de las decisiones pertinente por parte del concejo para llevar a cabo la publicación requerida, no se omite manifestar que se adjunta el oficio DDCU-09-2021, el cuadro Resumen de normativa urbanística aplicable al cantón de Mora donde se exponen los escenarios que se presentan a partir de esta publicación, así como su impacto en el desarrollo urbano del Cantón, presentado en el año 2021 a la administración. (…)” Así también, véase el oficio de la Comisión Técnica Administrativa, mediante oficio N° CTA-04 2023 de fecha del 07 de agosto de 2023, del que se extrae: “(…) Sirva la presente para saludarle, y al mismo tiempo trasladar la recomendación por parte de la Comisión Técnica Administrativa, tomada en acta LG 04-2023 del 7 de agosto, 2023, en relación con el acuerdo de concejo # ACM-153-01-2023, tomado en la Sesión Ordinaria número 153, celebrada el día 03 de abril del año 2023, la nota CTA 03-2023, a partir de la nota de respuesta INVU DU-298-07-2023 Normativa Urbanística y delimitación pequeñas comunidades con fecha 31 de julio, 2023. Suscrita por la Lic. Hilda Carvajal Bonilla Jefatura a.i. Departamento Urbanismo y Lic. Marco Arias Alfaro, Asesor Legal del Departamento de Urbanismo, en respuesta a las consultas planteadas en el oficio AMM0480-2023 suscrito por el Alcalde Municipal.  De acuerdo con el artículo 7, inciso 3 y 4 de la Ley de Planificación corresponde a la Dirección de Urbanismo y Vivienda del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, INVU asesorar a los Gobiernos Municipales en materia de planificación urbana. Articulo 7. 3)Asesorar y prestar asistencia a las municipalidades y a los demás entes públicos dedicados a la planificación, en todo cuando convenga al establecimiento o fomento de esa disciplina; y 4) Ejercer vigilancia y autoridad para el debido cumplimiento de las normas de interés nacional comprendidos en esta ley y en los reglamentos de desarrollo urbano” Ante esta situación se remiten las siguientes recomendaciones: A. En vista del acuerdo de concejo # ACM-153-01-2023, tomado en la Sesión Ordinaria número 153, celebrada el día 03 de abril del año 2023 se recomienda considerar los siguientes aspectos en cuanto al acuerdo tomado por unanimidad por los señores regidores: ACUERDO N°. 1: 1. SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME: Acójase y apruébese en todos sus extremos la moción presentada por la Presidencia Municipal, secundada por los demás señores Regidores(as). 2. Para efectos del artículo 13 del Reglamento de Zonificación del Plan Regulador del Cantón de Mora aprobado en el año 1993, que en su último párrafo dice lo siguiente: “En los casos de pequeñas comunidades que se pretendan algún desarrollo de fraccionamiento, urbanización o conjunto residencial en su localidad a través de una Asociación de Desarrollo, pueden aplicarse las normas generales del Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones, y entrara en estudio conjuntamente la Municipalidad y la Dirección de Urbanismo I.N.V.U., para definir si se permite el proyecto”, determínense las comunidades de Brasil, Barrio La Trinidad, Altos de San Rafael, San Bosco, Jaris y Rodeo como las comunidades descritas por el artículo 13 del Reglamento de Zonificación del Plan Regulador del Cantón de Mora aprobado en el año 1993. I. Con relación al punto 2 del acuerdo # ACM-153-01-2023, se solicitó criterio al INVU mediante oficio AMM-0480-2023, suscrito por la Alcaldía, donde se consulta de manera puntual lo siguiente: Extracto Oficio AMM-0480-2023. “(…) Ante esto, se solicita de manera respetuosa, brindar criterio técnico en cuanto a: A) ¿Es jurídicamente viable aplicar el artículo13 Zona Resto del Distrito, donde hace alusión en el primer párrafo del artículo a la Zona Agrícola, misma que no se ha publicado por el municipio? B) ¿Es posible que le Concejo Municipal, determine mediante un Acuerdo de Concejo las “pequeñas comunidades” a las que se refiere el artículo 13 Zona Resto del Distrito? (…)” A lo cual mediante oficio DU-298-07-2023, el INVU como asesor en materia urbanística nos indica: “(…) 1. Resolución Nº2010-021258 de la Sala Constitucional 1.1. Previo a pronunciarse sobre el fondo del acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Mora, resultan prioritario para el Departamento de Urbanismo, que se tenga claridad de la materia desarrollada por la Sala Constitucional, así como de su alcance, para efectos de las medidas que deben ser tomadas por las autoridades del cantón, en estricto apego de dicha resolución. «La reforma integral al Reglamento de Zonificación de 1993 fue publicada a La Gaceta No. 173 del 10 de septiembre de 2001, sin embargo, algunas disposiciones subsisten la reforma. La enmienda al Plan Regulador de Mora, en su Reglamento de Zonificación, de 2001, en el encabezado se indica que: “Complementan a este Reglamento, los planos de Zonificación y Viabilidad, así como todas las normas legales y reglamentarias sobre desarrollo urbano que no se le opongan”. En tal sentido, el Reglamento de Zonificación del 2001 se complementa con el anterior de 1993, con lo que para efectos de resolver la acción subsiste a la reforma el artículo 13 de este último Reglamento, el cual se toma de la documentación aportada por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. Dicha norma coincide con el numeral 11 del Reglamento señalado por el accionante, el cual se refiere a lo siguiente: (…) En contraste con la anterior normativa, desde donde radican los reclamos del accionante se evidencia que de la información aportada por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, corresponde a la Zona Agrícola (Z.A.) lo regulado en el artículo 11 del Reglamento de Zonificación del Plan Regulador del Cantón de Mora de 1993, que establecía que: (…) En cuanto a la zona del resto de distrito (Z.R.D.), se mantiene la misma redacción que la trascrita arriba, pues la misma no fue modificada con la reforma integral de 2001, según se explicó.» “ Finalmente, es claro que al declarar la inconstitucionalidad de las normas impugnadas, las disposiciones respectivas del Reglamento de Zonificación de 1993, en cuanto a la Zona Agrícola (artículo 11) y las disposiciones del Resto de Distrito (ZRD) (artículo 13), no entran en vigor automáticamente, sino hasta que las mismas sean publicadas, dado que únicamente consta la reseña en La Gaceta, según se indicó supra en esta sentencia. Ante esta ausencia normativa, deberá integrarse el ordenamiento urbano del Cantón de Mora con la respectiva normativa dictada por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo.” “Por tanto: Se declara CON LUGAR la acción. En consecuencia, se anulan por inconstitucionales los artículos 4.3 y 10 del Reglamento de Zonificación del Plan Regulador de Mora, publicado en La Gaceta No. 173 del 10 de septiembre de 2001. En cuanto al artículo 13 del Reglamento de Zonificación de 1993, no resulta inconstitucional si después de su publicación en el Diario La Gaceta no se aplica a Áreas Silvestres Protegidas. “1.2.3. El requerimiento de publicación del artículo 13 del Plan Regulador de 1993, que cita: “ARTICULO 13. ZONA DEL RESTO DEL DESTRITO (Z.R.D.) En los casos de pequeñas comunidades que se pretendan algún desarrollo de fraccionamiento, urbanización o conjunto residencial en su localidad a través de una Asociación de Desarrollo, pueden aplicarse las normas generales del Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones, y entrara en estudio conjuntamente la Municipalidad y la Dirección de Urbanismo I.N.V.U., para definir si se permite el proyecto”. (Subrayado no corresponde al texto original). Dado que el ámbito de acción del Plan Regulador está delimitado por el área urbana y el área inmediata de influencia para expansión, el resto del Distrito Primero debe ser incluido para tener un límite político básico. Los desarrollos que se den dentro del resto del distrito serán para fines agrícolas por lo cual se rigen por los mismos requisitos que la Zona Agrícola. 1.2.4. El requerimiento de publicación del artículo 11 del Plan Regulador de 1993, que cita: “Artículo 11. ZONA AGRÍCOLA (Z.A.) Esta zona corresponde a terrenos ubicados generalmente en la periferia, que conservan un uso agrícola, el cual se pretende proteger y a la vez darle un colchón de amortiguamiento al desarrollo urbano, como límite. Además de las instalaciones necesarias para la actividad agrícola, se permite únicamente la vivienda del propietario o de los peones de la finca, siempre que existan los servicios mínimos. Para la Zona de Brasil, se hace la excepción dentro de este sector ya que existe un alto índice de viviendas mezcladas con la actividad agrícola y que debe darse lugar a un crecimiento vegetativo, por lo tanto, se establece que la vivienda se permite y con los mismos requisitos de la zona residencial ya definidos. Requisitos. Área mínima: 1 hectárea. Frente mínimo: 20.00 metros. Cobertura máxima: 10 % del área de la finca, incluyendo las construcciones afines al uso agrícola.” (Subrayado no corresponde al texto original). 1.3. En esa línea, de lo resuelto en el Voto de la Sala, es claro que el gobierno local de Mora debía, además de derogar los numerales 4.3 y 10 del Reglamento de Zonificación del Plan Regulador de Mora del 2001, proceder con la publicación de los artículos 11 y 13 del Plan Regulador de 1993 (versión de 1993). Esto ya que al referirse el artículo 13 a los requisitos de la Zona Agrícola, y estando derogado el artículo que fijaba restricciones para tal zona (Art.10 PR 2001); correspondía recobrar la regulación de Zona Agrícola del Plan Regulador de 1993, y obtener así una aplicabilidad integra. 1.4. Como la Municipalidad de Mora procedió con la derogatoria de los numerales citados, y únicamente publicó del artículo 13 del Plan Regulador de 1993, se generó en la norma a nivel local un vacío ya que para la “Zona del Resto de Distrito” no hay regulaciones fijadas (corresponde aplicar las de zona agrícola, que no existen). Consecuentemente, según el principio de planificación en cascada y la integración del nivel regional de planeamiento, correspondía dar cumplimiento al contenido de Plan Regional Desarrollo Urbano Gran Área Metropolitana, Decreto Ejecutivo N°25902, que determina una Zona Especial de Protección (ZEP), también con vocación agrícola, misma que comprende además del área del resto de distrito de Colón, el distrito de Jaris. (…) 3. Conclusiones: 3.1. Si bien el artículo 13 de Plan Regulador fue publicado atendiendo lo resulto por la Sala Constitucional, para darle aplicabilidad correspondía en su momento publicar también el artículo 11 del Plan Regulador de 1993, donde se fijaba la normativa urbanística a aplicar en la Zona Agrícola, que se puede equiparar con la Zona de Resto de Distrito. (…)” Así las cosas, ante la interrogante: A) ¿Es jurídicamente viable aplicar el artículo13 Zona Resto del Distrito, donde hace alusión en el primer párrafo del artículo a la Zona Agrícola, misma que no se ha publicado por el municipio? Queda claro que no es viable jurídicamente la aplicación del artículo 13 de Plan Regulador 1993, si antes no se procede con la publicación del artículo 11 Zona Agrícola correspondiente al Plan Regulador del año 1993, y que en vista del vacío normativo existente al no estar publicado el mencionado artículo 11, lo que corresponde aplicar es el Plan Regional Desarrollo Urbano Gran Área Metropolitana, Decreto Ejecutivo N°25902, como bien se ha venido aplicando por la parte técnica municipal en la materia. Nótese en que en ningún momento del resultando de la Resolución Nº2010 021258 de la Sala Constitucional, indica que sólo deba publicarse el artículo 13 Zona Resto del Distrito y mucho menos que se pueda deducir la omisión de la publicación del artículo 11 Zona Agrícola, donde dicha resolución indica la derogatoria de los artículo 4.3 y 10 del Plan Regulador 2001, y aclara que el artículo 13 no resulta inconstitucional si el mismo no se aplica en el área silvestre protegidas, dado que una lectura integral del voto se deja claro la necesidad de publicar tanto el artículo 13 como el 11 del Plan Regulador del año1993 por parte del legislador. Retomando la pregunta planteada: B) ¿Es posible que le Concejo Municipal, determine mediante un Acuerdo de Concejo las “pequeñas comunidades” a las que se refiere el artículo 13 Zona Resto del Distrito? A lo cual mediante oficio DU-298-07-2023, el INVU como asesor en materia urbanística nos indica: “(…) 2. De la delimitación de “pequeñas comunidades” 2.1. Es pertinente que se comprenda sobre el particular, que al no definir lineamientos el instrumento de planificación local para la Zona del Resto del Distrito, corresponde aplicar el plan regional (Plan GAM) que abarca el área del distrito Colón (donde no defina regulación el PR), y el distrito de Jaris1. Estos distritos no cuentan con cuadrantes urbanos delimitados al amparo del Decreto Ejecutivo N°25902. 2.2. En congruencia con dicha regulación, el Protocolo para la Delimitación de Cuadrantes Urbanos y sus Áreas de Expansión2, indica que para delimitarlos corresponde hacerlo a través del Plan Regulador. Si bien Colón y Jaris corresponden a distritos urbanos3 según la “Declaratoria de Distritos Urbanos a Nivel Nacional” realizada por el INVU, al tener esta carácter supletorio y residual, no corresponde su aplicación (en materia de cuadrantes), toda vez que los mismos se encuentran en el ámbito de aplicación del Plan GAM. 2.3. En ese sentido, resulta imperante indicar que las “pequeñas comunidades” a las que hace referencia el artículo 13 del Plan Regulador, no corresponden a cuadrantes urbanos, sino a aquellas áreas donde por la gestión a través de una Asociación de Desarrollo, se puede efectuar un fraccionamiento, urbanización o conjuntos residencial, en Zona del Resto del Distrito, (Zona Especial de Protección, D.E. N°25902). 2.4. Continuando con el análisis, si bien mediante oficio N°DU-UCTOT-036 2020 del 5 de febrero del 2020, el Departamento de Urbanismo y la Unidad de Criterios Técnicos y Operativos de Ordenamiento Territorial, comunican a la Presidencia Ejecutiva del INVU que “se han delimitado las áreas de crecimiento urbano de las localidades del Cantón de Mora: Brasil, Rodeo, hace la observación que no corresponde delimitar nuevos centros urbanos, ni tampoco más de uno por distrito, con lo cual no es posible establecer centros de población de distrito de conformidad con la metodología de centros urbanos, en las comunidades de Brasil, Rodeo, San Rafael, San Bosco, Jaris, y Barrio la Trinidad, así como tampoco se encuentra considerado este escenario en Decreto Ejecutivo N°25902. En relación a lo consultado mediante inciso D), en vista de lo indicado mediante oficio DU-298-07-2023, el INVU como asesor en materia urbanística, se solicita omitir la consideración realizada por la Comisión Técnica Administrativa en relación a la necesidad de publicación del Reglamento para la delimitación de las Áreas de Crecimiento Urbano ligado a los Centro Urbanos, en vista de carecer de interés y el cual no se publicó con anterioridad dado que de igual manera para su eventual aplicabilidad se requería la publicación del artículo 11 donde indica el mismo que para la zona fuera de los centro urbanos el área mínima se considera de 1 hectárea. En correspondencia a la metodología consulta en el inciso E), para delimitar las pequeñas comunidades el INVU ofrece su acompañamiento en el proceso de modificación del Plan Regulador, nótese que los fines de dicha delimitación se reduce a fraccionamientos con fines urbanos (frente a calle pública), urbanizaciones y conjuntos residenciales, excluyendo la figura de acceso excepcional para uso residencial. Tómese en cuenta que el lote mínimo para la zona una vez publicado el artículo 11 Zona Agrícola es de 1 hectárea. únicamente dentro de las pequeñas comunidades, bajo cualquier figura de fraccionamiento, llámese Urbanización, conjunto residencial o fraccionamiento con fines urbanísticos frente a calle pública, correspondería a lo estipulado en el Reglamento para el Control de Fraccionamiento y Urbanizaciones vigente. III. Con relación al punto 4, 5 Y 6 del acuerdo # ACM-153-01-2023, tomado por unanimidad, se indica: Extracto acuerdo de concejo # ACM-153-01-2023, tomado por unanimidad. “(…) 4. De conformidad con el presente acuerdo, publíquense los nombres de las comunidades incluidas dentro del artículo 13 del Reglamento de Zonificación del Plan Regulador del Cantón de Mora aprobado en el año 1993 y los respectivos mapas realizados para definir estas comunidades por parte del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y la Municipalidad de Mora. Se confiere a la Administración Municipal el plazo de un mes calendario, para que se proceda con la publicación que dicta el presente acuerdo. 5. Notifíquese el presente acuerdo con acuse de recibo y fecha al señor Alcalde Municipal, Alfonso Jiménez Cascante, para lo de su cargo. 6. Remítase copia del presente acuerdo con acuse de recibo y fecha a la Encargada del Departamento Desarrollo y Control Urbano, Arq. Erika Angulo Campos. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. (…) “ Se reitera lo indicado mediante oficio CTA 03-2023, para lo que corresponda: “Ante esta situación, se queda a la espera de las decisiones pertinente por parte del concejo para llevar a cabo la publicación requerida, no se omite manifestar que se adjunta el oficio DDCU-09-2021, el cuadro Resumen de normativa urbanística aplicable al cantón de Mora donde se exponen los escenarios que se presentan a partir de esta publicación, así como su impacto en el desarrollo urbano del Cantón, presentado en el año 2021 a la administración.” CONCLUSIONES a partir de lo expuesto por el INVU mediante oficio DU-298 07-2023: 1. El articulado 13 Zona Resto de distrito, actualmente publicado posee un vacío de legalidad en virtud de la ausencia de la publicación del artículo 11 correspondiente al Plan Regulador 1993 que se refiere a la Zona Agrícola, asimismo en lo que se refiere a las pequeñas comunidades, al no existir dicha delimitación. Con lo cual para la ejecución del artículo 13 Zona resto del distrito es necesario cumplir con las siguientes dos condiciones: • Publicación artículo 11. Zona Agrícola Plan Regulador 1993 • Delimitación pequeñas comunidades en concordancia con el artículo 17 de la Ley de planificación urbana. 2. Como bien lo indica el ente rector en materia urbanística en el oficio supra indicado en vista del vacío normativo existente al no estar publicado el mencionado artículo 11 Zona Agrícola lo que corresponde aplicar es el Plan Regional Desarrollo Urbano Gran Área Metropolitana, Decreto Ejecutivo N°25902, véase así lo señalado en el punto 1.4 y conclusión 3. 1.4. Como la Municipalidad de Mora procedió con la derogatoria de los numerales citados, y únicamente publicó del artículo 13 del Plan Regulador de 1993, se generó en la norma a nivel local un vacío ya que para la “Zona del Resto de Distrito” no hay regulaciones fijadas (corresponde aplicar las de zona agrícola, que no existen). Consecuentemente, según el principio de planificación en cascada y la integración del nivel regional de planeamiento, correspondía dar cumplimiento al contenido de Plan Regional Desarrollo Urbano Gran Área Metropolitana, Decreto Ejecutivo N°25902, que determina una Zona Especial de Protección (ZEP), también con vocación agrícola, misma que comprende además del área del resto de distrito de Colón, el distrito de Jaris. (…) 3. Conclusiones: 3.1. Si bien el artículo 13 de Plan Regulador fue publicado atendiendo lo resulto por la Sala Constitucional, para darle aplicabilidad correspondía en su momento publicar también el artículo 11 del Plan Regulador de 1993, donde se fijaba la normativa urbanística a aplicar en la Zona Agrícola, que se puede equiparar con la Zona de Resto de Distrito. (…)” 3. No es posible mediante acuerdo del Concejo determinar la delimitación espacial de las pequeñas comunidades con un simple acuerdo, dado que al ser esto una modificación al Plan Regulador vigente debe cumplir de previo con el artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana. Véase apartado 3. Conclusiones 3.4: “(…) 3. Conclusiones: (…) 3.4. Al ser esta delimitación de pequeñas comunidades un elemento que surge del artículo 13 del Plan Regulador, lo correcto según la Ley de Planificación Urbana, Ley N°4240, es seguir el procedimiento establecido en el artículo 17, para adicionarlo a su contenido. “ 4. Previo a realizar la delimitación de pequeños poblados a los que hace alusión el artículo 13 del Plan Regulador 93, se debe publicar el artículo 11 Zona Agrícola del mismo año, para dar operatividad técnica-jurídica al artículo 13, posterior a lo cual se debe llevar a cabo la metodología de conformidad al artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana para adicionar el contenido pretendido al Plan Regulador vigente. 5. No es posible utilizar los mapas elaborados para centro urbanos como la delimitación de pequeñas comunidades como lo solicita el Concejo Municipal, dado que se trata de metodologías y figuras normativas ampliamente distintas. Siendo que el INVU hace la observación que no corresponde delimitar nuevos centros urbanos, ni tampoco más de uno por distrito, con lo cual no es posible establecer centros de población de distrito en analogía a las pequeñas comunidades indicadas en el artículo 13 del Plan Regulador del 1993, en las comunidades de Brasil, Rodeo, San Rafael, San Bosco, Jaris, y Barrio la Trinidad, de conformidad con la metodología de centros urbanos ni estar considerado este escenario en Decreto Ejecutivo N°25902. 6. En vista de lo indicado mediante oficio DU-298-07-2023, el INVU como asesor. y fiscalizador en materia urbanística, se solicita omitir la consideración realizada por la Comisión Técnica Administrativa en relación a la necesidad de publicación del Reglamento para la delimitación de las Áreas de Crecimiento Urbano ligado a los Centro Urbanos, por carecer de interés dada la aclaración INVU. “(…) 2. De la delimitación de “pequeñas comunidades” (…) 2.4. Continuando con el análisis, si bien mediante oficio N°DU-UCTOT-036 2020 del 5 de febrero del 2020, el Departamento de Urbanismo y la Unidad de Criterios Técnicos y Operativos de Ordenamiento Territorial, comunican a la Presidencia Ejecutiva del INVU5 que “se han delimitado las áreas de crecimiento urbano de las localidades del Cantón de Mora: Brasil, Rodeo, Jaris, San Bosco, Los Altos de San Rafael y Barrio La Trinidad de Colón de Mora”, atendiendo “solicitud de la Municipalidad del Cantón de Mora y al Fallo Res. Nº2010-021258 de la Sala Constitucional”, reconoce el Departamento de Urbanismo actual, que dichos insumos tienen características asociadas a cuadrantes urbanos (área desarrollada, desarrollo sin limitaciones), y no a las “pequeñas comunidades” a las que hace referencia el artículo 13 del PR, y al fondo de la materia desarrollada por la Sala. Es decir, se considera superan las regulaciones contenidas en el Plan Regulador y en el Plan Regional, para la Zonas Especial de Protección y la Zona Especial de Protección Forestal; donde en ningún escenario el Decreto Ejecutivo N°25902 habilita la posibilidad de delimitar nuevos cuadrantes urbanos. (…)” 7. Los fines de dicha delimitación se reduce a fraccionamientos con fines urbanos (frente a calle pública), urbanizaciones y conjuntos residenciales, Excluyendo los accesos excepcionales para uso residencial. En virtud de lo señalado por el INVU como ente asesor, esta comisión, mantiene y se apega al criterio técnico-jurídico aplicado a la fecha en relación a la emisión de licencias de construcción y usos de suelo, según el principio de planificación en cascada y la integración del nivel regional de planeamiento, correspondiente al Plan Regional Desarrollo Urbano Gran Área Metropolitana, Decreto Ejecutivo N°25902, y recomienda ajustarse a derecho en cuanto a la normativa vigente y debidamente publicada con fundamento técnico jurídico hasta tanto la Administración no defina las acciones en relación con el acuerdo de concejo # ACM-153-01-2023, tomado en la Sesión Ordinaria número 153,celebrada el día 03 de abril del año 2023, en cuanto a la publicación del artículo 11 Zona Agrícola del Plan Regulador del año 1993, omitido por la Administración desde la notificación de lo resuelto por la Sala Constitucional mediante Resolución Nº2010-021258, para proceder con lo que corresponda y de igual manera se encuentra a la espera de la respuesta al oficio CTA 03-2023 con fecha 4 de mayo, 2023. Extracto DU-298-07-2023. “(…) 1.4. Como la Municipalidad de Mora procedió con la derogatoria de los numerales citados, y únicamente publicó del artículo 13 del Plan Regulador de 1993, se generó en la norma a nivel local un vacío ya que para la “Zona del Resto de Distrito” no hay regulaciones fijadas (corresponde aplicar las de zona agrícola, que no existen). Consecuentemente, según el principio de planificación en cascada y la integración del nivel regional de planeamiento, correspondía dar cumplimiento al contenido de Plan Regional Desarrollo Urbano Gran Área Metropolitana, Decreto Ejecutivo N°25902, que determina una Zona Especial de Protección (ZEP), también con vocación agrícola, misma que comprende además del área del resto de distrito de Colón, el distrito de Jaris. (…)” (El resaltado corresponde al original). Así las cosas, véase como esta Alcaldía Municipal ha traslado el criterio técnico emitido por la Comisión Técnica Administrativa de la Municipalidad de Mora, oficio N° CTA-04-2023 de fecha del 07 de agosto de 2023, ante el Concejo Municipal de Mora, esto en fecha del 24 de agosto de 2023, para que sea atendido tal criterio de cara a lo pretendido por dicho Órgano Colegiado mediante acuerdo N° ACM-153-01-2023, no obstante a la fecha de la presente el Concejo Municipal de Mora no ha resuelto tal solicitud, razón por la que esta Administración no ha podido proceder con lo acordado por dicho Ente, hasta en tanto no se tenga claridad sobre los aspectos técnicos de operatividad señalados por la Comisión Técnica Administrativa de la Municipalidad de Mora. CUARTO: DE LA SOLICITUD DE CERTIFICADOS DE USOS DE SUELO VARIOS: En relación la solicitud de usos de suelo con fines residenciales y multifamiliares en Zona Resto del Distrito. Acuerdo del Concejo Municipal de Mora N° ACM-200-05-2024, tomado en la Sesión Ordinaria número 200, celebrada el día 26 de febrero del año 2024, donde manifiesta: “(…) Con fundamento en lo establecido en el artículo 53 inciso b) del Código Municipal, me permito transcribirles y comunicarles el acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Mora tomado en la Sesión Ordinaria número 200, celebrada el día 26 de febrero del año 2024, que textualmente dice: 10. Oficio sin número, de fecha 23 de febrero de 2024, recibido por la Secretaría del Concejo el día 26 de febrero del 2024, remitido por el señor Gilberto Monge Pizarro; por medio del cual, hace solicitud formal de información pública ante este Concejo Municipal. El Oficio sin número, a la letra dice: Concejo Municipal Municipalidad de Mora Cantón de Mora Estimados señores: En razón de que ninguna de las anteriores notas que he enviado solicitando información han sido contestadas ya que todas han sido enviadas a la alcaldía y no se ha recibido respuesta, me permito solicitar directamente al Concejo Municipal se me responda las siguientes consultas: 1. En razón de que la Municipalidad de Mora está aplicando el decreto de la GAM de 1982 y que en este decreto hay una zona denominada de crecimiento urbano, que en el plan regulador parcial del cantón existe una zona denominada zona resto del distrito y que dice que se le aplicarán las condiciones de la zona agrícola, solicito se me informe si existe un traslape entre la zona de resto del distrito del artículo 13 del plan regulador con la zona de crecimiento urbano del decreto de la GAM. De ser así, solicito se me informe si se han otorgado en esta zona traslapada certificados de uso de suelo para proyectos residenciales como urbanizaciones o condominios. 2. Si la respuesta a la pregunta anterior es afirmativa, solicito se me hagan llegar el nombre del proyecto, propietario, número de finca y número de soluciones habitacionales por proyecto. Además, solicito la entrega de un mapa en el que se pueda distinguir el traslape de las zonas apuntadas. 3. Solicito, si existe el traslape indicado, información si la Municipalidad de Mora cuenta con índices de fragilidad ambiental aprobados por SETENA anteriores al momento en que se inició con la aplicación de los parámetros de zona de crecimiento urbano del decreto de la GAM en la zona resto del distrito del plan regulador. 4. Por último, solicito se me indique el número de casos en los que el departamento de control urbano ha cambiado de criterio en los certificados de uso de suelo, además en cuántos de estos casos se ha realizado el proceso de declaratoria de nulidad de los certificados de uso de suelo anteriores, de conformidad con la Ley General de la Administración Pública. Agradeciendo su respuesta en el plazo de ley, se suscribe, Atentamente Gilberto Monge Pizarro (…)” De lo anterior, es importante señalar que el aquí recurrente remite dicha solicitud de información ante el Concejo Municipal de Mora y no, ante esta Alcaldía Municipal, razón por la cual la misma está siendo atendida por parte del Concejo Municipal, el cual ha solicitado a la Administración Municipal la colaboración con algunos puntos de lo pretendido. En relación con lo consultado en el punto 1. Por el señor Monge Pizarro, se hace referencia al oficio N° DU-064-03-2024 del 05 de marzo de 2024, suscrito por Hilda Carvajal Bonilla, jefatura del Departamento de Urbanismo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, donde en apego al criterio del INVU como ente asesor en materia urbanística, de acuerdo con el artículo 7, inciso 3 y 4 de la Ley de Planificación corresponde a la Dirección de Urbanismo y Vivienda del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, INVU asesorar a los Gobiernos Municipales en materia de planificación urbana, no es aplicable de forma práctica el llamado artículo 13 Zona resto del distrito, en vista que posee un vació de legalidad al no contarse con disposiciones que aplicar dada la derogación del Artículo 10. Zona Agrícola, no siendo posible establecer un traslape normativo entre normativa que carece de aplicabilidad práctica y el decreto N° 25902, dado que el instrumento de planificación regional sí fija restricciones para dicha área, procede su aplicación, y únicamente de forma residual y complementariamente, en todo lo allí no contemplado o establecido debe acatarse posterior a su aplicación el Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones del INVU. Así también, puede verse el oficio N° DU-298-07-2023 de fecha del 31 de julio de 2023, suscrito por Hilda Carvajal Bonilla, y Marco Arias Alfaro, asesor legal, ambos del Departamento de Urbanismo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, quienes indicaron: “(…) 1.4. Como la Municipalidad de Mora procedió con la derogatoria de los numerales citados, y únicamente publicó del artículo 13 del Plan Regulador de 1993, se generó en la norma a nivel local un vacío ya que para la “Zona del Resto de Distrito” no hay regulaciones fijadas (corresponde aplicar las de zona agrícola, que no existen). Consecuentemente, según el principio de planificación en cascada y la integración del nivel regional de planeamiento, correspondía dar cumplimiento al contenido de Plan Regional Desarrollo Urbano Gran Área Metropolitana, Decreto Ejecutivo N°25902, que determina una Zona Especial de Protección (ZEP), también con vocación agrícola, misma que comprende además del área del resto de distrito de Colón, el distrito de Jaris. (…)” Aunado a lo anterior, se tiene el oficio N° DU-064-03-2024 del 05 de marzo de 2024, suscrito por Hilda Carvajal Bonilla, jefatura del Departamento de Urbanismo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, del que se extrae: “(…) 9. No obstante, sí son consecuencias del voto de la Sala Constitucional del 2010, la derogación de los artículos 4.3 y 10 del Plan Regulador del 2001. Es decir, se eliminan del todo la Zona Residencial de Baja Densidad con Restricciones y la Zona Agrícola, tanto del texto del instrumento como del mapa de zonificación; esto contempla sin lugar a duda, las reformas que se hayan suscitado a partir de su publicación del Plan Regulador en el 2001 hasta la fecha en que se emite la Resolución Nº2010-021258. 10. Ahora bien, comprendiendo lo anterior, y parafraseando su afirmación sobre que el Plan Regional Desarrollo Urbano Gran Área Metropolitana, Decreto Ejecutivo N°25902, aplica en aquellos casos donde no se cuente con plan regulador, resulta relevante señalar que el instrumento de planificación local del cantón de Mora tiene como ámbito de aplicación una muy pequeña porción de su distrito primero, considerando la eliminación de las dos zonas mencionadas en el numeral anterior. 11. Consecuentemente, en el territorio del cantón de Mora que no comprenda la zonificación del Plan Regulador, y que sea vea afectado por el Decreto citado, específicamente la Zona Especial de Protección, corresponde indudablemente la aplicación de los lineamientos allí dispuestos. 12. Si bien en el año 2012 se “reactiva” la Zona del Resto del Distrito (eliminada en el Plan Regulador del 2001), al no contarse con disposiciones que aplicar dada la derogación del Artículo 10. Zona Agrícola, es que este Departamento sostiene el criterio sobre el deber de cumplimiento de lo establecido en el Decreto N°25902 para Zona Especial de Protección del GAM, que abarca todo el resto del distrito de Colón. 13. La premisa es que se tiene una zona en el Plan Regulador a la que no se le puede dar aplicabilidad según el texto de este, hasta que no se publique y oficializa como corresponde y dado que el instrumento de planificación regional sí fija restricciones para dicha área, procede su aplicación. Residual y complementariamente, en todo lo allí no establecido debe acatarse el Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones del INVU (…)“ En cuanto a los punto 2,3 y 4, al no haber traslape normativo resulta innecesario hacer referencia a lo consultado, en cuanto a la emisión de los usos de suelo, en virtud de lo señalado por el INVU como ente asesor, se mantiene y se apega al criterio técnico-jurídico aplicado a la fecha en relación a la emisión de licencias de construcción y usos de suelo, según el principio de planificación en cascada y la integración del nivel regional de planeamiento, correspondiente al Plan Regional Desarrollo Urbano Gran Área Metropolitana, Decreto Ejecutivo N° 25902, en cuanto a la normativa vigente y debidamente publicada con fundamento técnico jurídico. Sin embargo, para abordar el tema de forma integral se solicitó mediante oficio de la Alcaldía Municipal N° AMM-0172-2024, de fecha del 21 de marzo de 2024, una prórroga de plazo para el cumplimiento del acuerdo N° ACM-200-05-2024 tomado en la sesión ordinaria N° 200 del 26 de febrero de 2024. Dicha prórroga fue aprobada por el Concejo Municipal de Mora mediante acuerdo N° ACM 204-03-2024, tomado en la sesión ordinaria N° 204 del 25 de marzo de 2024, del que se extrae: “(…) ACUERDO N°. 3: 1. SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME: Autorizar la prórroga al plazo de ejecución del Acuerdo # ACM-200-05-2024 hasta el 30 de abril del 2024, tal y como lo solicita la Administración Municipal, según la justificación brindada. 2. Notifíquese el presente acuerdo con acuse de recibo y fecha a la señorita Vicealcaldesa Municipal, Ariuna Cabal Lombodorzh, para lo de su cargo. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO (…)” (El resaltado corresponde al original). Así las cosas, véase como el Concejo Municipal de Mora ha aprobado una prórroga hasta el próximo 30 de abril para que esta Administración pueda atender la solicitud presentada por el aquí recurrente, el señor Monge Pizarro.”\n\n \n\n6.- Mediante escrito incorporado al expediente digital a las 12:17 horas del 09 de abril de 2024, la parte recurrente manifiesta lo siguiente:\n\n“El suscrito, José Gilberto Monge Pizarro, de calidades que constan en autos, me permito referirme a las contestaciones realizadas tanto por la Dirección de Urbanismo del Instituto de Vivienda y Urbanismo como por la Municipalidad de Mora, sobre el recurso de amparo presentado por el suscrito. De ambas respuestas se puede perfectamente extraer que no se responde la parte medular del motivo del recurso de amparo y que consiste en que al aplicar incorrectamente el Reglamento de la GAM de 1982 sobre lo que ya está cubierto por el reglamento de zonificación del plan regulador desde 1993 y luego 2001, convirtieron parte de la zona resto del distrito que tiene características de zona agrícola en Zona de Crecimiento Urbano de la GAM sin contar para ello con estudios de índices de fragilidad ambiental, inclusive ambas instituciones son omisas sobre este punto y tratan de confundir a esa honorable Sala, haciendo un recuento de aspectos que ya fueron discutidos para resolver la Acción de Inconstitucionalidad que interpuso el suscrito y que se resolvió mediante el voto N°2010-021258 la Sala Constitucional. Esa omisión es prácticamente una aceptación de los hechos por los cuales se interpuso el recurso. Ambas instituciones acarrean la misma confusión de aplicación normativa, asumen como una discrecionalidad que no les corresponde y manifiestan que el plan regulador del distrito Colón cubre muy poco territorio, siendo esta una afirmación totalmente subjetiva y temeraria. Parte del territorio de Colón está cubierto por la Zona Protectora de Cerros de Escazú y otra por la Zona Protectora del Rodeo, el Territorio Indígena de Quitirrisi es ahora un nuevo distrito y tiene normas especiales, la zona resto del distrito y las pequeñas comunidades están fuera de estas áreas de protección como es sabido, ya que inclusive la Zona Protectora de Cerros de Escazú tiene un plan de manejo debidamente aprobado. Así que existe una zona del distrito Colón que es zona resto del distrito que tiene las características de la zona agrícola. Que se disponga que el resto del distrito tiene características de zona agrícola no quiere decir que tiene ausencia de regulación como para que se pueda hacer una aplicación normativa en cascada como afirman ambas instituciones, esto sería en el caso de ausencia total de norma para que pueda acudirse al artículo 1 del decreto de la GAM y no al artículo 2 del Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones. Es totalmente entendible el porqué se aplica una norma (decreto GAM) en ausencia total de plan regulador y la otra (Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones el INVU) cuando existiendo plan regulador hay vacíos por llenar, porque aplicar una zonificación sobre otra ya anteriormente existente va a generar traslapes que puedan afectar el medio ambiente como ocurre en este caso concreto. Todo el distrito Colón está zonificado por el reglamento de zonificación del plan regulador, lo que no lo está es lo que pertenece a zonas protectoras y que les compete su administración al MINAE como se resolvió en la sentencia de la Acción de Inconstitucionalidad en su momento interpuesta por el suscrito. Lo cierto es que el distrito Colón Sí tiene reglamento de zonificación y si tiene plan regulador, por lo que no es de recibo manifestar que se aplica el decreto de la GAM, pero además como lo manifiesto en el recurso, no es que se incorpora la norma de la zona de protección de la GAM, sino que se sobrepone la zonificación de la GAM por lo que una buena parte de la zona resto del distrito ahora es zona de crecimiento urbano de la GAM. Es claro que la norma a aplicar en el caso concreto es el Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones, que define los usos, segregaciones y otros temas a aplicar en la zona agrícola. No es posible por lo tanto decir que existe ausencia de norma. El tema de las pequeñas comunidades fue definido y delimitado por el INVU y la Municipalidad de Mora de manera técnica y conjunta con trabajo de campo y en muchas reuniones de trabajo de ambas instituciones, con base en la realidad existente y que parte de lo descrito en el plan regulador de 1993, cuya publicación ciertamente nunca se comprobó pero que fue aplicado por unos 9 años lo que permitió la consolidación de esas pequeñas comunidades. Por eso el artículo 13 fue publicado por la Municipalidad de Mora como lo planteó esa Sala en el por tanto de la resolución de la acción de inconstitucionalidad y esas pequeñas comunidades una vez definidas y delimitadas entre ambas instituciones fueron aprobadas por el Concejo Municipal para su publicación mediante el acuerdo ACM-153-01-2023, ante lo que el Alcalde Municipal no presentó ningún veto con alguno de los argumentos que ahora expresa para evadir la responsabilidad de lo que está ocurriendo con los certificados de uso de suelo de la zona que han declarado de crecimiento urbano según el decreto de la GAM. Si se pone atención en estas pequeñas comunidades más bien se promueve un crecimiento vegetativo de las mismas y se restringe el desarrollo de proyectos multifamiliares a que sean impulsados por asociaciones de desarrollo, lo que va en la línea de lo que debe ser hoy el desarrollo urbano del cantón según lo que expresa en estos momentos el plan regulador vigente ya que la mayor actividad residencial y comercial se da en el cuadrante urbano que contiene más de 60 manzanas, mientras que la aplicación del decreto de la GAM plantea la posibilidad del desarrollo de condominios y urbanizaciones en parte de la zona resto del distrito que tiene características agrícolas y que ahora es zona de crecimiento urbano, representando una expansión urbana de varias hectáreas sin ningún soporte técnico ambiental. En realidad, es de extrañar el argumento de que al no haberse publicado el artículo 11 del reglamento de zonificación del plan regulador de 1993, entonces se debe aplicar el decreto de la GAM. Como se dijo en el recurso, ante la confusión por cuanto el articulo 11 aparece en el dimensionamiento y no en el por tanto del voto N°2010-021258 de la Sala Constitucional, el mismo no se publicó, pero si es del caso el INVU debería recomendar la publicación del mismo y la Municipalidad de Mora hacerlo porque sería menos grave que aplicar la zona de crecimiento urbano de la GAM bajo ese argumento. Estamos hablando de una gran diferencia que implica la urbanización de muchas hectáreas de zona agrícola que en el caso de Colón se han recuperado y hoy son bosques. En razón del principio precautorio, era lo más razonable si no quieren seguir el principio de legalidad al que están obligados y aplicar la norma correcta. Con relación a la respuesta del INVU: En el caso participar de esta institución, me permito transcribir algunos párrafos de su respuesta y referirme a ellos: \"1.15. Cabe señalar que tanto en la versión de PR de 1993 (art. 13), como en la del 2001 (art.11), se menciona la Zona del Resto de Distrito que, si bien corresponde a un área que se rige por las disposiciones de la Zona Agrícola, no se refleja en el mapa de Zonificación. Adicionalmente, se debe aclarar que el artículo 11 que se cita como parte del PR del 2001 nunca fue publicado en La Gaceta N°173 del 10 de setiembre del 2001, por tanto, su contenido no entró en vigor.\" Resto del distrito es la zona restante a la que tiene otro tipo de usos como residencial, comercial o industrial, por lo que no tiene sentido decir que no es una zona porque no se refleja en el mapa de zonificación, puesto que al ser un plan regulador del distrito Colón, que es el único que está dentro de la GAM pues el límite del distrito es el mismo de esa zona resto del distrito. Me parece que se hace un juego de palabras para justificar la aplicación de una norma incorrecta. El distrito Colón tiene plan regulador por eso no es posible aplicar el artículo 1 del decreto de la GAM y sí es aplicable el Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones del INVU según el artículo 2 y como se dijo las razones, además de legalidad, tiene un sentido de razonabilidad de no hacer traslape de zonificaciones. \"2.5. En esa línea, de lo resuelto en el Voto de la Sala, es claro que el gobierno local de Mora debía, además de derogar los numerales 4.3 y 10 del Reglamento de Zonificación del Plan Regulador de Mora del 2001, proceder con la publicación de los artículos 11 y 13 del Plan Regulador de 1993. Esto ya que al referirse el \"Artículo 13. Zona Resto del Distrito\" a los requisitos de la Zona Agrícola (Art. 11), y estando derogado el artículo que fijaba restricciones para tal zona (Art. 10 PR 2001); correspondía recobrar la regulación de Zona Agrícola del Plan Regulador de 1993, y obtener así una aplicabilidad eficaz.\" Fue la Sala Constitucional la que anuló los articulos 4.3 y 10 del Reglamento de Zonificación del Plan Regulador del 2001, por lo que no era necesario que lo hiciera la municipalidad, pero en el recurso se explicó bien que fue la confusión de que en el dimensionamiento se hablara del artículo 11 y no en el por tanto de la sentencia lo que hizo que no se publicara el 11, pero ahora bien, al publicarse el articulo 13 que establece que la zona resto del distrito será de uso agricola pues con el Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones del INVU se integraba la norma y se aplicaba perfectamente, puesto que este reglamento establece los parámetros de la zona agricola según las disposiciones del INVU. Ahora en la contestación de este recurso la dirección de urbanismo del INVU manifiesta que la municipalidad debía publicar el artículo 11 del reglamento de zonificación del Plan Regulador de 1993, pero en todas sus recomendaciones, como se puede observar en cada una, en lugar de esto lo que ha indicado es la aplicación del decreto de la GAM con lo que se provoca el traslape de zonas con los consecuentes perjuicios para el ambiente del distrito Colón al convertir una zona de resto del distrito con caracteristicas de zona agrícola en zona de crecimiento urbano de la GAM. La publicación del artículo 11 del Reglamento de Zonificación del Plan Regulador de 1993 puede ser una solución que no queda clara de la sentencia de la Sala Constitucional y es absolutamente mejor que lo planteado por la dirección de urbanismo del INVU. \"2.7. Consecuentemente, según el principio de planificación en cascada y la integración del nivel regional de planeamiento, este Departamento indicó que debia dar cumplimiento al contenido de Plan Regional Desarrollo Urbano Gran Área Metropolitana, Decreto Ejecutivo N°25902, que determina una Zona Especial de Protección (ZEP), también con vocación agrícola, misma que comprende además del área del resto de distrito de Colón, el distrito de Jaris. \"Articulo 3°- La Zona Especial de Protección tendrá un uso predominantemente agricola y quedarán sometidas a las siguientes regulaciones: 3.1 Dentro de esta zona sólo se permitirán urbanizaciones y servidumbres de tipo urbano en las áreas de expansión de los cuadrantes de las cabeceras de. los distritos. El área de expansión será el espacio comprendido hasta un radio de doscientos metros, medidos a partir de la terminación del cuadrante urbano, de conformidad con la demarcación que se realice a partir de la vigencia del presente Decreto. Las Fincas deben estar adecuadamente amarradas al sistema vial urbano existente. Se define como cuadrante urbano el sistema de ciudades en forma de cuadricula en donde se encuentra la mayoría de bienes y servicios, la estructura vial y su área de influencia inmediata. Entendiendo además las áreas urbanas de conformidad con la Ley de Planificación Urbana número 4240. 3.2 El INVU y las Municipalidades podrán rechazar un permiso para urbanizar cuando consideren que la urbanización propuesta no produzca una expansión urbana orgánica, o que esta sea prematura por pretender dar un mayor crecimiento que el demandado por las necesidades de la población local. A tal efecto, el INVU podrá denegar permisos para urbanizar o fraccionar con base en lo establecido en las normas legales correspondientes a la Ley de Planificación Urbana. 3.3 Sólo se permitirá el fraccionamiento frente a caminos públicos existentes previos a la promulgación del GAM, (Gaceta número 119 del 22 de Junio de 1982), y cuando éstos cuenten con los servicios básicos y se deje el derecho de vía reglamentarios. No se permitirá el fraccionamiento en caminos públicos que no cuenten con los servicios aunque éstos hayan sido habilitados después de la promulgación del GAM. Se exceptúan los caminos dentro del área de expansión de los poblados tal como se definió en el inciso uno de este Artículo. No obstante lo anterior, para fines estrictamente agrícolas, se podrá permitir segregaciones con frente a servidumbres o caminos privados, en porciones resultantes no menores de siete mil (7.000) metros cuadrados. 3.4 Corresponderá a la Dirección de Urbanismo determinar si el camino existente frente al fraccionamiento que se pretende iniciar, existía al momento de aprobación del Reglamento del GAM (publicado en la Gaceta numero 119 del 22 de junio de 1982), para definir si procede o no la autorización respectiva. 3.5 Dentro de los cuadrantes urbanos consolidados de las cabeceras de distrito y su área de influencia (doscientos metros), podrán aceptarse fraccionamientos frente a servidumbres, siempre que -las condiciones lo ameriten, de acuerdo con el Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamiento y Urbanizaciones. 3.6 La Municipalidad denegará los permisos de construcción en i aquellos lotes cuya segregación no haya sido autorizada o cuyo uso no sea conforme con las regulaciones presentes. 3.7. Las fincas por cuyos terrenos se definió el límite de contención urbana o que estén próximos con éste a no más de cien metros (100 metros), podrán exceder el uso urbano dentro del área de protección en un porcentaje no mayor del 50% del área total de la finca, o hasta doscientos metros (200 metros) del límite, cualquiera que fuese menor\". Es preocupante que aún y cuando el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece la obligación de la veracidad en la contestación, que la dirección de urbanismo del INVU, omita información sumamente relevante. Lo primero es que se contradiga cuando primero dice que la Municipalidad de Mora debía publicar el artículo 11 del Reglamento de Zonificación del Plan Regulador de 1993 que tiene unos efectos y ahora que manifieste que por el principio de planificación en cascada y la integración del nivel regional de planeamiento, ese departamento indicó que debía dar cumplimiento al contenido de Plan Regional Desarrollo Urbano Gran Área Metropolitana, Decreto Ejecutivo N°25902, que determina una Zona Especial de Protección (ZEP), también con vocación agrícola. La planificación es cascada es cuando no hay planificación del todo, insisto que se aplica el artículo 1 del mismo decreto que dice que ese cuerpo normativo será aplicable en ausencia de plan regulador no siendo este el caso, sino que al haber plan regulador aplica el Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones del INVU por cuanto aplica para todo el país independientemente si está o no dentro de la GAM, pero en el caso de que haya plan regulador para complementarlo. Es de simple lectura y principio de legalidad. Pero lo que omite la dirección de urbanismo manifestar, aunque ellos mismos lo prueban con el mapa aportado, es que con el decreto de la GAM no solamente queda el distrito Colón afectado con la Zona Especial de Protección, sino que una parte importante queda como zona de crecimiento urbano de la GAM. Los dos certificados de uso de suelo aportados en el recurso son plena prueba de lo que manifiesto, siendo además terrible no sólo que en el caso de los certificados descritos para probar el punto de la interpretación y aplicación del decreto de la GAM está haciendo la municipalidad con la asesoría del INVU, se niegue el uso agricola por ser las fincas parte de la zona de crecimiento urbano de la GAM, sino los que se han dado conformes para uso residencial y multifamiliar en la zona del resto del distrito que es de uso agricola con la consecuente afectación al ambiente del distrito Colón. \"2.9. Para efectos de mostrar lo expuesto numeral 2.7 de esta nota, el INVU elaboró el siguiente gráfico con los recursos e información facilitada en su momento por el gobierno local, donde se muestran los siguientes elementos: • Cantón de Mora • División distrital del cantón de Mora • Límite del anillo de contención de la GAM • Límite de la Zona Especial de Protección de la GAM • Ámbito de aplicación del Plan Regulador vigente • Zona Agricola (derogada sin publicación posterior) • Zona del Resto del Distrito (sin disposiciones a aplicar según PR) • Poblados de Brasil, La Trinidad, San Bosco, Jaris, San Rafael, Rodeo.\" […] Como se puede apreciar, en esta respuesta omiten referirse a la Zona de Crecimiento Urbano de la GAM, pero como en el recurso incluí el mapa elaborado por la misma dirección de urbanismo del INVU, no pueden variarlo para esta respuesta, entonces señores magistrados y señoras magistradas les solicito observar bien el mapa aportado por el suscrito y por el INVU para que en color rosado puedan ver la Zona de Crecimiento Urbano, aprecien en el cuadro en la esquina inferior a la izquierda su dimensión con relación a la zona urbana y vean que lo que digo es cierto, que en la caja de simbología que incluyen, viene esta zona descrita, abajo del título Área de Control Urbanístico - Gran Área Metropolitana “Zona de Crecimiento Urbano\". Es realmente preocupante que ante la inminente afectación del ambiente del distrito Colón, se omita información para confundir a la Sala Constitucional y no llegar al punto medular del recurso. Esa zona resto del distrito con características de zona agrícola no me es posible medirla actualmente, pero son varias hectáreas que ahora por asesoría del INVU y decisión de la Municipalidad de Mora, sin índices de Fragilidad Ambiental se convirtió de un momento a otro en Zona de Crecimiento Urbano, en contra del ambiente del distrito Colón y de lo dispuesto en la conclusión del voto N°2010-021258 que dice textualmente \"...las Municipalidades no pueden modificar el uso de suelo mediante los Reglamentos de Zonificación, ni cambiar ni afectar el ordenamiento municipal sin contar con los estudios técnicos y científicos que vayan a modificar la Zona Agrícola por otra que implique mayor impacto ambiental...\". \"2.11. En ese sentido, únicamente aplicaría esa excepción (uso residencial) para la zona de Brasil, si se publica el Artículo 11. Zona Agrícola del Plan Regulador de 1993, escenario en que íntegramente se deben exigir en la Zona Resto del Distrito las restricciones urbanísticas allí dispuestas (área mínima 1 hectárea; frente mínimo 20 m; cobertura 10%), no las de la Zona Residencial. Se reitera, esto en caso de que el gobierno local oficialice y de publicidad al artículo 11 mencionado, acción de la que no se tiene evidencia a la fecha.\" No es cierto, como bien queda demostrado en el punto anterior, se omite inexplicablemente la Zona de Crecimiento Urbano que se ubica precisamente en la Zona Resto del Distrito que es de uso agrícola con o sin el artículo 11 del Reglamento de Zonificación de 1993. No se puede por ningún motivo aplicar una Zona de Crecimiento Urbano de la GAM sobre el Resto del Distrito Colón de conformidad con el articulo 13 del Reglamento de Zonificación del Plan Regulador de 1993, que está publicado y vigente, que dice que es zona resto del distrito y que además establece unos parámetros para las pequeñas comunidades existentes, cuya delimitación no establece ningún aumento de área que no responda a esa comunidades que a lo largo del tiempo se han ido ocupando con un uso residencial, que cuentan con servicios como escuelas, templos, parques, salones comunales y otra infraestructura que les da esa condición de comunidades. En la delimitación técnica de estas comunidades realizada por el INVU y la Municipalidad de Mora, en ambos casos en administraciones anteriores, en ningún momento se deja espacio para un crecimiento urbano residencial, sino el vegetativo propio de una comunidad, pero además la misma norma establece requisitos para algún tipo de desarrollo y la aplicación del Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones del INVU. O sea el artículo 13 del Reglamento de Zonificación del Plan Regulador de 1993 tiene contenido, establece que el resto del distrito Colón tendrá las características de la zona agrícola, pero que las pequeñas comunidades ya delimitadas se guían por ese mismo artículo y el Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones del INVU. Entonces cómo se puede alegar ausencia de norma para aplicar el decreto de la GAM si no es para crear una Zona de Crecimiento Urbano y permitir en tierras relativamente planas del distrito Colón la construcción de urbanizaciones y condominios con los efectos negativos al ambiente que esto trae. De esta manera se ha evadido entonces requerir de Índices de Fragilidad Ambiental para ampliar casi el doble la zona urbana del distrito Colón. \"3.4. Reconoce el Departamento de Urbanismo actual, que dichos insumos tienen características asociadas a cuadrantes urbanos (área desarrollada, desarrollo sin limitaciones), y no a las \"pequeñas comunidades\" a las que hace referencia el artículo 13 del PR, ni al fondo de la materia desarrollada por la Sala. Es decir, la delimitación realizada a \"pequeñas comunidades\" dentro del distrito de Colón, superan las regulaciones contenidas en el Plan Regulador y en el Plan Regional, para la Zona Especial de Protección y la Zona Especial de Protección Forestal, donde en ningún escenario el Decreto Ejecutivo N°25902 habilita la posibilidad de delimitar nuevos cuadrantes urbanos.\" Lo cierto es que la Municipalidad de Mora, tanto en el año 1993 como en el 2001 realizaron planes reguladores con el acompañamiento del INVU como lo indica la Ley de Planificación Urbana, esto está dentro de las potestades constitucionales que le confieren a los gobiernos locales el artículo 170 de la Constitución Política. No tiene porqué asociarse las pequeñas comunidades que existían muchísimos años antes de cualquier plan regulador y que en ambos instrumentos de planificación se reconocen, si no coinciden con las definiciones de los instrumentos del INVU como lo son cuadrantes urbanos, pues es producto de una realidad existente y que los planes reguladores tomaron en cuenta en su momento. El suscrito no se explica porqué de la insistencia del INVU en querer encontrar una figura dentro de sus normas que coincida con las pequeñas comunidades. La administración anterior de la dirección de urbanismo lo tuvo claro y simplemente trabajo junto a la municipalidad para delimitar esas comunidades y que no se abriera más bien un portillo que quedara a la discrecionalidad de un funcionario público establecer los límites de Brasil, Barrio La Trinidad, Altos del San Rafael, San Bosco y el Rodeo. Se delimitaron las \"pequeñas comunidades\" de acuerdo con el artículo 13 y el Concejo Municipal aprobó esa delimitación que no traslapa con ninguna zona protectora ni con el territorio indígena y el mismo debía publicarse por parte del alcalde para darle eficacia, este no vetó el acuerdo, más bien a acogido lo que le dice la dirección de urbanismo del INVU como si fuera su superior jerárquico en el tema de ordenamiento territorial. Lo peor de todo es que desde que se publicó el citado artículo 13 se reconoció el resto del distrito como agrícola y se respetaron las pequeñas comunidades, inclusive delimitándolas lo más restrictivamente posible, pues de un momento a otro se varían las reglas, se desconocen las pequeñas comunidades como si no existieran y lo que es peor se crea una Zona de Crecimiento Urbano en la zona agrícola con los perjuicios que esto ocasiona al ambiente del distrito Colón del cantón de Mora. \"3.5. Los insumos elaborados por el INVU y la Municipalidad en el año 2020 no fueron oficializados por el gobierno local, y no llevan relación alguna con lo que manda el voto N°2010-021258 ni el contenido del Plan Regulador vigente, mismos que no mencionan la delimitación de \"pequeñas comunidades\", sino que hace referencia a la posibilidad, a través de la iniciativa de una Asociación de Desarrollo Integral, de realizar en estas fraccionamientos con fines urbanos (frente a calle pública), urbanizaciones y conjuntos residenciales, a pesar de encontrarse dentro de la Zona Especial de Protección (Zona Resto de Distrito en PR, sin regulaciones). Tal como manda el artículo 13, para los proyectos que se gesten de esta manera, corresponde aplicar la normativa de alcance nacional promulgada por el INVU: el Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones (no requiere reglamentación adicional).\" Esto tampoco es cierto, el órgano competente en materia de ordenamiento urbano es el Concejo Municipal y el acuerdo ACM-153-01-2023 fue aprobado en firme y el mismo no fue vetado por el alcalde municipal. ¿A qué se refiere la dirección de urbanismo del INVU con oficialización?, Lo que le corresponde al alcalde municipal es ejecutar el acuerdo, publicar lo resuelto por el Concejo Municipal e implementar lo que establece el artículo 13 del Reglamento de Zonificación del Plan Regulador de 1993. Lo de la delimitación de las pequeñas comunidades existentes, elaborada técnicamente entre los profesionales del INVU y la Municipalidad de Mora, precisamente viene a traer seguridad jurídica para los habitantes de esas comunidades y para el resto la tranquilidad que por una interpretación equivocada se cree una Zona de Crecimiento Urbano que afecte al ambiente del distrito Colón de Mora. Con relación a la respuesta de la Municipalidad de Mora: En el caso participar de esta institución, me permito transcribir algunos párrafos de su respuesta y referirme a ellos. Con relación a la respuesta de la Municipalidad de Mora: En el caso participar de esta institución, me permito transcribir algunos párrafos de su respuesta y referirme a ellos: \"En otro sentido, es contradictorio por el recurrente mediante la interposición del recurso de amparo que nos ocupa, pretender evitar el cambio de uso por no contar con los estudios técnicos y/o científicos y buscar que se base la delimitación de los poblados de Brasil, Rodeo, Jaris, San Bosco, Los Altos de San Rafael y Barrio La Trinidad, de forma arbitraria mediante un acuerdo del Concejo Municipal de Mora, sin mediar los estudios técnicos y científicos que alegó en la acción de inconstitucionalidad, cuando donde se indican estos poblados como excepciones únicamente es el artículo 10 Zona Agrícola, plan regulador de 2001. que claramente fue derogado por la Sala mediante voto N° 21258-2010 del 22 de las catorce horas de diciembre de 2010, expediente N° 09-009306-0007-CO...“ Pues es totalmente razonable que el suscrito interponga un recurso de amparo para evitar un cambio de uso que se realiza sin los estudios técnicos y/o científicos como lo son los Índices de Fragilidad Ambiental que tanto la norma como la jurisprudencia de la Sala Constitucional han establecido como necesarios, más si se trata de pasar de una zona agrícola a una Zona de Crecimiento Urbano de la GAM. Es erróneo interpretar que el llamado artículo 13 Zona Resto del Distrito haga alusión a \"otra\" mediante el artículo 11 Zona Agrícola, como lo quiere hacer ver el aquí recurrente, siendo que se generó un vacío normativo al artículo 13 Zona Resto del Distrito al no proceder a la publicación del artículo 11 Zona Agrícola que si bien se menciona en el artículo 13, no existe los parámetros vigentes en cuanto a requisitos normativos aplicables al no estar publicado dicho artículo 11 para dar integralidad al enunciado del artículo 13 \"(...) Los desarrollos que se den dentro del resto del distrito serán para fines agrícolas por lo cual rigen por los mismos requisitos de la Zona Agrícola. (...)\" (artículo 11 del Plan regulador 1993).\" Lo negrito no es del original. No es cierto, la Municipalidad de Mora tiene del artículo 29 al 36 del Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones del INVU para poder integrar la zona agrícola sin ningún problema. Así lo establece el artículo 2 de este mismo reglamento. Este reglamento es verdaderamente la norma supletoria, el decreto de la GAM es un reglamento entre otras cosas de zonificación y por haberlo aplicado supletoriamente lo que hicieron fue traslapar la zona resto del distrito con características agrícolas con la Zona de Crecimiento Urbano de la GAM, lo que es ambientalmente nocivo para el ambiente del distrito Colón de Mora, va en contra del principio de legalidad y de lo resuelto por la Sala Constitucional. \"Como se puede observar en la gráfica, bajo el principio de cascada de la aplicación normativa, en ausencia de norma local llámese Plan Regulador lo que corresponde aplicar es la normativa Regional antes que la normativa nacional en relación al Reglamento Nacional para Fraccionamiento y Urbanizaciones, como erróneamente lo interpreta el aquí recurrente. Por lo anterior, en ausencia de parámetros como lo es lo referido por el artículo 13 y el vacío normativo al no poseer requisitos en relación con la zona Agrícola del artículo 11 no es viable solventar esta falta normativa con normativa nacional obviando la normativa regional establecida mediante el Plan Regional Urbano del Gran Área Metropolitana decreto N° 25902.\" Este no es un tema de planificación territorial en cascada, porque ya existe plan regulador, el decreto de la GAM según el artículo 1 se aplica dentro de la jurisdicción territorial definida en ausencia total de plan regulador, recordemos que sólo el distrito Colón se encuentra dentro de la GAM y al tener plan regulador no les aplicable este decreto, sino que se deben suplir los vacios con el Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones del INVU según su artículo 2. I. Del traslape normativo. Del mismo modo se indica en el artículo 13 Zona Resto del Distrito, no posee en sí mismo requisitos ni parámetros urbanos que permitan su aplicabilidad técnica legal normativa, se indica como un zona de carácter residual para completar el límite político básico, en vista que nó sólo no define estos parámetros sino que tampoco define las llamadas pequeñas comunidades que pretende el aqui recurrente que se defina mediante acuerdo del Concejo Municipal de Mora, no es de recibo pretender la aplicación de un artículo que si bien se encuentra publicado carece de parámetros normativos, existiendo el vacío legal que debe ser abordado mediante la normativa supletoria, no existiendo tampoco traslape normativo en vista que la normativa local carece de aplicabilidad práctica.\" Se equivoca la Municipalidad de Mora en este punto por cuanto en el recurso no se habla de un traslape normativo, esto no es si dos normas chocan entre sí, esto es que se hizo una sobreposición de la zonificación del decreto de la GAM la zonificación del Plan Regulador de Mora, quedando una Zona de Crecimiento Urbano de la GAM dentro de la Zona Resto del Distrito que tiene características agrícolas ocasionando un grave daño al ambiente del distrito Colón. \"De este mapa puede verse la aplicación dentro del territorio de Mora el Plan Regulador parcial en el distrito Colón, en color azul, la aplicación del Plan Regional de Desarrollo Urbano Gran Área Metropolitana, en color rojo: Zona de Control Urbanístico y por último, en color café la Zona Especial de Protección.\" La Zona de Control Urbanístico a la que se refiere la Municipalidad de Mora precisamente es la Zona de Crecimiento Urbano de la GAM, esta misma institución acepta y permite ver mejor, gracias a mapa mas claro realizado por ellos, el cambio de zonificación de agrícola a crecimiento urbano. La comparación del área zonificada como residencial, comercial, industrial, en cuanto a su área con el resto del cantón no tiene sentido, recordemos que sólo Colón está dentro de la GAM. […] Como se puede ver la zona rosado oscuro es ahora Zona de Crecimiento Urbano de la GAM, que como se aprecia representa una importante parte del área del distrito, sino igual, casi la misma área que tiene zonificación residencial, comercial e industrial. Lo que llama la atención de este mapa es que no se incluyan las zonas protectoras de Cerros de Escazú y El Rodeo y el Territorio Indígena de Quitirrisí. Llama la atención que, ante la nota del suscrito del 23 de febrero del presente año, en la cual hago una serie de solicitudes que cito: \"1. En razón de que la Municipalidad de Mora está aplicando el decreto de la GAM de 1982 y que en este decreto hay una zona denominada de crecimiento urbano, que en el plan regulador parcial del cantón existe una zona denominada zona resto del distrito y que dice que se le aplicarán las condiciones de la zona agrícola, solicito se me informe si existe un traslape entre la zona de resto del distrito del artículo 13 del plan regulador con la zona de crecimiento urbano del decreto de la GAM. De ser así, solicito se me informe si se han otorgado en esta zona traslapada certificados de uso de suelo para proyectos residenciales como urbanizaciones o condominios. 2. Si la respuesta a la pregunta anterior es afirmativa, solicito se me hagan llegar el nombre del proyecto, propietario, número de finca y número de soluciones habitacionales por proyecto. Además, solicito la entrega de un mapa en el que se pueda distinguir el traslape de las zonas apuntadas. 3. Solicito, si existe el traslape indicado, información si la Municipalidad de Mora cuenta con índices de fragilidad ambiental aprobados por SETENA anteriores al momento en que se inició con la aplicación de los parámetros de zona de crecimiento urbano del decreto de la GAM en la zona resto del distrito del plan regulador. 4. Por último, solicito se me indique el número de casos en los que el departamento de control urbano ha cambiado de criterio en los certificados de uso de suelo, además en cuántos de estos casos se ha realizado el proceso de declaratoria de nulidad de los certificados de uso de suelo anteriores, de conformidad con la Ley General de la Administración Pública.\" La Municipalidad de Mora aparece en la contestación de este recurso con una serie de excusas incomprensibles, para justificar porqué no han dado respuesta en forma y tiempo, cuya única intención es ocultar información pública sumamente comprometedora para los funcionarios de dicha institución, que inclusive se pretende que pudiera ser prueba para aportar a este recurso, por lo que sólo se pudo aportar dos usos de suelo en los que se niega el uso agrícola por estar las fincas en la Zona de Crecimiento Urbano, pero resulta sumamente lamentable que el Concejo Municipal le haga el juego a la alcaldía municipal resolviendo una prórroga para entregar una información que está al alcance de los funcionarios del subproceso de control urbano y que no debería tener mayor complejidad brindarla. Así mediante acuerdo N° ACM-204-03-2024, tomado en la sesión ordinaria N° 204 del 25 de marzo de 2024, se resuelve: “1. SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME: Autorizar la prórroga al plazo de ejecución del Acuerdo # ACM-200-05-2024 hasta el 30 de abril del 2024, tal y como lo solicita la Administración Municipal, según la justificación brindada. 2. Notifíquese el presente acuerdo con acuse de recibo y fecha a la señorita Vicealcaldesa Municipal, Ariuna Cabal Lombodorzh, para lo de su cargo. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO (...)\" (El resaltado corresponde al original).\" Sin ningún sonrojo la alcaldía municipal le expresa a esta Sala que \"Así las cosas, véase como el Concejo Municipal de Mora ha aprobado una prórroga hasta el próximo 30 de abril para que esta Administración pueda atender la solicitud presentada por el aquí recurrente, el señor Monge Pizarro.* Lo que ocurre desde un inicio, es que este tema se ha manejado técnicamente mal, pero este tipo de decisiones dejan la duda de las intenciones de que una vez que entró esta nueva administración municipal se abrieran portillos tan peligrosos para que se violente una zona definida como agricola para la construcción de proyectos residenciales que ejercerán una afectación al ambiente en un distrito que ha recuperado su cobertura forestal por las decisiones de ordenamiento urbano como lo fue la acción de inconstitucionalidad contra el plan regulador del 2001 para no seguir deteriorando las zonas protectoras como venía ocurriendo desde la fecha en que se amplió la zona residencial en la Zona Protectora de Cerros de Escazú. Existen en el recurso dos certificados de uso de suelo que declaran un área del distrito Colón como Zona de Crecimiento Urbano de la GAM, es de pensar que en estos años deben ser muchas más los que se han otorgado para permitir proyectos residenciales, por lo que es urgente conocer la información y que la Municipalidad de Mora realice los procesos legales correspondientes a fin de anular dichos certificados y que se asuman las responsabilidades debidas por actos abiertamente ilegales protegidos lastimosamente por dos instituciones cuyas funciones son más bien las de procurar un desarrollo urbano de la mano con el ambiente como lo dicta el artículo 50 de la Constitución Política y los artículos 28, 29, 30, 31 de la Ley Orgánica del Ambiente. En conclusión, de las respuestas de estas dos instituciones no se puede extraer explicación alguna al punto aludido en el presente recurso, el porqué del uso de la zonificación de la GAM para sobreponer en la zona resto del distrito que es de uso agrícola la Zona de Crecimiento Urbano, porque, ninguna de las dos instituciones se manifiesta sobre este aspecto, no desacreditan por ejemplo los dos certificados de uso de suelo presentados y que corroboran mis alegatos. La única manera de resolver esta situación de manera favorable al ambiente del distrito Colón es lo que legalmente procede, aplicar el articulo 13 del Reglamento de Zonificación del Plan Regulador que está publicado y vigente, que el alcalde municipal publique el acuerdo ACM-153-01-2023, que esta en firme y no ha sido vetado, de tal forma que queden delimitadas las pequeñas comunidades y que en estas como en el resto del distrito que tiene las características de la Zona Agrícola se complemente la norma con el Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones del INVU de tal forma que se proteja el ambiente del distrito Colón de Mora. Por otro lado, que se haga pública la información sobre los certificados de uso de suelo dados como Zona de Crecimiento Urbano del GAM, en una zona cuyas características son agrícolas y que deben mediante los procesos legales correspondientes anularse antes de que se hagan construcciones como condominios y urbanizaciones sin haberse reformado el plan regulador con las consultas respectivas a la población y con los respectivos índices de fragilidad ambiental aprobados. Las partes recurridas han querido hacer ver que este es un tema netamente de interpretación reglamentaria y lastimosamente pasaron por alto el fondo del asunto que es las implicaciones de la decisión de sobreponer la zonificación de la GAM sobre el Plan Regulador del distrito Colón al punto de transformar una cantidad importante de hectáreas de zona resto del distrito que tiene uso agricola como Zona de Crecimiento Urbano, de hecho evitan referirse a este aspecto y lastimosamente no le explican a la Sala Constitucional cuántos certificados de uso de suelo han otorgado en esta área en este sentido para tener una idea de la magnitud del daño ambiental ocasionado, ahora dicen que hasta el 30 de abril lo entregan, pero es curioso que no salen al paso a negar el punto, a negar que han dado uso de suelos en Zona de Crecimiento Urbano, más bien buscan retardar la respuesta para evadir el resultado de este recurso, por cuando la información en importante para aportar como prueba para mejor resolver. Pero hay dos certificados de uso de suelo aportados al recursos que no fueron desmentidos por lo que se deben dar como ciertos, en los cuales claramente le dicen a dos propietarios que sus fincas que era de uso agrícola ahora se encuentran en Zona de Crecimiento Urbano y les deniegan el uso solicitado, por tal razón solicito una vista si esa honorable Sala Constitucional lo considera conveniente y así demostrar que este no es un asunto reglamentario sino de afectación evidente al ambiente del distrito Colón y una desobediencia a lo planteado por la Sala Constitucional en el voto N°2010-021258 que dice que \"...las Municipalidades no pueden modificar el uso de suelo mediante los Reglamentos de Zonificación, ni cambiar ni afectar el ordenamiento municipal sin contar con los estudios técnicos y científicos que vayan a modificar la Zona Agrícola por otra que implique mayor impacto ambiental...\". Por todo lo anterior reitero la solicitud de que se declare con lugar el recurso de amparo interpuesto.”\n\n \n\n7.- Por resolución de las 10:20 horas del 01 de julio de 2024, el magistrado instructor amplió el presente recurso de amparo, solicitándole informe a la Presidencia del Concejo Municipal de Mora, sobre los hechos alegados por la parte recurrente.\n\n8.- Mediante escrito incorporado al expediente digital a las 08:22 horas del 11 de julio de 2024, informa bajo juramento María Picado Ovares, en su condición de presidenta del Concejo Municipal, lo siguiente:\n\n“De conformidad con la audiencia conferida mediante resolución de las diez horas del primero de julio del dos mil veinticuatro, procedo a rendir en tiempo y forma y BAJO LA FE DE JURAMENTO el siguiente informe: El presente recurso de amparo que se direcciona ahora contra el Concejo Municipal de Mora, en realidad fue interpuesto contra el Gobierno Local representado por el señor Alcalde Municipal en virtud de que durante mucho tiempo se ha mantenido en suspenso el tema del plan regulador de nuestro Cantón. A lo largo de un extenso intercambio de criterios referidos a los alcances de la sentencia de esta Sala Constitucional que derogó la reforma integral del plan regulador del año 1993, se ha mantenido por largo tiempo la incertidumbre sobre lo que corresponde aplicar en una sana observancia del dimensionamiento de lo resuelto por esta Sala a las catorce horas del veintidós de diciembre de dos mil diez, declarando inconstitucionales únicamente dos artículos de la Reforma al Plan Regulador dictada en el 2001 –a saber 4.3 y 10-. En esa misma sentencia, también la Sala hizo referencia a la aplicabilidad del artículo 13 (Zona Resto del Distrito) del reglamento inicial de 1993, disponiendo en un primer caso, que esa norma era coincidente con el artículo 11 del Reglamento del 2001 que también establece exactamente lo mismo para la “Zona Resto del Distrito”; en una segunda mención sobre ese artículo 13, hizo ver que la aplicación de esa norma de 1993 requiere de la publicación del artículo 11 de ese mismo reglamento inicial (1993) por cuanto lo complementa (aunque no lo determinó en la parte dispositiva), acto seguido, la Sala manifiesta que el artículo 13 (reglamento 1993) tendría que ser publicado para adquirir eficacia, disponiendo: “Finalmente, es claro que al declarar la inconstitucionalidad de las normas impugnadas, las disposiciones respectivas del Reglamento de Zonificación de 1993, en cuanto a las disposiciones del Resto de Distrito (ZRD) (artículo 13), no entran en vigor automáticamente, sino hasta que las mismas sean publicadas, dado que únicamente consta la reseña en La Gaceta, según se indicó supra en esta sentencia. Ante esta ausencia normativa, deberá integrarse el ordenamiento urbano del Cantón de Mora con la respectiva normativa dictada por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo.” La incertidumbre se genera debido a que, la sentencia constitucional dispuso por una parte, la anulación del artículo 10 (Zona Agrícola) y se sugirió la publicación del artículo 13 del Reglamento 1993, pero de alguna forma el texto del artículo 11 del reglamento del 2001 se mantuvo vigente desde esa fecha y dispone prácticamente lo mismo que el 13 de 1993; por otra parte, el texto del artículo 10 ANULADO por la Sala es una copia del artículo 11 del Reglamento de 1993 que la misma Sala sugirió publicar como complemento del artículo 13 de 1993; la única diferencia es que el de 1993 incluía solo la comunidad de Brasil: Por otra parte, en los meses de febrero, mayo y junio del 2008 –antes de la interposición de la Acción de Inconstitucionalidad- el Concejo Municipal realizó varias gestiones dirigidas a definir los alcances del artículo 10 del reglamento del 2001 disponiéndose la reforma de dicho artículo adicionando un punto más referido a requisitos, declarándose la viabilidad de dicha reforma mediante Oficio C-J.D.-050-2008 del 14 de mayo del 2008 de la Junta Directiva del INVU. No obstante, lo anterior, también es digno de rescatar que la reforma propuesta en el 2008 cuenta con un componente muy importante que no se había incluido en la normativa anterior (2001), pues se incluyó la solicitud de estudios de suelos para las nuevas edificaciones a f in de excluir de previo la posibilidad de erosión de suelos, deslizamientos y contaminación de ríos y quebradas. Véase que, el numeral 4.1 Zona Residencial del reglamento del 2001 (vigente desde ese año), establece parámetros diferentes a los definidos en esa adición al artículo 10, pero de alguna forma, esa adición no solo está prevista para permitir el uso residencial en zona catalogada como agrícola en Brasil e incluyendo nuevamente a las comunidades de Rodeo, Jaris, San Bosco, los Altos de San Rafael y Barrio La Trinidad, sino que a pesar de que algunas de esas áreas (no todas) puedan formar parte de la Zona Protectora en la que debe privar ese uso de suelo agrícola, se establecen condiciones que se sostienen por sí solas para estos casos concretamente, variando un poco los requisitos de zona residencial para otros terrenos en cuanto a cobertura máxima y altura. En realidad, ese Concejo Municipal coincide con el recurrente en el sentido de que la aplicación supletoria de la normativa del INVU solo procede en ausencia de normativa propia y desde esa óptica la Municipalidad de Mora –bien o mal- cuenta con reglamentación vigente que define lo aplicable en “Zona Resto del Distrito” (no solo por la publicación del artículo 13 de 1993 sino porque desde antes ya estaba vigente el artículo 11 del 2001 cuyo texto es idéntico) así como en “Zona Agrícola” (reforma y adición del artículo 10 publicada en 2008) Ahora bien, una vez analizado a profundidad el tema y aprobado el Criterio Jurídico 014 2023 (Se adjunta) el cual fue aprobado mediante acuerdo ACM-181-03-2023 del 19 de octubre del 2024 para su traslado a la Administración Municipal y al INVU, este Concejo Municipal ha quedado a la espera de una nueva propuesta por parte de la Administración Municipal, quien a pesar de la solicitud de publicación del artículo 13 ya ordenada, se mantiene en medio de criterios del INVU sobre la obligatoriedad de aplicar la reglamentación de ese Instituto se manera supletoria. Naturalmente, de acuerdo con los criterios emitidos por el INVU en cuanto a la obligatoriedad de aplicar supletoriamente su reglamentación, la Alcaldía Municipal se mantiene en un impasse a la espera de avanzar con un nuevo plan regulador que venga a subsanar todas las inconsistencias que aún hoy se siguen enfrentando. En realidad, en lo que concierne al pronunciamiento de fondo sobre el dimensionamiento de lo dispuesto por esta Sala Constitucional, así como a la aplicación supletoria de normativa del INVU, ya este Concejo Municipal había generado un insumo para el análisis técnico de la Administración Municipal, no teniendo actualmente ningún aspecto pendiente por resolver desde la competencia de este Órgano e incluso meses antes, había tomado el acuerdo Acuerdo # ACM-153-01-2023 del 11 de abril del 2023 ordenando la publicación el artículo 13 del reglamento de 1993, aunque como ya se explica en este acto. Por u parte, la remisión que hace el señor Alcalde Municipal en cuanto a la solicitud de información del recurrente no solo no es clara, sino que llama a la confusión, por cuanto el recurrente solicitó información certificada y si bien es cierto, corresponde a la Secretaría del Concejo Municipal emitir tal certificación, necesariamente se debe contar con el insumo de la Administración a la que le corresponde remitir la documentación original que deberá certificarse. Esa solicitud de colaboración a la que se refiere el señor Alcalde y en virtud de la cual esta Sala solicita al Concejo Municipal su informe, esta directamente relacionada con documentación administrativa que solo la Alcaldía puede facilitarle a la Secretaría para su certificación, pero debe quedar claro que, no se trata de ningún tema pendiente que tenga este Concejo Municipal en relación con las solicitudes de información del recurrente.”\n\n \n\n9.- Mediante escrito incorporado al expediente digital a las 05:11 horas del 29 de julio de 2024, Graciela Eugenia Cruz Quesada, en su condición de presidenta con facultades de apoderada generalísima sin límite de suma de Inmobiliaria Pacacua Sociedad Anónima, presenta una coadyuvancia en este proceso constitucional y manifiesta lo siguiente:\n\n“Primero: Mi representada es dueña de la finca inscrita en la provincia de San José, matrícula de folio real número 55300- 000, naturaleza TERRENO DE POTRERO Y CAFETALES, plano catastrado número SJ- 0278825- 1977, cuyo de uso de suelo siempre ha sido AGRÍCOLA. Segundo: El 24 de julio de 2011, solicité a la Municipalidad de Mora, ante la Comisión de Revisado de Solicitudes de Visado, autorización de una SERVIDUMBRE AGRÍCOLA, y la Comisión aprobó y advirtió que: “si se dieran más segregaciones por medio de servidumbre agrícola, las áreas de las parcelas resultantes deben ser de cinco mil metros cuadrados o más y que son parciales para uso puramente agrícola”, con el piano catastrado SJ- 1193747-2007.Tercero: Mediante certificación de gravámenes con las citas de presentación número 575- 17847- 01- 0002- 001, debidamente emitido por el Registro Nacional, Plataforma de Servicios, el 19 de jufio del 2024, se expresó: “CERTIFICA: CON VISTA EN EL SISTEMA DIGITALIZADO DEL REGISTRO INMOBILIARIO, LOS GRAVĂMENES DE SERVIDUMBRE DE PASO QUE PESAN SOBRE LA FINCA DE LA RROVINCIA DE SAN JOSE, NÚMERO: 55300, DERECHO 000: PRIMERO: CITAS: 0575-00017847-01-0002-001, PLAZO INICIA: 04 DE MARZO DE2008. CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY. LONGITUD: 61.50 METROS. ANCHO: 7 METROS. RUMBO: NORTEA SUR. FECHA DEINSCRIPCIÓN: 08 DEABRIL DE 2008. OTROS: SERVIDUMBREAGRICOLA DEPASO. A FAVOR DE LA FINCA: SAN JOSE-591529. EN CONTRA DE LA FINCA: SAN JOSE-55300. SEGUNDO: C/SAS: 0575-00017847-01-0003-001, PLAZO INICIA: 04 DE MARZO DE 2008. CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY. LONGITUD:113.27 METROS. ANCHO: 7.00 METROS. RUMBO: NORTE A SUR. FECHA DE INSCRIPCIÓN: 08 DE ABRIL DE 2008. OTROS: SERVIDUMBRE AGRÍCOLA DE PASO. A FAVOR DE LA FINCA: SAN JOSE-55300, EN CONTRA DE LA FINCA: SAN JOSE-591529.“Ver certificación adjunta. Cabe indicar que, según lo establecido en el artículo 13 del Reglamento de Zonificación del Plan Regulador de 1993, como el Reglamento de Zonificación del Plan Regulador del 2001, se estableció que la finca 55300- 000, era zona agrícola. Sin embargo, años después arbitrariamente la Municipalidad de Mora, cambió el criterio de zona agrícola a zona residencial, sin previa notificación a los propietarios, generando una afectación evidente. Dicha modificación además de pasar a zona residencial, generaría un cobro de impuestos territoriales por metro cuadrado, y no por hectárea al ser una zona agrícola. Precisa resaltar que \\a propiedad tiene salida a cal\\e pública con una distancia de 7 metros a través de la servidumbre agrícola, misma que no se encuentra pavimentada ni lastreada, y mucho menos cuento con el servicio de alcantarillado, la propiedad limita a 450 metros con el Río Virilla llamado Caite de Lata. A la fecha, la Municipalidad no se ha tomado la molestia para notificar con el debido fundamento legal el cambio de criterio, mismo que me causa total indefensión y daño a mi patrimonio. Por lo tanto, solicito se declare con lugar el Recurso de Amparo interpuesto y se anule toda aplicación del Decreto GAM a la zona del cantón de Mora, distrito Colón, se comunique e indique cuales son la comunidades o propiedades delimitadas entre el INVU y la Municipalidad de Mora, a fin de que se respete y mantenga la naturaleza de las propiedades que serían de zona agrícola, todo en defensa del medio ambiente. Accesoriamente, solicito que el resultado de declarar con lugar el Recurso de Amparo interpuesto cobije y beneficie a los propietarios que hemos sido afectados por los cambios arbitrarios de la Municipalidad de Mora. Señalo como medio principal para recibir notificación el correo electrónico ifournier@bufetealternativo.o.om, favor rotular a nombre de Graciela Cruz Quesada”\n\n \n\n 10.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.\n\n Redacta la Magistrada Garro Vargas; y,\n\n Considerando:\n\n I.- Objeto del recurso. El recurrente manifiesta que el distrito Colón cuenta con un plan regulador y un reglamento de zonificación aprobados en el año 2001. Argumenta que en el año 2010, la Sala Constitucional, mediante el voto n.° 2010-021258, determinó que únicamente a través del Poder Legislativo se puede variar el uso de suelo decretado con anterioridad por el Poder Ejecutivo en las Áreas Silvestres Protegidas. En este sentido, las municipalidades no pueden modificar el uso de suelo mediante los Reglamentos de Zonificación ni alterar el ordenamiento municipal sin contar con estudios técnicos y científicos que justifiquen la modificación de la Zona Agrícola por otra que implique un mayor impacto ambiental. Señala que dicha sentencia anuló, por inconstitucionales, los artículos 4.3 y 10 del Reglamento de Zonificación del Plan Regulador de Mora. Indica que el 5 de diciembre de 2011 se publicó el artículo 13 del Reglamento de Zonificación del Plan Regulador de 1993, que establece lo siguiente:\n\n“Artículo 13.- Zona del resto del distrito (Z.R.D). Dado que el ámbito de acción del Plan Regulador está delimitado por el área urbana y el área inmediata de influencia para expansión. El resto del distrito primero debe ser incluido para tener un límite político básico. Los desarrollos que se den dentro del resto del distrito serán para fines agrícolas, por lo cual rigen por los mismos requisitos de la Zona Agrícola. En los casos de pequeñas comunidades que pretendan algún desarrollo de fraccionamiento, urbanización o conjunto residencial en su localidad a través de una asociación de desarrollo, pueden aplicarse las normas generales del Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamiento y Urbanizaciones y entra en estudio conjuntamente la Municipalidad y la Dirección del Urbanismo del INVU para definir si se permite el proyecto”.\n\n Detalla que el voto constitucional anteriormente mencionado anuló la Zona Agrícola del Reglamento de Zonificación del Plan Regulador de 2001. No obstante, el artículo 13 del Reglamento de Zonificación de 1993 restablece dicha zona, ya que la zona resto del distrito tiene las características de una zona agrícola. Por tanto, no existiría un vacío normativo, sino que se debe complementar la norma de conformidad con la legalidad aplicable en la materia. Sostiene que la norma supletoria aplicable al caso del distrito de Colón es el Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones, ya que el decreto de la Gran Área Metropolitana (GAM) aplica a los cantones dentro de esta jurisdicción que no posean plan regulador, lo cual no es el caso de Colón, que cuenta con una normativa completa. Sin embargo, el recurrente señala que la Dirección de Urbanismo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) y la Municipalidad de Mora han cambiado de criterio, delimitando las pequeñas comunidades que pretendan algún desarrollo de fraccionamiento, urbanización o conjunto residencial. Esto ha permitido que comunidades como Brasil, Barrio La Trinidad, Altos de San Rafael, San Bosco y El Rodeo puedan constituirse con usos de suelo para fines multifamiliares y zonas de crecimiento urbano, sin considerar que se trata de la zona resto del distrito de Colón, la cual tiene requisitos de zona agrícola, de acuerdo con el artículo 13 del Reglamento de Zonificación del Plan Regulador de 1993 y el voto de la Sala Constitucional. En consecuencia, solicita que se restituya el uso de suelo agrícola en las zonas mencionadas, en cumplimiento con la normativa vigente y los precedentes establecidos por la Sala Constitucional, para asegurar que cualquier cambio en el uso del suelo esté debidamente respaldado por estudios técnicos y científicos que garanticen la sostenibilidad y el menor impacto ambiental posible. Además, solicita que se ordene a la Municipalidad de Mora entregar la información de los certificados de uso de suelo con fines residenciales multifamiliares en la zona resto del distrito.\n\nII.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la parte recurrida haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:\n\na)      El 05 de febrero de 2020, el jefe del Departamento de Urbanismo y el encargo de la Unidad de Criterios Técnicos y Operativos del Ordenamiento Territorial, ambos del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, mediante oficio n.° DU-UCTOT-036-2020, dirigido al presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, expresó lo siguiente: “Espero se encuentre bien, en atención a la solicitud de la Municipalidad del Cantón de Mora y al Fallo Res. N°201-021258 de la Sala Constitucional del 22 de diciembre de 2010, se han delimitado las áreas de crecimiento urbano de las localidades del Cantón de Mora: Brasil, Rodeo, Jaris, San Bosco, Los Altos de San Rafael y Barrio La Trinidad de Colón de Mora, por lo que se hace entrega para lo que corresponda de lo siguiente: 1. Mapas de delimitación de las áreas de crecimiento urbano de las localidades enunciadas anteriormente. 2. Capas en formato shape (shp) de las zonas de crecimiento. 3. Reglamento para la delimitación de las Áreas de Crecimiento Urbano” (véase el informe de la institución accionada y la prueba aportada al expediente digital)\n\nb)     El 03 de abril de 2023, el Concejo Municipal de Mora, mediante acuerdo n.° ACM-153-01-2023, tomado en la sesión ordinaria n.° 153, acordó lo siguiente: “1. SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME: Acójase y apruébese en todos sus extremos la moción presentada por la Presidencia Municipal, secundada por los demás señores Regidores(as). 2. Para efectos del artículo 13 del Reglamento de Zonificación del Plan Regulador del Cantón de Mora aprobado en el año 1993, que en su último párrafo dice lo siguiente: “En los casos de pequeñas comunidades que se pretendan algún desarrollo de fraccionamiento, urbanización o conjunto residencial en su localidad a través de una Asociación de Desarrollo, pueden aplicarse las normas generales del Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones, y entrara en estudio conjuntamente la Municipalidad y la Dirección de Urbanismo I.N.V.U., para definir si se permite el proyecto”, determínense las comunidades de Brasil, Barrio La Trinidad, Altos de San Rafael, San Bosco, Jaris y Rodeo como las comunidades descritas por el artículo 13 del Reglamento de Zonificación del Plan Regulador del Cantón de Mora aprobado en el año 1993. 3. Para efectos de su definición espacial, se aprueban los mapas realizados por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y la Municipalidad de Mora para esos efectos. 4. De conformidad con el presente acuerdo, publíquense los nombres de las comunidades incluidas dentro del artículo 13 del Reglamento de Zonificación del Plan Regulador del Cantón de Mora aprobado en el año 1993 y los respectivos mapas realizados para definir estas comunidades por parte del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y la Municipalidad de Mora. Se confiere a la Administración Municipal el plazo de un mes calendario, para que se proceda con la publicación que dicta el presente acuerdo. 5. Notifíquese el presente acuerdo con acuse de recibo y fecha al señor Alcalde Municipal, Alfonso Jiménez Cascante, para lo de su cargo. 6. Remítase copia del presente acuerdo con acuse de recibo y fecha a la Encargada del Departamento Desarrollo y Control Urbano, Arq. Erika Angulo Campos. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.” (véase el informe de la autoridad municipal recurrida y la prueba aportada al expediente digital).\n\nc)      El 04 de mayo de 2023, la Comisión Técnica Administrativa de la Municipalidad de Mora, mediante el oficio n.° CTA-03-2023, dirigido al alcalde municipal indicó lo siguiente: “Sirva la presente para saludarle, y al mismo tiempo trasladar la recomendación por parte de la Comisión Técnica Administrativa, tomada en acta LG 02-2023 del 12 de abril, 2023, LG 02-2023, en relación al acuerdo de concejo # ACM-153-01-2023, tomado en la Sesión Ordinaria número 153, celebrada el día 03 de abril del año 2023, en vista de lo acordado se recomienda considerar los siguientes aspectos para poder hacer efectivo la ejecución del acuerdo tomado por unanimidad por los señores regidores: ACUERDO N°. 1: 1. SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME: Acójase y apruébese en todos sus extremos la moción presentada por la Presidencia Municipal, secundada por los demás señores Regidores(as). 2. Para efectos del artículo 13 del Reglamento de Zonificación del Plan Regulador del Cantón de Mora aprobado en el año 1993, que en su último párrafo dice lo siguiente: “En los casos de pequeñas comunidades que se pretendan algún desarrollo de fraccionamiento, urbanización o conjunto residencial en su localidad a través de una Asociación de Desarrollo, pueden aplicarse las normas generales del Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones, y entrara en estudio conjuntamente la Municipalidad y la Dirección de Urbanismo I.N.V.U., para definir si se permite el proyecto”, determínense las comunidades de Brasil, Barrio La Trinidad, Altos de San Rafael, San Bosco, Jaris y Rodeo como las comunidades descritas por el artículo 13 del Reglamento de Zonificación del Plan Regulador del Cantón de Mora aprobado en el año 1993. Debe considerarse que para poner en vigencia el artículo 13, es indispensable la publicación del artículo 11 Zona Agrícola del Plan Regulador del 93 como bien lo indica el Voto 2012 EXP 09-009306-0007-CO, siendo que, sin este, el artículo 13 posee una ausencia normativa, haciendo que su aplicación no sea posible y por ende, se deba aplicar la norma supletoria. VIII.- Dimensionamiento de los efectos de la sentencia. Redacta al Magistrada Calzada Miranda. Finalmente, es claro que al declarar la inconstitucionalidad de las normas impugnadas, las disposiciones respectivas del Reglamento de Zonificación de 1993, en cuanto a la Zona Agrícola (artículo 11) y las disposiciones del Resto de Distrito (ZRD) (artículo 13), no entran en vigor automáticamente, sino hasta que las mismas sean publicadas, dado que únicamente consta la reseña en La Gaceta, según se indicó supra en esta sentencia. Ante esta ausencia normativa, deberá integrarse el ordenamiento urbano del Cantón de Mora con la respectiva normativa dictada por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. (…) Por tanto: Se declara CON LUGAR la acción. En consecuencia se anulan por inconstitucionales los artículos 4.3 y 10 del Reglamento de Zonificación del Plan Regulador de Mora, publicado en La Gaceta No. 173 del 10 de septiembre de 2001. En cuanto al artículo 13 del Reglamento de Zonificación de 1993, no resulta inconstitucional si después de su publicación en el Diario La Gaceta no se aplica a Áreas Silvestres Protegidas. Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de la norma anulada, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe. Sin embargo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se dimensionan los efectos en el sentido de que la inconstitucionalidad declarada no afecta las construcciones plenamente terminadas o los propietarios que cuenten con las respectivas licencias de construcción otorgadas por la Municipalidad, salvo aquellas que aún no han iniciado a la fecha de publicación del aviso. Hasta respectiva normativa, únicamente se deben admitir trabajos de remodelación o mantenimiento sobre las áreas previamente construidas. Comuníquese este pronunciamiento al Poder Ejecutivo. Reséñese este pronunciamiento en el Diario Oficial La Gaceta y publíquese íntegramente en el Boletín Judicial. Notifíquese. El Magistrado Castillo Víquez salva el voto únicamente en cuanto al dimensionamiento de esta sentencia.” Esto es claro al hacer la lectura del artículo 13, donde se establece que los desarrollos que se den en el Resto del Distrito serán para fines agrícolas, por lo cual rigen los mismos requisitos de la Zona Agrícola, sin embargo, al NO estar publicado no es posible su aplicación práctica ni del artículo 11 y por ende del artículo 13, por lo cual para efectos de ejecutar el acuerdo del Concejo se debe publicar el artículo 11. Art 13 Zona Resto del Distrito (PUBLICADO) Dado que el ámbito de acción del Plan Regulador está delimitado por el área urbana y el área inmediata de influencia para expansión. El resto del distrito primero debe ser incluido para tener un límite político básico. Los desarrollos que se den dentro del resto del distrito serán para fines agrícolas por lo cual rigen por los mismos requisitos de la Zona Agrícola. (artículo 11 del Plan regulador 93) En los casos de pequeñas comunidades que pretendan algún desarrollo de fraccionamiento, urbanización o conjunto residencial en su localidad a través de una asociación de desarrollo, pueden aplicarse las normas generales del reglamento para el control nacional de fraccionamiento y urbanizaciones y entra en estudio conjuntamente la municipalidad y la Dirección del Urbanismo del I.N.V.U., para definir si se permite el proyecto. (subrayado no es del original) 3. Para efectos de su definición espacial, se aprueban los mapas realizados por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y la Municipalidad de Mora para esos efectos. Si bien se aporta los mapas elaborados en conjunto con el INVU, y como bien es conocido el papel del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, de acuerdo al artículo 7, inciso 3 y 4 de la Ley de Planificación corresponde a la Dirección de Urbanismo y Vivienda del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, Invu asesorar a los Gobiernos municipales en materia de planificación urbana. Articulo 7. 3)Asesorar y prestar asistencia a las municipalidades y a los demás entes públicos dedicados a la planificación, en todo cuando convenga al establecimiento o fomento de esa disciplina; y 4) Ejercer vigilancia y autoridad para el debido cumplimiento de las normas de interés nacional comprendidos en esta ley y en los reglamentos de desarrollo urbano” Los mismos fueron elaborados de conformidad a lo que establece las normas generales del Reglamento para el control nacional de fraccionamiento y urbanizaciones indicadas en el artículo 13, en apego a la normativa vigente y por ende al Protocolo para la Delimitación de Cuadrantes Urbanos y sus Áreas de Expansión del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. Art 13 Zona Resto del Distrito (PUBLICADO) Dado que el ámbito de acción del Plan Regulador está delimitado por el área urbana y el área inmediata de influencia para expansión. El resto del distrito primero debe ser incluido para tener un límite político básico. Los desarrollos que se den dentro del resto del distrito serán para fines agrícolas por lo cual rigen por los mismos requisitos de la Zona Agrícola. En los casos de pequeñas comunidades que pretendan algún desarrollo de fraccionamiento, urbanización o conjunto residencial en su localidad a través de una asociación de desarrollo, pueden aplicarse las normas generales del reglamento para el control nacional de fraccionamiento y urbanizaciones y entra en estudio conjuntamente la municipalidad y la Dirección del Urbanismo del I.N.V.U., para definir si se permite el proyecto. (subrayado no es del original) Con lo cual el trabajo fue referido al municipio mediante nota DU-UCTOT-036-2020, del 05 de febrero de 2020, suscrita por el MSC. Msc. Tomás Martínez Baldares, Presidente Ejecutivo del Invu. Siendo que el trabajo se compone de Mapas de delimitación, capas en formato shape y el Reglamento para la delimitación de las Áreas de Crecimiento Urbano, ante esto se solicita se incorpore estos dos últimos para poder hacer efectiva la publicación de la delimitación de las áreas de crecimiento urbano de las comunidades citadas, en vista de que sin la publicación del Reglamento que sustenta el trabajo y los shapes, la administración se vería imposibilitada de operativizar los mapas sin el sustento técnico que lo acompaña lo cual nuevamente pondría a la administración en el escenario de utilizar la norma supletoria para poder regular el territorio ante la ausencia normativa. “Espero se encuentre bien, en atención a la solicitud de la Municipalidad del Cantón de Mora y al Fallo Res. N°201 021258 de la Sala Constitucional del 22 de diciembre de 2010, se han delimitado las áreas de crecimiento urbano de las localidades del Cantón de Mora: Brasil, Rodeo, Jaris, San Bosco, Los Altos de San Rafael y Barrio La Trinidad de Colón de Mora, por lo que se hace entrega para lo que corresponda de lo siguiente: 1. Mapas de delimitación de las áreas de crecimiento urbano de las localidades enunciadas anteriormente. 2. Capas en formato shape (shp) de las zonas de crecimiento. 3. Reglamento para la delimitación de las Áreas de Crecimiento Urbano. “ 4. De conformidad con el presente acuerdo, publíquense los nombres de las comunidades incluidas dentro del artículo 13 del Reglamento de Zonificación del Plan Regulador del Cantón de Mora aprobado en el año 1993 y los respectivos mapas realizados para definir estas comunidades por parte del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y la Municipalidad de Mora. Se confiere a la Administración Municipal el plazo de un mes calendario, para que se proceda con la publicación que dicta el presente acuerdo. 5. Notifíquese el presente acuerdo con acuse de recibo y fecha al señor Alcalde Municipal, Alfonso Jiménez Cascante, para lo de su cargo. 6. Remítase copia del presente acuerdo con acuse de recibo y fecha a la Encargada del Departamento Desarrollo y Control Urbano, Arq. Erika Angulo Campos. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. Por tanto, se recomienda que se incorpore al acuerdo la publicación del artículo 11, zona Agrícola del Plan Regulador del año 1993 en apego a Voto 2012 EXP 09-009306-0007-CO, para poder operativizar el artículo 13 en mención y en cuanto a la delimitación de las áreas de crecimiento urbano de los centros de población incorporar la publicación de las Capas en formato shape (shp) de las zonas de crecimiento y del Reglamento para la delimitación de las Áreas de Crecimiento Urbano. Ante esta situación, se queda a la espera de las decisiones pertinente por parte del concejo para llevar a cabo la publicación requerida, no se omite manifestar que se adjunta el oficio DDCU-09-2021, el cuadro Resumen de normativa urbanística aplicable al cantón de Mora donde se exponen los escenarios que se presentan a partir de esta publicación, así como su impacto en el desarrollo urbano del Cantón, presentado en el año 2021 a la administración” (véase el informe de la autoridad municipal recurrida y la prueba aportada al expediente digital)\n\nd)     El 31 de julio de 2023, la jefa del Departamento de Urbanismo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, a través del oficio n.° DU-298-07-2023, determinó y concluyó que: “3.1. Si bien el artículo 13 de Plan Regulador fue publicado atendiendo lo resulto por la Sala Constitucional, para darle aplicabilidad correspondía en su momento publicar también el artículo 11 del Plan Regulador de 1993, donde se fijaba la normativa urbanística a aplicar en la Zona Agrícola, que se puede equiparar con la Zona de Resto de Distrito. 3.2. Siendo que no se realizó tal acción, la norma vigente aplicable en dicha Zona, es lo que define el Plan Regional Desarrollo Urbano Gran Área Metropolitana, Decreto Ejecutivo N°25902; esto entendiendo que aunque el texto del Plan Regulador hace referencia al resto del distrito, no se cuenta en el mismo con normativa a aplicar (existe la zona, mas no disposiciones asociadas a la misma). 3.3. Considerando que los insumos elaborados por el INVU y la Municipalidad en el año 2020 no fueron oficializados por el gobierno local, y que no llevan relación con lo que manda el voto Nº2010-021258 ni el contenido del Plan Regulador vigente, este Departamento se pone a disposición para acompañar la labor de delimitación de aquellas “pequeñas comunidades”, donde a través de la iniciativa de una Asociación de Desarrollo Integral, se pueden realizar fraccionamientos con fines urbanos (frente a calle pública), urbanizaciones y conjuntos residenciales, a pesar de encontrarse dentro de la Zona Especial de Protección. Tal como manda el artículo 13, en estas áreas corresponde aplicar la normativa de alcance nacional promulgada por el INVU: el Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones (no requiere reglamentación adicional). 3.4. Al ser esta delimitación de pequeñas comunidades un elemento que surge del artículo 13 del Plan Regulador, lo correcto según la Ley de Planificación Urbana, Ley N°4240, es seguir el procedimiento establecido en el artículo 17, para adicionarlo a su contenido” (véase el informe de la autoridad municipal recurrida y la prueba aportada al expediente digital)\n\ne)      El 19 de octubre de 2023, Evelyn Gómez Quirós, en su condición de asesora legal del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, mediante el criterio jurídico n.° 014-2023, concluyó lo siguiente: “➢ La publicación del artículo 13 del reglamento de 1993 realizada en el 2012 carece de sentido, por cuanto el texto del artículo 11 del reglamento del 2001 contiene las mismas disposiciones sobre “Zona Resto del Distrito” y éste último se mantuvo vigente desde su fecha de emisión, porque la afectación de la inconstitucionalidad alcanzó únicamente los artículos 4.3 y 10, quedando lo demás incólume. ➢ La similitud entre ambos textos reglamentarios (13 de 1993 y 11 de 2001) no es de extrañar, porque el reglamento que se dictó en el 2001 es en realidad una reforma integral del reglamento de 1993, el cual de todas formas según la Sala nunca adquirió eficacia, por lo que es aún más extraño pensar que ese artículo 13 siendo ineficaz podía “subsistir a la reforma del 2001, no obstante, los efectos de la sentencia constitucional deben respetarse en ese sentido expreso. ➢ El texto del artículo 11 del reglamento de 1993 es prácticamente el mismo que se anuló bajo el numeral 10 del 2001 pero más allá de esto, en el 2008 se reformó el artículo 10, pero adicionándose un acápite de requisitos que en todo caso, son diferentes a los del texto original. ➢ Recomendar la publicación del artículo 11 del reglamento de 1993 es contradictorio no solo porque niega la vigencia de la reforma del 2008, sino porque revivir ese artículo 11 de 1993 sin estudios técnicos que lo respalden ajustándose a una simple publicación, nos devolvería al mismo proceso ayuno de estudios técnicos, pues si para el 2009 el mismo INVU desconoció el visto bueno institucional que se dio en el 2001, con mucha más razón tendrá que desconocer los respaldos del plan regulador de 1993 que ni siquiera resultó eficaz. ➢ La resolución de inconstitucionalidad reclamó como excesiva la actuación municipal al variar el uso de suelo de terrenos que están dentro de la Zona Protectora determinó a lo largo del razonamiento que aunque en ese momento el INVU había avalado tal reforma integral del plan regulador de 1993, la decisión seguía siendo ayuna de fundamentación, precisamente porque en su apersonamiento ante la Sala el mismo INVU recalcó no entender las razones que habían llevado en su momento a ese Instituto a avalar tales reformas. ➢ La Sala Constitucional únicamente citó esa reforma del 2008 pero en realidad no profundizó al respecto y al declarar la inconstitucionalidad dicha, fue enfática al citar únicamente los artículos 4.3 y 10 del 2001, sin hacer referencia alguna a dicha reforma que no precisamente responde a la modificación del texto inicial sino a la adición de otros factores, por lo que no es sencillo concluir que al declararse la inconstitucionalidad del artículo 10 del 2001, necesariamente se pueda presumir “por añadidura” que esa reforma publicada en la Gaceta, cumpliendo con las exigencias técnicas se encuentre también derogado. ➢ Aun sin compartirlo esta asesoría legal, se puede entender que el INVU en su apersonamiento ante la Sala desconociera el respaldo técnico que en el año 2001 sirvió de respaldo la reforma del 2001, pues a fin de cuentas rige en su clara dimensión el principio de la Administración continua, no siendo tan sencillo simplemente variar el criterio como Institución y desconocer lo anterior pero, en la reforma del 2008 se cita tanto en la iniciativa del entonces Alcalde como en el acuerdo del Concejo expresamente el Oficio C-J.D.-050-2008 del 14 de mayo del 2008 de la Junta Directiva del INVU, lo que lleva a concluir que para ese momento existieron estudios técnicos propios que respaldaron un nuevo proceso de reforma y publicación que hoy no se puede desconocer así no más. ➢ A criterio de esta Asesoría, no resulta procedente aplicar la analogía en un tema tan denso, asumiendo que si la Sala Constitucional anuló expresamente el artículo 10 del reglamento del 2001, se pueda asumir que por ende, quedó sin efecto la adición del artículo 10 que se publicó en el 2008, haciendo una interpretación extensiva de lo dispuesto por la Sala sin la competencia para ello y violentando frontalmente “el principio de inderogabilidad singular de las normas reglamentarias”. ➢ Si de conformidad con “el principio de inderogabilidad singular de las normas reglamentarias” dicha reforma del 2008 mantiene su vigencia, se nos obliga a reconsiderar la aplicación de reglamentación supletoria pues es claro que, el INVU ostenta una competencia residual a efectos de dictar las normas urbanísticas - reglamentos y planes reguladores- en ausencia de normas urbanísticas dictadas por las respectivas municipalidades y en el caso concreto, es precisamente el Distrito de Colón el que cuenta con regulación propia y vigente. ➢ Tal facultad residual del INVU se refuerza al revisar tanto el Plan Regional de Desarrollo Urbano del Gran Área Metropolitana y sus anexos del 21 de mayo de 1982 como la reforma dictada en 1997 que dispuso lo siguiente: “Decretan: Artículo 1°—Modificar la tercera parte del Plan Regional de Desarrollo Urbano, o Instrumentos Legales, publicado en \"La Gaceta\" número 119 del veintidós de junio de mil novecientos ochenta y dos y que fuera decretado por medio del Decreto Ejecutivo N o 13583-VAH-OFIPLAN, del tres de mayo de mil novecientos ochenta y dos, publicado en \"La Gaceta\" número 95 del dieciocho de mayo de 1982, para que en lo sucesivo se lean así: Artículo 1°—Se establece un \"Área de Control Urbanístico\" sobre la cual se aplicarán las disposiciones del presente Decreto, y que estará compuesta por los distritos de las provincias de San José, Alajuela, Heredia y Cartago que a continuación se indican, siempre y cuando los Gobiernos Municipales no hayan promulgado sus propios Reglamentos de Planificación y Desarrollo Urbano de conformidad con los artículos 169 de la Constitución Política y el artículo 15 de la Ley de Planificación Urbana. (…) Mora --------Colón” ➢ La aplicación supletoria de normativa reglamentaria en materia de zonificación y urbanística debe tomarse con sumo cuidado, especialmente porque es arriesgado tratar indistintamente figuras restrictivas de la propiedad privada, si no existe un verdadero sustento jurídico que así lo respalde. ➢ Es importante determinar en casos de aplicación supletoria de normativa reglamentaria si el vacío en la reglamentación local responde a un tema de zonificación o urbanístico, pues para cada caso existe una regulación diferente. ➢ La eficacia de un reglamento municipal está estrechamente ligada al procedimiento establecido en el numeral 43 del Código Municipal lo cual obliga a materializar cada publicación de forma íntegra; en caso de duda y a fin de determinar el estado de un reglamento es prudente realizar las consultas ante los órganos consultivos que ostenten la competencia para emitir un pronunciamiento oficial. ➢ Verificar los términos de validez y eficacia de un reglamento municipal, garantiza no solamente la seguridad jurídica de los administrados sino más aun, de los funcionarios que en el diario quehacer toman decisiones técnicas a nombre y por cuenta de la Municipalidad. ➢ No es posible equilibrar los términos de “centros de población” y “pequeñas comunidades” en tanto se trata de figuras distintas que nacen a partir de normativas también diferentes con sus respectivas finalidades, aunque ambas tiene en común que más allá de los mecanismos para determinarlos, deben incluirse en el plan regulador siguiendo el proceso legalmente establecido en la Ley de Planificación Urbana” (véase el informe de la institución accionada y la prueba aportada al expediente digital)\n\nf)       El 19 de octubre de 2023, el Concejo Municipal de Mora, acordó lo siguiente: “ACUERDO N°. 3: 1. SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME: Primero, acoger y aprobar en todos sus extremos el Criterio Jurídico 014-2023, rendido por la Asesora Legal, Licda. Evelyn Gómez Quirós; Segundo, solicitar manifestación expresa al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) en relación con todas las conclusiones que contiene el Criterio Jurídico 014-2023. 2. Notifíquese el presente acuerdo con acuse de recibo y fecha a la Jefatura del Departamento de Urbanismo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), Licda. Hilda Carvajal Bonilla; al Encargado de la Unidad Asesoría y Capacitación - Departamento de Urbanismo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), Arq. Delio Robles Loaiza, y al Asesor Legal - Departamento de Urbanismo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), Lic. Marco Arias Alfaro, para su conocimiento y lo que corresponde. 3. Remítase copia del presente acuerdo con acuse de recibo y fecha al señor Alcalde Municipal, Alfonso Jiménez Cascante, a la Asesora Legal, Licda. Cindy Monge Soto, y a la Encargada del Departamento Desarrollo y Control Urbano, Arq. Erika Angulo Campos, para su conocimiento. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO” (véase el informe de la institución accionada y la prueba aportada al expediente digital).\n\ng)     El 16 de noviembre de 2023, el jefe del Departamento de Urbanismo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanización, mediante el oficio n.° DU-536-11-2023, concluyó que: “6. Conclusión 6.1. Conociendo los antes expuesto, reconoce el Departamento de Urbanismo la situación compleja de la Municipalidad de Mora, en cuanto a la aplicación de su instrumento de planificación local, en complemento con la herramienta de planificación regional vigente, y los reglamentos de desarrollo urbano promulgados por el INVU. 6.2. Teniendo claro que la única forma de subsanar las preocupaciones expuestas es a través de la actualización integral del Plan Regulador vigente, y en caso que pese a lo antes desarrollado se sostenga en el gobierno local de Mora un criterio diferente al de este Departamento, se recomienda sopesar la posibilidad de plantear la consulta ante la Procuraduría General de La República” (véase el informe de la institución accionada y la prueba aportada al expediente digital).\n\nh)     El 26 de febrero de 2024, el recurrente solicitó al Concejo Municipal de Mora la siguiente información: “1. En razón de que la Municipalidad de Mora está aplicando el decreto de la GAM de 1982 y que en este decreto hay una zona denominada de crecimiento urbano, que en el plan regulador parcial del cantón existe una zona denominada zona resto del distrito y que dice que se le aplicarán las condiciones de la zona agrícola, solicito se me informe si existe un traslape entre la zona de resto del distrito del artículo 13 del plan regulador con la zona de crecimiento urbano del decreto de la GAM. De ser así, solicito se me informe si se han otorgado en esta zona traslapada certificados de uso de suelo para proyectos residenciales como urbanizaciones o condominios. 2. Si la respuesta a la pregunta anterior es afirmativa, solicito se me hagan llegar el nombre del proyecto, propietario, número de finca y número de soluciones habitacionales por proyecto. Además, solicito la entrega de un mapa en el que se pueda distinguir el traslape de las zonas apuntadas. 3. Solicito, si existe el traslape indicado, información si la Municipalidad de Mora cuenta con índices de fragilidad ambiental aprobados por SETENA anteriores al momento en que se inició con la aplicación de los parámetros de zona de crecimiento urbano del decreto de la GAM en la zona resto del distrito del plan regulador. 4. Por último, solicito se me indique el número de casos en los que el departamento de control urbano ha cambiado de criterio en los certificados de uso de suelo, además en cuántos de estos casos se ha realizado el proceso de declaratoria de nulidad de los certificados de uso de suelo anteriores, de conformidad con la Ley General de la Administración Pública” (véase el informe de la autoridad municipal recurrida y la prueba aportada al expediente digital)\n\ni)       El 26 de febrero de 2024, el Concejo Municipal de Mora, en la sesión ordinaria nro. 200, discutió la solicitud de información planteada por el accionante y emitió el acuerdo nro. ACM-200-05-2024, que dispone lo siguiente: “Siendo que la información solicitada no está en manos de este Concejo Municipal, es información que registra y custodia la Administración Municipal, los señores Regidores(as) que estén de acuerdo en: solicitarle al señor Alcalde Municipal, que en un plazo no mayor a de diez días proceda a brindarnos dicha información para atender el requerimiento de solicitud de información pública que realiza el señor Gilberto Monge Pizarro ante este Órgano Colegiado; favor sírvanse manifestarlo levantando la mano. APROBADO POR UNANIMIDAD. Los señores Regidores(as) que estén de acuerdo en aprobar la firmeza del acuerdo para que quede definitivamente aprobado; favor sírvanse manifestarlo levantando la mano. APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. Por lo anterior, se acuerda: ACUERDO N°. 5: 1. SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME: solicitarle al señor Alcalde Municipal, que en un plazo no mayor a de diez días proceda a brindarnos dicha información para atender el requerimiento de solicitud de información pública que realiza el señor Gilberto Monge Pizarro ante este Órgano Colegiado. 2. Notifíquese el presente acuerdo con acuse de recibo y fecha al señor Alcalde Municipal, Alfonso Jiménez Cascante, para lo de su cargo. 3. Remítase copia del presente acuerdo con acuse de recibo y fecha al señor Gilberto Monge Pizarro, en el medio señalado para recibir notificaciones. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.” (véase el informe de la autoridad municipal recurrida y la prueba aportada al expediente digital).\n\nj)       El 21 de marzo de 2024, Ariuna Cabal Lombodorzh, en su condición de vicealcaldesa del cantón de Mora, mediante oficio nro. AMM-0172-2024, dirigido al Concejo Municipal de Mora, solicitó lo siguiente: “Por medio la presente, a petición de la arquitecta Erika Angulo, encargada de Desarrollo y Control Urbano y coordinadora de la Comisión Técnica Administrativa (CTA), solicita una prórroga hasta el 30 de abril, 2024 ante la Concejo Municipal en relación con el acuerdo # ACM-200-05-2024, tomado en la Sesión Ordinaria número 200, celebrada el día 26 de febrero del año 2024. Esto con el fin de poder dar seguimiento y análisis a los criterios aportados tanto por el señor Monge Pizarro como el INVU, en vista de la complejidad del tema y a que algunos compañeros integrantes de la CTA se encuentran en periodo de vacaciones durante estos días lo cual impide hacer este análisis de forma integral antes de esta fecha. Sin más que agregar, me despido” (véase el informe de la autoridad municipal recurrida y la prueba aportada al expediente digital).\n\nk)     El 01 de abril de 2024, el Concejo Municipal de Mora, en la sesión ordinaria nro. 204, discutió el escrito de prorroga solicitado por la vicealcaldesa de Mora y emitió el acuerdo nro. ACM-204-03-2024, indicando lo siguiente: “Los señores Regidores(as) que estén de acuerdo en Dispensar del Trámite de Comisión la prórroga solicitada mediante Oficio AMM-0172-2024; favor sírvanse manifestarlo levantando la mano. APROBADO POR UNANIMIDAD. Los señores Regidores(as) que estén de acuerdo en: autorizar la prórroga al plazo de ejecución del Acuerdo # ACM-200-05-2024 hasta el 30 de abril del 2024, tal y como lo solicita la Administración Municipal, según la justificación brindada; favor sírvanse manifestarlo levantando la mano. APROBADO POR UNANIMIDAD. Los señores Regidores(as) que estén de acuerdo en aprobar la firmeza del acuerdo para que quede definitivamente aprobado; favor sírvanse manifestarlo levantando la mano. APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. Por lo anterior, se acuerda: ACUERDO N°. 3: 1. SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME: Autorizar la prórroga al plazo de ejecución del Acuerdo # ACM-200-05-2024 hasta el 30 de abril del 2024, tal y como lo solicita la Administración Municipal, según la justificación brindada. 2. Notifíquese el presente acuerdo con acuse de recibo y fecha a la señorita Vicealcaldesa Municipal, Ariuna Cabal Lombodorzh, para lo de su cargo. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO” (véase el informe de la autoridad municipal recurrida y la prueba aportada al expediente digital).\n\nl)       El 20 de mayo de 2024, José Acuña Miranda, servidor del Concejo Municipal de Mora, envió un correo electrónico dirigido al alcalde y a la vicealcaldesa, ambos del cantón de Mora, señalando lo siguiente: “Buenas tardes Don Alfonso y Doña Ariuna, espero estén muy bien. Por esto medio, siguiendo instrucciones superiores, quisiera consultar el motivo de la no atención al Acuerdo ACM-200-05-2024, esto debido a que por parte de la Administración se solicitó prórroga del plazo para dar respuesta a dicho Acuerdo hasta el 30 de abril y esta fue concedida, sin embargo, a día de hoy no se ha recibido alguna sobre dicho trámite. Adjunto en este correo el Acuerdo ACM-200-05-2024, el Oficio AMM-0172-2024 mediante el cual se solicitó la prórroga y el Acuerdo ACM-204-03-2024 mediante el que fue concedida dicha prórroga. Quedamos atentos a su respuesta. Saludos!” (véase el informe de la autoridad municipal recurrida y la prueba aportada al expediente digital).\n\nm)   El 20 de mayo de 2024, la vicealcaldesa del cantón de Mora, contestó el correo electrónico, manifestando lo siguiente: “Buenas noches, Pensé que ya se había dado la respuesta respectiva. @Marianeth Zamora Acuña por favor verificar de forma urgente con Erika Angulo. Y dar respuesta esta semana” (véase el informe de la autoridad municipal recurrida y la prueba aportada al expediente digital).\n\nIII.- Hecho no probado. No se estima demostrado el siguiente hecho de relevancia para esta resolución:\n\nÚnico. Que el Concejo Municipal de Mora le haya contestado la gestión planteada por el recurrente en la fecha del 26 de febrero de 2024.\n\nIV. Sobre la gestión presentada por el recurrente ante el Concejo Municipal de Mora. Después de haber analizado el informe de la autoridad recurrida y los elementos probatorios presentados por las partes, esta Sala verifica la lesión de los derechos fundamentales de la parte recurrente, por las razones que a continuación serán expuestas.\n\nPrimeramente, se tiene por acreditado que el 26 de febrero de 2024, el recurrente solicitó al Concejo Municipal de Mora información detallada sobre varios aspectos relacionados con la aplicación del decreto de la GAM de 1982 y su relación con el plan regulador del cantón. Específicamente, pidió aclaraciones sobre posibles traslapes entre las zonas de crecimiento urbano y la zona resto del distrito, así como detalles sobre la emisión de certificados de uso de suelo en dichas áreas. Además, solicitó información sobre proyectos residenciales aprobados, incluyendo nombres de proyectos, propietarios, números de finca y soluciones habitacionales, junto con un mapa que mostrara el traslape mencionado. También preguntó si la Municipalidad contaba con índices de fragilidad ambiental aprobados por SETENA antes de aplicar los parámetros de la zona de crecimiento urbano en la zona resto del distrito y cuántos cambios de criterio y procesos de declaratoria de nulidad de certificados de uso de suelo se habían realizado, conforme a la Ley General de la Administración Pública. Ese mismo día, el Concejo Municipal de Mora discutió la solicitud del recurrente en su sesión ordinaria nro. 200 y emitió el acuerdo nro. ACM-200-05-2024. Este acuerdo indicaba que la información solicitada no estaba en manos del Concejo Municipal, sino que la custodiaba la Administración Municipal; es decir, la Alcaldía. Por lo tanto, el Concejo solicitó al alcalde que proporcionara la información requerida en un plazo no mayor a diez días. El acuerdo fue aprobado por unanimidad y se notificó tanto al alcalde como al recurrente. Posteriormente, el 21 de marzo de 2024, la vicealcaldesa del cantón de Mora, Ariuna Cabal Lombodorzh, solicitó una prórroga hasta el 30 de abril de 2024 para cumplir con el acuerdo mencionado, debido a la complejidad del tema y a que algunos miembros de la Comisión Técnica Administrativa estaban de vacaciones. El 1 de abril de 2024, en la sesión ordinaria nro. 204, el Concejo Municipal discutió y aprobó la prórroga solicitada, también por unanimidad, y se notificó a la vicealcaldesa. A pesar de la prórroga concedida, el 20 de mayo de 2024, José Acuña Miranda, un servidor del Concejo Municipal, envió un correo electrónico al alcalde y a la vicealcaldesa preguntando por la falta de respuesta al acuerdo ACM-200-05-2024, a pesar de que la prórroga había extendido el plazo hasta el 30 de abril. Ese mismo día, la vicealcaldesa respondió indicando que pensaba que la respuesta ya se había dado y pidió a Marianeth Zamora Acuña que verificara urgentemente con Erika Angulo y proporcionara la respuesta necesaria esa semana.\n\nEl derecho de petición y el derecho de acceso a la información, consagrados respectivamente en los artículos 27 y 32 de la Constitución Política, otorgan al ciudadano la facultad de dirigirse a las dependencias del Estado para solicitar información o realizar peticiones sobre asuntos de interés particular o general. En consecuencia, esto implica una obligación por parte del servidor de responder en el plazo de ley correspondiente. En este contexto, el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece que dicha respuesta debe ser proporcionada dentro de un plazo máximo de 10 días hábiles contados a partir de la recepción de la petición.\n\nDel mismo modo, para el análisis del presente caso, resulta pertinente citar lo establecido en el artículo 10 de la Ley de Regulación del Derecho de Petición, el cual dispone, en lo conducente, lo siguiente:\n\n“ARTÍCULO 10.- Competencia del destinatario.\n\n a) Siempre que la resolución de inadmisibilidad de una petición se base en la falta de competencia de su destinatario, este la remitirá a la institución, administración u organismo que estime competente en el plazo de cinco días hábiles y lo comunicará así al peticionario. En este caso, los plazos se computarán desde la recepción del escrito, aplicándose lo dispuesto en el artículo 6 de esta ley.\n\nb) Cuando un órgano o autoridad se estime incompetente para el conocimiento de una petición, remitirá directamente las actuaciones al órgano que considere competente, si ambos pertenecieran a la misma institución, administración u organismo, debiendo comunicarlo al peticionario, sin que este trámite afecte el plazo de diez días hábiles para su debida respuesta.” (Lo destacado y subrayado no corresponde al original).\n\n \n\n En el caso en concreto, se observa que, aunque el Concejo Municipal de Mora determinó que la información solicitada por el recurrente estaba bajo custodia de la Administración Municipal, es decir, la Alcaldía, el Concejo no remitió directamente la gestión del accionante al alcalde. En su lugar, solicitó al alcalde que proporcionara la información requerida en un plazo no mayor a diez días para poderle dar una respuesta al promovente. Sin embargo, debido a la complejidad del tema y a que algunos miembros de la Comisión Técnica Administrativa estaban de vacaciones, la vicealcaldesa solicitó una prórroga del plazo. De esa manera, el 1 de abril de 2024, en la sesión ordinaria N.º 204, el Concejo Municipal discutió y aprobó, por unanimidad, la prórroga solicitada y notificó esta decisión a la vicealcaldesa.\n\n Ahora bien, este Tribunal Constitucional ha admitido la prórroga del plazo establecido en los artículos 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y 6 de la Ley que Regula el Derecho de Petición, cuando, por razones de complejidad de la gestión, sea entendible y justificado el retraso en la contestación de la petición. Un ejemplo de ello se encuentra en la sentencia N.º 08936-2022 de las 09:20 horas del 22 de abril de 2022, en la que se determinó lo siguiente:\n\n“En primer término, debe observarse que en autos no se constata que las autoridades del Ministerio de Cultura y Juventud le hayan denegado al tutelado, de forma injustificada o arbitraria, el acceso a los datos arriba citados, los cuales, resulta menester aclarar, revisten un claro e inequívoco interés público, habida cuentan que se encuentran relacionados con el uso de fondos públicos. Nótese que, según se desprende del informe rendido bajo juramento, los datos en cuestión sí le serán entregados al tutelado, pero ha existido un retraso en el proceso de su recolección y entrega. De este modo, esta Sala observa que ha sido en atención a lo requerido por el tutelado, que la parte recurrida ha sufrido una demora en su entrega, lo cual resulta plenamente entendible y justificado. En este caso en particular, este Tribunal Constitucional entiende que, en virtud de la información requerida por el recurrente, la parte recurrida necesita un tiempo prudencial para analizar tal gestión, procesarla y brindar una respuesta. Lo anterior, máxima que en autos consta que el recurrente, el mismo 14 de marzo de 2022, formuló otras solicitudes de información ante el ministerio recurrido. Además, es importante tomar en cuenta que dicho retraso ha sido leve, en el tanto cuando el tutelado acudió en amparo, sea, el 29 de marzo de 2022, tan sólo habían transcurrido 15 días desde la fecha en que se formuló la gestión en cuestión. Por ende, no resulta factible afirmar que ha transcurrido un plazo excesivo e irrazonable desde que la parte recurrida fue puesta en conocimiento de la solicitud de información bajo estudio. Concomitantemente, es de suma relevancia señalar que en autos consta  que las autoridades del Ministerio de Cultura y Juventud, de previo a que tuvieran conocimiento de la interposición de este asunto, no sólo habían ejecutado una serie de actuaciones para dar inicio con la confección de la respuesta, sino que, además, le habían comunicado al recurrente el estado de su gestión, los motivos por los cuales la información no le podría ser enviada de manera inmediata y la fecha aproximada en la que se le respondería. Así, nótese que por oficio No. DM-0255-2022 (remitido al recurrente el 28 de marzo de 2022), la Directora del Despacho Ministerial recurrido le indicó que se encontraban “en fase de consolidación de datos dado el detalle de la información requerida y la coordinación interinstitucional correspondiente” por lo que la información se le remitiría en el plazo de diez días hábiles. Asimismo, consta que mediante el oficio No. DM-0260-2022 (comunicado al tutelado el 29 de marzo de 2022), se le explicó ampliamente que la prórroga para brindar la información se debe a la complejidad que representa recabarla y detallarla “(…) no porque sea información con la que no se cuenta, sino porque debe ser consultada en sistemas informáticos o controles manuales, realizar solicitudes a otros departamentos y trasladar todo esto a un documento que satisfaga los requerimientos de la persona usuaria (…)”. De este modo, se ha acreditado que las autoridades del Ministerio de Cultura y Juventud, de manera oportuna, le han indicado al recurrente en qué estado se encuentra la gestión, los motivos por los cuales la información requerida no le ha podido ser entregada de forma inmediata, así como la fecha aproximada en la cual se le proporcionará una respuesta, cumpliéndose así con las exigencias establecidas, para este tipo de casos, por este Tribunal Constitucional.” (Lo resaltado no corresponde al original).\n\n \n\n Desde esa óptica, nótese que en el precedente citado se demostró que al recurrente se le comunicaron los motivos por los cuales no se le había podido entregar la información solicitada, así como la fecha en la cual se le haría la entrega. Sin embargo, en el sub lite, dicha actuación se echa de menos por parte de las autoridades municipales recurridas, pues no se evidencia que se le haya brindado una justificación clara y oportuna del retraso o que se haya informado de una nueva fecha estimada para la entrega de la información solicitada. Ahora, dado que el Concejo Municipal no remitió la gestión a la autoridad municipal competente, es decir, la Alcaldía Municipal, sino que solicitó al alcalde que proporcionara la información necesaria para responder al tutelado, el Concejo era responsable de comunicar al menos el acuerdo que autorizaba la prórroga solicitada por la vicealcaldesa. No obstante, se reitera que dicha comunicación con el amparado no se realizó.\n\n Seguidamente, consta que el 20 de mayo de 2024, José Acuña Miranda, un servidor del Concejo Municipal, envió un correo electrónico al alcalde y a la vicealcaldesa preguntando por la falta de respuesta al acuerdo ACM-200-05-2024, a pesar de que la prórroga había extendido el plazo hasta el 30 de abril. En respuesta, la vicealcaldesa indicó que pensaba que la respuesta ya se había dado y pidió a Marianeth Zamora Acuña que verificara urgentemente con Erika Angulo y proporcionara la respuesta necesaria esa semana. Sin embargo, esta Sala amplió el presente recurso de amparo a fin de solicitar un informe del Concejo Municipal, pues fue a esta autoridad a quien se le dirigió la solicitud de información. En dicha contestación, el Concejo accionado señaló expresamente que “en el transcurso de la semana se pasará la información solicitada por don Gilberto. Se adjunta”. Esta última aseveración permite acreditar que, al momento de rendir el informe el 11 de julio de 2024, aún no se le había dado respuesta al tutelado sobre la petición planteada desde el 26 de febrero de 2024. Por consiguiente, esta jurisdicción constata que desde la presentación de la solicitud de información hasta la fecha en que el Concejo Municipal recurrido rindió el informe a esta Sala, ha transcurrido un plazo de cuatro meses sin que se haya dado respuesta a la petición de información. A juicio de esta Sala, dicho período de tiempo constituye un lapso excesivo y desproporcionado, lo cual resulta en una violación de los derechos de petición y de acceso a la información pública.\n\nEn mérito de lo expuesto, lo procedente es declarar con lugar el recurso con las consecuencias que se indicarán en la parte dispositiva de esta sentencia.\n\nV.- En cuanto a la restitución del uso de suelo agrícola en el distrito de Colón, solicitada por el accionante. En otro orden de consideraciones, el recurrente señala que el distrito Colón cuenta con un plan regulador y un reglamento de zonificación aprobados en el año 2001. Argumenta que en el año 2010, la Sala Constitucional, mediante el voto n.° 2010-021258, determinó que únicamente a través del Poder Legislativo se puede variar el uso de suelo decretado con anterioridad por el Poder Ejecutivo en las Áreas Silvestres Protegidas. En este sentido, las municipalidades no pueden modificar el uso de suelo mediante los Reglamentos de Zonificación ni alterar el ordenamiento municipal sin contar con estudios técnicos y científicos que justifiquen la modificación de la Zona Agrícola por otra que implique un mayor impacto ambiental. Señala que dicha sentencia anuló, por inconstitucionales, los artículos 4.3 y 10 del Reglamento de Zonificación del Plan Regulador de Mora. Indica que el 5 de diciembre de 2011 se publicó el artículo 13 del Reglamento de Zonificación del Plan Regulador de 1993, que establece lo siguiente:\n\n“Artículo 13.- Zona del resto del distrito (Z.R.D). Dado que el ámbito de acción del Plan Regulador está delimitado por el área urbana y el área inmediata de influencia para expansión. El resto del distrito primero debe ser incluido para tener un límite político básico. Los desarrollos que se den dentro del resto del distrito serán para fines agrícolas, por lo cual rigen por los mismos requisitos de la Zona Agrícola. En los casos de pequeñas comunidades que pretendan algún desarrollo de fraccionamiento, urbanización o conjunto residencial en su localidad a través de una asociación de desarrollo, pueden aplicarse las normas generales del Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamiento y Urbanizaciones y entra en estudio conjuntamente la Municipalidad y la Dirección del Urbanismo del INVU para definir si se permite el proyecto”.\n\n Detalla que el voto constitucional anteriormente mencionado anuló la Zona Agrícola del Reglamento de Zonificación del Plan Regulador de 2001. No obstante, el artículo 13 del Reglamento de Zonificación de 1993 restablece dicha zona, ya que la zona resto del distrito tiene las características de una zona agrícola. Por tanto, no existiría un vacío normativo, sino que se debe complementar la norma de conformidad con la legalidad aplicable en la materia. Sostiene que la norma supletoria aplicable al caso del distrito de Colón es el Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones, ya que el decreto de la Gran Área Metropolitana (GAM) aplica a los cantones dentro de esta jurisdicción que no posean plan regulador, lo cual no es el caso de Colón, que cuenta con una normativa completa. Sin embargo, el recurrente señala que la Dirección de Urbanismo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) y la Municipalidad de Mora han cambiado de criterio, delimitando las pequeñas comunidades que pretendan algún desarrollo de fraccionamiento, urbanización o conjunto residencial. Esto ha permitido que comunidades como Brasil, Barrio La Trinidad, Altos de San Rafael, San Bosco y El Rodeo puedan constituirse con usos de suelo para fines multifamiliares y zonas de crecimiento urbano, sin considerar que se trata de la zona resto del distrito de Colón, la cual tiene requisitos de zona agrícola, de acuerdo con el artículo 13 del Reglamento de Zonificación del Plan Regulador de 1993 y el voto de la Sala Constitucional. En consecuencia, solicita que se restituya el uso de suelo agrícola en las zonas mencionadas, en cumplimiento con la normativa vigente y los precedentes establecidos por la Sala Constitucional, para asegurar que cualquier cambio en el uso del suelo esté debidamente respaldado por estudios técnicos y científicos que garanticen la sostenibilidad y el menor impacto ambiental posible.\n\n Cabe destacar que la finalidad del recurso de amparo es brindar una vía sumaria para la tutela oportuna contra infracciones o amenazas a los derechos y libertades fundamentales, y no servir como un instrumento de control de la legalidad de las actuaciones o resoluciones de la autoridad recurrida. La Sala Constitucional no puede reemplazar a la Administración activa en la gestión de sus competencias, de modo que no le corresponde usurpar las atribuciones que han sido legalmente conferidas a otras dependencias, entes u órganos. En este sentido, excede las competencias de este Tribunal determinar, con base en el marco normativo infraconstitucional aplicable y las condiciones particulares del caso concreto, cómo deben interpretarse las normas o cuál disposición normativa debe aplicar la Municipalidad o el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) para la ordenación territorial del cantón de Mora. Por lo tanto, si la parte amparada lo considera pertinente, deberá plantear sus agravios y pretensiones ante la vía ordinaria de legalidad, donde se determinará lo que en derecho corresponda. En dicha instancia, se podrán resolver las controversias relacionadas con la interpretación y aplicación de las disposiciones normativas en materia urbanística, así como realizar un examen detallado de los argumentos y evidencias presentadas, garantizando una resolución adecuada y conforme al ordenamiento jurídico.\n\n De hecho, de la prueba presentada por el Concejo Municipal del cantón de Mora se desprende con claridad que el fondo de la controversia planteada en el presente recurso de amparo ya se encuentra judicializado ante el Tribunal Contencioso Administrativo, donde está pendiente la resolución de un recurso extraordinario. En vista de ello, y considerando que los alegatos presentados por la parte recurrente buscan que este Tribunal determine cómo debe interpretarse el ordenamiento jurídico infra constitucional para la ordenación territorial del cantón de Mora, así como el hecho de que el expediente ya está judicializado, corresponde advertir a la parte recurrente que deberá plantear sus agravios en esa jurisdicción. De esta manera, en la vía ordinaria de legalidad, se podrán analizar detalladamente las pruebas y demás elementos del contradictorio, para determinar si la Administración está actuando conforme a derecho. Es en esta sede donde se podrá realizar una evaluación exhaustiva y justa de todos los aspectos legales y fácticos involucrados en el caso, asegurando que las decisiones adoptadas se ajusten al ordenamiento jurídico vigente.\n\nVI. Conclusión. En vista de las consideraciones esgrimidas, corresponde estimar, en forma parcial, el presente proceso constitucional únicamente en lo que respecta a la falta de respuesta de la petición planteada en la fecha del 26 de febrero del 2024 ante el Concejo Municipal de Mora. En lo demás, se declara sin lugar el recurso.\n\nVII. Documentación aportada a-l expediente. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no2 sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en Sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial No. 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPor tanto:\n\n Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente por la falta de respuesta de la gestión planteada por el recurrente. Se ordena a María Picado Ovares, en su condición de presidenta del Concejo Municipal, así como a Alfonso Jiménez Cascante, en su condición de alcalde, ambos del cantón de Mora, o a quienes en su lugar ocupen dichos cargos, que giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de su competencia para que, en caso de no haberlo hecho, dentro del plazo de DIEZ DÍAS, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se le brinde al recurrente, respuesta completa a la solicitud de información planteada en la fecha del 26 de febrero de 2024. Se apercibe a la parte recurrida que de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. En cuanto al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo se declara sin lugar el recurso. Notifíquese.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nPaul Rueda L.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\n\n\nJorge Araya G.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nAnamari Garro V.\n\n\n\n\nIngrid Hess H.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nAlexandra Alvarado P.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n SKEZGQM43BDI61\n\nEXPEDIENTE N° 24-007821-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 15:14:44.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "Grande \nNormal \nPequeña \nSala Constitucional \n\nResolución Nº 22503 - 2024 \n\nFecha de la Resolución: 09 de Agosto del 2024 a las 09:15 \n\nExpediente: 24-007821-0007-CO \n\nRedactado por: Anamari Garro Vargas \n\nClase de asunto: Recurso de amparo \n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL \n\nTexto de la resolución \n\n \n\nExp: 24-007821-0007-CO \n\nRes. Nº 2024022503 \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours fifteen minutes on the ninth of August of two thousand twenty-four. \n\nAmparo action processed in case file number 24-007821-0007-CO, filed by JOSÉ GILBERTO MONGE PIZARRO, identity card number 01-0703-0346, against the MUNICIPALIDAD DE MORA and the INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO. \n\nResultando: \n\n1.- By means of a brief filed with this Chamber at 12:14 hours on March 21, 2024, the petitioner files an amparo action against the Municipalidad de Mora and the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. He states that in the particular case of the Colón district of the canton of Mora, it has a Regulatory Plan and a Zoning Regulation approved in the year 2001. That the unconstitutionality action filed by the petitioner under case file 09-009306-0007-CO was granted through ruling 2010-021258 given that only through the Legislative Power can the land use (uso de suelo) previously decreed by the Executive Power for Protected Wild Areas be changed, and in this sense, the Municipalities cannot modify land use through Zoning Regulations, nor change or affect municipal planning without having the technical and scientific studies that would modify the Agricultural Zone for another that implies a greater environmental impact, especially if there is a formal declaration as a Protected Wild Area under the terms of Article 32 of the Organic Environmental Law. In these cases, the Municipality must act within the regulatory framework for each of the Categories, as in the case of the Protective Zone, by not issuing rules that harm the established regime. Consequently, Articles 4.3 and 10 of the Zoning Regulation of the Regulatory Plan of Mora, published in La Gaceta No. 173 of September 10, 200[0], were annulled as unconstitutional. And in accordance with the provisions of Article 91 of the Law of Constitutional Jurisdiction, the effects were dimensioned in the sense that the declared unconstitutionality did not affect fully completed constructions or owners who had the respective construction licenses granted by the Municipality, except those that had not yet been granted by the publication date of the respective notice. And until the Municipality and the Ministry of Energy, Environment and Telecommunications had promulgated the respective regulation, only remodeling or maintenance works on previously constructed areas were to be admitted. Thus, on December 5, 2011, Article 13 of the Zoning Regulation of the 1993 Regulatory Plan was published, which states the following: \"Article 13.-Zone of the rest of the district. (Z.R.D). Given that the scope of action of the Regulatory Plan is delimited by the urban area and the immediate area of influence for expansion. The rest of the district must first be included to have a basic political limit. The developments that occur within the rest of the district will be for agricultural purposes, for which they are governed by the same requirements as the Agricultural Zone. In the cases of small communities that seek some subdivision (fraccionamiento), urbanization, or residential complex development in their locality through a development association, the general rules of the Regulation for the National Control of Subdivisions (Fraccionamientos) and Urbanizations may be applied and it enters into joint study by the Municipality and the Urbanism Directorate of the INVU to define if the project is permitted.\" He points out that although it is true in the dimensioning of the judgment, mention is made of the publication of Articles 11 and 13 of the Zoning Regulation of the 1993 Regulatory Plan, the truth is that the operative part (Por tanto) only referred to Article 13, so only that one was published. He considers that according to the referenced ruling 2010-021258 \"(...) everything not zoned in the Zoning Regulation of the 2001 Regulatory Plan remained governed under the provisions of Article 13 of the Zoning Regulation of the 1993 Regulatory Plan, which was incorporated as part of the zoning regulation of the regulatory plan. That is, the rest of the district will be for agricultural purposes, therefore the requirements of the agricultural zone will govern. In no way can it be said, then, that the Colón district does not have a regulatory plan for the entire district; quite the opposite, the entire district is duly regulated because the gaps must be filled with the correct norm according to the principle of legality. (...)\" He adds that \"(...) ruling 2010-021258 of the Constitutional Chamber annulled the agricultural zone of the Zoning Regulation of the 2001 Regulatory Plan, but Article 13 of the 1993 zoning regulation re-establishes it because the rest-of-the-district zone has the characteristics of the agricultural zone, so there would not be a regulatory gap, but rather the norm must be complemented in accordance with the second transitional provision of the Urban Planning Law which establishes the solution: 'The Institute shall issue the development norms relating to the matters referred to in Article 21 of this law. It may also prepare regulatory plans and delimit urban districts and other areas subject to urban control, as long as the municipalities have not promulgated in the respective matter, or part thereof, their own local provisions in accordance with this law. The precepts and regulations issued by the Institute shall govern in the jurisdictional territories or in the part thereof that the norms indicate, from their publication in the Official Gazette.' In this sense, as the Colón district is within the Gran Área Metropolitana, there would be two norms that could be the ones corresponding to fill the regulatory gap, but based on the principle of legality, only one of them is applicable: The Regional Urban Development Plan 'Gran Área Metropolitana', decree 25902, whose first article in the relevant part states the following: 'Article 1°-An Urban Control Area is established upon which the provisions of this Decree shall apply and which shall be composed of the districts of the provinces of San José, Alajuela, Heredia, and Cartago indicated below, as long as the Municipal Governments have not promulgated their own Urban Planning and Development Regulations in accordance with Article 169 of the Political Constitution and Article 15 of the Urban Planning Law. (...)' On the other hand, the Subdivisions (Fraccionamientos) and Urbanizations Regulation of the INVU, which establishes in its second article the following: 'Scope: This Regulation is applied supplementarily throughout the national territory, without prejudice to the local provisions issued by the Municipal Government in its Regulatory Plan, regarding subdivisions (fraccionamientos) and urbanizations. The local provisions contained in the Regulatory Plan must be complemented with the minimum guidelines established in this regulatory body. (...)' Of these two norms, in the undersigned's opinion, the one that is applicable to the case of the Colón district to supplementarily complement (sic) the Zoning Regulation of the Regulatory Plan of Mora, would be the Subdivisions (Fraccionamientos) and Urbanizations Regulation, since it is clear that in the case of the GAM decree, it applies to the cantons within this jurisdiction that do not possess a regulatory plan at all, this not being the case for Colón, which is entirely regulated, and that in the case of the Subdivisions (Fraccionamientos) and Urbanizations Regulation, it does not make exceptions regarding regional plans, but rather establishes that it is applicable to the entire country without prejudice to the local provisions issued by local governments in their regulatory plan. (...).\" He indicates that for a few years now, the Urbanism Directorate of the INVU and the Municipalidad de Mora have changed their criteria in relation to the above, \"(...) Thus, the Urbanism Directorate of the INVU previously stated the correct way to interpret Article 13 of the Zoning Regulation of the INVU, even carrying out a joint technical work between the Urbanism Directorate and the Municipalidad de Mora that resulted in the delimitation of the '...small communities that seek some subdivision (fraccionamiento), urbanization, or residential complex development...' and which were approved by the Municipal Council through agreement ACM-153-01-2023, with the municipal mayor having refused to publish it, generating a serious harm to the property owners of these communities but above all, as will be seen, to the environment of the canton of Mora. It is obvious that today, the '...small communities that seek some subdivision (fraccionamiento), urbanization, or residential complex development...' that the INVU even recognizes and are even included in the map sent by this institution to the Municipalidad de Mora, which are Brasil, Barrio La Trinidad, Altos de San Rafael, San Bosco, El Rodeo, that after more than 30 years, from 1993 to date, these communities are no longer so small and it would not be possible to try to go back to that time when Article 13 of the Zoning Regulation of the 1993 Regulatory Plan is brought to life. That is why a technical work was carried out between the INVU and the Municipalidad de Mora to delimit them according to reality, obviously leaving out everything that is protective zones and indigenous territory. The worst part is that for this breach of duties on the part of the municipal mayor, there has been the backing of the Urbanism Directorate of the INVU. The Municipal Council agreement was never vetoed, so it is valid but not effective, and under this legal uncertainty, land use (uso de suelo) certificates have been issued contrary to the regulatory plan. The jurisprudence of this Chamber is well known that land use (uso de suelo) certificates are constitutive of rights, so given this uncertainty that has been generated, there could be serious responsibilities for the institutions and their officials. Now, the issue of the application or not of Article 13 has reached a level of surrealism, that the municipal mayor, despite not having published municipal agreement ACM-153-01-2023, but under pressure from the community of El Rodeo which wants to build a hermitage on farm 1-419072-000, map SJ-0963056-1991, arrogated the powers of the Urban Development and Control process of the Municipalidad de Mora, without even being a professional in the field, and personally granted, for this particular case, a land use (uso de suelo) certificate dated November 14, 2023 AM-DDCU-01-01 2023 in favor of Temporalidades de la Arquidiócesis de San José to deem the construction of said hermitage compliant, stating the following: 'B) NORMATIVA CASO CONCRETO: In the absence of the Regulatory Plan and the application of the principle of municipal autonomy, the parameters established in the Regulation for the National Control of Subdivision (Fraccionamiento) and Urbanization must be applied supplementally (sic). That is: Said property is located, according to the Regulatory Plan, in Zone Rest of the District for which I allow myself to transcribe what the CURRENT REGULATORY PLAN indicates, Article 13, zone of the rest of the district. (Z.R.D): Given that the scope of action of the Regulatory Plan is delimited by the urban area and the immediate area of influence for expansion. The rest of the district must first be included to have a basic political limit. The developments that occur within the rest of the district will be for agricultural purposes, for which they are governed by the same requirements as the Agricultural Zone. In the cases of small communities that seek some subdivision (fraccionamiento), urbanization, or residential complex development in their locality through a development association, the general rules of the regulation for the national control of subdivision (fraccionamiento) and urbanizations may be applied. Therefore: the proposed use for the construction of a CHAPEL is the property with Map SJ0963056-91 is considered CONDITIONALLY CONFORMING TO THE CONSTRUCTION REGULATIONS OF THE INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO CHAPTER XII. PUBLIC MEETING PLACES...'\" Through official communication DU-298-07-2023, of July 31, 2023, the Urbanism Directorate of the INVU reaches the following conclusions: 1. Although Article 13 of the Regulatory Plan was published in compliance with what was resolved by the Constitutional Chamber, to give it applicability, Article 11 of the 1993 Regulatory Plan should also have been published at the time, where the urban planning regulations to be applied in the Agricultural Zone were set, which can be equated with the Zone of the Rest of the District. 2. Since such action was not carried out, the applicable norm in force in said Zone is what is defined by the Gran Área Metropolitana Regional Urban Development Plan, Executive Decree No. 25902; this understanding that although the text of the Regulatory Plan refers to the rest of the district, there is no applicable regulation in it (the zone exists, but there are no provisions associated with it). Considering that the inputs prepared by the INVU and the Municipality in the year 2020 were not made official by the local government, and that they bear no relation to what ruling No. 2010-021258 mandates nor the content of the current Regulatory Plan, this Department makes itself available to accompany the work of delimiting those 'small communities', where through the initiative of a Comprehensive Development Association, subdivisions (fraccionamientos) for urban purposes (facing a public street), urbanizations, and residential complexes can be carried out, despite being within the Special Protection Zone. As Article 13 mandates, in these areas, the national-scope regulation promulgated by the INVU applies: the Subdivisions (Fraccionamientos) and Urbanizations Regulation (no additional regulation is required). 3.4. As this delimitation of small communities is an element that arises from Article 13 of the Regulatory Plan, the correct procedure according to the Urban Planning Law, Law No. 4240, is to follow the procedure established in Article 17, to add it to its content. In the most concerning manner, the Urbanism Directorate of the INVU disregards legality regarding the supplementary norms to be applied, stating that the Gran Área Metropolitana Regional Urban Development Plan, Executive Decree No. 25902, overrides the Zoning Regulation of the Regulatory Plan of Mora, and disregards the legal effects of municipal agreement ACM-153-01-2023 and renders ineffective without further ado the inputs prepared by the INVU and the Municipality in the year 2020, stating that they were not made official. (...)\". He claims that from these interpretations, the right to a healthy and ecologically balanced environment is harmed, given that \"(...) it is not that the INVU indicates that the characteristics of the agricultural zone of the Gran Área Metropolitana Regional Urban Development Plan, Executive Decree No. 25902, apply to the rest-of-the-district zone, that is, what would be the characteristics of the Special Protection Zone, which is predominantly agricultural use according to Article 3, but rather it proposes the overlay of the GAM decree's zoning on the zoning regulation of the Regulatory Plan of Mora, and they themselves deliver to the Municipalidad de Mora in the cited communication, the colored map of how the Colón district is zoned according to the Directorate's criteria. (...)\" That in the images of the zone he provides, it is observed how the Colón district is included within the GAM zoning and how the \"urban growth zone\" (zona de crecimiento urbano), in pink color, is overlaid on the rest-of-the-district zone, which is for agricultural use. That decree 25902 defines the urban growth zone in Article two, which establishes: \"An 'Urban Growth Zone' (Zona de Crecimiento Urbano) is established in the 'Urban Control Area' previously delimited, in accordance with Article 25 of Urban Planning Law number 4240, and a 'Special Protection Zone' is established, according to plans that are published as annexes to this decree and whose originals can be consulted at the INVU, MIDEPLAN, and the corresponding Municipalities.\" That this urban growth zone completely changes the use, that is, the use of the rest of the district is absolutely agricultural, so proposing the urban growth zone is a modification of the zoning regulation of the Regulatory Plan of Mora with negative effects on the environment. Residential use has an impact in many aspects on good urban planning practice because these are zones that do not have the provisions for intensive urban use, but it would also be violating the regulations related to the Environmental Fragility Indices (Índices de Fragilidad Ambiental, IFAs), decree 32967 of February 20, 2006, and the vast jurisprudence of the Constitutional Chamber, since it is a de facto modification of the regulatory plan. That due to the obligatory application of the precautionary principle in environmental matters, neither the Urbanism Directorate of the INVU nor the Municipalidad de Mora could make an interpretation of the Constitutional Chamber's judgment on the Regulatory Plan of the canton of Mora, nor on the content of Article 13 of the zoning regulation of the 1993 Regulatory Plan, concluding that a part of the rest-of-the-district zone could be declared an urban growth zone. As can be seen from the same map, without having an exact figure, the percentage of the rest of the district that is for agricultural use and becomes urban growth is very significant. He adds that the IFAs decree clearly states that this instrument \"is a method of a restrictive type, which applies the environmental premise of sustainable development, to guide the users of the method and citizens in general, on the most balanced way to insert human activities into geographic spaces, under technical considerations of carrying capacity and the proposal of appropriate technological solutions for the maintenance of that environmental balance.\" That in the specific case, what was done by the Urbanism Directorate of the INVU and the Municipalidad de Mora, far from having a restrictive interpretation of Article 13 of the Zoning Regulation of the 1993 Regulatory Plan, which applies the environmental premise of sustainable development, to guide the users of the method and citizens in general, on the most balanced way to insert human activities in the space called \"rest of the district,\" under technical considerations of carrying capacity and the proposal of appropriate technological solutions for the maintenance of that environmental balance, it seems they sought the easiest way to promote urban use in zones that for many years have been for agricultural use and forest cover (cobertura forestal) recovery. That in rulings 2011-013436 and 2020-023743, this Chamber has reiterated that \"the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) procedure is a defense mechanism and for the balanced development of human beings with nature, of principles that allow materializing the protection emanating from Article 50 of the Political Constitution.\" That for this reason, it is not possible for both the Urbanism Directorate of the INVU and the Municipalidad de Mora to ignore the provisions of the Environmental Fragility Indices decree 32967 of February 20, 2006, which would be an action characteristic of singular non-derogation of the norm. That since 1993, there has been a Regulatory Plan in the Colón district of the Canton of Mora, so the rest-of-the-district zone has existed since then with the characteristics of the agricultural zone, that although there were doubts about its effectiveness due to lack of proof of its publication, this situation was resolved once Article 13 was published as ordered by this Chamber. Therefore, to now come to define part of this area as an urban growth zone is—in his view—totally contrary to the law of the Constitution regarding the protection of the environment. That to prove that it is not just an issue of poor application of law in the abstract, he provides two land use (uso de suelo) certificates for farms 1-55300-000, map SJ0278825-1977, and 1-876690-000, Map SJ-0523648-1983, farms that are located in the rest-of-the-district zone and which the Municipalidad de Mora locates in the urban growth zone and for residential use with the characteristics proper to that zone. Specifically regarding farm 1-55300-000, map SJ-0278825-1977, the Urbanism Directorate of the INVU, through official communication IJR-1285 of August 28, 1995, locates the farm in what was the agricultural zone and what is now the rest-of-the-district zone with the characteristics of the agricultural zone. He clarifies that he does not advocate in this appeal for the rights violated of the owners of those farms, he only uses those cases as an example of the materialization of what he recriminates through this appeal. He indicates that on August 7 and 20, 2023, he filed two requests before the Municipalidad de Mora, visible at folio 37 of the filing brief, whereby he requests the Municipal Council to order the execution of the cited agreements, and at folio 40 he requests the Municipal Council \"to order the execution of the cited firm agreement or to take the corresponding actions for the benefit of legal certainty, the urban improvement of the district, and the defense of the environment. In addition, I respectfully suggest to that Municipal Council, to request from the Urban Development Area a list of all the land use (uso de suelo) certificates in which the criteria has been changed so that the scope of the possible responsibilities, both personal and institutional, that may exist and that could compromise municipal finances is known,\" proceedings on which he obtained no response. The petitioner requests in this amparo the following: \"(...) declare this amparo action granted and order the municipality to apply Article 13 of the Zoning Regulation of the 1993 Regulatory Plan as established by the Constitutional Chamber in ruling 2010-021258, for which the municipal mayor should publish agreement ACM-153-012023. Order the Municipalidad de Mora to deliver the information on land use (uso de suelo) certificates for multi-family residential purposes in the rest-of-the-district zone and carry out the annulment of the land use (uso de suelo) certificates for multi-family purposes and those granted with the uses and conditions of the urban growth zone of the GAM decree, which have been granted in the rest-of-the-district zone of Colón, which has agricultural zone requirements, in accordance with Article 13 of the Zoning Regulation of the 1993 Regulatory Plan and the same Constitutional Chamber ruling, as demonstrated. The foregoing in addition to the fact that there are no indices of environmental fragility, nor consultation processes for such a dramatic use change from agricultural to urban growth to have occurred.\"\n\n2.- By a ruling at 15:07 hours on March 22, 2024, the Presidency of the Chamber admitted this constitutional process and requested a report from the municipal mayor and the director of the Urbanism Directorate of the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, regarding the facts alleged by the petitioner.\n\n3.- By means of a brief incorporated into the digital case file at 14:17 hours on April 03, 2024, the petitioner states the following:\n\n\"I, José Gilberto Monge Pizarro, with qualities known in the case file, respectfully state before you the following: By means of the ruling at fifteen hours seven minutes on the twenty-second day of March of two thousand twenty-four, the amparo action filed by me against the Municipalidad de Mora and the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo was admitted; however, as of today the respondent parties have not yet been notified, said ruling erroneously indicating that I am filing the amparo against Gilberto Monge Pizarro, when it is only myself, but also, I do not hold any public office in the Municipalidad de Mora. Due to the foregoing, I request that the admission ruling be corrected and notified to the respondents I indicate in the filing brief of the appeal. The Municipalidad de Mora may be notified at the email alimenezc@mora.go.cr and the Urbanism Directorate of the INVU at the email hcarvajal@invu.go.cr\".\n\n4.- By means of a brief incorporated into the case file at 08:08 hours on April 05, 2024, Alfredo Calderón Hernández, in his capacity as director of the Dirección de Urbanismo y Vivienda of the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, reports under oath, the following:\n\n\"I. FACTS ALLEGED BY THE PETITIONER Basically, the petitioner states that the canton of Mora has a Regulatory Plan and a Zoning Regulation approved in the year 2001, and that through an unconstitutionality action granted via ruling 2010-021258, Articles 4.3 and 10 of the Zoning Regulation of the Regulatory Plan of Mora were annulled, and that in accordance with the provisions of Article 91 of the Law of Constitutional Jurisdiction, the effects were dimensioned in the sense that the declared unconstitutionality did not affect fully completed constructions or owners who had the respective construction licenses granted by the municipality, except those that had not yet been granted by the publication date of the respective notice, therefore, until the Municipality and the Ministry of Energy, Environment and Telecommunications had promulgated the respective regulation, only remodeling or maintenance works on previously constructed areas were to be admitted. He states that the previously described ruling annulled the agricultural zone of the Zoning Regulation of the 2001 Regulatory Plan, but Article 13 of the 1993 Zoning Regulation re-establishes it because the rest-of-the-district zone has the characteristics of the agricultural zone, so there would not be a regulatory gap, but rather the norm must be complemented in accordance with the second transitional provision of the Urban Planning Law where it establishes that the Institute will issue the development norms relating to the matters referred to in Article 21 of that law. He alleges that for some years now, the Urbanism Directorate of the INVU and the Municipalidad de Mora have changed their criteria, and that said Directorate stated the correct way to interpret Article 13 of the Zoning Regulation of the INVU, even carrying out a joint technical work between the Urbanism Directorate and the Municipalidad de Mora that resulted in the delimitation of the small communities that seek some subdivision (fraccionamiento), urbanization, or residential complex development and which were approved by the Municipal Council through agreement ACM.153-01-2023, with the municipal mayor having refused to publish it, generating a serious harm to the property owners of these communities but above all to the environment of the canton of Mora. He also specifies that the Urbanism Directorate of the INVU disregards legality regarding the supplementary norms to be applied, stating that the Gran Área Metropolitana Regional Urban Development Plan, Executive Decree No. 25902, overrides the Zoning Regulation of the Regulatory Plan of Mora, and disregards the legal effects of municipal agreement ACM-153-01 2023 and renders ineffective the inputs prepared by the INVU and the Municipality in the year 2020, stating that they were not made official. On the other hand, he cites that due to the foregoing, the right to a healthy and ecologically balanced environment is being violated in accordance with Article 50 of the Political Constitution and the postulates of Articles 28, 29, 30, and 31 of the Organic Environmental Law. He adds that it is not that the INVU indicates that the characteristics of the agricultural zone of the Gran Área Metropolitana Regional Urban Development Plan, Executive Decree No. 25902, apply to the rest-of-the-district zone, that is, what would be the characteristics of the Special Protection Zone, which is predominantly agricultural use according to Article 3, but rather it proposes the overlay of the GAM decree's zoning on the zoning regulation of the Regulatory Plan of Mora. II.\n\nREPORT OF THE INSTITUTION APPEALED AGAINST On April 4, 2024, via official letter DU-107-04-2024, Licda. Hilda Carvajal Bonilla, in her capacity as Head of the Department of Urbanism, together with the legal advisor, Lic. Marco Vinicio Arias Alfaro, subscribed a report, which, in summarized form, states the following: “As previously noted, since the local planning instrument does not define any guideline for the Rest of the District Zone, this Department has maintained the criterion that the regional plan (Plan GAM) must be followed, within its scope of application which covers the area of the Colón district (only in areas where the PR does not define regulation), and the districts of Quitirrisí and Jaris.”\n\n“However, it is imperative to indicate that the “small communities” referred to in Article 13 of the Regulatory Plan do not correspond to urban quadrants, but rather to those areas where, through management by a Development Association, a subdivision (fraccionamiento), urbanization, or residential complex can be carried out in the Rest of the District Zone (Special Protection Zone according to D.E. N°25902).”\n\n“Via official letter N°DU-UCTOT-036-2020 of February 5, 2020, the Department of Urbanism and the Technical and Operational Criteria Unit for Territorial Planning communicated to the Executive Presidency of the INVU that “the urban growth areas of the localities of the Canton of Mora: Brasil, Rodeo, Jaris, San Bosco, Los Altos de San Rafael, and Barrio La Trinidad de Colón de Mora have been delimited,” attending “a request from the Municipality of the Canton of Mora and Ruling Res. Nº2010-021258 of the Constitutional Chamber [Sala Constitucional].” “The current Department of Urbanism acknowledges that these inputs have characteristics associated with urban quadrants (developed area, development without limitations), and not with the “small communities” referred to in Article 13 of the PR, nor with the substance of the matter developed by the Chamber. That is, the delimitation carried out for “small communities” within the Colón district exceeds the regulations contained in the Regulatory Plan and the Regional Plan for the Special Protection Zone and the Special Forest Protection Zone, where in no scenario does Executive Decree N°25902 enable the possibility of delimiting new urban quadrants.”\n\n“The inputs prepared by the INVU and the Municipality in 2020 were not formalized by the local government, and bear no relation whatsoever to what is mandated by vote Nº2010-021258 nor the content of the current Regulatory Plan, which do not mention the delimitation of “small communities,” but rather refer to the possibility, through the initiative of an Integral Development Association, of carrying out subdivisions (fraccionamientos) for urban purposes (fronting a public street), urbanizations, and residential complexes in these areas, despite being within the Special Protection Zone (Rest of District Zone in the PR, without regulations). As mandated by Article 13, for projects originating in this manner, the nationally-scoped regulations promulgated by the INVU must be applied: the Subdivisions and Urbanizations Regulations (Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones) (no additional regulation is required).”\n\n“It is evident to this Department that the reform of the 2001 Regulatory Plan aimed to promote intensive urban use in zones that were conditioned by their categorization for agricultural use, according to the previous Regulatory Plan and even Executive Decree N°25902. The Agricultural Zone was thus distorted, by determining that despite the land possessing such nature and vocation, in 5 towns in addition to Brasil, the Residential Zone guidelines would be applied.”\n\n“For this reason, the Department of Urbanism has alluded, in repeated criteria directed to the local government, to the appropriateness of applying Executive Decree N°25902 on the surface of the Canton of Mora that does not have current guidelines in the Regulatory Plan (not over what is defined therein) (…).”\n\n“At this point, it is necessary to clarify, for the purposes of what was indicated by Mr. Monge Pizarro in the filed amparo appeal, that in the documents issued by the Department of Urbanism, when indicating \"Urban Growth Zone,\" reference is made to the urban control area contained within the Containment Ring of the GAM according to the current Executive Decrees. Under no circumstances has it been proposed to modify what is indicated by the current Regulatory Plan, much less to promote urban use in the Special Protection Zone of the GAM (Rest of District Zone in the PR, without regulations to apply). That is, what was recommended in the criteria given by the Department of Urbanism is to maintain the agricultural vocation of the Rest of the District Zone, requiring compliance with the provisions of point 3.3 of Decree N°25902 (due to the regulatory gap), which is clearly contrary to “promoting urban use,” as stated by the appellant. It is reiterated, this Department has never indicated that the mentioned Decree should be applied above the current Regulatory Plan, but only in those areas not regulated by it (…).”\n\n“The assertion made by the appellant that the INVU is promoting the disregard of the Manual of Technical Instruments for the Environmental Impact Assessment Process (Manual de Instrumentos Técnicos para el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (Manual de EIA)) - Part III, Executive Decree N°32967-MINAE, is incorrect, when what has been recommended is to adhere to the applicable norm, local, regional, and residually that formalized by this Institute.”\n\n“It is clarified that the map shown previously (section 2.9), sent to the local government at the time, responds to an analysis and coordination exercise between the INVU and the Municipality, and no note mentions that it is a new zoning to be applied; we understand that it was received as such by the Municipality, and not as interpreted by Mr. Monge Pizarro.”\n\n \n\n5.- By writing incorporated into the digital file at 6:12 p.m. on April 5, 2024, Alfonso Jiménez Cascante, in his condition as Mayor of Mora, reports under oath the following:\n\n“SECOND: OF THE REGULATORY PLAN OF MORA AND ITS SCOPE: I. Of the unconstitutionality action No. 09-009306-0007-CO: This Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, by resolution No. 21258-2010 of 2 p.m. on December 22, 2010, file No. 09 009306-0007-CO, resolved the following: “(…) VIII.- Dimensioning of the effects of the judgment. Drafted by Magistrate Calzada Miranda. (…) Finally, it is clear that, upon declaring the unconstitutionality of the challenged norms, the respective provisions of the 1993 Zoning Regulations, regarding the Agricultural Zone (Article 11) and the provisions of the Rest of District (ZRD) (Article 13), do not automatically come into force, but only once they are published, given that only the summary appears in La Gaceta, as indicated supra in this judgment. Faced with this regulatory gap, the urban planning of the Canton of Mora must be integrated with the respective regulations issued by the National Institute of Housing and Urbanism. (…) Therefore: The action is declared WITH MERITS. Consequently, Articles 4.3 and 10 of the Zoning Regulations of the Regulatory Plan of Mora, published in La Gaceta No. 173 of September 10, 2001, are annulled as unconstitutional. As for Article 13 of the 1993 Zoning Regulations, it is not unconstitutional if after its publication in the Official Newspaper La Gaceta it is not applied to Protected Wild Areas. This judgment has declaratory and retroactive effects to the effective date of the annulled norm, without prejudice to rights acquired in good faith. However, in accordance with the provisions of Article 91 of the Constitutional Jurisdiction Law, the effects are dimensioned in the sense that the declared unconstitutionality does not affect fully completed constructions or owners who have the respective construction licenses granted by the Municipality, except for those that have not yet started as of the date of publication of the notice. Until the Municipality and the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications have promulgated the respective regulations, only remodeling or maintenance work on previously built areas shall be admitted. Communicate this ruling to the Executive Branch. Summarize this ruling in the Official Newspaper La Gaceta and publish it in full in the Judicial Bulletin. Notify. Magistrate Castillo Víquez saves his vote only regarding the dimensioning of this judgment. (…)” (The highlighting is mine). After the filing of the unconstitutionality action filed by Lic. José Gilberto Monge Pizarro, acting mayor at that time, under file No. 09-009306-0007-CO, with the purpose of preventing the land-use change (cambio de uso del suelo) without having the technical and scientific studies for modifying the current Agricultural Zone via Article 10, Agricultural Zone of the 2001 Regulatory Plan, where it established the exception for the towns of Brasil, Rodeo, Jaris, San Bosco, Los Altos de San Rafael, and Barrio La Trinidad. Upon the annulment of Article 4.3 Low-Density Residential Zone and Article 10 Agricultural Zone of the 2001 Regulatory Plan, as the appellant rightly points out, in the dimensioning, the analysis regarding the publication of the articles of the 1993 Regulatory Plan, Article 11 Agricultural Zone and Article 13 Rest of the District Zone, is clear; it is erroneous to interpret and assume that it is sufficient to only publish Article 13 Rest of the District Zone, in order to give operational and legal compliance to Article 13 and to the very judgment issued by this Chamber. Given that a simple reading of the wording of Article 13 Rest of the District Zone, precisely indicates “(…) Developments that occur within the rest of the district shall be for agricultural purposes and are therefore governed by the same requirements as the Agricultural Zone (…)” (Article 11 of the 1993 Regulatory Plan), which does not make possible the omission of the publication of Article 11 Agricultural Zone, as the appellant here intends and as the then-mayor appointed at the time of issuing said judgment proceeded. In another sense, it is contradictory for the appellant, through the filing of the amparo appeal that concerns us, to try to prevent the use change due to the lack of technical and/or scientific studies and to seek that the delimitation of the towns of Brasil, Rodeo, Jaris, San Bosco, Los Altos de San Rafael, and Barrio La Trinidad be based arbitrarily on an agreement of the Municipal Council of Mora, without the technical and scientific studies that he alleged in the unconstitutionality action, when the place where these towns are indicated as exceptions is only Article 10 Agricultural Zone, 2001 regulatory plan, which was clearly repealed by the Chamber via vote N° 21258-2010 of 2 p.m. on December 22, 2010, file No. 09-009306-0007-CO and thus clarified via official letter N° DU-298-07-2023 dated July 31, 2023, subscribed by Hilda Carvajal Bonilla, acting head, and Marco Arias Alfaro, Legal Advisor, both of the Department of Urbanism, of the National Institute of Housing and Urbanism, in which it was indicated: “(…) 3.1. Even though Article 13 of the Regulatory Plan was published pursuant to the decision of the Constitutional Chamber, to make it applicable it was necessary at the time to also publish Article 11 of the 1993 Regulatory Plan, which established the urban regulations to be applied in the Agricultural Zone, which can be equated with the Rest of District Zone. 3.2. Given that such action was not carried out, the applicable current norm in said Zone is what is defined by the Regional Urban Development Plan for the Greater Metropolitan Area (Plan Regional Desarrollo Urbano Gran Área Metropolitana), Executive Decree N° 25902; this understanding that even though the text of the Regulatory Plan refers to the rest of the district, it does not contain applicable regulations (the zone exists, but no provisions associated with it exist). 3.3. Considering that the inputs prepared by the INVU and the Municipality in 2020 were not formalized by the local government, and that they do not relate to what vote Nº2010-021258 mandates nor the content of the current Regulatory Plan, this Department makes itself available to accompany the work of delimiting those “small communities,” where through the initiative of an Integral Development Association, subdivisions (fraccionamientos) for urban purposes (fronting a public street), urbanizations, and residential complexes can be carried out, despite being within the Special Protection Zone. As mandated by Article 13, in these areas, the nationally-scoped regulations promulgated by the INVU must be applied: the Subdivisions and Urbanizations Regulations (Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones) (no additional regulation is required). 3.4. As this delimitation of small communities is an element that arises from Article 13 of the Regulatory Plan, the correct procedure according to the Urban Planning Law, Law N°4240, is to follow the procedure established in Article 17, to add it to its content. (…)” II. Of the application of Article 13 of the Regulatory Plan of Mora: It is erroneous to interpret that the so-called Article 13 Rest of the District Zone alludes to “another” agricultural zone separate from what is indicated in the 1993 Regulatory Plan via Article 11 Agricultural Zone, as the appellant here seeks to convey, given that a regulatory gap was created in Article 13 Rest of the District Zone by failing to proceed with the publication of Article 11 Agricultural Zone which, although mentioned in Article 13, its current parameters regarding applicable regulatory requirements do not exist since said Article 11 was not published to give integrality to the wording of Article 13 “(…) Developments that occur within the rest of the district shall be for agricultural purposes and are therefore governed by the same requirements as the Agricultural Zone. (…)” (Article 11 of the 1993 regulatory plan). […] Likewise, the operative part of the aforementioned judgment indicated “(…) Faced with this regulatory gap, the urban planning of the Canton of Mora must be integrated with the respective regulations issued by the National Institute of Housing and Urbanism. (…)” In this case, the cascading supplementary regulations are applicable given the legal impossibility of applicability of Article 13 Rest of the District Zone, as there is a regulatory gap because the administration at the time did not proceed to publish the corresponding Article 11 Agricultural Zone of the 1993 Regulatory Plan. It must be considered that to put Article 13 into force, the publication of Article 11 Agricultural Zone of the 1993 Regulatory Plan is indispensable, as clearly indicated by resolution N° 21258-2010 of 2 p.m. on December 22, 2010, file No. 09-009306-0007-CO, given that, without it, Article 13 presents a regulatory gap, making its application impossible and therefore requiring the application of supplementary law. This is clear upon reading Article 13; it is established that developments occurring in the Rest of the District shall be for agricultural purposes, and are therefore governed by the same requirements as the Agricultural Zone. However, as it is NOT published, its practical application is not possible, neither for Article 11 nor consequently for Article 13, for which reason, in order to execute the agreement of the Municipal Council, Article 11 in question must be published. It follows from the above that, although the administration of Mr. Pizarro Monge, the appellant here, published Article 13 and it is in force, the failure to publish the corresponding Article 11 Agricultural Zone at the time results in a regulatory gap that makes its technical and legal application impossible, having to refer to the supplementary regulations under the cascade principle to the Regional Urban Plan of the Greater Metropolitan Area, Decree 25902, as indicated in resolution N° 21258-2010 of 2 p.m. on December 22, 2010, file No. 09-009306-0007-CO, “(…) Faced with this regulatory gap, the urban planning of the Canton of Mora must be integrated with the respective regulations issued by the National Institute of Housing and Urbanism. (…)” Which, consulted via official letter N° DU-298-07-2023 dated July 31, 2023, subscribed by Hilda Carvajal Bonilla, acting head, and Marco Arias Alfaro, Legal Advisor, both of the Department of Urbanism, of the National Institute of Housing and Urbanism, by the current administration to the INVU as advisory body in urban matters, indicated: “(…) Art 13 Rest of District Zone (PUBLISHED) Given that the scope of action of the Regulatory Plan is delimited by the urban area and the immediate area of influence for expansion. The rest of the district must first be included to have a basic political boundary. Developments that occur within the rest of the district shall be for agricultural purposes and are therefore governed by the same requirements as the Agricultural Zone. (Article 11 of the 1993 regulatory plan) In cases of small communities that seek any subdivision (fraccionamiento), urbanization, or residential complex development in their locality through a development association, the general rules of the regulations for the national control of subdivisions and urbanizations may be applied, and the municipality and the Directorate of Urbanism of the I.N.V.U. jointly study to define if the project is permitted. (…)” (underlining is not from the original) In such a way that it can be seen how the same National Institute of Housing and Urbanism, the governing body on the matter, has made it clear that in those cases of internal regulatory gap, the regulations dictated by said institute must be integrated into the urban planning of the Canton of Mora, an action that has been followed by this Local Government. III. Of the supplementary regulations and the territorial application of the current regulatory plan: […] As can be observed in the graphic, under the cascade principle of normative application, in the absence of a local norm, specifically the Regulatory Plan, what must be applied is the regional regulations before the national regulations regarding the National Regulations for Subdivisions and Urbanizations, as erroneously interpreted by the appellant here. Therefore, in the absence of parameters such as those referred to by Article 13 and the regulatory gap due to lacking requirements related to the Agricultural Zone of Article 11, it is not viable to resolve this normative lack with national regulations bypassing the regional regulations established by the Regional Urban Plan for the Greater Metropolitan Area, Decree N° 25902. The foregoing was indicated to the appellant by the INVU since June 13, 2011, via official letter N° INVU C-PU-D-452-2011 subscribed by Lic. Leonel Rosales, director of urbanism of the National Institute of Housing and Urbanism, in response to a query sent via note N° DDCU 045-11 dated April 14, 2011, by this Local Government, with said institute indicating the following: “In the event that the norm to be applied for specific situations does not exist in the Regulatory Plan of Mora, the Constitutional Chamber refers to the provisions issued by the Directorate of Urbanism, that is, regulations contained in Executive Decree N° 25092 -MIVAH-MP-MINAE (GAM), the Urban Planning Law, the Regulations for the National Control of Subdivisions and Urbanizations, and the Construction Law. B. Regarding the other requested information, digital cartography and a CD are attached. C. Regarding the determination of rural population centers, you can carry this out through the Update of the Regulatory Plan, a task that involves the environmental variable investigation and subsequent approval by SETENA. Without the aforementioned input, the intended modifications to the Regulatory Plan cannot be made. However, we are in the best disposition to collaborate in the delimitation, through a Cooperation Agreement, about which we had already spoken. IV. Of the normative overlap: In the same sense, Article 13 Rest of District Zone is indicated; it does not itself possess requirements or urban parameters that allow its applicable technical-legal-normative applicability. It is indicated as a residual zone to complete the basic political boundary, given that not only does it not define these parameters, but it also does not define the so-called small communities that the appellant here intends to be defined by agreement of the Municipal Council of Mora. It is not acceptable to intend the application of an article that, although published, lacks normative parameters, with a legal gap existing that must be addressed through supplementary regulations, nor does a normative overlap exist because the local regulations lack practical applicability. “(…) ARTICLE 13. REST OF THE DISTRICT ZONE. (Z.R.D): Given that the scope of action of the Regulatory Plan is delimited by the urban area and the immediate area of influence for expansion. The rest of the district must first be included to have a basic political boundary. Developments that occur within the rest of the district shall be for agricultural purposes and are therefore governed by the same requirements as the Agricultural Zone. In cases of small communities that seek any subdivision (fraccionamiento), urbanization, or residential complex development in their locality through a development association, the general rules of the regulations for the national control of subdivisions and urbanizations may be applied, and the municipality and the Directorate of Urbanism of the I.N.V.U. jointly study to define if the project is permitted. (…)” In this regard, the Urban Planning Law N° 4240, in its section 15, establishes the following about regulatory plans: “(…) Article 15.- Pursuant to the precept of Article 169 of the Political Constitution, the competence and authority of municipal governments to plan and control urban development, within the limits of their jurisdictional territory, is recognized. Consequently, each of them shall provide what is appropriate to implement a regulatory plan, and the related urban development regulations, in the areas where it must apply, without prejudice to extending all or some of their effects to other sectors, where qualified reasons prevail for establishing a specific controlling regime. (The highlighting is mine). (…)” Given that the municipality has not promulgated its own guidelines for the zone described as Rest of District Zone, Article 13, due to the non-publication of Article 11 Agricultural Zone and the failure to define, through the legal mechanisms established for such purposes, the delimitation of small communities within the Zoning Regulations, it is not viable to interpret that with an article that presents an evident regulatory gap, the appellant here intends to justify that the Colón District currently possesses its own legal provisions adjusted to law and give rise to the application of national regulations. Likewise, the assertion that the Regional Urban Development Plan of the Greater Metropolitan Area applies only in the total absence of a Regulatory Plan is not acceptable, given that the area contemplated by the Partial Regulatory Plan of Mora is significantly reduced in relation to the totality of the Canton, and that Article 1 of the Regional Urban Development Plan for the Greater Metropolitan Area is not limiting or excluding, as the appellant indicates. […] From this map, the application within the territory of Mora can be seen: the Partial Regulatory Plan in the Colón district, in blue color; the application of the Regional Urban Development Plan for the Greater Metropolitan Area, in red color: Urban Control Zone; and finally, in brown color, the Special Protection Zone. If the Chamber's vote regarding the specific case of the Canton of Mora is observed again, it states “(…) Faced with this regulatory gap, the urban planning of the Canton of Mora must be integrated with the respective regulations issued by the National Institute of Housing and Urbanism.(…)” An action that has been carried out by this Local Government in application of urban regulations according to each specific case that must be attended by it. Nevertheless, as will be elaborated upon herein, inter-institutional work is being carried out with representatives of the National Institute of Housing and Urbanism to achieve updated instruments applicable to the factual reality of the Canton of Mora. THIRD: OF THE AGREEMENT OF THE MUNICIPAL COUNCIL OF MORA N° ACM-153-01-2023: The Municipal Council of Mora, by agreement N° ACM-153-01-2023 taken in ordinary session N° 153 of April 3, 2023, agreed: “(…) AGREEMENT N°. 1: 1. IT IS RESOLVED UNANIMOUSLY AND FIRMLY: The motion presented by the Municipal Presidency, seconded by the other Councilors, is accepted and approved in its entirety. 2. For the purposes of Article 13 of the Zoning Regulations of the Regulatory Plan of the Canton of Mora approved in 1993, which in its last paragraph states the following: “In cases of small communities that seek any subdivision (fraccionamiento), urbanization, or residential complex development in their locality through a Development Association, the general rules of the Regulations for the National Control of Subdivisions and Urbanizations may be applied, and the Municipality and the Directorate of Urbanism of the I.N.V.U. shall jointly study to define if the project is permitted”, the communities of Brasil, Barrio La Trinidad, Altos de San Rafael, San Bosco, Jaris, and Rodeo are determined as the communities described by Article 13 of the Zoning Regulations of the Regulatory Plan of the Canton of Mora approved in 1993. 3. For the purposes of their spatial definition, the maps made by the National Institute of Housing and Urbanism and the Municipality of Mora for these purposes are approved. 4. In accordance with this agreement, the names of the communities included within Article 13 of the Zoning Regulations of the Regulatory Plan of the Canton of Mora approved in 1993 and the respective maps made to define these communities by the National Institute of Housing and Urbanism and the Municipality of Mora shall be published. The Municipal Administration is granted a one-calendar-month period to proceed with the publication ordered by this agreement. 5. This agreement shall be notified with acknowledgment of receipt and date to the Municipal Mayor, Alfonso Jiménez Cascante, for his responsibility. 6. A copy of this agreement shall be sent with acknowledgment of receipt and date to the Head of the Development and Urban Control Department, Arch. Erika Angulo Campos. DEFINITIVELY APPROVED AGREEMENT. (…)” (The highlighting corresponds to the original). In relation to agreement ACM-153-01-2023, a series of consultations were made to the INVU as advisory body, and from these a recommendation was sent via official letters of the Technical Administrative Commission CTA-03-2023 and CTA-04-2023, addressed to the Municipal Mayor's Office of Mora, which forwarded it to the Municipal Council, from which the administration has not obtained a response to date from said Collegiate Body, which makes it impossible for it to proceed with the legal certainty required, given that what is intended is only the publication of the maps of the communities as delimitation, ignoring the accompanying regulation and the due process to incorporate these communities into the Regulatory Plan through Article 17 of the Urban Planning Law, as stated by the INVU as advisory body. For this, what was indicated by the Technical Administrative Commission can be seen, via official letter N° CTA-03-2023 dated May 4, 2023, from which it is extracted: “(…) Although the maps elaborated jointly with the INVU are provided, and as is well known, the role of the National Institute of Housing and Urbanism, according to Article 7, subsections 3 and 4 of the Planning Law, corresponds to the Directorate of Urbanism and Housing of the National Institute of Housing and Urbanism, Invu, to advise municipal governments on matters of urban planning. Article 7. 3) Advise and provide assistance to municipalities and other public entities dedicated to planning, in everything conducive to the establishment or promotion of that discipline; and 4) Exercise oversight and authority for the due compliance of the norms of national interest comprised in this law and in the urban development regulations. They were elaborated in accordance with what is established by the general rules of the Regulations for the National Control of Subdivisions and Urbanizations indicated in Article 13, in adherence to current regulations and therefore to the Protocol for the Delimitation of Urban Quadrants and their Expansion Areas of the National Institute of Housing and Urbanism. Art 13 Rest of District Zone (PUBLISHED) Given that the scope of action of the Regulatory Plan is delimited by the urban area and the immediate area of influence for expansion. The rest of the district must first be included to have a basic political boundary. Developments that occur within the rest of the district shall be for agricultural purposes and are therefore governed by the same requirements as the Agricultural Zone. In cases of small communities that seek any subdivision (fraccionamiento), urbanization, or residential complex development in their locality through a development association, the general rules of the regulations for the national control of subdivisions and urbanizations may be applied, and the municipality and the Directorate of Urbanism of the I.N.V.U. jointly study to define if the project is permitted.\n\n(underlining not in original) With which the work was referred to the municipality via note DU-UCTOT 036-2020, of February 5, 2020, signed by MSC. Msc. Tomás Martínez Baldares, Executive President of INVU. Given that the work consists of Delimitation Maps, layers in shape format, and the Regulation for the delimitation of Urban Growth Areas, it is therefore requested that these last two be incorporated in order to make effective the publication of the delimitation of the urban growth areas of the aforementioned communities, considering that without the publication of the Regulation that supports the work and the shapes, the administration would be unable to operationalize the maps without the technical support that accompanies them, which would again place the administration in the scenario of using the supplementary regulation in order to regulate the territory in the absence of regulations. “I hope you are well, in response to the request of the Municipality of the Canton of Mora and to Ruling Res. No. 201-021258 of the Constitutional Chamber of December 22, 2010, the urban growth areas have been delimited for the localities of the Canton of Mora: Brasil, Rodeo, Jaris, San Bosco, Los Altos de San Rafael, and Barrio La Trinidad de Colón de Mora, and therefore the following is delivered for whatever is appropriate: 1. Delimitation maps of the urban growth areas of the localities listed above. 2. Layers in shape format (shp) of the growth zones. 3. Regulation for the delimitation of the Urban Growth Areas. “ 4. In accordance with this agreement, publish the names of the communities included within article 13 of the Zoning Regulation of the Regulatory Plan of the Canton of Mora approved in 1993 and the respective maps made to define these communities by the National Institute of Housing and Urbanism and the Municipality of Mora. The Municipal Administration is granted a period of one calendar month to proceed with the publication dictated by this agreement. 5. Notify the present agreement with acknowledgment of receipt and date to the Municipal Mayor, Alfonso Jiménez Cascante, for what is his responsibility. 6. Forward a copy of the present agreement with acknowledgment of receipt and date to the Head of the Urban Development and Control Department, Arch. Erika Angulo Campos. DEFINITIVELY APPROVED AGREEMENT. Therefore, it is recommended that the agreement incorporate the publication of article 11, Agricultural Zone of the Regulatory Plan of 1993, in compliance with Voto 2012 EXP 09-009306-0007-CO, in order to operationalize article 13 in question, and regarding the delimitation of the urban growth areas of the population centers, incorporate the publication of the Layers in shape format (shp) of the growth zones and the Regulation for the delimitation of the Urban Growth Areas. Faced with this situation, we await the pertinent decisions by the council to carry out the required publication; we do not omit to state that official communication DDCU-09-2021 is attached, along with the Summary chart of urban planning regulations applicable to the canton of Mora, which sets out the scenarios arising from this publication, as well as their impact on the urban development of the Canton, presented in 2021 to the administration. (…)” Likewise, see the official communication of the Technical Administrative Commission, via official communication No. CTA-04 2023 dated August 7, 2023, from which the following is extracted: “(…) This serves to greet you, and at the same time to convey the recommendation by the Technical Administrative Commission, taken in minutes LG 04-2023 of August 7, 2023, in relation to council agreement # ACM-153-01-2023, taken in Ordinary Session number 153, held on April 3, 2023, note CTA 03-2023, based on the response note INVU DU-298-07-2023 Urban Planning Regulations and delimitation of small communities dated July 31, 2023. Signed by Lic. Hilda Carvajal Bonilla, Acting Head of the Urbanism Department, and Lic. Marco Arias Alfaro, Legal Advisor of the Urbanism Department, in response to the inquiries raised in official communication AMM0480-2023 signed by the Municipal Mayor. In accordance with article 7, subsections 3 and 4 of the Planning Law, it corresponds to the Urbanism and Housing Directorate of the National Institute of Housing and Urbanism, INVU, to advise Municipal Governments on matters of urban planning. Article 7. 3) Advise and provide assistance to the municipalities and other public entities dedicated to planning, in everything conducive to the establishment or promotion of that discipline; and 4) Exercise vigilance and authority for the due fulfillment of the norms of national interest comprised in this law and in the urban development regulations.” Faced with this situation, the following recommendations are submitted: A. In view of council agreement # ACM-153-01-2023, taken in Ordinary Session number 153, held on April 3, 2023, it is recommended to consider the following aspects regarding the agreement taken unanimously by the council members: AGREEMENT NO. 1: 1. IT IS AGREED UNANIMOUSLY AND FINALLY: The motion presented by the Municipal Presidency, seconded by the other Council Members, is accepted and approved in its entirety. 2. For the purposes of article 13 of the Zoning Regulation of the Regulatory Plan of the Canton of Mora approved in 1993, which in its last paragraph states the following: “In cases of small communities where some development through subdivision (fraccionamiento), urbanization, or residential complex is intended in their locality through a Development Association, the general norms of the Regulation for the National Control of Subdivisions and Urbanizations may be applied, and it will enter into joint study by the Municipality and the Urbanism Directorate of the I.N.V.U., to define whether the project is permitted”, the communities of Brasil, Barrio La Trinidad, Altos de San Rafael, San Bosco, Jaris, and Rodeo are determined as the communities described by article 13 of the Zoning Regulation of the Regulatory Plan of the Canton of Mora approved in 1993. I. In relation to point 2 of agreement # ACM-153-01-2023, a technical opinion was requested from INVU via official communication AMM-0480-2023, signed by the Mayor's Office, which specifically consults the following: Extract of Official Communication AMM-0480-2023. “(…) In view of this, it is respectfully requested to provide a technical opinion regarding: A) Is it legally viable to apply article 13 Rest of the District Zone, where the first paragraph of the article alludes to the Agricultural Zone, which has not been published by the municipality? B) Is it possible for the Municipal Council to determine, through a Council Agreement, the “small communities” referred to in article 13 Rest of the District Zone? (…)” To which, through official communication DU-298-07-2023, the INVU, as advisor in urban planning matters, indicates: “(…) 1. Resolution No. 2010-021258 of the Constitutional Chamber 1.1. Before ruling on the substance of the agreement taken by the Municipal Council of Mora, it is a priority for the Urbanism Department that there be clarity on the matter addressed by the Constitutional Chamber, as well as its scope, for the purposes of the measures that must be taken by the cantonal authorities, in strict compliance with said resolution. «The comprehensive reform of the 1993 Zoning Regulation was published in La Gaceta No. 173 of September 10, 2001; however, some provisions survive the reform. The amendment to the Regulatory Plan of Mora, in its Zoning Regulation, of 2001, in the heading indicates that: “This Regulation is complemented by the Zoning and Viability plans, as well as all legal and regulatory norms on urban development that do not oppose it.” In that sense, the 2001 Zoning Regulation is complemented by the previous one from 1993, so that for the purposes of resolving the action, article 13 of this latter Regulation survives the reform, which is taken from the documentation provided by the National Institute of Housing and Urbanism. Said norm coincides with numeral 11 of the Regulation indicated by the plaintiff, which refers to the following: (…) In contrast to the previous regulations, from where the plaintiff's claims originate, it is evident from the information provided by the National Institute of Housing and Urbanism that what is regulated in article 11 of the Zoning Regulation of the Regulatory Plan of the Canton of Mora of 1993 corresponds to the Agricultural Zone (Z.A.), which established that: (…) Regarding the Rest of the District Zone (Z.R.D.), the same wording as transcribed above is maintained, since it was not modified with the comprehensive reform of 2001, as explained.» “ Finally, it is clear that upon declaring the unconstitutionality of the challenged norms, the respective provisions of the 1993 Zoning Regulation, regarding the Agricultural Zone (article 11) and the provisions of the Rest of the District (ZRD) (article 13), do not automatically enter into force, but rather only once they are published, given that only the summary exists in La Gaceta, as indicated supra in this judgment. Given this regulatory absence, the urban planning of the Canton of Mora must be supplemented with the respective regulations issued by the National Institute of Housing and Urbanism.” “Therefore: The action is declared WITH MERIT. Consequently, articles 4.3 and 10 of the Zoning Regulation of the Regulatory Plan of Mora, published in La Gaceta No. 173 of September 10, 2001, are annulled as unconstitutional. Regarding article 13 of the 1993 Zoning Regulation, it is not unconstitutional if, after its publication in the Official Gazette La Gaceta, it is not applied to Protected Wildlife Areas. “1.2.3. The requirement for publication of article 13 of the 1993 Regulatory Plan, which states: “ARTICLE 13. REST OF THE DISTRICT ZONE (Z.R.D.) In cases of small communities where some development through subdivision (fraccionamiento), urbanization, or residential complex is intended in their locality through a Development Association, the general norms of the Regulation for the National Control of Subdivisions and Urbanizations may be applied, and it will enter into joint study by the Municipality and the Urbanism Directorate of the I.N.V.U., to define whether the project is permitted.” (Underlining does not correspond to the original text). Given that the scope of action of the Regulatory Plan is delimited by the urban area and the immediate area of influence for expansion, the rest of the First District must be included to have a basic political boundary. Developments that occur within the rest of the district will be for agricultural purposes, and therefore are governed by the same requirements as the Agricultural Zone. 1.2.4. The requirement for publication of article 11 of the 1993 Regulatory Plan, which states: “Article 11. AGRICULTURAL ZONE (Z.A.) This zone corresponds to lands located generally on the periphery, which maintain an agricultural use, which is intended to be protected and at the same time provide a buffer for urban development, as a limit. In addition to the installations necessary for agricultural activity, only the housing of the owner or the farm laborers is permitted, provided that minimum services exist. For the Zone of Brasil, an exception is made within this sector since there is a high rate of housing mixed with agricultural activity and vegetative growth must be allowed; therefore, it is established that housing is permitted and with the same requirements of the residential zone already defined. Requirements. Minimum area: 1 hectare. Minimum frontage: 20.00 meters. Maximum coverage: 10% of the farm area, including constructions related to agricultural use.” (Underlining does not correspond to the original text). 1.3. In this line, from what was resolved in the Chamber's Voto, it is clear that the local government of Mora had to, in addition to repealing numerals 4.3 and 10 of the Zoning Regulation of the Regulatory Plan of Mora of 2001, proceed with the publication of articles 11 and 13 of the 1993 Regulatory Plan (1993 version). This is because when article 13 refers to the requirements of the Agricultural Zone, and the article that set restrictions for such zone (Art. 10 PR 2001) having been repealed, it was necessary to recover the Agricultural Zone regulation from the 1993 Regulatory Plan, and thus obtain complete applicability. 1.4. As the Municipality of Mora proceeded with the repeal of the cited numerals and only published article 13 of the 1993 Regulatory Plan, a gap was generated in the local norm, since for the “Rest of the District Zone” there are no fixed regulations (those of the agricultural zone should apply, which do not exist). Consequently, according to the principle of cascade planning and the integration of the regional planning level, it was necessary to comply with the content of the Greater Metropolitan Area Regional Urban Development Plan, Executive Decree No. 25902, which determines a Special Protection Zone (ZEP), also with an agricultural vocation, which also comprises, in addition to the rest of the district area of Colón, the district of Jaris. (…) 3. Conclusions: 3.1. Although article 13 of the Regulatory Plan was published in compliance with what was resolved by the Constitutional Chamber, for it to be applicable, it was also necessary at the time to publish article 11 of the 1993 Regulatory Plan, which set the urban planning regulations to apply in the Agricultural Zone, which can be equated with the Rest of the District Zone. (…)” Thus, given the question: A) Is it legally viable to apply article 13 Rest of the District Zone, where the first paragraph of the article alludes to the Agricultural Zone, which has not been published by the municipality? It is clear that the application of article 13 of the 1993 Regulatory Plan is not legally viable if article 11 Agricultural Zone corresponding to the 1993 Regulatory Plan is not first published, and that, in view of the existing regulatory gap due to the mentioned article 11 not being published, what should be applied is the Greater Metropolitan Area Regional Urban Development Plan, Executive Decree No. 25902, as has been correctly applied by the municipal technical department in the matter. Note that at no point in the findings of Resolution No. 2010 021258 of the Constitutional Chamber does it indicate that only article 13 Rest of the District Zone should be published, much less that the omission of the publication of article 11 Agricultural Zone can be inferred; said resolution indicates the repeal of articles 4.3 and 10 of the 2001 Regulatory Plan, and clarifies that article 13 is not unconstitutional if it is not applied in protected wildlife areas, given that a comprehensive reading of the vote makes clear the need to publish both article 13 and article 11 of the 1993 Regulatory Plan by the legislator. Returning to the question posed: B) Is it possible for the Municipal Council to determine, through a Council Agreement, the “small communities” referred to in article 13 Rest of the District Zone? To which, through official communication DU-298-07-2023, the INVU, as advisor in urban planning matters, indicates: “(…) 2. Of the delimitation of “small communities” 2.1. It is pertinent to understand on this matter that, as the local planning instrument does not define guidelines for the Rest of the District Zone, the regional plan (Plan GAM) should apply, which covers the area of the Colón district (where the PR does not define regulations), and the Jaris district. These districts do not have delimited urban quadrants under Executive Decree No. 25902. 2.2. In congruence with said regulation, the Protocol for the Delimitation of Urban Quadrants and their Expansion Areas indicates that to delimit them, it must be done through the Regulatory Plan. Although Colón and Jaris correspond to urban districts according to the “Declaration of Urban Districts at the National Level” made by the INVU, given its supplementary and residual nature, its application (in matters of quadrants) is not appropriate, since they fall within the scope of application of the Plan GAM. 2.3. In that sense, it is imperative to indicate that the “small communities” referred to in article 13 of the Regulatory Plan do not correspond to urban quadrants, but rather to those areas where, through management by a Development Association, a subdivision (fraccionamiento), urbanization, or residential complex can be carried out in the Rest of the District Zone (Special Protection Zone, Executive Decree No. 25902). 2.4. Continuing with the analysis, although through official communication No. DU-UCTOT-036 2020 of February 5, 2020, the Urbanism Department and the Unit of Technical and Operational Criteria for Territorial Planning communicated to the Executive Presidency of INVU that “the urban growth areas of the localities of the Canton of Mora: Brasil, Rodeo, it makes the observation that it is not appropriate to delimit new urban centers, nor more than one per district, therefore it is not possible to establish district population centers in accordance with the urban centers methodology, in the communities of Brasil, Rodeo, San Rafael, San Bosco, Jaris, and Barrio la Trinidad, nor is this scenario considered in Executive Decree No. 25902. In relation to what was consulted via subsection D), in view of what was indicated through official communication DU-298-07-2023, the INVU as advisor in urban planning matters, it is requested to omit the consideration made by the Technical Administrative Commission regarding the need to publish the Regulation for the delimitation of the Urban Growth Areas linked to the Urban Centers, as it lacks interest and which was not previously published given that, likewise, for its eventual applicability, the publication of article 11 was required, which indicates that for the area outside the urban centers the minimum area is considered to be 1 hectare. In correspondence with the methodology consulted in subsection E), to delimit the small communities, the INVU offers its accompaniment in the process of modifying the Regulatory Plan; note that the purposes of said delimitation are reduced to subdivisions (fraccionamientos) with urban purposes (fronting a public street), urbanizations, and residential complexes, excluding the figure of exceptional access for residential use. Take into account that the minimum lot for the zone, once article 11 Agricultural Zone is published, is 1 hectare. Only within the small communities, under any type of subdivision (fraccionamiento), whether called Urbanization, residential complex, or subdivision (fraccionamiento) for urban purposes fronting a public street, would it correspond to what is stipulated in the current Regulation for the Control of Subdivisions and Urbanizations. III. In relation to points 4, 5, and 6 of agreement # ACM-153-01-2023, taken unanimously, the following is indicated: Extract of council agreement # ACM-153-01-2023, taken unanimously. “(…) 4. In accordance with this agreement, publish the names of the communities included within article 13 of the Zoning Regulation of the Regulatory Plan of the Canton of Mora approved in 1993 and the respective maps made to define these communities by the National Institute of Housing and Urbanism and the Municipality of Mora. The Municipal Administration is granted a period of one calendar month to proceed with the publication dictated by this agreement. 5. Notify the present agreement with acknowledgment of receipt and date to the Municipal Mayor, Alfonso Jiménez Cascante, for what is his responsibility. 6. Forward a copy of the present agreement with acknowledgment of receipt and date to the Head of the Urban Development and Control Department, Arch. Erika Angulo Campos. DEFINITIVELY APPROVED AGREEMENT. (…) “ What was indicated through official communication CTA 03-2023 is reiterated, for what is appropriate: “Faced with this situation, we await the pertinent decisions by the council to carry out the required publication; we do not omit to state that official communication DDCU-09-2021 is attached, along with the Summary chart of urban planning regulations applicable to the canton of Mora, which sets out the scenarios arising from this publication, as well as their impact on the urban development of the Canton, presented in 2021 to the administration.” CONCLUSIONS based on what was stated by the INVU through official communication DU-298 07-2023: 1. Article 13 Rest of the District Zone, currently published, possesses a legality gap by virtue of the absence of the publication of article 11 corresponding to the 1993 Regulatory Plan, which refers to the Agricultural Zone, and likewise regarding what refers to the small communities, as said delimitation does not exist. Therefore, for the execution of article 13 Rest of the District Zone, it is necessary to comply with the following two conditions: • Publication of article 11. Agricultural Zone 1993 Regulatory Plan • Delimitation of small communities in accordance with article 17 of the Urban Planning Law. 2. As the governing body in urban planning matters correctly indicates in the aforementioned official communication, in view of the existing regulatory gap due to the mentioned article 11 Agricultural Zone not being published, what should be applied is the Greater Metropolitan Area Regional Urban Development Plan, Executive Decree No. 25902; see what is indicated in point 1.4 and conclusion 3. 1.4. As the Municipality of Mora proceeded with the repeal of the cited numerals and only published article 13 of the 1993 Regulatory Plan, a gap was generated in the local norm, since for the “Rest of the District Zone” there are no fixed regulations (those of the agricultural zone should apply, which do not exist). Consequently, according to the principle of cascade planning and the integration of the regional planning level, it was necessary to comply with the content of the Greater Metropolitan Area Regional Urban Development Plan, Executive Decree No. 25902, which determines a Special Protection Zone (ZEP), also with an agricultural vocation, which also comprises, in addition to the rest of the district area of Colón, the district of Jaris. (…) 3. Conclusions: 3.1. Although article 13 of the Regulatory Plan was published in compliance with what was resolved by the Constitutional Chamber, for it to be applicable, it was also necessary at the time to publish article 11 of the 1993 Regulatory Plan, which set the urban planning regulations to apply in the Agricultural Zone, which can be equated with the Rest of the District Zone. (…)” 3. It is not possible through a Council agreement to determine the spatial delimitation of the small communities with a simple agreement, given that, as this is a modification to the current Regulatory Plan, it must first comply with article 17 of the Urban Planning Law. See section 3. Conclusions 3.4: “(…) 3. Conclusions: (…) 3.4. As this delimitation of small communities is an element that arises from article 13 of the Regulatory Plan, the correct course of action according to the Urban Planning Law, Law No. 4240, is to follow the procedure established in article 17, to add it to its content. “ 4. Prior to carrying out the delimitation of small towns referred to in article 13 of the 1993 Regulatory Plan, article 11 Agricultural Zone of the same year must be published, to give technical-legal operationality to article 13; after which the methodology must be carried out in accordance with article 17 of the Urban Planning Law to add the intended content to the current Regulatory Plan. 5. It is not possible to use the maps prepared for urban centers as the delimitation of small communities as the Municipal Council requests, given that they are broadly distinct methodologies and regulatory figures. The INVU makes the observation that it is not appropriate to delimit new urban centers, nor more than one per district, therefore it is not possible to establish district population centers in analogy to the small communities indicated in article 13 of the 1993 Regulatory Plan, in the communities of Brasil, Rodeo, San Rafael, San Bosco, Jaris, and Barrio la Trinidad, in accordance with the urban centers methodology, nor is this scenario considered in Executive Decree No. 25902. 6. In view of what was indicated through official communication DU-298-07-2023, the INVU as advisor and overseer in urban planning matters, it is requested to omit the consideration made by the Technical Administrative Commission regarding the need to publish the Regulation for the delimitation of the Urban Growth Areas linked to the Urban Centers, as it lacks interest given the INVU's clarification. “(…) 2. Of the delimitation of “small communities” (…) 2.4. Continuing with the analysis, although through official communication No. DU-UCTOT-036 2020 of February 5, 2020, the Urbanism Department and the Unit of Technical and Operational Criteria for Territorial Planning communicated to the Executive Presidency of INVU that “the urban growth areas of the localities of the Canton of Mora: Brasil, Rodeo, Jaris, San Bosco, Los Altos de San Rafael and Barrio La Trinidad de Colón de Mora have been delimited,” in compliance with the “request of the Municipality of the Canton of Mora and Ruling Res. No. 2010-021258 of the Constitutional Chamber,” the current Urbanism Department recognizes that these inputs have characteristics associated with urban quadrants (developed area, development without limitations), and not with the “small communities” referred to in article 13 of the PR, and the substance of the matter addressed by the Chamber. That is, they are considered to exceed the regulations contained in the Regulatory Plan and in the Regional Plan, for the Special Protection Zone and the Special Forest Protection Zone; where in no scenario does Executive Decree No. 25902 enable the possibility of delimiting new urban quadrants. (…)” 7. The purposes of said delimitation are reduced to subdivisions (fraccionamientos) with urban purposes (fronting a public street), urbanizations, and residential complexes, Excluding exceptional accesses for residential use. By virtue of what was indicated by the INVU as advising entity, this commission maintains and adheres to the technical-legal criteria applied to date regarding the issuance of construction permits and land uses, according to the principle of cascade planning and the integration of the regional planning level, corresponding to the Greater Metropolitan Area Regional Urban Development Plan, Executive Decree No. 25902, and recommends complying with the law regarding the current and duly published regulations with a technical-legal basis until the Administration defines the actions in relation to council agreement # ACM-153-01-2023, taken in Ordinary Session number 153, held on April 3, 2023, regarding the publication of article 11 Agricultural Zone of the 1993 Regulatory Plan, omitted by the Administration since the notification of what was resolved by the Constitutional Chamber through Resolution No. 2010-021258, to proceed accordingly, and likewise awaits the response to official communication CTA 03-2023 dated May 4, 2023. Extract DU-298-07-2023. “(…) 1.4. As the Municipality of Mora proceeded with the repeal of the cited numerals and only published article 13 of the 1993 Regulatory Plan, a gap was generated in the local norm, since for the “Rest of the District Zone” there are no fixed regulations (those of the agricultural zone should apply, which do not exist). Consequently, according to the principle of cascade planning and the integration of the regional planning level, it was necessary to comply with the content of the Greater Metropolitan Area Regional Urban Development Plan, Executive Decree No. 25902, which determines a Special Protection Zone (ZEP), also with an agricultural vocation, which also comprises, in addition to the rest of the district area of Colón, the district of Jaris. (…)” (The highlighting corresponds to the original). Thus, see how this Municipal Mayor's Office has forwarded the technical opinion issued by the Technical Administrative Commission of the Municipality of Mora, official communication No. CTA-04-2023 dated August 7, 2023, to the Municipal Council of Mora, on August 24, 2023, so that said opinion may be addressed in light of what was intended by said Collegiate Body through agreement No. ACM-153-01-2023; however, as of the date of this document, the Municipal Council of Mora has not resolved said request, which is why this Administration has been unable to proceed with what was agreed by said Entity, until there is clarity on the technical operational aspects indicated by the Technical Administrative Commission of the Municipality of Mora. FOURTH: OF THE REQUEST FOR VARIOUS LAND-USE CERTIFICATES: Regarding the request for land uses for residential and multifamily purposes in the Rest of the District Zone. Agreement of the Municipal Council of Mora No. ACM-200-05-2024, taken in Ordinary Session number 200, held on February 26, 2024, where it states: “(…) Based on the provisions of article 53, subsection b) of the Municipal Code, I hereby transcribe and communicate to you the agreement taken by the Municipal Council of Mora in Ordinary Session number 200, held on February 26, 2024, which textually states: 10. Unnumbered official communication, dated February 23, 2024, received by the Council Secretariat on February 26, 2024, submitted by Mr. Gilberto Monge Pizarro; through which he makes a formal request for public information before this Municipal Council.\n\nThe unnumbered official letter states verbatim: Municipal Council Municipality of Mora Canton of Mora Dear Sirs: Given that none of the previous notes I have sent requesting information have been answered since they have all been sent to the mayor's office and no response has been received, I hereby directly request the Municipal Council to answer the following inquiries: 1. Given that the Municipality of Mora is applying the 1982 GAM decree and that in this decree there is an area called urban growth zone, that in the partial regulatory plan of the canton there is an area called rest-of-district zone and that it states that the conditions of the agricultural zone will be applied to it, I request to be informed whether there is an overlap between the rest-of-district zone of Article 13 of the regulatory plan and the urban growth zone of the GAM decree. If so, I request to be informed whether land use certificates (certificados de uso de suelo) have been granted in this overlapping zone for residential projects such as subdivisions (urbanizaciones) or condominiums. 2. If the answer to the previous question is affirmative, I request that you send me the project name, owner, property number, and number of housing units per project. Furthermore, I request the delivery of a map in which the overlap of the indicated zones can be distinguished. 3. I request, if the indicated overlap exists, information on whether the Municipality of Mora has environmental fragility indices (índices de fragilidad ambiental) approved by SETENA prior to the time when the application of the urban growth zone parameters of the GAM decree began in the rest-of-district zone of the regulatory plan. 4. Finally, I request to be told the number of cases in which the urban control department has changed its criteria in land use certificates (certificados de uso de suelo), and also in how many of these cases the process of declaring the nullity of the previous land use certificates has been carried out, in accordance with the General Law of Public Administration. Thanking you for your response within the legal deadline, I sign, Sincerely Gilberto Monge Pizarro (…)”\n\nFrom the above, it is important to note that the petitioner here sends said information request to the Municipal Council of Mora and not to this Municipal Mayor's Office, which is why it is being handled by the Municipal Council, which has requested the Municipal Administration's collaboration on some points of what is sought. In relation to what was consulted in point 1 by Mr. Monge Pizarro, reference is made to official letter No. DU-064-03-2024 of March 5, 2024, signed by Hilda Carvajal Bonilla, head of the Urbanism Department of the National Institute of Housing and Urbanism, where, in adherence to the criterion of INVU as an advisory entity in urban planning matters, according to Article 7, subsections 3 and 4 of the Planning Law, it is the responsibility of the Urbanism and Housing Directorate of the National Institute of Housing and Urbanism, INVU to advise Municipal Governments on urban planning matters, the so-called Article 13 Rest-of-district Zone is not practically applicable, given that it has a legal vacuum as there are no provisions to apply given the repeal of Article 10. Agricultural Zone, making it impossible to establish a regulatory overlap between regulations that lack practical applicability and Decree No. 25902, given that the regional planning instrument does set restrictions for said area, its application proceeds, and only residually and complementarily, in everything not contemplated or established therein, the INVU Subdivision and Urbanization Regulations must be complied with after its application. Also, see official letter No. DU-298-07-2023 dated July 31, 2023, signed by Hilda Carvajal Bonilla, and Marco Arias Alfaro, legal advisor, both from the Urbanism Department of the National Institute of Housing and Urbanism, who stated: “(…) 1.4. Since the Municipality of Mora proceeded with the repeal of the cited articles, and only published Article 13 of the 1993 Regulatory Plan, a vacuum was generated in the regulation at the local level since for the ‘Rest-of-District Zone’ there are no established regulations (the agricultural zone ones should be applied, but they do not exist). Consequently, according to the cascade planning principle and the integration of the regional planning level, compliance with the content of the Greater Metropolitan Area Urban Development Regional Plan, Executive Decree No. 25902, was required, which determines a Special Protection Zone (Zona Especial de Protección, ZEP), also with an agricultural purpose, which includes, in addition to the rest-of-district area of Colón, the district of Jaris. (…)” In addition to the above, there is official letter No. DU-064-03-2024 of March 5, 2024, signed by Hilda Carvajal Bonilla, head of the Urbanism Department of the National Institute of Housing and Urbanism, from which is extracted: “(…) 9. However, the repeal of Articles 4.3 and 10 of the 2001 Regulatory Plan are consequences of the 2010 Constitutional Chamber ruling. That is, the Low-Density Residential Zone with Restrictions and the Agricultural Zone are eliminated entirely, both from the text of the instrument and from the zoning map; this undoubtedly includes any reforms that may have arisen from its publication of the Regulatory Plan in 2001 until the date Resolution No. 2010-021258 is issued. 10. Now, understanding the above, and paraphrasing your statement that the Greater Metropolitan Area Urban Development Regional Plan, Executive Decree No. 25902, applies in those cases where there is no regulatory plan, it is relevant to point out that the local planning instrument of the canton of Mora has as its scope of application a very small portion of its first district, considering the elimination of the two zones mentioned in the previous paragraph. 11. Consequently, in the territory of the canton of Mora that does not comprise the Regulatory Plan zoning, and that is affected by the cited Decree, specifically the Special Protection Zone, the application of the guidelines established therein undoubtedly applies. 12. Although the Rest-of-District Zone (eliminated in the 2001 Regulatory Plan) is ‘reactivated’ in 2012, since there are no provisions to apply given the repeal of Article 10. Agricultural Zone, this Department maintains the criterion regarding the duty to comply with what is established in Decree No. 25902 for the Special Protection Zone of the GAM, which covers the entire rest of the district of Colón. 13. The premise is that there is a zone in the Regulatory Plan to which applicability cannot be given according to its text, until it is published and made official as required, and given that the regional planning instrument does set restrictions for said area, its application proceeds. Residually and complementarily, in everything not established therein, the INVU Subdivision and Urbanization Regulations must be complied with (…)”\n\nRegarding points 2, 3, and 4, since there is no regulatory overlap, it is unnecessary to refer to what was consulted. Regarding the issuance of land uses, by virtue of what was indicated by INVU as an advisory entity, the technical-legal criterion applied to date in relation to the issuance of construction licenses and land uses is maintained and adhered to, according to the cascade planning principle and the integration of the regional planning level, corresponding to the Greater Metropolitan Area Urban Development Regional Plan, Executive Decree No. 25902, regarding the regulations in force and duly published with a technical-legal basis. However, to address the issue comprehensively, an extension of the deadline was requested through Municipal Mayor's Office official letter No. AMM-0172-2024, dated March 21, 2024, for compliance with agreement No. ACM-200-05-2024 taken at ordinary session No. 200 of February 26, 2024. Said extension was approved by the Municipal Council of Mora through agreement No. ACM 204-03-2024, taken at ordinary session No. 204 of March 25, 2024, from which is extracted: “(…) AGREEMENT No. 3: 1. IT IS UNANIMOUSLY AND DEFINITIVELY AGREED: To authorize the extension of the execution period of Agreement # ACM-200-05-2024 until April 30, 2024, as requested by the Municipal Administration, according to the justification provided. 2. Notify this agreement with acknowledgement of receipt and date to the Deputy Municipal Mayor, Ms. Ariuna Cabal Lombodorzh, for her corresponding action. AGREEMENT DEFINITIVELY APPROVED (…)” (The highlighting corresponds to the original). Thus, see how the Municipal Council of Mora has approved an extension until next April 30 so that this Administration can address the request presented by the petitioner here, Mr. Monge Pizarro.\n\n6.- By means of a brief added to the digital file at 12:17 p.m. on April 9, 2024, the petitioner states the following:\n\n“The undersigned, José Gilberto Monge Pizarro, with qualities as recorded in the case file, hereby refer to the responses made by both the Urbanism Directorate of the Housing and Urbanism Institute and the Municipality of Mora, regarding the amparo appeal filed by the undersigned. From both responses, one can perfectly extract that the core reason for the amparo appeal is not answered, which is that by incorrectly applying the 1982 GAM Regulations over what is already covered by the regulatory plan's zoning regulations since 1993 and then 2001, they converted part of the rest-of-district zone, which has characteristics of an agricultural zone, into an Urban Growth Zone of the GAM without having studies of environmental fragility indices (índices de fragilidad ambiental) for this, and both institutions are even evasive on this point and try to confuse this honorable Chamber, recounting aspects that were already discussed to resolve the Unconstitutionality Action filed by the undersigned and which was resolved through ruling No. 2010-021258 by the Constitutional Chamber. This omission is practically an acceptance of the facts for which the appeal was filed. Both institutions carry the same confusion of regulatory application, assume a discretion that does not belong to them, and state that the regulatory plan of the Colón district covers very little territory, this being a completely subjective and reckless statement. Part of the Colón territory is covered by the Cerros de Escazú Protective Zone and another by the El Rodeo Protective Zone, the Quitirrisí Indigenous Territory is now a new district and has special rules, the rest-of-district zone and the small communities are outside these protection areas as is known, since the Cerros de Escazú Protective Zone even has a duly approved management plan. So there is a zone of the Colón district that is a rest-of-district zone that has the characteristics of the agricultural zone. Providing that the rest of the district has characteristics of an agricultural zone does not mean that there is an absence of regulation such that a cascade regulatory application can be made as both institutions claim; this would be in the case of a total absence of a regulation so that Article 1 of the GAM decree can be used and not Article 2 of the Subdivision and Urbanization Regulations. It is completely understandable why one regulation (GAM decree) is applied in the total absence of a regulatory plan and the other (INVU Subdivision and Urbanization Regulations) when, having a regulatory plan, there are gaps to fill, because applying one zoning over another previously existing one will generate overlaps that may affect the environment as occurs in this specific case. The entire Colón district is zoned by the regulatory plan's zoning regulation; what is not zoned is what belongs to protective zones whose administration corresponds to MINAE as was resolved in the judgment of the Unconstitutionality Action at the time filed by the undersigned. The truth is that the Colón district DOES have a zoning regulation and DOES have a regulatory plan, so it is not acceptable to state that the GAM decree is applied, but furthermore, as I stated in the appeal, it is not that the GAM protection zone regulation is incorporated, but rather that the GAM zoning is superimposed, so a good part of the rest-of-district zone is now an urban growth zone of the GAM. It is clear that the regulation to apply in the specific case is the Subdivision and Urbanization Regulations, which define the uses, segregations, and other matters to be applied in the agricultural zone. It is therefore impossible to say that there is an absence of regulation. The issue of the small communities was defined and delimited by INVU and the Municipality of Mora technically and jointly with fieldwork and in many working meetings of both institutions, based on the existing reality and part of what was described in the 1993 regulatory plan, whose publication was certainly never verified but which was applied for about 9 years, allowing the consolidation of those small communities. That is why Article 13 was published by the Municipality of Mora as this Chamber proposed in the ‘Therefore’ section of the resolution of the unconstitutionality action, and these small communities, once defined and delimited by both institutions, were approved by the Municipal Council for their publication through agreement ACM-153-01-2023, in response to which the Municipal Mayor did not present any veto with any of the arguments he now expresses to evade responsibility for what is happening with the land use certificates (certificados de uso de suelo) in the zone they have declared as urban growth according to the GAM decree. If one pays attention to these small communities, a vegetative growth of them is rather promoted, and the development of multi-family projects is restricted to those promoted by development associations, which is in line with what the urban development of the canton should be today according to what the current regulatory plan expresses at this moment, since the greatest residential and commercial activity occurs in the urban quadrant that contains more than 60 manzanas, while the application of the GAM decree raises the possibility of developing condominiums and subdivisions (urbanizaciones) in part of the rest-of-district zone that has agricultural characteristics and that is now an urban growth zone, representing an urban expansion of several hectares without any environmental technical support. In reality, the argument that since Article 11 of the 1993 regulatory plan's zoning regulation was not published, the GAM decree must be applied is surprising. As stated in the appeal, given the confusion because Article 11 appears in the dimensioning and not in the ‘Therefore’ section of Constitutional Chamber ruling No. 2010-021258, it was not published, but if applicable, INVU should recommend its publication and the Municipality of Mora should do it because it would be less serious than applying the urban growth zone of the GAM under that argument. We are talking about a huge difference that implies the urbanization of many hectares of agricultural zone, which in the case of Colón have recovered and today are forests. By virtue of the precautionary principle, it was the most reasonable thing if they do not want to follow the principle of legality to which they are obligated and apply the correct regulation. Regarding INVU's response: In the case of this institution's participation, I take the liberty of transcribing some paragraphs from its response and referring to them: ‘1.15. It should be noted that both in the 1993 RP version (art. 13), and in the 2001 version (art. 11), the Rest-of-District Zone is mentioned, which, although it corresponds to an area governed by the provisions of the Agricultural Zone, is not reflected on the Zoning map. Additionally, it must be clarified that Article 11 cited as part of the 2001 RP was never published in La Gaceta No. 173 of September 10, 2001, therefore, its content did not enter into force.’ Rest-of-district is the remaining zone besides areas with other types of uses such as residential, commercial, or industrial, so it makes no sense to say it is not a zone because it is not reflected on the zoning map, since being a regulatory plan for the Colón district, which is the only one within the GAM, the district limit is the same as that rest-of-district zone. It seems to me that a play on words is made to justify the application of an incorrect regulation. The Colón district has a regulatory plan, therefore it is not possible to apply Article 1 of the GAM decree, and the INVU Subdivision and Urbanization Regulations are applicable according to Article 2, and as stated, the reasons, in addition to legality, have a sense of reasonableness so as not to overlap zonings. ‘2.5. In this line, from what was resolved in the Chamber's Ruling, it is clear that the local government of Mora had to, in addition to repealing articles 4.3 and 10 of the Zoning Regulations of the 2001 Mora Regulatory Plan, proceed with the publication of Articles 11 and 13 of the 1993 Regulatory Plan. This is because since ‘Article 13. Rest-of-District Zone’ refers to the requirements of the Agricultural Zone (Art. 11), and the article that set restrictions for such zone being repealed (Art. 10 PR 2001); it was necessary to recover the Agricultural Zone regulation from the 1993 Regulatory Plan, and thus obtain effective applicability.’ It was the Constitutional Chamber that annulled Articles 4.3 and 10 of the Zoning Regulation of the 2001 Regulatory Plan, so it was not necessary for the municipality to do so, but the appeal explained well that it was the confusion that Article 11 was mentioned in the dimensioning and not in the ‘Therefore’ section of the judgment that caused Article 11 not to be published, but now, by publishing Article 13 which establishes that the rest-of-district zone will be for agricultural use, the regulation was integrated with the INVU Subdivision and Urbanization Regulations and was applied perfectly, since this regulation establishes the parameters of the agricultural zone according to INVU's provisions. Now, in the response to this appeal, INVU's urbanism directorate states that the municipality should have published Article 11 of the Zoning Regulation of the 1993 Regulatory Plan, but in all its recommendations, as can be seen in each one, instead of this, it has indicated the application of the GAM decree, thereby causing the overlap of zones with the consequent damages to the environment of the Colón district by converting a rest-of-district zone with characteristics of an agricultural zone into an urban growth zone of the GAM. The publication of Article 11 of the Zoning Regulation of the 1993 Regulatory Plan can be a solution that is not clear from the Constitutional Chamber's judgment and is absolutely better than what was proposed by INVU's urbanism directorate. ‘2.7. Consequently, according to the cascade planning principle and the integration of the regional planning level, this Department indicated that compliance had to be given to the content of the Greater Metropolitan Area Urban Development Regional Plan, Executive Decree No. 25902, which determines a Special Protection Zone (Zona Especial de Protección, ZEP), also with an agricultural purpose, which comprises, in addition to the rest-of-district area of Colón, the district of Jaris. ‘Article 3°- The Special Protection Zone shall have a predominantly agricultural use and shall be subject to the following regulations: 3.1 Within this zone, only subdivisions (urbanizaciones) and easements (servidumbres) of an urban type shall be permitted in the expansion areas of the quadrants of the district capitals. The expansion area shall be the space comprised up to a radius of two hundred meters, measured from the end of the urban quadrant, in accordance with the demarcation made from the effective date of this Decree. The properties must be adequately tied to the existing urban road system. An urban quadrant is defined as the system of cities in a grid form where the majority of goods and services, the road structure, and their immediate area of influence are located. Also understanding urban areas in accordance with Urban Planning Law number 4240. 3.2 INVU and the Municipalities may reject a permit to urbanize when they consider that the proposed urbanization does not produce an organic urban expansion, or that it is premature for intending to give greater growth than that demanded by the needs of the local population. To this end, INVU may deny permits to urbanize or subdivide based on the provisions established in the legal norms corresponding to the Urban Planning Law. 3.3 Subdivision (fraccionamiento) shall only be permitted facing existing public roads prior to the enactment of the GAM, (Gazette number 119 of June 22, 1982), and when these have basic services and the regulatory right-of-way is provided. Subdivision (fraccionamiento) shall not be permitted on public roads that do not have services, even if they have been enabled after the enactment of the GAM. Roads within the expansion area of the towns as defined in subsection one of this Article are exempt. Notwithstanding the foregoing, for strictly agricultural purposes, segregations facing easements or private roads may be permitted, in resulting lots of no less than seven thousand (7,000) square meters. 3.4 It shall be the responsibility of the Urbanism Directorate to determine if the existing road in front of the subdivision (fraccionamiento) intended to be initiated, existed at the time of approval of the GAM Regulations (published in Gazette number 119 of June 22, 1982), to define whether or not the respective authorization proceeds. 3.5 Within the consolidated urban quadrants of the district capitals and their area of influence (two hundred meters), subdivisions (fraccionamientos) facing easements may be accepted, provided that the conditions warrant it, in accordance with the Regulations for the National Control of Subdivisions and Urbanizations. 3.6 The Municipality shall deny construction permits on those lots whose segregation has not been authorized or whose use is not in accordance with these regulations. 3.7. The properties through whose lands the urban containment boundary was defined or that are close to it by no more than one hundred meters (100 meters), may exceed urban use within the protection area by a percentage no greater than 50% of the total area of the property, or up to two hundred meters (200 meters) from the limit, whichever is less.’ It is concerning that even though Article 44 of the Constitutional Jurisdiction Law establishes the obligation of truthfulness in the response, INVU's urbanism directorate omits highly relevant information. The first thing is that it contradicts itself when it first says that the Municipality of Mora had to publish Article 11 of the Zoning Regulation of the 1993 Regulatory Plan, which has certain effects, and now it states that due to the cascade planning principle and the integration of the regional planning level, that department indicated that compliance had to be given to the content of the Greater Metropolitan Area Urban Development Regional Plan, Executive Decree No. 25902, which determines a Special Protection Zone (Zona Especial de Protección, ZEP), also with an agricultural purpose. Cascade planning is when there is no planning at all; I insist that Article 1 of the same decree applies, which states that this regulatory body will be applicable in the absence of a regulatory plan, this not being the case, but rather that when there is a regulatory plan, the INVU Subdivision and Urbanization Regulations apply because they apply to the entire country regardless of whether or not it is within the GAM, but in the event there is a regulatory plan, to complement it. It is simple reading and a principle of legality. But what the urbanism directorate omits to state, even though they themselves prove it with the map provided, is that with the GAM decree, the Colón district is not only affected by the Special Protection Zone, but an important part remains as an urban growth zone of the GAM. The two land use certificates (certificados de uso de suelo) provided in the appeal are full proof of what I state, and it is furthermore terrible not only that in the case of the certificates described to prove the point of the interpretation and application of the GAM decree that the municipality is carrying out with INVU's advice, agricultural use is denied because the properties are part of the urban growth zone of the GAM, but those that have been granted conforming for residential and multi-family use in the rest-of-district zone, which is for agricultural use, with the consequent impact on the environment of the Colón district. ‘2.9. For the purpose of showing what was stated in numeral 2.7 of this note, INVU prepared the following graphic with the resources and information provided at the time by the local government, where the following elements are shown: • Canton of Mora • District division of the canton of Mora • Limit of the GAM containment ring • Limit of the GAM Special Protection Zone • Scope of application of the current Regulatory Plan • Agricultural Zone (repealed without subsequent publication) • Rest-of-District Zone (without provisions to apply according to the RP) • Towns of Brasil, La Trinidad, San Bosco, Jaris, San Rafael, Rodeo.’ […] As can be seen, in this response they omit referring to the Urban Growth Zone of the GAM, but since I included the map prepared by INVU's own urbanism directorate in the appeal, they cannot change it for this response, so I request you, Honorable Justices, to observe well the map provided by the undersigned and by INVU so that in pink you can see the Urban Growth Zone, appreciate in the box in the lower left corner its dimension in relation to the urban zone, and see that what I say is true, that in the symbology box they include, this zone is described, below the title Urban Control Area - Greater Metropolitan Area ‘Urban Growth Zone.’ It is truly concerning that given the imminent impact on the environment of the Colón district, information is omitted to confuse the Constitutional Chamber and not reach the core point of the appeal. That rest-of-district zone with characteristics of an agricultural zone, I am not able to measure it currently, but it involves several hectares that now, through INVU's advice and the Municipality of Mora's decision, without Environmental Fragility Indices (Índices de Fragilidad Ambiental), have been converted overnight into an Urban Growth Zone, against the environment of the Colón district and what is provided in the conclusion of ruling No. 2010-021258, which textually states ‘...the Municipalities cannot modify land use through Zoning Regulations, nor change or affect municipal planning without having the technical and scientific studies that would modify the Agricultural Zone for another one that implies greater environmental impact...’. ‘2.11. In that sense, that exception (residential use) would only apply for the area of Brasil, if Article 11. Agricultural Zone of the 1993 Regulatory Plan is published, a scenario in which the urban restrictions established therein must be fully required in the Rest-of-District Zone (minimum area 1 hectare; minimum frontage 20 m; coverage 10%), not those of the Residential Zone. It is reiterated, this in the event that the local government makes official and publicizes the mentioned Article 11, an action for which there is no evidence to date.’ It is not true, as is well demonstrated in the previous point, the Urban Growth Zone which is located precisely in the Rest-of-District Zone, which is for agricultural use with or without Article 11 of the 1993 Zoning Regulation, is inexplicably omitted. Under no circumstances can an Urban Growth Zone of the GAM be applied over the Rest of the Colón District in accordance with Article 13 of the Zoning Regulation of the 1993 Regulatory Plan, which is published and in force, which says it is the rest-of-district zone and which also establishes some parameters for the existing small communities, whose delimitation does not establish any increase in area that does not respond to those communities that over time have been occupied with residential use, which have services such as schools, temples, parks, community halls, and other infrastructure that gives them that condition of communities. In the technical delimitation of these communities carried out by INVU and the Municipality of Mora, in both cases in previous administrations, at no time is space left for residential urban growth, but rather the vegetative growth typical of a community, but the same regulation also establishes requirements for some type of development and the application of the INVU Subdivision and Urbanization Regulations. That is, Article 13 of the Zoning Regulation of the 1993 Regulatory Plan has content; it establishes that the rest of the Colón district shall have the characteristics of the agricultural zone, but that the small communities already delimited are guided by that same article and the INVU Subdivision and Urbanization Regulations.\n\nThen, how can the absence of a norm be alleged in order to apply the GAM decree, if it is not to create an Urban Growth Zone (Zona de Crecimiento Urbano) and permit the construction of residential developments and condominiums on relatively flat lands of the Colón district, with the negative environmental effects this brings? In this way, the requirement for Environmental Fragility Indices (Índices de Fragilidad Ambiental) has been evaded in order to almost double the urban zone of the Colón district. \"3.4. The current Urban Planning Department recognizes that these inputs have characteristics associated with urban quadrants (developed area, development without limitations), and not with the 'small communities' referred to in Article 13 of the Regulatory Plan (PR), nor with the substance of the matter developed by the Chamber. That is to say, the delimitation carried out for 'small communities' within the Colón district exceeds the regulations contained in the Regulatory Plan and the Regional Plan for the Special Protection Zone (Zona Especial de Protección) and the Special Forest Protection Zone (Zona Especial de Protección Forestal), where in no scenario does Executive Decree No. 25902 enable the possibility of delimiting new urban quadrants.\" The truth is that the Municipality of Mora, in both 1993 and 2001, carried out regulatory plans with the accompaniment of the INVU, as indicated by the Urban Planning Law (Ley de Planificación Urbana); this falls within the constitutional powers conferred upon local governments by Article 170 of the Political Constitution. The small communities that existed many years before any regulatory plan, and which are recognized in both planning instruments, do not have to be associated if they do not coincide with the definitions of the INVU instruments, such as urban quadrants, because they are the product of an existing reality that the regulatory plans took into account at the time. The undersigned cannot explain why the INVU insists on wanting to find a figure within its norms that coincides with the small communities. The previous administration of the urban planning department was clear on this matter and simply worked together with the municipality to delimit those communities so that no loophole (portillo) was opened, leaving the establishment of the boundaries of Brasil, Barrio La Trinidad, Altos del San Rafael, San Bosco, and El Rodeo to the discretion of a public official. The 'small communities' were delimited in accordance with Article 13, and the Municipal Council approved that delimitation, which does not overlap with any protected zone or indigenous territory, and it was to be published by the mayor to give it efficacy. He did not veto the agreement; instead, he has embraced what the INVU urban planning department tells him, as if it were his hierarchical superior on territorial planning matters. The worst of all is that, since the cited Article 13 was published, the rest of the district was recognized as agricultural and the small communities were respected, even delimiting them as restrictively as possible, but from one moment to the next the rules are changed, the small communities are ignored as if they did not exist, and what is worse, an Urban Growth Zone is created in the agricultural zone, with the damage this causes to the environment of the Colón district of the canton of Mora. \"3.5. The inputs prepared by the INVU and the Municipality in 2020 were not formalized (oficializados) by the local government, and they bear no relation to what is ordered by vote No. 2010-021258, nor the content of the current Regulatory Plan, which do not mention the delimitation of 'small communities,' but rather refer to the possibility, through the initiative of an Integrated Development Association (Asociación de Desarrollo Integral), of carrying out in these subdivisions (fraccionamientos) for urban purposes (facing a public street), residential developments (urbanizaciones), and residential complexes (conjuntos residenciales), despite being within the Special Protection Zone (Rest of District Zone in the PR, without regulations). As ordered by Article 13, for projects generated in this manner, the corresponding nationally scoped regulations promulgated by the INVU apply: the Subdivisions and Residential Developments Regulations (Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones) (no additional regulations are required).\" This is also not true; the competent body in urban planning matters is the Municipal Council, and agreement ACM-153-01-2023 was definitively approved and was not vetoed by the municipal mayor. What does the INVU urban planning department mean by formalization (oficialización)? What corresponds to the municipal mayor is to execute the agreement, publish what was resolved by the Municipal Council, and implement what is established in Article 13 of the Zoning Regulations of the 1993 Regulatory Plan. The delimitation of the existing small communities, technically prepared between the professionals of the INVU and the Municipality of Mora, precisely comes to bring legal certainty to the inhabitants of those communities and, for the rest, the peace of mind that an erroneous interpretation will not create an Urban Growth Zone that affects the environment of the Colón district of Mora.\n\nIn relation to the response of the Municipality of Mora: In the case of the participation of this institution, I allow myself to transcribe some paragraphs of its response and refer to them. In relation to the response of the Municipality of Mora: In the case of the participation of this institution, I allow myself to transcribe some paragraphs of its response and refer to them: \"In another sense, it is contradictory that the appellant, through the filing of the amparo action that concerns us, seeks to prevent the change of use due to the lack of technical and/or scientific studies and seeks to base the delimitation of the towns of Brasil, Rodeo, Jaris, San Bosco, Los Altos de San Rafael, and Barrio La Trinidad, arbitrarily through an agreement of the Municipal Council of Mora, without the technical and scientific studies that he alleged in the unconstitutionality action, when these towns are only indicated as exceptions in Article 10 Agricultural Zone, regulatory plan of 2001, which was clearly repealed by the Chamber through vote No. 21258-2010 of 2 p.m. on December 22, 2010, case file No. 09-009306-0007-CO...\" Well, it is entirely reasonable that the undersigned files an amparo action to prevent a change of use that is carried out without the technical and/or scientific studies, such as the Environmental Fragility Indices (Índices de Fragilidad Ambiental) that both the norm and the jurisprudence of the Constitutional Chamber have established as necessary, especially if it involves changing from an agricultural zone to an Urban Growth Zone of the GAM. It is erroneous to interpret that the so-called Article 13 Rest of District Zone alludes to 'another' through Article 11 Agricultural Zone, as the appellant here wishes to make it seem, given that a normative gap (vacío normativo) was generated regarding Article 13 Rest of District Zone by failing to publish Article 11 Agricultural Zone, which, although mentioned in Article 13, lacks the current parameters regarding applicable normative requirements because said Article 11 was not published to provide integrality to the statement of Article 13 '(...) The developments that occur within the rest of the district will be for agricultural purposes, therefore they are governed by the same requirements of the Agricultural Zone. (...)' (Article 11 of the 1993 Regulatory Plan).\" The bold text is not from the original. It is not true; the Municipality of Mora has Articles 29 through 36 of the INVU Subdivisions and Residential Developments Regulations (Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones) to be able to integrate the agricultural zone without any problem. This is established by Article 2 of this same regulation. This regulation is truly the suppletory norm (norma supletoria); the GAM decree is a regulation, among other things, of zoning, and by having applied it as a suppletory norm, what was done was to overlap the rest of district zone with agricultural characteristics with the Urban Growth Zone of the GAM, which is environmentally harmful to the environment of the Colón district of Mora, goes against the principle of legality, and contradicts what was resolved by the Constitutional Chamber. \"As can be seen in the graphic, under the principle of cascade of normative application, in the absence of a local norm, be it a Regulatory Plan, what must be applied is the Regional regulation before the national regulation in relation to the National Regulations for Subdivisions and Residential Developments, as the appellant here erroneously interprets. Therefore, in the absence of parameters, such as that referred to by Article 13, and the normative gap due to not having requirements in relation to the Agricultural Zone of Article 11, it is not viable to resolve this normative deficiency with national regulation, bypassing the regional regulation established through the Urban Regional Plan of the Greater Metropolitan Area, decree No. 25902.\" This is not a matter of cascade territorial planning, because a regulatory plan already exists. According to Article 1, the GAM decree is applied within the defined territorial jurisdiction in the total absence of a regulatory plan. Let us remember that only the Colón district is within the GAM, and having a regulatory plan, this decree is not applicable to them; rather, the gaps must be filled with the INVU Subdivisions and Residential Developments Regulations according to its Article 2.\n\nI. Regarding the normative overlap (traslape normativo). In the same way, it is indicated that Article 13 Rest of District Zone does not, in itself, possess requirements or urban parameters that allow for its technical, legal, and normative applicability. It is indicated as a residual zone to complete the basic political boundary, given that it not only does not define these parameters but also does not define the so-called small communities that the appellant here seeks to have defined by an agreement of the Municipal Council of Mora. It is unacceptable to seek the application of an article that, although published, lacks normative parameters, there being a legal gap that must be addressed through suppletory norms, and there also being no normative overlap given that the local norm lacks practical applicability.\" The Municipality of Mora is mistaken on this point, as the appeal does not speak of a normative overlap (traslape normativo); this is not about whether two norms clash with each other. This is about a superposition of the GAM decree's zoning onto the Mora Regulatory Plan's zoning, resulting in an Urban Growth Zone of the GAM within the Rest of District Zone, which has agricultural characteristics, causing serious damage to the environment of the Colón district. \"From this map, one can see the application within the territory of Mora of the partial Regulatory Plan in the Colón district, in blue; the application of the Urban Regional Development Plan of the Greater Metropolitan Area, in red: Urban Control Zone (Zona de Control Urbanístico); and finally, in brown, the Special Protection Zone (Zona Especial de Protección).\" The Urban Control Zone referred to by the Municipality of Mora is precisely the Urban Growth Zone of the GAM. This same institution accepts and allows for a better view, thanks to a clearer map made by them, of the zoning change from agricultural to urban growth. The comparison of the area zoned as residential, commercial, industrial, in terms of its area with the rest of the canton, makes no sense; let us remember that only Colón is within the GAM. […] As can be seen, the dark pink zone is now the Urban Growth Zone of the GAM, which, as can be appreciated, represents a significant part of the district's area, if not equal to, almost the same area that has residential, commercial, and industrial zoning. What is striking about this map is that it does not include the protective zones of Cerros de Escazú and El Rodeo, nor the Indigenous Territory of Quitirrisí.\n\nIt is striking that, in response to the undersigned's note of February 23 of this year, in which I make a series of requests that I quote: \"1. Given that the Municipality of Mora is applying the GAM decree of 1982, and that in this decree there is a zone called urban growth, and that in the partial regulatory plan of the canton there is a zone called rest of district zone, and it states that the conditions of the agricultural zone will be applied to it, I request to be informed if there is an overlap between the rest of district zone of Article 13 of the regulatory plan and the urban growth zone of the GAM decree. If so, I request to be informed if land-use certificates (certificados de uso de suelo) have been granted in this overlapped zone for residential projects such as residential developments (urbanizaciones) or condominiums. 2. If the answer to the previous question is affirmative, I request that I be sent the name of the project, owner, property number, and number of housing units per project. In addition, I request the delivery of a map in which the overlap of the indicated zones can be distinguished. 3. I request, if the indicated overlap exists, information on whether the Municipality of Mora has Environmental Fragility Indices approved by SETENA prior to the moment when the application of the urban growth zone parameters of the GAM decree began in the rest of district zone of the regulatory plan. 4. Finally, I request to be told the number of cases in which the urban control department has changed its criteria on land-use certificates, and in how many of these cases the process of declaring the nullity of the previous land-use certificates has been carried out, in accordance with the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública).\" The Municipality of Mora appears in the response to this appeal with a series of incomprehensible excuses to justify why they have not responded in a timely manner, the sole intention of which is to hide public information that is highly compromising for the officials of said institution, which it is even intended could be evidence to contribute to this appeal. Therefore, only two land-use records could be provided in which the agricultural use is denied because the properties are in the Urban Growth Zone, but it is extremely regrettable that the Municipal Council plays along with the municipal mayor's office by resolving an extension to deliver information that is within reach of the officials of the urban control sub-process and that should not be of great complexity to provide. Thus, through agreement No. ACM-204-03-2024, taken in ordinary session No. 204 of March 25, 2024, it is resolved: \"1. IT IS UNANIMOUSLY AND DEFINITIVELY AGREED: To authorize the extension of the execution period of Agreement # ACM-200-05-2024 until April 30, 2024, as requested by the Municipal Administration, according to the justification provided. 2. Notify the present agreement with acknowledgment of receipt and date to the Deputy Municipal Mayor, Ariuna Cabal Lombodorzh, for her corresponding duties. DEFINITIVELY APPROVED AGREEMENT (...)\" (The highlighting corresponds to the original). Without any embarrassment, the municipal mayor's office tells this Chamber that \"Thus, see how the Municipal Council of Mora has approved an extension until next April 30 so that this Administration can attend to the request presented by the appellant here, Mr. Monge Pizarro.\" What has occurred from the beginning is that this issue has been handled poorly technically, but these types of decisions leave doubt as to the intentions that, once this new municipal administration entered, such dangerous loopholes (portillos) were opened to violate an area defined as agricultural for the construction of residential projects that will cause an impact on the environment in a district that has recovered its forest cover (cobertura forestal) due to urban planning decisions, such as the unconstitutionality action against the 2001 regulatory plan, in order not to continue deteriorating the protective zones as had been happening since the date when the residential zone was expanded in the Cerros de Escazú Protective Zone. There are in the appeal two land-use certificates that declare an area of the Colón district as an Urban Growth Zone of the GAM. It is reasonable to think that over these years there must be many more that have been granted to allow residential projects, so it is urgent to know the information and for the Municipality of Mora to carry out the corresponding legal processes to annul these certificates and for due responsibilities to be assumed for openly illegal acts, unfortunately protected by two institutions whose functions are rather those of procuring urban development in harmony with the environment, as dictated by Article 50 of the Political Constitution and Articles 28, 29, 30, and 31 of the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente).\n\nIn conclusion, from the responses of these two institutions, no explanation can be extracted regarding the point alluded to in the present appeal: the reason for using the GAM zoning to superimpose the Urban Growth Zone onto the rest of district zone, which is for agricultural use. Neither of the two institutions addresses this aspect; they do not, for example, discredit the two land-use certificates presented, which corroborate my allegations. The only way to resolve this situation favorably for the environment of the Colón district is what legally proceeds: to apply Article 13 of the Zoning Regulations of the Regulatory Plan, which is published and in force; for the municipal mayor to publish agreement ACM-153-01-2023, which is final and has not been vetoed, so that the small communities are delimited and so that, in these, as in the rest of the district, which has the characteristics of the Agricultural Zone, the norm is supplemented with the INVU Subdivisions and Residential Developments Regulations, in such a way that the environment of the Colón district of Mora is protected. Moreover, that the information on the land-use certificates granted as an Urban Growth Zone of the GAM, in an area whose characteristics are agricultural, be made public and that they must be annulled through the corresponding legal processes before constructions such as condominiums and residential developments (urbanizaciones) are carried out without the regulatory plan having been reformed with the respective consultations with the population and with the respective approved environmental fragility indices (índices de fragilidad ambiental). The respondent parties have tried to make this seem like a purely regulatory interpretation issue and, unfortunately, overlooked the substance of the matter, which is the implications of the decision to superimpose the GAM zoning onto the Regulatory Plan of the Colón district to the point of transforming a significant number of hectares of the rest of district zone, which has agricultural use, into an Urban Growth Zone. In fact, they avoid referring to this aspect and, unfortunately, do not explain to the Constitutional Chamber how many land-use certificates they have granted in this area in this sense, in order to have an idea of the magnitude of the environmental damage caused. They now say they will deliver it by April 30, but it is curious that they do not come forward to deny the point, to deny that they have granted land uses in an Urban Growth Zone; rather, they seek to delay the response to evade the outcome of this appeal, because the information is important to provide as evidence for a better resolution. But there are two land-use certificates contributed to the appeal that were not refuted, so they must be taken as true, in which they clearly tell two owners that their properties, which were for agricultural use, are now in an Urban Growth Zone and deny them the requested use. For this reason, I request a site inspection (vista) if this honorable Constitutional Chamber deems it convenient, to thus demonstrate that this is not a regulatory matter but one of evident impact on the environment of the Colón district and a disobedience to what was set forth by the Constitutional Chamber in vote No. 2010-021258, which states that \"...the Municipalities cannot modify land use through Zoning Regulations, nor change or affect municipal planning without having the technical and scientific studies that would change the Agricultural Zone for another that implies greater environmental impact...\". For all the foregoing, I reiterate the request that the amparo action filed be declared with merit (con lugar).\"\n\n7.- By resolution at 10:20 a.m. on July 1, 2024, the investigating magistrate expanded the present amparo action, requesting a report from the Presidency of the Municipal Council of Mora regarding the facts alleged by the appellant.\n\n8.- Through a document incorporated into the digital case file at 08:22 a.m. on July 11, 2024, María Picado Ovares, in her capacity as president of the Municipal Council, reports under oath the following:\n\n\"In accordance with the hearing granted through a resolution at ten o'clock on July first, two thousand twenty-four, I proceed to render, in a timely manner and UNDER OATH, the following report: The present amparo action, which is now directed against the Municipal Council of Mora, was actually filed against the Local Government represented by the Municipal Mayor, given that the issue of the regulatory plan of our Canton has been kept in suspense for a long time. Throughout an extensive exchange of criteria regarding the scope of the judgment of this Constitutional Chamber that repealed the comprehensive reform of the 1993 regulatory plan, uncertainty has been maintained for a long time regarding what is to be applied in a healthy observance of the sizing of what was resolved by this Chamber at two p.m. on December twenty-second, two thousand ten, declaring unconstitutional only two articles of the Reform to the Regulatory Plan enacted in 2001 – namely 4.3 and 10 -. In that same judgment, the Chamber also referred to the applicability of Article 13 (Rest of District Zone) of the initial 1993 regulation, stating, in a first instance, that this norm was coincident with Article 11 of the 2001 Regulation, which also establishes exactly the same for the 'Rest of District Zone'; in a second mention of this Article 13, it noted that the application of this 1993 norm requires the publication of Article 11 of that same initial regulation (1993) as it complements it (although it did not determine this in the operative part). Following this, the Chamber states that Article 13 (1993 regulation) would have to be published to acquire efficacy, stating: 'Finally, it is clear that upon declaring the unconstitutionality of the challenged norms, the respective provisions of the 1993 Zoning Regulation, regarding the provisions of the Rest of District (ZRD) (Article 13), do not enter into force automatically, but rather until they are published, given that only the summary exists in La Gaceta, as indicated supra in this judgment. Faced with this normative absence, the urban planning of the Canton of Mora must be integrated with the respective regulations dictated by the National Institute of Housing and Urbanism (INVU).' The uncertainty is generated because, on one hand, the constitutional judgment ordered the annulment of Article 10 (Agricultural Zone) and suggested the publication of Article 13 of the 1993 Regulation, but somehow the text of Article 11 of the 2001 regulation remained in force since that date and provides practically the same as Article 13 of 1993; on the other hand, the text of Article 10 ANNULLED by the Chamber is a copy of Article 11 of the 1993 Regulation that the same Chamber suggested publishing as a complement to Article 13 of 1993; the only difference is that the 1993 one included only the community of Brasil. Moreover, in the months of February, May, and June 2008 – before the filing of the Unconstitutionality Action – the Municipal Council carried out several proceedings aimed at defining the scope of Article 10 of the 2001 regulation, ordering the reform of said article by adding one more point regarding requirements, declaring the viability of said reform through Official Letter C-J.D.-050-2008 of May 14, 2008, from the Board of Directors of the INVU. However, notwithstanding the foregoing, it is also worth noting that the reform proposed in 2008 has a very important component that had not been included in the previous regulation (2001), as the request for soil studies for new buildings was included in order to previously exclude the possibility of soil erosion, landslides, and contamination of rivers and streams. See that, numeral 4.1 Residential Zone of the 2001 regulation (in force since that year), establishes different parameters from those defined in that addition to Article 10, but somehow, this addition is not only intended to permit residential use in an area cataloged as agricultural in Brasil and including again the communities of Rodeo, Jaris, San Bosco, Los Altos de San Rafael, and Barrio La Trinidad, but also, despite the fact that some of these areas (not all) may form part of the Protective Zone in which that agricultural land use should prevail, conditions are established that stand on their own for these cases specifically, varying slightly the requirements of the residential zone for other lands in terms of maximum coverage and height. Actually, this Municipal Council agrees with the appellant in the sense that the suppletory application of the INVU regulations only proceeds in the absence of own regulations, and from that perspective, the Municipality of Mora – rightly or wrongly – has current regulations that define what is applicable in the 'Rest of District Zone' (not only due to the publication of Article 13 of 1993 but because Article 11 of 2001 was already in force since before, whose text is identical) as well as in the 'Agricultural Zone' (reform and addition to Article 10 published in 2008). Now then, after having analyzed the matter in depth and approved Legal Opinion 014 2023 (attached), which was approved through agreement ACM-181-03-2023 of October 19, 2024, for its transfer to the Municipal Administration and the INVU, this Municipal Council has been waiting for a new proposal from the Municipal Administration, which, despite the request for publication of Article 13 already ordered, remains amidst criteria from the INVU regarding the obligation to apply the regulations of that Institute as a suppletory norm. Naturally, in accordance with the criteria issued by the INVU regarding the obligation to apply its regulations as a suppletory norm, the Municipal Mayor's Office remains in an impasse waiting to advance with a new regulatory plan that will rectify all the inconsistencies that are still faced today. In reality, regarding the substantive pronouncement on the sizing of what was ordered by this Constitutional Chamber, as well as the suppletory application of INVU regulations, this Municipal Council had already generated an input for the technical analysis of the Municipal Administration, currently having no pending aspect to resolve within the competence of this Body, and even months before, had taken agreement # ACM-153-01-2023 of April 11, 2023, ordering the publication of Article 13 of the 1993 regulation, although as already explained in this act. For his part, the reference made by the Municipal Mayor regarding the appellant's request for information is not only unclear but also leads to confusion, because the appellant requested certified information and, although it is true that it corresponds to the Secretariat of the Municipal Council to issue such certification, it is necessary to have the input from the Administration, which is responsible for sending the original documentation that must be certified. That request for collaboration referred to by the Mayor, and by virtue of which this Chamber requests the Municipal Council's report, is directly related to administrative documentation that only the Mayor's Office can provide to the Secretariat for its certification, but it must be clear that there is no pending matter that this Municipal Council has in relation to the appellant's information requests.\"\n\n9.- Through a document incorporated into the digital case file at 05:11 a.m. on July 29, 2024, Graciela Eugenia Cruz Quesada, in her capacity as president with powers of absolute general representative without sum limit of Inmobiliaria Pacacua Sociedad Anónima, presents a coadjuvancy (coadyuvancia) in this constitutional process and states the following:\n\n\"First: My represented party is the owner of the property registered in the province of San José, real property folio number 55300-000, nature PASTURE AND COFFEE PLANTATION LAND (TERRENO DE POTRERO Y CAFETALES), cadastral plan number SJ-0278825-1977, whose land use has always been AGRICULTURAL. Second: On July 24, 2011, I requested from the Municipality of Mora, before the Commission for the Review of Endorsement Requests, authorization for an AGRICULTURAL EASEMENT (SERVIDUMBRE AGRÍCOLA), and the Commission approved and warned that: 'if more subdivisions (segregaciones) were to occur through agricultural easements, the areas of the resulting parcels must be five thousand square meters or more and they are intended for purely agricultural use,' with cadastral plan SJ-1193747-2007. Third: Through a certification of encumbrances with presentation entries number 575-17847-01-0002-001, duly issued by the National Registry, Service Platform, on July 19, 2024, it was stated: 'CERTIFIES: WITH VIEW OF THE DIGITIZED SYSTEM OF THE REAL PROPERTY REGISTRY, THE EASEMENT ENCUMBRANCES OF RIGHT OF WAY THAT WEIGH ON THE PROPERTY OF THE PROVINCE OF SAN JOSE, NUMBER: 55300, RIGHT 000: FIRST: ENTRIES: 0575-00017847-01-0002-001, TERM BEGINS: MARCH 4, 2008. PARTIAL CANCELLATIONS: NONE. LENGTH: 61.50 METERS. WIDTH: 7 METERS. DIRECTION: NORTH TO SOUTH. REGISTRATION DATE: APRIL 8, 2008. OTHERS: AGRICULTURAL EASEMENT OF PASSAGE.'\n\nIN FAVOR OF THE PROPERTY: SAN JOSE-591529. AGAINST THE PROPERTY: SAN JOSE-55300. SECOND: C/SAS: 0575-00017847-01-0003-001, TERM BEGINS: MARCH 4, 2008. PARTIAL CANCELLATIONS: NONE. LENGTH: 113.27 METERS. WIDTH: 7.00 METERS. DIRECTION: NORTH TO SOUTH. REGISTRATION DATE: APRIL 8, 2008. OTHER: AGRICULTURAL RIGHT-OF-WAY EASEMENT (SERVIDUMBRE AGRÍCOLA DE PASO). IN FAVOR OF THE PROPERTY: SAN JOSE-55300, AGAINST THE PROPERTY: SAN JOSE-591529.\"See attached certification. It should be noted that, as established in Article 13 of the Zoning Regulation of the 1993 Regulatory Plan, and the Zoning Regulation of the 2001 Regulatory Plan, it was established that property 55300-000 was an agricultural zone. However, years later, the Municipality of Mora arbitrarily changed the designation from agricultural zone to residential zone, without prior notification to the owners, causing evident harm. This modification, in addition to changing it to a residential zone, would generate a charge of territorial taxes per square meter, and not per hectare as it is an agricultural zone. It is important to highlight that the property has access to a public road at a distance of 7 meters via the agricultural easement (servidumbre agrícola), which is neither paved nor ballasted, and much less does it have sewer service; the property borders the Río Virilla, called Caite de Lata, for 450 meters. To date, the Municipality has not taken the trouble to notify with due legal basis the change of designation, which causes me total defenselessness and damage to my property. Therefore, I request that the Amparo Appeal filed be granted and that all application of the Decreto GAM to the area of the canton of Mora, Colón district, be annulled, that the communities or properties delimited between the INVU and the Municipality of Mora be communicated and indicated, so that the nature of the properties that would be agricultural zone is respected and maintained, all in defense of the environment. Additionally, I request that the result of granting the Amparo Appeal filed cover and benefit the owners who have been affected by the arbitrary changes of the Municipality of Mora. I indicate as the primary means for receiving notification the email address ifournier@bufetealternativo.o.om, please label to the name of Graciela Cruz Quesada\"\n\n 10.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.\n\n Drafted by Magistrate Garro Vargas; and,\n\n Considering:\n\n I.- Object of the appeal. The appellant states that the Colón district has a regulatory plan and a zoning regulation approved in 2001. He argues that in 2010, the Constitutional Chamber, through vote no. 2010-021258, determined that only through the Legislative Branch can the land-use change (uso de suelo) previously decreed by the Executive Branch in Protected Wild Areas be varied. In this sense, municipalities cannot modify land use through Zoning Regulations or alter municipal planning without having technical and scientific studies that justify the modification of the Agricultural Zone for another that implies a greater environmental impact. He points out that said judgment annulled, as unconstitutional, Articles 4.3 and 10 of the Zoning Regulation of the Mora Regulatory Plan. He indicates that on December 5, 2011, Article 13 of the Zoning Regulation of the 1993 Regulatory Plan was published, which establishes the following:\n\n\"Article 13.- Rest of the District Zone (Z.R.D). Given that the scope of action of the Regulatory Plan is delimited by the urban area and the immediate area of influence for expansion. The rest of the district must first be included to have a basic political boundary. The developments that occur within the rest of the district shall be for agricultural purposes, for which reason they are governed by the same requirements of the Agricultural Zone. In the cases of small communities that seek some subdivision (fraccionamiento), urbanization, or residential complex development in their locality through a development association, the general rules of the Regulation for the National Control of Subdivisions and Urbanizations may be applied, and it enters into joint study by the Municipality and the Urbanism Directorate of the INVU to define if the project is permitted.\"\n\n He details that the aforementioned constitutional vote annulled the Agricultural Zone of the Zoning Regulation of the 2001 Regulatory Plan. However, Article 13 of the 1993 Zoning Regulation re-establishes said zone, since the rest of the district zone has the characteristics of an agricultural zone. Therefore, there would be no regulatory vacuum, but rather the regulation must be complemented in accordance with the applicable legality in the matter. He maintains that the supplementary regulation applicable to the case of the Colón district is the Subdivisions and Urbanizations Regulation, since the decree of the Gran Área Metropolitana (GAM) applies to cantons within this jurisdiction that do not have a regulatory plan, which is not the case for Colón, which has a complete regulatory framework. However, the appellant points out that the Urbanism Directorate of the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) and the Municipality of Mora have changed their criteria, delimiting the small communities that seek some subdivision (fraccionamiento), urbanization, or residential complex development. This has allowed communities such as Brasil, Barrio La Trinidad, Altos de San Rafael, San Bosco, and El Rodeo to be constituted with land uses for multifamily purposes and urban growth zones, without considering that this is the rest of the district zone of Colón, which has agricultural zone requirements, in accordance with Article 13 of the Zoning Regulation of the 1993 Regulatory Plan and the vote of the Constitutional Chamber. Consequently, he requests that the agricultural land use be restored in the mentioned zones, in compliance with the current regulations and the precedents established by the Constitutional Chamber, to ensure that any land-use change (uso del suelo) is duly supported by technical and scientific studies that guarantee sustainability and the least possible environmental impact. Furthermore, he requests that the Municipality of Mora be ordered to provide the information on the land-use certificates for multifamily residential purposes in the rest of the district zone.\n\nII.- Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been accredited or because the respondent party omitted to refer to them as provided in the initial order:\n\na) On February 5, 2020, the head of the Urbanism Department and the person in charge of the Technical and Operational Criteria Unit for Territorial Planning, both of the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, through official communication no. DU-UCTOT-036-2020, addressed to the executive president of the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, stated the following: \"I hope you are well, in response to the request of the Municipality of the Canton of Mora and Ruling Res. No. 201-021258 of the Constitutional Chamber of December 22, 2010, the urban growth areas of the localities of the Canton of Mora: Brasil, Rodeo, Jaris, San Bosco, Los Altos de San Rafael, and Barrio La Trinidad de Colón de Mora have been delimited, therefore the following is delivered for what corresponds: 1. Delimitation maps of the urban growth areas of the localities stated above. 2. Shapefile format layers (shp) of the growth zones. 3. Regulation for the delimitation of Urban Growth Areas\" (see the report of the respondent institution and the evidence provided to the digital file)\n\nb) On April 3, 2023, the Municipal Council of Mora, through agreement no. ACM-153-01-2023, taken in ordinary session no. 153, agreed to the following: \"1. IT IS AGREED UNANIMOUSLY AND FIRMLY: The motion presented by the Municipal Presidency, seconded by the other Councilmembers, is accepted and approved in all its extremes. 2. For the purposes of Article 13 of the Zoning Regulation of the Regulatory Plan of the Canton of Mora approved in 1993, which in its last paragraph says the following: 'In the cases of small communities that seek some subdivision (fraccionamiento), urbanization, or residential complex development in their locality through a Development Association, the general rules of the Regulation for the National Control of Subdivisions and Urbanizations may be applied, and it shall enter into joint study by the Municipality and the Urbanism Directorate of the I.N.V.U., to define if the project is permitted,' determine the communities of Brasil, Barrio La Trinidad, Altos de San Rafael, San Bosco, Jaris, and Rodeo as the communities described by Article 13 of the Zoning Regulation of the Regulatory Plan of the Canton of Mora approved in 1993. 3. For the purposes of their spatial definition, the maps produced by the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo and the Municipality of Mora for these purposes are approved. 4. In accordance with this agreement, publish the names of the communities included within Article 13 of the Zoning Regulation of the Regulatory Plan of the Canton of Mora approved in 1993 and the respective maps produced to define these communities by the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo and the Municipality of Mora. The Municipal Administration is granted a period of one calendar month to proceed with the publication ordered by this agreement. 5. Notify this agreement with acknowledgment of receipt and date to the Municipal Mayor, Alfonso Jiménez Cascante, for what is within his responsibility. 6. Send a copy of this agreement with acknowledgment of receipt and date to the Head of the Urban Development and Control Department, Arch. Erika Angulo Campos. AGREEMENT DEFINITIVELY APPROVED.\" (see the report of the respondent municipal authority and the evidence provided to the digital file).\n\nc) On May 4, 2023, the Administrative Technical Commission of the Municipality of Mora, through official communication no. CTA-03-2023, addressed to the municipal mayor, indicated the following: \"This serves to greet you, and at the same time to convey the recommendation from the Administrative Technical Commission, taken in minutes LG 02-2023 of April 12, 2023, LG 02-2023, in relation to council agreement # ACM-153-01-2023, taken in Ordinary Session number 153, held on April 3, 2023; in view of what was agreed, it is recommended to consider the following aspects to make effective the execution of the agreement taken unanimously by the councilmembers: AGREEMENT NO. 1: 1. IT IS AGREED UNANIMOUSLY AND FIRMLY: The motion presented by the Municipal Presidency, seconded by the other Councilmembers, is accepted and approved in all its extremes. 2. For the purposes of Article 13 of the Zoning Regulation of the Regulatory Plan of the Canton of Mora approved in 1993, which in its last paragraph says the following: 'In the cases of small communities that seek some subdivision (fraccionamiento), urbanization, or residential complex development in their locality through a Development Association, the general rules of the Regulation for the National Control of Subdivisions and Urbanizations may be applied, and it shall enter into joint study by the Municipality and the Urbanism Directorate of the I.N.V.U., to define if the project is permitted,' determine the communities of Brasil, Barrio La Trinidad, Altos de San Rafael, San Bosco, Jaris, and Rodeo as the communities described by Article 13 of the Zoning Regulation of the Regulatory Plan of the Canton of Mora approved in 1993. It must be considered that to put Article 13 into effect, the publication of Article 11 Agricultural Zone of the 1993 Regulatory Plan is essential, as clearly indicated by Vote 2012 EXP 09-009306-0007-CO, given that without it, Article 13 has a normative absence, making its application impossible and, therefore, supplementary regulation must be applied. VIII.- Sizing of the effects of the judgment. Drafted by Magistrate Calzada Miranda. Finally, it is clear that by declaring the unconstitutionality of the challenged rules, the respective provisions of the 1993 Zoning Regulation, regarding the Agricultural Zone (Article 11) and the provisions of the Rest of the District (ZRD) (Article 13), do not automatically enter into force, but only once they are published, given that only the summary in La Gaceta is on record, as indicated supra in this judgment. Given this normative absence, the urban planning of the Canton of Mora must be integrated with the respective regulations issued by the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. (…) Therefore: The action is GRANTED. Consequently, Articles 4.3 and 10 of the Zoning Regulation of the Mora Regulatory Plan, published in La Gaceta No. 173 of September 10, 2001, are annulled as unconstitutional. Regarding Article 13 of the 1993 Zoning Regulation, it is not unconstitutional if, after its publication in the Official Gazette La Gaceta, it is not applied to Protected Wild Areas. This judgment has declaratory and retroactive effects to the effective date of the annulled rule, without prejudice to good faith acquired rights. However, in accordance with the provisions of Article 91 of the Constitutional Jurisdiction Law, the effects are sized in the sense that the declared unconstitutionality does not affect fully completed constructions or owners who have the respective construction permits granted by the Municipality, except those that have not yet begun as of the date of publication of the notice. Until the respective regulation is enacted, only remodeling or maintenance work on previously constructed areas shall be permitted. Communicate this ruling to the Executive Branch. Summarize this ruling in the Official Gazette La Gaceta and publish it in full in the Judicial Bulletin. Notify. Magistrate Castillo Víquez dissents only regarding the sizing of this judgment.\" This is clear upon reading Article 13, where it is established that developments occurring in the Rest of the District shall be for agricultural purposes, therefore they are governed by the same requirements of the Agricultural Zone; however, since it is NOT published, its practical application is not possible, nor that of Article 11, and therefore of Article 13, so for purposes of executing the Council's agreement, Article 11 must be published. Art 13 Rest of the District Zone (PUBLISHED) Given that the scope of action of the Regulatory Plan is delimited by the urban area and the immediate area of influence for expansion. The rest of the district must first be included to have a basic political boundary. The developments that occur within the rest of the district shall be for agricultural purposes, for which reason they are governed by the same requirements of the Agricultural Zone. (Article 11 of the 1993 Regulatory Plan) In the cases of small communities that seek some subdivision (fraccionamiento), urbanization, or residential complex development in their locality through a development association, the general rules of the regulation for the national control of subdivision and urbanizations may be applied, and it enters into joint study by the municipality and the Urbanism Directorate of the I.N.V.U., to define if the project is permitted. (underlining is not from the original) 3. For the purposes of their spatial definition, the maps produced by the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo and the Municipality of Mora for these purposes are approved. Although the maps prepared jointly with the INVU are provided, and as is well known, the role of the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, according to Article 7, subsections 3 and 4 of the Planning Law, corresponds to the Urbanism and Housing Directorate of the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, Invu to advise Municipal governments in matters of urban planning. Articulo 7. 3) Advise and provide assistance to municipalities and other public entities dedicated to planning, in everything appropriate for the establishment or promotion of that discipline; and 4) Exercise surveillance and authority for the due compliance with the national interest rules included in this law and in the urban development regulations\" They were prepared in accordance with what is established by the general rules of the Regulation for the national control of subdivision and urbanizations indicated in Article 13, in adherence to current regulations and therefore to the Protocol for the Delimitation of Urban Quadrants and their Expansion Areas of the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. Art 13 Rest of the District Zone (PUBLISHED) Given that the scope of action of the Regulatory Plan is delimited by the urban area and the immediate area of influence for expansion. The rest of the district must first be included to have a basic political boundary. The developments that occur within the rest of the district shall be for agricultural purposes, for which reason they are governed by the same requirements of the Agricultural Zone. In the cases of small communities that seek some subdivision (fraccionamiento), urbanization, or residential complex development in their locality through a development association, the general rules of the regulation for the national control of subdivision and urbanizations may be applied, and it enters into joint study by the municipality and the Urbanism Directorate of the I.N.V.U., to define if the project is permitted. (underlining is not from the original) With which the work was referred to the municipality via note DU-UCTOT-036-2020, dated February 5, 2020, signed by Msc. Tomás Martínez Baldares, Executive President of the Invu. Given that the work consists of Delimitation Maps, shapefile format layers, and the Regulation for the delimitation of Urban Growth Areas, it is requested that these last two be incorporated to make effective the publication of the delimitation of the urban growth areas of the cited communities, given that without the publication of the Regulation that supports the work and the shapefiles, the administration would be unable to operationalize the maps without the accompanying technical support, which would again place the administration in the scenario of using the supplementary regulation to regulate the territory in the face of the normative absence. \"I hope you are well, in response to the request of the Municipality of the Canton of Mora and Ruling Res. No. 201 021258 of the Constitutional Chamber of December 22, 2010, the urban growth areas of the localities of the Canton of Mora: Brasil, Rodeo, Jaris, San Bosco, Los Altos de San Rafael, and Barrio La Trinidad de Colón de Mora have been delimited, therefore the following is delivered for what corresponds: 1. Delimitation maps of the urban growth areas of the localities stated above. 2. Shapefile format layers (shp) of the growth zones. 3. Regulation for the delimitation of Urban Growth Areas.\" 4. In accordance with this agreement, publish the names of the communities included within Article 13 of the Zoning Regulation of the Regulatory Plan of the Canton of Mora approved in 1993 and the respective maps produced to define these communities by the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo and the Municipality of Mora. The Municipal Administration is granted a period of one calendar month to proceed with the publication ordered by this agreement. 5. Notify this agreement with acknowledgment of receipt and date to the Municipal Mayor, Alfonso Jiménez Cascante, for what is within his responsibility. 6. Send a copy of this agreement with acknowledgment of receipt and date to the Head of the Urban Development and Control Department, Arch. Erika Angulo Campos. AGREEMENT DEFINITIVELY APPROVED. Therefore, it is recommended that the publication of Article 11, Agricultural Zone of the 1993 Regulatory Plan, be incorporated into the agreement in adherence to Vote 2012 EXP 09-009306-0007-CO, to operationalize Article 13 in mention, and regarding the delimitation of the urban growth areas of the population centers, incorporate the publication of the Shapefile format layers (shp) of the growth zones and the Regulation for the delimitation of Urban Growth Areas. Given this situation, we await the pertinent decisions by the council to carry out the required publication; it is not omitted to state that attached is official communication DDCU-09-2021, the Summary table of applicable urban planning regulations for the canton of Mora, which sets out the scenarios that arise from this publication, as well as their impact on the urban development of the Canton, presented in 2021 to the administration\" (see the report of the respondent municipal authority and the evidence provided to the digital file)\n\nd) On July 31, 2023, the head of the Urbanism Department of the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, through official communication no. DU-298-07-2023, determined and concluded that: \"3.1. Although Article 13 of the Regulatory Plan was published in compliance with the ruling of the Constitutional Chamber, to give it applicability it corresponded at the time to also publish Article 11 of the 1993 Regulatory Plan, where the urban planning regulations to be applied in the Agricultural Zone were set, which can be equated with the Rest of the District Zone. 3.2. Given that such action was not taken, the current applicable regulation in said Zone is what the Regional Urban Development Plan for the Gran Área Metropolitana, Executive Decree No. 25902, defines; this understanding that although the text of the Regulatory Plan refers to the rest of the district, it does not contain applicable regulations (the zone exists, but there are no provisions associated with it). 3.3. Considering that the inputs prepared by the INVU and the Municipality in 2020 were not formalized by the local government, and that they bear no relation to what vote No. 2010-021258 mandates nor the content of the current Regulatory Plan, this Department makes itself available to accompany the work of delimiting those 'small communities,' where through the initiative of an Integral Development Association, subdivisions for urban purposes (facing a public road), urbanizations, and residential complexes can be carried out, despite being within the Special Protection Zone. As mandated by Article 13, in these areas, the nationally scoped regulations promulgated by the INVU apply: the Subdivisions and Urbanizations Regulation (no additional regulation is required). 3.4. As this delimitation of small communities is an element that arises from Article 13 of the Regulatory Plan, the correct procedure according to the Urban Planning Law, Law No. 4240, is to follow the procedure established in Article 17, to add it to its content\" (see the report of the respondent municipal authority and the evidence provided to the digital file)\n\ne) On October 19, 2023, Evelyn Gómez Quirós, in her capacity as legal advisor of the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, through legal opinion no. 014-2023, concluded the following: \"➢ The publication of Article 13 of the 1993 regulation carried out in 2012 is meaningless, as the text of Article 11 of the 2001 regulation contains the same provisions on 'Rest of the District Zone' and the latter remained in force since its date of issuance, because the unconstitutionality ruling only affected Articles 4.3 and 10, leaving the rest unscathed. ➢ The similarity between both regulatory texts (13 of 1993 and 11 of 2001) is not surprising, because the regulation enacted in 2001 is in reality a comprehensive reform of the 1993 regulation, which in any case, according to the Chamber, never acquired efficacy, so it is even stranger to think that that Article 13, being ineffective, could 'survive the 2001 reform'; however, the effects of the constitutional judgment must be respected in that express sense. ➢ The text of Article 11 of the 1993 regulation is practically the same as that which was annulled under numeral 10 of 2001, but beyond this, in 2008 Article 10 was reformed, but a subsection of requirements was added which, in any case, are different from those of the original text. ➢ Recommending the publication of Article 11 of the 1993 regulation is contradictory not only because it denies the validity of the 2008 reform, but because reviving that Article 11 of 1993 without technical studies to support it, merely by publication, would return us to the same process lacking technical studies, since if in 2009 the same INVU disavowed the institutional approval given in 2001, with much more reason it will have to disavow the supporting documents of the 1993 regulatory plan that was not even efficacious. ➢ The unconstitutionality resolution criticized as excessive the municipal action of varying the land-use change (uso de suelo) of lands that are within the Protective Zone, determining throughout the reasoning that although at that time the INVU had endorsed such comprehensive reform of the 1993 regulatory plan, the decision remained lacking in substantiation, precisely because in its appearance before the Chamber, the same INVU emphasized not understanding the reasons that had led that Institute at that time to endorse such reforms. ➢ The Constitutional Chamber only cited that 2008 reform but in reality did not elaborate on it, and in declaring the unconstitutionality, it was emphatic in citing only Articles 4.3 and 10 of 2001, without making any reference to said reform which does not precisely correspond to the modification of the initial text but to the addition of other factors, so it is not simple to conclude that by declaring the unconstitutionality of Article 10 of 2001, it can necessarily be presumed 'by extension' that this reform published in La Gaceta, complying with the technical requirements, is also repealed. ➢ Even without sharing it, this legal advisory office can understand that the INVU in its appearance before the Chamber disavowed the technical support that in 2001 served as backing for the 2001 reform, since ultimately the principle of the continuing Administration governs in its clear dimension, it not being so simple to simply vary the criteria as an Institution and disavow the previous one; but in the 2008 reform, both in the initiative of the then Mayor and in the Council agreement, Official Communication C-J.D.-050-2008 of May 14, 2008, from the Board of Directors of the INVU is expressly cited, which leads to the conclusion that at that time there were specific technical studies that supported a new reform and publication process that cannot simply be disavowed today. ➢ In the opinion of this Advisory Office, it is not appropriate to apply analogy in such a dense matter, assuming that if the Constitutional Chamber expressly annulled Article 10 of the 2001 regulation, it can be assumed that, therefore, the addition to Article 10 published in 2008 was rendered without effect, making an extensive interpretation of the Chamber's provisions without the competence to do so and frontally violating 'the principle of singular non-derogability of regulatory norms.' ➢ If, in accordance with 'the principle of singular non-derogability of regulatory norms,' said 2008 reform maintains its validity, we are obliged to reconsider the application of supplementary regulations because it is clear that the INVU holds residual competence for the purpose of issuing urban planning regulations - regulations and regulatory plans - in the absence of urban planning regulations enacted by the respective municipalities, and in the specific case, it is precisely the District of Colón that has its own and current regulation. ➢ Such residual authority of the INVU is reinforced when reviewing both the Regional Urban Development Plan for the Gran Área Metropolitana and its annexes of May 21, 1982, and the reform enacted in 1997, which provided as follows: 'Decree: Article 1—Modify the third part of the Regional Urban Development Plan, or Legal Instruments, published in \"La Gaceta\" number 119 of June twenty-second, nineteen eighty-two, and which was decreed by Executive Decree No. 13583-VAH-OFIPLAN, of May third, nineteen eighty-two, published in \"La Gaceta\" number 95 of May eighteenth, 1982, so that henceforth they read as follows: Article 1—An \"Urban Control Area\" is established over which the provisions of this Decree shall be applied, and which shall be composed of the districts of the provinces of San José, Alajuela, Heredia, and Cartago indicated below, provided that the Municipal Governments have not promulgated their own Urban Planning and Development Regulations in accordance with Article 169 of the Political Constitution and Article 15 of the Urban Planning Law. (…) Mora --------Colón' ➢ The supplementary application of regulatory norms in zoning and urban planning matters must be taken with great care, especially because it is risky to treat restrictive figures of private property indiscriminately, if there is no true legal support to back it. ➢ It is important to determine, in cases of supplementary application of regulatory norms, whether the gap in local regulations corresponds to a zoning or urban planning issue, since for each case there is a different regulation.\"\n\n➢ The effectiveness of a municipal regulation is closely tied to the procedure established in numeral 43 of the Municipal Code, which requires that each publication be carried out in its entirety; in case of doubt and in order to determine the status of a regulation, it is prudent to consult the advisory bodies that have the authority to issue an official pronouncement. ➢ Verifying the terms of validity and effectiveness of a municipal regulation guarantees not only the legal certainty of the administered parties but even more so, of the officials who, in their daily work, make technical decisions on behalf of and for the account of the Municipality. ➢ It is not possible to equate the terms \"population centers (centros de población)\" and \"small communities (pequeñas comunidades)\" as they are distinct figures arising from different regulations with their respective purposes, although both have in common that, beyond the mechanisms for determining them, they must be included in the regulatory plan following the process legally established in the Urban Planning Law (Ley de Planificación Urbana)\" (see the report of the respondent institution and the evidence provided in the digital case file).\n\nf) On October 19, 2023, the Municipal Council of Mora, agreed as follows: “AGREEMENT NO. 3: 1. IT IS UNANIMOUSLY AND FINALLY AGREED: First, to accept and approve in all its aspects Legal Opinion 014-2023, rendered by the Legal Advisor, Licda. Evelyn Gómez Quirós; Second, to request an express statement from the National Institute of Housing and Urbanism (Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, INVU) in relation to all the conclusions contained in Legal Opinion 014-2023. 2. Notify this agreement with acknowledgment of receipt and date to the Head of the Department of Urbanism of the National Institute of Housing and Urbanism (INVU), Licda. Hilda Carvajal Bonilla; to the Head of the Advisory and Training Unit - Department of Urbanism of the National Institute of Housing and Urbanism (INVU), Arq. Delio Robles Loaiza, and to the Legal Advisor - Department of Urbanism of the National Institute of Housing and Urbanism (INVU), Lic. Marco Arias Alfaro, for their knowledge and corresponding action. 3. Send a copy of this agreement with acknowledgment of receipt and date to the Municipal Mayor, Alfonso Jiménez Cascante, to the Legal Advisor, Licda. Cindy Monge Soto, and to the Head of the Department of Urban Development and Control, Arq. Erika Angulo Campos, for their knowledge. DEFINITIVELY APPROVED AGREEMENT” (see the report of the respondent institution and the evidence provided in the digital case file).\n\ng) On November 16, 2023, the head of the Department of Urbanism of the National Institute of Housing and Urbanization, through official letter No. DU-536-11-2023, concluded that: “6. Conclusion 6.1. Knowing the foregoing, the Department of Urbanism recognizes the complex situation of the Municipality of Mora, regarding the application of its local planning instrument, in complement with the current regional planning tool, and the urban development regulations promulgated by the INVU. 6.2. Being clear that the only way to remedy the concerns raised is through the comprehensive updating of the current Regulatory Plan, and in the event that despite what has been developed above, a criterion different from that of this Department is sustained in the local government of Mora, it is recommended to weigh the possibility of submitting the query to the Attorney General's Office of the Republic (Procuraduría General de La República)” (see the report of the respondent institution and the evidence provided in the digital case file).\n\nh) On February 26, 2024, the appellant requested the following information from the Municipal Council of Mora: “1. Given that the Municipality of Mora is applying the GAM decree of 1982 and that in this decree there is a zone called urban growth, that in the partial regulatory plan of the canton there is a zone called the rest-of-the-district zone and that it says the conditions of the agricultural zone will be applied to it, I request to be informed if there is an overlap between the rest-of-the-district zone of article 13 of the regulatory plan with the urban growth zone of the GAM decree. If so, I request to be informed if land-use permits (certificados de uso de suelo) have been granted in this overlapping zone for residential projects such as urbanizations or condominiums. 2. If the answer to the previous question is affirmative, I request to be sent the name of the project, owner, property number and number of housing solutions per project. In addition, I request the delivery of a map on which the overlap of the indicated zones can be distinguished. 3. I request, if the indicated overlap exists, information on whether the Municipality of Mora has environmental fragility indices (índices de fragilidad ambiental) approved by SETENA prior to the moment when the application of the urban growth zone parameters of the GAM decree began in the rest-of-the-district zone of the regulatory plan. 4. Finally, I request to be informed of the number of cases in which the urban control department has changed its criterion in land-use permits, and in how many of these cases the process of declaration of nullity of the previous land-use permits has been carried out, in accordance with the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública)” (see the report of the respondent municipal authority and the evidence provided in the digital case file).\n\ni) On February 26, 2024, the Municipal Council of Mora, in ordinary session No. 200, discussed the information request made by the plaintiff and issued Agreement No. ACM-200-05-2024, which provides as follows: “Given that the requested information is not in the hands of this Municipal Council, it is information that the Municipal Administration records and safeguards, those Council Members (Regidores(as)) who agree to: request the Municipal Mayor, that within a period not exceeding ten days, proceed to provide us with said information to address the public information request made by Mr. Gilberto Monge Pizarro before this Collegiate Body; please indicate so by raising your hand. APPROVED UNANIMOUSLY. Those Council Members (Regidores(as)) who agree to approve the finality of the agreement so that it is definitively approved; please indicate so by raising your hand. APPROVED FINALLY AND UNANIMOUSLY. Therefore, it is agreed: AGREEMENT NO. 5: 1. IT IS UNANIMOUSLY AND FINALLY AGREED: to request the Municipal Mayor, that within a period not exceeding ten days, proceed to provide us with said information to address the public information request made by Mr. Gilberto Monge Pizarro before this Collegiate Body. 2. Notify this agreement with acknowledgment of receipt and date to the Municipal Mayor, Alfonso Jiménez Cascante, for his responsibility. 3. Send a copy of this agreement with acknowledgment of receipt and date to Mr. Gilberto Monge Pizarro, through the means indicated for receiving notifications. DEFINITIVELY APPROVED AGREEMENT.” (see the report of the respondent municipal authority and the evidence provided in the digital case file).\n\nj) On March 21, 2024, Ariuna Cabal Lombodorzh, in her capacity as deputy mayor of the canton of Mora, through official letter No. AMM-0172-2024, addressed to the Municipal Council of Mora, requested the following: “Through this means, at the request of architect Erika Angulo, head of Urban Development and Control and coordinator of the Technical Administrative Commission (Comisión Técnica Administrativa, CTA), requests an extension until April 30, 2024, from the Municipal Council in relation to agreement # ACM-200-05-2024, taken at Ordinary Session number 200, held on February 26, 2024. This is in order to follow up and analyze the criteria provided by both Mr. Monge Pizarro and the INVU, given the complexity of the matter and that some fellow members of the CTA are on vacation during these days, which prevents this analysis from being carried out comprehensively before this date. With nothing more to add, I bid you farewell” (see the report of the respondent municipal authority and the evidence provided in the digital case file).\n\nk) On April 01, 2024, the Municipal Council of Mora, in ordinary session No. 204, discussed the extension request submitted by the deputy mayor of Mora and issued Agreement No. ACM-204-03-2024, stating the following: “Those Council Members (Regidores(as)) who agree to Waive the Committee Procedure for the extension requested through Official Letter AMM-0172-2024; please indicate so by raising your hand. APPROVED UNANIMOUSLY. Those Council Members (Regidores(as)) who agree to: authorize the extension of the execution deadline for Agreement # ACM-200-05-2024 until April 30, 2024, as requested by the Municipal Administration, according to the justification provided; please indicate so by raising your hand. APPROVED UNANIMOUSLY. Those Council Members (Regidores(as)) who agree to approve the finality of the agreement so that it is definitively approved; please indicate so by raising your hand. APPROVED FINALLY AND UNANIMOUSLY. Therefore, it is agreed: AGREEMENT NO. 3: 1. IT IS UNANIMOUSLY AND FINALLY AGREED: To authorize the extension of the execution deadline for Agreement # ACM-200-05-2024 until April 30, 2024, as requested by the Municipal Administration, according to the justification provided. 2. Notify this agreement with acknowledgment of receipt and date to the Municipal Deputy Mayor, Ariuna Cabal Lombodorzh, for her responsibility. DEFINITIVELY APPROVED AGREEMENT” (see the report of the respondent municipal authority and the evidence provided in the digital case file).\n\nl) On May 20, 2024, José Acuña Miranda, an employee of the Municipal Council of Mora, sent an email addressed to the mayor and the deputy mayor, both of the canton of Mora, stating the following: “Good afternoon Don Alfonso and Doña Ariuna, I hope you are very well. By this means, following superior instructions, I would like to ask the reason for not addressing Agreement ACM-200-05-2024, this is because the Administration requested an extension of the deadline to respond to said Agreement until April 30 and this was granted, however, as of today nothing has been received regarding said procedure. Attached to this email are Agreement ACM-200-05-2024, Official Letter AMM-0172-2024 through which the extension was requested, and Agreement ACM-204-03-2024 through which said extension was granted. We await your response. Greetings!” (see the report of the respondent municipal authority and the evidence provided in the digital case file).\n\nm) On May 20, 2024, the deputy mayor of the canton of Mora, replied to the email, stating the following: “Good evening, I thought the respective response had already been given. @Marianeth Zamora Acuña please urgently check with Erika Angulo. And provide a response this week” (see the report of the respondent municipal authority and the evidence provided in the digital case file).\n\nIII.- Unproven Fact. The following fact of relevance for this resolution is not deemed proven:\n\nSole. That the Municipal Council of Mora has responded to the petition filed by the appellant on the date of February 26, 2024.\n\nIV. Regarding the petition filed by the appellant before the Municipal Council of Mora. After having analyzed the report of the respondent authority and the evidentiary elements presented by the parties, this Chamber verifies the injury to the fundamental rights of the appellant, for the reasons that will be set forth below.\n\nFirstly, it is established that on February 26, 2024, the appellant requested detailed information from the Municipal Council of Mora on various aspects related to the application of the GAM decree of 1982 and its relationship with the canton's regulatory plan. Specifically, he requested clarifications about possible overlaps between the urban growth zones and the rest-of-the-district zone, as well as details about the issuance of land-use permits (certificados de uso de suelo) in said areas. In addition, he requested information on approved residential projects, including project names, owners, property numbers and housing solutions, along with a map showing the mentioned overlap. He also asked whether the Municipality had environmental fragility indices (índices de fragilidad ambiental) approved by SETENA before applying the urban growth zone parameters in the rest-of-the-district zone and how many changes of criterion and processes of declaration of nullity of land-use permits had been carried out, in accordance with the General Law of Public Administration. That same day, the Municipal Council of Mora discussed the appellant's request in its ordinary session No. 200 and issued Agreement No. ACM-200-05-2024. This agreement indicated that the requested information was not in the hands of the Municipal Council, but was safeguarded by the Municipal Administration; that is, the Mayor's Office. Therefore, the Council requested the mayor to provide the required information within a period not exceeding ten days. The agreement was unanimously approved and notified to both the mayor and the appellant. Subsequently, on March 21, 2024, the deputy mayor of the canton of Mora, Ariuna Cabal Lombodorzh, requested an extension until April 30, 2024, to comply with the mentioned agreement, due to the complexity of the matter and because some members of the Technical Administrative Commission were on vacation. On April 1, 2024, in ordinary session No. 204, the Municipal Council discussed and approved the requested extension, also unanimously, and notified the deputy mayor. Despite the granted extension, on May 20, 2024, José Acuña Miranda, an employee of the Municipal Council, sent an email to the mayor and the deputy mayor asking about the lack of response to Agreement ACM-200-05-2024, even though the extension had extended the deadline until April 30. That same day, the deputy mayor responded indicating that she thought the response had already been given and asked Marianeth Zamora Acuña to urgently check with Erika Angulo and provide the necessary response that week.\n\nThe right of petition and the right of access to information, enshrined respectively in articles 27 and 32 of the Political Constitution, grant the citizen the power to address State offices to request information or make petitions on matters of particular or general interest. Consequently, this implies an obligation on the part of the public servant to respond within the corresponding legal deadline. In this context, article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction establishes that said response must be provided within a maximum period of 10 business days counted from the receipt of the petition.\n\nSimilarly, for the analysis of the present case, it is pertinent to cite the provisions of article 10 of the Law Regulating the Right of Petition (Ley de Regulación del Derecho de Petición), which provides, as relevant, the following:\n\n\"ARTICLE 10.- Competence of the recipient.\n\n a) Whenever the resolution of inadmissibility of a petition is based on the lack of competence of its recipient, the latter shall forward it to the institution, administration, or body it deems competent within five business days and shall communicate this to the petitioner. In this case, the deadlines shall be computed from the receipt of the document, applying the provisions of article 6 of this law.\n\n b) When a body or authority deems itself incompetent to hear a petition, it shall directly forward the proceedings to the body it considers competent, if both belong to the same institution, administration, or body, and must communicate this to the petitioner, without this procedure affecting the ten-business-day deadline for its due response.\" (The highlighting and underlining do not correspond to the original).\n\nIn the specific case, it is observed that, although the Municipal Council of Mora determined that the information requested by the appellant was in the custody of the Municipal Administration, that is, the Mayor's Office, the Council did not directly forward the plaintiff's petition to the mayor. Instead, it requested the mayor to provide the required information within a period not exceeding ten days in order to give a response to the petitioner. However, due to the complexity of the matter and because some members of the Technical Administrative Commission were on vacation, the deputy mayor requested an extension of the deadline. In this way, on April 1, 2024, in Ordinary Session No. 204, the Municipal Council discussed and unanimously approved the requested extension and notified this decision to the deputy mayor.\n\nNow, this Constitutional Court has admitted the extension of the deadline established in articles 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction and 6 of the Law Regulating the Right of Petition, when, for reasons of complexity of the petition, the delay in answering the petition is understandable and justified. An example of this is found in judgment No. 08936-2022 of 09:20 hours on April 22, 2022, in which the following was determined:\n\n\"In the first place, it must be observed that the case file does not verify that the authorities of the Ministry of Culture and Youth have unjustifiably or arbitrarily denied the protected party access to the data cited above, which, it is necessary to clarify, are of clear and unequivocal public interest, given that they are related to the use of public funds. Note that, as is evident from the report rendered under oath, the data in question will indeed be delivered to the protected party, but there has been a delay in the process of its collection and delivery. Thus, this Chamber observes that it has been in response to what was requested by the protected party, that the respondent party has suffered a delay in its delivery, which is fully understandable and justified. In this particular case, this Constitutional Court understands that, by virtue of the information requested by the appellant, the respondent party needs a reasonable time to analyze such petition, process it, and provide a response. The foregoing, especially since the case file shows that the appellant, on March 14, 2022, formulated other information requests before the respondent ministry. Furthermore, it is important to consider that said delay has been slight, insofar as when the protected party filed for amparo, that is, on March 29, 2022, only 15 days had elapsed since the date on which the petition in question was formulated. Therefore, it is not feasible to affirm that an excessive and unreasonable period has elapsed since the respondent party was made aware of the information request under study. Concomitantly, it is of utmost relevance to point out that the case file shows that the authorities of the Ministry of Culture and Youth, prior to having knowledge of the filing of this matter, had not only executed a series of actions to begin drafting the response, but had also communicated to the appellant the status of his petition, the reasons why the information could not be sent immediately, and the approximate date on which he would be answered. Thus, note that through official letter No. DM-0255-2022 (sent to the appellant on March 28, 2022), the Director of the respondent Ministerial Office indicated that they were 'in the data consolidation phase given the detail of the required information and the corresponding inter-institutional coordination' so the information would be sent to him within ten business days. Likewise, it is recorded that through official letter No. DM-0260-2022 (communicated to the protected party on March 29, 2022), it was extensively explained that the extension to provide the information is due to the complexity involved in gathering and detailing it '(…) not because it is information that is not available, but because it must be consulted in computer systems or manual controls, requests made to other departments and all of this transferred to a document that satisfies the requirements of the user (…)'. In this way, it has been proven that the authorities of the Ministry of Culture and Youth, in a timely manner, have indicated to the appellant the status of the petition, the reasons why the required information could not be delivered immediately, as well as the approximate date on which a response will be provided, thus complying with the requirements established, for this type of case, by this Constitutional Court.\" (The highlighted text does not correspond to the original).\n\nFrom this perspective, note that in the cited precedent it was demonstrated that the appellant was informed of the reasons why the requested information could not be delivered, as well as the date on which delivery would be made. However, in the case sub lite, such action is lacking on the part of the respondent municipal authorities, since there is no evidence that a clear and timely justification for the delay was provided or that a new estimated date for the delivery of the requested information was communicated. Now, given that the Municipal Council did not forward the petition to the competent municipal authority, that is, the Municipal Mayor's Office, but rather requested the mayor to provide the necessary information to respond to the protected party, the Council was responsible for communicating at least the agreement authorizing the extension requested by the deputy mayor. However, it is reiterated that such communication with the amparo petitioner was not carried out.\n\nSubsequently, it is recorded that on May 20, 2024, José Acuña Miranda, an employee of the Municipal Council, sent an email to the mayor and the deputy mayor asking about the lack of response to Agreement ACM-200-05-2024, even though the extension had extended the deadline until April 30. In response, the deputy mayor indicated that she thought the response had already been given and asked Marianeth Zamora Acuña to urgently check with Erika Angulo and provide the necessary response that week. However, this Chamber expanded the present amparo appeal in order to request a report from the Municipal Council, since it was this authority to whom the information request was addressed. In said response, the respondent Council expressly stated that \"during the course of the week, the information requested by Mr. Gilberto will be forwarded. It is attached.\" This last assertion allows for verifying that, at the time of rendering the report on July 11, 2024, the protected party had still not been given a response to the petition filed since February 26, 2024. Consequently, this jurisdiction verifies that from the submission of the information request until the date on which the respondent Municipal Council rendered the report to this Chamber, a period of four months has elapsed without a response being given to the information petition. In the judgment of this Chamber, said period of time constitutes an excessive and disproportionate lapse, which results in a violation of the rights of petition and access to public information.\n\nBy virtue of the foregoing, it is appropriate to declare the appeal with merit, with the consequences that will be indicated in the operative part of this judgment.\n\nV.- Regarding the restitution of agricultural land use in the district of Colón, requested by the plaintiff. In another order of considerations, the appellant points out that the Colón district has a regulatory plan and a zoning regulation approved in 2001. He argues that in 2010, the Constitutional Chamber, through vote No. 2010-021258, determined that only through the Legislative Power can the land use (uso de suelo) previously decreed by the Executive Power in Protected Wild Areas (Áreas Silvestres Protegidas) be changed. In this sense, the municipalities cannot modify land use through Zoning Regulations nor alter municipal planning without having technical and scientific studies that justify the modification of the Agricultural Zone to another that implies a greater environmental impact. He points out that said judgment annulled, as unconstitutional, articles 4.3 and 10 of the Zoning Regulation of the Regulatory Plan of Mora. He indicates that on December 5, 2011, article 13 of the Zoning Regulation of the 1993 Regulatory Plan was published, which establishes the following:\n\n\"Article 13.- Rest-of-the-district zone (Z.R.D). Given that the scope of action of the Regulatory Plan is delimited by the urban area and the immediate influence area for expansion. The rest of the first district must be included to have a basic political limit. The developments that occur within the rest of the district will be for agricultural purposes, therefore, they are governed by the same requirements of the Agricultural Zone. In cases of small communities that intend some subdivision (fraccionamiento), urbanization or residential complex development in their locality through a development association, the general rules of the Regulation for the National Control of Subdivisions and Urbanizations (Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamiento y Urbanizaciones) may be applied and it enters into study jointly the Municipality and the Urbanism Directorate of the INVU to define if the project is permitted.\"\n\nHe details that the aforementioned constitutional vote annulled the Agricultural Zone of the Zoning Regulation of the 2001 Regulatory Plan. However, article 13 of the 1993 Zoning Regulation reestablishes said zone, since the rest-of-the-district zone has the characteristics of an agricultural zone. Therefore, there would not be a normative vacuum, but rather the norm must be complemented in accordance with the applicable legality in the matter. He maintains that the supplementary norm applicable to the case of the district of Colón is the Regulation on Subdivisions and Urbanizations (Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones), since the decree of the Greater Metropolitan Area (Gran Área Metropolitana, GAM) applies to the cantons within this jurisdiction that do not have a regulatory plan, which is not the case for Colón, which has complete regulations. However, the appellant points out that the Urbanism Directorate of the National Institute of Housing and Urbanism (INVU) and the Municipality of Mora have changed their criterion, delimiting the small communities that intend some subdivision, urbanization or residential complex development. This has allowed communities such as Brasil, Barrio La Trinidad, Altos de San Rafael, San Bosco and El Rodeo to be constituted with land uses for multi-family purposes and urban growth zones, without considering that it is the rest-of-the-district zone of Colón district, which has agricultural zone requirements, in accordance with article 13 of the Zoning Regulation of the 1993 Regulatory Plan and the vote of the Constitutional Chamber. Consequently, he requests that the agricultural land use be restored in the mentioned zones, in compliance with current regulations and the precedents established by the Constitutional Chamber, to ensure that any land-use change (cambio de uso del suelo) is duly supported by technical and scientific studies that guarantee sustainability and the least possible environmental impact.\n\nIt should be noted that the purpose of the amparo appeal is to provide a summary means for timely protection against infringements or threats to fundamental rights and freedoms, and not to serve as an instrument for controlling the legality of the actions or resolutions of the respondent authority. The Constitutional Chamber cannot replace the active Administration in the management of its competences, and therefore it is not appropriate for it to usurp the powers that have been legally conferred on other agencies, entities or bodies. In this sense, it exceeds the competences of this Court to determine, based on the applicable infra-constitutional normative framework and the particular conditions of the specific case, how the norms should be interpreted or which normative provision should be applied by the Municipality or the National Institute of Housing and Urbanism (INVU) for the territorial planning of the canton of Mora. Therefore, if the party granted amparo considers it pertinent, they must raise their grievances and claims before the ordinary legality channel, where what corresponds in law will be determined. In said instance, the controversies related to the interpretation and application of normative provisions in urban planning matters may be resolved, as well as a detailed examination of the arguments and evidence presented, guaranteeing an adequate resolution in accordance with the legal system.\n\nIn fact, from the evidence presented by the Municipal Council of the canton of Mora, it is clearly evident that the substance of the controversy raised in this amparo appeal is already being litigated before the Contentious-Administrative Court, where the resolution of an extraordinary appeal is pending. In view of this, and considering that the arguments presented by the appellant seek for this Court to determine how the infra-constitutional legal system should be interpreted for the territorial planning of the canton of Mora, as well as the fact that the case file is already being litigated, it is appropriate to warn the appellant that they must raise their grievances in that jurisdiction. In this way, in the ordinary legality channel, the evidence and other elements of the adversarial process can be analyzed in detail, to determine if the Administration is acting in accordance with the law.\n\nIt is in this venue that an exhaustive and fair evaluation of all legal and factual aspects involved in the case may be carried out, ensuring that the decisions adopted conform to the current legal system.\n\nVI. Conclusion. In view of the considerations set forth, it is appropriate to partially grant this constitutional proceeding solely with respect to the lack of response to the petition filed on February 26, 2024, before the Concejo Municipal de Mora. In all other respects, the appeal (recurso) is dismissed.\n\nVII. Documentation submitted to the case file. The parties are warned that, if they have submitted any document on paper, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of thirty business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material that is not removed within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", approved by the Corte Plena in Session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Boletín Judicial No. 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in Session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.\n\nPor tanto:\n\nThe appeal (recurso) is partially granted, solely for the lack of response to the request filed by the appellant. María Picado Ovares, in her capacity as president of the Concejo Municipal, as well as Alfonso Jiménez Cascante, in his capacity as mayor (alcalde), both of the cantón of Mora, or whoever occupies those positions in their stead, are ordered to issue the pertinent orders and carry out all actions within the scope of their competence so that, if it has not already been done, within a period of TEN DAYS, counted from the notification of this judgment, the appellant is provided with a complete response to the request for information filed on February 26, 2024. The respondent party is warned that, in accordance with the provisions of article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, a penalty of imprisonment from three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo appeal (recurso de amparo), and does not comply with it or enforce it, provided that the offense is not more severely punished. Regarding the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, the appeal (recurso) is dismissed. Notify.\n\nFernando Castillo V.\nPresidente\n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\nIngrid Hess H.\n\nAlexandra Alvarado P.\n\nDocumento Firmado Digitalmente\n-- Código verificador --\n\nSKEZGQM43BDI61\nEXPEDIENTE N° 24-007821-0007-CO\n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 15:14:44.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }